La ganancia tiene que ser grande y de rendimiento inmediato porque se trata de provocar la codicia, ganar la confianza y disipar las posibles sospechas de las víctimas. La explosión de fraudes piramidales que atraviesa la Argentina actualiza el viejo truco de las estafas y lo potencia con recursos para diluir la ruta de los movimientos de dinero, montar operaciones ficticias que sostienen el engaño “y aprovechar la desesperación de la gente que ve disminuir sus ingresos y su nivel de vida”, dice el economista Juan Valerdi.

La estafa piramidal que se investiga en la ciudad de San Pedro en torno a la plataforma RainbowEx detonó un espiral de alertas por casos similares en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Chaco y Tucumán. Las estimaciones sobre la cantidad de víctimas, sin embargo, no se corresponden con el número de denuncias recibidas por la Justicia en las distintas jurisdicciones, y en ese desfasaje aparece un problema agregado para las investigaciones.

“Los que denuncian suelen ser una parte ínfima de los que cayeron en la trampa. Los esquemas Ponzi reciben mucha plata que está en negro, de la economía informal. Además los incentivos son para no colaborar con la Justicia, porque las víctimas tienden a creer que si hacen la denuncia no podrán recuperar la plata”, dice Valerdi, y pone como ejemplo la recaudación extra que obtuvo RainbowEx después de pedir 88 USDT a sus “inversores” con la promesa de devolver el dinero.

Si las estimaciones extraoficiales calculan que un tercio de los 69.300 habitantes de San Pedro cayó en la estafa, apenas 58 víctimas se presentaron ante los investigadores. “Hasta ahora declararon 44 y algunos no están prestando la colaboración necesaria”, destacó Juan Manuel García Blanco, de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

 “A todas las personas les preguntamos cuál es el origen del dinero que reclaman. Cuando uno hace una denuncia tiene que estar dispuesto a colaborar con los funcionarios judiciales. Están viniendo a denunciar personas que invirtieron entre abril y octubre de este año: son los que no pudieron retirar el dinero y quedaron enganchados dentro del esquema”, detalló García Blanco en una comunicación con el semanario La Opinión, de San Pedro. La Procuración General bonaerense destinó tres equipos de investigadores para colaborar con la fiscal provincial María del Valle Viviani y detectó que la estafa localizada en San Pedro afectó además a personas de Bahía Blanca, Junín, Tigre, Santiago del Estero y la ciudad de Buenos Aires.

El fiscal federal de San Nicolás Matías Di Lello investiga actividades de intermediación financiera no autorizada, un delito que contempla penas de 1 a 4 años de prisión y de dos años como mínimo cuando se considera agravada por actividades de promoción. “No se presentaron víctimas –dice el fiscal–. Mi objetivo es determinar quiénes estaban detrás de esto, aunque en principio sospechamos y es vox pópuli que los responsables de RainbowEx serían personas asiáticas, pero en el medio hay personas que no podían desconocer la situación”.

La comparación entre los casos posibles y las presentaciones concretas no es tan desproporcionada en la ciudad de Casilda. Sobre una estimación de 900 damnificados por la plataforma Peak Capital Team, y si bien no son denuncias formales, 270 personas completaron formularios en los que detallan sus situaciones particulares. “El dinero no se devolvió ni se pagaron los intereses prometidos. Hay entonces un desvío de fondos y estamos analizando dónde se colocaron”, dice el fiscal federal Claudio Kishimoto, por lo que a la intermediación financiera no autorizada se agregaría el lavado de dinero. 

La arquitectura de la pirámide

Como sucedió con Villa María en torno a Generación Zoe y los fraudes de Leonardo Cositorto, las estafas recientes detonan en ciudades medianas y pequeñas. “A diferencia de una estafa lisa y llana, en los esquemas Ponzi tenés que llevar a otras personas y eso es lo que hace crecer la base de la pirámide. Para la gente la pregunta sería por qué desconfiar de alguien al que conocen, que es vecino, amigo, familiar”, observa Marina Marsili, doctora en economía y especialista en contabilidad y administración pública.

Muchos de los que entran y hacen entrar a conocidos y amigos se dan cuenta de que es un Ponzi y tratan de salvar su dinero a costa de los demás. Por eso estas estafas destruyen las redes de confianza sociales y económicas

Juan Valerdi — Economista

“En los pueblos y en las ciudades pequeñas o medianas las relaciones de confianza funcionan mucho mejor que en las grandes ciudades, donde se apela más a la Justicia, a los contratos o a formas bancarizadas –coincide Juan Valerdi–. Este factor, sumado a la desinformación respecto del sistema financiero, convierte a esos lugares en sitios óptimos para hacer dinero rápidamente y salir. El tiempo también juega, porque tarde o temprano se descubre la estafa”. En Casilda, el fraude se consumó de hecho entre abril y octubre.

