A horas de que se se vence el plazo para la presentación de las ofertas para la licitacion de la Hidrovía –por donde circula el 80% de las exportaciones de la Argentina y Paraguay y algunas de Bolivia y Brasil–, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció graves irregularidades en el procedimiento licitatorio para la concesión de obra pública.

En su dictamen, el fiscal nacional Sergio Leonardo Rodríguez advirtió sobre las “serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos del procedimiento” y señaló la “inexistencia de estudios de impacto ambiental actualizados”.

Se espera que hoy el gobierno de Javier Milei realice la apertura de sobres y se conozcan los oferentes para la concesión del dragado y el mantenimiento de la vía que recorre 1477 kilómetros.

La Procuraduría resaltó los errores que se cometieron en la elaboración de los pliegos y alertó sobre sus consecuencias: “Los errores u omisiones en las cláusulas de los pliegos pueden conducir a un procedimiento y una adjudicación pasibles de reproches administrativos o incluso penales”.

El conflicto se abrió hace semanas cuando trascendió que la subasta está hecha “a medida” para que gane la misma empresa belga que está a cargo del dragado del río desde que se lo entregó Menem en 1995, Jan de Nul. Entonces otras firmas internacionales como la belga DEME y la danesa Rohde Nielsen pidieron la nulidad de la licitación.

Ramírez, junto con el auxiliar fiscal Esteban Luis Venditti, cuestionan ahora la concesión para establecer el peaje en la Vía Navegable Troncal (VNT) —la Hidrovía—, a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Los fiscales señalaron la “trascendencia de la Vía Navegable Troncal para el desarrollo de la economía de la República Argentina, su relevancia estratégica y su función clave para el comercio regional e internacional”.

Entre las principales observaciones, el dictamen al que accedió la Agencia Noticias Argentinas advirtió sobre la “inexistencia de estudios de impacto ambiental actualizados” y la falta de cumplimiento de las disposiciones del artículo 10 del Anexo II del Decreto 713/2024, que requería la intervención del Ministerio de Economía para la aprobación de los pliegos de bases y condiciones.

A partir de las denuncias de los potenciales oferentes, la PIA advirtió sobre “un posible direccionamiento hacia la empresa que actualmente realiza el dragado de la vía troncal”. Esta situación, también observada por un grupo de diputados nacionales, afecta directamente los principios de “igualdad, transparencia y concurrencia”, que deben regir los procedimientos de selección de contratistas del Estado.

La PIA ya había intervenido en la Licitación Pública de Etapa Múltiple n.º 13/2021 para el dragado de la vía navegable troncal, en la que observó “diversas irregularidades durante el desarrollo del procedimiento” y propuso una serie de recomendaciones para evitar que estas situaciones se repitieran.

Finalmente, el dictamen instó a la Agencia Nacional de Puertos a garantizar que el proceso licitatorio se ajuste a los principios de “juridicidad, razonabilidad, transparencia y publicidad”, y destacó que “toda contratación debe subordinarse a estos principios, que no solo emanan del ordenamiento jurídico interno, sino también de compromisos internacionales asumidos por el país”.

Una de las empresas que presentó quejas fue la belga DEME, que pidió en la Justicia la nulidad de la licitación y en un comunicado de fines de enero expresó su “sorpresa y preocupación por el notorio direccionamiento del pliego de licitación internacional lanzado por el Gobierno argentino” para el mantenimiento, modernización y ampliación de la hidrovía.

Según la compañía, el “perjuicio económico para la producción nacional se funda en que la ecuación utilizada para evaluar las ofertas en la licitación asigna un 60% de puntaje a los precios de la oferta en tres etapas y un 40% al puntaje técnico final”. Sostuvo que a partir de esto “el actual operador podría ofertar una tarifa más alta y aun así ganar la licitación”. La empresa también cuestionó que “el tiempo para preparar las ofertas (55 días hábiles) es insuficiente en comparación con licitaciones similares y la documentación técnica proporcionada no es suficiente para realizar un análisis adecuado. Esto beneficia al operador actual que ya posee la información necesaria”.

A los reclamos de Dredging International (Deme), se sumó la danesa Rohde Nielsen. Ambas empresas intentan frrenar el proceso, luego de que su primera presentación fuera rechazada por el juez contencioso administrativo Enrique Lavié Pico el pasado 15 de enero.

Con información de NA

A la semana de haber sido nombrado por el presidente Javier Milei como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez promovió bajo su propia órbita a su pareja. Cobra desde entonces al menos $7 millones, publicó hoy el diario La Nación.

La investigación periodística la realiza el periodista Hugo Alconada Mon y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), y da cuenta de que Vázquez favoreció a María Eugenia Fanelli, que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica, con un sueldo de bolsillo que oscilaría entre los $3,8 y $4,2 millones, a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un salario neto que rondaría entre los $7 y $8 millones, según sea su antigüedad y otras particularidades, según indicaron cuatro fuentes del organismo.

Según el diario, la designación de Fanelli consta en la Disposición 182/2024, firmada el 1 de noviembre, y se publicó un día después en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, al que Vázquez envió 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, a la Regional de Mercedes, donde a su vez desplazó a quien estaba a cargo.

Al promover a Fanelli, Vázquez llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre. Lo firmó Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –con firma delegada por viaje del ministro de Economía, Luis Caputo—, y sin la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni de la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.

El mes pasado Vázquez fue denunciado en la Justicia a raíz de la investigación periodística, que reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos US$2 millones, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA). Al momento de asumir al frente de la DGI, seguía siendo el dueño de dos de esos tres inmuebles por más de US$1,6 millón.

JJD

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de investigar los posibles delitos e irregularidades cometidos por funcionarios de la Administración Nacional, inició este lunes un expediente contra Andrés Vázquez, titular de la Dirección General Impositiva (DGI). El funcionario que debe controlar la evasión impositiva compró tres departamentos en Estados Unidos a través de sociedades en paraísos fiscales, según surge de una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que publicó elDiarioAR, y La Nación. Los bienes no fueron informados por Vázquez en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

La PIA, a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, tiene la potestad de iniciar una investigación de oficio y luego presentarla ante la Justicia para iniciar un expediente penal. Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, ya fue investigado por sus supuestos vínculos con cuentas bancarias offshore pero la información revelada este lunes demostró un entramado distinto y desconocido.

