Cuando faltan dos meses para que se cumplan 23 años de la brutal represión en medio de las manifestaciones contra la gestión del entonces presidente Fernando De la Rúa, el 20 y 21 de diciembre de 2001, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas a prisión al exsecretario de Seguridad del Gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y al ex jefe de la Policía Federal de ese periodo, Rubén Santos, en el marco de la causa que investigó los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y la tentativa de homicidio de Martin Galli y Paula Simonetti, además de las lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas. La represión se desató también en el interior del país y dejó un total de 38 muertos y decenas de heridos.

En su fallo, el máximo tribunal declaró “inadmisibles” los recursos extraordinarios que habían sido presentados por las defensas de ambos condenados, por lo que quedaron firmes las penas impuestas tras una revisión de la sentencia en la Cámara Federal de Casación.

De esta manera, Mathov deberá cumplir 4 años y tres meses de prisión y Santos, 3 años y seis meses. Los dos fueron condenados a cumplimiento efectivo, lo que recién se dará ahora, ya que permanecían en libertad porque la sentencia no estaba firme, pero al ser mayores de 70 años (Mathov tiene 76 y Santos, 78), podrían pedir el arresto domiciliario.

Mathov y Santos fueron encontrados culpables en 2016 tras un juicio oral en el Tribunal Oral Federal 6 por la muerte de tres manifestantes, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y por las heridas que la Policía causó a otras 20 personas durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del Estado de sitio que había decretado De La Rúa. El veredicto de ese juicio oral fue apelado, lo revisó Casación y ordenó modificar las penas, que fueron reducidas. Ahora la Corte las dejó firmes al rechazar los recursos.

En tanto, la revisión de la condena del expolicía Norberto Gaudiero se declaró “inoficiosa” porque su defensa informó su fallecimiento, al igual que el expolicía Raúl Roberto Andreozzi.

El testimonio de la hermana de Diego Lamagna, asesinado en la represión de 2001

Karina Lamagna, hermana de Diego Lamagna, asesinado durante la represión policial del 20 de diciembre de 2001, relató hace un tiempo que, durante más de dos décadas, su familia padeció “una impunidad que vulneró sus derechos”, y aseguró que con “años de lucha, garra y corazón” se pudo conocer la verdad de lo que sufrieron las víctimas de la violencia institucional ejecutada durante el estallido social.

En diálogo con la agencia Télam, Karina contó que, en diciembre de 2001, Diego había viajado desde Córdoba donde vivía hasta la localidad bonaerense de Avellaneda para pasar las fiestas junto a su madre, en un momento en el que atravesaba “una gran incertidumbre económica y duelo para la familia” por la muerte de su hermana, sucedida en marzo de ese año.

“Diego trabajaba en una panadería desde los 11 años. Veía como todo lo que se había construido con mucho sacrificio se iba cayendo por la cuestión económica. Inclusive mi mamá, que era pensionada, sufrió recortes ese año. Estábamos todos recontra precarizados con trabajos que no cubrían para nada los consumos básicos”, recuerda Karina.

Diego y su mamá siguieron “muy atentos” las noticias sobre lo que sucedía en esos convulsionados días que marcarían el final del gobierno de la Alianza, con el “corralito, que fijaba un límite para la extracción de dinero en efectivo de los bancos, saqueos a los comercios, Estado de Sitio, y la represión policial del día 20.

La imagen de las Madres de Plaza Mayo reprimidas cuando intentaban hacer la tradicional ronda de los jueves lo movilizó a salir a las calles y protestar contra un estado de cosas que parecía arrasarlo todo.

“Eso de las madres para él cómo que se cruzara un límite. Sintió que, si las vulneraban a ellas, le podían hacer lo mismo a su mamá. Él siempre fue muy protector y solidario, y esa situación significó para Diego como la representación del 'que se vayan todos'. Entonces decidió salir a la calle a protestar”, recuerda su hermana.