Valerdi subraya “el problema moral” que se superpone al económico en las estafas piramidales: “Por la velocidad con que se expanden, es muy difícil que todos los participantes piensen que estos esquemas van a durar en el tiempo. Muchos de los que entran y hacen entrar a conocidos y amigos se dan cuenta de que es un Ponzi y tratan de salvar su dinero a costa de los demás. Por eso estas estafas destruyen las redes de confianza sociales y económicas”.

Una vez descubierto el fraude parece increíble que las víctimas hayan creído en la posibilidad de ganancias imposibles en el mundo real. Pero el ofrecimiento debe ser tentador, aparece acompañado por contribuciones desinteresadas a la comunidad, regalos a los participantes y simulacros de solvencia y es seguido por la exhibición de beneficios, necesaria para realimentar la inyección de dinero. En Esquel cada “inversor” tenía que informar el dinero retirado en un grupo de WhatsApp, “lo cual generaba seguridad en el resto de las víctimas y les daba coraje para depositar más plata”, afirmó la fiscal Rafaella Riccono en conferencia de prensa; en esta ciudad también se presentaron pocos denunciantes pese a la difusión de un fraude en el que las personas creían que compraban criptomonedas.

“Las criptomonedas alimentan la fantasía de enriquecerse rápidamente sin esfuerzo y con distintas formas artificiales de hacer trading”, dice Valerdi. El economista y también profesor en la Universidad Nacional de La Plata agrega que “las plataformas de billeteras virtuales o de exchanges donde se intercambian las criptomonedas entre sí o con otros activos tienen formatos distintos que los Ponzi; suele pasar que en esos casos, más parecidos a las estafas tradicionales, administran la plata de terceros como un lugar de confianza y que da agilidad a los movimientos financieros hasta que se van con la plata o dicen que alguien los hackeó cuando son ellos mismos los que se la llevaron”.

Ese sería el caso de la fintech Wenance. El viernes la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña confirmó los procesamientos y ordenó la prisión preventiva del director ejecutivo, Alejandro Muszak, y de otras tres personas, además de disponer embargos de hasta 9 mil millones de pesos por estafas reiteradas a más de 500 víctimas. Muszak está acusado de armar una estructura que captaba inversiones bajo promesas de altos rendimientos mediante fideicomisos y empresas ficticias.

Leonardo Cositorto enfrenta a su vez en la ciudad correntina de Goya el primer juicio por estafas, cuyo Tribunal rechazó el arreglo que el ex CEO había acordado con las víctimas. “Generación Zoe estaba mucho mejor diseñada como estafa que RaimbowEx. Cositorto es en ese sentido un genio del mal, y extraordinariamente convincente, porque no ofrecía solamente el dinero sino también una supuesta capacitación, el marketing de una superación personal y una mentalidad ganadora para ser un gran operador”, analiza Valerdi.

Cositorto se presentó como CEO, como “coach ontológico”, como líder espiritual, como formador de líderes. “El problema –señala Valerdi– fue que lo traicionó el gusto por la fama; se convierte en un personaje mediático, parece creer su cuento y se cava su propia fosa desde el punto de vista judicial, porque cuando alguien es tan conocido y tan público se vuelve más visible para las víctimas”. RainbowEx y Peak Capital Team superarían en ese aspecto a Generación Zoe: los estafadores devienen ahora en personas anónimas, encubiertas bajo identidades falsas –“la China”, en San Pedro; “Cindy”, en Esquel– o con actores contratados como fue el evento convocado por RainbowEx en el Hotel Emperador de Buenos Aires.

Un futuro con más estafas

La plataforma Coinx se promocionó con Yanina Latorre, Pampita Ardohain y el entonces diputado Javier Milei antes de ser denunciada por estafa piramidal en 2022. Pero los influencers ya no son imprescindibles. “En un futuro cercano podrían simularse identidades con inteligencia artificial o generar promotores que no existan –advierte Valerdi–. A esto se agrega algo que juega en el presente y va a jugar mucho en el futuro en Argentina: la desesperación de la gente que ve caer su nivel de vida, sus ingresos, sus consumos mientras otros parecen mejorar y enriquecerse fácilmente”.

Marina Marsili enumera en ese sentido que “los sueldos no alcanzan, las formas tradicionales de ahorro no son redituables, las instituciones y el Estado están desprestigiados y estamos muy expuestos a un discurso sobre las nuevas tecnologías como lo que viene a cambiar el mundo y uno no puede quedarse afuera”. Cositorto predicaba así que las criptomonedas reemplazarían al dinero y llegó a anunciar la propia: Zoe Cash, supuestamente respaldada en una mina de oro con la que dijo contar el ex juez y prófugo en la causa Héctor Yrimia.

