El FBI empezó el día diciendo que tenía fotos e imágenes del supuesto asesino de Charlie Kirk y que confiaba lograr identificarlo. Pero, 13 horas después, terminó el día publicando las fotos y el video y pidiendo ayuda a la ciudadanía porque las horas pasan y el sospechoso sigue a la fuga. Además, se ofrecen 100.000 dólares de recompensa “por información que conduzca a la identificación y arresto de la(s) persona(s) implicada(s) en el asesinato de Charlie Kirk”.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que compartirían “un fragmento del video que tenemos del sospechoso, así como algunas imágenes nuevas para que reciban la mayor atención posible para que podamos obtener ayuda del público para rastrear a este ser humano malvado”.

El comisionado Mason, del Departamento de Seguridad Pública de Utah, dio a conocer imágenes en las que se veía el edificio donde el tirador hizo el disparo caminando por tejado hasta descender por una esquina y caer al suelo. “Al hacerlo, dejó algunas huellas de palmas, hay algunas manchas y buscamos ADN en algunos lugares”,dijo Mason, quien agregó que “hay una huella de zapato donde creemos que el sospechoso usa zapatillas Converse. Es importante observar su camiseta negra, sus pantalones negros. Todos estos son elementos identificables que buscamos en las imágenes”.

En las fotos se ve al sospechoso con “una camiseta muy distintiva con una bandera estadounidense y un águila. También hay una gorra de béisbol con un triángulo y unas gafas de sol. Pedimos al público que busque e intente identificar si conocen a alguien que tenga esos artículos o que haya sido visto usándolos”.

Una vez que el sospechoso logró bajar del techo, se mueve “por la zona verde que rodea el estacionamiento. Después de cruzar la calle, se adentra en la zona boscosa”, explica Mason, quien añade: “Hemos publicado esto y seguiremos haciéndolo”.

“En este momento, les brindamos la información más reciente, siendo lo más transparentes posible con todo lo que tenemos, explica el gobernador: ”Hasta ahora, hemos recibido más de .7000 pistas y avisos. Cabe mencionar que el FBI no había recibido tantas pistas digitales del público desde el atentado de la Maratón de Boston. Contamos con 20 colaboradores federales, estatales y locales que trabajan codo con codo para encontrar a la persona que cometió este horrible crimen. Con su apoyo, hemos completado casi 200 entrevistas. Como ya saben, el FBI ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto del responsable del asesinato de Charlie Kirk“.

El pedido de las autoridades

“Seguimos implorando al público que apoye esta investigación y aporte cualquier información. Esperamos sinceramente que este video y las nuevas fotos generen aún más pistas que estamos procesando. Contamos con un equipo increíble a nivel estatal y federal que trabaja en conjunto para procesar estas pistas. Saldremos a entrevistar a cualquier posible persona de interés o sospechoso. Pero necesitamos, de nuevo, toda la ayuda posible. Cualquier video o foto que tenga disponible para el público debe enviarse a nuestra línea de información para medios digitales También puede proporcionar información general sobre el tiroteo llamando al 800. Tenemos personal en todo el país que está ayudando a llevar ante la justicia al responsable de Charlie Kirk y su familia. Como se mencionó, se está procesando mucha evidencia forense en este momento, tanto en el laboratorio estatal como en los laboratorios federales de la costa este. Estamos trabajando en conjunto. También agregamos una nota para quienes pasan tanto tiempo en las redes sociales. Vamos a atrapar a esta persona. Hemos estado trabajando con nuestros abogados para preparar todas las declaraciones juradas necesarias para poder solicitar la pena de muerte en este caso. Y eso ocurrirá aquí en el estado de Utah”, explicó el gobernador Mason.

Según Trump, el sospechoso del asesinato de Kirk “está detenido”

“Tenemos al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk bajo custodia”. Así anunció el presidente de EEUU, Donald Trump, que la persona que buscaban “está detenido”. Lo hizo en una entrevista con Fox News horas después de que el FBI difundiera imágenes del sospechoso.

“Creo que, con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia”, agregó el presidente de EEUU: “Todos hicieron un gran trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador. Todos hicieron un gran trabajo. Se ha trabajado muchísimo en los últimos dos días y medio”, confirmó Trump: “Alguien muy cercano a él lo delató”.

El Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, firmó en Washington un acuerdo con el FBI para que las fuerzas federales argentinas actúen de manera conjunta con la agencia norteamericana en el combate contra el delito complejo, según se informó oficialmente.

A través de la firma del documento -que tuvo lugar este jueves y que fue suscripto por el director Adjunto del FBI, Jasón Beachy- se crea un equipo de trabajo conjunto con las policías de los dos países, que tendrá como objetivos principales “la capacitación, provisión de equipamiento e intercambio de información, con el objetivo de luchar contra el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y el ciberdelito”.

Desde la cartera de Seguridad destacaron que la Argentina “será el primer país de América Latina en conformar este equipo especial y en la misma línea lo harán Paraguay y Brasil”.

Además informaron que Fernández mantuvo en Washington una reunión con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, para dar continuidad a la agenda de trabajo que vienen llevando ambos países en materia de fortalecimiento de la seguridad.

Según se precisó, el ministro de Seguridad ya emprendió el regreso a Buenos Aires.

Con información de Télam.

IG

Todo empezó con una advertencia del FBI de cara al viernes santo. “Evite utilizar estaciones de carga gratuitas en aeropuertos, hoteles o centros comerciales. Actores malintencionados han descubierto formas de utilizar los puertos USB públicos para introducir malware y software de vigilancia en los dispositivos. Lleve su propio cargador y cable USB y utilice una toma de corriente”, publicó en Twitter la cuenta del organismo en Denver.

Es un aviso de ciberseguridad que podría haber emitido prácticamente cualquier institución del mundo. Como cita el cuerpo de seguridad estadounidense, el uso de estos puntos de recarga está desaconsejado: para un ciberdelincuente sería posible engancharse a ellos y comprometerlos para infectar cualquier dispositivo que se conecte a continuación. La práctica se conoce como juice-jacking o “estafa del cargador” y pese a que ha sido descrita muchas veces en los últimos años, el tuit del FBI se ha viralizado hasta convertirse en uno de los más compartidos de la historia de su cuenta.

