La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó al expresidente Mauricio Macri; a su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón; al exministro de Justicia Germán Garavano y otros exfuncionarios en la causa conocida como “mesa judicial” del macrismo, ante sospechas que armaron causas contra la oposición.

Se trata de un caso de “lawfare” denunciado por el kirchnerismo en cuanto al supuesto complot para el armado de causas judiciales entre el macrismo y un sector de la Justicia. Para la jueza Capuchetti, no existen pruebas que haya existido tal maniobra. 

Además de no dar por probada la denuncia, la jueza resaltó en el fallo que quienes supuestamente fueron presionados para direccional las investigaciones, esto es magistrados y fiscales, nunca denunciaron en su momento los hechos ni tampoco cuando declararon.

“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, según la jueza.

También valoró que no puede considerarse como presión los comentarios en la prensa sobre esos magistrados. “Tampoco podía incluirse como parte de esas supuestas presiones la actividad de la prensa. ”Los magistrados y miembros del sistema judicial estamos sujetos a un escrutinio público y, frecuentemente, nuestras decisiones son objeto de debate y discusión en los medios de comunicación. Esto es esencial para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema democrático. En definitiva, el escrutinio mediático no necesariamente puede constituir una presión inapropiada“, se advirtió. 

“Transitada una extensa investigación que insumió más de cuatro años y relevado el itinerario procesal que aquí nos ha traído, la tarea que se impone no es un nuevo repaso de toda la prueba producida, sino, en primer lugar, el someter el objeto procesal de estos actuados al tamiz de la tipicidad, a fin de determinar si existe una verdadera sospecha susceptible de encuadre delictivo”, según la jueza para la cual las conductas denunciadas “no constituyen delito alguno”.

“La inexistencia de tal asociación ilícita no surge solo de la prueba recolectada (que mal conduce a corroborar una coordinación jerárquica, una distribución de roles y un plan con acuerdo previo y común para cometer delitos indeterminados), sino también de las propias conductas denunciadas”, concluyó.

El fallo fue firmado poco antes del inicio de la feria judicial de enero y ya fue apelado por el fiscal Franco Picardi. En cuanto a “Pepin” Rodríguez está prófugo aún en el marco de otra denuncia que le hicieron en su contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la cual conocida como Oil Combustibles. 

Con información de agencias.

IG

El juez federal Ernesto Kreplak procesó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al intendente de La Plata, Julio Garro, a otros exfuncionarios del anterior gobierno provincial de María Eugenia Vidal y a exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se investiga la denuncia de una “mesa judicial bonaerense” que habría coordinado acciones ilegales para perseguir al sindicalista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina.

Se trata del expediente que se inició a partir del hallazgo, entre los archivos digitales de la AFI, de la grabación de una reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, y a la que asistieron los procesados y también un grupo empresarios de la construcción de La Plata, a los que el juez les dictó la falta de mérito.

Los procesados son el exministro Villegas; el intendente Garro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Dario Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).

A todos los procesados el juez les trabó embargos por 10 millones de pesos, mientras que en la misma resolución dispuso la falta de mérito para el exministro de Planificación bonaerense Roberto Gigante y para los empresarios que participaron de la reunión del Bapro.

En aquella reunión celebrada el 15 de junio de 2017, al entonces ministro de Trabajo de Vidal se le escuchó decir: “Créeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del nazismo), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

En el fallo, de casi 250 páginas, el magistrado describe las maniobras que se le atribuyen a los procesados que habrían llevado a violar la ley de Inteligencia y a que se dictaran fallos judiciales arbitrarios en perjuicio del sindicalista de la Uocra platense.

DA con información de Télam

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, citó este viernes a indagatoria al exministro de trabajo bonaerense Marcelo Villegas y a los demás exfuncionarios, empresarios y exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que participaron de la reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) en la que se coordinaron acciones para buscar el encarcelamiento del sindicalista platense Juan Pablo “Pata” Medina.

La ronda de indagatorias dispuesta por el juez Kreplak alcanza también a Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia del Gobierno de María Eugenia Vidal, al intendente de La Plata, Julio Garro, y al exjefe de contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra.

La tanda de indagatorias comenzará el 3 de marzo con las declaraciones de los empresarios, mientras que para el final están previstas las convocatorias a los exespías de la AFI.