El funcionario compró a través de sociedades en el exterior tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones. Vázquez fue recientemente promovido como jefe de la DGI pero es funcionario del organismo desde hace décadas. 

La investigación reveló que Vázquez administra dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo. La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

Esta alianza periodística buscó a Vázquez desde el miércoles 6 de noviembre con mensajes a su correo electrónico. Además, se le enviaron preguntas sobre este entramado patrimonial mediante un vocero de la agencia tributaria, pero el funcionario no respondió el cuestionario. 

Quién es Vázquez

Vázquez, contador público, ingresó en 1990 al organismo tributario como empleado raso y ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, un papel que desempeñó durante años y que le permitió desarrollar relaciones con los servicios de inteligencia del Estado. Cultiva el bajo perfil, hasta el punto de que no hay fotos suyas en internet ni en redes sociales. Durante el apogeo del kirchnerismo, el funcionario lideró el área estratégica “Regional Sur Metropolitana”, un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, según su perfil de LinkedIn.

La Justicia penal lo investigó por su crecimiento patrimonial pero Vázquez sobrevivió a esa pesquisa y fue sobreseído. También resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, que le valieron desplazamientos hacia áreas periféricas. Lo habían relegado a la aduana del puerto de La Plata, cuando Milei decidió en octubre disolver la AFIP. Y ahora, a los 64 años, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, la máxima autoridad impositiva.

La trama offshore

Mientras aquella investigación judicial estaba en marcha, Vázquez continuó con su expansión fuera del país, según reconstruyó esta investigación periodística. 

Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp fueron registradas en Panamá en 2012, pero ni el nombre del funcionario argentino ni el de sus familiares aparecía en estas empresas de papel. Las compañías fueron manejadas desde su creación por empleados de un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá. 

Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami a comienzos de 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por US$710.000, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Y un día después, el 10 de enero, desembolsó otros US$350.000 por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendería cinco años después. 

Las inversiones de Alcorta Corp expusieron detalles que revelaban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament indicaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero. Era el mismo domicilio que aparecía en el pasaporte de Vázquez.

Las inversiones en Miami continuaron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, se ejecutó por US$980.000, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de 33 pisos con paredes de vidrio frente al mar que ofrece unas vistas únicas de la costa.

Una escala en las Islas Vírgenes

Las sociedades panameñas ya estaban asentadas cuando Vázquez tocó las puertas de Trident Trust, el estudio especializado en manejar operaciones offshore. El funcionario encontraría en las Islas Vírgenes Británicas un eslabón más de secretismo en una de las jurisdicciones más opacas del planeta. Trident Trust detectó en una investigación interna que Vázquez era funcionario público y lo calificó como “persona políticamente expuesta”, pero siguió adelante con los trámites para abrir sociedades. 

El hoy jefe de la DGI fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Vázquez controlaba esa sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció. Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría –informaron– para adquirir inmuebles en Florida aunque hasta el momento esta investigación no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.

Vázquez volvió a tocar las puertas de Trident Trust un año después, en mayo de 2016. El contexto había cambiado: la explosión de los Panama Papers en abril de ese año había dejado expuesto a ese país como un paraíso para el dinero opaco. El funcionario insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos a través de la apertura de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus quedó como la firma controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. 

Vázquez, único accionista de Galanthus, dejó sus datos personales en el registro de cliente del estudio Trident Trust: una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. Su pasión por el fútbol aporta más indicios. El funcionario dejó su correo electrónico privado, que alude a “La Quema”, uno de los apodos utilizados para nombrar al club Huracán. Los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a ese fervor: el estadio de este equipo queda sobre la avenida Alcorta, a unas pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.

La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía de su rostro que se conoce, ahora difundida por el CLIP. Obsesionado con el bajo perfil, Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.

Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021. En esa misma reunión de accionistas se decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, que recién habían cumplido la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. Así, el nuevo jefe de la DGI mantendría hasta la actualidad el control sobre las dos propiedades en Miami que suman un valor cercano a los US$1,7 millones, según los datos del Registro Público de Panamá. 

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. Por otra parte, CLIP no pudo corroborar si Vázquez ha declarado este entramado ante el fisco, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.

Como funcionario de alto nivel, Vázquez está obligado por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

MC

La Justicia federal de Mar de Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) investigan un presunto pedido de coimas por US$15 millones a empresarios del sector pesquero que habría ocurrido en el marco de la asignación de cuotas de captura en el Mar Argentino para los próximos 15 años. 

Como órgano especializado en casos de corrupción de agentes de la Administración pública nacional, la PIA abrió una investigación de oficio luego de las versiones sobre este presunto pedido de sobornos, que sacudió al sector en las últimas semanas y que tensó su relación con el gobierno de Javier Milei, como informó elDiarioAR.

Al mismo tiempo, el caso es investigado también por la Fiscalía Federal número 2 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, a partir de una denuncia presentada por Gustavo Pulti, diputado provincial bonaerense (Unión por la Patria) y ex intendente del partido de General Pueyrredon, informaron a este medio fuentes judiciales al tanto de la causa. 

De acuerdo a las versiones sobre el presunto pedido de soborno, difundida inicialmente el sitio La Política Online (LPO), supuestos emisarios del Gobierno nacional habrían pedido US$15 millones a los principales jugadores del sector pesquero para garantizar que el régimen general de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza hubbsi, pendiente de renovación, mantuviera para los próximos 15 años el esquema de reparto que rige desde 2009. El marco vigente vence el 31 de diciembre y la nueva cuotificación debe fijar los márgenes de captura hasta 2039.

La revelación sobre el supuesto pedido de coimas se produjo en la primera semana de septiembre, mientras los empresarios dedicados a la captura de esta especie aguardaban con expectativa que el Consejo Federal Pesquero (CFP) definiera la nueva cuotificación. Tras el impacto causado en el sector, esa resolución fue postergada. Un mes más tarde, sigue pendiente. 

En el marco de la investigación iniciada, la PIA, conducida por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, solicitó información al respecto al CFP y a la Administración pública para un primer análisis, indicó una fuente con acceso a la causa.

Al Consejo no llegó ninguna denuncia, ni llegó ninguna medida judicial que indique que hay que frenar la discusión por el motivo que fuere

Carlos Liberman — Consejo Federal Pesquero (CFP).

En los tribunales marplatenses, Pulti, quien preside además la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara baja provincial, pidió que se investigue “la posible comisión de los delitos de cohecho”, “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y “exacciones ilegales”. La causa en la Justicia federal de Mar del Plata se encuentra en su etapa inicial, y la Fiscalía número 2 solicitó a su vez la asistencia de la PIA, como órgano especializado. 

