Allanamientos ilegales, procedimientos fraguados, armas plantadas, robos de droga, complicidad con el narcotráfico, detenciones al voleo: las prácticas irregulares de la policía santafesina y en particular de la rosarina surgen en investigaciones recientes como la cara oculta de la disminución de los homicidios dolosos en la provincia, el logro que exhibe el gobernador Maximiliano Pullaro al cabo de su primer año de gestión.

Según el último informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, entre enero y diciembre de 2024 hubo 176 homicidios en la provincia, un 55,8 % menos que la cantidad registrada en el mismo período del año anterior. Es el número más bajo en la última década y la merma resulta todavía más pronunciada en el departamento Rosario: en 2024 hubo 90 crímenes contra 259 de 2023, lo que representa un 65,5 % menos de casos. Pero al mismo tiempo que disminuyen los crímenes aumentan las denuncias e investigaciones por casos de corrupción, delitos comunes y violencia institucional.

Las irregularidades se producen en el marco de la ampliación de facultades policiales para la detención de personas, propuesta por el gobierno de Pullaro en la Legislatura provincial y promulgada con el apoyo de la oposición peronista. La ley 14.258/24 ratificó la facultad de detener personas en averiguación de antecedentes y agregó la de resistencia a ser identificado.

Detenidos por no llevar DNI

El informe “Un año de lucha contra la destrucción planificada de los DDHH y la democracia” elaborado por la Red Federal por los Derechos Humanos y la Democracia dedica un capítulo a la situación en Santa Fe y cita una denuncia del Servicio Público de la Defensa Penal sobre la detención de personas por no llevar el DNI: “El 34% de esas personas estaban en situación de calle y el 21% habían sido retenidas ya en reiteradas oportunidades. Una de ellas fue detenida ocho veces en el mismo día. Las actas de demoras carecen de fundamentos legales, o los fundamentos están preimpresos”.

El informe puntualiza que Pullaro “viene promoviendo e implementando reformas de la legislación local violatorias de la Constitución Nacional y Provincial, que ignora o suspende garantías fundamentales para los derechos humanos”. Entre ellas, “lo más grave son las reformas introducidas en el Código Procesal Penal”, por las cuales una persona puede pasar 30 días presa sin recibir imputación. “En la práctica equivale a una interrupción de garantías, propias de un estado de sitio”, dice la abogada y exdiputada provincial Matilde Bruera.

El 22 de diciembre, diez policías del Comando Radioeléctrico de Rosario fueron detenidos e imputados por allanamiento ilegal, robo, lesiones y falsedad ideológica en una saga ininterrumpida de delitos perpetrada desde marzo pasado. Entre los imputados se encuentra el jefe de tercio Luis Alberto Pais, quien en 2022 ingresó sin orden de allanamiento en un estudio jurídico de Cañada de Gómez para detener a una persona y ante la imputación por ese caso fue defendido por el entonces diputado provincial Maximiliano Pullaro. El actual gobernador avaló la acción de Pais –también respaldada por vecinos de esa ciudad– y pidió que se investigara al fiscal que acusaba al policía, Santiago Tosco.

Pais fue considerado un ejemplo del policía que cumple su función y tropieza con la burocracia judicial y el llamado garantismo. Ahora este oficial aparece como cabecilla de una violenta banda de policías que, en distintos hechos, plantaron armas, robaron dinero –en un caso la pensión de un discapacitado, en otro diez mil dólares, en un tercero 95 mil pesos–, fraguaron actas de procedimiento e ingresaron una y otra vez en diversos domicilios sin orden de allanamiento. Por estos procedimientos falsos un hombre detenido en Provincias Unidas y Mendoza pasó seis meses preso y otro –el hermano del discapacitado al que despojaron de la pensión– otros seis meses detenido, entre junio y diciembre. Los fiscales José Luis Caterina y Karina Bartozzi presentaron un total de catorce hechos atribuidos a la banda policial, en el transcurso de tres audiencias.

El modelo Chocobar, superado

El 17 de diciembre la Cámara Federal de Casación dio un giro inesperado a un caso de violencia institucional de alto impacto en Santa Fe, al anular las absoluciones de diecinueve policías y un civil por la desaparición forzada, torturas y muerte del albañil Franco Casco. Los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques ordenaron una nueva sentencia.

Casco tenía 20 años, vivía en Florencio Varela y el 29 de septiembre de 2014 viajó a Rosario para visitar a unos tíos. En la tarde del 6 de octubre, cuando iba a tomar un tren de regreso a su casa, fue detenido por agentes de la comisaría 7ª en supuesta averiguación de antecedentes.

En la madrugada siguiente Casco fue torturado en un calabozo conocido en la jerga interna como “la jaulita”, que los policías utilizaban rutinariamente para interrogatorios mediante apremios. “Se encontraba en un absoluto estado de indefensión”, destacó el fiscal Fernando Arrigo en su alegato. El cuerpo del albañil fue hallado el 30 de octubre de 2014 en el río Paraná y la autopsia reveló que había muerto antes de ser arrojado al río.

El fallo no solo es un revés para los acusados sino también para Maximiliano Pullaro. El actual gobernador, siendo ministro, pagó con fondos reservados del Ministerio de Gobierno honorarios de abogados defensores y en julio de 2023, cuando un fallo dividido del Tribunal Oral Federal número 2 resolvió las absoluciones, dijo que se había cometido una injusticia con los policías y afirmó que la causa se había politizado.

