Más de cuatro de cada diez trabajadores en la Argentina tienen empleos sin derechos laborales básicos. No cuentan con aportes jubilatorios, no están cubiertos por la seguridad social y tampoco están protegidos por la legislación laboral. En el cuarto trimestre de 2025, la informalidad laboral alcanzó al 43% de los ocupados, según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La cifra permite dimensionar el fenómeno de manera concreta: casi la mitad de quienes trabajan lo hacen en condiciones de desprotección laboral. Esto significa que millones de personas sostienen su ingreso cotidiano sin las garantías que establece el trabajo registrado, desde una jubilación futura hasta cobertura frente a accidentes laborales.

La comparación con el mismo período del año anterior mostró una suba de aproximadamente un punto porcentual, lo que indica que la informalidad no sólo se mantiene en niveles elevados sino que además creció en el último año.

El informe fue coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria y analizó la evolución reciente del mercado de trabajo argentino. El dato central es que la informalidad se mantiene como uno de los rasgos estructurales del empleo en el país, incluso en contextos económicos distintos.

Para entender su dimensión social, el estudio también analizó las condiciones de vida de quienes trabajan sin registro. El 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, mientras que otro 27% se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

Esto significa que casi seis de cada diez trabajadores informales habitan hogares que ya son pobres o están al borde de serlo. En otras palabras, la falta de derechos laborales suele ir de la mano con ingresos inestables y mayor fragilidad económica.

Los más vulnerables, como siempre, son los jóvenes

El informe también mostró que la informalidad no afecta a todos los trabajadores por igual. Los jóvenes son el grupo más expuesto a este tipo de empleo precario. Entre quienes tienen entre 16 y 24 años, siete de cada diez trabajan en la informalidad, lo que refleja las dificultades para acceder a un primer empleo registrado.

En la práctica, para muchos jóvenes la puerta de entrada al mercado laboral suele ser un trabajo sin contrato, sin aportes y sin estabilidad. Esa situación puede extenderse durante años y marcar la trayectoria laboral futura.

En los grupos de mayor edad, los niveles de informalidad disminuyen, aunque siguen siendo altos. Entre los trabajadores de 45 a 64 años la tasa fue de 34,2%, mientras que en el tramo de 25 a 44 años alcanzó el 42,2%.

Entre las personas de 65 años y más, la informalidad volvió a subir hasta el 57,8%. El informe señaló que este patrón refleja una tendencia habitual en los mercados laborales: la precariedad aparece con más fuerza al comienzo y al final de la vida laboral.

El análisis también detectó una fuerte concentración geográfica del fenómeno. La mayor parte de los trabajadores informales reside en el Gran Buenos Aires, la región urbana más poblada del país.

En perspectiva histórica, la tasa actual se ubica en niveles similares a los registrados en 2008, lo que muestra que el problema se mantiene elevado desde hace al menos 17 años.

El informe también comparó la situación argentina con otros países de la región. Entre nueve economías latinoamericanas analizadas, la Argentina se ubicó en el cuarto lugar en niveles de informalidad, detrás de Chile, Brasil y Costa Rica.

JJD, con información de NA

El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez, cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y sostuvo que “no sirve” porque no genera empleo, no aborda la informalidad y responde a una lógica ideológica antisindical. El dirigente advirtió que el debate público se concentró en aspectos tributarios mientras quedaron relegadas las consecuencias concretas para quienes trabajan.

Martínez planteó que, en términos generales, una reforma laboral debería permitir que los trabajadores ganen derechos en un contexto de cambios tecnológicos y productivos. Sin embargo, remarcó que eso no ocurre con el proyecto oficial. “Yo creo que tendríamos que ganar, pero no es lo que observo en mi análisis y en las realidades concretas de lo que representa esta ley”, afirmó en una entrevista con Infobae. Para el dirigente, la iniciativa no propone un esquema de transición de la informalidad a la formalidad ni políticas concretas de creación de empleo.

En ese sentido, subrayó que la informalidad laboral no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, pero cuestionó que el proyecto no incluyera herramientas para revertirla. “Esta ley en ningún momento habla de generación de puestos de trabajo como para ir en un proceso de transición de la informalidad a la formalidad”, sostuvo. Desde su mirada, el texto respondió más a un mensaje político hacia el exterior que a una discusión sobre trabajo. “Este proyecto responde más a un mensaje del ‘rock star Milei’ en su vínculo con Estados Unidos”, afirmó.

El dirigente de la construcción enmarcó el debate en un escenario global atravesado por transformaciones profundas, como la automatización, la inteligencia artificial y la robotización. Señaló que, a nivel internacional, se discute cómo redistribuir el trabajo y redefinir el vínculo entre capital y trabajo, pero advirtió que la reforma local no se inscribió en esa discusión, sino que avanzó sobre derechos ya existentes.

Martínez también se refirió a la situación específica del sector que representa. Confirmó que la construcción perdió alrededor de 60.000 puestos de trabajo en la primera etapa del actual Gobierno, tras la paralización de la obra pública nacional. “De una manera inédita y sin explicación, se frenó la obra pública”, señaló. Explicó que parte de ese impacto se amortiguó por la reactivación de la actividad privada y por la absorción de trabajadores por parte de gobiernos provinciales, pero remarcó que el daño inicial fue significativo.

Consultado sobre la posibilidad de diálogo con un Gobierno que paralizó la obra pública, Martínez sostuvo que el diálogo es una obligación mutua. “Tenemos la obligación de hablar y ellos tienen la obligación de dialogar”, afirmó, aunque aclaró que esa herramienta pierde sentido cuando las decisiones ya están tomadas. En ese marco, relató su paso por el llamado Consejo de Mayo, del que decidió retirarse al advertir que no se discutía un proyecto concreto, sino consignas generales sin capacidad real de modificación.

“Nunca se discutió la composición de un ordenamiento, como se discute un proyecto de ley”, afirmó. Y agregó: “Cuando observé que había una determinación política y una metodología de hecho consumado, decidí retirarme, porque no iba a convalidar eso”. Según explicó, el diálogo formal coexistió con una dinámica en la que el contenido central de la reforma ya estaba cerrado.

Martínez advirtió que el proyecto avanzó sobre derechos colectivos e individuales y que varios artículos rozaron valores constitucionales. Señaló como ejes problemáticos la ultraactividad de los convenios, la prevalencia de convenios por empresa, la posibilidad de crear sindicatos de empresa y las limitaciones a la acción gremial. “Buscan romper el modelo sindical argentino”, sostuvo, y remarcó que ese modelo no niega la inversión ni la rentabilidad, sino que establece reglas de negociación colectiva.

En ese punto, fue explícito al definir el sentido del proyecto. “Hay una intencionalidad ideológica antisindical”, afirmó. Para el dirigente, la iniciativa no apuntó a modernizar relaciones laborales, sino a debilitar la representación colectiva de los trabajadores, en un contexto donde el salario perdió poder adquisitivo y el empleo formal retrocedió.

El titular de la UOCRA también abordó las críticas recurrentes contra el sindicalismo, vinculadas a la falta de representatividad y a la distancia con los trabajadores. Reconoció que existe una interpelación social real, en especial entre los sectores más jóvenes, y sostuvo que los sindicatos deben modernizarse y reconstruir el vínculo con quienes trabajan. Sin embargo, rechazó la demonización generalizada. “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”, afirmó, y defendió el rol del sindicalismo como herramienta de defensa colectiva frente a intereses económicos concentrados.

En relación con el fondo de cese laboral que rige en la construcción, Martínez explicó que no puede extrapolarse de manera obligatoria a todas las actividades, ya que responde a características específicas del sector. Señaló que cualquier adaptación debe surgir del acuerdo entre las partes y no de una imposición legal generalizada.

Sobre el futuro del proyecto, el dirigente consideró que la reforma probablemente se apruebe, al entender que el Gobierno cuenta con los votos necesarios. Aun así, aseguró que el sindicalismo dará pelea con argumentos en el Congreso. “Tenemos capacidad para discutir y defender los intereses que representamos”, sostuvo.

JJD

El Gobierno nacional confía en aprobar la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias convocadas para el 10 y 11 de febrero. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, forma parte del paquete de reformas estructurales que el oficialismo considera prioritarias y podría ser tratada sin modificaciones sustanciales, pese a la resistencia de algunos sectores.

Fuentes con acceso al despacho presidencial aseguraron a Noticias Argentinas que la administración de La Libertad Avanza cuenta con los votos necesarios para sancionar el proyecto. Aunque no se descartan sugerencias o enmiendas técnicas, el Ejecutivo ratificó que cualquier modificación “no debe alterar el espíritu” de la norma.

La reforma, denominada oficialmente como “modernización laboral”, fue presentada por el Gobierno nacional como una herramienta para formalizar el empleo y reducir costos laborales. Sin embargo, distintos especialistas advierten que los cambios propuestos pueden profundizar la precarización de quienes ya trabajan en condiciones informales o con bajos niveles de protección social.

El senador chaqueño Juan Cruz Godoy, miembro de la Comisión de Trabajo y referente de LLA en la Cámara alta, afirmó que el proyecto “va a salir con un gran consenso”. Según el legislador, gran parte de la iniciativa ya fue aprobada durante el tratamiento de la Ley Bases, pero su sanción fue postergada por la demora en la aprobación del Presupuesto 2026.

En paralelo, el oficialismo despliega una estrategia política de presión y negociación territorial. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene reuniones con gobernadores para intercambiar apoyos legislativos por beneficios específicos para las provincias. No obstante, desde Casa Rosada niegan que se vayan a implementar compensaciones fiscales directas: “La compensación va a surgir del crecimiento que va a generar, tanto en sus recursos propios como en la coparticipación”, sostuvo una fuente del entorno presidencial.