El exministro de Trabajo Villegas está convocado para el 14 de marzo y Dalmau Pereyra, el último de los citados, para el 31 del mismo mes.

Las convocatorias abarcan a todos los que se reunieron el 15 de junio de 2017 en el salón de usos múltiples del edificio porteño del Banco Provincia, oportunidad en la que empresarios, funcionarios públicos y directivos de la agencia federal de inteligencia discutieron estrategias para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales como el “Pata” Medina, del gremio de la construcción.

En el video aparecían, además de Villegas y Garro, el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; y Juan Pablo Allan, senador provincial. También fueron registrados los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI junto con varios empresarios de la actividad.

El primer imputado del expediente fue Villegas, quien en aquella reunión -cuyo registro audiovisual fue encontrado en la AFI y entregado a la justicia por la actual intervención de ese organismo- manifestó su deseo de poder contar con una “Gestapo” -la policía política del régimen nazi- para accionar contra los gremios.

“Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, se lo escuchaba decir a Villegas en aquella reunión.

En la causa se investiga el supuesto armado de causas contra sindicalistas pero también posibles violaciones a la ley de inteligencia dado que de aquel encuentro que fue ilegalmente grabado participaron espías de la AFI.

Qué dijo Vidal cuando se conoció el video

La exgobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal sostuvo a comienzos de enero que el video de la llamada “mesa judicial” donde se ve al exministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, expresar su deseo de tener una “Gestapo” para terminar con los gremios, “fue ilegalmente grabado y no constituye prueba”, y negó que en su administración hayan existido “causas armadas”.

“La reunión fue ilegalmente grabada porque, hasta ahora, no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún seguimiento. Para mis ministros y para los empresarios de la construcción era una reunión de trabajo”, dijo Vidal después de haber mantenido un silencio de 10 días desde que la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontrara el video grabado en 2017 y presentara la denuncia por la existencia de una supuesta mesa judicial para armar causas contra dirigentes gremiales.

La exmandataria provincial afirmó además que el video de la reunión realizada en 2017 “no constituye prueba porque fue ilegalmente grabado” y señaló que “es importante saber por qué”, mientras descartó que en su Gobierno hayan existido “ni mesa judicial ni causas armadas”.

En declaraciones al canal La Nación +, Vidal dijo que la presencia de agentes de inteligencia en esa reunión de 2017 “tendrá que ser respondido por la gente de la AFI en sede judicial” y agregó que muchos de los presentes “dijeron que no sabían que eran agentes de la AFI”.

Para Vidal, el encuentro que motivó la denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, se desarrolló “en una dependencia pública, a la luz del día, con más de diez personas” y con la presencia de empresarios que eran “víctimas” y le “tenían miedo” al entonces jefe de la UOCRA regional Juan Pablo “Pata” Medina.

También tildó de “reprochable” la referencia a la Gestapo que hizo quien fuera su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, al considerar que es “banalizar el sufrimiento de las víctimas del Holocausto”.

“La expresión del ministro es repudiable e injustificable, no constituye delito pero es absolutamente repudiable, y pidió disculpas no sólo públicamente sino que llamó a los presidentes de distintas entidades judías”, añadió Vidal.

Y señaló que “una cosa es una expresión, porque además termina diciendo 'las leyes son las leyes', y otra cosa es un delito y una causa armada”.

Dos expedientes judiciales y una subcomisión del Congreso de la Nación se activaron tras el hallazgo en la AF del video en el que puede verse a espías, empresarios y exfuncionarios del gobierno de Vidal en la organización de una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales.

El video fue presentado ante la justicia federal de La Plata por Caamaño, acompañado de una denuncia en la que se detallaba que allí puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical”.

Con información de agencias.

IG

El fiscal federal Franco Picardi requirió una serie de medidas de prueba, que incluyen análisis de llamadas entrantes y salientes y de ingresos y egresos de la Casa Rosada, con el objetivo de reconstruir la supuesta presión ejercida por el diputado del Parlasur y exdirector de YPF Fabián “Pepín” Rodríguez Simón para provocar la renuncia de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó durante el gobierno de Cambiemos, informaron este domingo fuentes judiciales.