Como miles de personas que ese día ganaron las principales arterias del centro porteño en abierto desafío al Estado de Sitio, Diego se integró a las columnas espontáneas de manifestantes que intentaban llegar a la Plaza de Mayo.

Eran grupos de personas de a pie que avanzaba y retrocedían en un intento de copar la Plaza de Mayo, mientras los efectivos de Policía Federal los dispersaban con balas de goma, gases y cargas de caballería.

En una de esos embates de los efectivos de la Federal, y cuando Diego se encontraba sobre Avenida de Mayo en el cruce con Tacuarí, recibió una perdigonada de plomo, disparada por una escopeta.

Los demás manifestantes intentaron socorrerlo; buscaron ayuda, pero no pudieron salvar su vida. Diego murió cuando la asistencia llegó al lugar donde había caído.

El 21 de diciembre, los amigos del joven fueron los primeros en percatarse de que en la portada del diario Clarín había una foto de su cuerpo sin vida, e inmediatamente buscaron a la madre para llevarla a la morgue judicial, donde “les decían que los cuerpos eran NN y no sabían a quién pertenecían”, evoca Karina.

Ella buscó al médico del SAME que en la foto le estaba haciendo técnicas de respiración y verificó que en las actas del hospital Argerich, el cuerpo de Diego entró documentado.

Karina recordó que gracias al aporte de una enfermera supo también que habían llevado la vestimenta del joven a una comisaría del barrio porteño de La Boca.

“Me arrojaron sus ropas ensangrentadas y en mi desesperación yo les decía '¿esto no es prueba? ¿no se lo tienen que quedar ustedes?'. Después me enteré de que había una intención de desaparecer los cuerpos y una decisión de (la jueza federal) María Servini (de Cubría) la que logró impedirlo”.

El 22 de diciembre, Karina recurrió al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con la idea de que la causa abarque a los responsables políticos de la orden emanada y a los responsables materiales del asesinato.

Desde su perspectiva, el accionar de la fiscalía “fue paupérrimo y tuvo graves desinteligencias”, y señala que las pruebas, testimonios y filmaciones (hasta de las cámaras de la Policía) las aportaron los familiares y el CELS.

“Llegar a saber cómo fueron los hechos que causaron la muerte de Diego y las otras víctimas fue todo lucha y garra por parte de las las familias. En la causa se sabe de dónde partió la perdigonada que mató a Diego y que fueron escopetas usadas por la Policía Federal”, afirma Karina.

El testimonio de la madre de Carlos Almirón: “Le cortaron las alas por protestar”

Carlos 'Petete' Almirón era un estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que murió en las calles del centro porteño durante la represión a las protestas del 20 de diciembre de 2001.

Para su madre, Marta Almirón, a 'Petete' “le contaron las alas” por movilizarse y denunciar “lo mal que estaba el país” en aquellos convulsionados días que signaron el final del gobierno de Fernando De la Rúa.

Carlos tenía 20 años, colaboraba con la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y militaba en un movimiento barrial independiente de izquierda en Remedios de Escalada.

“Fueron a la plaza para que se vayan todos y al final se fueron nuestros hijos, mi hijo al menos. Tendría que estar en los libros, en la historia de argentina”, señaló Marta hace tres años en declaraciones a Télam Radio.

“Después de que se murió y me contaron todas las cosas que hizo en su corta edad, recién ahí acepté que ya no estaba conmigo”, explicó su mamá.

En la entrevista, Marta recordó que el 19 de diciembre se despidió de Carlos y sus compañeros cuando se dirigían a Plaza de Mayo, con la intención de sumarse a la multitud que desafiaba en las calles el Estado de sitio.

“Fui a despedirme de ellos y les pregunté '¿Están por arreglar el mundo?' y me respondió 'En eso estamos, Mami´”, evocó.

Ese fue el último día que la familia de Carlos lo vio con vida. Almirón había avisado a su abuela que volvería al día siguiente, pero no pudo cumplir esa promesa.

El militante popular recibió un disparo en el pecho cuando se encontraba al frente de una columna de manifestantes en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo y falleció en el Hospital Argerich como consecuencia de una hemorragia interna.

