La Defensoría del Pueblo de la Nación expresó hoy su preocupación ante los últimos aumentos en la medicina prepaga. Según indicaron, los incrementos impuestos de manera coordinada por las empresas de salud ponen “en riesgo el acceso a la atención médica”, en especial para jubilados. “Con una jubilación insuficiente y sin posibilidad de elegir otra alternativa prestacional, están siendo indirectamente obligados a salir del sistema”, señalaron.

Desde el organismo público subrayaron que, de continuar esta situación, se podría dejar desprotegidos a aquellos que más necesitan de la atención médica “pues, por lo general, todos requerimos ese auxilio en el nacimiento/niñez y en la última etapa de la vida”. Como contrapartida, “durante la mayor parte de la vida el sistema es poco requerido y consecuentemente no le ocasiona gastos al prestado, tan solo los administrativos para percibir la mensualidad que debe hacerse indefectiblemente”, plantearon.

“Si cuando generalmente se requieren los servicios médicos en esa adultez se aumenta el valor de la cuota por la sola voluntad unilateral del prestador y ante un público cautivo o por ingresar el usuario en aquella franja etaria, cabe concluir que los anteriores pagos sin requerir servicio alguno o mínimos ─efectuados además sobre el mayor período de su vida─ serían pagos sin causa”, agregaron.

Las principales compañías del sector anunciaron aumentos muy elevados y coordinados en enero y febrero. Ante las subas, sus afiliados realizaron quejas por los incrementos monetarios que no se traducen en una mejor calidad en la atención: así, por ejemplo, persisten las demoras en las concesiones de turnos médicos y los profesionales de la salud aún reclaman por los bajos honorarios que perciben por sus prestaciones.

En lugar de atender a las demandas de sus usuarios, las compañías de medicina prepaga continúan en su tesitura e, incluso, algunos de sus directivos han reconocido que prefieren continuar con los incrementos aunque muchas personas se vean obligadas a prescindir de su cobertura médica.

Ante este escenario, la dependencia nacional planteó la posibilidad de instrumentar una posible solución para evitar que un gran número de personas se caigan del sistema de medicina prepaga. “Este panorama pone en riesgo el acceso a la atención médica, un derecho fundamental que debería garantizarse a todos los habitantes, especialmente a aquellos quienes han contratado este tipo de seguros”, manifestó la Defensoría en un comunicado.

Así, la entidad sugirió una solución intermedia que proteja el acceso a la atención médica de las personas mayores a la vez que garantice la “autonomía de la voluntad para contratar” La propuesta consiste en “mantener el régimen vigente ─antes de los últimos aumentos aplicados por las empresas─ con aprobación de la Superintendencia de Servicios de Salud para los sectores ya inscriptos en el subsistema o el de los adultos mayores; y el de la plena libertad de contratación para los nuevos afiliados quienes tendrán más libertad para aceptar, rechazar o requerir modificaciones al contrato”.

ACM con información de agencias.

Un total de 322 femicidios, entre ellos 30 vinculados, fueron cometidos durante 2023 en distintos puntos del país, lo que implicó un aumento de 80 casos en comparación con 2022, según informó hoy la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo a los datos del Observatorio de Femicidios de dicho organismo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado hubo 6 transfemicidio y 28 muertes violentas de mujeres en contexto de narcotráfico y crimen organizado.

Según el informe, se cometió “un femicidio cada 27 horas”, por lo cual “el aumento en las cifras de asesinatos de mujeres por razones de género es alarmante, superando incluso las cifras de 2020, año marcado por la pandemia”, en el que se registraron 295.

A su vez, las cifras de 2023 superaron las de 2022, cuando hubo un total de 242.

Los datos de la Defensoría indicaron que casi el 60% de las víctimas fueron asesinadas en su domicilio, en su trabajo o en la vivienda que compartían con el femicida; y en un 74% se comprobó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario.

Y en cuanto al rango etario, la franja con incidencia fue de 31 a 50 años, con 125 casos.

Además, se registraron 191 niñas y niños que se quedaron sin sus madres porque fueron asesinadas, y algunas de estas víctimas colaterales fueron testigos presenciales de los hechos.

