Envuelta en sábanas blancas, la psicóloga Milena Pozo, de 46 años, se desperezaba en su cama. Tenía que entrenar, pero su cuerpo cansado no despertaba con el nuevo día. El barrio Pinares, en el Valle de Calamuchita, provincia de Córdoba, todavía se mantenía en silencio.

Eran las 7 de la mañana del 9 de noviembre de 2017 cuando un ruido fuerte, contundente y demasiado cercano retumbó en la recámara. Abrió los ojos. Parecía una explosión. Se levantó, se puso la bata y salió de la habitación. Mientras bajaba por la escalera hacia el living comedor, vio policías con armas, cascos y filmadoras que se movían de un lado al otro. 

“Estamos acá por una denuncia de cannabis”, dijo uno de los agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y la dueña de casa contestó: “Acá tengo”.

Una valija con 10 goteros de aceite de cannabis estaba al costado de la puerta derribada. Aparte había otras botellas con medio litro de aceite en los antebaños. Pozo es corredora y el cannabis le alivia los dolores en las piernas. Su pareja es entrenador de corredores y maratonista, el cannabis baja su estrés. Sus dos hijas mayores de edad, que practican atletismo, lo usaban para relajarse y aliviar los dolores post entrenamiento.

Pero esa mañana nadie corrió. “Estuvimos durante horas sentados en un sillón los cuatro. También la beba de un año de una de mis hijas. Mientras tanto, tiraban todo abajo”, recordó la psicóloga. 

Ese mismo día habían allanado también sus dos consultorios de Río Tercero. Por la tarde, Pozo fue detenida. “Nunca me voy a olvidar la cara de la policía que dirigía el allanamiento cuando cortó el teléfono con el fiscal y dijo que debía llevarme. No estaba convencida, pero habían montado tremenda movida. Quedaba mal si no me detenían”, afirmó a casi siete años del allanamiento.

En 2016, Milena escuchó hablar del cannabis medicinal. En ese momento circulaban muchas noticias, leyó notas y escudriñó publicaciones sobre los beneficios del aceite que hacía Mario Juliano, el ahora difunto juez del Tribunal en lo Criminal número 1 de Necochea. Lo utilizaba para frenar los dolores de deportista. “Le escribí por las redes y me dijo que la pomada y el aceite eran muy buenos. Así me enteré de las propiedades de la planta”, contó la psicóloga. A través de un paciente que le comentó que usaba aceite pudo conectarse con cannabicultores que le vendieron para probar. La primera vez no pasó nada, recién tres semanas después empezó a sentir alivio y relajación.

Estuvimos durante horas sentados en un sillón los cuatro. También la beba de un año de una de mis hijas. Mientras tanto, tiraban todo abajo.

Detenida

“¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estás bien?”, escuchó por la noche a una de sus hijas gritándole desde la calle. Se quebró. Ya había recibido una carta de ella y la comida que le había preparado. 

Pozo pasó la noche en la celda de una comisaría por primera y última vez. El espacio de tres metros por cuatro estaba pintado de gris: no tenía luz y la ventana era muy alta. Los bancos eran de mampostería. Leyó el primer capítulo del libro ¿Para qué sirve la filosofía?, de Darío Szeta, hasta que no pudo continuar por falta de iluminación y de los anteojos que no le dejaron ingresar. “Necesitaba pensar en los porqués. La filosofía abre esos caminos. Consideraba necesario hacerme preguntas”, dijo ahora Pozo.

Caminó en círculos en ese espacio diminuto. Hizo sentadillas. Y pensó en su futuro. “Si me detienen unos años voy a estudiar, a hacer talleres artísticos y a entrenar”, pensó. 

Estuvo sola en la celda hasta la madrugada, cuando ingresó una chica embarazada de 19 años. “Era la hija de una mechera (ladrona de tiendas) muy conocida, la engancharon en la calle mientras el novio vendía drogas, huyeron y la agarraron”, recordó. Pese a su corta edad, la joven era “muy experimentada” en detenciones. “Me decía: ‘Si te trasladan tratá de ir al penal de Bouwer, no a Villa María’”. 