La exministra de Seguridad y actual jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, impulsa una comisión técnica a cargo de la abogada laboralista Josefina Tajes, que buscaría canalizar sugerencias de sectores empresariales y gremiales sin alterar el texto base. Hasta el momento, los sindicatos no fueron formalmente convocados a una discusión estructurada del articulado, y la CGT ya había manifestado su rechazo al contenido del capítulo laboral dentro del fallido DNU 70/2023.

Uno de los ejes argumentales del oficialismo gira en torno a la informalidad. Según Godoy, “los puestos laborales se están creando en negro”, lo que afectará en el futuro a millones de trabajadores sin aportes jubilatorios. “En 10 o 15 años, esas personas van a estar complicadas para cobrar su jubilación”, declaró el senador en Radio Rivadavia. No obstante, la iniciativa oficial no incluye una propuesta clara para promover el blanqueo laboral ni detalla mecanismos de fiscalización o incentivos a la registración.

El proyecto tampoco contempla medidas concretas para reforzar el rol de la inspección laboral, uno de los pilares de control del trabajo no registrado. La visión dominante en el oficialismo promueve un esquema de desregulación y reducción de costos empresariales como vía para fomentar el empleo, sin abordar las causas estructurales de la informalidad como la tercerización, la falta de inversión productiva o la subocupación crónica.

Respecto a los sindicatos, el discurso oficial sostiene que “la reforma es para adelante” y que no afectará a quienes ya tienen empleo registrado. Sin embargo, diversos juristas advierten que varios artículos del proyecto podrían vulnerar derechos adquiridos, limitar la capacidad de negociación colectiva y alterar los convenios vigentes.

El oficialismo buscará aprobar la reforma laboral con celeridad, sin abrir instancias amplias de debate ni convocar a audiencias públicas. Aunque el Gobierno insiste en que “todos se benefician con la reforma”, los sectores del trabajo organizado reclaman participación real en la discusión de un cambio que impactará de lleno en sus condiciones de vida.

JJD, con información de NA

En diciembre de 2025, una familia tipo necesitó $1.308.713 para no ser pobre, según el informe oficial del Indec sobre canasta básica total (CBT) en el Gran Buenos Aires. En ese mismo mes, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) fue de $334.800. La relación entre ambos valores revela el núcleo del problema: el ingreso mínimo legal cubre apenas el 25,5% del costo de vida estimado para un hogar con dos personas adultas y dos menores.

En otras palabras, no alcanza ni para cubrir la cuarta parte de las necesidades básicas de una familia trabajadora. Esa diferencia se mantuvo a lo largo de todo el año y se consolidó como una expresión estructural de pobreza en el mundo del trabajo.

La canasta básica total (CBT) calcula el costo mensual de bienes y servicios esenciales: alimentos, vivienda, transporte, educación, salud, vestimenta y algunos consumos no alimentarios mínimos. Su valor sirve para establecer la línea de pobreza. En 2025, esa canasta subió 27,7%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) —que marca la línea de indigencia— aumentó un 31,2% .

Ambas crecieron por encima de muchos ingresos reales. Y aunque la inflación anual fue del 31,5%, según el IPC, los productos que más pesan en la canasta —alimentos, servicios y transporte— subieron aún más. Solo en diciembre, tanto la CBT como la CBA aumentaron 4,1%, una cifra superior al promedio general .

El problema no es solo cuánto suben los precios, sino cuánto valen los salarios. El SMVM se mantuvo por debajo de la línea de pobreza todo el año. Para hogares de cinco integrantes, el costo de vida en diciembre fue de $1.376.478, mientras el ingreso mínimo seguía fijo en $334.800. Esa diferencia responde a una estructura económica que devalúa el trabajo y no lo reconoce como medio suficiente de subsistencia.

Además del salario mínimo, otro indicador relevante es el RIPTE, que mide la remuneración promedio de los trabajadores formales con aportes previsionales. En septiembre de 2025 —último dato disponible al cierre del año— ese ingreso fue de $1.551.831 brutos. A primera vista, el número supera el costo de la canasta básica total (CBT), que en diciembre fue de $1.308.713 para una familia tipo. Sin embargo, el RIPTE no refleja el ingreso disponible en mano, ya que incluye aportes jubilatorios, descuentos de obra social y otras retenciones, por lo que el salario neto puede reducirse en un 17% o más.

Además, se trata de un salario individual que debe sostener a un hogar entero de cuatro personas. Aun si se lograra empatar el valor de la canasta con un ingreso neto equivalente, esa familia seguiría sin margen para cubrir alquiler, salud no cubierta, educación extracurricular o cualquier gasto imprevisto. Por eso, incluso los trabajadores formales con ingresos promedio enfrentan niveles de restricción material crecientes. La pobreza laboral, en este escenario, no es una situación excepcional: es una realidad estructural que atraviesa al conjunto del mundo del trabajo.

La pobreza laboral de la que se viene hablando ya desde la pandemia ya no es un fenómeno marginal: al parecer llegó para quedarse. Según la Encuesta Permanente de Hogares, más del 36% de los ocupados trabaja en condiciones informales. En ese universo, los ingresos no solo son más bajos: también carecen de paritarias, aguinaldo o actualizaciones automáticas frente a la inflación. En la mayoría de esos casos, el ingreso mensual ni siquiera cubre la canasta alimentaria, lo que ubica a esos hogares por debajo de la línea de indigencia.

Los sectores registrados tampoco quedaron protegidos. En muchos gremios, las paritarias cerraron por debajo del 30% anual, y aunque hubo revisiones, no alcanzaron a igualar el ritmo de aumento del costo de vida. Según estimaciones del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, el salario mínimo perdió un 36% de su poder de compra entre 2023 y 2025.

Detrás de cada cifra hay una traducción concreta: el salario rinde cada vez menos para comer, para alquilar, para viajar, para pagar servicios básicos. En lugar de acercarse al umbral de la canasta básica, el ingreso real se aleja. La pobreza no es un resultado ocasional: es la forma habitual en que viven millones de personas que tienen trabajo.

Este desfasaje estructural se volvió constante: el ingreso por trabajo ya no garantiza superar la línea de pobreza. En muchos hogares, ni dos salarios mínimos combinados alcanzan para cubrir lo que el Estado estima como nivel de subsistencia sin pobreza. Esa es la definición más nítida de pobreza estructural en el mundo del trabajo.

Mientras el modelo económico no garantice que trabajar sea suficiente para vivir con dignidad, la pobreza seguirá reproduciéndose dentro del empleo, y no en los márgenes del sistema. Es una crisis del valor del trabajo, no solo del nivel de precios.

JJD

La Plaza de Mayo fue más fuerte que el calendario parlamentario. Aunque el gobierno de Javier Milei había anunciado que su reforma laboral sería debatida y votada antes de fin de año, el Senado la postergó hasta febrero, luego de una jornada donde la presión sindical y las tensiones internas en el Congreso marcaron el pulso político.

El dictamen de comisiones se firmó el miércoles por la tarde, pero el tratamiento en el recinto se reprogramó para una próxima convocatoria a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de febrero. La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, lo comunicó personalmente, tras un plenario que estuvo al borde del colapso político y que solo pudo destrabarse con gestos hacia la oposición dialoguista.

“Hubiese sido un desastre”, reconoció un senador radical. Las negociaciones estuvieron frenadas buena parte del día, y la decisión de demorar el debate —inédita para un oficialismo que hace bandera de la velocidad legislativa— fue el resultado de una relación de fuerzas que excede al recinto.

La CGT en la calle: advertencia y plan de lucha

A esa misma hora, en el centro de Buenos Aires, la CGT protagonizaba su primera gran marcha contra el Gobierno, con todo el Consejo Directivo presente, columnas de sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda. La consigna fue clara: rechazar una reforma que consideran “entreguista” y “a favor de las grandes empresas”.

“No se genera trabajo sacando derechos, ni con jornadas más largas”, advirtió Octavio Arguello, cosecretario general, ante una multitud. El mensaje fue directo al Senado: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los van a demandar”. La movilización cerró con una advertencia: si no hay marcha atrás, habrá paro nacional.

No fue una marcha testimonial, sino un gesto de fuerza y unidad. Estuvieron Hugo Moyano, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Jorge Sola, y dirigentes como Axel Kicillof, Juan Grabois y José Mayans. Hubo incidentes menores, pero el mensaje de fondo fue político: la reforma no pasará sin resistencia.

Qué propone el proyecto: entre la flexibilización y la transferencia de recursos

¿De qué se trata la reforma que el Gobierno busca sancionar? Según el análisis de Juan Manuel Telechea en una publicación del portal Cenital, el proyecto busca reducir cargas patronales, abaratar despidos, limitar la protesta sindical y favorecer la flexibilidad horaria. Pero no hay garantías de que eso genere más empleo formal.

Uno de los puntos clave es el fondo de cese laboral. Las empresas aportarían un 3% mensual del salario, que se usaría para pagar futuras indemnizaciones. A cambio, dejarían de aportar esa misma proporción a la seguridad social. “La indemnización, en los hechos, la financiaría el sistema jubilatorio”, advierte Telechea.

Además, el proyecto amplía de tres a seis meses el período de prueba, quita del cálculo indemnizatorio ítems como el aguinaldo y otros adicionales, y mantiene un blanqueo laboral con perdón de deudas y multas que, según los datos disponibles, no logró resultados significativos.

