Organismos de Derechos Humanos convocaron a una conferencia de prensa este martes a las 11.30 en la Cámara de Diputados para exigirle a la Justicia el relajamiento de las restricciones impuestas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria.

Según apuntan, a los represores militares condenados por crímenes de lesa humanidad que también tienen el beneficio de la prisión domiciliaria no se los sometió a tantas restricciones como a la ex mandataria y líder peronista.

“A Cristina, quien es inocente, le restringen las visitas y sus derechos políticos, mientras que los mayores asesinos del pueblo, los genocidas, que están condenados por delitos de lesa humanidad, salen para festejos familiares, deportes o hasta por trabajo”, señalaron en un comunicado conjunto organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).

En la conferencia de prensa, citada para las 11.30 en el anexo A de la Cámara baja, participarán personalidades de los Derechos Humanos como Estela De Carlotto, Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, Charly Pisoni, Pablo Llonto y Eduardo Tavani, entre otros.

A través de sus representantes letrados, Fernández de Kirchner intentó flexibilizar el régimen de detención, pero la Justicia hasta ahora no dio lugar al pedido y mantiene las estrictas normas fijadas el año pasado para su confinamiento en el departamento de la calle San José 1111, en Constitución.

Entre otras solicitudes, la defensa había requerido la eliminación de la tobillera electrónica, la supresión de la autorización judicial recurrente para visitantes habituales, la quita de límites a cantidad y duración de visitas, y la eliminación del tope de dos horas para el uso de la terraza del edificio donde reside.

El Tribunal Oral Federal Nº2 dispuso el año pasado que las visitas se limiten a un máximo de tres personas, durante no más de dos horas y tres veces por semana. Estas imposiciones hicieron que disminuyera la actividad política de la ex presidenta, quien además redujo al mínimo sus pronunciamientos y expresiones a través del uso de redes sociales.

Con información de la agencia NA

Analía Kalinec recibió la noticia en un lugar cargado de historia y símbolos. Estaba sentada en el Aula Magna del Colegio Nacional Buenos Aires, donde su hijo menor acababa de terminar el secundario, cuando un mensaje interrumpió la ceremonia. Mientras los estudiantes recordaban a los 108 alumnos y exalumnos detenidos desaparecidos de la institución, su celular vibró: la justicia federal había otorgado la libertad condicional a su padre, Eduardo Kalinec, excomisario de la Policía Federal, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo Atlético–Banco–Olimpo (ABO).

“Fue una mezcla de emociones muy fuerte”, contó horas después en diálogo con Alejandro Bercovich por Radio Con Vos. La escena condensó una historia personal atravesada por la dictadura, el silencio familiar y la ruptura. Kalinec integra el colectivo Historias Desobedientes, conformado por hijas e hijos de represores que repudian públicamente los crímenes cometidos por sus padres y reclaman memoria, verdad y justicia.

La libertad condicional fue concedida tras un fallo dividido de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó una decisión previa del Tribunal Oral Federal N.º 2, el mismo que había considerado que no estaban dadas las condiciones para liberar al represor. En septiembre, el TOF había rechazado el pedido basándose, entre otros elementos, en un informe del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal que señalaba que Kalinec no mostraba arrepentimiento, reivindicaba su accionar durante la dictadura y no había desarrollado una actitud reflexiva sobre los delitos cometidos.

Sin embargo, los jueces Javier Carbajo y Gustavo Hornos consideraron que el tribunal había fundamentado de manera insuficiente su negativa y había privilegiado ese informe por sobre el del Servicio Penitenciario Federal, que evaluaba de forma favorable la supuesta reinserción social del condenado. Mariano Borinsky votó en disidencia. A partir de ese fallo, el juez Néstor Costabel otorgó la libertad condicional al represor, que llevaba 20 años detenido y ya contaba con salidas transitorias.

Kalinec fue condenado en 2010 como partícipe necesario de secuestros, tormentos y homicidios en los centros clandestinos del circuito ABO. Era conocido por las víctimas como el “Doctor K” y fue señalado, entre otros crímenes, por su rol en la aplicación de inyecciones a detenidos antes de los llamados “vuelos de la muerte”.

La decisión judicial no puede leerse de manera aislada

“Esto no ocurre en el vacío”, sostuvo su hija. “Hay un clima de época, un discurso negacionista que baja desde el poder político y que impacta en la justicia”. Kalinec vinculó la liberación de su padre con un contexto más amplio de retrocesos en las políticas de derechos humanos, marcado por un gobierno al que definió como negacionista y por gestos simbólicos fuertes, como la visita de legisladores oficialistas a represores presos o la designación de un militar como ministro de Defensa por primera vez desde el regreso de la democracia.

En ese marco, expresó su temor de que la decisión siente un precedente. “No espero una liberación masiva de golpe, pero sí una salida progresiva, a cuentagotas”, advirtió. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, 2025 fue el año con mayor cantidad de absoluciones en causas por terrorismo de Estado desde la reapertura de los juicios.

Pero el eje más sensible de su testimonio apareció cuando se refirió al silencio que aún rodea el destino de los desaparecidos. “Mi papá manejó información sensible y la sigue manejando”, afirmó. “Estuvo en un circuito donde hubo bebés que luego fueron restituidos. Formó parte de distintos engranajes de la maquinaria represiva. Tiene información, de eso no hay dudas. Y seguir silenciándola es un daño actual que sigue produciendo”.

Para Kalinec, la libertad condicional no solo reabre el debate jurídico sobre la aplicación de beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad, sino también una herida personal y colectiva. Reconoció sentir ansiedad, angustia e incertidumbre ante la posibilidad de cruzarse con su padre en el espacio público o de que intente acercarse a sus hijos, ya adultos. “No temo represalias físicas, pero sí un daño emocional”, explicó. “Hay una violencia que persiste, incluso en acciones como el juicio por indignidad que él impulsó contra mí para desheredarme”.

Ese quiebre familiar comenzó en 2008, cuando Kalinec leyó por primera vez los testimonios de las víctimas en la causa judicial. Hasta entonces, había crecido, como ella misma dice, “en una burbuja”, en colegios católicos donde el 24 de marzo no existía como efeméride y donde la figura paterna estaba protegida por el mandato del silencio. “Fui a la cárcel a preguntarle, con dudas ingenuas, y me encontré con un hombre que reivindicaba lo que había hecho y decía que había cumplido órdenes”, recordó. Ese gesto de cuestionamiento marcó una ruptura “imperdonable” para su familia.

Desde entonces, Kalinec construyó otro camino. En 2017 se encontró con otros hijos e hijas de represores y fundó Historias Desobedientes. En paralelo, escribió Llevaré su nombre, un libro en el que narra su recorrido personal y político, y reflexiona sobre lo que llamó “la larga sombra de los genocidas”, esa herencia que también recae sobre las generaciones siguientes.

Hoy, mientras recibe mensajes de víctimas de su padre que se solidarizan con ella y valoran su testimonio como un gesto de reparación simbólica, Kalinec insiste en que la discusión no es solo individual. “La Argentina logró algo único a nivel mundial: juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad con todas las garantías constitucionales”, señaló. “Eso es un piso que hay que defender, auditar y profundizar, especialmente dentro de las fuerzas de seguridad”.

CRM

A más de 40 años del retorno democrático en Argentina, el Museo Sitio de Memoria ESMA conmemoró este jueves el décimo aniversario de su apertura como espacio de memoria por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), en un acto atravesado por fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei por los recortes en políticas de derechos humanos.

“Mi identidad recuperada demuestra que la memoria, asumida colectivamente, tiene un poder transformador”, expresó Guillermo Pérez Roisinblit, hijo de dos militantes desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y nieto número 68 restituidos por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Roisinblit calificó al museo como “un espacio donde cada pasillo y cada rincón confrontan el horror del pasado con el legado que decidimos presentar en este edificio” y definió a sus visitantes como “custodios de la democracia”.

Ana María “Rosita” Soffiantini, sobreviviente del centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA durante la dictadura, habló de un “contexto sumamente difícil” y advirtió sobre la “desfinanciación, los recortes, los despidos y la degradación de la institución”.

“Son claras intenciones para debilitar nuestros logros en derechos humanos”, denunció.

El evento se celebró días después de que el Gobierno argentino anunciara la transformación de la Secretaría de Derechos Humanos en una subsecretaría, acompañada por un recorte del 40 % de su estructura y un 30 % de su plantilla, como parte de una nueva medida de ajuste estatal.

La exjueza María Roqueta, quien tuvo a su cargo causas por apropiación de bebés en el contexto del terrorismo de Estado, respondió al vocero presidencial Manuel Adorni, que días atrás había dicho que la Secretaría “ahora sí garantizará todos los derechos humanos y no defenderá a un sector ideológico partidario”.

“Fue la sociedad argentina la que decidió recuperar la memoria”, dijo Roqueta.

Durante la dictadura argentina, se calcula que unas 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por motivos políticos. Muchas de ellas permanecen desaparecidas.

La ESMA, uno de los mayores centros clandestinos de detención del país, funcionó como campo de concentración, maternidad clandestina y lugar de exterminio. En 2004 fue señalizada como sitio de memoria, y en 2015, por decreto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, inauguró su museo, que desde 2023 forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco.

La directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, Mayki Gorosito, destacó: “La conquista de la verdad, la memoria y la justicia es un gran activo político-cultural de Argentina y un ejemplo para aquellos países que, por diferentes motivos, conviven con la impunidad”.

“Una memoria que se construyó sobre la justicia y no sobre la venganza es un valor inapreciable”, añadió.

La exdiputada e hija de desaparecidos Victoria Donda, nacida en la ESMA y quien fue también presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), participó del acto y llamó “delincuentes” a quienes, desde el Gobierno, “quieren borrar la escena del crimen”.

Tras las intervenciones, se proyectaron en las paredes del museo los nombres de represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. El evento cerró con la lectura de un poema de Loli Ponce —una detenida-desaparecida asesinada en ese centro clandestino— en la voz de la actriz argentina Laura Paredes.

Argentina ha sido reconocida internacionalmente por haber llevado adelante juicios por crímenes de lesa humanidad en su propio sistema judicial ordinario. Desde 1985 hasta diciembre de 2022, se celebraron 316 juicios, que resultaron en 1147 condenas.

EFE.

IG

Un grupo de defensores de los derechos humanos encabezados por el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la presidenta de Abuelas de Plata de Mayo, Estela de Carlotto, le pidieron al Poder Judicial que “declare que los delitos de lesa humanidad y el genocidio son de acción imprescriptible e insusceptible de la concesión de beneficios como la amnistía, indulto o conmutación de penas”.

