La Justicia condenó al Sindicato de la Sanidad a pagar más de $7 millones y costas por hechos de abuso sexual en el ámbito laboral cometidos por su superior de rango jerárquico hacia una empleada durante nueve años. La sentencia condena a la agrupación gremial que lidera Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT junto con Carlos Acuña, jefe del sindicato de empleados de estaciones de servicio (el otro triunviro, el camionero Pablo Moyano, renunció la semana pasada a ese puesto en la central obrera) a pagar la indemnización por despido, más daño moral y psicológico por la violencia sufrida por la mujer y por no haber hecho nada para detenerla, es decir, por incumplimiento de sus deberes como empleador.

El fallo sienta un precedente importante ya que no es tan común que se obligue a un empleador a responder por un subordinado en casos enmarcados en violencia de género y además por el hecho de que se condene a un sindicato. organización que debe velar por los derechos de las y los trabajadores, por no proteger a una empleada.

El fallo sienta un precedente importante ya que no es tan común que se obligue a un empleador a responder por un subordinado en casos enmarcados en violencia de género y además por el hecho de que se condene a un sindicato. organización que debe velar por los derechos de las y los trabajadores, por no proteger a una empleada

La decisión corresponde al Juzgado Nacional de 1ª instancia del Trabajo Nº 73. El fallo fue dictado el lunes último, 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, en contra del Sindicato de la Sanidad filial Buenos Aires, que lidera Daer, con la firma del juez Diego Fernández Madrid.

“Cuando mis abogadas me lo comunicaron tuve una mezcla de emociones muy difíciles de explicar. Alegría, lágrimas, alivio y por sobre todo paz. Sentí paz en mi alma, después de tanto dolor, tanta violencia. El proceso fue durísimo”, contó a elDiarioAR la demandante a la que llamaremos S. Z.

La víctima ingresó a trabajar al sindicato en 2013 a instancias del secretario general de Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la República Argentina (ATSA), Héctor Ricardo Daer, y en 2022 se consideró despedida.

El fallo da por probado que su jefe inmediato, David Israel Cardozo, delegado de la entidad sindical en el Instituto Privado de Oncología “Alexander Fleming” y que luego ocuparía el cargo de Presidente, tenía un trato “peyorativo, despectivo e insultante”.

“Así se sentaba en su sillón, se apropiaba de su computadora ignorando su presencia, en una clara muestra de superioridad, le decía 'gorda', 'sucia', 'negra', etcétera. En más de una oportunidad tuvo que cerrar los cajones de su escritorio con llave porque sustraía documentación de trabajo tales como recibos y dinero del cobro de las capacitaciones y comprometía su tarea”. Además hubo dos situaciones de manoseos y violencia física, según el expediente.

Entre los hechos que configuraron hostigamiento, acoso y abuso sexual por parte de Cardoso, hubo:

Todos esos años, S. Z pidió ayuda a sus superiores Mónica Consoli (secretaria de Acción Cultural y Capación) y a Norberto Maschio (secretario de Prensa), pero lejos de ayudarla, respondieron en la misma línea de agresión y desprecio contra ella: “Cerrá todo con llave y métetela en el culo”.

En un momento, Maschio volvió a revictimizarla, le dijo que si Cardozo, su jefe inmediato, la tocó fue 1) porque él “lo permitió”, 2) “porque era mi amigo”, 3) porque “me rasqué el orto tres años”, 4) porque “era una simple empleada que hacía inscripciones y pertenecía a ATSA”, 5) porque “podían hacer lo que quisieran conmigo”, 6) “porque por el historial que tenés no podés quejarte, sabés que te trajo Daer”. Todo eso, acompañado de gestos descalificativos que daban a entender una presunta relación sentimental con aquel, que nunca existió.

A raíz de estas situaciones de violencia física y psicológica S.Z sufrió una serie de padecimientos psíquicos y físicos. Entre ellos insomnio, angustia, depresión, ataques de pánico, parálisis del brazo izquierdo; falta de apetito y su consecuente pérdida de peso y caída significativa del cabello.

El juez determinó en su fallo que “llamativamente, los superiores de la accionante (la secretaria Consoli y el secretario Maschio) estaban al tanto de los desagradables episodios vividos por aquella, y no hicieron nada al respecto”. “Como elemento adicional, resulta insoslayable que la actora fuera a denunciar esta cuestión ante secretario general (Daer) y tampoco tuviera respuesta satisfactoria. Dentro de este marco, cabe destacar que los actos de violencia que fue víctima la actora ocurrieron en el seno de una entidad sindical, lo que agrava aún más el cuadro de situación, porque precisamente su actividad es velar por la protección de los trabajadores”, dice el fallo.