La reforma también introduce un “banco de horas”, que permite reorganizar la jornada laboral sin pagar horas extra. Pero, sin protección gremial efectiva, el control sobre el uso del tiempo quedaría en manos del empleador. Es un esquema que debilita la negociación colectiva y diluye uno de los pocos márgenes de autonomía que tienen los trabajadores sobre su vida cotidiana.

La informalidad, excusa o problema

El argumento central del Gobierno es que la rigidez del sistema laboral actual impide la creación de empleo formal. Pero el propio texto del proyecto omite que el 90% del empleo no registrado se concentra en micro y pequeñas empresas, y que la gran mayoría de las medianas y grandes ya cumple con las normas.

¿Por qué entonces se proponen reducciones de cargas para todas las empresas, sin segmentación? Telechea sostiene que eso convierte una reforma supuestamente técnica en una medida regresiva: “Se transfiere recursos del Estado y los trabajadores hacia las empresas, sin generar incentivos efectivos para el blanqueo”.

Tampoco se incluyen reformas básicas que podrían mejorar la calidad del empleo: licencias por nacimiento, por ejemplo, siguen igual que hace 50 años. Para el padre, dos días. Para la madre, trece semanas.

Derecho a huelga y libertades sindicales en jaque

Uno de los puntos más controvertidos es la limitación al derecho constitucional de huelga. El proyecto establece un “servicio mínimo” del 50% en casi todas las actividades —alimentación, bancos, comercio electrónico, medios de comunicación—, lo que en la práctica implica vaciar de fuerza la protesta gremial.

Es un salto cualitativo en la conflictividad estructural: el Gobierno intenta regular la protesta desde una lógica empresarial, desconociendo su función social y su resguardo legal. En este punto, la reforma no busca solo cambiar normas laborales: busca disciplinar políticamente al movimiento obrero.

Lo que se posterga (por ahora)

El tratamiento en el Senado quedó fijado para febrero, en un nuevo período de sesiones extraordinarias. La postergación fue un revés parcial para el oficialismo, que logró el dictamen gracias a un acuerdo con sectores del radicalismo, el PRO y algunos peronistas disidentes. Pero la grieta parlamentaria está abierta, y el conflicto social escalando.

La CGT anunció que el plan de lucha continuará, con protestas y posibles paros sectoriales. El Gobierno, por su parte, apuesta a ganar tiempo para acumular votos, mientras avanza con otras reformas paralelas, como el Presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal”.

¿Una reforma laboral sin trabajo?

El telón de fondo es más profundo que un proyecto de ley. Lo que se discute no es solo cómo despedir, contratar o registrar, sino quién define las condiciones del trabajo en la Argentina del siglo XXI: si el mercado, el Estado, o los trabajadores organizados.

La experiencia muestra que con este mismo régimen laboral, entre 2004 y 2011, la economía generó más de 2 millones de puestos formales y redujo la informalidad. No fue por una reforma laboral, sino por crecimiento económico sostenido y políticas públicas activas.

La reforma Milei puede terminar siendo un nuevo episodio de una vieja historia: flexibilizar sin crecer, ajustar sin incluir. Por ahora, la calle impuso un límite. Pero la disputa recién empieza.

JJD

Criar a un hijo en Argentina cuesta entre $441.000 y $557.000 por mes, dependiendo de la edad. Lo reveló el INDEC al publicar la valorización de la canasta de crianza de octubre. Más del 60% del monto corresponde al tiempo de cuidado, un trabajo históricamente no remunerado y cargado sobre las espaldas de mujeres trabajadoras.

El informe oficial calcula el costo mensual para cubrir alimentos, ropa, salud, transporte, vivienda y tiempo de cuidado. Este último se estima a partir del salario del personal de casas particulares y de las horas mínimas requeridas por edad. En bebés y niños pequeños, el cuidado supera largamente al consumo.

Por ejemplo:

El informe oficial visibiliza el trabajo de cuidado, central para la economía, pero invisibilizado y feminizado.

Para una trabajadora asalariada o informal, sostener ese costo mensual sin redes públicas ni apoyo familiar es inviable. Menos aún si tiene a su cargo más de un niño. En muchos casos, eso deriva en la imposibilidad de acceder a un empleo registrado o en la aceptación de trabajos precarizados.

“El costo del cuidado no está en el recibo de sueldo, pero sí pesa en cada decisión laboral que tomamos”, explican desde espacios sindicales de trabajadoras informales. En sectores como el personal doméstico, la economía popular o las cooperativas, el cruce entre crianza y trabajo es una barrera estructural.

El INDEC calcula esta canasta con metodología del Ministerio de Economía y UNICEF, que parte del enfoque de “cuidado necesario” según edad y jornada escolar. El objetivo es mostrar cuánto cuesta sostener la crianza en condiciones mínimas de bienestar, con un enfoque de derechos.

La publicación se vuelve una herramienta clave para sindicatos, movimientos de mujeres y organizaciones sociales que exigen licencias extendidas, jardines comunitarios y políticas integrales de cuidado.

JJD

El mercado laboral argentino continúa en estado de alerta. Según el último informe del INDEC, correspondiente al segundo trimestre de 2025, la desocupación se mantuvo en el 7,6%, pero la estabilidad es solo aparente: la informalidad creció, la calidad del empleo cayó y cada vez más personas buscan un segundo trabajo para sobrevivir.

El reporte del organismo estadístico, publicado el 18 de septiembre, muestra un escenario de fragilidad estructural agravada. La tasa de empleo se ubicó en 44,5%, apenas 0,1 puntos por encima del trimestre anterior, pero la tasa de actividad cayó a 48,1%, una señal de desaliento. La presión sobre el mercado laboral aumentó a 30,5%, impulsada por un salto de los ocupados que, aunque tienen empleo, buscan otro.

Esa presión incluye no solo a quienes están desocupados, sino también a los subocupados –personas que trabajan menos de 35 horas semanales y quieren más– y a los ocupados que buscan otra ocupación. El 17,1% de los trabajadores está en esta última situación, una señal del deterioro de las condiciones laborales, más allá de si hay empleo o no.

El dato más preocupante es que la informalidad laboral subió 1,6 puntos porcentuales interanuales y llegó al 43,2% de los ocupados. Más de 5,7 millones de personas trabajan sin aportes jubilatorios, una cifra incompatible con cualquier promesa de mejora social. Dentro de los asalariados, el 37,7% está en negro, y apenas el 15,7% de ellos realiza aportes por su cuenta.

Mientras el Gobierno celebra números que no empeoran, la realidad es que la precarización avanza. La proporción de personas que, aún trabajando, quieren o necesitan cambiar de empleo pasó del 16% al 17,1% en un año. A esto se suman los subocupados, que ya son el 11,6% de la población económicamente activa. En total, más de 4,3 millones de personas presionan activamente el mercado laboral.

En términos geográficos, el Gran Buenos Aires sigue encabezando la tasa de desocupación, con un 8,7%, seguido por la región Pampeana (7,4%). Las mujeres jóvenes vuelven a ser las más castigadas: entre las de 14 a 29 años, el desempleo es del 16,9%. El mercado laboral muestra una cara brutalmente desigual, donde el género, la edad y el territorio son determinantes.

El deterioro también se refleja en la composición del empleo. Los asalariados formales representan solo el 62,3% del total, mientras que los cuentapropistas ya son el 23,7%, cifra que creció durante el año. El 8,5% trabaja desde su casa y el 4% usa herramientas propias, signos de una creciente informalidad disfrazada de autonomía.

En cuanto al perfil educativo, el 60,4% de las personas ocupadas tiene hasta secundario completo, y solo el 39,7% accedió a estudios superiores o universitarios. Por tipo de ocupación, el 55,5% se desempeñó en tareas operativas y apenas el 11% en empleos profesionales. Esto refuerza el perfil de un mercado segmentado, donde la informalidad golpea con más fuerza a quienes tienen menos formación y menos poder de negociación.

La foto que deja este informe es la de un mercado laboral con poco movimiento pero alta tensión. Menos gente quedó fuera del sistema, pero más gente trabaja en condiciones precarias, sin cobertura ni estabilidad. En otras palabras, hay menos desempleo pero no hay más derechos.

En este contexto, el relato oficial sobre “recuperación” resulta insostenible. La economía no genera más empleo formal ni mejora las condiciones existentes. Por el contrario, la combinación de recesión, ajuste fiscal y desregulación acelera un proceso de desprotección laboral extendida.

El segundo trimestre de 2025 confirma una tendencia que se viene consolidando desde la llegada de Javier Milei al poder: menos Estado, más mercado... y más trabajadores sin derechos.

JJD

El mercado laboral argentino mostró, una vez más, su cara ambigua. La desocupación se mantuvo en el 7,6% en el segundo trimestre de 2025, igual que en el mismo período del año anterior. Pero la noticia vino acompañado de una señal preocupante: la informalidad laboral volvió a crecer y alcanzó al 43,2% de los ocupados, con un aumento de 1,6% respecto del mismo período de 2024..

Los datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos(INDEC) este 18 de septiembre y surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que releva 31 aglomerados urbanos. El informe registró una tasa de empleo del 44,5%, muestra como la presión sobre el mercado laboral aumentó y llegó al 30,5% de la población económicamente activa –era de 29,7%–, es decir, del universo que trabaja o busca activamente trabajo.

Esa presión incluye no solo a quienes están desocupados, sino también a los subocupados (trabajan menos de 35 horas semanales y quieren más) y a los ocupados que buscan otra ocupación. El 17,1% de los trabajadores está en esta última situación, una señal del deterioro de las condiciones laborales, más allá de si hay empleo o no. En cuanto a la intensidad del trabajo, el 12,5% estuvo subocupado y el 27,2% sobreocupado, es decir, con jornadas superiores a las 45 horas semanales.