Al otro día, Marta esperaba que llegara su hijo, pero volvió a verlo “tres días después y en un cajón”, en el que le entregaron sus restos.

“Nos dicen que los culpables ya están muertos (como De la Rúa), o ya son grandes, ¿y nosotros? ¿no vale nuestro dolor? ¿no vale nuestra perdida?”, planteó Almirón.

“Deseo que realmente se haga justicia. Hasta ahora, lo van posponiendo y los años van pasando. Una madre siempre va a escarbar hasta lo último, mientras siga caminando voy a seguir si Dios quiere”, aseguró Almirón.

El testimonio de Camila, la hija de Gastón Riva, el motoquero asesinado en 2001

Camila Riva, hija del trabajador de reparto de motos Gaston Riva, una de las víctimas emblemáticas de la represión policial del 20 de diciembre de 2001, tenía apenas 8 años cuando su padre fue asesinado en las calles del centro porteño, y asegura que, desde entonces, creció acompañando el reclamo de justicia que durante años sostuvo su familia y “para mantener la memoria”.

“Desde el 2001, nada fue igual para nadie en la Argentina. A medida que fui creciendo, empecé a tener noción de lo que había pasado. Desde entonces, la gente piensa más en política y se pregunta por sus derechos”, reflexionó Camila Riva hace tres años en declaraciones a Télam.

Camila, hija del matrimonio que Gastón había formado con María Arena, recuerda que, el día que murió su papá, su mamá estaba “muy nerviosa atenta a la televisión y a su familia que corría ”de un lado para el otro buscando información“.

Fue recién a la mañana siguiente que le explicaron que su padre había fallecido como consecuencia de la represión.

“Me entere al día siguiente cuando mi mamá me lo contó, me dijo que él ya no estaba más. También me acuerdo mucho del momento en que fuimos a Ramallo, la ciudad donde nació mi papá para velarlo y enterrarlo”, explicó Camila.

Su padre tenía 31 años cuando el 20 de diciembre de 2001 fue baleado por la policía en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí.

Ese día había ido con su moto hasta la Plaza de Mayo para manifestarse en contra del gobierno de Fernando de la Rua; tras ser alcanzado fue trasladado al Hospital Argerich y allí murió.

“Creo que mi papá no salió por su situación en particular sino por lo que pasaba en la Argentina. Se vivía un momento con mucha pobreza y faltaba trabajo. La violencia de la Policía ese día era tremenda. Fue algo que conmovió muchísima gente”, remarcó Camila.

“Lloré cuando dieron las condenas en 2016 porque fueron bastante escasas. Pensé que iba a pasar otra cosa, Mathov y Santos recibieron pocas penas por haber tenido tanta responsabilidad. Fueron 39 muertos en todo el país”, apuntó.

A los 28 años, Camila formó una familia y se mudó al sur este año, y de esta forma siete que cumplió un anhelo que su padre quería alcanzar y no pudo.

A más de dos décadas de estallido social que se llevó puesto al gobierno de la Alianza, Camila destacó como “importante” que en la agenda de los colegios secundarios “se hable de este capítulo de la democracia argentina porque ”hay mucha desinformación“ al respecto.

“La historia reciente es lo que hace que se tomen ciertas decisiones como el voto y los posicionamientos políticos. Son veinte años que marcaron un antes y un después. No hay que olvidar que esto que pasó fue gravísimo y se tiene que mantener la memoria”, puntualizó.

Con información de agencias.

IG

Tirar a matar para dispersar protestas y saqueos: desde una terraza, desde el interior de una sucursal de banco, desde móviles policiales o camionetas sin identificar. Disparar a mansalva: vestidos de civil o uniformados. Abrieron fuego agentes de las Fuerzas de Seguridad, pero también personal de custodia privada y dueños de supermercados. El 19 y 20 de diciembre de 2001 dejaron un saldo de 38 muertos: diez eran menores de edad; casi todas las víctimas no tenían más de 30 años. A veinte años de la represión, la Justicia no determinó responsables políticos. El ex presidente Fernando de la Rúa fue sobreseído. Ramón Mestre, entonces ministro del Interior, falleció antes de llegar a juicio. La causa contra Carlos Reutemann, entonces gobernador de Santa Fe donde se produjo la mayor cantidad de asesinatos, fue archivada en 2009.