El caso fue patrocinado por las abogadas Silvina Lico, Muriel Killian y Lorena Mambrud. En diálogo con elDiarioAR, Lico dijo que “lo importante de la sentencia radica en la perspectiva de género para fallar, especialmente en la apreciación de la prueba y la referencia a la ley 26.485, de Violencia hacia las Mujeres”.

Por otra parte, agregó, “responsabilizar a la parte empleadora por los abusos cometidos por su dependiente en el ámbito laboral refleja fielmente lo dispuesto por el Convenio 190 de OIT (Organización Internacional del Trabajo) encuadrándolo en un incumplimiento grave de su parte”.

“La persona que cometió estos abusos fue denunciado penalmente, pero es el sindicato el su rol de empleador el que debe garantizar que sus empleadas no sean víctimas de violencias de género o, en su caso, enterado de lo sucedido actuar en consecuencia. Es paradójico que en un sindicato la actitud adoptada sea intentar tapar todo y no hacer cargo a los responsables, como se intentó en este caso”, aseveró la abogada.

Finalmente, S. Z explicó que decidió accionar contra su empleador, y no solo contra el abusador, porque al ser mujer es “consciente de que el machismo es transversal a todos los espacios de la sociedad y son [los varones] quienes ocupan espacios de poder [y por lo tanto] los que tienen la responsabilidad de no mirar hacia otro lado”.

“Era la oportunidad de exponer e intentar poner fin con la cadena de violencia que vivimos las mujeres a diario”, sostuvo y agregó: “Como mamá no puedo permitirme el lujo de renunciar a cada trabajo en el que he estado expuesta a situaciones de violencia, y como mamá también es que siento la responsabilidad de dejarles un legado de valentía”.

SS/JJD

Son las 14:25 de un martes y suena el teléfono: “Están de camino, deben estar a punto de llegar”. Era el aviso de que un enviado de Meccti, la empresa que organizó el proceso de selección de azafatas en Madrid para Kuwait Airways en el que varias mujeres tuvieron que desnudarse, estaba a punto de llegar a la casa de un familiar de una de las candidatas para ofrecerle un trato. Así es como elDiario.es tuvo conocimiento de que Meccti había enviado a España a una persona de confianza para ofrecer dinero a candidatas a cambio de su silencio. Los hechos sucedieron poco después de que este medio publicara en exclusiva que una empresa de selección de tripulantes de cabina había exigido a las candidatas quedarse en ropa interior en una jornada que tuvo lugar el 5 de noviembre en el hotel Meliá Barajas de Madrid.

elDiario.es tuvo conocimiento directo de una negociación en la que un hombre, que se identificó como enviado de Meccti, ofreció 5.000 euros a una de las chicas y un empleo para su padre como pago para evitar que siguieran hablando con la prensa y frenar su participación en las investigaciones que tanto la Fiscalía como la Inspección de Trabajo había abierto.

El hombre –que no trabaja para Meccti pero sí está ligado personalmente a miembros de la empresa– llegó a España procedente del extranjero para ofrecer a una de las mujeres cuyo testimonio recogió elDiario.es un acuerdo: el pago de unos miles de euros para frenar su participación tanto en los medios de comunicación como en las investigaciones que iban a ponerse en marcha.

La chica, que mostró su miedo a no volver a encontrar trabajo en el mundo de la aviación, aceptó el acuerdo. El padre había expresado incluso su preocupación por que su hija pudiera estar siendo amenazada con la idea de que, si seguía colaborando con la prensa y participaba en las investigaciones, fuera a ser vetada en los procesos de selección de otras aerolíneas.

El enviado de Meccti llegó a ofrecer también un empleo a su padre, que se encontraba en paro, con tal de tener el beneplácito de la familia de la joven y que se frenasen las denuncias públicas.

Esta mujer iba a aportar nueva información para ser publicada, y también había declarado su intención de presentar una denuncia formal contra la empresa. Sin embargo, una vez llegó a España el enviado de la empresa, la mujer cambió de idea y pidió que la nueva información no fuera revelada. Su padre tampoco ha querido seguir colaborando.