La acción de amparo, presentada ante la Justicia Federal de La Plata, reclama que se “haga cesar toda situación de amenaza que lesione derechos consagrados en la Ley Suprema de la Nación, Tratados Internacionales de Derechos Humanos; concretamente, la Convención de Roma (…) que descalifica toda iniciativa institucional de los Estados que comporte la amnistía, el indulto, o la conmutación de penas, en beneficio de los autores responsables de los crímenes contra la humanidad”.

La acción judicial, que también suscriben la socióloga Dora Barrancos, el exjuez Carlos Rozansky y el constitucionalista Jorge Cholvis, es un “amparo preventivo en defensa de la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Los firmantes explicaron la acción a raíz de “la situación objetiva de amenaza, de sesgo negacionista, pretendiendo modificar o reivindicar la trágica historia del Estado terrorista (1976/83)” por parte de Gobierno de Javier Milei.

La acción judicial quedó radicada ante el juez federal de La Plata Alberto Recondo, a quien los amparistas le pidieron que “tutele la vigencia y supremacía de la normativa constitucional, convencional y legal, aquí invocada, que excluye al titular del PEN el ejercicio de la atribución” de indultar conferida por Constitución Nacional “en materia de estos crímenes”.

La acción de amparo busca que se “haga valer que el Poder Judicial de la Nación es garante último y máximo del deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional, ello, aún por sobre los actos de los otros poderes del Gobierno Federal que estén contradicción con ella”.

Con información de NA.

IG

El 11 de septiembre de 1973, las FFAA bombardearon el Palacio de la Moneda, derrocaron el gobierno democrático del presidente socialista Salvador Allende e impusieron el régimen encabezado por el general Augusto Pinochet, responsable de la desaparición de 1469 personas. Hasta ahora, solo 307 han sido halladas e identificadas.

Según investigaciones de diferentes instancias, al menos 3.200 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante esos 17 años. De ese total, se estima que las víctimas de desaparición forzada podrían ser unas 1.469 personas, de las cuales 1.092 corresponderían a detenidos desaparecidos y 377 a ejecutados políticos sin entrega de cuerpos, precisando que se ha llegado a estimar sin certeza esa cantidad de víctimas. 

Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia

“La justicia ha tardado demasiado”, declaró el primer mandatario en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora el 30 de agosto, en la que firmó junto con el ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero,  el decreto presidencial que oficializa la instauración del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justica. “Esto no es un favor a las familias, es un deber con la sociedad entera en entregar la respuesta que el país merece y necesita”, agregó el presidente Boric.  Por su parte, el ministro Cordero reconoció que  “el Estado los apartó de sus familias y es el Estado el que se tiene que hacer responsable de la reparación, sancionar a los responsables y sostener la búsqueda”.

El decreto representa la primera vez desde el final del régimen de Pinochet que el gobierno chileno intenta encontrar a los desaparecidos, un esfuerzo que hasta ahora había recaído en gran medida en los familiares sobrevivientes, en su mayoría mujeres que protestaron, hicieron huelgas de hambre y llevaron sus casos a los tribunales. Solo a través de estos casos judiciales se han identificado algunos de los sitios de entierro.

 Otros países sudamericanos que fueron gobernados por regímenes militares en las décadas de 1970 y 1980 han tenido un éxito desigual en la recuperación de los restos de sus desaparecidos. Los equipos forenses de Argentina recuperaron más de 1400 cadáveres o restos e identificaron a 800 de ellos. En Brasil, los esfuerzos por encontrar a 210 personas desaparecidas han tenido escasos resultados. El organismo del Paraguay encargado de encontrar e identificar a sus 336 desaparecidos solo ha conseguido los restos de 34 personas

El plan centralizará y digitalizará los enormes volúmenes de expedientes  judiciales y otros archivos que están dispersos en organismos gubernamentales y organizaciones de DDHH, y utilizará un software especial para cruzar la información. También financiará la exploración de lugares donde puedan estar enterradas víctimas, o donde las excavaciones lleven años pendientes or falta de financiamiento.

Un oscuro día de justicia y las sombras largas de años de injusticia

Durante décadas, el sistema judicial chileno estuvo paralizado por la Ley de Amnistía de los años del régimen de Pinochet que impedía procesar a los responsables de abusos contra los DDHH cometidos entre 1973 y 1978.  En el 2000, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, el Poder Judicial dejó de usarla para desestimar casos, y se nombraron jueces especiales para investigar estos crímenes. Hasta enero de 2023, la Corte Suprema de Justicia  ha dictado unas 640 sentencias, enviando a prisión a cientos de personas, y cuenta con 17 jueces dedicados exclusivamente a cerca de 1500 casos.

Las familias de las víctimas tardaron años en reconocer que los desaparecidos nunca volverían. “La idea de la muerte va entrando de a poco”, asegura María Luisa Ortíz, jefa de colecciones e investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) en la ciudad capital de Santiago. Su padre, Fernando Ortíz, profesor universitario de 50 años, fue secuestrado en 1976. Tras una redada, lo juntaron con otros dirigentes comunistas de Chile y lo enviaron a un centro de tortura tan secreto que durante tres décadas nadie supo de su existencia. En el 2012, 36 años después de su secuestro y desaparición, su familia recibió sus restos. Cinco fragmentos de huesos en una caja.

Límites y renovaciones, créditos y débitos, tráficos y descubrimientos

Las familias saben que las probabilidades de encontrar a los desaparecidos son escasas.Del  centro clandestino Simón Bolívar, una casona ubicada en una zona rural al este de la capital que estaba a cargo de la Dirección de Inteligencia Nacional del régimen (DINA) nadie salió vivo. No hubo testigos ni sobrevivientes que aclararan el destino de los detenidos. Durante décadas, solo hubo un silencio ensordecedor. No fue el único centro. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura constató, en el llamado Informe Valech (por monseñor Sergio Valech, que la presidió), que hubo un total de 1.132 recintos usados como lugares de detención y tortura a lo largo de la loca geografía del país.

En 1978, se descubrieron los restos de 15 desaparecidos en una mina cal abandonada en el sector de Lonquén, al poniente de la Región Metropolitana. Se trataba de los restos de 15 hombres fusilados el 7 de octubre de 1973, por ocho carabineros de la Tenencia Isla de Maipo. Pese a que los hechos y las identidades tardarían años en ser acreditados, el descubrimiento signó  al régimen militar: en el país se estaban violando los DDHH y quienes estaban a cargo, en la mayoría de los casos, eran agentes del Estado.

El general Pinochet ordenó a los militares exhumar a cientos de víctimas enterradas en secreto por todo el país y deshacerse de ellas definitivamente. Los cuerpos fueron arrojados al océano o a los volcanes. Otros fueron explotados o incinerados. La mayor parte de lo que se ha descubierto son fragmentos de huesos, dientes y jirones o pedazos de ropa.

El Plan Nacional en marcha: crímenes sin olvido, ni perdón, ¿ni castigo?

Los expertos forenses han empezado a excavar nuevos sitios. El poder judicial ha empezado a digitalizar sus archivos de DDHH. Marisol Prado, la nueva directora del Servicio Médico Legal (SML) de Chile, que conserva 896 muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos, espera revertir la negligencia del pasado.

A mediados de la década de los ’90  la morgue identificó erróneamente 48 de los 96 restos descubiertos en fosas comunes de Santiago y admitió el error una década después. Por otra parte, no fue sino hasta este año que las familias de las víctimas se enteraron de que 89 cajas de cartón con restos recuperados en las excavaciones de 2001 llevaban más de dos décadas escondidas en el sótano de la Universidad de Chile, sin ser analizadas. Este año, informó el ministro Cordero, las cajas se organizaron y clasificaron, y parte de su contenido se ha enviado a laboratorios extranjeros.

Aún con la importancia histórica que reviste el  proyecto de Boric no se logrado hasta el momento la  información de las FFAA o de los militares que cumplen condena. Solo unos pocos agentes condenados, que enfrentan enfermedades terminales o están en su lecho de muerte han proporcionado nuevos datos, informó  Cordero.

 “El plan nos tiene que permitir tener información sobre los responsables” reclama  la diputada Lorena Pizarro, hija de un dirigente comunista secuestrado en 1976 y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. “¿Y quién tiene la información? Tenemos que hacernos cargo de que en las Fuerzas Armadas está la información, y ya está bueno de decir que no existe”.

Las FFAA nunca han entregado sus archivos de la época de la dictadura que aseguran que ya no existen. Algunos, convertidos a microfilm en la década de 197O fueron incinerados en el 2000. Los militares solo proporcionan datos específicos a los tribunales cuando se les solicita, pero no se ha tomado ninguna medida para recuperar todos sus archivos. Nelson Caucoto, un abogado de DDHH que ha trabajado en cientos de casos, cree que la clave está en acercarse a antiguos agentes de bajo rango, reclutas y colaboradores civiles. Es posible que no sepan los nombres de las personas que mataron, dice, pero sí pueden recordar dónde las enterraron.

Muchas millas que marchar antes de dormir

El proceso de búsqueda e identificación de las víctimas ha de llevar llevar muchos años, según nada invita a descreer. En 2001, el Ejército chileno reveló información que condujo a excavaciones en pozo de una mina en Cuesta Barriga, una zona montañosa al oeste de la capital. Las excavaciones que duraron 90 días permitieron encontrar fragmentos de restos.

En 2006, un guardia de la DINA del cuartel Simón Bolívar reveló la existencia del centro clandestino y describió las torturas que allí sufrieron los prisioneros y cómo los restos eran arrojados a Cuesta Barriga o desde helicópteros al océano. Pasaron 12 años hasta que se identificaron los casi 200 fragmentos óseos y pedacitos de ropa encontrados en Cuesta Barriga. El proceso judicial tardó aún más. En junio, 47 años después de las desapariciones, la Corte Suprema de Chile emitió su fallo definitivo: hasta 20 años de prisión para 37 agentes del cuartel Simón Bolívar.

AGB

A instancias del juez Daniel Rafecas, Interpol pidió la captura internacional de Daniel Cherutti, hermano mayor del actor y humorista Miguel Ángel Cherutti, acusado por haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983.

El hombre, de 76 años, está acusado por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tortura, secuestro de menores y comisión de homicidios en calidad de cómplice.

En la década del '70, Cherutti se desempeñaba como agente de la exSIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) en dos centros clandestinos de detención en la Ciudad de Buenos Aires, y también habría tenido vínculos con Aníbal Gordon, en aquel entonces jefe de un grupo parapolicial.

La investigación está a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó su captura internacional, con la intervención de Interpol, ya que estaría en Italia.

Según Interpol, Cherutti es buscado, en calidad de autor, por privación ilegítima de la libertad de un total de ciento ocho personas, privación ilegal de la libertad agravada -por su duración de más de un mes- de siete personas, aplicación de tormentos respecto de ciento cuatro personas y sustracción de menores respecto de dos personas. Complementariamente, se le atribuye la comisión en calidad de cómplice primario de homicidio agravado de diecinueve personas.