El motivo es que alrededor del comentario del FBI se ha organizado una discusión en la que están participando expertos en ciberseguridad de todo el mundo. Su debate es si esta práctica es tan insegura como se transmite normalmente al público general. “No hay ni una sola prueba documentada de que se haya comprometido algún dispositivo con juice-jacking”, es el argumento más repetido por los críticos. ¿Es posible hacerlo? Sí. ¿Se ha hecho de verdad alguna vez? La comunidad de expertos de ciberseguridad no tiene constancia de ello.

“Es posible, pero no nos consta ningún caso real o malicioso sobre este tema”, explica a elDiario.es una portavoz del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), el organismo español encargado de promover la seguridad digital de ciudadanos y empresas privadas. Pese a ello, el Incibe también tiene un artículo sobre los “Peligros de cargar tu móvil en el aeropuerto” en el que aconseja no hacerlo: “El riesgo de robo de información es alto, ya que el ciberdelincuente puede obtener acceso a cualquier dato en nuestro móvil, como, por ejemplo, fotos, ubicación, historial de llamadas, datos de aplicaciones, archivos, información bancaria, certificados digitales…”.

“Desde el punto de vista de la seguridad física, hace unos años surgieron unos pequeños dispositivos llamados USB Killers, que tienen en su interior unos condensadores con la función de generar altas descargas eléctricas (de hasta 220V), que pueden dañar el dispositivo y dejarlo totalmente inservible”, continúa el organismo: “Los ciberdelincuentes también pueden usar un sistema de comunicación conocido como AT, que se desarrolló hace unos años para permitir la comunicación entre módem y ordenador, que permite obtener información a través de la ejecución de unos sencillos comandos, como el IMEI, el número de teléfono, la conexión actual, etc.”, añade.

Mientras las instituciones optan por matar al perro y desaconsejar el uso de cualquier punto de recarga, el debate entre los especialistas ha evolucionado en varias direcciones. Una de ellas es si merece la pena que el usuario medio se exponga a otro tipo de problemas (como quedarse incomunicado en medio de un viaje) por evitar la posibilidad real pero remota de que su dispositivo sea infectado a través de uno de estos puertos. “Mira, ¿deberías acostumbrarte a usarlos? Para estar seguro, quizá no. Pero si tu teléfono está a punto de quedarse sin batería y no llevas un cargador encima, ¿deberías preocuparte tanto por usarlo como para dejarlo morir? No hay pruebas de ello”, resumía un abogado y forense digital.

Un condón digital

“Aunque no haya un caso [de juice-jacking] conocido, yo con mi gorro de investigador en ciberseguridad tengo que recomendar que la gente no se conecte porque técnicamente es posible hacerlo”, comenta a elDiario.es Guillermo Suárez-Tangil, especialista en análisis y detección de malware inteligente del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA Networks). “No me sorprendería que se pudiese explotar una vulnerabilidad en versiones de algunos sistemas operativos de Android usando estos cargadores y que lo descubriéramos pasados unos años”, afirma.

“También es cierto que a lo mejor para usuarios finales esto no es algo que les debiera preocupar tanto”, añade a continuación el experto: “Si tienes un perfil más alto sí que hay que tomar ciertas precauciones, igual que los gobiernos con los teléfonos oficiales de sus empleados públicos, pero el usuario final no tiene por qué seguir este tipo de recomendaciones tan a fondo”.

Suárez-Tangil destaca además que hay métodos relativamente sencillos para asegurar la protección del dispositivo y evitar incidentes. Uno de ellos son los conocidos como “condones USB” o data blockers, que se conectan entre al cable de carga y evitan que este se utilice como vector de infección al taponar el paso de cualquier tipo de dato. Valen menos de 10 euros, por lo que son más baratos que las baterías portátiles que suelen recomendar los organismos de ciberseguridad.

Aunque el condón evite cualquier contagio, tanto este especialista como el Incibe recuerdan que la mayoría de sistemas operativos tienen la opción de desactivar la transferencia de datos a través de cable.

Si no hay pruebas de hackeo, ¿de dónde sale el aviso?

La otra línea de la discusión abierta entre los expertos en torno al juice-jacking ha sido desentrañar por qué las instituciones de seguridad empezaron a alertar sobre esta práctica. Lo que han descubierto es que al final de esa cadena no hay nada.

“Un agente del FBI me dijo que la advertencia de la oficina de Denver estaba basada en información de la FCC [la Comisión Federal de Telecomunicaciones estadounidense]”, revela en Mastodon Dan Goodin, editor de ciberseguridad de Ars Technica. “Un portavoz de la FCC me dijo que su información provenía de un artículo del 2019 de New York Times. Ese artículo citaba una advertencia de la oficina del fiscal de Los Ángeles, que fue retirada en diciembre de 2021, un par de semanas después de que se informara que los funcionarios de la oficina del fiscal no tenían casos y no podían confirmar que esto sucediera”.

“Sigo siendo escéptico de que el juice-jacking sea una amenaza en absoluto. ¿Qué pruebas hay que demuestren lo contrario?”, insistía Goodin: “Si puedo infectar tu dispositivo engañándote para que lo conectes a mi cable de alimentación trampa, me parece que tengo un 0day muy valioso que los fabricantes de dispositivos Apple y Android querrían parchear de inmediato. ¿Cómo es posible que esta amenaza haya existido durante tantos años sin ningún parche?”, se preguntaba.

Este es otro de los argumentos de los críticos. Un hacker que descubriera un agujero de seguridad de este tipo podría rentabilizarlo mucho más fácilmente comunicándoselo a las propias empresas afectadas que intentando ciberatacar indiscriminadamente a otros usuarios. El motivo es que si los ciberdelincuentes tendrían un método para colarse en los dispositivos de los usuarios sin ser detectados. Es decir: un malware desconocido por los fabricantes de Android y por Apple capaz de infectar sus teléfonos.

Esa información valdría mucho dinero. Todas las grandes tecnológicas tienen programas para recompensar a las personas que encuentran y notifican brechas de seguridad. Dependiendo de su gravedad, pueden llegar a pagar sumas muy altas. Tampoco hay noticias de que un hacker haya cobrado una recompensa por un descubrimiento de este tipo.

Uno de los documentos considerados secretos incautados por el FBI en la residencia del expresidente estadounidense Donald Trump describía las capacidades nucleares y defensa militar de una potencia extranjera, reportó el diario The Washington Post.