A su vez, el 19% de las víctimas realizó al menos una denuncia por violencia de género previamente al femicidio y, si bien en un 44% no se realizó denuncia, algunos familiares reportaron que existía violencia de género desde antes del crimen.

En cuanto al uso de armas por parte de los femicidas, la más empleada fue la de fuego, al tiempo que 22 mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas.

Respecto a los autores de los casos, 55 de ellos se suicidaron, 17 lo intentaron y la misma cantidad pertenecía o había pertenecido a una fuerza de seguridad.

Mientras que, en lo referido a la distribución geográfica de los hechos analizados, las provincias donde mayor cantidad de femicidios fueron Buenos Aires (133), Santa Fe (40), Chaco (22), Córdoba (22), Salta (16) y Tucumán (16).

Sin embargo, al calcular la tasa en función de la población femenina en cada distrito, Córdoba (con 587.636 habitantes de ese sexo) encabezó la lista; seguida por Corrientes, Santa Fe, Salta y Neuquén.

En tanto que los meses con más casos fueron agosto (32), diciembre (31), mayo (31) y abril (30).

Por otro lado, la semana pasada se conocieron las estadísticas de tres organizaciones sociales contra la violencia de género que revelaron que se cometieron entre 254 y 339 casos de femicidios, directos, vinculados y trasvesticidios durante el año pasado.

Estos datos fueron difundidos por el Observatorio Nacional MuMalá, la agrupación de familiares de víctimas “Atravesados por el Femicidio”, mediante el Observatorio “Ahora que si nos ven”; y el Observatorio Lucía Pérez.

CRM con información de la agencia Télam

¿Los SMS de la presidenta de la Comisión Europea son privados y puede borrarlos? ¿Todos? ¿También los que tienen que ver con la negociación de un contrato millonario entre Ursula von der Leyen y la farmacéutica Pfizer en plena pandemia del coronavirus? ¿Por qué sí los SMS o los WhatsApp o los Telegram o los Signal pero no los correos electrónicos o las cartas postales en pleno 2022?

Según el Ejecutivo comunitario, en respuesta a una petición periodística formal por la vía de transparencia, son privados y no hay obligación de registrarlos. Según una investigación de la Defensora del Pueblo europeo, Emily O’Reilly, conocida este viernes, pueden ser considerados “documentos públicos”, por lo que pide una actualización de las reglas comunitarias.

El caso nace en abril de 2021, cuando The New York Times publicó un artículo en el que informaba de que la presidenta de la Comisión Europea y el director ejecutivo (CEO) de Pfizer habían intercambiado mensajes de texto y llamadas relacionadas con la compra de vacunas contra la COVID-19, y que “esa diplomacia personal [había] jugado un papel importante en el acuerdo, que se concretará [esa] semana, en el que la [UE] se garantizará 1.800 millones de dosis (...)”. El 4 de mayo de 2021, el periodista alemán Alexander Fanta, de netzpolitik.org, solicitó a la Comisión Europea el acceso público a “mensajes de texto y otros documentos relacionados con el intercambio entre [la presidenta de la Comisión] y [el CEO]” de Pfizer.

A raíz de aquella petición, la Comisión identificó tres documentos en respuesta a la solicitud del denunciante: un correo electrónico, una carta y un comunicado de prensa. El 28 de mayo de 2021, el denunciante solicitó a la Comisión que revisara su decisión (presentando una “solicitud confirmatoria”) porque la Comisión no había identificado ningún mensaje de texto. Y unas semanas después, en julio, el Ejecutivo comunitario dijo que había realizado una búsqueda exhaustiva y confirmó que no tenía ningún documento adicional que corresponda con la solicitud de acceso del denunciante, quien se dirigió al Defensor del Pueblo.

Críticas de la Defensora del Pueblo

¿Y qué ha respondido la Defensora del Pueblo Europeo? Pues Emily O’Reilly ha respondido este viernes, después de una investigación, con críticas a cómo ha gestionado la Comisión Europea la solicitud de acceso público a mensajes de texto entre su presidenta y el director general de Pfizer.

