Sentado en el piso de tierra de su maloca, Óscar Machoa, de 67 años, corta unas hojas y las va colocando pacientemente sobre una olla calentada por leña. Sus manos firmes y ásperas fueron esculpidas por los años recogiendo plantas, construyendo sus casas, moldeando sus flechas.

Él es el curandero de la comunidad kichwa de San Carlos y el encargado de trasladar los saberes ancestrales al resto de sus vecinos en el cantón La Joya de los Sachas en la provincia ecuatoriana de Orellana, donde se encuentra parte del Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, que esta semana será el protagonista de un referéndum nacional sobre el futuro de las reservas de petróleo situadas bajo sus suelos.

Apenas escucha la palabra petróleo, su actitud paciente cambia. “No queremos que se extraiga nada. Recuerdo todas las cosas que nos prometieron y nada cumplieron”, dice con fuerza Machoa, cuando se traslada casi 60 años atrás y recuerda los inicios de la extracción petrolera en la zona, liderada por Texaco (en la actualidad, Chevron), donde fueron afectadas más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana a lo largo de casi 30 años de explotación.

“Ahí empezó nuestra pesadilla”, continúa Machoa. “Nos dijeron que utilizarían tecnología de punta, pero los derrames se volvieron muy comunes. Se contaminaron los ríos, murieron los peces, los animales, y nadie nos apoyó. Mis abuelos, mis padres, nosotros crecimos aquí. Por eso vamos a defender el Yasuní para nuestros hijos”.

Este domingo 20 de agosto, todo el país se enfrentará a dos votaciones: la elección del próximo presidente así como del parlamento (enturbiadas por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio), y también decidirá si se continúa con la explotación de los campos petrolíferos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT), también conocido como Bloque 43, situado dentro del Parque Nacional Yasuní.

El curandero kichwa afirma estar decidido a votar “Sí” para bloquear su explotación, una postura compartida por gran parte de la población amazónica de Ecuador, aunque no de manera universal. A medida que se acerca la votación, la cuestión ha polarizado a algunos grupos indígenas, tanto cercanos como lejanos al propio Yasuní, reflejando antiguos debates sobre los beneficios y perjuicios de la extracción de petróleo y el alcance del apoyo estatal a las comunidades remotas.

Votos contra el petróleo

Los vecinos de Machoa en La Joya de los Sachas comparten su postura contraria a la extracción, afirmando que el petróleo no es necesario para mejorar sus medios de vida, Señalan que tienen áreas de conservación, lagunas, rutas de cataratas, y comunidades organizadas en torno al turismo rural comunitario, con lo que pueden obtener ingresos sin perjudicar su entorno.

Los pobladores plantean la cuestión de los derrames de petróleo cerca de los lugares de extracción. Uno de ellos señala que “se dan siempre, y no queremos más de eso”. Y no exageran. Según el Ministerio de Ambiente de Ecuador, entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de abril de 2022 se registraron630 derrames de petróleo en territorio nacional. Casi un derrame al día.

A una hora de distancia de La Joya de los Sachas está el cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos. Aquí las preocupaciones son las mismas.

“Toda la Amazonía ecuatoriana está invadida por petroleras que están hace medio siglo, y muy pocas personas le ponen interés a este tema. Así luchemos, las órdenes vienen de los que están en el poder, que nada van a hacer. Necesitamos a alguien que quiera hacer un cambio en serio”, reclama Sandra Aguinda mientras fríe sus plátanos y yucas que vende en la plaza central del pueblo.

“¿Acaso no podemos vivir de actividades que no afecten nuestro territorio? Los kichwas tenemos organizaciones, somos emprendedores, podemos hacer algo”, sentencia Aguinda mientras atiende a sus comensales.

Más al sur, en la provincia de Napo, cuna de kichwas, shuar y huaoranis, también reclaman la protección de su territorio.

“El Yasuní es parte de nuestra cultura. No queremos que se explote, queremos que se mantenga el aire puro en la tierra que nos dejaron nuestros ancestros. Si no cuidamos a la Pachamama, tendremos enfermedades y preocupaciones”, dice Janet Rivadeneyra, dirigente de la comunidad Shiripuno, a orillas del río Napo, que también denuncia el crecimiento de la minería ilegal. “Nuestra agua se está contaminando y nadie detiene esta minería que nos está matando”, concluye.