La causa que lleva adelante el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 es la misma por la que ya fue arrestado Patricio Finnen, otro exagente de la SIDE, acusado de delitos de lesa humanidad y de participar del desvío de la investigación por el atentado de la AMIA.

También alcanza a Luis Nelson González, alias “Pinocho”, enlace de la SIDE con el Poder Judicial; Rubén Héctor Escobar; César Estanislao Albarracín y Hugo Ángel Carlet, todos ya detenidos.

El expediente se abrió luego de la desclasificación de un documento de la CIA, un expediente de la justicia militar de hace 40 años, y correos electrónicos de un espía de la SIDE.

En las investigaciones se logró descubrir en 2020 un centro clandestino de la SIDE en una casa de Bacacay 3570 en el barrio porteño de Floresta.

Cherutti es oriundo de la localidad bonaerense de Cañuelas y también se desempeñó como representante de su hermano Miguel Ángel, cuando éste se instaló en la Capital Federal para iniciar su carrera artística.

A lo largo de su extensa trayectoria, el menor de los Cherutti actuó en teatro, cine y televisión, y durante muchos años formó una dupla exitosa con Nito Artaza en diversos espectáculos humorísticos.

CRM con información de agencias e Interpol

El Gobierno argentino acordó con Twitter impulsar “acciones conjuntas” que eviten la proliferación de los discursos de odio en las redes sociales, debido al “recrudecimiento” de estas prácticas desde la pandemia por coronavirus, informaron este lunes fuentes oficiales.

El secretario argentino de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, mantuvo un encuentro virtual con las autoridades de Twitter en América Latina para abrir “una instancia de diálogo” que permita generar acciones vinculadas a frenar la propagación de comportamientos abusivos en las redes, según destacó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado.

Durante el encuentro, el funcionario ofreció la “colaboración técnica” de su secretaría para “mejorar la calidad del debate público en redes sociales y prevenir situaciones de violencia”.

“En esta línea, el secretario manifestó su intención de trabajar en la realización de campañas de concientización destinadas a la población en general con la finalidad de trabajar esta temática y problematizar sus consecuencias para la sociedad”, detalló el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos.

Los responsables de Twitter presentes en la reunión, entre ellos Hugo Rodríguez Nicolat, director de Políticas Públicas de Twitter América Latina, “coincidieron en la importancia de emprender acciones conjuntas” para limitar estas prácticas y subrayaron la relevancia de la “alfabetización digital” en el uso de las redes sociales, según el texto difundido.

El Gobierno argentino sostiene que el “recrudecimiento” de los discursos de odio en internet fue uno de los factores que motivaron el intento de asesinato a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, ocurrido el pasado 1 de septiembre, cuando Fernando Sabag Montiel disparó dos veces contra el rostro de la expresidenta sin que saliera ninguna bala.

Con información de EFE.

IG

El Gobierno de Chile dio el primer paso, este jueves, para elaborar un plan nacional de búsqueda de personas detenidas desaparecidas que se implementará a partir del próximo año, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado de Augusto Pinochet (1973-1990).

En un acto que tuvo lugar en el Museo de Educación Gabriela Mistral, en el centro de Santiago, y ante la presencia de representantes de las organizaciones de memoria y derechos humanos, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, presentó el proceso participativo a partir del cual se diseñará el inédito plan, conjuntamente con familiares y agrupaciones de víctimas de la dictadura, y subrayó que, además de la sociedad civil, “todos los ministerios e instituciones tendrán que estar al servicio de este trabajo”.

“Más allá de que los perpetradores de crímenes no quieran hablar, hay muchas instituciones que pueden colaborar y, como Estado, tenemos deudas y tareas pendientes, desde el Servicio Médico Legal, hasta instituciones fiscales o el Poder Judicial”, apuntó la titular de Justicia.

Ríos calificó la iniciativa como “un compromiso del Gobierno” y recordó el anuncio del presidente, Gabriel Boric, en su cuenta pública del 1 de junio y que reiteró el pasado 11 de septiembre, para la conmemoración de los 49 años del golpe de Estado, cuando prometió “seguir buscando incansablemente” a los detenidos desaparecidos.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, por su parte, destacó la participación de las organizaciones: “No estamos definiendo desde arriba un cronograma, ni desde la institucionalidad”, recalcó.

Si bien desde el Ejecutivo esperan tener listo el diseño del plan a finales de año, Oberreuter aclaró que los plazos dependerán del trabajo con las agrupaciones que se sumen a la iniciativa: “No pretendemos demorarnos eternamente, pero hay un mandato prefigurado de las organizaciones que les interesa que las cosas se hagan bien y si hay que tomarlo con calma, lo vamos a tomar”, dijo.

Hasta hoy, en Chile sigue habiendo 1.159 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura que aún son buscadas por sus seres queridos.

La dictadura de Chile duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.

Con información de EFE.

IG

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este lunes recientes ataques contra al menos 120 activistas de derechos humanos en Honduras, en forma de amenazas, acoso y en algunos casos asesinatos, y pidió al Gobierno del país centroamericano más esfuerzos para proteger a ese colectivo.

“Dos tercios de las víctimas son activistas ambientales, muchos de ellos indígenas o afrohondureños”, señaló al respecto la alta comisionada de la ONU en funciones para los Derechos Humanos, la jordana Nada Al-Nashif, en su discurso durante la inauguración de la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Al-Nashif pidió a las autoridades hondureñas que “fortalezcan su Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, lo que incluye darle los necesarios recursos financieros”.

La alta comisionada en funciones, quien será sustituida próximamente por Volker Türk, destacó la positiva cooperación actual entre la oficina de Naciones Unidas y el Gobierno hondureño a fin de crear un nuevo marco para la elección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, ratificada por el Congreso Nacional el 18 de julio.

Ese nuevo marco “fortalecerá el estado de derecho y la independencia judicial, dada también la prevista creación de un mecanismo anticorrupción apoyado por Naciones Unidas”, añadió Al-Nashif.

Con información de EFE.

IG

La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves “violaciones masivas de derechos humanos” en El Salvador, perpetradas por las autoridades locales en el marco de la denominada “guerra contra las pandillas” del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

La ONG reportó miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso en el país, así como tortura, malos tratos y la muerte de al menos 18 personas bajo tutela del Estado, según informó en un comunicado difundido este jueves.

Estas violaciones se enmarcan en el estado de excepción decretado a finales de marzo por el Congreso salvadoreño- controlado por aliados del Gobierno y a pedido de Bukele-, tras un auge de homicidios presuntamente cometidos por pandilleros.

“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia”, alertó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

“Las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero ésta sólo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva”, sentenció.

Durante las últimas semanas, la ONG documentó minuciosamente 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia, y líderes comunitarios.

La denuncia de la organización se da horas después de que Bukele asegurara ante el Parlamento que está a punto de ganar la guerra contra las pandillas, que controlaban el 80% del territorio de este país centroamericano, y llamara a los salvadoreños a apoyar sin titubeos esta lucha, pese a desarrollarse con la suspensión de las garantías constitucionales.

La “guerra” del mandatario contra las pandillas puso a miles de soldados a patrullar las calles y llevó en los últimos dos meses a la cárcel sin orden judicial a más de 36.000 presuntos integrantes de las “maras”, que se suman a 16.000 más que ya se encontraban en prisión, según consignó la agencia de noticias AFP.

AI destacó que el régimen de excepción, junto a las reformas penales, limitaron los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente, pese a que el derecho internacional de los derechos humanos, vinculante para las autoridades salvadoreñas, no permite estas restricciones, ni siquiera en caso de estado de excepción.

En consecuencia, se reportaron miles de casos de detenidos sin el cumplimiento de los requisitos legales, sino “únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno”, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas de tener supuestos vínculos con una pandilla o simplemente por vivir en una zona controlada por pandilleros, que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico.

Tras ser arrestadas, estas personas son privadas de la libertad y presentadas en audiencia judicial donde en su mayoría son acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas”, cuya pena versa entre 20 a 30 años de prisión.

Aunque las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron estas vulneraciones, los procesos no presentaron avances de momento.

“Es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional”, advirtió Guevara Rosas.

La responsable insistió en que estas más de 35.000 detenciones arbitrarias reportadas en menos de tres meses no habrían sido posible si las instancias de justicia cumplieran su mandato.

“Están actuando como cómplices de una política de seguridad ordenada desde el más alto nivel, que pisotea derechos humanos irrenunciables, asumiendo como un mal necesario el procesamiento y encarcelamiento generalizado e injusto de personas en situación de pobreza”, lamentó y concluyó: “La magnitud de las violaciones a los derechos humanos demanda una respuesta contundente e inmediata de la comunidad internacional. Es urgente que se permita el acceso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU”.

Con información de agencias.

IG

Cerca de la medianoche del 1° de marzo, un avión de la Fuerza Aérea rusa lanzó una serie de explosivos de la era soviética de 250 kilos sobre Borodianka, al norte de la capital Kiev. Se trataba de poderosas bombas FAB-250, diseñadas para alcanzar objetivos militares como fortificaciones y búnkeres enemigos. Sin embargo, en esa tranquila ciudad de 13.000 habitantes no había estructuras de este tipo. Las bombas cayeron sobre al menos cinco edificios residenciales, partiéndolos al medio. Se encontraron decenas de cadáveres bajo los escombros. Cuando los rusos se replegaron de la región de Kiev a principios de abril dejaron a su paso una gigantesca escena del crimen. Hoy los fiscales ucranianos investigan presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia y su presidente, Vladímir Putin. Ya llevan semanas trabajando.

Un crimen de guerra es la violación de las Leyes de la Guerra. Este capitulo del Derecho Internacional tiene normas que fueron fijadas por las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, para ser después redefinidas con mayor detalle por las Convenciones de Ginebra de 1949. Entre estos crímenes se cuentan la tortura y el asesinato intencionado de prisioneros de guerra y de civiles. Así como también el uso de armas cuyo objetivo letal sea indiscriminado; es decir, que no apuntan limitadamente contra objetivos militares específicos o cuyos efectos no pueden limitarse según dispone la legislación internacional de DDHH.

The Guardian ha visitado pueblos y aldeas al norte de Kiev arrasados durante la ocupación rusa. Ha revisado las pruebas encontradas en el terreno –y otros materiales en manos del Ministerio Público ucraniano– del impacto de explosivos que tienen escasa precisión en el blanco de ataque, como las FAB-250, los proyectiles de dardos metálicos y las bombas de racimo cuyo uso provocó la muerte de cientos de civiles.