“El gobierno actual incentiva ideas que hacen que las estafas funcionen más rápido y mejor, como la creencia en la salida individual –afirma Valerdi–. No es de extrañarse porque Milei ha aplaudido a Al Capone y a los fugadores de divisas de la Argentina. Cuando caen los Ponzi los estafadores casi siempre ponen como excusa la intervención del Estado que supuestamente no quiere la generación de ese dinero mágico. En un contexto donde el presidente afirma que viene a destruir el Estado desde adentro esos argumentos suenan creíbles para gente que confía en esos esquemas o en que las denuncias son perjudiciales”.

El miércoles pasado el diputado nacional Rodolfo Tailhade publicó un video en el que recapituló el caso Coinx y la publicidad que hicieron Milei y la actual diputada libertaria Romina Diez y recordó que la investigación está a cargo de Ariel Lijo, a quien el Presidente impulsa como miembro de la Corte Suprema. La plataforma ofrecía intereses de entre el 5 y el 8% mensual en dólares. El día de la movilización contra el veto a la Ley de Finaciamiento Universitario, Milei se reunió por otra parte con Jordan Belfort, “el lobo de Wall Street” condenado por lavado de dinero y otros delitos financieros en Estados Unidos.

“Las estafas piramidales no son en principio las más complejas para investigar –afirma Marsili, autora del libro Crimen, complejidad y economía–. Pero si la Justicia es la última en enterarse después de las redes sociales y de los medios hay cosas que no se pueden hacer. No es lo mismo un allanamiento preparado en secreto que después de una semana en que un caso aparece en los medios”.

Valerdi traza un panorama sombrío: “El Estado siempre llega tarde, y cuanto más tardía sea su intervención mayor será el daño. Quienes arman las estafas invierten mucho tiempo y capacidades disponibles en las redes sociales, en la inteligencia artificial, en los sistemas de las billeteras virtuales para mover dinero y borrar sus rastros. Entonces, cada vez resulta más fácil no solo armar una estafa sino llevarse los fondos y quedar impune”.

La sabiduría del estafador tradicional puede condensarse en una frase del protagonista de “Toribio Torres, alias Gardelito” (1956), el relato de Bernardo Kordon que retrató a un cuentero prototípico: “Quien ambiciona dinero termina por darlo”. Pero si la codicia humana es la clave inmemorial de la estafa, la desinformación sobre los cambios del sistema financiero y el estado de la economía argentina aparecen como sus multiplicadores.

OA/MG

En Esquel, provincia de Chubut, más de cien vecinos se han convertido en víctimas de una estafa relacionada con una plataforma de inversiones llamada Peak Capital Team. Basado en la compraventa criptomonedas, este esquema prometía ganancias extraordinaras en breves períodos de tiempo, atrayendo a los interesados con la promesa de retornos superiores al 1% en dólares por día.

Según informa un comunicado del Ministerio Público Fiscar de la provincia de Chubut, las víctimas eran convocadas a participar en reuniones de promoción de la plataforma o bien se acercaban por recomendación de conocidos. En estos encuentros, Peak Capital Team prometía ganar más que con un plazo fijo o que con cualquier otro tipo de inversión en un lapso breve de tiempo.

Para operar en Peak Capital Team, había que descargar la billetera digital Lemon Cash, ingresar el dinero y convertirlo en cripto moneda. Luego se autenticaba el usuario y se lo incorporaba a un grupo de Whatsapp con sus datos de teléfono y mail.

Una usuaria de nombre Cindy era la administradora principal. Cindy mandaba una imagen que contenía horario de ingreso y cierre de la operación, si se compraba o se vendía, en qué moneda se trabajaba y la ganancia que se iba a tener de 5.4% a 5.6% mensual. La plataforma operaba de domingo a jueves.

La estrategia consistía en estimular que cada vez se invirtiera más y se sumara a más personas. Para ello se prometía que, si invertían más, se obtenía una bonificación del 4%. Si llevaba invitados la plataforma “pagaba” 5 dólares al anfitrión y al invitado. Al operar el invitado, de su ganancia prometía a quién lo llevó una ganancia del 15%. Y en cascada, si el invitado llevaba a otra persona, el primero obtenía un 10% de su ganancia y el segundo un 5%.

En determinado momento la plataforma comenzó a “operar con dificultad”. Supuestamente estaba en auditoría y recién se podrían realizar retiros luego del 18 de octubre. Eso nunca sucedió. El 18 la plataforma había sido cerrada y la gente no pudo acceder más a su dinero.