Las condenas llegaron tarde y para funcionarios públicos que ocupaban segundas líneas de mando. Y ni siquiera están firmes. En muchos de los casos no pudieron determinar a los autores materiales de los crímenes. Hay, también, policías condenados que denuncian haber sido “chivos expiatorios”. Y agentes que ocupaban cargos jerárquicos desplazados y con sentencia en contra por haber “encubierto” despliegues violentos que terminaron en asesinatos.

Entre los asesinados hay chicas que tomaban mates en el patio de la casa de sus familiares, adolescentes que salieron, curiosos, a “ver los saqueos”, personas que advertían sobre el peligro de acercarse a “ver los saqueos”, manifestantes que reclamaban por sus ahorros confiscados por los bancos, militantes, referentes de comedores comunitarios. Hubo demoras en la entrega de los cuerpos. Uno, incluso, tardó en aparecer: diez días después dieron con el cadáver de José Daniel Rodríguez, 25 años, militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), es uno de los tres entrerrianos asesinados. El cuerpo estaba en una zanja, tapado con neumáticos, baleado y con signos de tortura. 

Sobreseimientos, causas archivadas y condenas que no están firmes

Cinco personas murieron en Plaza de Mayo y alrededores. Diego Lamagna tenía 26 años. Fue herido en el pecho con un perdigón de plomo. Según testigos, le dispararon policías de civil desde un auto particular. Gastón Riva tenía 30 años. Andaba en moto por la Avenida de Mayo cuando recibió un balazo en el pecho proveniente de alguna de las armas de un grupo de cuatro policías que estaban en la zona, disparando. Carlos “Petete” Almirón tenía 30 años. Era militante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y de la Coordinadora de Desocupados 29 de Mayo. Recibió un disparo de la policía en el pecho en 9 de Julio y Avenida de Mayo cuando encabezaba una columna de manifestantes que intentaba volver a la Plaza de Mayo. Alberto Márquez tenía 57 años. Murió en la Plaza, dos disparos de itaka por la espalda.

Gustavo Benedetto, 23 años, quedó en la línea de fuego de una sucursal del banco HSBC, ubicada en Avenida de Mayo y Chacabuco. Se había quedado sin trabajo: el Día% que lo empleaba había sido saqueado y lo despidieron. Fue a protestar, murió de un disparo. En la investigación determinaron que del banco hacía afuera se efectuaron 60 disparos y ninguno de afuera hacia adentro. Omar Alberto Bellante, subcomisario, recibió la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años. No es el responsable directo del homicidio, pero fue acusado de encubrir al responsable de la muerte de Benedetto.

Fernando de la Rúa, entonces presidente, fue procesado en 2007 por esos cinco homicidio y 107 lesiones culposas. Al Tribunal Oral Federal N°6 declaró como testigo. Dijo que él no había bajado ninguna orden a las Fuerzas de Seguridad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo sobreseyó en 2015 por no encontrar pruebas suficientes que lo inculparan. Fernando de la Rúa gobernó entre 1999 y ese diciembre fatal en el que presentó la renuncia. Murió en julio de 2019. Tenía 81 años.

Hace unos días, la Cámara de Casación Penal confirmó las penas para Enrique Mathov -4 años y 3 meses-, quien estaba a cargo de Secretaria de Seguridad en aquel momento, y del exjefe de la Policía Federal de entonces, Rubén Santos - 3 años y 6 meses-. Tienen un plazo de diez días para apelar, pero podrían volver a la cárcel para cumplirlas. Son, por lo pronto, los únicos dos funcionarios públicos de más alto rango en ser condenados.