En total, hubo 13,3 millones de ocupados y 1,1 millones de desocupados sobre una Población Económicamente Activa (PEA) de 14,4 millones, en una población total proyectada de 47,5 millones. El empleo creció entre las mujeres (47,6%) y cayó entre los varones (64,9%), y si bien la desocupación bajó a nivel general, fue más alta entre las mujeres (8,5%) que entre los varones (6,8%).

El Gran Buenos Aires volvió a encabezar las cifras de desocupación, con una tasa del 8,7%, seguido por la región Pampeana con 7,4%. En el otro extremo, Patagonia y Noroeste marcaron el mínimo: 4,7%. También hubo diferencias según el tamaño de los centros urbanos: en los aglomerados de más de 500.000 habitantes, la desocupación fue del 8%, mientras que en los más pequeños se ubicó en 5,5%.

La precarización laboral se sintió en varios frentes. El 37,7% de los asalariados no tiene descuento jubilatorio, y dentro de ese grupo, apenas el 15,7% realiza aportes por su cuenta. Además, el trabajo por cuenta propia alcanzó al 23,7% de los ocupados, mientras que los empleadores (patrones) representaron solo el 3,5%. El 8,5% del total trabajó desde su casa y el 4% utilizó herramientas propias.

En cuanto al perfil educativo, el 60,4% de las personas ocupadas tiene hasta secundario completo, y solo el 39,7% accedió a estudios superiores o universitarios. Por tipo de ocupación, el 55,5% se desempeñó en tareas operativas y apenas el 11% en empleos profesionales.

Entre quienes buscan trabajo, el 71,3% no terminó estudios superiores. También se destacó que el 28,2% lleva más de un año buscando empleo, un dato que refleja el carácter persistente del desempleo para una parte de la población. Por edad, las mujeres jóvenes fueron las más afectadas, con una tasa de desocupación del 16,9%.

Comparado con el mismo trimestre del año anterior, el desempleo se mantuvo en 7,6%, pero aumentó la proporción de personas que, aun teniendo trabajo, buscan otro. También creció la informalidad, que hace un año era del 41,6%. A la vez, la tasa de actividad cayó 0,4 puntos porcentuales interanuales y la de empleo bajó 0,3 puntos.

La foto que deja este informe es la de un mercado laboral con poco movimiento pero alta tensión. Menos gente quedó fuera del sistema, pero más gente trabaja en condiciones precarias, sin cobertura ni estabilidad. En otras palabras, hay menos desempleo pero no hay más derechos.

La informalidad, sin embargo, no golpea por igual a todos los sectores. Según el informe del Indec, la mayor proporción de empleo asalariado no registrado se concentra en el trabajo doméstico (74,2%) y en la construcción, donde el 71,4% de los asalariados trabaja sin descuento jubilatorio. Es decir, siete de cada diez obreros de la construcción están en negro. También se registraron niveles elevados de informalidad en los sectores de restaurantes y hoteles (59,6%) y en el comercio (44,6%).

Por el contrario, los niveles más bajos de empleo informal se dieron en la administración pública (3,5%), en la enseñanza (6,2%) y en el sector financiero (7,6%). La informalidad, entonces, se concentra en ramas de actividad intensivas en mano de obra, con alta rotación y bajos niveles de formalización estructural, lo que marca desigualdades profundas dentro del universo ocupacional.

Además, si se analiza por calificación, el 62,4% de los trabajadores informales se desempeñó en ocupaciones no calificadas u operativas, mientras que apenas el 6,1% lo hizo en puestos técnicos y el 3,2% en funciones profesionales. Esto refuerza el perfil de un mercado laboral segmentado, donde la informalidad castiga sobre todo a quienes tienen menor nivel educativo y menor poder de negociación.

JJD

El salario mínimo, que hoy es de $296.832, perdió 33,5% del poder de compra desde que Javier Milei llegó al poder. ¿Importa? Hay gente dispuesta incluso a trabajar por menos que eso, afirmó en su momento el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni. Sin embargo, por obligación legal, el Gobierno no tuvo otra que convocar para este martes al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el que se reúnen patronales y centrales sindicales para aumentarlo. En sesiones anteriores, la Secretaría de Trabajo en la era libertaria, bajo la conducción de Julio Cordero, siempre laudó a favor de la propuesta de los empresarios.

La Argentina tiene el 14° salario mínimo más bajo de Latinoamérica, medido en dólares (US$253), en una región de 19 países. Sólo seis pagan peor: El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Cuba y Venezuela (US$1,60). A la cabeza están Costa Rica (US$725), Chile y Uruguay.

“Desde la asunción del actual gobierno, el salario mínimo ha perdido poder adquisitivo en una forma brutal”, advierte un informe del Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (Cifra-CTA), que redactó la economista Mariana González. “En efecto, entre noviembre de 2023 y abril del año en curso, el poder de compra de este salario se redujo en más de una tercera parte. Esta reducción, sumada a la de años anteriores, implica que quede desdibujada su función como herramienta para fijar un piso salarial. En febrero de este año, el salario mínimo representó menos de una quinta parte del salario promedio registrado del sector privado.”

“A lo largo de 2024 hubo cuatro reuniones del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”, recordó González. “En todas ellas, ante la falta de acuerdo, fue la Secretaría de Trabajo quien determinó los aumentos nominales, que fueron prácticamente equivalentes a la propuesta del sector empresario. Su última resolución, de diciembre de 2024, implicó continuar con la tendencia decreciente del salario mínimo, de modo que se perdió entre el último aumento previo a esta resolución y el mes en curso un 7% de poder adquisitivo.”

“La perdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en abril de 2025 en un nivel real que es 44,1% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 57,3% menor que noviembre de 2015”, se refirió González al último mes de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. “Si el salario mínimo no hubiese perdido poder de compra a lo largo de este tiempo, estaría actualmente cerca de los $ 700.000. Tras este retroceso histórico el valor real del salario mínimo es inferior al vigente durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de convertibilidad, cuando, como sucede en la actualidad, esta política se había abandonado como herramienta para determinar pisos salariales e impulsar una menor desigualdad salarial. La comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación peor que la de 2001. El salarió mínimo en la actualidad equivale a sólo el 58,1% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y poco más de una cuarta parte de la canasta de pobreza.”

Pese a que cada sindicato negocia un básico que suele estar por encima del salario mínimo, este supone una referencia clave. “El principal objetivo del SMVM (salario mínimo vital y móvil) es asegurar que los salarios no caigan por debajo de un determinado nivel, en particular para trabajadores de menor calificación, que suelen acceder a ocupaciones con remuneraciones más bajas. De este modo, contribuye además a disminuir la desigualdad en los ingresos laborales”, señala González.

“Numerosas investigaciones, incluyendo varios realizadas por organismos internacionales, encuentran que esta institución contribuye a reducir la desigualdad salarial al elevar los sueldos de quienes se encuentran en el extremo inferior de la distribución”, continúa la economista.

Tanto es así que hasta la exlíder de la democracia cristina alemana Angela Merkel impulsó en 2015 la creación de salario mínimo en su país cuando lo gobernaba. Pero además constituye una referencia para los empleados en negro o no registrados por sus patrones. “Más allá de que las y los trabajadores informales suelen quedar por fuera de la legislación laboral, se ha comprobado que la evolución de sus remuneraciones está ligada a la dinámica del salario mínimo, que funciona como una señal para su determinación”, observa González.

“En conclusión, el SMVM sirve para proteger los ingresos de las y los trabajadores tanto formales como informales, contribuye a mejorar la distribución de los ingresos y, en consecuencia, al bienestar general de la sociedad”, señala la experta de la CTA. “En cambio, no se ha demostrado que tenga efectos negativos sobre el nivel de ocupación.”

El SMVM no se aplica a los trabajadores del sector rural y a los trabajadores domésticos, aunque el nuevo Régimen de Trabajo Agrario determina que la remuneración mínima de los trabajadores agrarios no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. En el ámbito del sector público sólo se aplica a los trabajadores de la Administración Pública Nacional y de los organismos donde el Estado nacional actúe como empleador, es decir, no en el sector público provincial y municipal.

AR/MC

El mileista Ramiro Marra publicó un elocuente video donde casi la totalidad de los dirigentes políticos relevantes de argentina se pronuncian contra la “intermediación” de los “planes sociales”. Tiene un punto: la denostación de los movimientos sociales es un consenso mayoritario en la política. A veces reduciéndolos a instrumentos de contención. A veces atacandolos como causantes de los males sociales. Se trata de una derrota cultural de los que creemos en las organizaciones libres del pueblo, los conceptos de subsidiariedad y solidaridad, la potencia de la comunidad organizada como catalizador de la democracia real. 

Todo el trabajo de las organizaciones comunitarias está teñido de sospechas y hostigamiento. Se trataría, según esta visión, de una suerte de cárcel para los excluidos que les impide progresar. Es una barrera en su tránsito de la barbarie a la civilización. Nuestras construcciones sociales son estructuras tiránicas de poder lideradas por personas inescrupulosas, gerentes de la pobreza, que se enriquecen a costa del erario público y la extorsión a los beneficiarios. Muchas veces, se proyecta en las organizaciones y sus dirigentes el odio a los pobres, la tirria contra los negros, cabecitas, villeros. Otras veces, son producto de una sincera convicción de que la existencia de las organizaciones sociales distorsiona las políticas de estado. 