FAB-250

Las FAB-250 están entre las bombas más utilizadas por los rusos contra ciudades de la región de la capital, como Bucha, Gostomel y Borodianka, según los investigadores ucranianos. Al menos ocho edificios en ciudades al norte de Kiev han sido destruidos por estas potentes bombas no guiadas, causando cientos de muertos. La FAB-250 es una bomba muy imprecisa, lanzada desde el aire, empleada en gran medida por la antigua URSS en la guerra en Afganistán y por Rusia en Siria.

La táctica parece proceder directamente de la guerra civil en Siria, a la que Moscú sumó en 2015 su esfuerzo bélico para apoyar al presidente Bashar al-Asad. Los edificios destruidos en Borodianka por lss FAB-250 muestran niveles de destrucción muy similares a los edificios arrasados en la ciudad siria de Alepo.

Los FAB-250 se lanzan en caída libre desde los bombarderos. Fueron diseñadas con el propósito de atacar fortificaciones militares en tierra. Aunque Rusia dice que está tratando de destruir objetivos militares, las pruebas recogidas o revisadas porThe Guardian durante las visitas a Bucha, Gostomel y Borodianka, y verificadas independientemente por expertos en armamentos, muestran que estas bombas fueron lanzadas sobre edificios residenciales e infraestructuras civiles.

Proyectiles de dardos metálicos

Los patólogos y forenses que realizan las autopsias han encontrado pequeñas flechas de metal incrustadas en la cabeza y el pecho de los cadáveres hallados en las fosas comunes de la región del norte de Kiev. Expertos independientes en armamentos que revisaron imágenes han confirmado que se trataba de fléchettes, dardos metálicos, un arma antipersonal muy utilizada durante la Primera Guerra Mundial.

Estos pequeños dardos metálicos están contenidos en proyectiles de cañón de campaña de un tipo disparado por la artillería rusa en las ciudades de Bucha e Irpin. Cada proyectil puede contener hasta 8.000 dardos. Una vez disparados, los proyectiles estallan cuando una espoleta temporizada detona y explota por encima del suelo. Los dardos, que suelen medir entre tres y cuatro centímetros de longitud, se dispersan en un amplio arco cónico de unos 300 metros por 100 metros.

Al impactar con el cuerpo de la víctima, el dardo pierde rigidez y se dobla en forma de gancho, mientras que la parte trasera de la flecha, formada por cuatro aletas, suele desprenderse y provocar una segunda herida. Estas municiones no están vetadas por el Derecho Internacional, a pesar de que agrupaciones de defensa de los DDHH llevan tiempo pidiendo su prohibición.

Los dardos metálicos empezaron a utilizarse durante la Primera Guerra Mundial desde los entonces novedosos aviones para atacar a la infantería y perforar sus cascos. No se utilizaron mucho durante la Segunda Guerra Mundial, pero resurgieron en la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos empleó una versión de ellas empaquetada en contenedores de plástico. The Guardian también encontró varias fléchettes en Irpin, donde varios residentes afirmaron que las habían encontrado clavadas en sus coches.

Bombas de racimo

Bellingcat, un medio independiente de periodismo de investigación, ha revisado algunas de las imágenes de The Guardian y ha confirmado la presencia de bombas de racimo en las ciudades y pueblos ocupados por los rusos en Ucrania.

La retirada de Rusia de la región de Kiev a principios de abril ha dejado al descubierto pruebas de la presencia de municiones de racimo –granadas o bombas que liberan decenas de municiones más pequeñas– en los restos de coches, calles, edificios civiles y en los cadáveres. Estas armas, prohibidas en más de cien países (pero no en EEUU, Rusia o Ucrania) en virtud de un Tratado de 2008 denominado Convención sobre Municiones de Racimo, se lanzaron en zonas sin personal ni infraestructura militar. Rusia ha negado repetidamente haber atacado a civiles y ha dicho que las acusaciones ucranianas de crímenes de guerra son falsas.

Las llamadas submuniciones de una bomba de racimo están diseñadas para liberarse en una zona amplia, pero no siempre explotan, lo que supone un riesgo que perdura para los civiles. Los restos de decenas de coches en Bucha y Borodianka, vistos y fotografiados por The Guardian y revisados por expertos, muestran los característicos agujeros causados por las submuniciones de las bombas de racimo utilizadas por el ejército ruso. El uso de bombas de racimo y municiones de racimo también ha sido ampliamente denunciado en otras zonas de Ucrania. El 4 de abril, cuando un equipo de Médicos Sin Fronteras (MSF) entró en un hospital de oncología de Mykolaiv, en el sureste de Ucrania, se produjeron varias explosiones muy cerca del personal.

The Guardian encontró un proyectil de racimo ruso cerca de una aldea agrícola en Gostomel y fragmentos de aletas de cola de bombas de racimo RBK-500 con submuniciones PTAB-1M y cohetes de racimo en otras poblaciones al norte de Kiev. El impacto de las bombas de racimo en estas zonas fue tan grande que en algunos casos alcanzaron y mataron a numerosos animales. A poca distancia de la bomba de racimo encontrada en Gostomel, los cadáveres de dos caballos muestran claras marcas de estas submuniciones en sus cuerpos.

En Borodianka, los fiscales llevan días exhumando a decenas de víctimas que fueron enterradas apresuradamente en los cementerios locales por sus familiares durante los bombardeos, ya que, según las autoridades, muchas de ellas murieron a causa de las bombas de racimo. Los forenses de las zonas del norte de Kiev confirmaron a The Guardian que habían encontrado fragmentos de munición de racimo incrustados en los cuerpos desenterrados en la zona. Los forenses están clasificando los hallazgos y los comunicarán a La Haya, donde en los próximos meses podrían formalizarse las acusaciones de crímenes de guerra cometidos por Rusia.

Traducción de Emma Reverter

AGB

Bajo la Presidencia argentina, a cargo del embajador Federico Villegas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró este jueves en Ginebra una sesión especial para considerar el deterioro de la situación de los derechos humanos en Ucrania a raíz de la agresión rusa. En la misma, la Argentina votó a favor de la resolución adoptada por el Consejo en una sesión que terminó con 33 votos positivos, 2 en contra y 12 abstenciones. De esta manera, el órgano de Naciones Unidas reafirmó la necesidad de que los Estados resuelvan sus disputas por medios pacíficos, expresó su profunda preocupación por las víctimas civiles del conflicto y su condena por las violaciones y abusos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Asimismo, reiteró su exigencia que cesen las hostilidades contra Ucrania y solicitó a la Alta Comisionada que presente una actualización oral sobre la grave situación humanitaria y de derechos humanos en Mariúpol en la 50ª sesión ordinaria del Consejo cuyo inicio está previsto para el día 13 de junio próximo.

En la apertura de la sesión, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, detalló la situación de los derechos humanos en Ucrania y aseguró que su Oficina “sigue verificando denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, muchas de las cuales pueden constituir crímenes de guerra”.

La expresidenta de Chile se refirió en particular a las recientes investigaciones llevadas a cabo en las regiones de Kyiv y Chernihiv, con foco en las denuncias sobre ejecuciones sumarias, violencia sexual, desapariciones forzadas y a la destrucción de la infraestructura civil, subrayando que “La única forma evitar mayores violaciones es poner fin a las hostilidades. Ese debe seguir siendo el objetivo principal”.

Por su parte, Erik Møse, titular de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre Ucrania, se refirió a las actividades del órgano que preside y a la manera en que planea llevar adelante su mandato de investigar todas las violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario y delitos conexos en el contexto de la agresión contra Ucrania por parte de la Federación Rusa.

La delegación argentina expresó en su intervención la preocupación por “los informes de la ACNUDH sobre alegaciones de torturas, ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, desapariciones forzadas, violencia sexual y de género, y los desplazamientos masivos de población” e instó “a todas las partes en el conflicto a que respeten el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados, y en particular los principios de distinción de civiles, proporcionalidad y necesidad en el ataque”, subrayando que no habrá una reparación genuina sin la rendición de cuentas por parte de los responsables de esas violaciones.

Las denuncias de Ucrania

Ucrania y sus aliados denunciaron este jueves ante la ONU una “lista interminable” de atrocidades cometidas por Rusia desde la invasión iniciada el 24 de febrero, en una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

La reunión fue la primera sobre la invasión rusa a Ucrania desde que la Asamblea General de la ONU suspendió el mes pasado a Rusia del consejo, que tiene sede en Ginebra y que Argentina preside este año por primera vez.

Rusia dijo que el tono del encuentro reflejaba “la demonización” en su contra lanzada por Occidente y acusó a consejo de politizarse.

En la reunión, convocada a petición de Ucrania, los 47 países miembros del Consejo deben pronunciarse sobre un proyecto de resolución que pide una “investigación” de la comisión internacional de la ONU para Ucrania sobre las graves violaciones contra los derechos humanos atribuidas a las tropas rusas. 

Según el texto, estos atropellos se cometieron en las zonas cercanas a las ciudades de Kiev, Chernigov, Jarkov y Sumy entre finales de febrero y marzo de 2022 y la resolución busca “pedir que los responsables rindan cuentas”, informó la agencia de noticias AFP.

“Miles de personas de mi país perdieron la vida. Los bombardeos y los disparos rusos forman parte de nuestra vida cotidiana”, declaró la primera viceministra de Relaciones Exteriores de Ucrania, Emine Dzhaparova, en la apertura de la sesión, en una alocución por videoconferencia. 

La representante denunció actos de tortura, desaparición forzada, violencia sexual y de género. 

“La lista de crímenes rusos es interminable”, denunció antes de mostrar un dibujo hecho por un niño que fue violado delante de su madre en el que se veía unos trazos negros. 

Durante los debates, numerosos diplomáticos aliados de Kiev, pero también funcionarios de la ONU, expresaron su indignación frente al sufrimiento de los ucranianos. 

“La agresión rusa implica el descubrimiento cada día de hechos más macabros”, afirmó el embajador francés Jérome Bonnafont. Su homólogo británico denunció la “brutal campaña” de Moscú. 

La reunión tuvo lugar la misma semana en que una misión humanitaria de la ONU en Ucrania dijo haber documentado violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional en ese país tanto a manos de las tropas rusas como de las ucranianas.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó que su despacho sigue verificando las acusaciones. 

“La extensión de las ejecuciones ilegales, incluyendo los indicios de ejecuciones sumarias en las zonas del norte de Kiev es espeluznante”, expresó Bachelet en la sesión del Consejo, precisando que hasta el momento tiene datos de 300 casos. 

Bachelet también denunció que los habitantes de la sureña ciudad ucraniana de Mariupol sufrieron “horrores inimaginables” durante el mes y medio de asedio y bombardeos anterior a su conquista por el Ejército ruso, el mes pasado. 