Raúl Roberto Andreozzi, exsuperintendente de Seguridad Metropolitana, recibió la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 6 años, y Norberto Edgardo Gaudiero, 3 años y medios de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por 7 años. Ninguno apeló la sentencia, con lo cual queda firme. Los cuatro -Mathov, Santos, Gaudiero y Andreozzi- obtuvieron los años de prisión efectiva cercanos al máximo que indica la ley, 5 años, para las figuras de homicidio y lesiones culposas -es decir: son “responsables”, pero no “con intención”-. 

En su declaración a la Justicia, en 2007, de la Rúa apuntó contra su ministro del Interior, Ramón Mestre. Dijo que la Policía Federal Argentina operaba bajo su responsabilidad. Mestre fue imputado pero no llegó al juicio. Murió en 2003, en Córdoba, por una complicación de la hepatitis que padecía y que derivó en un infarto. Tenía 65 años. Mestre aseguró haber renunciado a su cargo en la mañana del 20 de diciembre de 2001. En El palacio y la calle, de Miguel Bonasso, de la Rúa lo desmintió.

En Santa Fe mataron a nueve personas, ocho sólo en Rosario. Se acreditó en la investigación que siete crímenes fueron por balas policiales. Organizaciones civiles y de Derechos Humanos señalaron a Carlos Reutemann, gobernador entonces, como máximo responsable político de la masacre. En abril de 2009, cuando Reutemann ocupaba una banca como senador, archivaron la causa en su contra: la Justicia no encontró elementos que lo incriminen. Reutemann murió en julio, a los 79 años.

VDM

Algunos, que ya éramos mayores de edad cuando llegó diciembre de 2001, sufrimos desde entonces una alteración en la mirada que nos hace ver los últimos 20 años de una manera particular. Marcados a fuego por ese momento en el que la válvula de una olla a presión voló por los aires, vemos al sistema político al revés. No nos sorprende la crisis de representación, el abstencionismo, el voto nulo y el voto en blanco. Al contrario, nos cuesta creer la legitimidad que los partidos políticos mayoritarios adquirieron en tiempo récord después de aquella eclosión y que todavía tienen, en un contexto sólo comparable al de la gran crisis que terminó en estallido.

Después de las jornadas del 19 y 20 de diciembre, de los saqueos en el conurbano, de la represión en las inmediaciones de Plaza de Mayo, de los 39 muertos en todo el país, de los cinco presidentes en una semana y de infinidad de manifestaciones que terminaban en las puertas de la Casa Rosada durante los meses posteriores a la caída de Fernando De la Rúa, la dirigencia política recuperó su lugar en un lapso que para la historia duró un abrir y cerrar de ojos. 

Nos cuesta creer la legitimidad que los partidos políticos mayoritarios adquirieron en tiempo récord después de aquella eclosión y que todavía tienen, en un contexto sólo comparable al de la gran crisis que terminó en estallido

Fue Néstor Kirchner el que, como representante del antiguo régimen que acababa de caer, encausó la energía destituyente de esos días y se apoyó en ese caudal de hastío para ganar la legitimidad que Carlos Menem le había negado en su huida ante una derrota segura. Aún con la desconfianza que generó siempre entre sus pares y detractores, Kirchner primero y sus herederos después se esforzaron por devolverle entidad a un sistema político que, una vez más, iría del auge a la decadencia. Asumieron una lectura institucionalista de lo que representó la crisis de 2001 y la invocaron de forma recurrente como una amenaza que la política estaba obligada a conjurar. El “que se vayan todos”, decían, no había sido una consigna liberadora después de un largo período de padecimientos sin horizonte de ningún tipo sino una muestra peligrosa de la antipolítica. Así lo creyeron las nuevas generaciones, incluso las que hasta Kirchner habían impugnado el sistema de partidos de todas las maneras posibles. Esa función de dique de contención representaron Néstor y Cristina sobre las cenizas de la partidocracia, aunque sus adversarios -entre mezquinos y suicidas- nunca pudieran reconocerlo. Si Eduardo Duhalde decía de sí mismo ser el último exponente de una generación de “políticos de mierda”, los Kirchner en cambio decidieron presentarse como lo nuevo a partir de un proceso que sí lo fue y que convirtió en burocracia estatal a gran parte de una militancia de pasado radical que había nacido en el rechazo a Menem. El formidable boom de los commodities, la recuperación económica y la creación de empleo sobre el campo arrasado de los salarios que provocó la devaluación del 300% permitieron esa operación que, una vida después, resulta difícil de emular.   

