El Senado aprobó este jueves la prórroga del juez Carlos “Coco” Mahiques al frente de la vocalía séptima de la Cámara Federal de Casación Penal, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el kirchnerismo. El pliego obtuvo 58 votos afirmativos y 11 negativos, lo que le permitirá al magistrado continuar en el cargo por cinco años más pese a alcanzar en noviembre próximo el límite constitucional de 75 años para ejercer funciones judiciales.

La continuidad de Mahiques había sido impulsada por el Poder Ejecutivo a comienzos de febrero, antes de la asunción de su hijo, Juan Bautista Mahiques, como ministro de Justicia. La Constitución Nacional establece que los jueces federales pueden seguir en funciones luego de los 75 años únicamente mediante un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado.

La votación dejó expuesta una división dentro del interbloque peronista. Entre quienes rechazaron el pliego estuvieron Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, José Mayans y Martín Soria, mientras que otros referentes del espacio, como Juan Manzur, Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Marcelo Lewandowski, acompañaron la designación.

Durante el debate, el kirchnerismo cuestionó duramente la continuidad del magistrado y puso el foco en su traslado a la Cámara de Casación durante el gobierno de Mauricio Macri. Martín Soria sostuvo que Mahiques “no reúne las condiciones éticas, constitucionales ni jurídicas” para seguir en el cargo y lo acusó de formar parte de una estructura judicial alineada con intereses políticos y económicos.

El senador rionegrino también recordó el viaje a Lago Escondido que involucró a jueces, funcionarios y empresarios de medios, y señaló que ese episodio “expuso el funcionamiento del blindaje judicial”. En la audiencia pública previa, Mahiques había defendido aquel viaje y aseguró que se trató de “un viaje de amigos camaradas” y no de una actividad oficial.

Desde el oficialismo salieron a respaldar al magistrado y defendieron la legalidad de su traslado. La senadora libertaria Nadia Márquez remarcó que el movimiento se concretó en 2018 bajo las normas vigentes de entonces y recordó que el fallo de la Corte Suprema en el caso “Bertuzzi”, utilizado como argumento por la oposición, fue posterior. Además, rechazó que el vínculo familiar con el ministro de Justicia fuera motivo para impedir su continuidad.

La defensa más encendida llegó por parte de Patricia Bullrich, quien cruzó al jefe del bloque Popular, José Mayans, luego de que este denunciara una supuesta “justicia a la carta” y vinculara a Mahiques con el lawfare contra Cristina Kirchner. La ministra acusó al kirchnerismo de atacar al juez por haber intervenido en causas de corrupción contra exfuncionarios del peronismo y aseguró que “no fue Mahiques el que se robó Vialidad, sino quienes hoy lo cuestionan”.

El debate terminó convertido en una nueva disputa política sobre el funcionamiento del Poder Judicial y la relación entre la justicia federal y la dirigencia política. Mientras el oficialismo defendió la continuidad de Mahiques como una decisión institucional para evitar vacantes en la Cámara de Casación, el kirchnerismo denunció una avanzada para consolidar una estructura judicial afín al Gobierno y a sectores de poder.

Con información de medios

JIB

El empresario de la construcción Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, es el centro de un conflicto judicial que involucra a un tribunal y a una cámara y que podría llegar a la instancia máxima, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Tribunal Federal Oral Nº 7 (TOF 7), que debe realizar el juicio oral por el caso de “los cuadernos de las coimas” —uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de nuestro país—, dictó una resolución en la que fija una posición crítica sobre la decisión de la Cámara de Casación de beneficiar a Calcaterra al enviar el expediente en el que está involucrado a la Justicia Electoral: es decir, desligándolo de la posibilidad de que haya incurrido en sobornos para enfocar la investigación en posibles aportes de campaña no declarados.