Según el Ministerio Fiscal chubutense, las estafas suman cifras millonarias.

El fiscal a cargo, Ricardo Riccono, instó a los afectados a no borrar ninguna información de sus teléfonos, a mantener su conexión con otros damnificados y a no bloquear a los contactos relacionados con la estafa. Destacó que las capturas de pantalla carecen de valor probatorio y que es crucial acceder a las comunicaciones originales con los estafadores.

La plataforma Peak Capital Team ha sido denunciada en redes sociales por situaciones similares a las de Esquel en otras provincias, incluyendo Santa Fe, Buenos Aires, San Juan y Córdoba.

Su caída se suma a la ola “piramidal” que comenzó con el caso de la plataforma RainbowEx, que tiene su epicentro en la localdiad bonaerense de San Pedro. Allí, la plataforma anunció ayer que los fondos de los inversores no podrán ser retirados. En este sentido, sostuvieron que se encuentran “negociando activamente el gobierno argentino”, a la vez que “puede llevar algún tiempo restablecer el acceso”.

DM

Basta darse una vuelta por cualquier red social para encontrar intentos de estafa de todo tipo. Ahora son chicos que ofrecen cursos para ganar miles de dólares, antes era un nueva aplicación para invertir en criptomonedas con retornos millonarios o supuestas ofertas laborales, y si vamos un poco más atrás en el tiempo, la venta de productos para el cuidado de la piel o el telar de la abundancia, en el que por invitar amigas a invertir ibas a ganar plata. Las estafas vienen de todos los tipos y colores, y es fácil burlarse del video de un chico de 15 mezclando un par palabras en inglés que no se entienden bien, quizás esa no es la estafa en la que caerías vos, pero mejor no escupir al cielo. Si pensás que vos jamás caerías en una estafa es aún más probable... que caigas.

Hay muchos estudios que tratan de determinar qué factores pueden hacer que una persona sea más proclive a caer en estafas. Los que analizan factores demográficos, como la edad, no han encontrado resultados definitivos. Muchos tienden a pensar que las personas mayores serían presas más fáciles, sobre todo en las estafas digitales, pero hay datos que muestran lo contrario: son las personas de entre 34 y 45 años las que más tienden a caer. Es posible que sea porque hacen más transacciones en línea que las personas mayores y por eso están expuestas a más riesgos, pero en todo caso el estereotipo del abuelo que cae porque se confundió no coincide con los datos. Los datos en este tema, vale aclarar, no son perfectos, vienen de las denuncias -que son solo una parte de las estafas, dadas todas las veces que no se hace- y de las encuestas.

Hay algunas características personales que sí parecieran relacionarse con la posibilidad de caer en estafas, como una mayor tendencia a tomar riesgos y, justamente, creer que uno nunca caería en una. El exceso de confianza es una enorme debilidad que los estafadores, profesionales de la manipulación, saben aprovechar. Es posible que sea lo que le ocurre a hombres, de ingresos relativamente altos y educados, que tienen más chances de caer en estafas de supuestas oportunidades de inversión, según lo identificó una encuesta.

 Pero en términos generales, la situación que estamos viviendo tiende a influir más en nuestras chances de caer en una estafa que nuestra personalidad, clase social o la edad. Una encuesta que analizó la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, encontró que haber sufrido una pérdida importante en los últimos dos años, como la muerte de un ser querido, una enfermedad seria o la pérdida de un trabajo, aumentaba la probabilidad de ser víctima de fraude.

Otro gran factor que volvía más vulnerables a las personas: necesitar plata. Las personas que estaban más endeudadas tenían más chances de caer. La necesidad puede empujar a creer en algo que en otro momento hubiesen identificado como sospechoso.

El número de estafas, sobre todo online, viene creciendo en los últimos años. Según los datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, los fraudes en línea casi se triplicaron entre 2020 y 2023

“Hay varios aspectos que permiten identificar las estafas”, explica Emiliano Piscitelli, CEO de BeyGoo y especialista en ciberseguridad. “Uno es el pretexto, te contactan con algo que te llama la atención, que te genera una emoción positiva o negativa y que hace que no razones. Otro aspecto es el contexto, y esto puede ser la situación general, social, pero también el momento individual, si estás buscando trabajo, por ejemplo. También está la oportunidad, todo tiene que ser ya, en el momento. Y luego está el hecho de que sea un impostor, se hacen pasar por otra persona o por una organización o empresa”, enumera el especialista.