La ruptura de la alianza UCR-Frepaso y el derrumbe de la ilusión de cambio que generaba el bloque antimenemista en apenas dos años consagró el fin de una época que había montado, sobre el liderazgo de Menem, la ficción contable de la Convertibilidad ideada por Domingo Cavallo. Como parte de una historia circular, el ex ministro de Economía es uno de los espectros que regresa hoy vestido de autoridad para iluminar a un establishment que camina a tientas, siempre en busca de atajos. 

Pero ese diciembre que vuelve en forma de efemérides y de imágenes de un pasado que parece irrepetible había sido producto de una decadencia prolongada que combinaba la recesión, la desocupación, la desigualdad, la frivolidad y la distancia creciente entre lo que se decidía desde arriba y lo que se padecía bien abajo. Hoy obturado por un gran dispositivo de reducción de daños que surgió del estallido y va dirigido a millones de personas que habitan en los bordes, ese diciembre es todavía el fondo sobre el que se desarrolla la escena del presente. Para algunos, una confabulación organizada por el peronismo; para otros, una crisis típica de las que solo podía incubar el radicalismo; para muchos, un abismo de espontaneidad al que nunca hay que volver a asomarse. 

“La casta”

Veinte años después, estamos otra vez preguntándonos por la legitimidad de la casta política, según la definición de Javier Milei, el economista megaliberal que impone su cadena nacional en televisión, es furor en las redes sociales, cautiva a la juventud de extrema derecha y profana la iconografía progresista: canta “Se viene el estallido” mientras reivindica a Cavallo y define a Menem como el mejor presidente de la historia. 

Un estudio reservado de la consultora Fixer elaborado durante el octubre preelectoral de este año indica que la Argentina enfrenta su mayor crisis de expectativas desde 2001. Dirigida por jóvenes que forman parte del PRO y fueron parte del gobierno de Mauricio Macri, la consultora decidió no difundir el trabajo antes de las elecciones de noviembre porque reunía el alto pesimismo social con una caída profunda y prolongada de toda la dirigencia del Frente de Todos y un alto desencanto del propio electorado con el kirchnerismo con Alberto Fernández. También una baja en la consideración de parte de la línea blanda de Juntos. 

Argentina asiste a un momento que tiene diferencias y similitudes con aquel 2001. En lo económico, la peor pandemia del último siglo encontró al país en un proceso de recesión, alta inflación, pulverización de los ingresos, caída de consumo, pobreza extrema, mayor desigualdad y alto endeudamiento con el FMI, el actor principal que Macri trajo de regreso como parte de una película que la sociedad ya vio mil veces. Después de un año y medio largo de encierro y restricciones, el 60% de la población está vacunada con dos dosis y hay sectores de la economía que empiezan a crecer por encima de los niveles prepandemia, mientras otros apenas rebotan. Sin embargo, a la caída del salario real -hoy entre 20 y 25 puntos por debajo de 2016- se le suman los problemas de empleo que están en el punto más elevado desde el fin de la Convertibilidad. 

La inflación no solo es una de las primeras preocupaciones sociales sino que se estacionó en un promedio que es el doble de la que tenía Cristina Fernández y toca ese nivel con las tarifas semicongeladas desde hace bastante más de dos años y el dólar oficial que sube menos de la mitad que el IPC. Los dólares no alcanzan para pagar la deuda de U$S 44.000 millones que dejó Macri con el Fondo, financiar un crecimiento que demanda aumento de importaciones y frenar a la divisa en el mercado paralelo. 