El fiscal dispuso algunas de las medidas y solicitó a la jueza María Eugenia Capuchetti que ordene otras en el marco de la causa en la que se investiga el accionar de la denominada “Mesa Judicial” del gobierno de Mauricio Macri, sospechada de ejercer influencia indebida sobre jueces y fiscales con el objetivo de obtener resoluciones judiciales a la medida de los intereses de quienes integraban aquel Gobierno nacional.

El representante del Ministerio Público requirió que la jefatura de Gabinete informe los ingresos de “Pepín” Rodríguez Simón a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos durante 2016 y 2017, a la vez que pidió que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) informe si el supuesto operador judicial del gobierno de Macri visitó ese organismo en los mismos años y que, en tal caso, detalle cuándo se produjeron aquellas visitas.

Además, le solicitó a la jueza Capuchetti que le ordene a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) un análisis de las llamadas entrantes y salientes de “Pepín” y de la localización de las antenas desde las cuales se pudieran haber llevado a cabo llamadas de interés para la investigación.

Todas las medidas fueron solicitadas o requeridas, según el caso, en el capítulo Gils Carbó de la causa conocida como Mesa Judicial: allí se investigan las supuestas presiones ejercidas sobre la entonces procuradora para que abandonara su cargo.

Uno de los hitos principales de la investigación de las supuestas presiones sobre Gils Carbó surge del testimonio ofrecido por el fiscal Gabriel De Vedia, quien declaró bajo juramento de decir verdad que en su momento contactó a “Pepín” para preguntarle cuando terminaría la “persecución” a la entonces procuradora y que la respuesta que recibió fue que eso solo ocurriría con su renuncia.

“Me contacté, con el Sr. Fabián Rodríguez Simón y le dije que me quería reunir con él. El Sr. Fabián Rodríguez Simón me contestó que sí. Le pregunté en dónde y me dijo en la Casa de Gobierno. Él no era funcionario del Ejecutivo Nacional, era diputado del Parlasur y director de YPF”, declaró De Vedia, según pudo reconstruir Télam.

Luego relató cómo fue aquella conversación: “¿Cuándo se va a terminar la persecución a Alejandra? En seguida, en tono de afirmación le dije «Se va a terminar la persecución a la Procuradora General de la Nación». A lo que el Sr. Fabián Rodríguez Simón me respondió: ”Si me conseguís la renuncia, termina acá“. Ante eso le contesté: «No va a renunciar la Procuradora. Ella tiene una responsabilidad institucional y humana, no va a renunciar». A continuación, él me dijo «Si Gils Carbó no renuncia vamos a meter presas a las hijas y a ella» y me reafirma «en ese orden»”.

En esta causa se investigan las maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, en el marco de la gestión de Gobierno de Macri, a través de un núcleo de decisión política denominado “Mesa Judicial”, integrado por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo nacional y personas físicas allegadas.

Gils Carbó es una de las supuestas víctimas de aquel accionar; mientras que en el expediente declararon también otros exmagistrados como el destituido Eduardo Freiler y jueces en actividad como Ana María Figueroa (Casación Federal), Eduardo Farah (Cámara Federal porteña) y el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla.

CRM con información de la agencia Télam

La exgobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal sostuvo este jueves que el video de la llamada “mesa judicial” donde se ve al exministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, expresar su deseo de tener una “Gestapo” para terminar con los gremios, “fue ilegalmente grabado y no constituye prueba”, y negó que en su administración hayan existido “causas armadas”.

“La reunión fue ilegalmente grabada porque, hasta ahora, no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún seguimiento. Para mis ministros y para los empresarios de la construcción era una reunión de trabajo”, dijo Vidal después de haber mantenido un silencio de 10 días desde que la actual gestión de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encontrara el video grabado en 2017 y presentara la denuncia por la existencia de una supuesta mesa judicial para armar causas contra dirigentes gremiales.

La exmandataria provincial afirmó además que el video de la reunión realizada en 2017 “no constituye prueba porque fue ilegalmente grabado” y señaló que “es importante saber por qué”, mientras descartó que en su Gobierno hayan existido “ni mesa judicial ni causas armadas”.

En declaraciones al canal La Nación +, Vidal dijo que la presencia de agentes de inteligencia en esa reunión de 2017 “tendrá que ser respondido por la gente de la AFI en sede judicial” y agregó que muchos de los presentes “dijeron que no sabían que eran agentes de la AFI”.