El proyecto de resolución pide que se informe sobre la situación humanitaria y de los derechos humanos en Mariupol, en la 50º sesión del Consejo, entre el 13 de junio y el 8 de julio. 

Esta reunión fue la primera consagrada a la invasión rusa a Ucrania desde que la Asamblea General de la ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, a principios del mes pasado.

Moscú anticipó la suspensión renunciando a su estatuto de miembro del Consejo de Derechos Humanos, pero como Estado conserva el derecho de participar como país observador.

En la sesión de hoy, Rusia tuvo el derecho de pedir la palabra para responder, pero decidió dejar vacía la silla de su país.

Para no dejar el terreno por completo libre a sus adversarios, el embajador ruso ante la ONU, Guenadi Gatilov, publicó un comunicado en el que denunció “la demonización de Rusia por parte del 'occidente colectivo'”, y habló de una investigación que no es independiente y acusó al Consejo se haberse convertido en un foro “para asestar golpes políticos”.

El 4 de marzo, Kiev logró que el consejo adoptara por una aplastante mayoría una resolución para crear con urgencia una comisión investigadora internacional independiente.   

El designado para dirigir la investigación, el exjuez noruego Erik Mose, que fue magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, indicó que la comisión inició sus trabajos pero que todavía no tiene presupuesto. 

Con información de agencias.

IG

El Observatorio de Derechos Humanos, conflictividades y paz lleva un riguroso conteo de las masacres en Colombia. Asesinatos masivos, generalmente contra la población civil. En los primeros cuatro meses de 2022 se cuentan 37 masacres, con más de 150 personas asesinadas. No se sabe el número exacto. En la masacre de enero en Arauca no se pudo establecer la cifra de fusilados, aunque sí que fueron más de 20. El registro no suma los asesinatos selectivos de líderes sociales y excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmantes del acuerdo de paz, que redondean un total similar de muertes. Los autores de los crímenes suelen ser grupos paramilitares, pero no solo ellos: también hay ajustes de cuentas y enfrentamientos entre los diversos grupos armados. Y cada tanto, quienes masacran son las FFAA del Estado, como a finales de marzo en el departamento de Putumayo, al suroriente del país.

Cada hecho es una tragedia que sin embargo muy pocas veces sacude la rutina informativa. Juan Gabriel Vázquez cuenta que “las masacres se habían vuelto demasiado numerosas para que salieran en los periódicos”. Era la década de 1950 del siglo pasado, cuando después del Bogotazo se había multiplicado la violencia. Pero esa sentencia del escritor bogotano bien podría aplicarse a lo que sucede hoy.

La masacre del río Putumayo

Un hecho reciente, sin embargo, logró alterar la indiferencia colectiva. El 28 de marzo 11 personas murieron asesinadas en un caserío a la vera del río Putumayo, cerca de la frontera con Ecuador. En esa ocasión no quedaron dudas: los crímenes los había cometido una fuerza conjunta integrada por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia. El propio presidente de la República celebró la barbarie:  Iván Duque presentó el hecho como una acción heroica contra grupos narcotraficantes, aunque las víctimas fueron en su mayoría civiles. El ataque se produjo durante una fiesta comunal. Se supo la verdad por una delegación de periodistas que viajó a la región. Los testimonios y la evidencia que señalaban la responsabilidad de la Fuerza Pública sacudieron el avispero, pero la palabra oficial, y la maquinaria mediática paraoficial machacan con la versión más conveniente para que nada sea investigado a fondo, y el hecho vuelva a ser lo que son los demás: una mala noticia que nadie quiere recordar.

A un mes de esa masacre, visitamos los corregimientos y veredas que bordean el río Putumayo.

Hace algunos años la población del Putumayo comprometió toda su energía en el apoyo al proceso de paz, ahora las expectativas están puestas en las próximas elecciones presidenciales del lugar el 29 de mayo. Las figuras de Gustavo Petro y Francia Márquez –los candidatos de la izquierda a presidente y vice– se abren camino en medio del dolor, y canalizan las expectativas de cambio de un campesinado harto de ser siempre víctima, estadística fatal.

La sangre que siempre llega al río

El departamento del Putumayo se extiende a lo largo de la llanura amazónica. Toma el nombre del cauce de agua que lo surca: en quechua, “río que nace donde crecen las plantas cuyos frutos son usados como vasijas”. A los pueblos originarios, dispersos en el territorio, recién en el siglo XX se sumó la colonización a partir de la explotación del caucho. Las ciudades más longevas no tienen más de cien años. Cuando esa industria se agotó, quedó el petróleo. Y la coca.

En 2016, el Putumayo apoyó el proceso de paz. En las elecciones del 29 de mayo, las candidaturas de Gustavo Petro y Francia Márquez, de la coalición de izquierda Pacto Histórico, son la expectativa de un campesinado harto de ser siempre víctima.

El Putumayo es una región estratégica para la seguridad del país porque comparte largos kilómetros de frontera con Ecuador y Perú. Como en toda zona donde el Estado está ausente o llega solo a través de sus FFAA, ante la pobreza y el abandono se hicieron fuertes las guerrillas, en particular las FARC. Tras su desmovilización en 2016, algunos guerrilleros decidieron no someterse a las negociaciones de paz y se mantuvieron alzados en armas. Esos acuerdos no brindaban garantías a los excombatientes. La traición del Estado es la crónica de muchas muertes anunciadas por la propia historia de Colombia, cuyas clases dominantes siempre honraron la tradición de incumplir la palabra dada. La cifra de 315 exintegrantes de las FARC asesinados justifica la huida de quienes no quisieron entregarse a este nuevo genocidio en cuentagotas.

En muchos casos, grupos disidentes de las guerrillas se reagruparon en torno a un objetivo que poco tiene que ver con la épica revolucionaria que en algún momento del siglo pasado supieron expresar. Volcados al control de las vías de la coca, su procesamiento y comercialización, en el Putumayo un sector de las llamadas disidencias no tardó en aliarse con paramilitares y asociarse a los carteles mexicanos que hace rato están en la región. Hoy se conoce a la fuerza armada resultante de ese enchastre como los Comandos de Frontera.

Alto Remanso es un caserío pobre a orillas del río, de casas de madera desperdigadas por trochas y caminos de tierra. Los registros de la Junta vecinal cuentan no más de 250 habitantes entre adultos, niños y niñas. Según la división política, la zona tiene como cabecera municipal a Puerto Leguízamo, pero pocos conocen ese centro administrativo que les queda a cuatro horas de lancha, muy lejos y muy caro para llegar. Tampoco les llegan noticias de las autoridades, ni de los servicios que debería brindar el Estado ni de la justicia. La avanzada militar que el 28 de marzo se cobró allí la vida de 11 personas decía tener como objetivo capturar a dos jefes de los Comandos de Frontera, alias ‘Bruno’ y ‘Managua’. Tras la masacre nunca pudieron demostrar que esas personas estuvieran allí. Cuando culminaba una fiesta vecinal, los militares atacaron: acribillaron al presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández, de 35 años; a su compañera Ana María, de 24, embarazada; al gobernador indígena Pablo Coquinche, de 48; a otros tres vecinos, uno de ellos menor.

La avanzada militar que el 28 de marzo se cobró en Alto Remanso la vida de 11 personas decía buscar a dos jefes de los Comandos de Frontera, alias ‘Bruno’ y ‘Managua’. Tras la masacre nunca se pudo probar que esas personas estuvieran allí.

El periodista Alfredo Molano Jimeno, uno de los primeros en llegar al lugar, reconstruyó así los hechos: “A las siete de la mañana, hora en que coinciden los borrachos amanecidos y los niños recién despiertos, sonaron los primeros disparos de fusil. El caos y el miedo se tomaron la pista de baile, la cocina y el burdel. La música se detuvo. Gritos y llantos, gente corriendo en busca de un muro de cemento para protegerse. Pedidos de auxilio y perros ladrando en medio de la balacera. El primer objetivo de los hombres armados fue la cocina, donde se encontraban ocho adultos y tres niños, uno de ellos de cuatro meses”.

Solo cinco entre los 11 fusilados resultaron tener vínculos con el grupo ilegal que el Ejército decía combatir. Una vez que los efectivos irrumpieron en el lugar, esas personas, que estaban armadas, respondieron al fuego. Entre un primer desembarco y otro de refuerzo, los militares eran  más de 50; llevaban a un francotirador que marcó como blancos a los líderes de la comunidad. Procedieron según el manual de la guerra sucia: después montaron fusiles sobre los cuerpos abatidos de los civiles, para decir que todos eran guerrilleros. Movieron los cuerpos y fraguaron la escena del crimen para que nada se pudiera investigar.

Preguntas

¿Por qué una matanza así, contra la comunidad, en un momento donde el conflicto armado no tiene la intensidad de otras épocas?

–Lo de siempre, falsos positivos. Necesitan mostrar resultados –analiza Rosa a un mes de los hechos.

La mujer atiende un pequeño restorán (una salita con tres mesas) en el corregimiento más cercano a la vereda Alto Remanso donde sucedió la masacre. Mientras prepara un bagre sudado para el almuerzo, explica:

–Dicen que se enfrentan a delincuentes, pero matan a la gente de la comunidad. Les es más fácil. Entonces les ponen armas a los muertos, en sus informes dicen que en la zona todos somos guerrilleros y narcotraficantes, que hay alto riesgo, y piden más dinero, más recursos. Para los militares la guerra sigue siendo buen negocio.

Llegamos al lugar bajando por el río Putumayo durante cerca de tres horas. En ese trayecto la Amazonía comienza a mostrarse en todo su esplendor: el verde absorbe todos los colores, como cantó el poeta. Para ese tramo de menos de 100 kilómetros, el pasaje tiene un costo por persona de 60 mil pesos colombianos, algo así como 20 dólares. La lancha puede transportar casi 30 pasajeros, y sale siempre llena. Navegar los ríos de Colombia resulta extremadamente caro, en contraste con la población empobrecida que vive bordeando los ríos y no tiene otra forma de moverse. Al igual que sucede en el Chocó, en el Pacífico –otra región de extrema pobreza y nula inversión estatal– son los olvidados de todo olvido los que tienen que afrontar costos privativos para desplazarse, sin carreteras ni caminos alternativos. De regreso volvimos por una ruta asfaltada del otro lado de la frontera, por Ecuador; pagamos 7 dólares el pasaje de un bus con asientos reclinables y baño.

Las heridas de la violencia están frescas, por eso los apoyos a la izquierda se expresan con modos suaves, sin estridencias.