Al día siguiente, cuando volvía de declarar en la fiscalía de lucha contra el narcotráfico, en los Tribunales de Río Tercero, desde el patrullero vio a otra de sus hijas por la calle, quien también identificó a su madre. Fue pura casualidad. “La angustia fue terrible. Afortunadamente cuando ingresamos a la celda, ya sin las manos esposadas, pude recibir el abrazo de mi compañera de encierro que se conmovió y me acompañó mientras me calmaba”.

Pozo se derrumbó al imaginar una vida alejada de sus cinco hijos y nietos. Estaba tomada por el dolor de estar lejos.

Puente para el dolor

Pozo había empezado a ser “puente” porque tenía una paciente con diagnóstico de fibromialgia, que había usado el aceite con muy buen resultado. 

Desde entonces, acompañaba a personas a morir en tratamientos paliativos con cannabis terapéutico. “Por lo general son pacientes oncológicos que utilizan gotas de cannabis”, contó. 

Una paciente de Pozo que también tenía fibromialgia, una enfermedad que produce dolores en el cuerpo, fatiga y problemas de sueño, la denunció ante la Justicia luego de descompensarse al ingerir dos tomas de aceite de cannabis, de 3 gotas cada una, de un aceite con alto porcentaje (80%) de CBD, según declaró.

“La médica que la atendió en la guardia le dijo que se sentía mal por el aceite. Pero no hubo tiempo a que el producto actuara. La sustancia debe provocar una sensibilización, pero eso no pudo suceder con tres gotas un martes a la noche y otras tres al día siguiente”, opinó la psicóloga. “Hice muchos cursos sobre cannabis. Sabía qué cepa servía para cada dolencia y conseguía el aceite, no cultivaba ni vendía”, explicó.  

Pozo defiende la calidad de la sustancia. “El aceite lo elaboraba uno de los cannabicultores que proveía a las ‘Clínicas del Cannabis’ en Córdoba. Era de los más probados en la provincia”, aseguró.

Sin embargo, la Justicia de Córdoba la imputó por comercialización agravada de estupefacientes en noviembre de 2017. También por ejercicio ilegal de la medicina y lesiones leves. Además, imputaron al (ahora) ex novio de Pozo por comercialización de sustancias estupefacientes agravada y a dos personas más por comercialización agravada, que en términos prácticos implica de 6 a 20 años más de pena. Los acusaron por vender aceite, cremas y tinturas de cannabis.

La sanción es durísima, se debe a un desconocimiento de quienes tienen el deber de juzgar.

La imputación dejó marcas en su vida personal y profesional. “La estigmatización que generó la causa en mi contra llevó a que me apartaran de mis tareas en el Equipo Profesional de Acompañamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Aún hoy no pude volver, pese a que nunca se cuestionó mi labor”, relató Pozo.

Hubo algunos pacientes que no quisieron continuar la terapia. Tampoco pudo seguir trabajando como responsable del Centro de Atención Primaria de Salud de Villa Quillinzo porque en el allanamiento le sacaron el auto y no tenía cómo llegar al lugar. Hizo varias peticiones por su auto, pero siempre le contestaron que más adelante se resolvería la cuestión. Nunca se lo devolvieron. A su vez, la colega con quien compartía consultorio se rehusó a atender en el mismo espacio que ella. Y en el otro consultorio le impidieron seguir trabajando.

En mayo de 2022, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Tercero la condenó a tres años de prisión en suspenso por comercialización de estupefacientes y ejercicio ilegal de la medicina. Fue absuelta por lesiones leves. 

“La sanción es durísima, se debe a un desconocimiento de quienes tienen el deber de juzgar”, explicó el abogado de Pozo, Tomás Aramayo. Para él “no existe nexo causal” entre la afección de la denunciante y la ingesta de las gotas de aceite. “El efecto no fue probado por los peritos”, aclaró. 