Pullaro no hizo comentarios sobre el fallo de Casación pero tres días después toma una decisión que parece una respuesta indirecta: nombró asesor del Ministerio de Seguridad de la provincia a Luciano Nocelli, conocido como “el Chocobar rosarino”, un policía del Comando Radioeléctrico condenado a 25 años de prisión por el asesinato de una pareja que había intentado robar la cartera a una mujer.

Nocelli quedó en libertad el 27 de noviembre, después de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia ordenara un nuevo juicio. Su excarcelación fue recibida con aplausos y sirenas de un cordón de patrulleros desplegado alrededor del Centro de Justicia Penal de Rosario y acompañada por las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia. “Se termina la condena a los policías”, dijo entonces Nocelli, quien según las sentencias de dos tribunales asesinó a Jimena Gramajo y Walter Rosasco cuando estaban de espaldas y en el piso y no corrían peligro la vida del policía ni la de otras personas.

Los juicios contra Nocelli, el comisario Diego Álvarez y el resto de los policías acusados por la desaparición y muerte de Casco introdujeron un nuevo actor: grupos de familiares y allegados que se movilizan en defensa de los policías. “Había una belicosidad marcada de los defensores, como ocurrió durante el juicio oral”, dice el fiscal federal Federico Reynares Solari, sobre la audiencia en que se rechazó la prisión preventiva de los acusados por el caso Casco.

Estos grupos ya habían reclamado un indulto para Nocelli y volvieron a hacerse presentes el 18 de diciembre en el Centro de Justicia Penal para amenazar al fiscal Pablo Socca por la imputación contra otros cuatro policías por fraguar un procedimiento para encubrir el robo de dinero, teléfonos y otros objetos después de ingresar a dos domicilios de la zona sur de la ciudad sin orden de allanamiento. “Lo que sucedió me lleva a pensar que no es la primera vez que hicieron esto”, dijo Socca.

Con espíritu de cuerpo

Otra circunstancia coincidente en casos de corrupción y de violencia institucional es que no involucran a policías aislados sino a grupos cuyos integrantes son parcialmente identificados por las investigaciones judiciales. Socca imputó a los policías Lucas Brest, Bernardino Fernández, Julián Márquez y Matías Ovando de la Brigada Motorizada y describió el operativo emprendido contra un motociclista que supuestamente no quiso ser identificado como “una cacería” en la que intervino “un número exorbitante de policías”.

El fiscal Socca detalló que el objetivo de los policías era apoderarse de un teléfono donde un familiar del motociclista había filmado el allanamiento ilegal. A las prácticas consolidadas de falsificar actas de procedimiento y plantar armas se agrega así en los casos actuales la de eliminar registros incriminatorios en celulares y dispositivos electrónicos.

El fiscal provincial José Luis Caterina imputó en junio a otro grupo de siete policías por el robo de US$76.900, los ahorros de una familia. Los policías acudieron al domicilio para constatar el estado de salud de una pareja, uno de cuyos integrantes había tenido un brote psicótico.

Los agentes pertenecían a la comisaría 15ª –entre ellos el subjefe, Darío Carrillo– y al Grupo Táctico Multipropósito, le dijeron a la familia que iban a quedarse con los dólares por una investigación sobre lavado de dinero y configuraron un acta con testigos falsos. El fiscal Caterina explicó que uno de los policías utilizó parte de los dólares para comprar una embarcación y otro para pagar una fiesta de cumpleaños.

La Brigada Motorizada de Rosario pergeñó por su parte otro procedimiento que fue cuestionado por el camarista Alfredo Ivaldi Artacho a principios de diciembre. Los policías dijeron que soldaditos narco habían escapado a la carrera al notar su presencia en la calle Pasco al 200 bis. A continuación ingresaron sin orden de allanamiento en una casa donde detuvieron a cuatro personas y encontraron casi 200 dosis de cocaína, según el acta de procedimiento.

La situación alegada no existió, según el juez Ivaldi Artacho. Los policías tenían presumiblemente información sobre la existencia de un bunker de drogas en el lugar y actuaron por su cuenta para después blanquear el procedimiento con el acta. En consecuencia, el juez revocó las prisiones preventivas de los acusados.

El policía Jonatan Garraza cumplía funciones en la Delegación Tribunales y en la Agencia de Investigación Criminal, hoy Policía de Investigaciones. El oficial Fernando Molina revistaba en la subcomisaría 21ª. Los policías Marcos Martín Molina, Damián Gerardo Ruiz y Lisandro Emanuel Vera actuaban en el Comando Radioeléctrico. Los cinco tuvieron al mismo tiempo algo más en común: filtraron información, protegieron y fraguaron procedimientos en favor de Los Menores, la banda sospechada por el crimen de Andres “Pillín” Bracamonte, el exjefe de la barra brava de Rosario Central, y las maniobras contaron con la participación de otros policías todavía no identificados.