Cerca de allí, en uno de los tantos caseríos que bordean el río –por pedido de sus habitantes no voy a mencionar su nombre–, el maestro de la única escuela del lugar prefiere no hablar de la masacre del Ejército. Cuenta, en cambio, la otra cara del mismo drama:

  –Aquí no puede venir cualquiera sin avisar, sin pedir permiso. Esto era así ya antes de la masacre, aquí hay mucho control. Yo no puedo tener computador ni memorias usb, porque hay desconfianza con esas cosas, nos controlan todo. Imagínese trabajar así desconectado, con los niños, sin poderles enseñar.

  –¿Quién le prohíbe eso?

  –…

El profe acompaña el silencio con una mueca parecida a una sonrisa triste. No lo menciona, pero se refiere al Comando de Frontera, el grupo armado que manda en la región.

Un lanchero que cruza varias veces al día el río entre Colombia y Ecuador completa el panorama:

  –Claro que por acá están esos grupos. Pero qué va a hacer uno. Si anda el Ejército, o las disidencias o los comandos, lo que toca es aguantar. No se trata de tomar partido, pero si esa gente dice que se le entregue un mercado, o se le colabore con un viaje, o que se les avise si anda tal o cual, eso no quiere decir que uno sea apoyo de los guerrilleros o del narcotráfico, es que ellos son la autoridad que hay.

A los pobladores no les queda más alternativa que convivir con los comandos. Sembrar coca es la única actividad mínimamente redituable y estos grupos comercializan la producción. Manejan la economía y ejercen un poder militar que no es explícito. A veces tienen que enfrentarse con alguna otra facción armada. Por lo general, además, deben atemorizar a la comunidad.

La gente, que es víctima de esa extorsión, cuando se mete el Ejército vuelve a ser víctima, esta vez del accionar criminal del Estado. Pero no se resignan a esa doble tenaza de violencia. El pueblo del Putumayo aún tiene energías para imaginar un futuro distinto, para pensarse actores de un cambio que les devuelva la paz.

Próximo puerto, esperanza

En cada charla busco el momento para preguntar por las preferencias políticas, cómo irán a votar. En Colombia suele haber temor a manifestar una inclinación hacia la izquierda –en regiones como ésta, eso podía costar la vida–. Las respuestas me sorprenden. De una veintena de testimonios tomados en las veredas y corregimientos rurales (Puerto Ospina, Buenavista, Montepa) y en centros urbanos (Mocoa, Puerto Asís, Orito), la mayoría votará por Gustavo Petro. Un par de mujeres aclararon: por Francia Márquez, su compañera de fórmula en representación del movimiento social. Otros agregaron: aunque sin mucha ilusión. Algunos prefirieron esquivar el tema, un par de muchachitos manifestaron no confiar en ningún político. Pero mi modesta encuesta arrojó una amplia ventaja en favor del Pacto Histórico, la coalición de izquierda que el 29 de mayo disputará la presidencia del país.

De entre los distintos testimonios, me resultó revelador el de una chica de 27 años que iba a la cabecera municipal a estudiar:

  –Mi familia tiene un predio chico, de pocas hectáreas. Sembramos coca, pero no es como dicen, que nos llenamos de plata con eso. Quienes hacen el negocio son otros.

 Hace una pausa, y me pregunta:

 –¿Usted cree que Petro va a erradicar los cultivos?

Respondo que no sé. Repregunto sobre el plan de sustitución de cultivos ilícitos que iba a implementarse después de la firma de los acuerdos de paz.

  –Eso no funcionó. Los subsidios fueron pocos, no hubo seguimiento y además la gente nunca vio que fuera algo serio. Suponga que aquí cultiváramos plátanos, transportar eso hacia las ciudades es muy caro, las lanchas cobran la gasolina y no dejan llevar mucho peso, solo de a 10 kilos. No se hicieron vías ni obras. Estando tan lejos de las ciudades, ¿a quién le vamos a comercializar?

El balance tan negativo me hace pensar que su familia preferiría mantener las cosas como están, votar a un candidato que no fuera a proponer mayores cambios. Se lo digo.

  –No, toda mi familia va a votar por Petro. Tal vez él sí haga algo serio. No se trata de quedarse en la coca. Como le digo, nosotros no nos enriquecemos con eso. Si hay un plan de sustitución que nos permita apenas vivir bien, vamos a estar de acuerdo. Porque más allá de lo que cultivemos, este país tiene que cambiar.

En 2016, mientras el plebiscito por la paz sufría un revés a nivel nacional, en el Putumayo se impuso el apoyo a las negociaciones: el 68% de la población votó por el Sí. Durante aquella campaña se conformaron comités ciudadanos para difundir el contenido de los acuerdos de paz a lo largo de todo el departamento. Las cifras de apoyo fueron más altas donde más duro había pegado el conflicto armado: el 84% en el Valle del Guamuez, 80% en San Miguel, 70% en Puerto Guzmán. Aunque el No a los acuerdos de paz ganó por el peso de las grandes ciudades, en todas las regiones colombianas más afectadas por la guerra se dieron cifras parecidas a las del Putumayo.

La voluntad de cambio también se expresó con claridad en las elecciones presidenciales de 2018. Aunque Petro no pudo derrotar al uribismo en el escrutinio nacional –la fuerza política que responde a Álvaro Uribe, el expresidente vinculado al paramilitarismo–, el candidato de izquierda obtuvo en el Putumayo el 60% de los votos en primera vuelta y un abrumador 77% en segunda. En las elecciones del 13 de marzo de este año (dos semanas antes de la masacre de Alto Remanso) ese apoyo se confirmó: la izquierda sacó los mayores porcentajes no solo en las consultivas donde Petro y Márquez hicieron una gran cosecha, sino también en las elecciones de representantes a la Cámara y Senado, donde los candidatos del Pacto Histórico lograron el mayor porcentaje.

Dos analistas del conflicto en la región, Edinso Culma y Alejandra Ciro, explican que “los municipios petroleros y cocaleros de Putumayo votan por los candidatos más reformistas, porque allí se han gestado las expresiones más progresistas en este territorio”. Desde la década de 1970 los trabajadores petroleros estimularon la organización comunitaria, y eso facilitó que se expresaran los reclamos sociales. Después, la primacía de la coca hizo más compleja la situación, pero los actores armados no lograron desalentar a la comunidad.

Gustavo Petro suele hacer actos de masas. Pero la coalición de izquierda Pacto Histórico evita el Putumayo en la agenda de campaña. Desde 1948, los cinco candidatos presidenciales más progresistas de Colombia fueron asesinados en tiempos electorales.

Las heridas de la violencia están frescas, por eso los apoyos a la izquierda se expresan con modos suaves, sin estridencias. Petro suele hacer actos de masas y en los últimos meses Francia Márquez reforzó con su propia gira nacional esa masividad, pero no tuvieron al Putumayo en la agenda de campaña. Tampoco los candidatos locales del Pacto Histórico apuestan por la movilización.

Rosa, la mujer del restorán, explica su apoyo a Petro con argumentos claros. Con ritmo pausado, casi monocorde, y en voz baja, como se acostumbra a hablar de política por acá. Modos campesinos, después de todo.

  –Está el riesgo de que, si gana, lo maten, o no lo dejen gobernar– dice, con la naturalidad con que dice todo lo demás.

El temor de Rosa tiene memoria, y vigencia: cinco candidatos presidenciales que podían molestar a las élites económicas del país fueron asesinados en Colombia, desde Jorge Eliécer Gaitán en 1948 hacia acá. Mientras esta crónica termina de escribirse, Petro acaba de anunciar la suspensión de sus actos de campaña en el Eje Cafetero por información sobre un posible atentado contra su vida.

   –Pero, aun así, habrá que intentarlo, ¿verdad?

   –Pues claro… Mire la violencia que sigue ocurriendo con las cosas como están –la referencia a la masacre de Alto Remanso no altera su voz, lo dice como al pasar –. ¿Sabe qué es lo que está cambiando? Que más allá de todo, esta vez la gente está despertando en todos lados, hasta en las ciudades. Entonces ahora, quién dice... parece que ahora sí podemos ganar –.

Por primera vez le cambia la expresión, y no dice más.

Esta vez, después de 70 años de guerra, ahora sí, cree Rosa, el pueblo colombiano puede ganar.

AGB

Los países de la ONU decidieron este jueves suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los supuestos abusos que está cometiendo en Ucrania.

A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó esta medida con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.

Para que Rusia fuera suspendida del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra y que preside la Argentina, hacía falta una mayoría de dos tercios de los países que votaran a favor y en contra en la sesión, a la que estaban invitados los 193 Estados miembro de la Asamblea, en tanto que las abstenciones no contaban. Hubo 175 estados presentes y, entre a favor y en contra, se llegó a 117, cuando se necesitaban 116 votos. China, Corea de Norte, Irán, Siria, Bolivia, Nicaragua y Cuba, entre otros, se opusieron a la resolución. Brasil y México se abstuvieron, mientras que Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador y Argentina apoyaron la iniciativa.

Por su parte, Venezuela no pudo votar porque debido al impago de sus cuotas no tiene derecho a hacerlo.

El pedido de Ucrania

Antes de la votación, el embajador de Ucrania ante las Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya, pidió a todos los estados miembros de las Naciones Unidas apoyar la resolución que suspendía a Rusia del consejo.

“El mundo ha llegado a una coyuntura crucial. Somos testigos de que nuestro crucero atraviesa una niebla traicionera hacia icebergs mortales. Podría parecer que deberíamos haberlo llamado Titanic en lugar de Consejo de Derechos Humanos... Necesitamos tomar una acción hoy para evitar que el consejo se hunda”, dijo Kyslytsya.

Y añadió que las acciones de Rusia en Ucrania “se equipararían a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”. Aunque señaló que votar para suspender a un país del Consejo de Derechos Humanos es “una acción rara y extraordinaria”, sostuvo que “las acciones de Rusia están más allá de los límites”.

Rusia pidió a la ONU votar en contra

En respuesta, el embajador adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Gennady Kuzmin, pidió a los estados miembros que rechazaran la resolución, diciendo que sentaría “un precedente peligroso”.

“Hoy no es el momento ni el lugar para el teatro, ni para este tipo de actuaciones extremadamente teatrales como la presentada por Ucrania. De hecho, el proyecto de resolución que estamos considerando hoy no tiene relación con la situación real de los derechos humanos en el terreno”, dijo Kuzmin.

El representante ruso sostuvo que la votación sobre la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos “es un intento de Estados Unidos `pr mantener su posición dominante y control total para continuar con su intento de colonialismo de derechos humanos en las relaciones internacionales”.

Con la votación consumada, Rusia anunció que suspenderá su membresía al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en protesta por la sanción impuesta por el organismo, al que acusó de estar “manejado por un puñado de países”.

El empuje de EEUU

La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas defendió la suspensión Rusia del Consejo de Derechos Humanos ante el Consejo de Seguridad de la ONU este martes, algo que ella y otros estados miembros de la ONU han impulsado.