El caso Cuadernos se destapó en agosto de 2018, cuando se hicieron públicos una serie de cuadernos escritos por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, quien era un alto funcionario del Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

En los cuadernos, Centeno detallaba meticulosamente el recorrido que hacía para recoger y entregar bolsos con dinero en efectivo, supuestamente provenientes de coimas pagadas por empresarios —entre los cuales figura Calcaterra, primo del expresidente y ahora presidente del PRO— a funcionarios del gobierno kirchnerista. Los cuadernos documentaban fechas, montos, lugares de entrega y nombres de los involucrados, proporcionando una visión detallada de una presunta red de corrupción y sobornos.

Ahora, el TOF 7, encargado del juicio por este caso, acusó a los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, de la Cámara Federal de Casación, de excederse en sus atribuciones al enviar el expediente específico sobre Calcaterra a la Justicia Electoral. Según el tribunal, sólo la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la autoridad para resolver el conflicto de competencia planteado por la defensa de Calcaterra.

Es que Casación aceptó un planteo de Calcaterra que había sido previamente rechazado por TOF 7: decidió que los pagos ilegales que el empresario de la construcción admitió haber hecho no debían ser juzgados como sobornos sino como “aportes de campaña” no declarados, lo que reduce el riesgo de prisión a una multa.

Los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori y Fernando Canero coincidieron en que la Casación se excedió, pero decidieron no pedirle a la Corte Suprema que interviniera de inmediato. En cambio, el juez Germán Castelli, más crítico, votó a favor de solicitar la intervención de la Corte Suprema inmediatamente: a su criterio, hubo “interferencias funcionales extrañas a la buena administración de justicia”.

Castelli envió una nota directamente a la Corte Suprema —lo que según dijeron a elDiarioAR abogados del caso es algo bastante inusual— para informarles sobre la decisión y pedirles que tomaran conocimiento del caso. El fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé pidió la nulidad del fallo de ese mismo tribunal.

Por lo tanto, el caso llegó a la Corte de manera poco habitual y el máximo tribunal tendrá que tomar una decisión, obviamente con los tiempos de la Corte. De todas maneras, tampoco hay fecha para el juicio.

JJD

Una denuncia interpuesta por miembros de la Comunidad Indígena “Sentimiento de mi Tierra”, perteneciente al pueblo originario Sanavirón, de la provincia de Santiago del Estero, que advirtió la contaminación ambiental del agua, suelo y aire, motivada por la aplicación de agrotóxicos en la producción agrícola de una zona próxima a la que habitan, cercana a la localidad de Pinto, derivó en una causa judicial en la que la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, hizo lugar a un recurso para investigar.

Los denunciantes relataron que a partir de la aplicación de glifosato sobre las tierras, los animales habían comenzado a morir y los habitantes de la comunidad presentaban brotes en todo el cuerpo, dolores de cabeza, manchas en la piel y otras dolencias. También indicaron que una vez finalizadas las tareas de fumigación, los agroquímicos permanecían almacenados en los depósitos de agua y aljibes que se utilizan para beber.

Slokar que lideró el acuerdo –a cuyo voto adhirieron los jueces Petrone y Barroetaveña-, al hacer lugar a la petición del acusador evocó el informe confeccionado desde el INTA (Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria) y en base a ello sostuvo que: “Los derechos humanos a la salud, a la alimentación, al agua, al medio ambiente, a la vivienda, a la tierra y a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas resultan vulnerados a través del empleo de agroquímicos elaborados con atrazina o glifosato”.

En su voto, señaló también que: “Se trata del impacto socioambiental y sociosanitario de un insumo considerado potencialmente cancerígeno en razón de las intensivas fumigaciones aéreas que provocaron muertes o deformaciones en animales y padecimientos en adultos y niños”.

Finalmente, Slokar destacó el imperativo por el cual “los Estados deben adoptar medidas especiales y específicas destinadas a proteger, favorecer y mejorar el ejercicio de los derechos humanos por los pueblos indígenas y tribales y sus miembros”.