El uso de la información de calle en provecho propio aparece en otro caso más grave que involucra a ocho integrantes de la Policía de Acción Táctica en el robo de 15 kilos de cocaína, 50 mil dólares y armas a dos hombres y una mujer de nacionalidad boliviana en el barrio Belgrano, de Rosario. Según las sospechas de la Justicia Federal, los policías actuaron con extrema violencia al mando del oficial Renzo Michelud y llegaron raudamente a un domicilio de Forest y Teniente Agneta después de apremiar a detenidos en otro procedimiento.

Al cabo de dos horas de requisar el lugar y de alzarse con la droga, el dinero y las armas, Michelud informó al Ministerio Público de la Acusación “un horario de ingreso, las razones por las cuales estaban allí los patrulleros y el motivo de ingreso absolutamente falso”, dijo el fiscal federal Javier Arzubi Calvo. El oficial de policía afirmó que habían detectado a los ciudadanos bolivianos en actitud sospechosa en la calle y que como parte de la persecución irrumpieron en la casa, donde encontraron apenas medio kilo de cocaína sobre una mesa.

La secuencia que enlaza actitudes sospechosas, persecuciones callejeras e intrusiones en domicilios es tan antigua en las actas policiales que Rodolfo Walsh la registró a fines de los años 60 en sus crónicas sobre “la secta del gatillo alegre y la mano en la lata”, como llamó a la Brigada de Investigaciones de Avellaneda. Sin embargo, no deja de ser reeditada en procedimientos actuales.

Una causa armada

“Con el fallo de la Cámara de Casación se pueden discutir muchas cosas pero no se puede decir que la de Franco Casco fue una causa armada”, dice el fiscal Reynares Solari, en alusión al argumento que sostienen los diecinueve policías y el civil acusados por la desaparición y muerte del albañil. La defensa está en línea con la “politización” que señaló el gobernador Pullaro, aunque no hay precisiones sobre la supuesta conspiración.

Por el contrario, el fallo del tribunal de Casación señala que la causa armada es la que en realidad tramaron los policías con la colaboración de un vecino de la comisaría 7ª. El tribunal de juicio, observaron los camaristas, no observaron la prueba ni “el ejercicio de poder detentado por las agencias de seguridad sobre la situación, la escena del hecho y principalmente el control de gran parte de la prueba documental” amañada para desligar a los policías de las torturas y la desaparición de Casco.

“Es el protocolo de la violencia institucional”, afirma el fiscal Reynares Solari respecto de la trama alrededor de la muerte de Casco. Un conjunto de prácticas que la policía de Rosario parece llevar en su ADN y que no alcanza a ser disimulada bajo el paraguas de la disminución de los homicidios dolosos.

OA/MG

El rapero venezolano Tirone José González, conocido como Canserbero, influyente en la escena argentina del freestyle, quien se presumía se había suicidado en 2015, ahora es el centro de una investigación por asesinato, según reveló el Ministerio Público de ese país.

“Hoy quedó cien por ciento descartada la tesis de que se trata de un suicidio (...) se está imponiendo la tesis del asesinato por motivos económicos”, dijo el fiscal general, Tarek William Saab.

El fiscal afirmó que González fue “apuñalado antes de caer” y “recibió al menos un golpe con un objeto contundente que no se corresponde con el lado en el que su cuerpo cayó”, a las afueras de un edificio de apartamentos en el estado Aragua, cercano a Caracas, según informó la agencia EFE.

Saab descartó que, como se informó en 2015, el cantante haya asesinado a su productor, Carlos Molnar, antes de quitarse la vida y, por el contrario, cree que unas “seis personas” están involucradas en las muertes de ambos, principalmente quien fuera la mánager del rapero, la única que salió con vida de aquella casa, en enero de 2015.

Por ello, la Fiscalía solicitó órdenes de captura contra la mánager y su hermano -que viven fuera de Venezuela, según medios locales- por los delitos de “homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de complicidad”, así como por “simulación de hecho punible”.

El fiscal agregó que están investigando si Canserbero, que fue exhumado el 23 de noviembre, “fue sometido a tortura previo a su muerte”, que ocurrió dos meses antes de cumplir 27 años.

MB con información de agencia de noticias Télam

Hace unos días se conocieron los fundamentos de la sentencia que condenó a los policías porteños que asesinaron a Lucas González en 2021, cuando salía de entrenar, sin otro motivo que la portación de rostro. Como adelanté en otra de mis columnas, la condena era destacable, por cuanto aplicaba el causal de agravante de “odio racial”, algo que la justicia argentina venía eludiendo en homicidios parecidos, en los que estaba claro que el racismo era un componente central. Los fundamentos confirman que se trata de un fallo extraordinario, que marca un antes y un después en nuestra jurisprudencia.

Para empezar, los jueces afirman que se trata de la primera vez que se aplica ese agravante, lo que de por sí ya marca un hito histórico. Recordemos que la figura del “odio racial” está presente en nuestro Código Penal desde 1963 y que había llegado allí por vía de la Convención sobre Genocidio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, motivada a su vez, sobre todo, por el horror del Holocausto. Si los jueces están en lo correcto, vegetó en nuestra legislación sin ser aplicada durante sesenta años.