Nunca hemos logrado tener una discusión pública sincera al respecto. Los avances que se obtuvieron fueron a pesar de la percepción dominante y no producto de una síntesis en torno a qué hacer con el problema social más dramático de las últimas décadas: la exclusión, una forma multidimensional de pobreza estancada que afecta en forma permanente a al menos a un tercio de nuestro pueblo. 

Estos últimos días, por enésima vez, un gobierno decide cambiar el nombre a los llamados “planes sociales” y decretar la ruptura de la intermediación y el fin de los movimientos sociales. Como si la realidad se rigiera por decretos, el gobierno de Javier Milei, mediante la turbia ministra Sandra Pettovello, modifica las condiciones reglamentarias de las políticas sociolaborales, las transfiere de una dependencia a otra, recorta con dudoso criterio la cantidad de beneficiarios, elimina las partidas destinadas al mejoramiento productivo de las cooperativas y proclama que han encontrado la forma de pasar “de los planes al trabajo” con programas que se han de llamar alternativamente “empalme al trabajo”, “puente al trabajo” y ahora… “volver al trabajo”. Un ejemplo de creatividad.  

Desde luego, no pasó por su cabecita hueca de medio pelo porteño que la inmensa mayoría de los beneficiarios –lo pongo en itálica porque no se trata de beneficencia, sino de un derecho consagrado en la Constitución y en las leyes– tiene trabajo efectivo en alguna de las miles de cooperativas y grupos socio comunitarios. Estas unidades productivas que emplean a cientos de miles de personas se sostienen gracias a los planes sociales –lo pongo en itálica porque es la denominación peyorativa de políticas públicas de fomento al asociativismo, complementación de ingresos laborales y cobertura social–.

Todo esto que cualquiera puede ver en los barrios, para ellos directamente no existe. No existen comedores, merenderos, centros de cuidado infantil, casas para mujeres víctimas de violencia, casas comunitarias para la recuperación de adicciones, espacios para la reinserción laboral de personas que salieron de la cárcel, bachilleratos y profesorados comunitarios, cooperativas de limpieza, recolección diferenciada y reciclado, polos textiles, cuadrillas de construcción, mejoramiento de viviendas e integración urbana, herrerías y carpinterías, núcleos de agricultura familiar y  elaboración de alimentos, huertas comunitarias, grupos de comercialización colectiva, ferias y mercados populares, etc. Todo es un “curro” o una “caja política”. 

Supongamos que con “volver al trabajo” se refieren al empleo registrado en el sector privado. Lo que parecieran no considerar estos héroes del trabajo –que paradójicamente también quieren destruir los derechos laborales– es que la informalidad se ha convertido en la realidad de una creciente masa de los trabajadores al menos de 1976 a la fecha. Con altos y bajos, el núcleo duro de la informalidad no ha bajado del 30% desde ese 1992. El número aumenta si se toma como base la cantidad de adultos en condiciones de trabajar en vez de la más imprecisa Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que deja afuera ciudades pequeñas y el sector rural. 

La dirigencia política pareciera no observar que el fenómeno de la informalidad laboral –compuesto por trabajadores asalariados no registrados y trabajadores por cuenta propia de subsistencia– es una constante del mercado que no cesa ni con políticas de flexibilización ni con políticas de protección laboral. No se trata de una cuestión de costo laboral ni de competitividad sino de las nuevas realidades derivadas de la globalización económica a las que no escapa ninguna región del planeta pero que se agravan por la dependencia y el subdesarrollo. 

Una situación similar se da en el mercado inmobiliario formal que no deja de retraerse frente a la creciente imposibilidad de acceder a la vivienda propia. Este fenómeno se expresa en una rampante inquilinización –con o sin contrato– y la expansión de la cantidad de habitantes de los barrios populares –villas y asentamientos–, sumado a la expulsión de la familia rural y el languidecimiento de los pequeños pueblos. Esta situación afecta, llamativamente, a un número similar de habitantes de nuestro país que no baja del 30%. Con argumentos similares, hace dos semanas destruyeron la única política pública de integración urbana y acceso al suelo que funcionaba en el país. 

Es en este contexto de informalidad estructural del mercado laboral e inmobiliario en el que se desarrolla la economía popular y las organizaciones territoriales. Se trata de un contexto que no elegimos, que ya estaba cuando comenzamos a militar, que es causa y no consecuencia de la existencia de los movimientos. Vimos que organizar la informalidad laboral en formas comunitarias mejora la vida de la gente, les da un espacio de pertenencia, les permite progresar económicamente poquito a poquito. 

Tal vez molesta que la organización comunitaria —social, barrial, sindical, política, cultural, estudiantil, ambiental—, además de cumplir una función social, construya conciencia cívica y poder popular. Tal vez les molesta que sea una forma alternativa de poder frente a la plutocracia y la partidocracia. Tal vez sea, simplemente, cuestión ideológica en el sentido de una falsa representación de la realidad o una nostalgia lacrimosa del pleno empleo de otros tiempos.  

En efecto, la hipótesis predominante en la política oficial afirma que el crecimiento económico –con o sin intervención pública–  y una reforma laboral –sea de corte progresista o neoliberal– resolverá el problema en un plazo indeterminado pero indefectible. Una hipótesis alternativa, bastante más idiota que la primera, sugiere que el problema es precisamente el “plan social” porque desincentiva el trabajo (“en el campo no se consigue gente para la cosecha porque todos tienen el plan”, se escucha cada tanto). 

Semejante desatino no tiene en cuenta que la cantidad de trabajadores en la informalidad cuadruplican la cantidad de beneficiarios de planes sociales y que el monto de los mismos no alcanza para que una familia tipo se alimente una semana. El plan es un complemento a los ingresos fruto del trabajo. 

Nuestra hipótesis es bien distinta. Consideramos que los mencionados cambios en la economía global –que incluyen la automatización, la robotización, la deslocalización, la inteligencia artificial, financiarización, monopolización, entre otros– combinados con la nueva cartografía que redefine la división internacional del trabajo, ha enterrado la sociedad laboral y el pleno empleo como modelo posible de nuestro país al menos hasta que las condiciones estructurales cambien a nivel planetario. 

Plantear esta hipótesis, que tiene un fuerte sustento empírico, no implica cristalizar la precariedad laboral sino reconocer la existencia –independiente de nuestra voluntad política– de una nueva formación social que requiere una intervención pública decidida y sostenida para evitar el fenómeno paradigmático de la injusticia social de hoy: la exclusión. La exclusión implica la generación de una dualidad al interior de la clase trabajadora entre integrados y excluidos que perturba la convivencia social, destruye la realización de la comunidad, provoca graves grietas culturales y facilita el desarrollo de la criminalidad organizada, especialmente el narcotráfico. 

Frente a esta realidad, nosotros proponemos una economía mixta que reconozca al sector privado, el público y el popular de la economía. Este último, la economía popular, consiste en las estrategias laborales actualmente precarias que con la creatividad inmensa de los pobres frente a la necesidad, explica la subsistencia de un tercio de los argentinos excluidos. Su valor no se puede medir en términos de productividad comercial sino con parámetros alternativos de naturaleza humana, social, cultural y ambiental, aunque su aporte al producto bruto interno no es nada despreciable. 

La economía popular no es autosuficiente en términos económicos, al menos en condiciones razonablemente dignas para sus trabajadores, por la sencilla razón de que no cuenta con uno de los factores de producción: el capital. El componente constante del capital –infraestructura, maquinarias, materias primas, etc– es siempre bajísimo en relación a la cantidad de trabajadores. 

Una empresa necesita, según varios estudios, alrededor de US$20.000 de inversión en capital para crear un puesto de trabajo asalariado registrado en el sector privado competitivo. La sostenibilidad en el tiempo de dicho empleo dependerá de nuevas inversiones y los vaivenes de la economía. La “inversión” en la economía popular es ciertamente mucho más baja, el factor principal de la actividad es el trabajo y no el capital, pero es absolutamente evidente que, librados a su suerte, estos puestos de trabajo permiten ingresos bajos y condiciones laborales sumamente precarias, con escasas excepciones.  

Los mecanismos asociativos en la economía popular pueden mejorar ingresos y condiciones de trabajo, pero sin apoyo estatal de ninguna manera lograrán la autosuficiencia económica e inserción en el mercado competitivo. De nuevo, no se trata de un problema de mérito, inteligencia, capacidad empresaria. La creciente cantidad de capital constante que se requiere para sostener una empresa competitiva es inaccesible para los sectores excluidos que no tienen siquiera un terreno propio donde construir su vivienda. 

Es por eso que la economía popular requiere políticas públicas que fomenten la asociación de sus trabajadores en el caso de los cuentapropistas informales junto la elevación de las condiciones laborales en el caso de los asalariados informales. Es que el mundo de la informalidad se divide en estos dos grandes subsectores: quienes trabajan como empleados de microempresas y quienes lo hacen por cuenta propia. Se requiere un abordaje sincronizado pero diferenciado. En un caso existe dependencia, en el otro autonomía. 

En Argentina existen leyes que protegen a los trabajadores de la economía popular que este gobierno ha decidido pisotear. La ley 27.345 se creó para “promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional, con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, con fundamento en las garantías otorgadas al ”trabajo en sus diversas formas“ por el artículo 14 bis” consagrando el derecho al salario social complementario como una forma de complementación de los ingresos obtenidos por los laburantes en sus actividades populares dispersas u organizadas. 