La versión

De acuerdo a la información difundida un mes atrás, supuestos intermediarios del Gobierno nacional que invocaban la representación del consultor y asesor presidencial Santiago Caputo habrían promovido en los últimos meses encuentros informales con referentes de las empresas pesqueras pendientes del reparto de las nuevas cuotas de captura de merluza hubbsi, para exigir presuntamente el pago de coimas. elDiarioAR se comunicó con voceros de la Casa Rosada para conocer la respuesta del Ejecutivo ante estas versiones pero nunca obtuvo respuesta.

Un informe publicado por Revista Puerto, un medio especializado en la industria naval e ictícola, precisó incluso que estas reuniones se habrían realizado “en el microcentro porteño y algún sótano en calle Paraguay”, así como “en el conocido (bar) Florida Garden”, de la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo a su vez que en uno de esos encuentros habría intervenido incluso “gente armada”, lo que precipitó el final de los intercambios, ante el enojo de al menos uno de los empresarios de mayor peso en el rubro.

Ese medio aportó además precisiones en cuanto a los montos de las presuntas coimas exigidas: US$100 por cada tonelada de merluza hubbsi que fuera asignada como cuota de captura, y US$1.000 por cada una de merluza negra. El dinero debía ser aportado por una docena de empresas “receptoras de unas 120.000 toneladas de merluza hubbsi”. A eso debían sumarse “3,3 millones de la merluza negra”. 

Las cuotas de pesca de captura de merluza negra fueron asignadas de acuerdo a lo previsto en los primeros días de septiembre, pero el grueso de las capturas, correspondientes a merluza hubbsi, siguen pendientes. 

En recientes declaraciones periodísticas, Carlos Liberman, representante suplente de la provincia de Buenos Aires en el CFP, aseguró que al organismo encargado de definir la política pesquera del país no llegó ninguna denuncia por el hecho y que las demoras en la nueva asignación responde a cuestiones técnicas. “Al Consejo no llegó ninguna denuncia, ni llegó ninguna medida judicial que indique que hay que frenar la discusión por el motivo que fuere”, señaló en una entrevista con Revista Puerto. 

Liberman agregó que “es la Justicia la que tiene que establecer si hay algo que investigar, qué es lo que hay que investigar y resolver sobre la cuestión”. 

El silencio

Según la versión inicial de LPO, el presunto pedido de coimas “habría llegado a oídos” de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, a través de la empresa española Iberconsa. Se trata de una de las firmas de mayor participación en captura de merluza hubbsi y pertenece al grupo estadounidense Platinum Equity. A partir de una consulta de elDiarioAR, la Oficina de Prensa de la sede diplomática norteamericana aseguró: “Ningún representante de Embajada de Estados Unidos estuvo reunido con las empresas mencionadas en el artículo y tampoco tiene conocimiento sobre la información publicada”.

Pulti presentó días después de la revelación un pedido de acceso a la información pública ante la Cancillería para conocer “si han requerido a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica información vinculada a la denuncia efectuada contra los funcionarios del Gobierno nacional que habrían intervenido en los referidos actos de corrupción”. 

Según pudo confirmar este medio, la cartera que conduce Diana Mondino respondió la solicitud, pero sin contestar la cuestión consultada puntualmente por el diputado: señaló que el reparto de las cuotas de pesca era responsabilidad del CFP y no de ese ministerio, pero no precisó si hubo o no algún requerimiento desde el Palacio San Martín a la embajada por el presunto pedido de coimas.

A nivel judicial, fuentes con acceso a las investigaciones iniciadas indicaron que la posibilidad de requerir información a la embajada estadounidense era una posibilidad, pero tanto el mecanismo para hacerlo como la eventual utilidad de un requerimiento de ese tipo estaban bajo análisis.

En el puerto de Mar del Plata, donde el impacto de esta revelación fue definido un mes atrás como “un sismo”, la reacción pública del empresariado sigue siendo la misma: el silencio. En la reciente botadura de un buque en un astillero marplatense, un referente del sector resumió su deseo, compartido por muchos de sus colegas: “Lo mejor que puede pasar es que el tema se olvide”. 

“Pescan gratis”

El cimbronazo por el presunto pedido de coimas puso la lupa sobre la transparencia del sistema de asignación vigente desde 2009, en un momento en el que un ala del Gobierno nacional quiere cambiarlo por completo.

El principal objetor del actual esquema de reparto de los volúmenes de captura es el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Considera que los empresarios “pescan gratis” y milita por la apertura del régimen de pesca y las cuotas de captura a licitación internacional. Lo propuso incluso en el proyecto original de la Ley Bases, aunque la iniciativa fracasó por las presiones del sector y de intendentes, legisladores y gobernadores de distritos pesqueros. 

Fuentes de la industria y dirigentes políticos de la región entienden que el presunto pedido de coimas parece parte de un nuevo capítulo de la rivalidad entre Sturzenegger y Santiago Caputo. 

De fondo, hay un negocio de casi US$280 millones. Según cifras del Ministerio de Economía, los desembarques de merluza hubbsi durante 2023 ascendieron a 297.084 toneladas, un 4,5% más que las 284.404 de 2022. Esas operaciones representaron el último año cerca de US$279 millones, un 3,7% más que los US$269 millones exportados en 2022.

ED

El juez federal Pablo Cayssials declaró la nulidad de dos decisiones del gobierno de Mauricio Macri que habían impedido que avanzara una investigación interna sobre el caso Correo Argentino SA, según el fallo al que accedió elDiarioAR. El magistrado del fuero Contencioso Administrativo falló así a favor de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, que había demandado a Presidencia de la Nación y a la Procuración del Tesoro de la Nación en 2018, cuando la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, decidieron cerrar de forma definitiva un sumario administrativo sobre el caso, alegando inexistencia de irregularidades.

Como consecuencia del fallo, el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, debe decidir si apela la decisión judicial o la acepta -esta última postura sería la esperable-. Si acepta el fallo, Zannini quedaría a cargo de reabrir la investigación interna contra el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; si segundo, Juan Manuel Mocoroa; y aquellos exfuncionarios que considere que hayan tomado decisiones en el caso Correo. 