La omisión es notable, porque los casos como el de Lucas son muy numerosos. La CORREPI lleva contabilizados 8701 muertos injustificables a manos de las fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia en 1983 hasta 2022. Buena parte de esas víctimas tenía características físicas y sociales similares a las de Lucas. Que la “portación de rostro” expone a los varones jóvenes a la violencia estatal y privada es algo que cualquier persona de clase baja sabe. En 2006, Carlos La Mona Jiménez incluso le dedicó al asunto una canción, titulada justamente “Por portación de rostro”, en la que explica que ser “humilde” y tener “piel oscura” te convierte en blanco fácil de la policía. En fin, nadie podría decir que el agravante del “odio racial” no se aplicó en todo este tiempo por falta de víctimas o por falta de registro de que hay discriminación. Si no se utilizó es sencillamente porque la justicia argentina tiene un sesgo racial y de clase muy evidente: para comprobarlo, alcanza con comparar cómo lucen de las víctimas y qué aspecto tienen los jueces. 

Fue el fiscal de instrucción de la causa, Leonel Gómez Barbella, quien solicitó originalmente el agravante de odio racial que luego los jueces aceptaron en su fallo. Las 451 fojas demuestran que Lucas y sus amigos fueron seleccionados en virtud de estereotipos discriminadores, por su color de piel, por su vestimenta, por la zona de la que procedían. En la interacción con ellos los policías usaron términos como “villeritos”, “negros de mierda”, “villero de mierda” y otros, junto con la descalificación por ser de Florencio Varela.

Los considerandos del fallo explican largamente que en nuestro país corresponde no restringir el racismo a un “concepto biológico”, como el que estaba subyacente en los casos de la Alemania nazi o la Sudáfrica del Apartheid.

El fallo sorprende por la amplitud con la que interpretó el término “odio racial” y por el esfuerzo por entender su especificidad en el marco del racismo argentino. En efecto, los considerandos explican largamente que en nuestro país corresponde no restringir el racismo a un “concepto biológico”, como el que estaba subyacente en los casos de la Alemania nazi o la Sudáfrica del Apartheid. Tampoco podría en la Argentina restringirse el “odio racial” a aquél que se manifiesta contra “las características étnicas de un grupo de personas unidas por el origen y el linaje”. En nuestro país el racismo tiene una dimensión “biológica-antropológica”, pero también hace foco en otra, que es “una construcción social y cultural”. Vale la pena citar directo de la argumentación del fallo:

“El odio racial indudablemente existe y se manifiesta en la Argentina mediante discriminación contra aquellas personas esencialmente no blancas, entendido ello, no en el sentido de color de piel, sino en un sentido peyorativo. El ‘negro’ en la argentina -desde la perspectiva racista-, supone una categoría de persona limitada intelectualmente, a quien se lo descalifica, desprecia, que tiene otras costumbres, gustos y cultura que se desmerecen, que suelen encontrarse en situaciones de vulnerabilidad y pueden provenir del interior del país o de países limítrofes y suelen asentarse en el peor de los casos en barrios de emergencia. En definitiva, tiene una posición socioeconómica baja y, si a ello se suma que su piel puede ser morocha, oscura o marrón, la discriminación y el odio racial, cobran mayor énfasis” (p. 388).

Para decirlo en otras palabras, lo que el fallo argumenta es que raza y clase, en el contexto argentino, se entrelazan. La piel morena que tiene una parte de nuestras clases populares se desborda sobre los cuerpos de todos los pobres, incluyendo los de pieles más claras. El racismo contra lo que se denomina “los negros” puede o no hacer foco en personas de tez oscura. Todos son “los negros”. Como indica la frase habitual entre los racistas argentinos, se puede ser blanco y ser de todos modos un “negro de alma”. Y se sabe que un pobre es “del los negros” sin necesidad de ver la tonalidad de su piel. En el caso de Lucas, la tez morena se sumaba a la pertenencia a la clase baja. Pero otro joven de piel blanca también podría haber sido objeto de odio racial por ser “un negro”. La amplitud de la interpretación que propone el fallo abre la puerta para utilizar la figura del “odio racial” de manera adecuada al contexto argentino. Porque el odio a un pobre por ser “un negro” queda aceptado como odio racial, sin importar cómo sea exactamente el cuerpo sobre el que cae. Ya no habrá excusas para no invocar ese agravante cuando el caso lo amerite.

Un último ingrediente del fallo merece ser destacado, y es el hecho de que se nutra de los aportes del movimiento antirracista y de la academia locales. En efecto, los considerandos retoman argumentos que el colectivo Identidad Marrón presentó en un libro reciente, en referencia a la violencia policial que padecen los cuerpos marrones. No cabe duda de que los debates públicos en torno del racismo que Identidad Marrón colaboró a instalar en los últimos años están detrás de la decisión del fiscal y de los jueces de introducir el agravante de marras. El propio término “marrón”, que ese colectivo instaló, aparece utilizado por los magistrados. Consultado para esta columna, Alejandro Mamani, abogado especialista en Derechos Humanos y referente de Identidad Marrón, destacó la importancia del fallo y su relación con el activismo antirracista: “El fallo es el fruto de una militancia, pero no solo de Identidad Marrón, es la muestra de un movimiento sociohistórico avanzando en términos de debate social, es la muestra de un debate en ascenso en América Latina”. En ese sentido, trazó una vinculación entre este caso y la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2020 contra el estado argentino por la muerte del activista afro José Delfín Acosta Martínez a consecuencia de las lesiones que recibió en un arresto policial indebido. Según Mamani, esa fue también la primera sentencia de la Corte que aludió explícitamente al “racismo”, lo que habla de un cambio de época.