Asimismo, el registro nacional de trabajadores de la economía popular (RENATEP) y el monotributo social fueron avances en el registro de los trabajadores y el acceso a ciertos subsistemas de la seguridad social como la salud y el sistema previsional. También se logró una forma específica de seguro de riesgos de trabajo para el sector que duerme el sueño de los justos en el ex Ministerio de Trabajo. Asimismo, el derecho a sindicalización se obtuvo mediante la obtención de personería social para la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular que entre otras garantías estableció mecanismos de mediación y resolución alternativa de conflicto que nunca se aplicaron.  

En el mismo sentido, hasta hace unos días existieron políticas públicas –insuficientes– que proveían maquinaria, herramientas y materiales a las unidades productivas y sociocomunitarias. Con distintos nombres y escala –Argentina Trabaja, Proyectos Productivos Comunitarios, Potenciar Trabajo– el movimiento de economía popular logró estas políticas de dignificación de su labor. El mecanismo de funcionamiento era la creación de Unidades de Gestión para ejecutar un Plan de Trabajo que en general involucraba a miles de trabajadores y a varias Unidades Productivas o Grupos Sociocomunitarios. Los proyectos eran presentados por municipios y organizaciones sociales, evaluados, aprobados, financiados y auditados por el extinto Ministerio de Desarrollo Social, actual Ministerio de Capital Humano. El costo por trabajador era prácticamente insignificante para el presupuesto nacional. 

Más allá de los argumentos de corte macroeconómico antes descritos, la denostación contra estas políticas públicas se basó en un rechazo a la intermediación y la discrecionalidad en la asignación y administración de recursos. Ambas afirmaciones son parcialmente válidas, aunque su utilización como argumentos contra las políticas públicas de economía popular constituye una falacia lógica. 

La discrecionalidad es producto de la escasez. Al no existir para todas las personas que están en la misma situación, alguien o algo definen a quien le toca y a quien no. Este alguien puede ser una asistente social, una organización comunitaria, un intendente, una máquina que asigna al azar. Esto es lo que sucede con el Salario Social Complementario que, como dijimos, llega a un cuarto de los trabajadores  que están en condiciones reglamentarias de recibirlo. Vale reiterar que los trabajadores cobran este complemento de ingreso de manera directa a través de una cuenta sueldo individual. 

En cuanto a la mediación entre Estado y trabajador, Estado y usuario, lo mismo que se endilga a los movimientos sociales sucede con cualquier sector económico que el Estado considere estratégico apoyar, o cualquier organización con o sin fines de lucro que recibe fondos públicos para aplicarlas a una tarea productiva, asistenciales o de formación. Las empresas de Caputo en Tierra del Fuego, el transporte de pasajeros, los proveedores de energía eléctrica, los contratistas de obra pública, las organizaciones caritativas religiosas, los colegios privados subsidiados, los clubes subsidiados, las bibliotecas populares, etc.

El problema de la discrecionalidad se resuelve universalizando la política pública o no se resuelve. Si no hay para todos, siempre habrá un mecanismo arbitrario de asignación. 

La mediación no es un problema en sí mismo. Ninguna sociedad equitativa (que busque evitar del modelo excluyente mercadocéntrico o del modelo totalitario estadocéntrico) puede prescindir de organizaciones intermedias. Fueron éstas organizaciones las que, según Tocqueville, hicieron fuerte a la democracia norteamericana. 

La situación se convierte en problemática cuando las instituciones intermedias malversan los fondos públicos. Llamativamente, los casos de malversación o administración fraudulenta que tramitan en la justicia son una proporción ínfima tanto en relación a la demonización pública que se reitera diariamente en los grandes medios como del enorme despliegue de cooperativas de trabajo y grupos sociocomunitarios que existen en la Argentina.

No puede atribuirse a las organizaciones el problema de la asignación arbitraria de altas en el Salario Social Complementario porque la arbitrariedad, como dijimos, es el resultado lógico  de que existan menos cupos que personas elegibles. La existencia de instituciones organizadoras lejos de ser un problema debería verse como un aporte social creativo frente a un problema que nadie ha logrado resolver. 

Los abusos de poder dentro de las organizaciones sociales son innegables. Tantos como en las organizaciones empresariales, eclesiales, sindicales, educativas, sanitarias, etc. Tantos como en la administración pública, los partidos políticos, las fuerzas armadas o los organismos internacionales. Un contralor adecuado de las organizaciones intermedias –máxime si reciben fondos públicos– es un derecho y una obligación que el Estado debe ejercer con rigor, ecuanimidad y buena fe. La universalización de las políticas de complemento de ingresos es la única forma equitativa de terminar con todo tipo de discrecionalidad. 

Todo ello es posible, justo y necesario para mejorar las condiciones de trabajo y vida de los sectores excluidos. Sin duda no hay soluciones inmediatas y el desarrollo de una economía mixta será producto de aproximaciones sucesivas, errores y aciertos. Lo que sin lugar a dudas es el camino equivocado es negar la necesidad de abordar la exclusión a través de formas comunitarias de integración social apoyadas por el sector público. Mucho más destruir lo construido, induciendo mayores niveles de deshumanización en nuestra sociedad.  

Con todo, nuestro pueblo y sus organizaciones han dado muestra de resistencia y resiliencia frente al vaciamiento, el desprecio y la difamación. Tengo confianza en que con unidad, organización y lucha podremos revertir la conculcación de derechos. De esta ofensiva, los movimientos sociales saldrán templados y fortalecidos para desarrollar la agenda de Tierra, Techo y Trabajo que nos permita alcanzar una Argentina Humana.  La alternativa es la profundización de la dualidad social,  la consolidación de la macroestructura y la más abyecta deshumanización.

J. R. estuvo “cirujeando”, como él le llama cartoneo, durante los últimos cinco de sus 34 años por las calles de Mar del Plata hasta que hace dos meses lo volvieron a convocar la fábrica de pescado donde había trabajado hasta 2014. Antes y ahora labura allí en negro, es decir, sin aportes a la obra social ni a la jubilación, el tipo de empleo que más crece en la actualidad. “Ganaba más con lo que conseguía en la calle, juntando cobre, bronce, pero cada vez hay más gente que cirujea y no encontrás nada, tenés que salir a las 4 de la mañana para encontrar algo, y yo necesitaba algo más estable para mantener a mi hija”, cuenta J. R., que igual a veces trabaja de 4 a 20 en la planta. En su casa lo esperan su pequeña, su suegra y su mujer, que al igual que él cobra el plan Potenciar Trabajo. Como contraprestación de la ayuda social, J. R. va los fines de semana a cuidar una huerta comunitaria, aunque también completa ingresos con changas en albañilería.

La economía, pese a la inflación del 83%, alcanzó en el segundo trimestre del año un nivel 5,7% superior al del último cuarto de 2019 y la tasa de empleo batió su récord al llegar al 44,5%, con una desocupación de solo 6,9%. El trabajo formal, pero más aún el informal. “La expansión del empleo ocurre en paralelo con un deterioro de su calidad, ya que se observa un aumento relativo mayor de los trabajadores asalariados no registrados, quienes no sólo se ven privados del ejercicio de sus derechos laborales y del acceso a la seguridad social sino que tienen niveles de ingresos significativamente inferiores. Los asalariados no registrados pasaron de ser el 33,3% del total de asalariados en el último trimestre de 2021 al 37,8% en el segundo trimestre de 2022”, advirtió el reciente informe del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Entre fines de 2021 y mediados del año actual, el empleo registrado subió 1,3%, pero el informal, 17,6%,

Los asalariados no registrados pasaron de ser el 33,3% del total de asalariados en el último trimestre de 2021 al 37,8% en el segundo trimestre de 2022, advirtió un reciente informe del Centro de Investigación y Formación (Cifra)

J. R. es uno de ellos. Había dejado la secundaria en la adolescencia para alimentar a la primera de sus dos hijas. Siempre trabajó en negro. Hace ocho años había dejado la fábrica porque caía la producción y allí se paga por horas trabajadas. “Con lo que ganaba, no me alcanzaba para pagar las expensas y el alquiler. Entonces empecé con la albañilería. Si no salía laburo en la obra, cirujeaba en la calle. Nunca me gustó laburar con patrón, siempre me trajo conflicto eso. Pero me volvieron a llamar de la fábrica, con peor sueldo que antes, pero la obra y la calle habían empezado a flojear. La ventaja de la fábrica es que tengo laburo seguro todos los días, pero tengo que buscar más para el sábado y domingo pegando membranas. No estoy muy conforme con la fábrica, ahora estamos peleando con los compañeros porque ganamos 450 pesos la hora, pero yo cumplo con el laburo, trato de buscar que me efectivicen para estar más tranquilo. Te exigen que labures más, que no faltes, con la promesa de blanquearte, de que vas a tener obra social, cuando se retire algún compañero. Pero esta semana saqué 19.800 pesos porque hay poco pescado y se me fue casi todo, 18.000 pesos, en pagar la luz, porque estaba atrasado y me iban a dejar a oscuras”, cuenta J.R., que ha usurpado un terreno porque ya no le alcanzaba para alquilar y estaba colgado de la luz hasta que la distribuidora EDEN lo descubrió y empezó a cobrarle. “Imaginate, pago luz, DirecTV, cuentas, cosas de la casa. Con mi señora arrancamos a vender productos de limpieza en la casa”, se apesadumbra J. R.