Considerado como prioritario por todo el establishment y la mayor parte de la dirigencia política, si es que se concreta, el acuerdo con el organismo de crédito que hoy preside Kristalina Georgieva traerá en el corto plazo reducción del déficit fiscal vía recorte de subsidios y aumento de tarifas, suba del dólar, más inflación, caída del poder adquisitivo y bajo crecimiento, de acuerdo a las previsiones de la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Alvarez Agis. 

En lo político, el escenario también es delicado y el desencanto es un estado que se expande entre las mayorías. La oposición llegó al poder en 2015 tras el agotamiento del kirchnerismo, después de 12 años de ser una fuerza testimonial y fragmentada que no trascendía el estado de la queja. Una vez en el gobierno, las enormes expectativas que Macri había despertado dentro y fuera del país se consumieron en 2017. El primer político de cuna empresaria en aterrizar en lo más alto del Estado sin una identidad prestada por los partidos mayoritarios se abrazó al endeudamiento externo hasta que pudo y llegó con la lengua afuera a terminar su mandato gracias al apoyo de Donald Trump en el directorio del Fondo. Aun con un respaldo social irreductible, Macri fue el único presidente que se quedó sin reelección y no llegó siquiera al balotaje. El Frente de Todos hubiera sido inconcebible si su debacle no hubiera sido tan pronunciada. 

A diferencia de lo que sucedía hace 20 años, cuando el fin del menemismo y el fracaso de la Alianza dieron paso a un desierto de escepticismo, la legitimidad del sistema político se sostiene en base a la polarización y el rechazo al otro

Dos años más tarde, la reunificación del peronismo resultó en una derrota estrepitosa en las legislativas de noviembre, una caída apenas atenuada por la catástrofe de las PASO y los peores vaticinios que no se cumplieron. Que la remontada en la provincia de Buenos Aires, que no alcanzó para evitar la derrota, haya encendido al oficialismo de entusiasmo delata, sobre todo, su propia debilidad. El Gobierno se veía a sí mismo al borde de la ruptura interna y la desintegración, en un contexto económico difícil y con el dólar como amenaza. Solo por eso festeja.  

La victoria de Juntos en 15 provincias y la pérdida de la mayoría en el Senado son la punta del iceberg de un escenario en el que el antiperonismo mantiene una base más estable que la del peronismo y se perfila para crecer camino a 2023 a partir de electorados como el de Milei, José Luis Espert o Cynthia Hotton. El peronismo kirchnerista perdió en el territorio madre de todas las batallas la cuarta elección legislativa consecutiva y su deseo de renacer una vez más en las presidenciales asoma obturado por la escasez, la inflación y la falta de dólares. 

A diferencia de lo que sucedía hace 20 años, cuando el fin del menemismo y el fracaso de la Alianza dieron paso a un desierto de escepticismo, la legitimidad del sistema político se sostiene en base a la polarización y el rechazo al otro. Si el kirchnerismo construyó una feligresía irreductible que primero votó a Daniel Scioli y después sobrevivió a la intemperie del macrismo, la ruina de Cambiemos en el gobierno alumbró también una iglesia antiperonista que es capaz de ignorar los resultados concretos de la aventura de Macri en el poder. 

Dos indentidades con respaldo social

Pese a sus limitaciones, las dos identidades nacidas de 2001 como parte de un espejo refractario mantienen una cuota notable de respaldo social. La contracara es la participación más baja desde el regreso de la democracia, 71%, que acaba de registrarse en noviembre. De acuerdo al escrutinio provisorio, de un padrón de 34.385.460 de personas, votaron 23,3 millones, algo más que el piso de septiembre. De ese universo, Juntos y el Frente de Todos captaron la mayor parte de las voluntades, más de 17,6 millones de votos. La oposición obtuvo el 42,18% (9.798.295) y el oficialismo 33,87% (7.868.299).