El periódico, que cita fuentes anónimas cercanas al caso, señala que algunos de los documentos hallados en la mansión de Trump en Mar-a-Lago, Florida, tenían una reserva de confidencialidad tan alta que solo el presidente y funcionarios del gabinete o cercanos a él podrían autorizar a otros miembros del gobierno para acceder a ellos.

El informe no mencionaba el país cuya defensa y capacidad nuclear eran citadas en los documentos, recogió la agencia de noticias AFP.

Según el diario, contenidos como esos requerían permisos especiales sobre la base de que exista la necesidad de conocerlos, en lugar de una autorización genérica con la etiqueta de ultrasecreto.

El Departamento de Justicia sostiene que esos documentos ultrasecretos “probablemente se ocultaron” para obstruir una investigación del FBI sobre el posible mal manejo de materiales clasificados por parte del expresidente.

Cuando los agentes registraron la mansión de Mar-a-Lago, encontraron material tan delicado que “incluso el personal de contraespionaje del FBI y los abogados del Departamento de Justicia que realizaban la revisión requirieron autorizaciones adicionales antes de que se les permitiera revisar ciertos documentos”, señaló un expediente judicial del gobierno.

El allanamiento del FBI en agosto se produjo después de una revisión de registros “altamente clasificados” que Trump finalmente entregó a las autoridades en enero, tras varios meses de idas y vueltas con la Administración Nacional de Archivos y Registros.

Se descubrió que las 15 cajas requisadas de la casa del expresidente contenían 184 documentos marcados como confidenciales, secretos o ultrasecretos.

Después de recibir indicaciones del FBI, el abogado de Trump entregó 38 documentos clasificados adicionales y proporcionó una declaración jurada de que ellos representaban lo último del material.

Sin embargo, el FBI descubrió “múltiples fuentes de evidencia” que muestran que los documentos clasificados permanecieron en Mar-a-Lago.

Con información de agencias.

IG

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al expresidente Donald Trump (2017-2021) de haber escondido o cambiado de lugar documentos clasificados en su residencia de Florida, según el último documento entregado ante la jueza que lleva el caso.

De acuerdo con el escrito del Gobierno que dirige el demócrata Joe Biden, representantes del expresidente republicano habrían mentido al indicar que todos los documentos clasificados que Trump se llevó consigo de la Casa Blanca habían sido devueltos, lo que habría justificado la orden de registro del pasado 8 de agosto.

El Departamento de Justicia acusa al equipo del exmandatario de “obstruir” las investigaciones de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y asegura que en el registro se hallaron más de 100 documentos clasificados que Trump no había entregado previamente a las autoridades.

El lunes, el Departamento de Justicia comunicó a la jueza que ya había completado la revisión de documentos que fueron extraídos durante el registro en la casa de Trump que posiblemente contengan información cubierta por el privilegio abogado-cliente.

A través de una orden preliminar emitida el fin de semana, la jueza federal Aileen Cannon se mostró dispuesta a designar a un perito independiente que supervise el registro realizado el 8 de agosto por agentes del FBI en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en el sur de Florida, tal como solicitó el expresidente.

La jueza citó a ambas partes a una audiencia el próximo jueves en una corte federal de West Palm Beach para tratar la demanda hecha por el expresidente, quien solicitó la designación de un “maestro especial”, que es un perito independiente, para supervisar el caso del registro en su casa de Mar-a-Lago.

A través de su abogada Lindsey Halligan, Trump solicitó además un recibo más detallado de lo decomisado y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial que autorizó el registro, durante el cual el FBI recuperó documentos clasificados.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump le dijo a algunos de sus colaboradores más cercanos que tenía “información de Inteligencia” sobre la vida amorosa del presidente francés, Emmanuel Macron, según informa en exclusiva Rolling Stone citando a dos fuentes con conocimiento de estos hechos.

Según las fuentes que hablaron con la revista, Trump presumió ante algunos de sus colaboradores más cercanos, durante y después de su etapa en la Casa Blanca, de conocer detalles privados sobre la vida amorosa de Macron y dijo que se enteró de algunos de ellos a través de informes “de Inteligencia” que había visto o de la que había sido informado. Pero Trump dio pocos detalles sobre lo que supuestamente conocía y una de las fuente señala que “a menudo es difícil saber” si el político “está mintiendo o no”.

Hace unas semanas, tras el registro por el FBI de la mansión del expresidente en Florida, se publicó con autorización judicial el inventario de los documentos recuperados por los agentes, entre ellos algunos con información sobre el mandatario francés. Según otras dos fuentes citadas por Rolling Stone, esta revelación desencadenó un alboroto transatlántico, en particular por los comentarios del pasado de Trump sobre las supuestas costumbres “traviesas” de Macron que “[no] mucha gente conoce”. Tanto los funcionarios franceses como los estadounidenses han intentado averiguar con precisión qué tenía Trump en su casa sobre Macron y el Gobierno de Francia, y si algo de ello era de naturaleza sensible, según las fuentes. Los funcionarios de ambos países quieren saber si este descubrimiento supone algún tipo de violación de la seguridad nacional, o si se trata de un recuerdo frívolo, pero robado.

Un portavoz de la embajada francesa asegura a Rolling Stone que Francia no ha solicitado información a la Administración Biden sobre los documentos recuperados en Mar-a-Lago para su investigación. 

Información de “alto secreto”

El pasado viernes, el Departamento de Justicia publicó el documento de afidávit que justificó el registro a la mansión de Trump en Palm Beach el pasado 8 de agosto. Aunque con grandes partes ocultas, el texto revela que este mayo el FBI hizo una revisión preliminar de las 15 cajas sacadas de Mar-a-Lago y encontró 184 documentos marcados como clasificados, incluidos 25 marcados como “alto secreto”.

El afidávit o atestado de registro enumera acrónimos en algunos de los documentos que indican que eran particularmente sensibles, incluyendo algunos que pertenecían a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, o FISA, una ley de seguridad nacional para autorizaciones judiciales secretas en casos muy sensibles. El agente encargado de escribir el atestado de registro dice que ese tipo de documentos suelen contener información de defensa nacional, el tipo de secreto gubernamental que está protegido por la Ley de Espionaje. También menciona que varios de los documentos contenían “lo que parecen ser notas manuscritas del expresidente”.

“Lo más preocupante era que los registros altamente clasificados estaban sin clasificar, mezclados con otros registros y si no [estaban así, se encontraban] sin ser identificados adecuadamente”, dice el agente.