Para el gobierno de Alberto Fernández, este fallo también abre una puerta. Hasta el momento, Macri sólo ha sido procesado en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares del submarino Ara San Juan y el frente penal por Correo sigue abierto. La conclusión de los investigadores internos del Tesoro sobre cómo el gobierno de Macri actuó en el caso Correo deberá ser presentada ante el juez federal Ariel Lijo. El expresidente está imputado en la causa penal pero nunca fue citado. Aguad y Mocoroa fueron indagados pero  Lijo debe decidir su situación procesal.

“Son actos nulos”, dijo el juez Cayssials sobre las decisiones de Michetti y Saravia Frías, más de dos años después de aquellos actos. El magistrado analizó el expediente en donde quedó registrada la investigación interna y las decisiones de los involucrados y concluyó que “se le cercenó el derecho” de producir prueba al organismo que actuaba en el sumario como parte acusadora, es decir, a la PIA. Este había sido el principal argumento de la procuraduría en su demanda. Por ende, concluyó el juez, no se cumplió con la ley y la investigación se cerró sin analizar las pruebas sobre el presunto accionar irregular de los entonces funcionarios.

El caso

En junio de 2016, el gobierno de Macri y la empresa de su familia acordaron la quita del 98,87% de la deuda de la compañía con el Estado, que inicialmente, en 2001, equivalía a 300 millones de pesos/dólares. La fiscal general Gabriela Boquín se opuso a ese pre-acuerdo a finales de 2016 al considerarlo “abusivo” para las arcas estatales.

Como consecuencia, Macri, los funcionarios y ejecutivos que habían participado de la negociación fueron denunciados penalmente. La causa aún continúa abierta en el juzgado federal número 4, a cargo del juez Lijo. 

En paralelo a la causa penal, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia interna en la Administración Pública Nacional para determinar si los funcionarios que promovieron dicho pre-acuerdo con Correo habían cometido irregularidades y conflictos de intereses. El primer procurador del Tesoro de Cambiemos, Carlos Balbín, inició el sumario interno para investigar los hechos. 

Meses más tarde, Balbín ya no estaba en el cargo. En septiembre de 2017, su sucesor, Saravia Frías, recibió las conclusiones de la investigación interna y decidió cerrar el sumario, concluyendo que no se habían detectado irregularidades o conflictos de intereses en el accionar de los funcionarios que negociaron y acordaron la quita de la deuda con Correo.

La PIA se opuso y tras la ratificación del Tesoro en 2018, el fiscal Rodríguez solicitó a la Presidencia que reevaluara el cierre de la investigación. Como Macri se había excusado luego del escándalo por el caso de participar en cuestiones relacionadas con la empresa Correo, fue Michetti la encargada de evaluar el pedido de la PIA y tomar una decisión sobre el sumario. La entonces vicepresidenta volvió a ratificar que debía ser cerrado.

Antes de que finalizara el gobierno de Cambiemos, Saravia Frías presentó la versión de su organismo ante la Justicia, el 20 de noviembre de 2019. Pidió rechazar la demanda de la PIA y sostuvo que “el sumario respetó los principios rectores del régimen disciplinario y que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ejerció plenamente todas sus competencias y facultades, participando en carácter de parte acusadora, colaborando con el instructor sumariante y presentando pruebas”.

ED

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, inició una investigación para determinar si las autoridades nacionales cometieron presuntos delitos durante la licitación para el dragado y balizamiento de la estratégica hidrovía, confirmó a elDiarioAR una fuente directa con acceso al expediente. Por la hidrovía de los ríos Paraná, Paraguay y afluentes, se transporta el 75% de las exportaciones de Argentina y su concesión es uno de los negocios multimillonarios más cuestionados de los últimos años, como viene informando este medio.

El 24 de febrero último, la fiscalía especializada en delitos contra el Estado Nacional solicitó al administrador general de Puertos, José Carlos Mario Beni, que remita copia íntegra del expediente de la licitación, las ofertas realizadas por los distintos grupos económicos que participaron del concurso y las impugnaciones realizadas por los competidores del grupo ganador, ratificó la fuente consultada. 

La investigación se inició de oficio, tras las denuncias de uno de los grupos económicos que se disputa el negocio, según pudo constatar este medio de una fuente directa del expediente.

La licitación se encuentra en su tramo final, pero es la primera etapa de una licitación mucho más grande. Luego de dos años de indefiniciones, el Gobierno se encamina a ratificar la concesión por seis meses a las mismas dos compañías que durante el último cuarto de siglo manejaron la vía troncal a través del sello Hidrovía Sociedad Anónima: la belga Jan de Nul y Emepa, del argentino Gabriel Romero, como informó el periodista Diego Genoud en elDiarioAR. 

En una segunda etapa del proceso, la concesión se licitará por otros 10 años, clave de la disputa entre grupos económicos del sector. 

Luego de la apertura de sobres técnicos realizada por la Administración General de Puertos (AGP), dos de las dragadoras más grandes del mundo publicaron una solicitada para denunciar que quedaron descalificadas de “manera insólita” por “formalidades e interpretaciones arbitrarias” del Ejecutivo. Se trata de la compañía belga Dredging International (DEME Group) y la china Shanghai Dredging. El grupo también está integrado por la argentina ServiMagnus, con el 10%.

El director regional de Dredging International y representante de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) descalificada en la licitación, Tijs Jose Delaere, dijo a este medio: “Resulta inaudito que a un consorcio conformado por dos de las cinco empresas de dragado más importantes del mundo se les impute falta de capacidad técnica”.

En una solicitada en La Nación, el consorcio de DEME Group criticó el dictamen de la Administración Nacional de Puertos y dijo que el organismo llegó “a la conclusión de que un consorcio del que participan en un 90% dos de las cinco mayores contratistas de dragado del mundo carece de experiencia técnica para este proyecto”.

El Gobierno, sin embargo, sostiene que las compañías descalificadas durante la licitación habrían cometido al menos dos “errores administrativos y técnicos insalvables” en su proyecto. Ante la consulta de elDiarioAR dijeron en febrero que esos presuntos errores están relacionados con los antecedentes de dragado que las empresas debían acreditar; que la argentina ServiMagnus, socia minoritaria de los belgas y chinos, no calificaba; y que la información sobre lanchas y disponibilidad de equipos se presentó con los plazos vencidos. 

ED

¿Alguna vez pensó cómo hubiese investigado el caso cuadernos si hubiese tenido la oportunidad?

Sí, claro, pero no lo voy a decir por respeto a mis colegas.