 Los estafadores exitosos saben explotar muy bien todas las debilidades. Las ganas de creer -puede ser desde una inversión increíble, un nuevo romance o un súper premio-, nuestra sensación de que a nosotros nunca nos va a pasar, el principio de escasez, si no lo aprovechas ahora lo perdés, o el de autoridad, haciéndose pasar por alguien que tiene credenciales para hablar del tema. Y lo intentan con muchas personas a la vez, basta que algunos pocos caigan para que sea redituable.

 A todos nos gustaría sentirnos inmunes a las estafas, sabernos inteligentes, pillos, capaces de olerlas a la distancia. Pero no hay nada más humano que caer en una. Porque necesitamos compañía cuando estamos solos, porque necesitamos plata, porque nos agarraron justo en el momento que estábamos volando bajo y dieron con nuestro punto débil. La mejor forma de protegernos es saber que nos puede pasar y estar atentos.

El número de estafas, sobre todo online, viene creciendo en los últimos años. Según los datos de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, los fraudes en línea casi se triplicaron entre 2020 y 2023. Y es posible que la mayor digitalización, que se aceleró durante la pandemia, explique una parte de ese crecimiento. Pero también estamos pasando por una época de muchos cambios, en las formas de conocernos, de invertir y de ganar plata, y eso suele ser un terreno fértil para las estafas. 

“Las estafas prosperan en épocas de transición y cambio rápido, cuando están sucediendo cosas nuevas y las viejas formas de ver el mundo ya no son suficientes. Es por eso que prosperan durante revoluciones, guerras y convulsiones políticas. La transición es la gran aliada del juego de la confianza, porque la transición engendra incertidumbre”, escribe la psicóloga y periodista Maria Konnikova, en El juego de la confianza. Pareciera solo haberse vuelto más cierto desde que lo publicó en 2016.

OS/MF

Jorge Néstor Vera se formó como arquitecto en Buenos Aires. En diciembre de 1983 fue designado ministro de Obras y Servicios Públicos del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego por el gobernador Ramón Alberto Trejo Noel, con quien lo unía una amistad desde la juventud. Cuando Trejo Noel falleció en el fatídico accidente del Lear Jet de la gobernación, en mayo de 1984, Vera se convirtió en el sucesor momentáneo de su amigo en el máximo cargo del ex Territorio.

Así, el ministro fue gobernador interino durante 57 días, desde el 17 de mayo al 12 de julio del 84´, y ese lapso le bastó para acceder a una jubilación ordinaria de por vida en la entonces Caja de Previsión Social.

El caso de Vera es un buen ejemplo para empezar a recorrer la frondosa historia del régimen previsional fueguino, luego de la polémica nacional que generó una nueva reforma aprobada el lunes 31 de octubre por la Legislatura provincial, que entre otros cambios permite jubilarse a personas de 55 años y llegar a haberes de hasta el 88% del sueldo en actividad.

El tema caló tan hondo que el ex presidente Mauricio Macri salió a criticar a los diputados provinciales de Juntos por el Cambio que habían votado a favor de la reforma, a la que también tildó de “una vergüenza”. En el mismo sentido se expresó la titular del PRO, Patricia Bullrich, y diputados y senadores de ese espacio político. La cuestión también generó un debate dentro del Frente de Todos, donde dirigentes como el gobernador fueguino Gustavo Melella o la diputada Mirta Tundis opinaron en defensa de la nueva norma jubilatoria.

Funcionarios VIP

Lo cierto es que los privilegios jubilatorios en Tierra del Fuego no empezaron con el proyecto sancionado hace algunos días, sino que se remontan a la década del 80, en especial luego del restablecimiento de la democracia. Por ese tiempo, anterior a la creación de la provincia, la ley territorial 244 permitía jubilarse automáticamente a los “gobernadores, ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo territorial, legisladores, secretarios de Legislatura, intendentes y concejales municipales (…) sin límite de edad”.

En rigor había que haber cumplido un período constitucional, pero la propia ley aclaraba: “salvo el caso de interrupción institucional del período o fallecimiento del propio funcionario o del que lo haya designado y que, por dicha razón, automáticamente cese en sus funciones, que serán considerados como períodos completos”.

La norma abarcaba también a los funcionarios designados en cargos políticos, a los que para jubilarse se les pedían requisitos mínimos como “25 años de servicios en la actividad pública o privada, continuos o discontinuos” o haberse desempeñado “durante por lo menos el 50% de un período de ley correspondiente al funcionario que lo designó”, como consignó la ley 291 de 1987.

Otras modificaciones más severas llegaron a exigir “10 años de desempeño en la administración territorial” o 10 años de residencia en la isla.

Ese sistema duró hasta 1990, y aunque la Constitución provincial, sancionada en 1991, prohibió expresamente “el otorgamiento de beneficios previsionales que signifiquen privilegios”, lo concreto es que el festival jubilatorio se reservaba nuevos y numerosos capítulos, algunos responsables de crisis económicas sucesivas y otros de hechos de corrupción, lisa y llana.