El fallo por Lucas también cita ampliamente un trabajo de Mario Margulis, un sociólogo argentino que fue pionero, desde fines de la década de 1990, en el estudio de las especificidades del racismo en nuestro país. Ese trabajo, de hecho, es el que ayudó a los magistrados a encontrar el marco amplio adecuado para la aplicación del “odio racial” en nuestro contexto.

Hoy que la barbarie derechista se cierne sobre ambos, valga destacar todo esto a modo de recordatorio de la importancia que tiene el activismo a la hora de abrir debates que ayuden a garantizar y reforzar nuestros derechos y garantías elementales. Y de la que tiene la investigación en ciencias sociales a la hora de proporcionar perspectivas de análisis que puedan traducirse, como en este caso, en cambios concretos y trascendentales en el modo en que organizamos la vida en sociedad.

EA

El Tribunal que tenía a cargo el juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio en julio del 2018 de un vecino del barrio Samoré, ratificó este martes la suspensión del debate, ordenó el cese de su arresto domiciliario y que se le quite la tobillera electrónica que le habían colocado para monitorearlo. Además, dispuso la Justicia Civil lo supervise en su tratamiento de rehabilitación por el consumo de sustancias, hasta que esté en condiciones psíquicas.

En un fallo de 31 páginas los jueces Juan Martín Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 porteño, resolvieron como primer punto rechazar el pedido de sobreseimiento de Álvarez, requerido por el José Marino. El defensor oficial consideraba que “Pity” debe ser declarado inimputable debido a su estado de salud y sus padecimientos psicológicos y psiquiátricos por el consumo de sustancias.

“Teniendo en cuenta los informes médicos y demás constancias obrantes en autos, sin perjuicio de las afecciones que presenta Cristian Gabriel Álvarez Congiu -trastorno cognitivo mayor, trastorno depresivo, trastorno adictivo de consumo de sustancias crónico y diversos factores de riesgo-, ello no permite aseverar que, en la actualidad, el nombrado resulte inimputable”, indicó Goerner en sus argumentos, al que adhirieron sus pares.

No obstante, en la resolución, los magistrados sí hicieron lugar a la suspensión del debate oral por el crimen en Villa Lugano de Cristian Maximiliano Díaz (36), al considerar que el exlíder de “Viejas Locas” e “Intoxicados” no está en condiciones psíquicas de afrontar un debate oral.

Por ese motivo, se ordenaron informes trimestrales para conocer la evolución en la salud de Álvarez y establecer si, en algún momento, podrá ser juzgado por el delito de “homicidio simple”, el cual prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.

Por otra parte, los jueces ordenaron el cese del arresto domiciliario del músico y que se le retire su tobillera electrónica, que fue provista para controlar su atención médica en el tratamiento por sus adicciones en una clínica, desde donde se informó que “no presenta adherencia y no participa en los tratamientos”.

Un informe del Cuerpo Médico Forense aportado por la defensa del artista concluyó que “las facultades mentales de Álvarez Congiu no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales desde la perspectiva médico legal, ya que presenta un cuadro de deterioro psicoorgánico, compatible de acuerdo a la evaluación psiquiátrica con Trastorno Cognitivo Mayor, que le impide la autonomía adecuada para desenvolverse en la vida diaria, y un Trastorno Depresivo, con intensa anhedonia (incapacidad para sentir placer) y apatía, por lo que en la actualidad no estaría en condiciones de estar en proceso debido a su deterioro psicoorgánico, que le dificultaría su adecuada defensa en el proceso”.

“Al respecto, debe recordarse que el psiquiatra del Cuerpo Médico Forense expuso que si bien el daño psiconeurobiológico que presenta Álvarez Congiu resultaría mayormente irreversible, no puede descartarse una mejoría que podría producirse en caso de recibir un tratamiento adecuado, luego de lo cual podría volver a ser evaluado”, sostuvieron los jueces en su mencionado fallo.

Fue por ello que el tribunal dispuso la intervención del Juzgado Nacional en lo Civil 4 “ante la posibilidad de que, eventualmente, sea necesario disponer su internación involuntaria en un dispositivo adecuado para afrontar su cuadro de salud mental”.

Luego de conocer la decisión judicial, Jacqueline Guazzardi, hija del hombre cuyo crimen se le atribuye a Álvarez Congiu, se mostró molesta y se preguntó: “¿Cómo es posible que si estando con sus adicciones mató a una persona, hoy, cinco años después, luego de estar en rehabilitación, esté peor?”. “Con sus adicciones, mató a una persona, y no solo la mató, sino que la remató en el piso, escondió el arma, se fue a bailar, estuvo prófugo, le mandó un audio a la madre y también está la grabación de cuando fue a la comisaría y dijo que era él que disparó”, declaró.

Guazzardi afirmó que el músico “en todo momento demostró que estaba consciente de lo que hizo”, por lo que no entiende por qué “luego de estar en rehabilitación no está en condiciones de entender lo que sucede”.

En una entrevista a Télam, el único testigo del homicidio, quien prefirió no revelar su identidad, afirmó sobre Álvarez: “Siempre estaba drogado y enfierrado; era una bomba de tiempo que iba a explotar en cualquier momento y explotó ahí. Espero que pague por lo que hizo”.