“Me tuve que reinventar”

En el conurbano, D. F., de 28 años, sí terminó la secundaria y después estudió para ser mecánico, trabajó en blanco en el depósito de una empresa de venta de productos electrónicos hasta que lo echaron, a principios de 2022. En noviembre de 2021 ya había comenzado a dar clases de paddle, su pasión, en negro en un club porque con el sueldo no le alcanzaba. Cuando lo despidieron apostó todo a la raqueta y tomó más alumnos. “Me tuve que reinventar, hacerme un curso porque tenía poco conocimiento, necesitaba más herramientas para sentirme bien como instructor”, cuenta D. F. “Está habiendo bastantes clases. Y medianamente se puede vivir -cuenta este joven que vive solo en un departamento alquilado-. Igual también tengo que hacer otras changas. Si sale un laburo de mecánica, lo hago. No me apasiona como el paddle, pero lo uso para ganar plata. Por ahora me sirve el laburo actual para pagar las cuentas, llego justo a fin de mes. Tenés que convivir con la incertidumbre de cuánto cobrás todos los meses, pero lo veo como un emprendimiento y no estoy con alguien que me tiene la soga al cuello, que tengo que cumplirle por un sueldo que no te alcanza. Eso es lo que veo de positivo de laburar de esta forma. Si me quiero ir unos días, me voy. Antes, si me dolía la muela, me decían: 'Tomate una pastilla y vení a laburar'. Ahora dependo de mí mismo.”

Eso sí, ante el alza de la inflación, no puede actualizar tanto el valor de la clase porque los alumnos no lo pueden afrontar. El último salto fue en julio, “cuando subió el dólar”, recuerda D. F. La hora pasó de $ 1.500 a 2.000. De ahí en más, si quiere más dinero, debe dar más clases. Conserva la tarjeta de crédito de cuanto estaba en blanco, pero ya no tiene más obra social. “Si necesito, voy al hospital o a la salita del barrio. No me molesta. Soy joven, trato de comer sano y sé que hay buenos profesionales en el hospital, por más que te comés una cola más larga, pero te atienden”, cuenta D. F., que por ahora tampoco se hace drama por la falta de aportes jubilatorios: “Escucho de la gente grande que aportaron 30 años y tienen una jubilación chota, que se arrepienten de aportar tanto”.

“Lo último que haría es esto”

También están los que cobran parte en blanco y parte en negro, como Vivian Chiarello, de 53 años, que en noviembre de 2021 consiguió un trabajo así en maestranza y limpieza de edificios donde se deshicieron de encargados para bajar costos y alquilaron la portería como departamento para costear las expensas comunes. Ella es secretaria bilingüe y había trabajado como tal en bancos y empresas hasta que en 2018 se fue de una firma textil en crisis. “Quedé en pelotas. Desde entonces hice de todo, vendí productos de Avon y otras marcas, macetas de cemento, cuidé chicos y pacientes con Alzheimer. Y una amiga que me vendía productos me contó que su jefe buscaba alguien para maestranza. No consigo otro laburo porque tengo 53 años. Lo último que haría es esto pero es lo que hay. Mirá que mando curriculum a lo pavote, estoy en Computrabajo (portal de empleos) y solo me llega el aviso de 'CV visto'.”

Vivian vive en su departamento de Balvanera con su marido y tiene otro que alquila. “En el laburo gano 37 mil pesos en blanco, que se actualiza por la paritaria, y 18 mil en negro, que está fijo. A eso le sumo 59 mil que gano con el alquiler y sumo 114 mil. A mediados de cada mes solo como harinas porque no llegás a otra cosa. Todas las semanas cambian el precio”, cuenta quien nunca antes había cobrado parte del salario sin registrar. “Necesito trabajar y lo hago para tener obra social, aunque sea una obra social del orto, y para sumar más años para la jubilación”, explica horas antes de irse a uno de los cinco edificios que limpia. Lo que no tiene más es tarjeta de crédito: “Quedé debiendo en tres, me llaman todo el día para que pague, pero no les pienso pagar, son unos tránsfugas”. Vivian lamenta la realidad actual: “Estamos cada vez peor, cada vez hay más ferias americanas. En el playón del Parque Centenario antes vendían solo ropa y ahora ves que venden fideos marca culo que sacan de un comedor”.

¿Por qué crece tanto el empleo en negro? “Podría haber más de una razón, puedo esbozar algunas hipótesis”, responde Mariana González, economista de CIFRA-CTA. “Típicamente, el peso del empleo no registrado se incrementa cuando hay situaciones en las cuales las y los trabajadores se encuentran en una situación más desfavorable en la relación de fuerza frente al sector empresario. En ese sentido, más allá de que la tasa de desocupación haya disminuido, el aumento del empleo no registrado podría estar dando cuenta de esta situación. Por otra parte, podría relacionarse también con el incremento del empleo en unidades productivas de baja productividad y pequeña escala, lo que se conoce como sector informal, que a su vez podrían estar funcionando como alternativas frente al empleo asalariado con salario real deprimido. Finalmente, en parte podría relacionarse con nuevas formas de empleo, como lo es el trabajo para las llamadas plataformas”, se refiere a las apps como Rappi, Uber o repartidores de comercio electrónico. En la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACS), el economista Matías Boris Wilson atribuye el fenómeno a “la heterogeneidad de la recuperación, no hay bases muy sólidas para un crecimiento sustentable y eso hace que se mire con muchas dudas el mediano plazo por parte de los que contratan”. Su colega de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz, sostiene que lo que está recuperándose más ahora tras la pandemia son los sectores de servicios, incluida la gastronomía, en los que hay más informalidad.

Mientras, en el Gobierno reconocen las dificultades para conseguir la reconversión de planes sociales en empleo. Admiten que pocos beneficiarios del plan Potenciar Trabajo quieren dejar de percibir el subsidio porque lo complementan con changas informales, con lo que totalizan más ingresos que los bajos salarios que les ofrecen en sectores como el campo o la gastronomía. Ni siquiera les ofrecen buenos sueldos a los jóvenes más capacitados que recibieron formación como programadores.

AR

Uno de los debates recurrentes en la agenda local es el de subir o no la edad de jubilación, de modo de hacer más sostenible el sistema previsional, sobre todo de cara a un horizonte con un promedio de vida más largo y una tasa de natalidad más baja. Es una discusión que se da en todo el mundo, pero en la Argentina suele excluirse un elemento particular, clave para explicar los problemas de solvencia del sistema. Gran parte de los trabajadores y trabajadoras no aportan a la seguridad social y –aunque en los últimos años se han jubilado muchos vía moratoria– tampoco se sirven masivamente de los derechos que otorga. Es el universo de los informales, que no para de crecer y alcanzó en el segundo trimestre de 2022 una cifra récord. 

En la Argentina hay 5,4 millones de trabajadores asalariados informales, según un informe publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Desde el inicio de la serie, en 2016, nunca se había anotado un número tan grande y un repaso por el excel oficial evidencia el enorme crecimiento de este segmento laboral. 

En el segundo trimestre de 2016 había 4,6 millones de asalariados informales, número que superó la barrera de los 5 millones a fines de 2019 y luego se desplomó por la pandemia. En el segundo trimestre de 2020 se contaban apenas 3,1 millones, lo que refleja que la crisis sanitaria impactó de lleno en aquellos trabajadores sin protección de la ley; se quedaron sin ocupación casi 2 millones de personas en unos pocos meses. 

A partir de ese momento de mayor parálisis, el empleo asalariado “en negro” empezó a crecer, lo que muestra que así como es lo primero que sufre, también es el segmento más dinámico, el que más rápido reacciona a la recuperación de la actividad. Así fue como llegó al segundo trimestre de 2022 con 5,4 millones de personas, el mayor registro de la serie. En total, el incremento entre 2020 y 2022 fue de 74% y de 17,4% en toda la serie (2016-2022). 

Totalmente distinto es el derrotero de los puestos de trabajo asalariados registrados. Si se excluye de la cuenta al sector público, el número casi no varió a lo largo de toda la serie. En el segundo trimestre de 2016 eran 7,1 millones de trabajadores y el mismo trimestre de 2022, cuatro años después, eran 7,2 millones. Son 40.000 puestos más, apenas un incremento del 0,6%. 

El total de puestos de trabajo asalariados actual es de 16,2 millones. De ese número, el 67% son formales (10,8 millones) y el otro 33% (5,4 millones) no están registrados. Si se compara con el mismo período del año anterior, el crecimiento de los registrados es de apenas 3,5%, mientras que el de los no registrados marca un alza de 20,2%. 

El sector con mayor cantidad de asalariados sin registrar es, por lejos, el del trabajo en casas particulares. Esa es una de las razones que explican que las “empleadas domésticas” hayan estado en el primer frente de la crisis durante la pandemia. Sobre 1,5 millones de puestos, 1 millón no están registradas, lo que equivale casi al 70%. 

Una situación similar sufren los trabajadores rurales (sobre 833.000 asalariados, el 59,4% son informales); los trabajadores de la construcción (60% de informalidad) y los de servicios sociales y salud privados (51,9%). 

La información del Indec, que surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), muestra que en el último tiempo crecieron también los puestos de trabajo no asalariados. Es decir, los cuentapropistas. Actualmente son casi 5,4 millones y desde el inicio de la serie crecieron 20%: más que los asalariados no registrados y que los informales. 

Parte de esa informalidad en el cuentapropismo se explica por la economía popular,  esas personas que “se inventan” su propio trabajo: cartoneros, recicladores, feriantes, peluqueros, pescadores artesanales, vendedores ambulantes, cocineros de comedores comunitarios. Son 3,5 millones según el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que empezó a construirse a mediados de 2020 e intenta trazar el mapa de esa economía sumergida. 

DT

A 20 años de la gran crisis de 2001, un reciente estudio de la Fundación Fundar y el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) analiza la evolución del gasto social en Argentina durante las últimas dos décadas, describe los efectos acotados de esa inversión en la lucha contra la pobreza y compara la incidencia de las políticas públicas en el país con lo que sucede en el resto de América Latina. 