MM con información de la agencia NA.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes el sobreseimiento al expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, según la sentencia a la que tuvo acceso Télam.

La decisión de la sala II del máximo tribunal penal del país abarcó además a los ex titulares de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y a 9 ex agentes del organismo que estaban imputados en la causa.

Los camaristas Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky en su voto mayoritario sostuvieron que la Cámara Federal porteña “realizó un tratamiento concreto y pormenorizado de los hechos” de la causa cuando revocó el procesamiento y sobreseyó a Macri.

En la causa se investigan seis hechos de seguimientos, obtención de información y producción de inteligencia presuntamente ilegal sobre familiares y amigos de los fallecidos en el ARA San Juan y de dos buques pequeros hundidos, El Repunte y El Rigel.

“No pasan inadvertidos ni resultan indiferentes los difíciles momentos atravesados por los familiares y amigos de las personas fallecidas durante el lapso de tiempo transcurrido desde el hundimiento del submarino ARA San Juan –ocurrido el 15 de noviembre de 2017- hasta la actualidad”, expresó la sentencia.

Pero ello “no alcanza para tornar ilegales los comportamientos detenidamente examinados” cuando se dictaron los sobreseimientos ahora confirmados por considerar que no hubo delito y que se trató de tareas vinculadas a la seguridad presidencial.

“Es menester que la causa en la que se investiga dicho hundimiento avance definitiva y prontamente hacia una respuesta concreta para los referidos familiares de los cuarenta y cuatro (44) tripulantes fallecidos que perdieron la vida en el cumplimiento del deber y al servicio de la patria”, concluyó la sentencia.

“No se les cae la cara. ¡Mamita!”

Al enterarse del fallo, Cristina Fernández de Kirchner salió en X (Twitter) a afirmar que “Macri confirmó su impunidad” y comparó el sobreseimiento con otra decisión judicial en su contra: la revocación de su sobreseimiento en la causa de la ruta del dinero K.

“Postales de una mañana argentina: Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del 'dinero K' y, como parece que no gana, consiguió que el poder judicial suspenda las elecciones en Boca a cinco días de su realización. Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. ¡Mamita!”, dice el posteo de la vicepresidenta de la Nación.

Con información de Télam

JJD

La flamante presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, anticipó que dictará sentencia en las causas en las que ha intervenido, entre ellas las del Memorándum con Irán, que investiga encubrimiento, y la causa por presunto lavado conocida como Los Sauces-Hotesur, que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“En las causas en las que he participado, voy a dictar sentencia sin ningún problema. Sólo voy a dejar de firmar en las causas nuevas”, anticipó Figueroa en declaraciones este sábado al programa Toma y Daca que se emite en AM750.  

La jueza ratificó que “fue Juan Bautista Mahíques” -hoy fiscal general dela Ciudad e Buenos Aires- quien la visitó en su despacho en la víspera de un fallo en la causa del Memorándum con Irán y se mostró a favor de “sanear el Poder Judicial” porque “es una necesidad”. Además, sostuvo que “faltan muchas cosas en materia de género” en la Justicia y advirtió “la Corte Suprema no pasa un test de género”. “Los chats entre jueces y fiscales me dieron tristeza”, afirmó sobre la reciente filtración, tras el hackeo de una línea telefónica, de conversaciones y audios de un grupo de jueces, funcionarios y ejecutivos de medios que participaron de un viaje a Lago Esconido, en Río Negro, denunciado por “dádivas”.

La jueza Figueroa fue elegida esta semana para presidir de la Cámara Federal de Casación Penal en el 2023, mientras que los jueces Mariano Borinsky y Daniel Petrone la secundaran como vicepresidente primero y segundo, respectivamente, de ese tribunal.

Figueroa sucederá en la presidencia de máximo tribunal penal del país, solo por debajo de la Corte Suprema de Justicia, al juez Alejandro Slokar que volverá a integrar la sala segunda del tribunal.