Apoyo al petróleo

Para otras comunidades de la Amazonía, sin embargo, el apoyo al fin de la explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní ―y fuera de él― no es una certeza.

“Tenemos claro que hay comunidades en la Amazonía que van a apoyar a la industria petrolera, pues se benefician de trabajos precarios mal remunerados de las empresas. El Estado no llega y se ven obligados a aceptar”, dice a Diálogo Chino Fernando Muñoz Miño, coordinador nacional de articulación de Yasunidos, el colectivo que lideró la campaña a favor del referéndum para proteger a Yasuní y a su gente, que incluye a los tagaeri y taromenane, las últimas poblaciones indígenas conocidas de Ecuador en aislamiento voluntario.

Sea cual fuera el resultado de esta votación, Muñoz afirma que el Estado debe empezar a desarrollar “alternativas económicas reales para estas poblaciones”.

En el extremo oriental de la provincia de Orellana, dentro del Bloque 43, está la comunidad huaorani de Kawymeno. En este lugar que limita con Perú, así como en otros cantones más cercanos al ITT, están a favor de continuar con la explotación.

“Si no hubiese la industria petrolera, nosotros no hubiéramos tenido educación, salud, bienestar familiar”, dijo hace unas semanas a France 24Panenky Huabe, presidente de la comunidad, evidenciando la ausencia del Estado en este rincón de la Amazonía.

La polarización de la población amazónica es analizada por Patricio Quinda, emprendedor dedicado a promocionar el turismo desde hace dos décadas en el Parque Nacional Yasuní, desde la provincia de Orellana. “La industria petrolera, a través de sus relacionistas comunitarios, entra a diversas comunidades para dividirlos, introducen dirigentes para que los apoyen en sus políticas y difunden su sistema de regalías con los que ponen a los pobladores a su favor”, denuncia.

Por su lado, Illa Grafa, dirigente de la comunidad Rucu Jumandy Kawsay, en el cantón Archidona, no está de acuerdo con la actividad en el ITT, pero también se pone en el lugar de las personas que piensan distinto.

“Cada sitio ve su realidad, pero el principal problema de todo lo que sucede en nuestras comunidades es que no hay trabajo. Por ejemplo, muchas personas se están dedicando al oro ilegal, que está dañando gravemente a nuestros bosques, pero no tienen alternativas”, explica Grafa.

“No debería de explotarse el petróleo, pero necesitamos los ingresos que genera”, afirma con preocupación y pena.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Flor Ruiz es fotoperiodista, periodista y videasta. Colabora en medios como BBC, El Comercio y La República, entre otros. Es miembro de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

Con una preparación mínima, soldados armados montando guardia y los estruendos de la guerra perceptibles en la distancia, varias zonas de Ucrania bajo ocupación rusa han iniciado este viernes los llamados referéndums.

Los residentes de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, controladas por fuerzas rusas, votan estos días para declarar la independencia y unirse a Rusia. Las votaciones han sido ampliamente condenadas en Kiev y en Occidente por considerarlas ilegítimas y parecen un intento de encubrir la anexión ilegal por parte de Moscú. Se han organizado apresuradamente tras ser anunciadas a principios de esta semana y está previsto que duren hasta el martes.

El presidente Vladímir Putin ha indicado que Rusia planea reclamar los territorios una vez terminen las formalidades de la votación y ha amenazado con que Moscú está dispuesto a defender sus ganancias utilizando todos los medios disponibles, incluidas las armas nucleares.

En Kiev, las autoridades han dicho que las votaciones no tendrán ningún efecto en la situación sobre el terreno ni en la actual contraofensiva del ejército ucraniano. “No hay ningún referéndum. Se trata de un ejercicio de propaganda al que están llamando referéndum”, declaró Mijailo Podoliak, consejero del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, en una entrevista. “No significa nada. Será un montaje en el que habrá cámaras de televisión rusas”.