Mientras la cantidad de jubilados era ínfima respecto de los estatales en actividad, los privilegios pasaban desapercibidos, incluso, cuando abarcaban a los haberes más abultados.

Por ejemplo, un informe realizado en junio de 1999 por directores de la Caja reveló que “de las 851 jubilaciones que paga el organismo, las 64 más altas se llevan el 20% del total del presupuesto”, lo que implicaba que ese selecto grupo ganaba más de 4 mil dólares mensuales.

La nómina de beneficiarios estaba repleta de excesos, como el caso de legisladores jubilados por la misma ley que habían votado, o los que recién jubilados ya vivían en otras provincias, como también ocurre en la actualidad.

Por entonces había unos 10 mil empleados públicos activos y un informe actuarial pronosticaba un colapso del sistema para 2015, aunque se equivocaba, porque el quebranto se produjo mucho antes.

Agujero previsional

Durante el segundo mandato del exgobernador fueguino José Estabillo, entre 1995 y 1999, la Caja jubilatoria tenía depositados 208 millones de dólares en el Banco de Tierra del Fuego (BTF), a manera de inversión de su capital de fondos previsionales.

En ese período, la gestión de Estabillo en el BTF comenzó una operatoria de préstamos sin garantías para allegados al poder, en su mayoría empresarios o comerciantes que constituían la base electoral del Movimiento Popular Fueguino (Mopof).

Para entender la magnitud del saqueo a las arcas del banco hay que releer un pronunciamiento de la jueza de Ushuaia María Cristina Barrionuevo en la causa “Dos Santos”, dictado el 27 de mayo de 1998. Con palabras sencillas, la jueza explicó en esa oportunidad que: 

-Los ex funcionarios involucrados “sólo pretendieron favorecer a sus amigos o conocidos más allegados, digitando propuestas o medidas ”más flexibles“ de las que se aplicaban en cualquier operación bancaria normal”.

-Además, “permitieron y facilitaron que los deudores insolventes y muchos de ellos incobrables obtuvieran de la entidad una ventaja indebida -un lucro- sin concertar las debidas garantías del caso, y de tal forma, obligaron abusivamente a la institución, ocasionándole un serio desequilibrio financiero” (...) “con el consecuente pago de cargos por violación a las normas del Banco Central”.

Cuando a principios de 2000, Estabillo dejó su cargo y asumió su sucesor, el peronista Carlos Manfredotti, la conclusión de todas esas maniobras fue la siguiente: en el banco no estaban más los 208 millones de dólares depositados por la caja jubilatoria.

El juez jubilado que vivía en un hotel

Manfredotti unificó el Instituto de Previsión con el de Servicios Sociales, formando un megainstituto conocido por su sigla Ipauss.

Pero lo que parecía un saneamiento de la institución previsional fue apenas una puerta para una nueva, y mayor, concesión de privilegios.

El exgobernador de origen menemista impulsó la sanción de la ley 460 que creó un régimen de jubilación anticipada destinado mayoritariamente a jueces y funcionarios judiciales, con la idea de reemplazar a la cúpula judicial y conformar una “justicia adicta” al poder de turno.

Como consecuencia de esa medida se jubilaron los ministros del Superior Tribunal de Justicia, camaristas y jueces de instrucción.

Entre los jueces jubilados con cinco años de aportes se dio el caso de algunos que directamente no residían en Tierra del Fuego, como Hutchinson, que cuando la Caja le pidió certificar su domicilio tuvo que presentar las facturas de un hotel.

La ley de los 25 inviernos

En octubre de 2002, todavía con Manfredotti en la gobernación, la Legislatura volvió a cambiar el régimen previsional. No duró mucho, cuatro años más tarde, en 2006, ya con el ex gobernador Hugo Cóccaro al mando del Poder Ejecutivo, el Parlamento fueguino volvió a ceder a la presión de sindicatos y una organización llamada de “Fueguinos Autoconvocados” y sancionó la llamada “Ley de los 25 inviernos”.

La ley 721 permitía jubilarse, una vez más, a las mujeres con 45 años y a los hombres con 50, siempre y cuando pudieran comprobar 25 años de trabajo en el Estado provincial.

Ese régimen se “perfeccionó” con la modificación acontecida en 2007 mediante la ley 742, que mejoró el haber inicial al 82% de “los mejores 24 meses de los últimos 120” de trabajo, y permitió que se recalcularan con esa fórmula de manera retroactiva todas las jubilaciones otorgadas con el sistema anterior, permitiendo también “compensar el exceso de servicios con el faltante de edad”.