Entre otros asuntos, la Defensora del Pueblo lamenta que la Comisión Europea dijera que no se había llevado ningún registro de los mensajes de texto, relacionados con la compra de vacunas contra la COVID-19. Y, al mismo tiempo, critica que la Comisión Europea ni siquiera pidiera explícitamente al gabinete de Von der Leyen que buscara los mensajes de texto. En cambio, sí que se pidió a su gabinete que buscara documentos que cumplieran con los criterios internos de registro de la Comisión. Es, decir, que no se considera que los mensajes de texto del teléfono de la presidenta de la Comisión Europea con el CEO de Pfizer para negociar un contrato millonario cumplan con estos criterios.

Para O’Reilly es un ejemplo de mala administración: “Los límites con que se trató esta solicitud de acceso público evidencian que no se intentó identificar si existía algún mensaje de texto, lo cual no cumple con las expectativas razonables de transparencia y estándares administrativos en la Comisión Europea. No es necesario guardar y registrar todos los mensajes de texto, pero están claramente están sujetos a la ley de transparencia europea y, por lo tanto, los mensajes de texto relevantes deben registrarse. No es creíble afirmar lo contrario”.

La Defensora del Pueblo insiste: “Cuando se trata del derecho de acceso público a los documentos de la UE, lo que importa es el contenido del documento y no el dispositivo o la forma. Si los mensajes de texto se refieren a políticas y decisiones de la UE, deben tratarse como documentos de la UE. La administración comunitaria necesita actualizar sus prácticas de registro de documentos para reflejar esta realidad”.

Y añade O’Reilly: “El acceso a los documentos de la UE es un derecho fundamental. Si bien es un tema complejo por muchas razones, las prácticas administrativas de la UE deberían evolucionar de acuerdo con los tiempos en que vivimos y los métodos que utilizamos para comunicarnos.

Así, la Defensora del Pueblo ha solicitado a la Comisión Europea que pidiera al gabinete de la presidenta Von der Leyen buscar de nuevo los mensajes de texto pertinentes. Si se identifica algún mensaje de texto, la Comisión Europea debe evaluar si cumple con los criterios, según la ley de acceso a los documentos de la UE, para ser publicado.

Ahora, el Ejecutivo comunitario dispone de 90 días para contestar la petición de O’Reilly, como ha recordado el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, este viernes.

En 2022, Argentina habrá incumplido la Constitución Nacional por décimo tercer año consecutivo por no contar con un Defensor del Pueblo de la Nación, el abogado de los habitantes ante los poderes estatal, político y económico, explicaron cuatro expertos consultados por elDiarioAR. La falta ni siquiera está en la agenda del oficialismo ni de la oposición, según ratificaron a este medio representantes de ambos sectores en el Congreso, el encargado de elegir a un candidato para la vacante.

La posibilidad de contar con esta figura con mandato constitucional, que parece no convenirle al poder, es lejana: su designación es más compleja que la del Procurador General de la Nación (jefa o jefe de los fiscales del país) y que la de un juez o jueza de la Corte Suprema. 

El candidato o candidata a defender los derechos de las personas ante el Estado y las grandes empresas debe ser elegido por los dos tercios de los presentes en ambas cámaras parlamentarias, una osadía en estos tiempos políticos.

En diciembre, más de 40 organizaciones empapelaron los alrededores del Congreso con la campaña “Defensor/a del pueblo YA”. “Tanto las y los nuevos diputados y senadores como quienes continúan en sus bancas deben superar las diferencias políticas y ponerse de acuerdo para saldar esta deuda con la sociedad que lleva más de 12 años”, informaron las principales ONGs del país en un comunicado que destacó “la importancia de este rol ante conflictos tales como desalojos, incremento de tarifas, problemas ambientales, represión, protesta social, la respuesta a la pandemia, entre otros”.

La Defensoría del Pueblo nació con la Constitución de 1994 pero la política logró ponerse de acuerdo con sólo dos candidatos para ocupar el cargo en los últimos 27 años.

El primer ombudsman o abogado del Pueblo fue Jorge Luis Maiorano, quien había sido ministro de Justicia de Carlos Menem. Asumió como Defensor del Pueblo en junio de 1994. Fue sucedido por el peronista Eduardo Mondino en 1999, quien logró acuerdo de Diputados y el Senado en 2004 para continuar por un segundo período. 