Relación complicada

La relación de los mandatarios mientras Trump ocupó el Despacho Oval estuvo repleta de provocaciones, desaires y múltiples intentos de reconciliar dos visiones opuestas de la política internacional: el liberalismo y multilateralismo del presidente francés, contra el nacionalismo económico del norteamericano (resumido en la fórmula 'America first').

Las tensiones aparecieron desde su primer encuentro en mayo de 2017, durante una cumbre de la OTAN en Bruselas, con ambos jefes de Estado en sus primeros meses de mandato. Un primer saludo marcado por un apretón de manos crispado y por las primeras disensiones, después de que Trump acusase a los países europeos de no contribuir económicamente a la alianza. Y aunque parecía que la relación se recuperaba cuando el presidente estadounidense calificó en julio del mismo año a Francia como “el primer y más antiguo aliado de Estados Unidos”, las buenas palabras acabaron pronto cuando los desacuerdos se hicieron presentes, especialmente tras la salida de EEUU del acuerdo nuclear que la Administración Obama había firmado con Irán.

En las últimos meses del republicano en la Casa Blanca, Trump denunció “la estupidez de Macron” en relación al impuesto a los gigantes digitales. No obstante, la última mención pública que el expresidente estadounidense ha hecho sobre el francés ha sido (relativamente) positiva. Ocurrió en un mitin en Michigan en octubre de 2020, cuando Trump esgrimió la retirada del Acuerdo de París como argumento de campaña: “¿Sabéis qué otra cosa he conseguido parar? El acuerdo medioambiental de París. Me cae muy bien el primer ministro Macron [sic] y le he preguntado qué tal va el acuerdo: no están avanzando”.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió este jueves un documento del FBI que revelaría que parte del dinero que tenía en su poder el exsecretario de Obras Públicas José López cuando fue detenido fueron enviados al banco Finansur, propiedad de Jorge Sánchez Córdova, un dirigente ligado al macrismo.

“Esta no es de Netflix eh! La nota que estás viendo es del FBI. Brinda información a los Fiscales y Tribunales Orales de Comodoro Py en el caso conocido como ”los bolsos de López“, donde se incautaron 9 millones de dólares. ¿Información sobre qué?”, se pregunta la vicepresidenta en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

En una nota enviada en 2018 por Miguel Ángel Osorio, director regional del FBI, se responde a un requerimiento de información solicitado por la Justicia Argentina a través de la Oficina del Agregado Jurídico de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.

En ese informe se detalla que uno de los paquetes sellados de dólares se encontró un orden secuencial de billetes de US$ 100.

La cantidad de ese paquete contenía US$ 3,2 millones y habían sido remitidos desde Estados Unidos a través de un servicio puerta a puerta efectuado por la empresa Briks Global Service al Banco Finansur, Banknotes.

“¿Fecha de envío? 11 o 12 de octubre de 2011. ¿Banco receptor? Finansur S.A. propiedad de Jorge Sánchez Córdova, macrista y ex tesorero de Boca durante la gestión de (Daniel) Angelici”, subraya Cristina Fernández de Kirchner.

Y agrega: “El sello de la nota indica que esta información fue recibida en Comodoro Py el 20/04/2018, al año y 10 meses de la detención de López”.

“Ya transcurrieron casi cuatro años y medio sin que ello se investigue. Lo dicho: no sólo persiguen a los peronistas sino que encubren a los macristas”, remarcó la exmandataria.

Con información de agencias.

IG

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acumuló más de 300 documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), indicaron al diario The New York Times múltiples fuentes con conocimiento del asunto.

Según publicó este lunes el rotativo, el Gobierno estadounidense ha ido recuperando de manera escalonada esos 300 documentos en el último año y medio, es decir, desde que Trump dejó la Casa Blanca en enero de 2021. En total, los 300 documentos fueron devueltos al Gobierno en tres entregas. Primero, en enero de este año, los Archivos Nacionales de EEUU, encargados de custodiar material histórico, lograron recuperar 150 documentos clasificados de la residencia del expresidente.

La segunda tanda de documentos fue entregada al Departamento de Justicia por unos asesores de Trump en junio y, en tercer lugar, el FBI se hizo con más archivos clasificados en el sonado registro que efectuó este mes en la mansión del exmandatario en Florida. Hasta ahora, se desconocía el volumen exacto de material que las fuerzas de seguridad estadounidenses habían ido encontrado en la vivienda de Trump.

Todavía no se ha divulgado el contenido de los documentos que Trump se llevó de la Casa Blanca. El Departamento de Justicia solo ha hecho públicos algunos fragmentos de la orden de registro con la que el FBI inspeccionó la mansión del expresidente. Esa orden apunta a que Trump y gente de su entorno podrían estar incurriendo en delitos de obstrucción a la Justicia, destrucción de documentos y violación de la Ley de espionaje.

Intento de bloquear al FBI

El expresidente Trump solicitó el lunes a un juzgado federal en Florida que le bloquee temporalmente al FBI la revisión de los materiales obtenidos en el registro, que considera “ilegal e inconstitucional”, efectuado el pasado 8 de agosto en su casa de Mar-a-Lago, y pidió la designación de un “maestro especial” a cargo de su supervisión, un recibo más detenido de lo decomisado y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial.

Al anunciar la medida, Trump calificó este lunes de “irrupción innecesaria, injustificada y antiestadounidense” el cateo efectuado por agentes del FBI en su casa de Palm Beach, en el sureste de Florida. El expresidente aseguró además que “todos” los documentos que se llevó de la Casa Blanca a su residencia habían sido previamente desclasificados.

La orden de registro divulgada evidenció que Trump se llevó material clasificado de la Casa Blanca a su residencia. Dicha orden también apuntaba los delitos en los que puede estar incurriendo: violación a la ley de espionaje, obstrucción a la Justicia y destrucción de documentos.

El expresidente se quejó de que los agentes “exigieron que apagaran las cámaras de seguridad, una solicitud que legítimamente” negaron, y que evitaron que sus abogados observaran lo que se estaban llevando. El republicano denunció que tomaron documentos que están amparados por el privilegio abogado-cliente, pasaportes y que además abrieron una caja fuerte suya.

Trump detalló que la moción presentada busca que el Departamento de Justicia “detenga de inmediato la revisión de los documentos incautados ilegalmente de mi casa” y que un “maestro especial” supervise el manejo del material incautado.