The Guardian ha hablado con varias personas en la ciudad ocupada de Jersón a través de aplicaciones de mensajería segura y todas ellas han señalado la falta de actividad sobre el terreno. “No conozco a nadie que piense ir este fin de semana a votar. Estoy en contra de la anexión, pero ¿para qué molestarse en votar? Todo está ya decidido por nosotros. Estoy seguro de que contarán los votos como les plazca. Todo es inútil”, dice Svitlana, que se describe a sí misma como una madre apolítica que se queda en casa.

“Hacerlo mal, mejor que no hacerlo”

La rapidez con la que se ha organizado la votación parece haber impedido a las autoridades de ocupación lanzar una campaña para fomentar la participación y presionar a la gente para que vote. “No he visto ninguna campaña, ni carteles electorales y no tengo información sobre dónde debe votar la gente. Hay un rumor de que van a ir de puerta en puerta, pero no lo sé”, dice otro residente de Jersón que no quiere revelar su identidad.

La misma persona describe un ambiente cada vez más tenso en las últimas semanas en la ciudad, especialmente desde el éxito de la contraofensiva ucraniana en la región nororiental de Járkov. Otras personas describen sentimientos similares. “Cada vez es más difícil ponerse en contacto con la gente de la ciudad. Ahora hay constantes registros domiciliarios y se revisan los teléfonos. A menudo tengo miedo de hablar de política con mis amigos por temor a meterlos en problemas”, dice Olena, que abandonó Jersón hace dos semanas.

En entrevistas para medios rusos, el vicegobernador designado por Moscú para la región ocupada de Jersón ha afirmado que hay 198 mesas electorales abiertas en la región. “Nuestro futuro forma parte de un solo país, grande y unido”, dice Kirill Stremousov. Un vídeo procedente de Donetsk muestra supuestamente “comisiones electorales móviles” que van casa por casa atrayendo al electorado con altavoces y pidiendo a la gente que salga a votar. Stremousov ha afirmado falsamente que la votación cumple todas las normas electorales internacionales.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que supervisa elecciones, ha enumerado una serie de razones por las que los referéndums no deberían tener fuerza legal: no cumplen las normas internacionales, son contrarios a la legislación ucraniana, las zonas no son seguras, no habrá observadores independientes y gran parte de la población ha huido.

Rusia se anexionó Crimea en 2014 tras un referéndum que también fue calificado de ilegítimo y controla parte de las regiones de Donetsk y Lugansk desde 2014, las cuales dirige como agentes rusos pese a su denominación como “repúblicas populares”.

Desde primavera ha habido rumores de que el Kremlin planeaba celebrar votaciones en el este de Ucrania, pero Moscú esperaba obtener el control total de las cuatro regiones antes de ordenar el referéndum. Cuando Ucrania comenzó su contraofensiva a principios de mes, los planes se pospusieron indefinidamente.

“Hace un par de semanas vimos que todos los consultores que vinieron de Rusia para organizar este referéndum volaron a casa y parecía que lo estaban posponiendo”, dice una fuente de inteligencia desde Kiev. “Creemos que se dieron cuenta con la contraofensiva de que la situación militar no era propicia para hacerlo, pero luego, tras pensarlo un poco, decidieron que hacerlo mal es mejor que no hacerlo”.

La reconquista ucraniana de territorios en los que los rusos habían prometido a la población local que se quedarían allí “para siempre” ha tenido consecuencias en las demás zonas ocupadas y ha llevado a muchos a recalibrar sus decisiones de colaboración, dicen los funcionarios ucranianos.

La viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, ha afirmado que ha escuchado llamadas telefónicas interceptadas desde zonas ocupadas de personas que intentaban deshacerse de los acuerdos previos de cooperación con los rusos tras asustarse por el éxito de la contraofensiva. “La gente intentaba librarse de participar en la organización de este referéndum de forma masiva. He escuchado estas conversaciones y estaban pensando en cómo huir y cómo escribir una carta de dimisión”.

Cientos de miles de personas han abandonado las zonas ocupadas desde la invasión, algunas hacia Rusia y otras hacia el territorio controlado por Ucrania o a Europa occidental.