La investigación

Durante el proceso de selección en Madrid, las mujeres aspirantes a tripulantes de cabina para Kuwait Airways tuvieron que mostrar sus cuerpos y fueron instadas, también, a abrir la boca para que una reclutadora comprobara sus dentaduras. Durante la jornada, el seleccionador hizo comentarios vejatorios sobre su cuerpo y su aspecto. Algunas candidatas fueron eliminadas con frases como “no nos gusta tu sonrisa” o “¿adelgazarías unos kilos de aquí a enero?”. Además, una de las aspirantes que sí fue seleccionada recibió un mensaje de Whatsapp días después en el que una reclutadora le decía: “Lo siento, pero Kuwait Airways no contratará a personal de piel oscura”.

Tras la publicación de elDiario.es, la Inspección de Trabajo anunció que se encontraba investigando de oficio los hechos, y el sindicato CCOO presentó ante la Fiscalía un escrito en el que, ante los indicios de delito, pedía la apertura de una investigación. Finalmente, el 20 de enero la Fiscalía de Madrid abría diligencias para investigar si los procesos de selección y las entrevistas constituían un delito contra la integridad moral de las candidatas.

elDiario.es ha recopilado el testimonio de ocho mujeres que relatan la misma historia. Además, las candidatas que superaron la selección tuvieron después que recopilar y enviar a la empresa documentación y fotografías. Y también pagar si querían llegar a la fase final de la selección en Kuwait: elDiario.es ha accedido a correos electrónicos y facturas que demuestran que Meccti les pide 1.900 dólares para sufragar los gastos de un test psicotécnico imprescindible para ser contratadas. Se trata de una práctica irregular, según varias fuentes consultadas.

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Para entonces, el despacho Molins Defensa Penal, que actuó como portavoz de Meccti en España, había emitido un comunicado en el que anunciaba una investigación interna para esclarecer lo sucedido. Descargaba, eso sí, cualquier posible responsabilidad en una subcontrata, Meiservices Sarl, con base en Marruecos, ya que aseguraba que el proceso de selección le fue encargado a ella. Ese mismo día, Meiservices Sarl envió un escueto comunicado para asegurar que su personal actúa conforme a la legalidad pero que asumiría cualquier posible consecuencia por lo sucedido en sus procesos de selección. Poco después, Meccti cancelaba todos los procesos de selección convocados en España.

Sin embargo, en el primer comunicado que envió a los medios, Molins Defensa Penal negaba la veracidad de los testimonios publicados por elDiario.es y ponía a disposición de los medios de comunicación azafatas que, aseguraban, podían contar cómo habían sido sus procesos de selección con Meccti. Desde entonces, la empresa publica periódicamente en su perfil de Instagram vídeos de mujeres de distintos lugares del mundo que elogian a Meccti.

Aunque la empresa insiste en que fue la subcontrata la encargada del proceso de selección en Madrid, la documentación a la que ha accedido elDiario.es muestra cómo los correos electrónicos que recibieron las candidatas para confirmar que habían sido admitidas en el proceso de selección de Madrid están remitidos por una dirección de correo de RecruitCabinCrew.com, una página web que está vinculada con Meccti, y terminan con la firma 'Meccti Morocco'. Es justo la dirección de correo desde la que se emitió el comunicado de Meiservices Sarl.

El chat

Diecisiete mujeres pasaron el proceso de selección en Madrid. El paso siguiente, según les comunicaron, era preparar la documentación y las fotos para, después, pasar el examen psicotécnico y una entrevista final en Kuwait. Para ello, reciben instrucciones de un reclutador a través de un grupo de Whatsapp al que ha podido acceder elDiario.es.

En ese chat, una de las seleccionadas pregunta por el 'reporte' final que le hizo el reclutador en Madrid: “En el día del proceso me dijeron que tenía que perder algunos kilos para poder ir a la entrevista final en Kuwait. Perder esos kilos me llevará un tiempo, no quiero perderlos corriendo y poner en peligro mi salud. Me gustaría hacerlo adecuadamente. Por eso tengo algunas preguntas. ¿Es posible enviar los documentos para la visa una vez que consiga el peso deseable, ya que no puedo ir hasta entonces?”, escribe en el grupo. El reclutador le contesta que, una vez obtienen la visa, las candidatas van a Kuwait una o dos semanas después y que, una vez allí, “Kuwait Airways programará una entrevista” con ella. “Después de la entrevista personal, te darán un poco de tiempo para que pierdas peso y también la formación llevará algo de tiempo. Así que estoy seguro de que para entonces ya habrás perdido un par de kilos”, prosigue el reclutador.