Los motivos del registro

Entre tanto, el juez federal que decide si divulgar las razones por las que el FBI registró Mar-a-Lago reiteró que tiene interés en publicarlas pero aún no ha decidido hacerlo. En un documento publicado este lunes, el juez Bruce Reinhart detalló que esperará el texto que ordenó entregar a la Fiscalía antes del próximo jueves, ocultando los datos más sensibles que puedan afectar la investigación.

Reinhart, quien en la audiencia del jueves pasado, en West Palm Beach, se mostró inclinado a publicar la declaración jurada con partes sensibles ocultas, señaló este lunes que analizará el hecho porque podría resultar que el texto quede “sin sentido” para los medios que han pedido su divulgación.

“No puedo decir en este momento que [las partes del texto] ocultadas parcialmente serán tan extensas que resultarán en una divulgación sin sentido, pero en última instancia puedo llegar a esa conclusión después de escuchar más [lo que diga] el Gobierno”, dijo Reinhart, según recoge The Guardian. El Departamento de Justicia se niega a la publicación del texto argumentando que hay una investigación en curso.

Posible candidatura para la Casa Blanca

En la demanda presentada por Trump este lunes, el republicano ha vuelto a sugerir que pronto anunciará su candidatura a la Casa Blanca para las elecciones de 2024.

“No se puede permitir que la política afecte a la administración de justicia”, dice la demanda. “El presidente Donald J. Trump es el claro favorito en las primarias presidenciales republicanas de 2024 y en las elecciones generales de 2024, si decide presentarse”.

“Más allá de eso, su respaldo en los midterms [elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre] de 2022 ha sido decisivo para los candidatos republicanos”, apunta el texto. Estados Unidos se encuentra ahora mismo inmerso en un gran proceso de primarias para elegir a los candidatos que se presentarán a las elecciones de noviembre. Por el momento, el expresidente ha mostrado su influencia en el partido: muchos de los candidatos que han apoyado a Trump han ganado sus primarias. Por el contrario, solo dos de los diez republicanos que votaron a favor del segundo impeachment (por instigar el asalto al Capitolio en 2021) siguen en pie tras la primera fase de primarias.

AGB

El FBI concluyó que Alec Baldwin apretó el gatillo de la pistola con la que mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película “Rust”, lo que contradice la versión del actor, quien sostiene que no accionó el arma.

El informe del FBI, al que tuvo acceso ABC News, afirma que el revólver estaba en buen estado y que “no pudo dispararse sin apretar el gatillo”. En una entrevista con el mismo medio en octubre del año pasado, el actor aseguró que jamás apretó el gatillo de la pistola y que se disparó sola cuando soltó el percutor.

El informe policial calificó la muerte de Hutchins de accidente, ya que no hay “ninguna prueba convincente de que el arma fuera cargada con munición real de forma intencionada”.

La fiscalía local no presentó por ahora ninguna acusación contra Baldwin, quien fue denunciado por homicidio imprudente por la familia de la víctima, y está a la espera de obtener los registros telefónicos del actor.

Hutchins falleció el 21 de octubre de 2021 por las heridas de bala que sufrió mientras Baldwin ensayaba durante el rodaje de la película “Rust” en Nuevo México (EE.UU) con un arma que debía ser de fogueo pero que estaba cargada.

Las autoridades de Nuevo México multaron en abril pasado con casi 140.000 dólares a los productores del rodaje de “Rust”, entre los que está el mismo Baldwin, por incumplir los protocolos de seguridad.

MB con información de agencia de noticias EFE

El FBI (la Policía Federal) hace su trabajo: cumple órdenes. Para allanar la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, los agentes precisaban una orden judicial. Posiblemente, también buscaron la aprobación explícita del Departamento de Justicia, probablemente la del propio ministro Merrick Garland. El actual director del FBI, Christopher Wray, fue designado en 2017. Pero toda iniciativa judicial y policial contra el ex presidente republicano será vista por él y por su electorado como 'política'. En las causas abiertas, los mandatos tribunalicios, los trumpistas derrotados en 2022 detectan sólo pretextos pretenciosos para adecentar una inocultable cruzada fundamentalista. Como al juez federal brasileño Sérgio Moro con su Lava Jato, a estos cruzados demócratas nada detiene, estiman, en el solo propósito que los guía: la interdicción electoral del enemigo. En otras palabras, en el obrar del FBI y sus agentes Trump denuncia el abusar de la violencia -abuso 'legalizado' por un magistrado- dirigido a hacer trampa contra un candidato popular para favorecer a sus adversarios elitistas.

Tanto las audiencias televisadas de las sesiones del Congreso dedicadas a examinar el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, como las investigaciones judiciales sobre documentos de la presidencia retenidos por Trump en vez de entregados al Archivo Nacional, han sido interpretadas a la luz de las próximas elecciones legislativas de noviembre. Según los sondeos, el oficialismo demócrata perdería la mayoría en ambas Cámaras, mientras que la desaprobación de la gestión de Joe Biden desciende a récords que superan a sus propios récords de paucidad anteriores.

Como al juez federal brasileño Sérgio Moro con su Lava Jato, a los cruzados demócratas nada detiene, estiman los trumpistas, en el solo propósito que anima su cruzada política: la interdicción y exclusión electoral del enemigo

Durante su presidencia, las relaciones del multimillonario devenido presidente y los aparatos y servicios de seguridad del Estado nunca fueron buenas. El payaso siniestro salido de la televisión chatarra supo desplegar sin tartamudeos su repetitivo pero caudaloso repertorio de insultos, desplantes, acusaciones, escarnios en las redes contra la CIA, el Servicio Secreto, la Agencia Nacional de Seguridad. Y el FBI. Su electorado aplaudía: para los trumpistas, el FBI es el Establishment, o el perro guardián de las élites de Washington DC y de Wall Street, de las élites que apañan y encubren fraudes demócratas, como Hillary Clinton y otros campeones de la meritocracia hipócrita. El resto del electorado no era ciego, sin embargo: el FBI se ha vuelto la agencia federal más inerme, menos ecuánime en el conflicto entre demócratas y republicanos. Y a la vez la que menos pruebas creíbles ofrecía de que en efecto sucumbiera un faccionalismo al que se resistía, porque, al contrario, cada vez parecía menos afecta siquiera a la ilusión de la neutralidad.

