En 2022, Argentina habrá incumplido la Constitución Nacional por décimo tercer año consecutivo por no contar con un Defensor del Pueblo de la Nación, el abogado de los habitantes ante los poderes estatal, político y económico, explicaron cuatro expertos consultados por elDiarioAR. La falta ni siquiera está en la agenda del oficialismo ni de la oposición, según ratificaron a este medio representantes de ambos sectores en el Congreso, el encargado de elegir a un candidato para la vacante.

La posibilidad de contar con esta figura con mandato constitucional, que parece no convenirle al poder, es lejana: su designación es más compleja que la del Procurador General de la Nación (jefa o jefe de los fiscales del país) y que la de un juez o jueza de la Corte Suprema. 

El candidato o candidata a defender los derechos de las personas ante el Estado y las grandes empresas debe ser elegido por los dos tercios de los presentes en ambas cámaras parlamentarias, una osadía en estos tiempos políticos.

En diciembre, más de 40 organizaciones empapelaron los alrededores del Congreso con la campaña “Defensor/a del pueblo YA”. “Tanto las y los nuevos diputados y senadores como quienes continúan en sus bancas deben superar las diferencias políticas y ponerse de acuerdo para saldar esta deuda con la sociedad que lleva más de 12 años”, informaron las principales ONGs del país en un comunicado que destacó “la importancia de este rol ante conflictos tales como desalojos, incremento de tarifas, problemas ambientales, represión, protesta social, la respuesta a la pandemia, entre otros”.

La Defensoría del Pueblo nació con la Constitución de 1994 pero la política logró ponerse de acuerdo con sólo dos candidatos para ocupar el cargo en los últimos 27 años.

El primer ombudsman o abogado del Pueblo fue Jorge Luis Maiorano, quien había sido ministro de Justicia de Carlos Menem. Asumió como Defensor del Pueblo en junio de 1994. Fue sucedido por el peronista Eduardo Mondino en 1999, quien logró acuerdo de Diputados y el Senado en 2004 para continuar por un segundo período. 

El defensor o defensora del Pueblo debe ser independiente de la política, debería venir del mundo jurídico pero con entendimiento de la política.

Mariela Belski — Directora Ejecutiva de Amnistía Internación en Argentina.

Antes de que finalice su segundo mandato, Mondino renunció en abril 2009 para ser candidato a senador por Córdoba. Desde entonces, el organismo estuvo a cargo de defensores adjuntos, quienes también fueron renunciando a medida que pasaban los años. En 2015, la Defensoría quedó a cargo del subsecretario Juan José Böckel, el de mayor jerarquía dentro del personal administrativo.

“No tener un defensor del Pueblo es una violación a la Constitución”, dijo el ex Defensor del Pueblo (1999-2009) Eduardo Mondino a elDiarioAR. “Es la figura independiente más importante en la defensa de los derechos humanos y derechos colectivos y es el único que tiene legitimación propia para ir a los tribunales en representación de un colectivo de ciudadanos”, aseguró.

“En febrero de 2021, nos reunimos con el entonces jefe de Gabinete, (Santiago) Cafiero y le planteamos la necesidad de que este gobierno, que promueve legislación a favor de los derechos, avance en la elección de una o un candidato, pero fue muy enfático en su respuesta. Nos dijo que era ‘muy complejo’”, recuerda Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, una de las ONGs que impulsa la campaña por un Defensor del Pueblo.

“En 2014, un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentamos un amparo para que el poder Judicial le ordene al Congreso la designación de la autoridad de la Defensoría del Pueblo (que en ese momento se encontraba vacante hacía 5 años)”, explica Clara Lucarella, abogada del Programa Fortalecimiento de la Democracia de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

“En 2016 el poder Judicial estableció que era inconstitucional la falta de nombramiento de la autoridad y le ordenó al Congreso que avance en un proceso de designación. Hoy, a pesar de esa decisión y la relevancia de la institución para garantizar derechos humanos, el Congreso sigue incumpliendo con la función que le encomienda la Constitución”, afirmó Lucarella.

“No tener Defensor del Pueblo es una situación de inconstitucionalidad permanente o continua, y lo peor es que nos acostumbramos”, dijo el fiscal Gabriel De Vedia, quien fue postulado para el cargo por organizaciones sociales en 2019.

Es la figura independiente más importante en la defensa de los derechos humanos y derechos colectivos.

Eduardo Mondino — Ex Defensor del Pueblo (1999-2009).

¿Cuál es su función? 

La judicial no es la única vía de la Defensoría para reclamar derechos. “La judicial es la última herramienta, antes de agotar otras instancias, como recomendaciones, advertencias, mediaciones, pedidos de informes e investigaciones”, resume Mondino. 

“Un caso claro y reciente en el que vimos la necesidad de tenerlo fue el de las personas que no podían ingresar a la provincia de Formosa durante la pandemia por disposición de la Gobernación, que había cerrado las fronteras provinciales”, aseguró Belski.