Algunas defensas hablan de violación a las garantías constitucionales y al mismo tiempo hay quienes plantean que si no hubiesen sido arrestados, los empresarios nunca hubiesen admitido el pago de supuestos sobornos a los Kirchner... 

No lo sé. Lo que sí te aseguro es que las garantías constitucionales son para ser respetadas y el encarcelamiento de una persona es algo restrictivo que se tiene que hacer en los casos excepcionales que la ley prevé. No sé si fue correcto o no las detenciones que hubo. Más allá del resultado de la causa, el fin no justifica los medios, nunca. 

“Quizás es una buena oportunidad para reglamentar la ley del colaborador eficaz, a la que todavía le falta una reglamentación, falta afinarla, elaborar un manual de buenas prácticas”, afirma el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, en una entrevista con elDiarioAR. 

En lo que va de 2021, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sobreseimientos anticipados en tres casos en su contra que le permitieron, por el momento, evitar el inicio de tres juicios orales y públicos. Su defensa, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, dijo en declaraciones públicas que espera el mismo destino para la causa de los cuadernos, en cuyo juicio la expresidenta deberá enfrentar la acusación por presuntos sobornos de quienes fueron algunos de los empresarios más poderosos del país. 

“Me parece que es una de las causas más importantes que existen y que existieron en materia de corrupción, que debe ser investigada a fondo y ojalá se llegue a buen puerto. Es una causa paradigmática por la aplicación de la ley del arrepentido, que tiene una multiplicidad de planteos de nulidad y hay que ver cómo terminan estos planteos en la etapa de juicio”, dijo Rodríguez. 

“De todo esto tenemos que aprender y perfeccionarlo para que no ocurra lo mismo en el futuro. Y con esto no estoy haciendo ningún tipo de juicio de valor en cuanto al hecho y las pruebas”, dijo Rodríguez. 

No sé si fue correcto o no las detenciones que hubo. Más allá del resultado de la causa, el fin no justifica los medios, nunca.

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) forma parte de un grupo de funcionarios de la Asociación Iberoamericana de Fiscales que se encuentra realizando un especie de protocolo para el uso de la figura del arrepentido en casos de corrupción. “Es una guía práctica, tomando los problemas que hubo en los distintos países de la región, ver cómo los podemos perfeccionar como para tener una aplicación más eficiente en el futuro. Si no aprendemos de lo que nos sucedió, estamos mal”, afrmó.

“Estudiamos las causas en Brasil vinculadas con el Lava Jato y han surgido un montón de experiencias positivas y negativas”, agregó.

Desde 2016, el fiscal cumplió un rol clave en el avance de las causas del caso Odebrecht en Argentina y fue uno de los puentes con los fiscales brasileños para intentar obtener pruebas del supuesto pago de coimas de exfuncionarios a la constructora y sus socias locales, entre ellas Iecsa -entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-; y Roggio, Supercemento y Cartellone. Los empresarios locales niegan haber pagado coimas. 

“En Brasil, el Lava Jato fue la investigación más importante en materia de corrupción en la región de los últimos años. La contracara son las nulidades que hubi después; el juez Moro asumiendo como ministro de Justicia (de Jair Bolsonaro); ahora renunció también el fiscal coordinador del grupo de tareas, Delton Dallagnol (para trabajar con Moro en el ministerio de Justicia). Era una investigación que en principio estaba muy sólida, muy seria, y se fue desvaneciendo”, aseguró Rodríguez. 

¿Cuál es su posición sobre los tres sobreseimientos anticipados a la vicepresidenta en las causas Hotesur, Dólar Futuro y Memorándum con Irán? ¿Esos juicio se tendrían que realizar?

No puedo opinar sobre un caso concreto que no conozco porque sería totalmente imprudente y ligero. La norma general es que debe desarrollarse el juicio oral. Yo tengo ese criterio, que es el criterio que sostuvo, por ejemplo, el fiscal Marcelo Colombo, quien dijo que había que desarrollar el juicio en el caso del Memorándum, más allá de las particularidades que tiene el caso. En el caso Cunitas, antes de desarrollar su juicio oral, la fiscal de juicio, Gabriela Baigún, determinó la inexistencia de perjuicio económico, basándose en una pericia. Como consecuencia de esa decisión, no se hizo el juicio oral. Ese caso sí lo conozco porque ahí intervenimos. Yo aprecio mucho a la doctora Baigún. La considero una gran colega, pero en este caso yo hubiera optado por el juicio oral, porque si bien esa pericia hablaba de una inexistencia de perjuicio fiscal patrimonial, quedaba pendiente dilucidar un eventual direccionamiento de la contratación pública. Si la causa llegó a juicio oral, por algo llegó. Salvo algo excepcional que se puede dar, debería desarrollarse el juicio oral.

ED

Eduardo Casal “no tiene la legitimidad y la fuerza que tendría un procurador o una procuradora elegida como indica la Constitución”. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, habla de su jefe, el procurador general interino de la Nación, superior de todos los fiscales del país. 

No suele dar entrevistas ni generar polémicas y cultivó siempre un perfil bajo en los medios, pero en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, instaurado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 9 de diciembre, recibe a elDiarioAR en la sede de su fiscalía, en el barrio de Once. 

Su rol es poco conocido pero es central. Desde 2014, Rodríguez está a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una unidad del Ministerio Público Fiscal especializada en irregularidades y delitos contra la Administración Pública y pensada para asistir a los fiscales en sus investigaciones contra funcionarios del Ejecutivo nacional.

La PIA es la única fiscalía que puede intervenir en todas las instancias y en todo el país, desde la instrucción hasta la Corte Suprema, y por eso tiene el poder de apelar el cierre de una causa de presunta corrupción hasta el final, siempre y cuando le hayan dado intervención en el caso. 

Rodríguez dice lo que piensan muchos fiscales: que el poder político está jugando con una figura clave. Desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, a finales de 2017, el cargo de procurador quedó vacante y ni el gobierno de Mauricio Macri ni el de Alberto Fernández han podido pasar los filtros del Senado para lograr el nombramiento de sus candidatos. Fernández ni siquiera logra consenso con el kirchnerismo para nombrar al juez Daniel Rafecas para la función. 

El fiscal afirma que la matriz común de corrupción en los distintos gobiernos es entregarle los grandes negocios a los amigos y reclama la aplicación “urgente” del sistema acusatorio en el fuero federal penal de todo el país para que los fiscales lideren las investigaciones y los jueces sólo juzguen.