A medida que la ocupación ha ido avanzando, los rusos han reprimido cada vez más la disidencia entre los que se han quedado. En los primeros días hubo concentraciones masivas a favor de Ucrania en Kherson y otras ciudades ocupadas, pero fueron sofocadas gradualmente. En las últimas semanas han aumentado los registros puerta a puerta y la represión.

“La represión se ha intensificado”

“Todos los que han tenido la oportunidad de hacerlo, se han ido y los que han tenido que quedarse por diferentes razones están demasiado asustados como para protestar. Es poco probable que veamos protestas como a las que asistí al principio de la guerra. Simplemente no es seguro. La represión se ha intensificado”, dice Anzhela Hladka, una ejecutiva de publicidad de Jersón que dejó la ciudad en abril y ahora está en Países Bajos.

“La semana pasada, la mujer de un amigo llamó para decir que las fuerzas de ocupación irrumpieron en su casa y se llevaron a su marido. Estaba en contra de los rusos, pero no formaba parte de la resistencia. Le dejaron marchar al día siguiente, pero desde entonces no ha vuelto a ponerse en contacto con él. Oigo estas historias todo el tiempo”, dice.

En Kiev, Vereshchuk relaciona los referéndums con la reciente decisión de Rusia de movilizar reservistas y lo califica como un “intento patético” por parte de Putin para justificar ante el pueblo ruso la invasión en curso. “Es para explicar a una audiencia interna por qué ha habido tantas pérdidas. No creo que el ruso medio entienda realmente por qué su hijo ha muerto en algún pueblo de la región de Jersón”, dijo.

No hay duda de que Rusia proclamará que los referéndums han sido un éxito abrumador, pero lo que ocurra después es más difícil de predecir. Las autoridades ucranianas dicen que ignorarán cualquier reclamación rusa sobre su territorio. Mientras, los líderes occidentales esperan que las amenazas de Putin de ataques nucleares sean un farol desesperado.

Dmitri Medvédev, expresidente ruso y ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad, ha dicho directamente en Telegram que se podrían utilizar armas nucleares si los territorios recién anexionados se vieran amenazados. “Por eso estos referéndums son tan temidos en Kiev y en Occidente”.

Pasadas las 13.30 hora local (12.30 hora argentina), Héctor Llaitul fue arrestado en un restaurante en la ciudad de Cañete, a 550 kilómetros al sur de Santiago de Chile. El arresto se obró “sin oponer resistencia” el líder radical mapuche, según la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Minutos después, Llaitul fue trasladado en helicóptero hasta un cuartel policial en la vecina Temuco, capital de la región de La Araucanía y epicentro del llamado “conflicto mapuche”, que enfrenta desde hace décadas al principal pueblo indígena chileno con el Estado y grandes empresas forestales y agrícolas. Es el líder, mayor ideólogo actual e infatigable animador de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una agrupación indigenista que reivindica periódicamente ataques incendiarios contra latifundistas en el sur.

Para el arresto se invocó la Ley de Seguridad del Estado. Gabriel Boric había hecho campaña con la promesa de que su Gobierno se abstendría de usar esta herramienta. Al día de asumir, la Presidencia desestimó cientos de denucias que invocaban esta Ley.

La detención de Llaitul fue pedida por la Justicia. Está imputado como presunto autor de delitos de “hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad”.

“Como Gobierno queremos constatar que el Estado de derecho funciona y nadie está por sobre la ley”, dijo la ministra chilena del Interior, Izkia Siches, en una rueda de prensa en el palacio presidencial de La Moneda.

Una investigación iniciada en 2020

La detención de Llaitul, que el jueves pasará a disposición judicial, se enmarca en una investigación iniciada en 2020 tras una denuncia presentada por la Administración anterior, encabezada por Sebastián Piñera (2018-2022).

Pese a negarse en un inicio, el actual Gobierno del presidente Gabriel Boric amplió la denuncia contra Llaitul el pasado julio luego de que este llamara a continuar los sabotajes.