El defensor o defensora del Pueblo debe ser independiente de la política, debería venir del mundo jurídico pero con entendimiento de la política.

Mariela Belski — Directora Ejecutiva de Amnistía Internación en Argentina.

Antes de que finalice su segundo mandato, Mondino renunció en abril 2009 para ser candidato a senador por Córdoba. Desde entonces, el organismo estuvo a cargo de defensores adjuntos, quienes también fueron renunciando a medida que pasaban los años. En 2015, la Defensoría quedó a cargo del subsecretario Juan José Böckel, el de mayor jerarquía dentro del personal administrativo.

“No tener un defensor del Pueblo es una violación a la Constitución”, dijo el ex Defensor del Pueblo (1999-2009) Eduardo Mondino a elDiarioAR. “Es la figura independiente más importante en la defensa de los derechos humanos y derechos colectivos y es el único que tiene legitimación propia para ir a los tribunales en representación de un colectivo de ciudadanos”, aseguró.

“En febrero de 2021, nos reunimos con el entonces jefe de Gabinete, (Santiago) Cafiero y le planteamos la necesidad de que este gobierno, que promueve legislación a favor de los derechos, avance en la elección de una o un candidato, pero fue muy enfático en su respuesta. Nos dijo que era ‘muy complejo’”, recuerda Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, una de las ONGs que impulsa la campaña por un Defensor del Pueblo.

“En 2014, un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentamos un amparo para que el poder Judicial le ordene al Congreso la designación de la autoridad de la Defensoría del Pueblo (que en ese momento se encontraba vacante hacía 5 años)”, explica Clara Lucarella, abogada del Programa Fortalecimiento de la Democracia de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

“En 2016 el poder Judicial estableció que era inconstitucional la falta de nombramiento de la autoridad y le ordenó al Congreso que avance en un proceso de designación. Hoy, a pesar de esa decisión y la relevancia de la institución para garantizar derechos humanos, el Congreso sigue incumpliendo con la función que le encomienda la Constitución”, afirmó Lucarella.

“No tener Defensor del Pueblo es una situación de inconstitucionalidad permanente o continua, y lo peor es que nos acostumbramos”, dijo el fiscal Gabriel De Vedia, quien fue postulado para el cargo por organizaciones sociales en 2019.

Es la figura independiente más importante en la defensa de los derechos humanos y derechos colectivos.

Eduardo Mondino — Ex Defensor del Pueblo (1999-2009).

¿Cuál es su función? 

La judicial no es la única vía de la Defensoría para reclamar derechos. “La judicial es la última herramienta, antes de agotar otras instancias, como recomendaciones, advertencias, mediaciones, pedidos de informes e investigaciones”, resume Mondino. 

“Un caso claro y reciente en el que vimos la necesidad de tenerlo fue el de las personas que no podían ingresar a la provincia de Formosa durante la pandemia por disposición de la Gobernación, que había cerrado las fronteras provinciales”, aseguró Belski.

“El defensor con mandato constitucional podría haber presentado los amparos ante la Justicia, ya que tiene alcance federal. Al no tenerlo, las personas impedidas de ingresar a la provincia fueron representadas legalmente por legisladores y concejales opositores al gobernador y la disputa judicial se tiñó políticamente, cuando estábamos ante un tema de derechos”, agregó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

En 2016 el poder Judicial estableció que era inconstitucional la falta de nombramiento de la autoridad y le ordenó al Congreso que avance en un proceso de designación.

Clara Lucarella — Abogada del Programa Fortalecimiento de ACIJ.

A pesar de no contar con un titular con mandato constitucional, el organismo no está muerto y funciona con una estructura administrativa y jefes de área. También ha participado en reclamos por temas relacionados con derechos de los trabajadores migrantes y de pueblos originarios, entre otros; e integra comités con ministerios del Ejecutivo. 