La estigmatización que generó la causa en mi contra llevó a que me apartaran de mis tareas en el Equipo Profesional de Acompañamiento Educativo del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Aún hoy no pude volver, pese a que nunca se cuestionó mi labor.

Uno de los expertos implicados en la causa, el médico Leandro Ángel Lamberti, sostuvo que “una intoxicación relevante a partir de la sustancia requeriría tomar seis o siete goteros”. Otro perito, el médico Federico Racca, que trabaja para Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), sostuvo que “no se recogieron las características médicas y clínicas suficientes para aducir una causalidad específica respecto a los efectos adversos que la paciente aduce con el cannabis medicinal”.

Además, Aramayo asegura que “no había fin de lucro”, ya que sólo acercaba el aceite que conseguía de un cannabicultor. “La ley de estupefacientes sanciona el tráfico ilícito de drogas y, por ende, no es aplicable en este caso”, detalló.

La condena sorprendió a la mujer. Confiaba en que la Justicia provincial fallara a su favor como lo había hecho la Justicia Federal de Córdoba en dos causas famosas de cannabis. Al productor de cannabis medicinal Daniel Landgren lo absolvieron en septiembre de 2021, y al médico Carlos Laje, a cargo de la “Clínica del Cannabis”, lo sobreseyeron en marzo de 2024.

Ambos procesos penales habían comenzado, como el de Pozo, luego de la sanción de la ley de cannabis con fines terapéuticos. Las causas de Laje y Landgren fueron resueltas por la Justicia Federal por “la gran cantidad de estupefacientes” en juego. Pero, por la pequeña cantidad de producto en su poder, la psicóloga había quedado en manos del Poder Judicial local que sigue sin resolver su situación. Sí, los que tenían más cannabis habían salido indemnes.

“Son años de muchos altibajos emocionales. El no saber qué sucedería ni cuándo ni cómo seguiría mi vida era una espada de Damocles. La incertidumbre y la amenaza de un posible futuro de encierro no me permitían proyectar”, contó sobre el tiempo que duró el proceso judicial desde el allanamiento hasta la condena.

El fallo fue apelado con un recurso de casación, que está pendiente de resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

“Vivo con angustia la falta de resolución judicial. Al no resolverse (mi causa) no se qué va a pasar en mi vida personal, con mi matricula de psicóloga (al no haber condena firme no está suspendida) y si tendré que apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual implicaría miles de dólares para pagar abogados y no tengo ese dinero. La incertidumbre de no saber qué va a suceder afecta mi salud mental día tras día”, afirmó Pozo. 

Aunque dejó de ser el “puente” entre pacientes y productores de cannabis, sigue pagando un alto precio familiar. Todavía siente vergüenza frente a sus hijos, aunque nunca recibió reclamos. Con su pareja hubo un quiebre. “Los reproches se hicieron presentes, más aún, cuando él también fue imputado al año siguiente. Nos separamos”, relató.

Hace siete años que Pozo espera. Se quedó sin pareja, sin auto, sin trabajo. Los tiempos de la Justicia no son los de Pozo. Dice que si la absuelven le hará juicio al Estado por daños y perjuicios. Su regreso al Ministerio donde prestaba servicios también depende de su absolución. Pozo ha hecho todo lo que estaba a su alcance. Ahora, como hace siete años, sigue esperando, pero en condiciones más desventajosas. Para ella la condena ya sucedió. Fue por seis gotas de aceite de cannabis. 

*Mara Resio elaboró este reportaje con el acompañamiento de la Red Federal de Periodismo Judicial. La pieza forma parte de la investigación “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” (julio de 2024). Se trata de un proyecto de la Red apoyado por el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

ED

El 20 de abril es el Día Mundial de la Marihuana, en honor a una de las plantas que más polémicas causado por su uso, sus efectos en el cuerpo humano y la sociedad. Aunque el origen de esta fecha también es controversial, sirve para destacar los beneficios del uso del cannabis, por sus propiedades curativas, lo que hizo que sea legalizada en algunos países con fines medicinales y recreativos.