Siches confirmó que el Gobierno “participará de las audiencia y solicitará las medidas cautelares según los hechos delictivos que sean analizados por los equipos jurídicos”. “Hemos logrado, desde nuestro punto de vista, demostrar no sólo la existencia de los delitos, sino la participación del imputado en ellos”, explicó en otra rueda de prensa en el sur el fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido.

Llaitul, de 54 años, es uno de los rostros más visibles de la lucha armada mapuche y fue fundador en 1997 de la CAM, una agrupación que busca la “liberación nacional” del pueblo mapuche y de la que se han desmarcado grupos más radicales como la WAM (Weichán Auka Mapu).

El conflicto con este pueblo indígena se ha recrudecido en los últimos tiempos, con ataques incendiarios a maquinaria y predios y cortes de ruta casi a diario, así como tiroteos con víctimas mortales.

El experto mapuche y profesor de la Universidad de Chile Salvador Millaleo afirmó en declaraciones a la agencia española Efe que no descarta “reacciones” de la CAM y otros grupos y aseguró que el conflicto, en especial el robo de madera, no se resuelve con la detención de Llaitul.

“La incidencia que estos grupos tienen en la cadena de robo de madera es solo una parte. Hay personas que ponen el transporte, que falsifican papeles... Es una cadena muy larga donde incluso podemos pensar que hay parte del sector público involucrado”, añadió Millaleo, quien asesoró al Gobierno de Boric durante sus primeros meses.

¿Influirá el arresto del líder mapuche en el resultado del plebiscito constitucional?

El arresto fue celebrado de manera transversal tanto por el oficialismo de izquierda como por la oposición de derecha y también por las patronales del sur.

El presidente de la Corporación Chilena de Madera (Corma), Juan José Ugarte, resaltó que “la Justicia tarda pero llega” e indicó que “para las víctimas resultaba incompresible que (Llaitul) no estuviera detenido, después de haber confesado su participación en delitos graves”.

“Este es el momento en que el Poder Judicial debe demostrar que puede actuar con firmeza frente al máximo terrorista que opera en Chile y por fin sea juzgado por los graves delitos cometidos por su organización”, subrayó por su parte el presidente de la Multigremial Araucanía, Patricio Santibañez.

La detención de Llaitul tiene lugar 11 días antes de que los chilenos aprueben o rechacen en las urnas la propuesta de nueva Constitución que busca sustituir al texto actual, heredado de la dictadura militar.

Se desconoce el impacto que podría tener en la histórica votación del 4 de septiembre, aunque los expertos advierten que podría influir en los más de indecisos.

La ministra de Interior instó en ese sentido “a no sacar réditos políticos de esta situación y a dejar que las instituciones funcionen”.

AGB con información de agencias y medios

La jornada electoral de la consulta de revocación de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, concluyó este domingo con el cierre de las mesas electorales, sin que se reportaran incidentes.

A las 18 hora local en el centro de México cerraron las 57.448 mesas que recibieron a los electores en el proceso de consulta con una expectativa de escasa participación.

El Instituto Nacional Electoral (INE) no dará datos hasta que salgan los resultados preliminares y el consejero presidente de la institución, Lorenzo Córdova, explicó que en algunas zonas del país se vio mucha participación y en otras muy poca.

Córdova explicó que hacia las 11.30 hora local de Ciudad de México, el 99,96 % de las casillas (mesas) electorales estaban instaladas y recibieron a los electores y en un 80 % de las mismas no fue necesario recurrir a suplentes.

“Si hacemos una vista de vuelo de pájaro y se compara con el andar de jornadas electorales federales previas, la jornada es ya hoy, así puede catalogarse, una jornada definitivamente exitosa”, expresó Córdova en una conferencia de prensa poco después del mediodía.

El ejercicio, que el mandatario califica de “histórico”, llega en medio de críticas de la oposición al considerar que se trata de una campaña permanente para movilizar a sus bases.

El proceso ocasionó duros choques del mandatario y su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda) con el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Más de 92,82 millones de mexicanos mayores de 18 años estaban llamados a las urnas este domingo, según datos del INE.