En otro momento distinto de la conversación, otra de las mujeres pide más información sobre cómo debe ser exactamente la fotografía de cuerpo entero que les han pedido. “¿Tiene que mostrar los dientes o no importa?”, pregunta. El reclutador responde: “Necesitamos una sonrisa grande y bonita”. Sin embargo, no fue este reclutador el que puso en marcha el grupo de Whatsapp sino otra persona que después, por motivos que no se aclaran en el chat, deja de estar a cargo. Esa persona también pidió en la conversación a varias de las azafatas “información sobre su peso” y los datos de altura y peso actual de otra de las mujeres seleccionadas.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, solicitaron este martes la elevación a juicio oral de la causa donde el exgobernador José Alperovich, está acusado por hechos de abuso sexual ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán.

En el dictamen, los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que el exsenador nacional debe responder por tres hechos de abuso sexual -dos de ellos cometidos en tentativa- y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal. “En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”, indicaron, según publica el sitio Fiscales.gob.ar.

De acuerdo al escrito, “quedó comprobado cómo el imputado utilizando su fuerza física, ejerciendo abuso intimidatorio de poder y violencia de género, reducía bajo su dominio a la víctima, y la ponía como un mero objeto de satisfacción sexual, de cosificación, sometiéndola de forma violenta, ultrajante y degradante, haciéndolo por el transcurso de un poco más de tres meses”. Los primeros abusos ocurrieron a mediados de diciembre de 2017 y persistieron hasta diciembre de 2018, explicó la fiscalía.

Dentro del dictamen, se le dio relevancia a evaluar los distintos factores de la causa con perspectiva de género. En ese sentido, los fiscales recordaron que la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, define a la violencia contra las mujeres como “toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”.

En los argumentos, se manifiesta que ninguna investigación judicial de violencia sexual sobre una mujer “puede catalogarse como seria y exhaustiva si no toma en consideración las desigualdades estructurales entre varones y mujeres, propias del sistema patriarcal, y si no se hace cargo de analizar el impacto de esas inequidades en el caso concreto”.

Además, citaron la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), según la cual el Estado argentino se comprometió a trabajar en la erradicación “de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Esto implica la prohibición del uso y la reproducción de estereotipos discriminatorios por parte de aquellas personas que integran los sistemas judiciales”.

Para la fiscalía, “las principales consecuencias de la discriminación de género ejercida por el sistema penal son la falta de exhaustividad en el análisis de la prueba, la tramitación de investigaciones tendenciosas y parcializadas, y una fuerte presencia de estereotipos y prejuicios que conducen a realizar interpretaciones y valoraciones arbitrarias”.

En otros considerandos, adujeron que los “estereotipos influyen en las decisiones del Poder Judicial, muchas veces en perjuicio de las mujeres. Las sentencias de los tribunales suelen emplear conceptos referidos a la moral privada para definir los márgenes de la violencia conyugal y los delitos sexuales. Muchas veces, las decisiones destacan la ausencia de elementos independientes al relato de la víctima que permitan corroborarlo y el análisis que las subyace permite detectar que se construyen sobre estereotipos que atribuyen a las mujeres el rol de ‘mentir’, ‘fantasear’ o ‘fabular’ y utilizar el derecho penal con el fin de ‘perjudicar’ o de ‘mantener una apariencia’”.

Para Vismara y Labozzetta, fueron clave “en este caso en concreto, el estado de cautividad que padecía la víctima y que tenía la particularidad de estar condicionado por la subordinación económica, social, psicológica, legal y política, así como la fuerza física. Esa cautividad lleva a que la víctima esté en continuo contacto con el agresor y que este se convierta en la persona más poderosa dentro de su vida”.

Según precisaron los empleados judiciales, “los métodos para obtener el control de la víctima consisten en infligir el trauma psicológico de forma sistemática y repetitiva. Son técnicas organizadas de debilitamiento y desconexión. Estos métodos están pensados para causar terror e indefensión y destruir el sentido del yo de la víctima en relación con los demás. El efecto de esta técnica es convencer a la víctima de que el abusador es omnipotente, que resistirse es inútil y que su vida depende de que se gane indulgencia a través de la sumisión absoluta”.