LC con información de agencia Télam

El juicio que iniciaba el próximo miércoles al que iba a ser sometido Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de un vecino del barrio Samoré de Villa Lugano en julio de 2018, fue suspendido. Esto fue luego de que un informe pericial determinara que el exlíder de “Viejas Locas” tiene su capacidad de pensar “marcadamente dañada” y que padece “un cuadro de trastorno depresivo y de apatía”.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29, el cual iba a estar a cargo del debate, cuyos jueces recibieron un informe del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y de los peritos de la Defensoría General de la Nación. El mismo indicaba que el acusado no se encontraría en condiciones de afrontar la realización del debate.

En ese mismo sentido se expresó el fiscal Sandro Abraldes, en un dictamen donde consideró que “el acusado carece de las posibilidades indispensables y necesarias para el ejercicio de su derecho de resistencia a la acusación y el proceso no puede avanzar hacia la realización del debate oral y público sin avasallarlo, de manera que, en los términos contemplados en el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde disponer la suspensión del trámite de las actuaciones”.

En el informe pericial, los expertos que analizaron la conducta del ex “Intoxicados” establecieron que padece “un cuadro de deterioro psico orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor”. Indicaron también que presenta “un cuadro de trastorno depresivo, con intensa anhedonia (incapacidad para sentir placer) y apatía”, y que su capacidad para pensar “se halla marcadamente dañada”.

Ante esta situación, el tribunal le corrió vista a las partes para que opinen, y el fiscal Abraldes entendió que era lógica la suspensión del debate. Abraldes pidió que se le ordene al Cuerpo Médico Forense que evalúe al imputado cada seis meses para establecer “si persisten los síntomas psicopatológicos que padece al día de hoy” y determinar si puede afrontar el juicio más adelante.

Por otra parte, el fiscal marcó que los peritos no brindaron respuesta sobre si Álvarez resulta peligroso para sí mismo o para terceros. “Este extremo deviene trascendente, no solo por el cuadro de marcado deterioro neurobiológico que padece, sino porque en la propia entrevista frente a los galenos, Álvarez Congiú manifestó tener pensamientos suicidas”, explicó.

La fiscalía recordó también que en el informe aportado se dejó asentado que el músico presenta los síntomas de deterioro que producen la pasta base, alcohol y cocaína, que dañan marcadamente el cerebro frontal, en su región basal, que organiza los valores preventivos de la conducta social.

“Si a la información presentada, se agrega que los especialistas también han indicado que la única manera de que el prenombrado consiga mejorar su cuadro es someterse a un tratamiento en una clínica de rehabilitación con apoyos personalizados, surge clara la posibilidad de que, eventualmente, sea necesario disponer su internación involuntaria en un dispositivo adecuado para afrontar su cuadro de salud mental”, se indicó.

Recuento de la causa

El hecho por el que el cantante, guitarrista y compositor está acusado ocurrió el 12 de julio de 2018, frente a la Torre 12 B del barrio Samoré, en Dellepiane Sur y avenida Escalada, de Villa Lugano. Según los investigadores, Álvarez salió de allí junto a su novia y de repente se acercó a ellos Cristian “Gringo” Díaz, un conocido del barrio con quien comenzó a discutir.

Según la acusación, la discusión fue porque la víctima le recriminó al “Pity” andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila. Testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle al músico, momento en que éste extrajo una pistola calibre .25 y le efectuó a la víctima un primer tiro en la cara y luego lo remató de otros tres.

Poco después, Álvarez se subió con su novia a un Volkswagen Polo y a los pocos metros le pidió a la joven que arrojara la pistola en una alcantarilla. Acto seguido, ambos fueron al local bailable “Pinar de Rocha” de Ramos Mejía.

Álvarez estuvo casi un día prófugo, hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, el único momento en el que se refirió al hecho cuando le dijo a la prensa: “Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”.

LC con información de agencia Télam

La Fiscalía del estado de Nuevo México (Estados Unidos) presentó este jueves dos cargos de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin por la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, que falleció de un disparo durante el rodaje de la película “Rust” en octubre de 2021.

También la fiscal del Primer Distrito Judicial, Mary Carmack-Altwies, imputó cargos penales por homicidio involuntario contra la especialista en armas y encargada del protocolo de seguridad durante ese rodaje, Hannah Gutierrez Reed. Por su parte, el ayudante de dirección David Halls, encargado de entregar el arma a Baldwin, ha firmado un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía por el que ha aceptado el cargo de “uso negligente de un arma letal”. Baldwin, que era también productor del filme, podría enfrentarse ahora a un juicio por la vía penal a menos que alcance un acuerdo con la fiscalía.

Carmack-Altwies anunció los cargos tras meses de especulaciones acerca de la implicación en el suceso por parte de Baldwin, quien accionó un arma de atrezo que contenía munición real, cuando este tipo de balas están prohibidas en los rodajes. El actor no era consciente de que el revólver Colt del calibre 45 que portaba contenía balas reales en su cargador, pero ese disparo acabó costándole la vida a la directora de fotografía del western “Rust”.Hutchins recibió un disparo en el pecho y el director de la película, Joel Souza, también resultó herido cuando ensayaban una escena con Baldwin en el condado de Santa Fe (Nuevo México) el 21 de octubre de 2021.