Trump es objeto de dos líneas de investigación judicial, una como ciudadano y empresario, otra como ex presidente. Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York, investiga desde hace meses las finanzas del holding de Trump. Busca descubrir si el management aumentó ilegalmente el valor de los activos empresarios para así acceder con mayor facilidad y desahogo a más suculentos y más inmediatos créditos bancarios. De mayor, máximo peso es la iniciativa del ministro de Justicia. Merrick Garland quiere determinar si existió responsabilidad criminal de Trump para fraguar (a su favor) el resultado de las presidenciales de noviembre de 2020, donde aspiraba a su reelección, o si instigó, o peor, organizó, el asalto al Capitolio del enero siguiente.

Existe también la denuncia de los Archivos del Estado, según la cual, al abandonar la Casa Blanca, Trump se habría llevado consigo diversos documentos cuya posesión debía resignar. Aun cuando fueran regalos personales recibidos con ocasión del ejercicio de la presidencia, el presidente saliente debe entregarlos a los Archivos. Esta infracción administrativa podría, sutilezas jurídicas mediante, convertirse en un delito menor, pero penalmente relevante. La destrucción o mutilación o desfiguración o sustracción o falsificación de documentos federales es castigada, según la sección 2071, título 18, del Código Federal, con hasta tres años de prisión. Y la inhabilitación política. Que es, según Trump y el trumpismo, lo que más importa en todo lawfare.  

El ex presidente y sus redes ya se valen de la incursión del FBI para retratar al candidato republicano 2024 con los rasgos más clásicos del persguido político. Si lo que quieren quienes lo investigan fuera efectivamente excluirlo de la esa candidatura invocando el delito cometido con documentos federales, no es seguro el buen éxito jurídico de la iniciativa (aunque el alcanzarlo luciría con más nitidez como eficaz lawfare). En 2016, cuando Trump pidió la descalificación de su rival demócrata Hillary Clinton, acusada de haber escamoteado numerosos correos electrónicos del período en que fue Secretaria de Estado de Barack Obama, su demanda fue rechazada. Una condena de Trump podría tener, sin embargo, un efecto paradójico. Reforzar a todos aquellos republicanos que preferirían que el expresidente se quede jugando al golfo en Mar-a-Lago. E inaugurar la era del trumpismo sin Trump, y con ellos.

AGB

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó hoy que el FBI hizo un allanamiento en una de sus propiedades en el estado de Florida.

El republicano hizo público el procedimiento en un comunicado difundido a la prensa pero las circunstancias del procedimiento aún no eran claras esta noche del lunes.

La vocera del Departamento de Justicia, Dena Iverson, dijo que la agencia no tenía comentarios cuando se le preguntó si el fiscal general Merrick Garland había autorizado personalmente el procedimiento, informaron medios locales.

“Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada”, dijo Trump en su declaración.

La casa allanada del exmandatario, quien dio gestos de estar listo para una nueva candidatura presidencial, está ubicada en Mar-a-Lago (al norte de Miami), Florida.

El Departamento de Justicia estuvo investigando el descubrimiento de cajas de registros que contenían información clasificada que fueron llevadas a Mar-a-Lago después de que concluyera la presidencia de Trump.

Ese hecho fue remitido al Departamento de Justicia por la Administración Nacional de Archivos y Registros, que dijo que había encontrado material clasificado en 15 cajas en la residencia.

Las leyes federales de Estados Unidos prohíben el traslado de documentos clasificados a lugares no autorizados.

Hasta esta noche las autoridades no habían informado si la búsqueda del FBI estaba relacionada con esa investigación.

El hecho se conoció el mismo día en que la televisora CNN difundió imágenes que revelarían dos ocasiones en las que el expresidente habría tirado documentos por el inodoro.

La emisora sostuvo que, igual que en otras ocasiones, Trump “se burló” de las leyes sobre el mantenimiento de registros y aseguró que rompía documentos, borradores y memorandos después de leerlos.

Una investigación separada relacionada con los esfuerzos de los aliados de Trump para deshacer los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio también se intensificó en Washington.

Con información de Télam.

El juez federal Federico Villena espera que en las próximas horas la Policía Federal Argentina (PFA) le entregue un informe completo con el análisis del contenido del teléfono celular del piloto iraní, principal imputado en la causa del Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur, informó a elDiarioAR una fuente directa de la causa. El magistrado busca imprimir la mayor celeridad posible a la investigación para definir la situación procesal de los diecinueve tripulantes imputados por presuntas relaciones con el terrorismo internacional. 

El capitán de la aeronave y los otros dieciocho miembros de la tripulación quedaron formalmente imputados tras un dictamen de la fiscal federal Cecilia Incardona presentado este martes último ante el juzgado. El juzgado ya tiene parte de los resultados de las pericias y la Federal, que reforzó el equipo de técnicos informáticos dedicados al caso, se concentró en culminar el análisis del teléfono del piloto para ampliar luego el del resto de los tripulantes iraníes. 

Villena tiene pendiente una reunión con la fiscal Cecilia Incardona y autoridades de la Policía Federal por el caso. Hasta el momento, el contenido del teléfono del piloto no habría aportado prueba significativa para la causa, como adelantó este miércoles Página/12 y confirmó la fuente con acceso a la investigación. Se hallaron fotografías de unos 30 años de antigüedad en la que pueden verse a hombres jóvenes recibiendo instrucción militar, presumiblemente en Irán, debido al escudo en sus uniformes. 

Los analistas creen que uno de ellos sería el piloto y que habría tenido un paso por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama de las fuerzas armadas de Irán, fundadas tras la revolución de 1979.

También encontraron imágenes de los llamados mártires de la Guardia Revolucionaria Islámica y consignas contra Israel. 

La Justicia encargó a una compañía especializada la apertura y análisis de una tablet de marca Apple hallada durante uno de los allanamientos y que no sería propiedad de los tripulantes que se encuentran en Buenos Aires.

La causa acumulaba este miércoles ocho cuerpos y el juez ya cuenta con la información de las cajas negras, cuyo análisis debe realizar el juzgado, y documentación que acredita la teoría de la instrucción del vuelo. 

Durante el allanamiento al avión varado en Ezeiza desde el miércoles 8 de junio también surgió un plan de vuelo de la aeronave datado en abril pero que no se encontraría a nombre  de Emtrasur sino de Qeshm Fars Air, una de las aerolíneas iraníes sancionadas por los Estados Unidos por su supuesta vinculación con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y presunta colaboración con el terrorismo internacional a través del transporte de armamento, personas y dinero en Medio Oriente.