El resultado fue una bomba perfecta que le explotó en las manos a la primera gobernadora mujer del país, Fabiana Ríos, que gobernó entre 2008 y 2015 sin que la Legislatura aceptara nunca tratar los doce proyectos de reforma que su gestión envió en ese período para intentar morigerar la crisis del sistema.

En esos años se pagaron los haberes jubilatorios en cuotas y las finanzas de la provincia estuvieron atadas a la emergencia económica previsional.

“Durante la transición entre el Gobierno anterior y el mío se hicieron al menos seis reformas previsionales. Y durante los ocho años de mi gestión, la Legislatura no tuvo ninguna actividad en relación al régimen previsional, a pesar de que fueron los años con mayor cantidad de jubilaciones. Presentamos doce proyectos de reforma y ningún sector, ni político, ni sindical, ni de jubilados, consideró que debían ser analizados”, recordó Ríos en diálogo con este medio.

Esquema Ponzi

La ley de los “25 inviernos” recién fue “jubilada” en enero de 2016, a poco de asumir la exgobernadora Rosana Bertone, cuando se aprobó un paquete legislativo que declaró la “Emergencia del Sistema de Seguridad Social”, la “Reforma del Régimen de Jubilaciones y Pensiones” y volvió a separar la Caja de Previsión del Instituto de Servicios Sociales, regresando al modelo de los años 90´.

Entre muchos cambios, las leyes pusieron algo de razonabilidad al sistema: se fijó una tabla para llegar progresivamente a una edad jubilatoria de 60 años tanto de hombres como de mujeres, ambos con 30 años de servicio y 20 de aportes al régimen fueguino, derogándose los “25 inviernos” y la jubilación sin límite de edad para los docentes. También se crearon aportes extraordinarios y un Fondo de Sustentabilidad del Sistema.

“En ese momento los jubilados recurrían a amparos judiciales para cobrar sus haberes, y la totalidad de los aportes y contribuciones no alcanzaban para hacer frente al pago mensual de las jubilaciones. Las leyes de 2016 devolvieron previsibilidad al sistema”, señaló Rubén Banjhe, ex presidente de la Caja de Previsión durante el gobierno de Bertone.

A partir de entonces las cuentas de la Caja se estabilizaron y los jubilaron comenzaron a cobrar en tiempo y forma, hasta que la presión de sindicatos, en especial los docentes (Sutef y ATE) llevaron a la reciente reforma que volvió a flexibilizar las condiciones jubilatorias y a generar un nuevo manto de incertidumbre sobre el futuro de las arcas previsionales fueguinas.

Según Ríos, el abordaje de esta reforma “no fue integral. No había informes actuariales ni información pública disponible sobre el tema. Se circunscribió la discusión, se cerró el debate y se lo acotó en el tiempo en un apuro no acorde a la magnitud de la reforma abordada”, dijo la ex gobernadora fueguina.

También consideró que aunque “una reforma era necesaria” hacía falta “un esquema más reflexivo” porque lo que se aprobó “tuvo que ver más con compromisos políticos”, aseveró. 

Para Banjhe, en cambio, la reforma retrotrae a la época de los “25 inviernos”.

“Se jubilarán algunos miles de jubilados que en menos de 5 años no podrán cobrar sus jubilaciones. Lo que hicieron fue aprobar un ”esquema de Ponzi“ que solo se sostendrá un par de años producto del aumento de contribuciones pagadas con recursos de todo el pueblo fueguino”, aseguró el ex funcionario.

Si sus vaticinios son ciertos, el régimen previsional fueguino cerrará un círculo perfecto: el que comienza con privilegios inverosímiles, ocasiona crisis terminales, da lugar a reformas restrictivas y luego a nuevos privilegios. Todo repetido y repetido como en un bucle sin fin, aunque ocurra en el mismísimo Fin del Mundo.

GR/MG

Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, fue detenido este lunes por Interpol en un barrio privado de República Dominicana, en el marco de la causa en la que se lo investiga por ser considerado el responsable de crear una organización que realizó estafas piramidales, además de acusaciones por asociación ilícita y lavado de dinero.

En la causa que involucra a la organización que, durante cinco años, atrajo clientes a través de la firma de un contrato a cambio de servicios de coaching ontológico, espiritual y educación financiera, ya hay 23 detenidos que intervenían con diferentes cargos en la empresa que montó Cositorto, mientras que el exjuez porteño Héctor Luis Yrimia permanece prófugo, acusado por la Justicia de ser asesor jurídico de Generación Zoe.

El último 29 de marzo, en diálogo con Radio 10, Cositorto negó que Generación Zoe y el resto de sus empresas hayan producido una “estafa piramidal”. Presuntamente, Generación Zoe prometía ganancias del 7,5% mensuales en dólares, a cambio de una inversión de US$ 2.000, como negocio inicial.