Elaborado por el sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga y los politólogos Andrés Schipani y Lara Forlino, el trabajo apunta a la composición del gasto social, llega a una serie de conclusiones sobre las razones del aumento en el continente de personas que viven por debajo del umbral de dignidad y arriesga propuestas para mejorar el impacto de la inversión en un cuadro social que exhibe al 40,6% de los habitantes de la Argentina bajo la línea de pobreza.

Titulado “Mapa de las Políticas Sociales en la Argentina. Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente”, el informe sostiene que durante la última década, el Estado argentino no logró reducir los índices de pobreza, a contramano de lo que ocurre en la mayor parte de los países de la región. Las dificultades para disminuir las cifras de pobreza y marginalidad en ascenso, apunta el trabajo, no se originan en un gasto público insuficiente: Argentina es el segundo país de América Latina que más invierte en protección social pero los resultados de esas partidas son ambiguos si se mira la tendencia de los últimos años. A partir de un análisis estático, dicen los autores, se puede concluir que Argentina -que históricamente tuvo uno de los niveles de pobreza más bajos de la región- se mantiene todavía en una buena posición relativa y sólo es superado por Chile y Uruguay, que ofrecen mejores indicadores. Pero si se compara tanto en términos históricos como en relación a lo que se destina a gasto social, el diagnóstico es preocupante y en las últimas dos décadas, el país quedó rezagado en relación a países vecinos que lograron disminuir sus índices de pobreza a mayor velocidad.

Con una elaboración propia en base a datos de la CEPAL, el trabajo muestra que Argentina invierte en protección social el 11% del PBI  y solo es superado por Brasil, que destina el 12.6% de su PBI. Chile y Uruguay, mientras tanto, gastan 5.8% y 7.3% de su PBI en protección social pero tienen niveles de pobreza que representan un tercio de los niveles de nuestro país. 

Lo mismo pasa si se analiza la informalidad laboral, otra forma de medir que muestra a la Argentina en línea con el promedio de la región pero bastante peor en relación a sus vecinos inmediatos. De acuerdo a la base de datos SEDLAC, elaborada por el CEDLAS de la Universidad Nacional de La Plata y el Grupo de Pobreza y Género para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Zarazaga, Forlino y Schipani indican que en 2019, la cantidad de ocupados que aportaban al sistema previsional argentino era de tan solo 49.7% y el 50,3% de los trabajadores ocupados se encontraban en la informalidad laboral. Para ese mismo año, en Brasil el 63% aportaba al sistema y el 37% estaba en la informalidad, mientras en Uruguay los formales llegaban al 75,5% (24,5% de informalidad) y en Chile al 68,10% (31,9% de informalidad) Es decir que Argentina tiene el doble de informalidad que Uruguay y un 58% más que Chile.

Cómo se invierte

El trabajo de Fundar y el CIAS describe la complejidad del escenario local y aporta elementos para comprender el subibaja argentino en materia de lucha contra la pobreza. Desde su punto máximo en 2002, cuando el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza alcanzó el 54,3%, la pobreza disminuyó sin perforar nunca el piso del 27% y volvió a subir hasta llegar al último dato disponible de 40,6%. “Durante la primera década de los 2000 en la Argentina se dio un proceso de expansión de la ciudadanía social sin precedentes para aquellos individuos que se encontraban por fuera de la sociedad salarial”, dicen los autores. Y agregan que la inversión estatal en gasto social contra la pobreza (lo que denominan “ayuda social, directa y urgente”-  aumentó sostenidamente durante los últimos 15 años. Sin embargo, advierten, el incremento del gasto público en planes contra la pobreza vino de la mano de un descenso en los niveles de pobreza hasta 2013, el punto de quiebre a partir del cual la tasa de pobreza exhibe poca elasticidad respecto a la suba de las partidas destinadas a reducirla. No es casual, desde la devaluación durante la gestión de Axel Kicillof en 2014, bajo el último gobierno de Cristina Fernández, el tipo de cambio se disparó y el país entró en un proceso de inestabilidad profunda que incluyó la devaluación de Alfonso Prat Gay en 2016, las de Nicolás Dujovne en 2018 y 2019 y el aumento de la brecha cambiaria durante el gobierno de Alberto Fernández. 

Schipani, Zarazaga y Forlino no analizan ese factor. Prefieren, en cambio, estudiar el tamaño del gasto social pero no en relación con el presupuesto o el PBI, sino a partir de su composición. Por eso, presentan el “mapa del gasto social” entre 2002 y 2020. Clasifican en 6 grandes categorías los planes sociales que se encuentran en 20 partidas presupuestarias que cumplen con las características de lo que denominan “ayuda social, directa y urgente”: 1) pensiones no contributivas (destacan las moratorias previsionales, las pensiones por invalidez, las pensiones por vejez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor); 2) asignaciones familiares no contributivas (tales como la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo); 3) políticas alimentarias (especialmente la Tarjeta Alimentar); 4) planes para cooperativas de trabajadores informales (como Potenciar Trabajo o Hacemos Futuro); 5) becas educativas (en este caso, el programa Progresar) y 6) subsidios para la preservación o promoción del empleo formal (por ejemplo, el REPRO, el ATP o el Jóvenes con Más y Mejor Trabajo). 

La primera conclusión es que la inversión en pensiones no contributivas es mayor que el resto del gasto social en su conjunto, en especial por la implicancia de las moratorias previsionales de 2005 y 2014, aunque no solo por eso. Esto implica, dicen, que el gasto destinado a adultos mayores pobres supera ampliamente el gasto dirigido a niños/as pobres: en 2019, por cada peso que el Estado gastaba en asignaciones familiares para niños pobres, gastaba cinco pesos en pensiones para adultos mayores pobres. Para los autores se trata de un aspecto crucial, que confirma la asignación errónea del presupuesto destinado a reducir la pobreza. Según el INDEC, para el primer semestre de 2021 más de la mitad (54,3%) de la población menor de 15 años se encontraba bajo la línea de pobreza, mientras que entre los adultos mayores (65 años o más) el porcentaje era mucho menor y solo el 13,8% vivía en la pobreza.

Además, si se toma el conjunto del gasto público en transferencias de dinero, pensiones, salud y educación, la inversión per cápita promedio del Estado en los adultos mayores ha sido más de tres veces mayor que aquella destinada a niños, niñas y menores a 18 años.

En segundo lugar, el informe de Fundar y el CIAS registra un dato que tanto el Gobierno como la oposición mencionan de manera recurrente, aunque en forma parcial: los programas para cooperativas de trabajadores informales, que se  convirtieron en un elemento central de la política social a partir de 2016. Desde fines de 2015, cuando Cristina Fernández abandonó el poder, el número de cooperativistas casi se quintuplicó: pasó de 253.939 a 1.223.537 en septiembre de este año. Si el pico durante los gobiernos kirchneristas había sido de 657.090 cooperativistas entre Argentina Trabaja y el Programa de Empleo Comunitario, durante el mandato de Mauricio Macri, las partidas para ese rubro aumentaron sustancialmente (37,94%)  y llegaron a 641.762 en 2019. A fines de 2020, la cifra había ascendido a 760.664. 

Ese ascenso vertiginoso tiene una contrapartida letal en términos de ingresos reales, que impacta sobre el poder adquisitivo de los beneficiarios. Lo marcan los autores: a pesar de los aumentos nominales, los beneficios reales disminuyeron 36% entre abril de 2017 (creación del Salario Social Complementario) y junio de 2021. Este fenómeno ha sido una constante en este tipo de planes desde su creación en 2009. A pesos constantes de 2009, dice el informe, los niveles de beneficios del Potenciar Trabajo representan sólo un tercio de los que recibían los cooperativistas del Argentina Trabaja en 2009. Sin embargo y siempre según el estudio, la mayor caída de los beneficios reales no se dio en los últimos cuatro años sino entre 2009 y 2013, cuando los beneficios reales cayeron más del 50% por la erosión de la inflación sobre los beneficios nominales, que no fueron ajustados hasta 2013.

Sin embargo, el trabajo hace foco en el rol cada vez más importante de los movimientos sociales en la distribución de la ayuda social y en la inequidad creciente entre los trabajadores de la economía informal. En noviembre de 2021, una familia tipo cuyos padres viven en la informalidad y reciben un plan de cooperativa y además cobran dos AUH por sus niños, tiene un nivel de beneficios que representa un 258% del beneficio de un mismo tipo de familia que solo cobra dos AUH. La diferencia central entre estos dos tipos de familias no es su nivel de pobreza, remarcan, sino que es básicamente organizativa: si pertenecen a un movimiento social o, por el contrario, no se encuentran nucleados en una organización. Quizás ese dato aporte elementos para explicar las dificultades del Gobierno para llegar a los sectores no organizados que viven con lo justo, el impacto de la ausencia del IFE en el 2021 de pandemia e incluso la derrota electoral del Frente de Todos. 

Por último, el Estado invierte -dentro del marco de la ayuda social, directa y urgente - cada vez más en políticas dirigidas a la economía popular y cada vez menos en políticas que buscan insertar a los sectores más vulnerables en el empleo formal. De ahí surgen las tres propuestas de Zarazaga, Forlino y Schipani: 1) una segmentación del sistema de asignaciones familiares no contributivas para atender mejor a las diferentes problemáticas asociadas a la pobreza e indigencia; 2) un plan de ‘Empleo Joven’ que genere incentivos para que los jóvenes de hogares informales puedan insertarse en el mercado de trabajo formal; y 3) un plan para potenciar la integración de los planes de cooperativas con el sector privado. 

DG