“Rusia no debería tener una posición de autoridad en un organismo cuyo propósito, cuyo propósito mismo, es promover el respeto por los derechos humanos. No solo es el colmo de la hipocresía, es peligroso”, dijo la embajadora Linda Thomas-Greenfield.

“Cada día vemos más y más lo poco que Rusia respeta los derechos humanos”, insistió.

En última instancia, argumentó: “La participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos daña la credibilidad del Consejo. Socava a toda la ONU. Y es simplemente un error”.

Argentina, a favor de la suspensión

Entre los votos a favor estuvo el de la Argentina, tal como había anticipado más temprano la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. En rueda de prensa en Casa de Gobierno, la funcionaria dijo que “el Gobierno argentino tiene una tradición de repudio a las violaciones de derechos humanos” y que, con esta votación, “lo único que hace es seguir siendo consecuente con esa decisión”.

En su habitual conferencia de prensa con medios acreditados en la Casa Rosada, Cerruti ratificó que la Argentina “tiene una tradición de votar en repudio a las violaciones de los derechos humanos en todos los países en cualquier época, no importa el signo político”, y añadió que también por esta política hoy ocupa la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En este sentido, sostuvo que el país “considera que las violaciones a los derechos humanos que se pueden estar llevando adelante en la guerra” que se disputa en suelo ucraniano tras la invasión rusa “llevan a tener que suspender a Rusia en sus atribuciones y su voto en el Consejo”.

“Esta posición lo único que hace es seguir siendo consecuente con la posición de la Argentina en la plena vigencia de los derechos humanos, que es la tradición de la Argentina: la defensa de los derechos humanos en todos los países no importa quien gobierne en ese momento”, reafirmó la portavoz de la Presidencia.

Además, recordó que el país impulsó en el Consejo “una comisión investigadora” para esclarecer lo que está sucediendo en Ucrania, y cuando estén listas las conclusiones “se tomarán las medidas que correspondan”, al aclarar que “la suspensión no es la expulsión” de Rusia.

Por último, explicó que -hasta que concluya la investigación- “Rusia sigue siendo parte del Consejo de DD.HH. de la ONU”, solo que lo que “no tiene es la posibilidad de votar, porque es una de las investigadas por estas posibles violaciones a los derechos humanos”.

Según informaron fuentes oficiales, previo al voto, el presidente Alberto Fernández mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para intercambiar posiciones sobre el tema.

Participaron también de esa conversación el ministro de Economía, Martín Guzmán, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y Luciana Tito, jefe de Gabinete de Cancillería, ya que -en ese momento- el canciller Santiago Cafiero fue a recibir al aeroparque al presidente de Bolivia, Luis Arce.

Gobierno ucraniano celebra suspensión de Rusia del Consejo de DDHH de la ONU

El Gobierno ucraniano celebró la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobada hoy por la Asamblea General de la ONU. “Los criminales de guerra no tienen espacio en organismos de la ONU cuyo fin es la protección de los derechos humanos”, escribió el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, en su cuenta de Twitter.

“Estoy agradecido a todos los Estados miembros que han aprobado la resolución,” agregó, y remachó que con ello “han elegido el lado correcto de la historia”.

La sesión

Con información de EFE.

IG

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este jueves una resolución que establecerá un grupo de tres expertos para investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular calificada como un intento de golpe de Estado por el Gobierno de Daniel Ortega. La Argentina votó a favor, junto a Brasil, México y Paraguay. Venezuela, Bolivia, Cuba, Rusia, China, Honduras y Eritrea fueron los únicos en contra.

La resolución fue aprobada con 20 votos a favor de países miembros, siete en contra y 20 abstenciones, y decide la formación de este mecanismo de investigación con el mandato de “recolectar, preservar y analizar información y evidencias” sobre esas posibles violaciones de derechos humanos, “identificando a sus responsables”.

Con un mandato inicial de un año, esta misión tendrá una labor similar a la aprobada en 2019 para Venezuela mediante otra resolución del Consejo de Derechos Humanos, por lo que es el segundo mecanismo de investigación de este tipo para países de Latinoamérica.

La resolución había sido presentada por Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú, y contó con el patrocinio de cerca de medio centenar de gobiernos.

El documento expresa además preocupación por “el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, donde se ha producido “un aumento de las restricciones al espacio democrático y de la represión a la disidencia”.

Esta represión incluye “actos de intimidación, acoso y vigilancia ilegal o arbitraria de defensores de derechos humanos”, subraya un texto que lamenta la falta de rendición de cuentas ante estos hechos desde hace cuatro años, así como la prohibición de manifestaciones pacíficas y los juicios sin el debido proceso.

El documento reclama a las autoridades nicaragüenses el cese de las detenciones arbitrarias y la intimidación, la liberación inmediata de los detenidos injustamente y la investigación de casos de acoso a líderes políticos, periodistas, activistas y otros críticos con el Gobierno de Ortega.

Menciona expresamente y lamenta la reciente muerte del prisionero político Hugo Torres, histórico exguerrillero sandinista fallecido el 12 de febrero tras meses de detención “en condiciones indignantes”.

La resolución muestra además su preocupación por las violaciones de los derechos civiles y políticos en el contexto de las elecciones del pasado año y lamenta “el fracaso del Gobierno de Nicaragua a la hora de poner en práctica reformas electorales e institucionales que garantizaran unas elecciones libres y justas”.

Antes de la votación de la resolución, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales, intervino por videoconferencia para mostrar el “rechazo absoluto” del Gobierno nicaragüense a ésta y otras decisiones tomadas en años recientes por el Consejo de Derechos Humanos que condenaron la situación en el país centroamericano.

Los textos de estas resoluciones “siguen haciendo valoraciones derivadas de intereses económicos y políticos de países imperialistas cuya única finalidad es afectar a la dignidad y soberanía de los pueblos”, aseguró.

Delegaciones de países miembros del Consejo que votaron en contra, como Venezuela, Cuba, China o Rusia, coincidieron en rechazar un texto que en su opinión supone una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua con “motivaciones políticas”.

El mecanismo de investigación creado “no cuenta con el consentimiento del país y no ayuda a promover el diálogo ni la cooperación, alentando la confrontación y la politización de este Consejo”, aseguró la delegación china, mientras Venezuela afirmó que el grupo de expertos tendrá “atribuciones parapoliciales”.

En Nicaragua el mecanismo de investigación de la ONU ya había sido solicitado el mes pasado por actores de la sociedad civil como el Colectivo 46/2, que aglutina a 16 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Con información de EFE.

IG

La Secretaría de Derechos Humanos presentará este lunes la publicación “Negacionismo”, el primer número de la colección “Repertorios. Perspectivas y debates en clave de Derechos Humanos”, en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”.

“'Negacionismo' marca el inicio de una serie de publicaciones destinada a reflejar y difundir los aportes y debates en el campo académico y de divulgación acerca de diversas temáticas vinculadas a la agenda de los Derechos Humanos en la Argentina y a nivel internacional”, informó la Secretaría en un comunicado.

El acto comenzará a las 18.30 y contará con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y un panel de integrado por Alejandro Kaufman, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes; Daniel Feierstein, sociólogo e investigador, especialista en el estudio de las prácticas sociales genocidas; y Valeria Thus, directora de Derechos Humanos de la UBA.

Este proyecto editorial de la Secretaría de Derechos Humanos busca “tender puentes entre las distintas instancias de debate y estudio de estos temas y los espacios de militancia política y gestión pública” para generar insumos para la “reflexión y promoviendo la más amplia visibilización de problemas de enorme relevancia”.

En tanto, la publicación estará disponible en formato digital y podrá descargarse después de la presentación en la página argentina.gob.ar/derechoshumanos.

Además, se imprimieron ejemplares que se destinarán a bibliotecas, universidades y otros ámbitos académicos.

El encuentro será transmitido vía streaming a través del canal de You Tube de la Secretaría de Derechos Humanos: youtube.com/sdhargentina.

Con información de Télam.

IG

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) saldrá en libertad en los próximos días después de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera un fallo este jueves que restituye la vigencia del indulto humanitario presidencial que en 2017 había beneficiado al ex mandatario derechista y auto-golpista. Había sido indultado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Supuestamente, el político derechista y empresario multimillonario dilecto de la constructora brasileña Odebrecht, habría negociado el perdón a cambio de votos de parlamentarios fujimoristas que evitarían, aunque finalmente no evitaron, la destitución del Ejecutivo por el Congreso unicameral peruano. para no ser destituido de su cargo.

La resolución del TC no solo le abrirá las puertas de la prisión al exmandatario. De 83 años de edad, Fujimori está condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. La sentencia ha acrecentado la polarización en un Perú por demás polarizado, y ha enfrentado nuevamente con violencia a fujimoristas y anti fujimoristas. La división ya estaba presente en el propio Tribunal, que ha aprobado la excarcelación por el voto decisivo de su presidente, Augusto Ferrero, que desempató tras un empate de tres votos a favor y tres en contra.

En las altas esferas del poder también fue recibida con indignación y rechazo, al punto que el gobierno del presidente Pedro Castillo anunció que recurrirá a organismos internacionales para intentar revertir la decisión del TC nacional, y revocar la libertad de Fujimori.

En medio de esa polémica, Fujimori puede ser excarcelado el lunes o martes próximo, cuando se concluyan los trámites judiciales y legales para acatar la resolución, según adelantó su abogado defensor, Cesar Nakazaki.

Mientras que los seguidores del exgobernante celebraron la decisión, y decenas de ellos llegaron hasta las afueras de la cárcel de Lima en la que cumple su condena, su hija mayor, Keiko Fujimori, afirmó que la medida “es de justicia” y que la familia esperará “los siguientes pasos” para que el Poder Judicial cumpla con la resolución del TC.

La tres veces candidata presidencial derrotada también dijo que no comentará por ahora “las diversas opiniones que ha escuchado” en contra de la liberación de su padre, pero aseguró que los opositores a la medida “están en su derecho”.

El voto dirimente de Ferrero decidió la nulidad de la resolución judicial que en 2018 había suspendido el indulto otorgado en 2017 a Fujimori, luego de que la votación del recurso de “habeas corpus” que solicitó esa medida quedara empatada en tres votos a favor y tres en contra.

El TC declaró fundado un recurso interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK, 2016-2018).

El antiguo indulto de 2017, revocado en 2018, y rehabilitado el jueves por el Tribunal Constitucional peruano, está bajo investigación judicial: la Fiscalía lo cree el pago del presidente Kuczynski a Kenji Fujimori a cambio de votos en el Congreso.

El Poder Judicial había anulado ese indulto por considerar que no cumplía con las exigencias legales y carecía de efectos jurídicos, por lo que Fujimori debió regresar a la prisión del cuartel policial del este de Lima en el que cumple su condena.