“El defensor con mandato constitucional podría haber presentado los amparos ante la Justicia, ya que tiene alcance federal. Al no tenerlo, las personas impedidas de ingresar a la provincia fueron representadas legalmente por legisladores y concejales opositores al gobernador y la disputa judicial se tiñó políticamente, cuando estábamos ante un tema de derechos”, agregó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

En 2016 el poder Judicial estableció que era inconstitucional la falta de nombramiento de la autoridad y le ordenó al Congreso que avance en un proceso de designación.

Clara Lucarella — Abogada del Programa Fortalecimiento de ACIJ.

A pesar de no contar con un titular con mandato constitucional, el organismo no está muerto y funciona con una estructura administrativa y jefes de área. También ha participado en reclamos por temas relacionados con derechos de los trabajadores migrantes y de pueblos originarios, entre otros; e integra comités con ministerios del Ejecutivo. 

El subsecretario Böckel, quien quedó a cargo de la Defensoría acéfala, defiende su gestión, que ya lleva unos seis años. “Nosotros intermediamos entre los habitantes y el Estado en alguna medida, pertenecemos a la Administración Pública pero somos independientes, autónomos. ”Cuando estamos en contra del calendario de vacunaciones o alguna política de salud o pública de materia de empresas y derechos humanos, lo planteamos“, dijo ante la consulta de elDiarioAR.

“Las mayores quejas que recibimos son por temas previsionales, salud (contra PAMI y  en menor medida, obras sociales), y usuarios y servicios públicos (cortes, facturación errónea, falta de presión de agua, falta de agua segura o potable)”, contó el funcionario. 

No tener Defensor del Pueblo es una situación de inconstitucionalidad permanente o continua, y lo peor es que nos acostumbramos.

Gabriel De Vedia — Fiscal.

“Somos una de las defensorías que más trabaja en la ONU y mantenemos la categoría A, con voz y voto, gracias al trabajo realizado”, afirmó Böckel, quien sostiene que la falta de un titular con mandato constitucional “afecta la institucionalidad de la Defensoría” y “su legitimación procesal, la posibilidad de presentarse en un juicio”, pero, dice, no afecta su funcionamiento. 

El funcionario explicó que durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la Defensoría realizó “un registro por vía electrónica sobre la situación de casi 24.000 personas impedidas de regresar a su hogar”. “Intervenimos ante la imposibilidad de los trabajadores golondrina que se trasladan entre provincias por las cosechas, por trabajos de minería, y entregamos sus datos al ministerio del Interior para que disponga de vehículos para los traslados”, dijo el encargado del organismo.

“Con Formosa, fuimos prudentes. No dábamos mucha información pero conseguimos que la provincia aceptara el ingreso de 60 personas diarias, que luego eran derivados a centros de aislamiento”, afirmó Böckel. El funcionario reconoce que “no tener un Defensor titular nos afecta en la falta de legitimación procesal pero ese es el último recurso de la Defensoría, que reservamos para casos en los que está en peligro la democracia”. 

“Pero lo cierto es que una de sus funciones es representar a las personas y facilitarles el acceso a la Justicia y hasta 2009, la Defensoría del Pueblo había participado en 52 juicios y había iniciado 26 causas judiciales. Hasta 2013, participaba en 4 expedientes y sólo inició una causa. Desde 2014, no se registra ninguna participación a nivel judicial”, planteó Belski, quien afirmó que las ONGs respetan el trabajo de Böckel y su equipo pero también reconocen las limitaciones de su cargo.

Dos veces, dos tercios

“Creo que el organismo hubiese cumplido un rol central durante la pandemia”, afirmó Mondino. “Nosotros en su momento llegamos a la Corte Suprema con reclamos de los jubilados, contra empresas de servicios públicos, la contaminación del Riachuelo y la situación del pueblo toba en el Chaco. También tuvimos participación en denuncias de corrupción y mediamos en la crisis del campo. Hasta 2009, ocupó un rol central tanto a nivel nacional e internacional”.

Creo que a la cúpula del poder no le interesó tener una figura de esa envergadura, fue incómodo incluso para los privados por la defensa de los derechos de los consumidores en tarifas y servicios públicos“, añadió Mondino.

“En Argentina está en crisis el consenso y esa es la base de la dificultad: conseguir los dos tercios de ambas cámaras. En 2014, la comisión bicameral a cargo de la tarea estuvo a punto de elegir una terna para bajarla al recinto de Diputados y Senado, pero fracasó”, recuerda el fiscal De Vedia.  

“En los últimos años, todas las propuestas fueron de candidatas y candidatos de la política y las impugnamos. El defensor o defensora del Pueblo debe ser independiente de la política, debería venir del mundo jurídico pero con entendimiento de la política para leer el contexto y dialogar con todos los sectores sin renunciar a su independencia”, respondió Belski ante la consulta sobre cuál debería ser el perfil del titular de este cargo según las ONGs que impulsa su designación.

“Quien ocupe este lugar, va a recibir muchas llamadas de sectores del poder. Además, su presupuesto va a depender del gobierno de turno y la política va a jugar con eso. Por eso, debe ser una persona fuerte, que no ceda a las presiones”, afirmó Belski.

ED