Hace tres meses, Baldwin y el resto de productores de la película llegaron a un acuerdo para poner fin a la demanda civil por muerte por negligencia que la familia de Hutchins había interpuesto contra ellos. Baldwin -conocido por cintas como “Pearl Harbor”- ha defendido su inocencia en diferentes entrevistas con medios de comunicación, alegando que la responsabilidad de velar por la seguridad de las armas en “Rust” estaba asignada a Gutierrez Reed, que nunca apretó el gatillo y que el arma se detonó porque tenía algún defecto.Una versión que contradice un informe de agosto en el que diferentes analistas del FBI afirmaron que la pistola fue probada y funcionaba con normalidad y que para que se disparase había que haber apretado el gatillo. Después del acuerdo alcanzado entre la familia Hutchins y Baldwin, que aún debe ser aprobado por un juez, se prevé que la producción de la película se reanude este año

El jueves 2 de febrero se conocerá el veredicto en el caso de Lucio Dupuy, el nene de cinco años que fue asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa. La madre del pequeño, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, están acusadas por homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante del menor.

El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, hizo en las últimas horas un fuerte reclamo a las organizaciones de derechos humanos y al Estado por no comunicarse con la familia tras el crimen. Además, apuntó contra la jueza Ana Clara Ballester que le dio la tenencia del menor a la madre.

“Ningún colectivo, ni organismos de derechos humanos, ni el Estado nos preguntaron cómo estamos. Seguimos consternados, con el mismo dolor”, afirmó el abuelo del menor en declaraciones radiales. Sobre la jueza, señaló: “No tuvo sentido común, no trabajó. Sin mirar el expediente le chantó la firma y le revocó la tenencia que tenía mi hijo mayor y se lo devolvió a la progenitora. Con la firma esa en el expediente, sentenció la muerte de Lucio”.

“Nos imaginábamos que Lucito podía estar vendiendo droga en la calle siendo muy pequeño, dentro de cuatro o cinco años. Sabíamos y la jueza sabía que la mamá consumía y vendía droga. La vida que llevaba era mala. Drogándose en las plazas de Santa Rosa, teniendo fiestas clandestinas cuando estábamos en plena pandemia y no se podía hacer fiestas. Aun así, le devolvió a Lucito a la mamá. Y fue el desenlace fatal para él. La jueza es inepta, inoperante”, agregó

Por su parte, el padre de Lucio, Christian Dupuy, publicó hace unos días una carta en redes sociales en la que manifestó que siente que vive bajo “una tortura constante”. “Deseo que la vida me pase rápido, disfrutando de todo lo que tengo, para volverte a ver. Te extraño”, escribió.

“Lo he intentado y es inútil, llevo un tiempo tratando de soltarte, pero es totalmente inútil intentar olvidar algo que está y siempre estuvo tan dentro de mí”, señaló. “Es imposible olvidar la sensación de cuando llegaste al mundo y te entregaron a mí envuelto en mantitas, imposible olvidar lo desgarrador y doloroso (que fue) verte en un cajón, cuando la ley de la vida dice que un hijo debe enterrar a su padre, y no así como pasó”.

En su alegato final en los últimos días de diciembre, Espósito Valenti se defendió: “Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida. Al día de hoy sigo sin poder creerlo. A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé para ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. A Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio”.

“Se me critica a mí, pero no al progenitor –porque padre le queda grande–. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. En todo momento él (Cristian Dupuy) se desentendió de la criatura”, añadió.

Páez, en tanto, declaró: “Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso le pido perdón a las personas que se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mí y a su mamá. También quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque les fallé, porque ella no me enseñó estas cosas. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Sé que él (por Lucio) me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”.

En su alegato de cierre, la fiscal Verónica Ferrero dio por probado que el 26 de noviembre de 2021 las acusadas “agredieron físicamente, en forma conjunta”, a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 en la casa en la que vivían en Santa Rosa ocasionándole múltiples lesiones; y agregó que esas lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía.

En base a la autopsia, Ferrero habló de un maltrato físico continuo con lesiones de vieja data y consideró que también quedaron acreditados los abusos sexuales en reiteradas ocasiones.

La fiscal acusó a Espósito Valenti de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización con acceso carnal vía anal con un objeto agravado por haber sido cometido por la progenitora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años. Todo como delito continuado, en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía.

A Páez le imputó abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización y con acceso carnal vía anal con un objeto; agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años; todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía.

Según fuentes judiciales, con estas acusaciones a las acusadas les correspondería una pena de prisión perpetua.

Por otra parte, el apoderado de la querella particular, José Mario Aguerrido, que representa a Christian Dupuy, adhirió a esas acusaciones y agregó la agravante de odio de género para el homicidio, ya que, según sostuvo, esa fue la motivación para matar a Lucio. En su opinión, eso quedó probado a partir del nivel de violencia continua que existió hacia el niño.

La defensora oficial de Páez, María Silvina Blanco Gómez, sostuvo afirmó que no existió un homicidio agravado sino un homicidio preterintencional, es decir que no existió dolo (intencionalidad) y que la imputada no buscó el resultado muerte. A continuación enumeró siete conductas que la imputada ejecutó para evitar el deceso del niño, como la práctica de RCP para reanimarlo, su traslado a la posta sanitaria, la búsqueda de ayuda en la policía y el llevarlo al hospital Evita.