Mientras la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sobreseimientos anticipados y tres de sus juicios pendientes fueron anulados, Rodríguez -quien fue propuesto para el cargo que ocupa por la entonces presidenta- sostiene que si una causa llegó a la etapa de juicio oral y público ese proceso debe realizarse. Habla del caso de los cuadernos, del vacunatorio VIP y de los sobreseimientos a Horacio Rodríguez Larreta y a exfuncionarios de Mauricio Macri en la causa Paseo del Bajo; de la grieta en los tribunales; de las presiones; y de la Oficina Anticorrupción. “En la práctica, en la PIA somos el organismo de control más eficiente del Poder Ejecutivo, aunque seamos fiscales”, afirma.

No habla sólo de los políticos. Asegura que “el poder económico es el verdadero poder” y que influye sobre la Justicia. 

¿La corrupción prevalece porque hay leyes ineficaces o inadecuadas y falta de recursos para investigar o tiene que ver con cómo los jueces y fiscales interpretan o aplican esas leyes?

Para mí claramente tiene que ver con la opción dos. Sabemos que la corrupción es un fenómeno que afecta a cualquier tipo de sociedad y es transversal, globalizado, transnacional. La diferencia entre los distintos países es el grado de impunidad de esos hechos. La estructura legislativa que tenemos en la Argentina alcanzaría como para tener un sistema eficaz en la lucha contra la corrupción, si bien siempre hay que modificarlo, complementarlo. Tenemos la herramienta del colaborador eficaz (“arrepentidos), que es una ley muy discutida desde el punto de vista ético, moral, pero muy necesaria. Pero todavía no tenemos una ley de protección para denunciantes de corrupción. Generalmente, cuando se esclarece un hecho de corrupción es porque alguien que no estaba en el mapa sale a hablar.

¿Qué otros cambios se necesitan?

En diciembre de 2014 se sancionó un sistema acusatorio que siete años después no está en vigencia, solamente funciona en dos provincias. Esto no puede suceder. Yo comprendo que es difícil, que hay que hacerlo gradualmente y que se necesitan recursos. Pero se tomó la decisión política de instrumentar un sistema acusatorio, en consonancia con la tendencia mundial, para que seamos los fiscales los que desarrollemos la investigación, oral, rápida, con inmediatez, y que el juez sea el que le dé garantía a ese sistema, solamente escuchando y resolviendo...

Un juez que no investiga y que actúa como alguien imparcial frente a las pruebas...

Pero es lógico. El sistema que tenemos ahora nació mal y sus resultados no fueron lo eficiente que debieran haber sido. Probar el hecho es un problema del fiscal, no del juez. Necesitamos ya tener vigente el sistema acusatorio.

El sistema que tenemos ahora nació mal y sus resultados no fueron lo eficiente que debieran haber sido. Probar el hecho es un problema del fiscal, no del juez. Necesitamos ya tener vigente el sistema acusatorio.

¿Hay falta de voluntad política para hacer esta reforma en todo el país?

Es probable. No lo puedo asegurar, pero no tengo muchas opciones para pensar. Puedo pensar en una falta de recursos. Lo que sucede es que la falta de recursos también obedece a los niveles de prioridad que se le da a un tema. Si nosotros tenemos sancionado un Código Procesal Penal Acusatorio desde diciembre de 2014 y luego sacamos un decreto suspendiendo la aplicación de la ley y nunca más vuelven sobre el tema, ¿por qué no se implementa?, ¿a quién no le conviene? Puede hablarse de corporaciones, puede hablarse de que los jueces no quieren perder el poder. Para mí no pasa por ahí porque el juez tiene el rol de juez y lo va a seguir teniendo siempre. Así que si me preguntás, es probable que sea por falta de voluntad política y me parece que es algo transversal a distintos gobiernos porque desde que se sancionó el código ya pasaron tres gobiernos.

¿Los fiscales argentinos están preparados para asumir esa responsabilidad?

Yo creo que sí, y si no, nos deberemos preparar. De hecho, muchos de nosotros nos estamos preparando ya hace unos cuantos años, haciendo cursos, leyendo, viendo legislación comparada, viendo cómo funciona en otros países. Si uno no está preparado hay dos caminos: se va o se prepara. Es como en todas las profesiones, hay fiscales buenos, malos y regulares, pero en líneas generales yo creo que tenemos muy buenos y muy buenas fiscales en la Argentina.

El Procurador General de la Nación es el jefe de los fiscales y quien dirige la política del Ministerio Público Fiscal. El kirchnerismo quiere sacar al jefe interino, Casal, y cambiar la ley que rige su designación, la duración del cargo -que no sea vitalicio- y el mecanismo para su destitución. ¿Está de acuerdo con esas modificaciones de la ley?

No sé si estoy de acuerdo con esa ley, pero sí estaría de acuerdo totalmente con que el Procurador General de la Nación tenga un mandato no vitalicio, es decir, temporal, como sucede en la mayoría de los países. Hasta me parecería sano que su mandato temporal sea renovable por un segundo período, pero no vitalicio. El fiscal sí necesita esa estabilidad, esa tranquilidad para tomar las decisiones que corresponde, sabiendo que no va a afectar su autonomía, su estabilidad. Sí considero que (el procurador), por la jerarquía del cargo, tiene que ser un candidato de consenso, que si bien sea designado por el titular del Poder Ejecutivo, cuente con el aval de la mayoría del Senado. Y ni que hablar para tratar una eventual destitución. Lo que sí no se puede sostener más es que no tengamos un procurador o una procuradora elegida de acuerdo a lo que indica la Constitución Nacional. 

¿Por qué?

Eduardo Casal es actualmente el procurador interino, de acuerdo a la ley. No es que lo metieron ahí o es un usurpador, sino que por la antigüedad y por la vigencia de la ley del Ministerio Público corresponde que él esté en el cargo. Además, es un hombre de muchos años en la Justicia de gran valor técnico. Yo lo respeto. Pero es claro que no tiene la legitimidad y la fuerza que tendría un procurador o una procuradora elegida como lo indica la Constitución Nacional. El Ministerio Público Fiscal podría estar muchísimo mejor de lo que está actualmente. No se puede demorar más en la designación de un procurador general y la instauración del sistema acusatorio. Es la llave para empezar a cambiar y a mejorar cuestiones, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción.