“En esta dinámica, utiliza métodos coercitivos como el cariño, la persuasión, la mentira, la manipulación psicológica y las amenazas, la culpabilización y el chantaje. Estas estrategias le permiten, por una parte, la concreción de los abusos y, por otra, la mantención del secreto, generando así el estado de indefensión y desamparo de la persona damnificada”, detallaron.

La fiscalía tuvo en cuenta “la asimetría” que había entre Alperovich y la denunciante; “la relación familiar que tenían; la diferencia de edad; la situación de dependencia laboral; el posicionamiento político y social del acusado, que es un reconocido político, con enorme influencia a nivel provincial y nacional, que gobernó durante años la provincia de Tucumán”.

“En este sentido, no perdemos de vista que los elementos colectados dan cuenta del contexto de permanente control y humillación en el que se desenvolvía esa relación, el constante tono imperativo de él hacia ella y la naturalización del entorno de frases obscenas proferidas por él y dirigidas a ella y a otras personas”, destacaron.

Violencia sexual, acoso y hostigamiento

Los fiscales sostuvieron que, tanto el informe pericial psicológico como las constancias médicas, las declaraciones de los testigos y las constancias de las conversaciones entre Alperovich y la víctima, fortalecieron el relato realizado por la denunciante. En esa línea, consideraron que no se estaba “en presencia de un único y aislado testimonio, sino que existen numerosas pruebas que han podido recabarse y que permiten afirmar, con la certeza requerida en esta etapa, que los hechos denunciados ocurrieron del modo que hemos expuesto, y que su autor ha sido el aquí imputado José Jorge Alperovich”.

Además, agregaron que los sucesos investigados “constituyen distintos tipos de violencia contra una mujer, tales como la sexual, psicológica y simbólica, ejecutadas bajo la modalidad de violencia laboral y profundizada por el lazo familiar que atravesaba esa relación. Las mujeres, por el hecho de ser mujeres, padecen de forma desproporcionada la violencia en el ámbito intrafamiliar, y la padecen con características distintivas, dado que en ese espacio las relaciones entre mujeres y varones atravesadas por el género adquieren mayor intensidad”, explicaron.

“El hostigamiento laboral y el acoso sexual son expresiones de la violencia de género muy extendidas en los espacios de trabajo. Una situación se constituye en violenta cuando se transforma en un fenómeno que se repite. Este tipo de situaciones se amplifican de manera progresiva a menos que una persona exterior intervenga enérgicamente. La gravedad de las consecuencias para la salud es proporcional a la intensidad y duración de la violencia, por lo que los hechos imputados a Alperovich se enmarcan en un contexto de violencia sexual, intrafamiliar y de acoso laboral por razones de género”.

Con información de Fiscales.gob.ar

IG

El colectivo Periodistas Argentinas presentó hoy en la Sala II del anexo de la Cámara de Diputados de la Nación el “Informe América” sobre violencia laboral contra trabajadoras de ese medio televisivo.

El documento denuncia “el método cruel de producción de noticias que sostiene el multimedio Grupo América” y también será entregado formalmente ante la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, la Defensoría del Público, el Ente Nacional de Comunicación (ENACOM) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Otras copias serán enviadas a las autoridades de los Sindicatos de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y Argentino de Televisión, Servicio Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Sat-Said).

Periodistas Argentinas intervino en por lo menos tres oportunidades en casos de violencia laboral de parte de esta empresa entre 2019 y la actualidad. La más reciente “rompió la usual censura con la que las empresas mediáticas se suelen proteger de denuncias sobre abusos y violencias que suceden en las estructuras internas de los medios de comunicación”, afirma el comunicado de la organización. En esa ocasión el colectivo de mujeres de prensa envió una carta documento a la dirección del canal América 24 denunciando los maltratos de Antonio Laje contra integrantes del equipo periodístico del programa Buen día América. 

Al poco tiempo de la denuncia se fue la directora de contenidos, Liliana Parodi, pero el conductor acusado seguirá, por lo pronto, al frente de la emisión.

El colectivo Periodistas argentinas, con la presentación del informe, volvió a exigir que las empresas de comunicación cumplan con las leyes que sancionan esta clase de comportamientos y resaltó la falta del Poder Ejecutivo, que aún no reglamenta dichas normas.

 PP