El juez Villena recibió un informe del FBI de Estados Unidos en el que la agencia sostiene que el piloto sería CEO y miembro de la administración de Qeshm Fars Air. Esta fue la principal causa de la imputación que dictaminó la fiscal el martes.

Sin embargo, Villena e Incardona deben determinar si la tripulación cometió algún delito en Argentina y el juez espera que esa definición no pase de la próxima semana, confió la fuente consultada.

La investigación gira en torno a tres ejes: el avión, la tripulación y la carga que se transportó en la aeronave hasta Buenos Aires, explicó la fuente. Durante este miércoles, el juez continuó tomando declaraciones testimoniales.

Este artículo se actualizó el 23 de junio a las 19:49 para corregir la marca del celular del piloto.

ED

El juez federal Federico Villena busca determinar en los próximos días la situación judicial de los diecinueve tripulantes del Boeing 747-300 de la compañía Emtrasur, propiedad del Estado venezolano, afirmó una fuente directa de la investigación a elDiarioAR. El magistrado ya cuenta con la información de las cajas negras, parte de las pericias de los teléfonos de los tripulantes y documentación que acredita la teoría de la instrucción del vuelo pero también surgió un elemento que vincularía al avión con una de las empresas sancionadas por sus vínculos con el terrorismo internacional.

Algunos de los pasos a seguir son determinar a qué compañía pertenece legalmente el avión y qué hablaron el piloto y copilotos durante el último vuelo, cuando el avión despegó de Ezeiza hacia Montevideo pero debió regresar a Argentina. Villena debe determinar si hay pruebas de espionaje o actividades ilegales en Argentina.

La causa judicial por el avión de matrícula venezolana varado en Ezeiza desde el 8 de junio dejó a la Argentina en una situación política desventajosa, surfeando entre Venezuela y los Estados Unidos para evitar conflictos diplomáticos con ambos países, enfrentados por la alianza de Nicolás Maduro con el régimen iraní, entre otras razones. 

Hasta el momento, el expediente se denomina “NN sobre averiguación de delito”, pero a raíz de las pruebas incorporadas en los últimos días, Incardona analiza y escribe un dictamen para circunscribir los hechos investigados en una nueva carátula. Tampoco tiene imputados.

Los investigadores ya cuentan con algunos de los resultados de las pericias de los teléfonos y Aerolíneas Argentinas logró abrir las cajas negras del avión. Fue la forma que encontró el juzgado para acceder a la información guardada en los dispositivos que graban las conversaciones en la cabina de las aeronaves. Se trata de cajas negras de tecnología antigua, explicó una fuente del caso. El avión es de 1986.

La información extraída ya está en poder del juzgado federal de Lomas y va a ser analizada en las próximas horas. Permitirá a los investigadores escuchar las conversaciones del piloto y copilotos del día 8 de junio, al menos, cuando el avión partió de Ezeiza sin poder cargar combustible por las negativas de las petroleras a abastecerlo e intentó ingresar a Uruguay, donde las autoridades prohibieron el aterrizaje y obligaron a la tripulación a regresar a Buenos Aires.

Las cajas negras también permitirían corroborar si el avión efectivamente apagó o no el transponder, que transmite información para que las torres de control aérea puedan identificar a la aeronave y su altitud, como denunciaron diputados de la oposición. Si se determina que se apagó, el juzgado quiere establecer si es significativo o no para la causa.

Informes

El juez Villena recibió un informe del FBI de Estados Unidos en el que el organismo sostiene que el piloto sería una autoridad de la aerolínea iraní Qeshm Fars Air y que esta compañía formaría parte de una operación de las fuerzas Al-Quds y de la inteligencia iraní para trasladar personas y armas a lugares de conflicto en Medio Oriente, confirmó la fuente consultada. 

Durante el allanamiento a la aeronave el jueves último, el juzgado obtuvo al menos un elemento que relaciona al avión con esta compañía, Qeshm Fars Air, que está siendo analizado para entender los alcances de ese vínculo, afirmó una fuente de la investigación a elDiarioAR, que prefirió no especificar por el momento de qué elemento se trata.  

El avión varado en Ezeiza, según el FBI, no habría sido adquirido por la empresa pública Emtrasur sino que habría sido cedido como leasing por Mahan Air, otra aerolínea iraní sancionada por Estados Unidos. El leasing es una operación usual en la aviación. El juez solicitó a la compañía venezolana que acredite con toda la documentación necesaria cuál es su vínculo con la aeronave.

El venezolano Víctor Pérez Gómez, el gerente general de Operaciones de Emtrasur y uno de los tripulantes investigados, presentó una denuncia contra el director general de la PSA, José Glinsky, por el presunto allanamiento ilegal del Boeing antes de que interviniera la Justicia en el caso y como parte de la documentación que respalda su versión adjuntó un contrato denominado “Sale and Purchase and Technical Support Services Contract between LANCE TECH GENERAL TRADING and CONVIASA” y sostuvo que se trata del contrato de compraventa de la aeronave en su idioma original, según el escrito al que accedió elDiarioAR. Este expediente contra Glinsky aún no ha sido abierto y la fiscal Incardona debe determinar si considera que debe iniciarse una investigación, explicó la fuente del caso.

Sin embargo, el FBI no aportó aún ningún documento que acredite ese vínculo y que sirva como prueba para la Justicia argentina, de acuerdo con las consultas realizadas por este medio. El informe se basa en la información aportada por sus fuentes anónimas, protegidas, cuya identificación sería prácticamente imposible.

El juez Villena ya solicitó a Emtrasur que acredite la propiedad del avión con documentación, que la compañía venezolana no ha aportado por el momento.

Estados Unidos tampoco realizó ningún requerimiento sobre el piloto para su eventual extradición o interrogatorio.

El juzgado y la fiscalía no descartan la hipótesis de que algunos de los miembros de la tripulación estén vinculados a estas empresas sancionadas por los Estados Unidos, pero lo central para los investigadores es definir si pueden probar que cometieron algún delito en Argentina

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reportó oficialmente sobre las sanciones que pesan sobre estas dos aerolíneas -Mahan Air y Qeshm Fars Air- y sobre el avión. En la sanción la aeronave figura con matrícula iraní, que fue modificada en enero de este año a una matrícula venezolana cuando el avión cambió de manos, de Mahan Air a Emtrasur.