El procurador, por la jerarquía del cargo, tiene que ser un candidato de consenso, que si bien sea designado por el titular del Poder Ejecutivo, cuente con el aval de la mayoría del Senado. Y ni que hablar para tratar una eventual destitución.

¿Qué podría cambiar con un procurador o una procuradora elegido con el aval del Senado? 

Por ejemplo, coordinación entre distintos fiscales y procuradurías. Es como que cada dependencia está funcionando por el impulso propio que le da el fiscal titular. Pero esto no alcanza. No alcanza porque el Ministerio Público Fiscal es único, es indivisible, es una parte en el proceso. Al imputado no le interesa si está Sergio Rodríguez u otro fiscal, es el Ministerio Público Fiscal. Desde la Procuración, tenemos que ver por qué  no avanza el sistema acusatorio, qué recursos faltan. Cuando se implementó en Salta y en Jujuy, la Procuración hizo un buen trabajo y en esas provincias está funcionando muy bien. Hay que replicaron en todo el país de manera urgente. Alguien tiene que ejercer esa representación directa ante las autoridades legislativas y del Ejecutivo y exigir lo que la ley manda. Por otro lado, tenemos casi el 40% de las fiscalías vacantes, un sistema así no puede funcionar. Estar interino en un cargo, sin saber hasta cuándo estoy, también ofrece una debilidad institucional. No es lo mismo estar sentado en esta Procuraduría sabiendo que fue por concurso, y que para removerme tienen que acreditar que cometí un delito o que desempeñe mal mis funciones. Las leyes y los remedios están, hay que ejecutarlos.

¿Cree que Casal no tiene esa impronta? ¿No puede?

Claro, pero no Casal, cualquiera. Si yo fuese procurador interino tampoco la tendría porque se necesita de todas las herramientas que te da la legitimidad de haber sido designado como corresponde, con el consenso de la mayoría del arco político que representa a la mayoría de la sociedad, oposición y oficialismo. El procurador ya lleva cuatro años de interino. ¿Y hasta cuándo? Yo me pongo en el lugar del procurador interino. El sistema tal cual como está no deja de ser un sistema débil, desde mi punto de vista.

Pero si el procurador interino ejerce su cargo legalmente, ¿no debería sentirse con el poder suficiente como para avanzar con los concursos y los cambios?

No sé, yo me remito a los hechos. ¿Por qué hay tantas vacantes y no hay concursos? Porque para avanzar se necesita voluntad política que excede al procurador. En esta posición intermedia es complicado. Por ejemplo, si tengo pensado elevar al procurador un proyecto de planta de personal, de estructura de la PIA totalmente distinto a lo que es ahora, y... no lo hago porque sé que le voy a presentar algo a alguien que no lo va a poder resolver.

¿Tiene preferencia por algún candidato o candidata?

No corresponde, y si me preguntas por (el juez Daniel) Rafecas, creo que tranquilamente puede ser el procurador, tiene todas las condiciones para hacerlo, pero pueden serlo muchos. Hay varios. El tema es tener uno.

El tema está trabado en el Senado. ¿Cree que la política podrá nombrar a un nuevo jefe o jefa de fiscales?

Soy pesimista, al menos por los próximos dos años. Tiene que ver con una cuestión de negociación del poder que uno no comprende. Nuestras cabezas, al menos la mía, no está seteada como para entender esos juegos de poder de la política. Pero todo me hace pensar que es muy difícil que se llegue a un acuerdo. 

El juez Daniel Rafecas tranquilamente puede ser el procurador, tiene todas las condiciones para hacerlo, pero pueden serlo muchos. Hay varios. El tema es tener uno.

Dijo que se tienen que mantener la exigencia de los dos tercios del Senado para aprobar al candidato del Presidente en lugar de la mayoría absoluta que quiere imponer el kirchnerismo (el voto de más de la mitad de los presentes)...

La aprobación de los dos tercios de los senadores también me parece una garantía de consenso, que es lo que no estamos pudiendo tener desde hace muchísimos años. Esa es la garantía que hasta ahora le vino dando a los distintos procuradores esa entidad o independencia. Y por supuesto, es evidente que algún problema hay y yo hoy lo ubicaría más del lado de la clase política. Pero es un problema que hay que superar porque afecta directamente la institucionalidad de uno de los poderes del Estado.

¿Qué cree que se disputan los políticos en la elección del procurador?

Puede haber un poco de todo, pero decir que el que “controla” al procurador controla a los fiscales es no comprender cómo funciona el sistema. El procurador general no puede bajar instrucciones específicas de un caso a un fiscal y esto no sucede en la práctica.

Sin embargo, distintos procuradores han sido señalados por supuestas presiones o persecuciones a fiscales que investigaban al poder de turno. ¿Realmente este sistema garantiza la independencia de los fiscales o termina dependiendo de la voluntad de cada uno?

Hay un poco de las dos cosas. Estos son lugares sensibles porque investigamos el poder y las presiones existen. Lo que debería ocurrir es que el sistema blinde al fiscal de esas prisiones lo más que se pueda. Siempre, en última instancia, está la fortaleza y la independencia del propio funcionario, que es el centro de todas las cuestiones. Todo depende de la tranquilidad de conciencia que tenga uno. Las presiones se superan siempre que uno haga lo que corresponda. Y además de eso, están los resortes institucionales para protegerlo a uno, como la Asociación de Fiscales. En el ámbito provincial, tenemos casos de narcotráfico, donde hay amenazas muy fuertes a los fiscales. También existen ataques velados de corporaciones políticas y económicas. Y ahí la Procuración también tiene que ser fuerte en respaldar a sus fiscales. 

A usted lo propuso para este cargo la entonces presidenta Fernández de Kirchner en 2014. Había ganado por concurso y asumió con acuerdo del Senado. Gils Carbó era la jefa de los fiscales. ¿Cómo influye la grieta en los tribunales?

Cuando yo asumí advertía algún tipo de prejuicio. Lo más importante es que el candidato que el Presidente o la Presidenta elija tuvo que haber ganado un concurso. Es decir, es imposible estar en este lugar que coyunturalmente ocupo yo, sin estar preparado para el cargo. Yo lo que me propuse era ganar la confianza de mis colegas con mi trabajo, y a lo largo de estos siete años puedo decir que el objetivo se está cumpliendo, porque te aseguro que nos están pidiendo colaboración todos los fiscales federales, los de Comodoro Py y los del interior. Nuestra principal fuente de trabajo son las colaboraciones que nos piden nuestros colegas.