Este día es una fecha especial para los aficionados de la planta, ya que muchos la aprovechan para exigir que esta planta no siga siendo un tabú entre la sociedad. Es por eso que son habituales las marchas en distintas partes del planeta, donde exigen a los gobiernos que su plantación y posterior consumo no esté penalizado.

Teorías acerca del origen del “420”

Hay múltiples teorías sobre el inicio de esta efeméride. La más aceptada se remonta a 1971, cuando un grupo de jóvenes de California conocidos como 'Los Waldos' se reunían a una hora establecida al terminar sus clases para fumar marihuana (4:20 de la tarde), por lo que el día 20 del mes 4 (abril) quedó como el día. Aquí aparece el código “420” como clave.

Otra de las versiones más conocidas nos lleva a Vancouver en 1995. Fue allí que 200 consumidores de cannabis se juntaron para exigir la despenalización de este producto y, como modo de protesta, fumaron marihuana en público.

Sea cual sea el principio de esta celebración, los consumidores de todo el mundo adoptaron esta fecha para festejar el Día Mundial.

¿Qué es la marihuana?

Es una sustancia psicotrópica que se consigue de la mezcla de hojas y flores secas de la planta de cáñamo índico (cannabis sativa), sumada a otras sustancias aromáticas y azucaradas. Psicotrópica porque produce efectos y sensaciones euforizantes y alucinógenas en quien la consuma.

Tiene una sustancia psicoactiva denominada delta-9-tetrahidrocannabinol (conocida como THC). Esta se encuentra en la resina producida por las hojas y los brotes de la planta hembra de cannabis. La resina tiene más de 500 sustancias químicas, incluyendo más de 100 compuestos relacionados químicamente con el THC, conocidas como cannabinoides.

De todos modos, se la conoce con muchísimas denominaciones informales.

Los efectos de la marihuana

Al consumir marihuana, las sustancias químicas que se liberan van al torrente sanguíneo, los cuales son rápidamente transportados a través del cuerpo hasta el cerebro. Algunos de los efectos causados en el organismo, de forma casi inmediata, son el incremento de la percepción sensorial, la alteración de la percepción temporal y el aumento del apetito.

Por otra parte, el consumo continuo o en grandes dosis puede producir alteración de la conciencia y deterioro de la percepción; generando episodios de ansiedad, miedo, desconfianza, pánico; psicosis aguda con alucinaciones, pérdida del sentido de la identidad personal e incluso trastornos psicóticos más duraderos.

La palabra de la OMS

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la marihuana medicinal no es ningún peligro para la salud. De hecho, considera su consumo como paliativo a enfermedades crónicas y una ayuda a pacientes con epilepsia. También reduce las inflamaciones y el dolor.

Cabe destacar que en la actualiadad es un tratamiento más para adicciones o enfermedades mentales, el cual no genera adicción en pacientes que la consumen como se les indica.

El cannabis como droga medicinal

El cannabis medicinal es utilizado terapéuticamente para tratar algunas enfermedades y aliviar determinados síntomas. Entre los principales beneficios de su uso como medicina, se destacan los siguientes:

El debate por la legalización

De acuerdo con varios estudios realizados en todo el mundo, la marihuana es la droga ilegal de mayor consumo en el mundo, por lo que la legalización es un tema de amplia difusión pública pero que no escapa a la polémica, debido a sus efectos nocivos y el impacto negativo de su consumo, especialmente en la población más joven.

Aquellos que defienden la legalización sostienen que es su uso es responsabilidad por parte de cada individuo, mientras que los detractores de esta sustancia psicotrópica afirman que aumentaría su consumo de manera indiscriminada, generando daños en el organismo.