El ejercicio de revocación de mandato, al que se opusieron los partidos de la oposición recomendando no participar en la votación, se considerará válido o vinculante si participa el 40 % de las personas inscritas en la lista nominal de electores, es decir cerca de 37 millones de personas.

Si el índice de participación se acerca al 40 % será considerado todo un éxito para López Obrador lo que legitimaría aún mas sus proyectos políticos en lo que resta de mandato hasta 2024; pero si baja del 30 % constituiría un serio revés para el mandatario.

La pregunta que aparece en las papeletas es: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Y tiene estas opciones de respuesta: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” o “Que siga en la Presidencia de la República”.

Entre las 21 y las 22, hora local, el INE dará resultados preliminares.

MB con información de agencia EFE

Aunque es pronto para pensar en la próxima campaña presidencial, la votación sobre el recurso a 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto estrella del Ejecutivo de Luis Lacalle Pou (del Partido Blanco, o Nacional, de centroderecha), signó la emergencia y configuración de dos grandes bloques en la ciudadanía uruguaya.

Con el 100 % de sufragios escrutados, la opción ganadora fue la de “no” derogar los 135 artículos sometidos a evaluación, pero con una diferencia de apenas 22.556 votos frente al “sí”, apoyado por organizaciones sociales y políticas de izquierda.

De un lado, la coalición “multicolor”, es decir, los cinco partidos que apoyaron como candidato presidencial a Lacalle Pou, del Partido Nacional, nacida durante la campaña electoral de 2019. Del otro lado, el Frente Amplio (FA), bloque de izquierdas nacido en 1971, que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y que hoy es la principal fuerza de la oposición.

En este escenario político, no sorprende que las cifras parejas de la votación en el referéndum, con su resultado conservador de no innovara, de mantener en vigor la Ley 19.889, modernizadora, o neoliberal, promulgada en 2020, fuesen interpretadas como un triunfo por los dos bloques. Apenas un par de decenas de miles de votos separaron al victorioso 'no innovar' del 'sí retroceder' al estadio anterior a las reformas centroderechistas.

Pese a la derrota, la Comisión por el 'Sí' consideró un éxito la igualdad mantenida hasta el final de la jornada que, por momentos, fue un empate técnico y se valoró tanto la campaña de recolección de firmas de 2021 que derivó en la celebración del referéndum, como la alta adhesión en la votación.

Por su parte, el presidente uruguayo indicó que el referéndum ya era una “etapa superada” y que desde este lunes el Ejecutivo acometería “con el mismo optimismo y las mismas ganas” las tareas pendientes.

Una victoria compartida de izquierdas y derechas

Consultados por EFE, analistas políticos uruguayos reafirmaron esta lectura en la que ambos bloques salieron triunfantes.

Por una parte, el periodista y politólogo Alfonso Lessa afirmó que los resultados son un “espaldarazo” a Lacalle Pou y a la coalición, puesto que “todos los líderes de los partidos que la integran se pusieron la campaña al hombro” y “prácticamente no perdió votos” con respecto a la segunda vuelta de las elecciones de 2019.

La coalición oficialista está integrada por los dos partidos históricos de Uruguay, el Nacional y el Colorado (centroderecha); el Independiente (centroizquierda); el Partido de la Gente y Cabildo Abierto (derecha).

Precisamente, el último de los apoyos, el que está más a la derecha, es el que puede plantear algún problema dentro del grupo multicoloreado. Ya que, además de diferir abiertamente en algunas políticas con el resto, Cabildo Abierto tiende a captar un voto humilde, como el que en algunos momentos apoyó al Frente Amplio.

De hecho, este domingo, su líder, Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército, reclamó “diálogo” para atender a los problemas sociales de los más desfavorecidos; una frase que también se escuchó en la celebración del comando opositor, el comando del 'Sí'.

A los ojos del docente e investigador Antonio Cardarello, el triunfo del “No” ha de entenderse como victoria “a medias” para el bloque oficialista. Porque los resultados resultaron muy poco “contundentes”. Según este politólogo, profesor de la Universidad de la República (UDELAR), debe reconocerse que el gobierno goza de alta aprobación respecto a la gestión de la pandemia. Sin embargo, apunta que los números del domingo dejan ver la disconformidad popular con asuntos como la “política económica”, donde Lacalle Pou es peor valorado, como también señalan las últimas encuestas.