¿Hay un abismo entre la realidad que enfrentan los fiscales de Comodoro Py con los fiscales federales de las provincias a la hora de investigar la corrupción?

Necesitamos colaborar con ellos. Yo soy Sergio Rodríguez y no me conoce nadie, más allá de alguien que esté en el sistema. Al fiscal federal de una provincia lo conoce todo el mundo. Se interrelaciona con todos los ámbitos de poder político, económico y a veces tomar una decisión en un caso importante le es sumamente complejo. Es un desafío mucho más grande para ellos por su situación demográfica. 

La matriz (de corrupción) que más observamos es los temas importantes, de mayor involucramiento de dinero, es el favorecimiento a los amigos y los direccionamiento de contrataciones a determinados grupos.

La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) son dos organismos de control clave en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, desde que asumió Alberto Fernández renunciaron a querellar en las causas contra la vicepresidenta o en casos clave de presunta corrupción. ¿Deberían haber continuado?

Yo lo veo como perfiles que el titular le quiere dar al organismo y esto quedó claro en las distintas gestiones que tuvo la OA. Participé de la etapa fundadora del organismo. Nació como un organismo de control del Poder Ejecutivo y funciona en la medida en que el Poder Ejecutivo quiera ser controlado. Y ahí es donde falla la Oficina Anticorrupción. Tampoco debería ser tan discrecional la designación y remoción de su titular. En la práctica, en la PIA somos el organismo de control más eficiente del Poder Ejecutivo, si bien nosotros somos fiscales e integramos el Ministerio Público Fiscal. Retirarse de los juicios, de las querellas (tras el cambio de gobierno) siempre ocurrió. Laura Alonso dijo que no querellaba en las causas contra el gobierno que la designó para que no la acusen de encubridora. Félix Crous dice que para llevar adelante la acusación están los fiscales y tiene razón. Y lo cierto es que la Oficina Anticorrupción tiene la facultad para ser querellante cuando está en juego el patrimonio del Estado. Pueden utilizarla o no. No es una obligación. Para mí lo más valioso de la OA son las atribuciones que tiene en el ámbito de la transparencia, el estudio de los conflictos de intereses, de las incompatibilidades, el nombramiento y análisis de las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios. 

¿Cada espacio político o gobierno tiene su propia matriz de corrupción?

Sí, puede ser, pero en los hechos que investigamos nosotros, generalmente, la cuestión siempre pasa por el tema económico. Hace casi 7 años que estoy en este lugar y la matriz que más observamos es los temas importantes, de mayor involucramiento de dinero, es el favorecimiento a los amigos y los direccionamiento de contrataciones a determinados grupos. 

Han intervenido en casos como Ciccone (kirchnerismo) Paseo del Bajo y Correo Argentino SA (macrismo), Vacunatorio VIP (gobierno actual) y Odebrecht, que atraviesa al poder económico y distintos espacios políticos. ¿Por qué no investigaron Hotesur, Cuadernos o Autopistas?

En principio nosotros para intervenir esperamos que el fiscal del caso nos pida ayuda, colaboración. En el 99% por ciento de nuestros casos, intervenimos por pedidos de colaboración de los fiscales. ¿En qué otros casos nos metemos? En casos que hemos hecho una investigación preliminar, como el caso del vacunatorio. En el caso Cuadernos nadie nos pidió colaboración. La Procuración en su momento armó un equipo de trabajo con Carlos Rívolo, Fabiana León y Carlos Stornelli. Nosotros no fuimos convocados y no nos podemos meter en una causa que no conocemos y si no nos dan participación. Sí hicimos algunos aportes cuando teníamos hallazgos en otras causas que estábamos investigando y se lo dirigimos a Stornelli por si le servía a su causa. Nosotros no queremos entorpecer la estrategia de investigación del fiscal sino colaborar. 

En el caso del Vacunatorio VIP la PIA apeló el cierre del expediente...

Hicimos una investigación preliminar y le ofrecimos colaborar al fiscal (Eduardo) Taiano y trabajamos muy bien. Nos sorprendió una resolución de la jueza (María Eugenia Capuchetti) que puso fin a la investigación con criterios atendibles y lógicos. Nosotros respetamos mucho el trabajo de la jueza, pero no coincidimos porque estimamos que aún faltaban desarrollar medidas probatorias importantes para determinar si era un problema ético no punible, como planteó. Y para nosotros todavía no está claro. Por eso es que decidimos que había que continuar. En su momento el fiscal Taiano estuvo de acuerdo con el criterio de la jueza. Yo hablé con Taiano y nos pareció bien que la PIA recurra esa resolución. Así lo hicimos. La Cámara resolvió de acuerdo a nuestro criterio y ahora estamos trabajando a la par con el fiscal. 

Creo que el verdadero poder es el económico, las corporaciones económicas. El poder económico influye directamente sobre la clase política, sobre la clase gobernante, sobre los operadores judiciales.

La PIA también apeló, junto con la fiscal Alejandra Mángano, los sobreseimientos de Rodríguez Larreta y exfuncionarios de Macri por la licitación de la obra del Paseo del Bajo por considerar que fueron “prematuros”. Ahora están esperando una decisión de la Cámara Federal de Casación para ver si se reabre la causa...

También fue una causa que se inició aquí por una denuncia que hizo la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí desarrollamos toda la estrategia junto a la fiscal Mángano. Bonadío cerró el expediente sin hacer la mayoría de las medidas de pruebas que nosotros proponíamos. Apelamos conjuntamente con Mángano pero la Cámara Federal confirmó los sobreseimientos. Allí empieza a intervenir el fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, quien también apoyó la reapertura de la causa, al igual que el fiscal de la Casación Mario Villar. En este caso, el Ministerio Público Fiscal tuve siempre el mismo criterio.

Después de siete años investigando la relación entre el poder político y el poder económico. ¿Cómo es el rol de cada uno en la matriz de corrupción de la Argentina?

Creo que el verdadero poder es el económico, las corporaciones económicas. El poder económico influye directamente sobre la clase política, sobre la clase gobernante, sobre los operadores judiciales, y lo difícil en la corrupción es mitigar el poder, y el poder no sólo es el político. Por eso es que necesitamos estas herramientas legislativas, como la figura del colaborador eficaz y la protección del denunciante de hechos de corrupción. 

ED