De todos modos, la legalización del cannabis medicinal por la comprobación de sus beneficios es considerado un paso más en el camino a la legalización con fines recreativos, así como una estrategia para hacerle frente al narcotráfico y que los Estados tengan herramientas para mitigar sus consecuencias negativas.

LC

La Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo impulsado por un grupo de madres que buscaba impedir cualquier intervención estatal sobre tratamientos con cannabis medicinal para sus hijos, pero resolvió que quienes no estén inscriptos en el registro de autocultivo no podrán ser penalizadas si demuestran que el mismo tiene una finalidad terapéutica.

El fallo unánime del máximo tribunal fue dictado a partir de una presentación de la asociación Mamás Cannabis Medicinal (Macame) y estuvo precedido por una audiencia pública realizada hace dos meses en la que expusieron como “amicus curiae” (amigos del tribunal) el Ministerio Público de la Defensa y el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, los representantes letrados de cada una de las partes y de la provincia de Santa Fe.

En su resolución, el máximo tribunal del país priorizó el derecho a la salud y recordó que, según las normas vigentes, “está despenalizado el cultivo de cannabis con fines medicinales por parte de las madres de los menores”, pero advirtió que el Registro del Programa de Cannabis“ (Reprocann) creado para el control estatal ”es razonable“.

Macame había pedido la inconstitucionalidad de las normas sobre registro y autorización argumentado que el autocultivo de cannabis medicinal es una “acción privada”, protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional, exenta del control y permiso del Estado, e invocó el derecho a la intimidad.

Pero el tribunal remarcó que la norma constitucional “reconoce al individuo un ámbito en el cual puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin intervención alguna por parte del Estado o de los particulares, en tanto esas decisiones no violen el orden, la moral pública o los derechos de terceros”.

Según los jueces de la Corte, el objetivo del control estatal es evitar el uso indebido de medicamentos, determinar la peligrosidad de estos, su comprobada y comprobable acción y finalidades terapéuticas y sus ventajas científicas, técnicas o económicas, de acuerdo con los adelantos científicos.

“Las razones de salud y seguridad públicas involucradas resultan suficientes para justificar que el Estado expida autorizaciones administrativas en el marco de la ley 27.350 para el autocultivo y la elaboración de productos derivados del cannabis con fines medicinales”, destacó la sentencia.

Para el máximo tribunal, si se pondera el “interés superior del niño”, como mandan los tratados internacionales incorporados al derecho local, “la pretensión de decidir sin ninguna clase de intervención estatal sobre el tratamiento con cannabis autocultivado con fines medicinales para sus hijos menores, tampoco encuentra justificación”.

Concluyó que la reglamentación vigente “tiende a preservar un interés estatal relevante como el cuidado integral de la salud pública, basándose en que el suministro del cannabis y sus derivados puede originar efectos secundarios o adversos de distinta intensidad”.

El abogado de Macame, Domingo Rondina, explicó que, a pesar de que “no es todo lo que esperábamos porque hubiéramos preferido que no tuviéramos que registrarnos” en el Reprocann, el fallo “es un avance muy importante”.

En este sentido, señaló que “por primera vez la Corte analiza el tema del cannabis medicinal, que el derecho de una persona a cultivar en su propia casa es un derecho constitucional en el marco del derecho a la salud de los niños y la familia”.

Aclaró que, según el máximo tribunal, aquellos que cultiven cannabis con fines terapéuticos “si están inscriptos en el Reprocann no pueden ser penalizados, y si no lo están, pero el cultivo es para fines medicinales, la persona no puede ser penada”.

“Es un avance muy importante, porque al considerar que se despenalizó la conducta ante el Estado establece que no se puede dar marcha atrás por más que cambie el Gobierno”, dijo.

La Corte dice en su resolución que “cultivar y elaborar cannabis medicinal no podría cambiarlo una norma inferior”, apuntó el letrado.

Laura Acosta, presidenta de Macame y una de las impulsoras del recurso de amparo que llegó a la Corte, es madre de una adolescente con una encefalopatía severa que redujo de 400 a una o ninguna sus convulsiones diarias gracias al aceite de cannabis que preparan en su casa.