La firma es investigada por la Justicia de Córdoba y Buenos Aires por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, mediante presuntas maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como “esquema Ponzi o piramidal”.

Qué dijo su abogado

El abogado de Cositorto, Miguel Ángel Pierri, afirmó este lunes que su cliente, detenido por Interpol en República Dominicana, por estafa a inversores argentinos, definirá en las próximas horas si acepta o no la extradición a la Argentina.

Perri confirmó a Radio 10 que una comisión policial se presentó este lunes “en el lugar en donde se ubicaba” Cositorto y lo detuvo.

El pedido de captura internacional lo hizo la fiscal de Villa María, Juliana Compañys.

Pierri precisó que, “si Cositorto no se resiste a la extradición, se lo extraditará a la Argentina, y, como paso de rigor, se lo envía a la dependencia local de Interpol, ubicada en la calle Cavia”.

En cambio, explicó que “si se resiste, se inicia un proceso de extradición, que resultará más largo”.

La palabra de Cositorto días atrás

“Yo me voy a defender desde donde estoy, tengo que sacar adelante el proyecto, por ende hasta que Miguel Pierri no me lo recomiende no me voy a entregar”, había dicho Cositorto, quien, ahora se sabe, se ocultaba en República Dominicana.

“En Argentina atacan a una empresa que daba educación a las personas... nosotros generamos mucha riqueza en Argentina, estábamos levantando escuelas en Pilar, es una vergüenza que haya personas detenidas por esto”, se defendía.

Hace dos meses, la Justicia argentina había solicitado la captura internacional de Cositorto. La fiscal que investiga el caso en Córdoba, Juliana Companys, afirmó que Generación Zoe ejecutaba “una estafa de manual” sobre la que “hay pruebas lapidarias”. La causa suma hasta el momento dos docenas de detenidos, entre ellos cinco efectivos policiales.

Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero último, a partir de la denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas, en Villa María, Córdoba, y Buenos Aires.

¿Qué decía el pedido de captura sobre Cositorto?

El pedido de captura sostiene que Cositorto está señalado por dirigir y promover, junto con otras siete personas, el “haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada ”ZOE“ y ”Al Coaches SAS“ dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera”.

En su alerta, Interpol sostuvo que Cositorto y sus socios habrían inducido al error a los damnificados “haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares”.

“Sin embargo, los incoatados no contaban con los fondos para responder a lo prometido, dejando de asistir a la oficina, la cual fue cerrada definitivamente en febrero de 2022, sin dar respuesta alguna a los requerimientos de las víctimas perjudicadas, ocasionándoles un perjuicio en su patrimonio”, afirmó la Organización.

El pasado 7 de enero la CNV inició un sumario administrativo a Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.

A eso se sumó la emisión de una alerta internacional en el portal de IOSCO, organización que agrupa a los reguladores del mercado de capitales del mundo, y a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde también se detectaron actividades de la empresa que encabeza Cositorto.

Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal conocida como esquema Ponzi en la que se convence a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios.

Según promocionaba a los supuestos inversores, Zoe tenía activos como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a poco más de 1 centavo en la actualidad (-97%) y se ufanaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, además de haber empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, “el metaverso” y los NFT.

Así hablaba Leonardo Cositorto en sus cursos

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El Banco Central (BCRA) informó este lunes que investiga a empresas que ofrecen rentabilidades extraordinarias en criptoactivos y criptomonedas que “no resultan compatibles con parámetros razonables en operaciones financieras”.

En ese sentido, la autoridad monetaria advirtió a los ahorristas de “los riesgos de invertir a través de estas plataformas que no tienen activos subyacentes que permitan evaluar el riesgo de la inversión”.

A través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, el BCRA realizó inspecciones en varias provincias y adoptó las órdenes de cese sobre estas prácticas e “iniciará las actuaciones sumariales y judiciales que correspondan para proteger al público”, se precisó en un comunicado.

En la oportunidad, se detectaron campañas de publicidad en provincias como La Rioja y Catamarca tendientes a captar inversores “con esquemas poco transparentes de administración de los activos”.

En consecuencia, el BCRA intimó a las empresas que se ofrecen a través de plataformas web a no realizar operaciones de intermediación financiera y analiza si corresponde la denuncia penal por la presunción de una maniobra de estafa asimilable a los esquemas Ponzi, se detalló.

Sobre el tema, el BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitieron ya un documento en el que se brindó información y se alertó a los ahorristas sobre eventuales implicancias y riesgos que los criptoactivos pueden acarrear.

Con información de agencias.

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