Hay coincidencia entre los analistas Lessa y Cardarello en hacer hincapié en que el marcadamente alto porcentaje de votos impugnados (un 3,6 %) deja completamente al desnudo el inconformismo de un amplio sector del padrón. Un mensaje, dicen, que debería ser considerado por todo el sistema político.

Respecto a la posible proyección del referéndum sobre el horizonte de las elecciones de 2024, Lessa manifestó que todavía es “temprano” para pensar en las próximas presidenciales uruguayas. En todo caso, afirmó, ya se puede inferir una conclusión importante: la consolidación de “dos grandes bloques”.

Cardarello argumentó que el escenario que ha dejado en pie el referéndum puede tomarse como “predictor”. Interpreta que se dio una “suerte de empate”, en el que el Frente Amplio tiene “espacio para crecer”, aun con las debilidades mostradas en el interior del país. “El 'no' votó en el piso que tenía y el 'sí' votó cerca del techo”, sentenció.

Uruguay es un país donde las campañas políticas son muy extensas e intensas. Parece que la de 2024 puede serlo aún más que las anteriores. Dos bloques sólidos deben salir a convencer al electorado de que su proyecto político es el mejor para avanzar. Pero sin perder en el camino las señas de identidad democrática del “paisito”: la República Oriental del Uruguay sigue siendo uno de los países más igualitarios de la región.

AGB

La Corte Electoral uruguaya validó este miércoles la cantidad de firmas necesarias para convocar a un referendo contra parte de una ley clave del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, que se realizará el 27 de marzo, informaron las autoridades judiciales.

El opositor Frente Amplio (FA, izquierda) y organizaciones sociales presentaron en julio más de 730.000 firmas para impulsar esta instancia contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), hoja de ruta de la coalición oficialista de derecha que entró en vigencia en junio de 2020.

Para activar este mecanismo es necesario un 25% del padrón electoral, lo que equivale a 671.544 firmas, las cuales se alcanzaron este mediodía, según informó la Comisión Nacional pro Referéndum.

“¡Hay referéndum! La Corte Electoral validó las firmas necesarias”, informó el grupo en su cuenta de Twitter, donde rápidamente dirigentes de la oposición comenzaron a replicar y saludar la noticia.

A partir de la confirmación del conteo de firmas, la Corte Electoral tiene 120 días para convocar a la consulta popular, que será de voto obligatorio.

La LUC es el buque insignia de Lacalle Pou, quien asumió el 1 de marzo de 2020 tras 15 años de mandatos de izquierda. Fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 10 de julio de 2020 y constituye una de las normas más importantes de la actual administración, defendida por Lacalle Pou como “buena, justa y popular”.

Sin embargo, desde la oposición se levantaron voces en contra y el Frente Amplio advirtió que se perdieron derechos y libertades y que se legisló a favor de los más privilegiados.

El FA llamó a derogar 135 de los 476 artículos de la ley, la cual refleja los principales puntos del programa de la coalición oficialista, abarcando temas tan diversos como seguridad pública, educación, economía o salud.

Entre los puntos más cuestionados están la flexibilización del uso de la fuerza policial, la regulación del derecho a la huelga y declaración de ilegítimos a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que “afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios”, con la consecuente facultad para disolverlos.

En cuanto al Código Penal, la LUC amplía para los menores en edad imputable las penas mínimas y máximas, además de limitar para adolescentes el régimen de semilibertad.

También extiende el concepto de legítima defensa a un bien material, alarga de 2 a 4 horas el plazo que tiene la Policía para informar a Fiscalía de la detención de una persona, y otorga potestad a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos “preventivos rutinarios”.

También dispone cambios en el mercado del petróleo crudo y sus derivados, elimina la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia y reduce el rol de los directores generales de los Consejos de Educación.

Analistas entienden que el referendo podría convertirse en una suerte de plebiscito sobre la gestión del mandatario, que de acuerdo a las encuestas aún cuenta con aceptables niveles de aprobación.

CB con información de agencias