“Se dio un paso muy valioso, porque la Corte no dice que las madres tienen que ir al registro para cultivar”, dijo a Télam, y resaltó que el fallo “no se opone a la actividad que estamos realizando”.

Añadió que “no dice que es punible nuestra actividad” y con esta consideración allana “más el camino hacia una militancia más ardua” para poder llegar “hasta llegar a la despenalización”.

“Yo, que no estoy registrada, puedo pegar el fallo de la Corte en toda la casa porque marca un buen precedente”, resaltó, y apuntó que “no es todo, pero es un antes y un después”.

Por otra parte, la resolución 260 emitida por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) publicada hoy en el Boletín Oficial, autorizó el cultivo de cannabis con fines de investigación y medicinales en el marco de la Ley Nº 27.350.

Al respecto, Laura opinó que “sin semillas no hay cultivo”, y resaltó “es muy bueno para las familias que estén disponibles en Argentina”.

A partir de la sanción de la Ley 27350 de 2017, su reglamentación y diferentes resoluciones accesorias del Ministerio de Salud, se estableció que las personas con patologías contempladas para el tratamiento con cannabis medicinal, pueden acceder a este de dos maneras: mediante la disponibilidad del aceite fabricado industrialmente -ya sea a través de la adquisición, la provisión por obras sociales y prepagas, o suministrado de forma gratuita por el Estado a partir de la inclusión del paciente en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis.

O mediante el autocultivo habilitado solo para quienes estén inscriptos en el Reprocann, que permite tener entre 1 y 9 plantas florecidas a partir de prescripción de un médico también inscripto en esta base de datos.

DA

La Cámara de Diputados convirtió en ley el jueves 5/5 el marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial, un proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo, más precisamente desde la cartera de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas.

Los defensores de la ley rescataron la intención de crear puestos de trabajo a través de la creación de una nueva industria. además de aclarar que no contempla la arista “recreativa”; mientras que algunos de los que se opusieron resaltaron que es una “puerta” hacia la legalización de la marihuana, y otros cuestionaron la creación de una agencia estatal que sumará más burocracia.

En la votación en particular, que llevó unos cuantos minutos, ningún artículo fue rechazado, pero sí varios de ellos sumaron un poco más de votos en contra en relación a la votación en general.

Una de las mayores impulsoras de la norma, abrió el debate la porteña Mara Brawer (FdT), quien arrancó su discurso apelando a las palabras del general Manuel Belgrano en cuanto al desarrollo del cáñamo, tras lo cual destacó que luego de 200 años “estamos cumpliendo el sueño, con tecnología avanzada del siglo XXI” porque “ya no hablamos de velas, de telas, hablamos de cannabis medicinal, de niños con epilepsia, para adultos con dolores, para personas con problemas de sueño”.

“Cuando hablamos del cáñamo industrial, hablamos de una variedad del cannabis que tiene la característica de tener muy poco contenido de THC, y eso hace que desde el 61’ se excluya de la convención de estupefacientes. ¿Para qué sirve? Hacemos el marco de los lentes; con el cáñamo la fábrica de legos se comprometió a que los juguetes sean de plástico biodegradable hechos con cannabis”, destaca la web Parlamentario.

Entre sus usos, la oficialista enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio, plástico; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros. “Son infinitos los usos que tiene esta planta. Esta ley es fundamental para personas desnutridas, adultas mayores con problemas de alimentación”, insistió al resaltar sus cualidades.

“Todo se usa, desde la raíz, el tallo, las flores y hasta las semillas. Más de 25 mil productos al día están reconocidos en el mundo producto de esa planta”, sumó Brawer, y agregó que es importante la ley porque “nace una nueva industria en Argentina; para eso la ley crea el marco regulatorio para el desarrollo productivo del cannabis medicinal y cáñamo industrial y crea una agencia federal en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo integrada por representantes de salud, ganadería y agricultura, ciencia y de seguridad”.