El subsecretario Böckel, quien quedó a cargo de la Defensoría acéfala, defiende su gestión, que ya lleva unos seis años. “Nosotros intermediamos entre los habitantes y el Estado en alguna medida, pertenecemos a la Administración Pública pero somos independientes, autónomos. ”Cuando estamos en contra del calendario de vacunaciones o alguna política de salud o pública de materia de empresas y derechos humanos, lo planteamos“, dijo ante la consulta de elDiarioAR.

“Las mayores quejas que recibimos son por temas previsionales, salud (contra PAMI y  en menor medida, obras sociales), y usuarios y servicios públicos (cortes, facturación errónea, falta de presión de agua, falta de agua segura o potable)”, contó el funcionario. 

No tener Defensor del Pueblo es una situación de inconstitucionalidad permanente o continua, y lo peor es que nos acostumbramos.

Gabriel De Vedia — Fiscal.

“Somos una de las defensorías que más trabaja en la ONU y mantenemos la categoría A, con voz y voto, gracias al trabajo realizado”, afirmó Böckel, quien sostiene que la falta de un titular con mandato constitucional “afecta la institucionalidad de la Defensoría” y “su legitimación procesal, la posibilidad de presentarse en un juicio”, pero, dice, no afecta su funcionamiento. 

El funcionario explicó que durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la Defensoría realizó “un registro por vía electrónica sobre la situación de casi 24.000 personas impedidas de regresar a su hogar”. “Intervenimos ante la imposibilidad de los trabajadores golondrina que se trasladan entre provincias por las cosechas, por trabajos de minería, y entregamos sus datos al ministerio del Interior para que disponga de vehículos para los traslados”, dijo el encargado del organismo.

“Con Formosa, fuimos prudentes. No dábamos mucha información pero conseguimos que la provincia aceptara el ingreso de 60 personas diarias, que luego eran derivados a centros de aislamiento”, afirmó Böckel. El funcionario reconoce que “no tener un Defensor titular nos afecta en la falta de legitimación procesal pero ese es el último recurso de la Defensoría, que reservamos para casos en los que está en peligro la democracia”. 

“Pero lo cierto es que una de sus funciones es representar a las personas y facilitarles el acceso a la Justicia y hasta 2009, la Defensoría del Pueblo había participado en 52 juicios y había iniciado 26 causas judiciales. Hasta 2013, participaba en 4 expedientes y sólo inició una causa. Desde 2014, no se registra ninguna participación a nivel judicial”, planteó Belski, quien afirmó que las ONGs respetan el trabajo de Böckel y su equipo pero también reconocen las limitaciones de su cargo.

Dos veces, dos tercios

“Creo que el organismo hubiese cumplido un rol central durante la pandemia”, afirmó Mondino. “Nosotros en su momento llegamos a la Corte Suprema con reclamos de los jubilados, contra empresas de servicios públicos, la contaminación del Riachuelo y la situación del pueblo toba en el Chaco. También tuvimos participación en denuncias de corrupción y mediamos en la crisis del campo. Hasta 2009, ocupó un rol central tanto a nivel nacional e internacional”.

Creo que a la cúpula del poder no le interesó tener una figura de esa envergadura, fue incómodo incluso para los privados por la defensa de los derechos de los consumidores en tarifas y servicios públicos“, añadió Mondino.

“En Argentina está en crisis el consenso y esa es la base de la dificultad: conseguir los dos tercios de ambas cámaras. En 2014, la comisión bicameral a cargo de la tarea estuvo a punto de elegir una terna para bajarla al recinto de Diputados y Senado, pero fracasó”, recuerda el fiscal De Vedia.  

“En los últimos años, todas las propuestas fueron de candidatas y candidatos de la política y las impugnamos. El defensor o defensora del Pueblo debe ser independiente de la política, debería venir del mundo jurídico pero con entendimiento de la política para leer el contexto y dialogar con todos los sectores sin renunciar a su independencia”, respondió Belski ante la consulta sobre cuál debería ser el perfil del titular de este cargo según las ONGs que impulsa su designación.

“Quien ocupe este lugar, va a recibir muchas llamadas de sectores del poder. Además, su presupuesto va a depender del gobierno de turno y la política va a jugar con eso. Por eso, debe ser una persona fuerte, que no ceda a las presiones”, afirmó Belski.

ED