Entre sus principales definiciones, Figueroa dijo:

-“Cuando hay un grupo de funcionarios que no respetan el compromiso ético, nos pone al resto en la picota. Les puedo asegurar que no todos estamos en esa y no somos todo lo mismo”.

- En el caso de los chats de Lago Escondido “debe actuar el Consejo de la Magistratura”

- “Hay que hacer cambios en el Poder Judicial: hay que coordinar con la política para poder hacerlos”

- “Se necesitan cambios, pero debe haber un feed back, un ida y vuelta con el poder político”

- “Queremos que se sanee el Poder Judicial porque lo necesita la República”

-“En la causa de Mesa Judicial intervine cuando me remitieron el expediente”

- “Yo dije en sede judicial que el funcionario que me visitó en mi despacho fue Juan Bautista Mahíques”. En junio de 2020, Figueroa denunció que el ex funcionario y actual fiscal general porteño, Juan Bautista Mahíques, intentó presionarla, al declarar por escrito como testigo en la causa en la que se investigan presuntas injerencias del gobierno de Mauricio Macri sobre el Poder Judicial.

- “Mahíques pudo mentir en la causa judicial porque no era testigo, yo sí era testigo y estaba obligada a decir la verdad”

- “En las visitas a todas las Cámaras provinciales voy a impulsar seminarios de género. Se avanzó mucho en materia de género, pero también sabemos que falta mucho”

- “La Corte Suprema no pasa un test de género. Son todos varones”

- “No conozco el expediente de Milagro Sala, pero entiendo que el equipo jurídico puede recurrir a instancias internacionales”

- “En términos generales no lo puedo afirmar, pero hubo casos focalizados de ensañamiento judicial: recuerdo las 8 citaciones de (el fallecido juez Claudio) Bonadio en un mismo día para Cristina Fernández de Kirchner”.

La Cámara Federal de Casación ratificó este miércoles a los jueces y los fiscales que intervienen en el juicio oral por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, al rechazar las recusaciones planteadas, entre otros, por la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

El máximo tribunal penal, en un fallo firmado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, recordó que “por regla general, las resoluciones que deciden acerca de recusaciones no son susceptibles de ser impugnadas ante esta instancia”.

Tras conocerse las fotos del juez Rodrigo Giménez Uriburu y del fiscal Diego Luciani jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad del ex presidente Mauricio Macri, la defensa de Cristina Kirchner –a cargo del abogado Alberto Beraldi- recusó a ambos.

A esas recusaciones se sumaron luego la del fiscal Sergio Mola y del juez Jorge Gorini, a las que se adhirieron o directamente presentaron las defensas de los imputados Julio De Vido, Carlos Santiago Kirchner, Lázaro Báez y Nelson Periotti.

El 22 de agosto pasado, el Tribunal Oral Federal número dos, que lleva adelante el juicio (que se encuentra en su etapa final) rechazó todas las recusaciones.

Ahora, la Cámara ratificó ese criterio, “pues la defensa no ha logrado demostrar la arbitrariedad de los fundamentos expuestos en la resolución impugnada”.

Pese a invocar el “temor de parcialidad” que generaron aquellas circunstancias que motivaron las recusaciones, la Casación entendió que la defensa de la ex presidenta “no ha logrado demostrar, ni se advierte en el estado actual del proceso, la existencia de un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior o una cuestión federal debidamente fundada”.

Cuando planteó las recusaciones Beraldi expuso una serie de elementos que, según su criterio, generan temor de parcialidad en relación a los magistrados que intervienen en el proceso, como el hecho de haberse enterado a través del diario Página/12 que el fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu comparten un equipo de fútbol llamado La Liverpool que disputó encuentros en la quinta Los Abrojos, de la familia Macri.