En ese sentido, explicó el interés de la creación de la agencia federal: “Porque la planta del cannabis necesita fiscalización del Estado nacional al estar abarcada por la ley penal de orden público. Además, su producción para exportación en el uso medicinal está regulada por organismos internacionales”. “Las licencias van a ser para el cannabis medicinal y las autorizaciones para el cáñamo industrial”, aclaró sobre una de las funciones de la agencia.

“Es una norma con un perfil productivista”

En diálogo con elDiarioAR, Pablo Fazio, Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann) habló tras la sanción de la ley: “En principio es una ley que abre una nueva etapa del desarrollo en la actividad. Se trata de una norma con un perfil productivista y de la mano de esta nueva realidad se va a dinamizar” considera Fazio.

El experto además consideró que esta apertura de reglamentación permitirá el avance de la industria que beneficiará a las economías regionales.

Fazio asegura que la nueva ley “Da una plataforma para el desarrollo productivos y se complementa con el desarollo de productos de toda índole”.

Frente a la consulta de como vio la argumentación de los legisladores que votaron en contra Fazio dijo: “En Argentina tenemos que aprender a dialogar, la sociedad merece un debate sobre el uso autoresponssable y es necesario combatir los prejuicios . Celebro que esas voces se hayan expresado, porque que adelantaron una discusión que la sociedad argentina está pidiendo acerca de la legislación. La idea es intentar no vencer, sino convencer demostrar que estamos frente a una industria con un gran potencial”.

De ahora en adelante, Fazio considera que a las pymes que trabajarán en la industria del cannabis tendrán grandes desafíos: “Ahora viene un tiempo importante que es la reglamentación y como Cámara seremos celosos custodios que se respete el espíritu del a norma”.

LG.

La Corte Suprema de la Nación decidió que prosiga ante la justicia penal de la ciudad de Buenos Aires una denuncia por la venta de aceite de cannabis a través de una red comercial por internet, confirmaron este lunes fuentes tribunalicias.

La “cuestión de competencia” se había generado porque tanto el juzgado penal, contravencional y de faltas porteño como el de garantías de La Matanza, provincia de Buenos Aires, habían rechazado hacerse cargo del trámite.

La causa se originó luego que personal de la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina, durante un relevamiento en la web, en el marco de lo reglamentado en la Ley 25.520 (de Inteligencia Nacional) y la resolución 31/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, advirtió que en Mercado Libre se publicaba un aviso en el que un usuario ofrecía a la venta aceite de cannabis.

La magistrada porteña se desprendió de la causa porque consideró que por razones territoriales -Mercado Libre informó que el vendedor se domiciliaría en la localidad de Lomas del Mirador, en el conurbano bonaerense-, mientras que el juez provincial la rechazó al considerar que se debía investigar una posible infracción a la Ley de Estupefacientes.

El artículo 204 quinquies del Código Penal de la Nación reprime con prisión de seis meses a tres años a quien “sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización”.

La Corte coincidió con los argumentos de la Procuración General de la Nación y dispuso que las actuaciones fueran enviadas al Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, señaló defectos en las respectivas declaraciones de incompetencia y que las mismas no estaban precedidas de investigación suficiente que permitiera individualizar los sucesos sobre los cuales debe basarse la pesquisa.

“Los escasos elementos de convicción que obran en el incidente impiden dilucidar el verdadero alcance y significación jurídica de los hechos materia del proceso, y el lugar de su comisión, los que, según mi parecer, no pueden ser apreciados con la exactitud necesaria a efectos de discernir finalmente el tribunal al que, tanto por razón de la materia como del territorio, corresponda investigarlos”, sostuvo Casal.

Agregó, con un criterio que fue seguido por la Corte, que “esas deficiencias deben ser suplidas por la magistrada de esta ciudad que primero conoció de la noticia criminal y declinó su competencia sin incorporar los elementos necesarios”.

Con información de agencias.

IG