La causa ya cuenta con más de 40 medidas de prueba, que incluyen testimoniales, exhortos internacionales y a organismos de la aviación.

Se corrigió error de tipeo en Aerolíneas Argentinas el 20 de junio a las 14.36.

ED

Más de 90 mujeres que han denunciado haber sido agredidas sexualmente por el exmédico de la federación de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar, presentaron este miércoles una demanda contra el FBI por haber actuado con negligencia durante la investigación que siguió a las primeras acusaciones contra él, informó The New York Times. Nassar, quien abusó de más de 330 jóvenes, cumple una condena de entre 40 y 175 años sumada a otra de 60 años por pornografía infantil, una cadena perpetua de facto.

Entre las demandantes se encuentran las medallistas de oro olímpicas de gimnasia Simone Biles, Aly Raisman y McKayla Maroney, así como la exgimnasta de la Universidad de Michigan Samantha Roy y la exgimnasta Kaylee Lorincz, que ahora trabaja como defensora de las víctimas de agresiones sexuales. Otras 13 víctimas habían presentado otras denuncias contra el FBI en abril, informa AP.

“Mis compañeras supervivientes y yo fuimos traicionadas por todas las instituciones que se suponía que debían protegernos: el Comité Olímpico de los Estados Unidos, la federación de gimnasia de EE UU, el FBI y ahora el Departamento de Justicia”, ha afirmado Maroney en un comunicado, citado por el NYT. “Está claro que el único camino hacia la justicia y la curación es el proceso legal”, ha añadido.

El FBI reconoce “errores importantes”

El director del FBI, Christopher Wray, reconoció el año pasado errores importantes en la investigación de Nassar. “Lamento especialmente que haya habido personas en el FBI que tuvieron su propia oportunidad de detener a este monstruo allá por 2015 y fallaron. Y eso es inexcusable”, dijo Wray a las víctimas en una audiencia en el Senado de Estados Unidos.

La sede de la federación de gimnasia en Indianápolis informó a los agentes locales en 2015 de que tres gimnastas decían haber sido agredidas por Nassar, médico del equipo. Pero el FBI no abrió una investigación formal ni informó a las autoridades federales o estatales de Michigan, según el informe del inspector general del Departamento de Justicia, un organismo de control interno. El informe, publicado en 2021, señaló que la agencia federal manejó mal las entrevistas a los testigos y no compartió información creíble sobre el abuso con las autoridades pertinentes. Después de que se comunicaran los abusos, entre julio de 2015 y agosto de 2016, cuando Nassar fue arrestado, al menos 70 atletas fueron abusadas sexualmente por el médico, según el inspector general.

Sin embargo, hace dos semanas el Departamento de Justicia anunció que no presentaría cargos penales contra los exagentes que fueron acusados de dar respuestas inexactas o incompletas durante la investigación del inspector general.

“Si el FBI se hubiera limitado a hacer su trabajo, Nassar habría sido detenido antes de que tuviera la oportunidad de abusar de cientos de niñas, incluida yo”, dice la exgimnasta Samantha Roy, en un comunicado recogido por NYT.

Ahora, las demandantes solicitan al FBI diferentes cantidades de dinero por daños y perjuicios. En total, las reclamaciones superarán los mil millones de dólares, según ha confirmado su abogado, John C. Manly.

El pasado diciembre, cientos de gimnastas estadounidenses que sufrieron abusos por parte de Nassar llegaron a un acuerdo judicial por valor de 380 millones de dólares con la federación y el comité olímpico de EEUU. El acuerdo tardó tres años en alcanzarse, un periodo de tiempo en el que algunas de las gimnastas más conocidas criticaron abiertamente a la federación y al Comité Olímpico y Paralímpico de EEUU en entrevistas, redes sociales e incluso en una sesión ante el Senado del país.

“Echo la culpa a Larry Nassar y también echo la culpa a todo el sistema que permitió y perpetró ese abuso. La federación de gimnasia y el Comité Olímpico y Paralímpico Estadounidense sabían que estaba sufriendo abusos por parte del médico oficial del equipo”, dijera Biles meses antes ante el comité judicial del Senado de EEUU.

Con información de elDiario.es

CG

Cinco miembros de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) “solicitaron” prostitutas durante un viaje al extranjero, reveló hoy el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, en un informe de dos páginas que a la vez insinúa que pudieron haber ofrecido drogas “a un agente de la ley extranjero”.

Cuatro de los funcionarios “solicitaron, consiguieron y aceptaron sexo comercial en el extranjero”, denunció el alto funcionario.

Horowitz subrayó en su informe que cuatro de esos funcionarios “carecían de franqueza sobre sus interacciones con prostitutas y otras conductas inapropiadas” durante las entrevistas obligatorias, violando de esta manera la ley federal.

Agregó que uno de los funcionarios “negó haber participado en actos sexuales con una prostituta”.

Solicitar una prostituta en el extranjero mientras trabaja para el FBI está considerado una violación de la política del Buró de Investigaciones.

El inspector general denunció además que hubo alrededor de 100 píldoras blancas, de las cuales no se informó de que se trataban, que fueron entregadas a un funcionario extranjero, según difundió la agencia de noticias ANSA.

Uno de los cinco integrantes del FBI “no fue sincero” con el Inspector General “cuando el funcionario negó haber observado o colocado píldoras en un paquete para ser entregadas a un agente de la ley extranjero”.

Un sexto funcionario del FBI no denunció la mala conducta en violación de otra política del Departamento de Justicia.

El inspector general dijo que de los que solicitaron prostitutas, dos presentaron su renuncia, dos se jubilaron y la quinta persona fue destituida.

El informe destaca que tres de los agentes tampoco informaron sobre sus interacciones con ciudadanos extranjeros.

No hay detalles en el informe sobre dónde ocurrió la solicitud de prostitución ni de los nombres de los funcionarios involucrados.

Fundado en 1908 por John Edgar Hoover, Charles Joseph Bonaparte y Theodore Roosevelt, el FBI es la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

No es la primera vez que agentes del FBI se ven envueltos en un escándalo con prostitutas.

En abril de 2012, una prostituta colombiana reveló un escándalo sexual con agentes de seguridad del entonces presidente Barack Obama.

Con información de agencias.

IG