Actualmente, el indulto está siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre PPK y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien por entonces era congresista, para que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario.

La decisión del TC también generó el rechazo de cientos de personas, que manifestaron en el centro histórico de Lima para protestar de manera pacífica, junto con familiares de las víctimas de los crímenes por las que fue sentenciado Fujimori.

“Como familiares de las víctimas del caso Cantuta, en particular, y de todos los casos de la dictadura de Alberto Fujimori, estamos indignados por esta situación que resuelve darle libertad de forma ilegal”, aseguró a la agencia española Efe la exministra de Cultura, Gisela Ortiz, quien es hermana de uno de los estudiantes secuestrados, torturados y desaparecidos en la universidad limeña La Cantuta en 1992.

En un primer momento, la resolución también motivó el rechazo político del presidente Castillo y del primer ministro Aníbal Torres, La posición fue ratificada desde el punto de vista jurídico por el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, y el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa.

Tras reunirse en el Palacio de Gobierno con el gobernante, Carrasco adelantó que el Ejecutivo nacional acudirá “a las vías internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para, a través de estos medios, revertir este fallo” 

Reconocido constitucionalista que presidió el TC entre 2006 y 2008, Landa sostuvo que la decisión “no es válida, pues va en contra de las decisiones” de la CorteIDH y, por tanto, “correspondería ser revertida” por ese tribunal.

Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo de tareas paramilitar Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el auto golpe de Estado que dio en 1992.

AGB con información de diarios y agencias

La Argentina votó a favor de la resolución que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este viernes en Ginebra respecto a “la situación de los derechos humanos en Ucrania a partir de la agresión rusa”.

El organismo de las Naciones Unidas, cuya presidencia ejerce durante 2022 el embajador argentino ante la ONU en Ginebra, Federico Villegas, le “asignó a la Argentina la función de designar una Comisión Internacional Independiente de Investigación integrada por tres expertos para investigar las violaciones a los derechos humanos en Ucrania”, según se informó oficialmente.

El voto fue efectuado por la directora de Derechos Humanos de la Cancillería argentina, Cecilia Meirovich.

Qué resolvió la ONU

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución por la cual se creará una comisión independiente de expertos para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por Rusia en su agresión a Ucrania, que según Kiev constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad.

La resolución del Consejo, formado por 47 países, fue aprobada con 32 votos a favor, 13 abstenciones (entre ellas las de China, Cuba y Venezuela) y únicamente dos votos en contra (la propia Rusia y Eritrea).

“Sabemos quiénes son los criminales de guerra y quién es su jefe supremo”, aseguró al presentar la resolución la embajadora de Ucrania ante la ONU en Ginebra, Eugenia Filipenko, quien subrayó que conseguir que estos responsables de abusos rindan cuentas “es la única forma de lograr que no se repita en ningún lugar del mundo”.

En el debate previo a la votación, iniciado el jueves, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló a Rusia por atacar objetivos civiles, incluidos escuelas, hospitales y zonas residenciales, y causar un éxodo de más de dos millones de desplazados internos y refugiados.

Los tres expertos serán designados por el presidente del Consejo (actualmente el embajador argentino ante la ONU en Ginebra, Federico Villegas) e informarán de los primeros resultados de su investigación en la 51ª sesión de este organismo, prevista para el último tercio de este año.

Una de las misiones de la comisión será “identificar en la medida de lo posible qué individuos o entidades han sido responsables de violaciones de abusos a los derechos humanos” en Ucrania, con el fin de garantizar que rindan cuentas.

Para sus investigaciones se basarán en entrevistas, testimonios de víctimas, materiales forenses y otros, según el texto de la resolución aprobada.

Ésta también condena “en los términos ás enérgicos posible” las violaciones de los derechos humanos cometidas por Rusia en su agresión a Ucrania y pide “una rápida y verificable retirada de las tropas rusas en todo el territorio de Ucrania”, incluidas sus aguas territoriales.

Pide asimismo el acceso sin obstáculos a Ucrania por parte de las agencias humanitarias.

Quién es Federico Villegas

Federico Villegas preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde fines de 2021. Es abogado y diplomático de carrera. Ingresó con honores al Servicio Exterior de la República Argentina en 1993. Fue designado Representante Permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra el 29/03/20, luego de ser trasladado desde Mozambique, donde se desempeñaba desde 2016 como Embajador de la República Argentina.

En la sede de la Cancillería Argentina prestó funciones en la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales (1993-1995) y en dos oportunidades (2005-2007 y 2012-2015) fue Director General de Derechos Humanos, liderando delegación argentina en foros y organismos internacionales de derechos humanos.

Coordinó el proyecto con la OACDH para la elaboración del Primer Plan Nacional contra la Discriminación y el establecimiento del Centro de Políticas Publicas de Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) y del Centro Internacional de Derechos Humanos de UNESCO, ambos con sede en la Argentina. Dirigió varios proyectos de cooperación Sur-Sur en Derechos Humanos.

Representó a la Argentina ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto y anteGAAMAC (Global Action Against Mass Atrocities Crimes). En el exterior fue Representante

Alternó ante la Organización de Estados Americanos OEA) en Washington D.C. (1995-2003) coordinando temas de derechos humanos y cooperación internacional, y fue Representante Alterno para MERCOSUR y ALADI en Montevideo, Uruguay (2008-2011) coordinando temas pequeñas y medianas empresas, temas sociales y políticos del proceso de integración regional, y aprobación de proyectos de convergencia estructural del Mercosur Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM). 

Posee un Master of Arts in Liberal Studies (MALS) Cum Laude de la Universidad de Georgetown, EE. UU. y se especializó en desarme (United Nations Disarmament Fellow) y en derechos humanos (New College, Universidad de Oxford, Reino Unido, e Instituto Internacional de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia). Cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales sobre temas de desarme, derechos humanos y seguridad internacional. Durante 2020 y 2021 fue Presidente de la 6ª Conferencia del Tratado de Convenio de Armas (ATT) y de la Comisión de Comercio y Desarrolllo de UNCTAD.

Con información de agencias.

IG

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes en Ginebra por amplia mayoría la creación de una comisión investigadora sobre las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario en Ucrania tras la invasión rusa.

La resolución fue adoptada por 32 votos a favor -entre ellos el de la Argentina-, 2 en contra (Rusia y Eritrea) y 13 abstenciones, y tiene lugar dos días después de que la Asamblea General de Naciones Unidas reunida en Nueva York votase por aplastante mayoría un texto para exigir a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania y el fin de la guerra.

La votación se produce después de que un incendio en la mayor central nuclear de Europa, la de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, tuviera en vilo al mundo entero durante varias horas, si bien finalmente las llamas pudieron ser dominadas y no hubo fuga radiactiva alguna.

El fuego se originó a causa de ataques de fuerzas militares rusas, que ya ocupan en lugar, según denunció Ucrania. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que se trató de “una provocación” de Ucrania.

Es la primera vez en la historia del Consejo que una resolución concierne directamente a Rusia, explicó un portavoz de la ONU, reprodujo la agencia de noticias AFP.

La resolución condena “las violaciones y ataques a los derechos humanos como consecuencia de la agresión de la Federación Rusa”.

El texto de la resolución reclama “la rápida y verificable retirada de las tropas rusas, y de los grupos armados aliados de Rusia, de todo el territorio reconocido internacionalmente de Ucrania”, y pide la creación de manera urgente, y durante un año (inicialmente) de “una comisión investigadora internacional e independiente”, el nivel más alto de investigación del Consejo.

Los investigadores tendrán la misión de “recoger, unir y analizar los elementos de prueba para atestar (...) violaciones” de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante la invasión de Ucrania, de cara a futuros procesos, así como identificar a los responsables de estas violaciones “para que respondan sobre sus actos”.

La invasión rusa provocó mucha conmoción en el mundo. Las manifestaciones contra la guerra y los gestos de solidaridad con los ucranianos se han multiplicado por los bombardeos y el éxodo de cerca de 1,2 millones de personas, según las últimas cifras de la ONU.

Entre las 13 abstenciones se anotaron los representantes de Venezuela, Bolivia, Cuba, Armenia e India.

El 24 de febrero pasado, Rusia lanzó una ofensiva militar en Ucrania bajo la justificación de que el Gobierno de Kiev venía cometiendo crímenes contra los habitantes de dos provincias rusoparlantes en la región del Donbass a las que, previamente, Moscú había reconocido como Estados independientes.

El reclamo del Kremlin incluye la violación por parte de Ucrania de los Acuerdos de Paz de Minsk, de 2014 y 2015, que obligaban a Kiev a darle a esas dos ciudades -Lugansk y Donetsk, que en sendos referendos votaron por separarse de Ucrania- autonomía y posibilidades de elegir sus propias autoridades regionales.

Ucrania, en cambio, afirma que con la operación militar Rusia pretende arrasar con la cultura y la historia ucraniana, y derrocar al presidente Volodomir Zelenski para promover que llegue al poder un dirigente cercano a Moscú.

Con información de agencias.

IG

El presidente Alberto Fernández mantuvo este domingo desde la Residencia de Olivos una reunión virtual con la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el canciller Santiago Cafiero, ambos en Ginebra, donde participarán este lunes del inicio de la 49º sesión del Consejo de Derechos Humanos del organismo que este año preside por primera vez la Argentina.

Fernández, Bachelet y Cafiero intercambiaron puntos de vista sobre la situación de los derechos humanos a nivel global y también sobre la escalada bélica en Ucrania.

En ese punto, el Presidente remarcó el “firme rechazo de Argentina al uso de la fuerza armada por parte de la Federación de Rusia y el reclamo al cese de las hostilidades, esencial para retomar una camino de diálogo y negociación”, según informó la Cancillería en un comunicado.

El mandatario planteó que las “acciones de Argentina siempre se basan en la defensa y el pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los Estados y su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno y profundo respeto por los derechos humanos”.

Junto con Bachelet coincidieron en “reivindicar y reafirmar los principios en que debe basarse una solución diplomática y pacífica, llamando a todas las partes a la mesa del diálogo siguiendo los principios de la carta de la Naciones Unidas”.

Durante el encuentro, Bachelet saludó la presidencia de Alberto Fernández en la CELAC, donde Argentina ocupa la Presidencia Pro Témpore durante el año 2022, y el jefe de Estado se comprometió a trabajar para “fortalecer los Derechos Humanos en la región”.

Cafiero mantuvo este encuentro con Bachelet como parte de su participación en el Segmento de Alto Nivel de la 49º Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que comenzará este lunes.

También participó del encuentro el representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas en Ginebra, Federico Villegas, quien desempeña en nombre de la Argentina la presidencia del Consejo de Derechos Humanos para el año 2022.

CRM con información de la agencia Télam