“El juez Gorini y el juez Giménez Uriburu también visitaban a la Lic. (entonces Ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich, incluso cuando ya tenían a su conocimiento las presentes actuaciones”, recordó el abogado de la expresidenta en otro tramo del recurso que había presentado.

“¿Qué hubiese sucedido si se hubiesen dado a conocer fotografías en las cuales los miembros del Tribunal hubiesen aparecido jugando al fútbol con las personas que están siendo juzgadas en este proceso? Sin lugar a dudas, estaríamos en presencia no sólo de un escándalo nacional, sino también ante la inmediata promoción de una causa penal y de un juicio político en contra del juez que habría desarrollado tal conducta”, afirmó Beraldi.

Con información de NA y Télam.

IG

La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la excarcelación dispuesta en marzo último para el exjefe de la Uocra platense Juan Pablo “Pata” Medina, pero se mantiene la prohibición de realizar actividad sindical, informó una fuente judicial.

La medida fue dispuesta por la Sala II del mencionado tribunal, integrada por los jueces Carlos A. Mahiques y Guillermo Yacobucci y la jueza Angela Ledesma, al declarar inadmisible un recurso extraordinario presentado por la fiscalía.

De esa manera, quedó firme la libertad para el exsindicalista, acusado de hechos de corrupción, que había sido dispuesta en marzo último por el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata.

César Albarracín, abogado de Medina, expresó “es una decisión muy importante, ya que pone fin a una ilegitimidad, a la detención como consecuencia de la 'Gestapo'”, en alusión al supuesto espionaje ilegal a dirigentes políticos, sociales y gremiales, entre otros, durante el Gobierno macrista.

“Era una situación gravísima, con la cantidad de pruebas que hay sobre el armado de causas a dirigentes, que Pata Medina continuara detenido, nos parecía algo contrario al estado de derecho”, sostuvo.

DA

El juez Alejandro Slokar fue electo este martes presidente de la Cámara Federal de Casación Penal luego de desempeñarse como vicepresidente del máximo tribunal penal del país.

Slokar fue elegido por unanimidad y, secundado ahora por el magistrado Mariano Borinsky, vuelve a la presidencia de la Cámara que ocupó en 2016, según indicaron fuentes judiciales.

La vicepresidencia segunda de la cámara de Casación será ocupada por la jueza de la sala primera de ese tribunal, Ana María Figueroa.

Durante el último tiempo, Slokar fue uno de los jueces de Casación con posición más crítica en relación a sus colegas Gustavo Hornos, presidente del tribunal en 2021, y Borinsky, luego de que trascendiera que se habían reunido con Mauricio Macri durante el gobierno de Cambiemos. Es uno de los fundadores de la Asociación Justicia Legítima, cercana al kirchnerismo, que hoy preside Cristina Caamaño, actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia.

En los primeros días de marzo, durante una reunión de acuerdo de superintendencia del máximo tribunal penal, Slokar reclamó la renuncia de Hornos a la presidencia del cuerpo a raíz de la polémica originada por las visitas a la Casa Rosada.

Slokar dejó asentado aquel planteo por escrito tras constatar que las explicaciones ofrecidas por Hornos en una reunión anterior, en la que habló de un supuesto vínculo social con Macri, no habían quedado plasmadas en el acta del encuentro.

El magistrado fue nombrado como camarista de Casación en 2011, a través del Concurso 197 y, actualmente, se desempeña como integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal con los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci.

En la elección por unanimidad de Slokar se impuso en Casación el criterio que establece que existe un orden para llegar a la presidencia de ese cuerpo y que en esta oportunidad era su turno porque viene de ejercer la vicepresidencia primera.

El otro candidato era Daniel Petrone, juez de la sala primera de la Casación, que está llamada a revisar dos fallos de altísimo impacto emitidos este año por distintos tribunales orales: se trata de aquellos en los que se dispuso el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados de las causas conocidas como Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces.

Con información de agencias.

IG