Veinte años después de que De la Rúa se fuera en helicóptero, la gran novedad es la reconstrucción del bloque no peronista como alternativa de poder estable. Dentro de ese espacio y mirado en perspectiva histórica, lo más llamativo no está en la cantera del PRO que busca desplazar a Macri del centro de la escena sino en el renacimiento del radicalismo. A la salida de un largo invierno, la UCR se cobijó en el espacio que lideraba Macri y haber sido furgón de cola en la gestión le permitió protagonizar las primarias abiertas en todo el país con ínfulas de refundación. Facundo Manes, Martín Tetaz y Martín Lousteau amplifican en el AMBA un fenómeno que se extiende de sur a norte, con nuevos dirigentes y más peso en el Congreso a partir de diciembre. El radicalismo quiere liderar el espacio no peronista. 

Hay, sin embargo, un continente en expansión que desborda los límites de la polarización y nace de la insatisfacción creciente. A los 11 millones de personas que decidieron no ir a votar en la última elección se le suman 1.153.886 (3,5% del padrón) que entraron al cuarto oscuro y expresaron algún tipo de rechazo a la oferta electoral. El 14 de noviembre votaron en blanco 717.535 personas y anularon su voto otras 436.351.

A ese cuadro de abstencionismo e impugnación, se agrega el surgimiento de economistas que se paran a la derecha de la alianza Juntos y se lanzan a la política subidos a una ola global. Lo mismo que defiende Ricardo López Murphy desde adentro del bloque PRO-UCR-CC, hacen desde afuera predicadores como Milei y José Espert, dos abanderados del ajuste sin gradualismo de ningún tipo. Para todos ellos, Macri, el ex columnista televisivo Nicolas Dujovne y la ex jefa del Fondo Christine Lagarde pecaron de tibieza. A los 310.036 (17% en la Ciudad) votos del liberal que canta sobre el escenario y trabaja para el magnate Eduardo Eurnekian se le suman los 656.498 (7,50% en provincia) del best seller que pide convertir en un queso gruyere a “los delincuentes” y se podrían agregar también los 257.568 de la evangelista Hotton. 

A un mundo de distancia y como parte de una escena donde la confrontación central da paso a una nueva polarización en los márgenes, crece el Frente de Izquierda Unidad. La coalición trotskista logró su mejor elección desde su nacimiento hace 10 años, obtuvo 1.429.787 votos y alcanzó resultados sorprendentes en la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y el conurbano bonaerense. Lo más notable fue la expansión en la provincia gobernada por Axel Kicillof, donde se alzó con 596.723 votos. 

La izquierda consiguió un récord de adhesiones en La Matanza (9,68%), Merlo (10,50%), Moreno (9,27%), José C. Paz (9,25%), Florencio Varela (8,30%) y Morón (8,33%) pero además llegó al 7% en 24 distritos de la provincia y estuvo apenas por debajo en Quilmes (6,96%), San Martín (6,89%), Tres de Febrero (6,81%) y Ezeiza (6,94%). Hasta en localidades del interior bonaerense como Coronel Pringles rompió todos los pronósticos y obtuvo el 19.47% de los votos. Que tanto unos como otros intenten competir en elecciones puede ser considerado algo auspicioso para los defensores del sistema, pero enciende alarmas sobre una situación límite, donde el número de los que no votan, anulan su voto o votan por fuera de Juntos y Todos va camino a empardar los millones de votos que lograron entre las dos coaliciones. 

Tanto como lo de Milei o Espert, aunque muchísimo menos promocionada, la perfomance de la izquierda que se para más lejos del kirchnerismo no entra en el recipiente de la grieta. 

El sube y baja del poder, el empate tenso entre dos bloques que se anulan mutuamente y las dificultades para imponer un proyecto de mediano plazo muestran el talón de Aquiles de un sistema político que ofrece en su maqueta de futuro un nuevo ajuste como solución a los problemas estructurales que la Argentina no logra resolver. Esa debilidad abre un enorme signo de interrogación sobre la legitimidad de la dirigencia que se postula para gobernar porque la situación socioeconómica se parece más a un campo minado que a una nueva oportunidad.

DG