Para Vidal, el encuentro que motivó la denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, se desarrolló “en una dependencia pública, a la luz del día, con más de diez personas” y con la presencia de empresarios que eran “víctimas” y le “tenían miedo” al entonces jefe de la UOCRA regional Juan Pablo “Pata” Medina.

También tildó de “reprochable” la referencia a la Gestapo que hizo quien fuera su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, al considerar que es “banalizar el sufrimiento de las víctimas del Holocausto”.

“La expresión del ministro es repudiable e injustificable, no constituye delito pero es absolutamente repudiable, y pidió disculpas no sólo públicamente sino que llamó a los presidentes de distintas entidades judías”, añadió Vidal.

Y señaló que “una cosa es una expresión, porque además termina diciendo 'las leyes son las leyes', y otra cosa es un delito y una causa armada”.

Dos expedientes judiciales y una subcomisión del Congreso de la Nación se activaron tras el hallazgo en la AF del video en el que puede verse a espías, empresarios y exfuncionarios del gobierno de Vidal en la organización de una estrategia para lograr el encarcelamiento de dirigentes sindicales.

El video fue presentado ante la justicia federal de La Plata por Caamaño, acompañado de una denuncia en la que se detallaba que allí puede observarse “la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical”.

Lo que se ve en la grabación es la reunión que en junio de 2017 protagonizaron el exministro Villegas y el intendente de La Plata, Julio Garro, junto con otros exfuncionarios de la administración de Vidal, espías y empresarios, en la sede porteña del Banco Provincia, a metros del Cabildo.

En ese encuentro, según consta en los registros, los participantes hablaron de provocar a los sindicalistas del gremio de la construcción de La Plata para generar una reacción por parte de ellos y entonces grabarlos -“cablear”- y luego denunciarlos por amenazas y lograr su encarcelamiento.

El video, según se pudo reconstruir, fue encontrado en un disco rígido en una de las bases de la AFI y no en su sede central, ubicada en la calle 25 de Mayo, a metros de la Plaza de Mayo.

Los espías que aparecen en la grabación serían, según trascendió públicamente, Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI); Dario Biorci (cuñado y exjefe de Gabinete de la exsubdirectora de la central de espías Silvia Majdalani) y Diego Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de ese organismo).

DA

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner volvió a referirse este martes en las redes sociales al presunto armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales por parte del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, bajo una serie de posteos que tituló “Papá Noel, la Gestapo y el cuento de los cuentapropistas”.

“Mira qué casualidad hoy es 28 de diciembre, por si no te acordás es el Día de los Inocentes y también el fin del cuentito de los cuentapropistas”, escribió la Vicepresidenta en su cuenta de Twitter, que eligió por segunda vez consecutiva para pronunciarse sobre el polémico video en el que aparece el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en una reunión con otros funcionarios y empresarios, a quienes les confiesa: “Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

Esa filmación, en la que -según los audios- se promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales, motivó que el presidente Alberto Fernández instruyera a la interventora de la AFI, Cristina Camaño, para que presentara una denuncia penal, que se concretó este lunes ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata 3, a cargo de Ernesto Kreplak.

En sus tuits de este martes, la Vicepresidenta señaló que “en la concurrida reunión de la mesa judicial de Mariu Vidal del 16/06/17” estaban “Sebastián De Stefano, Dir. Asuntos Jurídicos de la AFI y Darío Biorci, cuñado y Jefe de Gabinete de Silvia Majdalani, Subdirectora de la AFI”.

También menciona, entre los participantes -que además volvió a señalar en una foto- a “Diego Dalmau Pereyra: Dir. Operacional de Contrainteligencia de la AFI de Macri, Arribas y Majdalani” y agregó que “Biorci y Dalmau Pereyra acompañaron a Silvia Majdalani y fueron presentados como sus dos principales colaboradores cuando se realizó el traspaso de funciones en diciembre del 2015”.

Este lunes, la Vicepresidenta también había reflexionado en las redes sociales sobre el polémico video y advirtió: “Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina, mas allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno, no es un relato partidario”.

“Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal?”, escribió y vinculó a varios exfuncionarios de Cambiemos con el accionar de entonces de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), involucrada en causas donde se investiga si hubo espionaje ilegal.

Con información de agencias.

IG