El defensor oficial Pablo De Biasi, en tanto, pidió la absolución de Espósito Valenti porque, aseguró, “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos” y descartó la coautoría del homicidio. También descartó cualquier responsabilidad de la madre por omisión.

Fueron en total 18 las audiencias a puertas cerradas que tuvieron lugar en el marco de este juicio. El 2 de febrero los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora darán a conocer la sentencia.

Las defensas de las acusadas solicitaron la división del debate, lo que comúnmente se denomina juicio de cesura o cesura de juicio. Eso es posible “cuando la pena máxima de los hechos punibles imputados, según la calificación jurídica de la acusación y del auto de apertura, supere los seis años de prisión”, de acuerdo a lo que establece el artículo 343 del Código Procesal Penal de La Pampa.

Por eso, cuando se conozca la sentencia, el Tribunal solo resolverá si Espósito Valenti y Páez son culpables o inocentes, pero no fijará una pena. Para ello habrá una nueva audiencia en un plazo no mayor a los 15 días a partir de conocerse el fallo.

CRM

Los homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires bajaron un 40% en doce años. La tendencia se da en todos los departamentos judiciales del conurbano bonaerense. También descendieron los que involucran a adolescentes y jóvenes. Al contrario de esos indicadores, en los últimos años crecieron los delitos contra la integridad sexual. En contraposición con la tendencia descendiente, en Rosario se registró la cifra más alta de homicidios: entre enero y noviembre de 2022 se contabilizaron 263 homicidios y cuadriplica la tasa media nacional. 

Según el cuarto Informe sobre Delitos y Violencias en la Provincia de Buenos Aires realizado por el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Universidad de La Plata (OPS), en el período 2009-2021, los homicidios dolosos tuvieron un descenso muy fuerte y pasaron de 1335 en 2009 a 794 en 2021.Es decir, que la tasa bajó de 8,5 cada 100 mil habitantes en 2009 a  4,5 cada 100 mil en 2021. La tendencia se da en todos los departamentos del conurbano aunque con distintas intensidades.  Las principales disminuciones  se registraron en San Isidro, Lomas de Zamora, Avellaneda-Lanús, La Matanza, San Martín, Quilmes, Mar del Plata, Morón y  Mercedes - Moreno -General Rodríguez. Todos los departamentos judiciales tienen descensos a excepción de Trenque Lauquen. 

En más de la mitad de los casos, los homicidios tienen que ver con conflictos interpersonales. Es decir, entre personas que se conocían previamente, ya sea por relaciones de vecindad, laborales, de amistad o familiares que no entran dentro de la categoría femicidio. El resto está vinculado con femicidios (entre el 8 y 10%, según el año), los homicidios en ocasión de robo (entre el 10%y el 15%) y aquellos nombrados como “legítima defensa” o “homicidios cometidos por personal policial” (entre el 5% y el 7%). Ángela Oyhandy, una de las coordinadoras del informe junto a Paz Cabral, Brunela Germán, explicó que esta última se trata de “una categoría muy polémica”. “Por algún estudio particular sabemos que es más, que en algunos años alcanza alrededor del 10%. Es uno de los puntos oscuros de la estadística de homicidios que subregistra muchos homicidios cometidos por personal policial”, explicó. Además, hay un porcentaje que varía entre el 10% y el 20% que son hechos de difícil tipificación vinculados a contextos de mercados ilegales: venta de terrenos, toma de tierras o drogas. 

“Es una reducción muy importante que no tiene que ver con la pandemia. El grueso tiene que ver con la violencia interpersonal que necesita políticas específicas. No son las mismas que las vinculadas a la prevención de los robos, que no son el típico trabajo de policiamiento y saturación, sino que tiene que ver con políticas de gestión de conflictividad de manera no violenta”, le dijo Oyhandy a elDiarioAr. 

El estudio se basa en los informes estadísticos del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires que contabiliza la cantidad de investigaciones penales preparatorias (IPPs) que se inician anualmente en las fiscalías, delitos denunciados ante los organismos estatales. Esa información también refleja un descenso muy pronunciado en los homicidios atribuidos a adolescentes y jóvenes menores de 18 años que llega a casi la mitad menos. En el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en el 2009  las investigaciones penales representaban el 4, 3 % del total, mientras que en 2021 descendieron a 2,1%. “Se empezó la serie histórica con 152 homicidios y se pasó a 61 en el 2021, es una reducción muy importante: de un homicidio cada 2,5 días a casi 1 cada 6 días. Es un tema que también contradice la percepción de que cada vez hay más homicidios cometidos por jóvenes. Esta idea de que cada vez la sociedad es más violenta. Es un tema de discusión, que la tasa de homicidios descienda no significa que podamos decir que hay menos violencia, pero sí que es el indicador más certero y, además, es el que se usa internacionalmente. Eso no significa que no haya otra dinámica”, explicó la socióloga de la UNLP.

A diferencia del resto de los delitos, hay un crecimiento exponencial en los que atentan contra la integridad sexual. El informe muestra un primer salto importante en el 2017-2018 y otro de la misma intensidad del 2019-2020. La serie empieza con 8258 denuncias en 2009 y llega a 25.666 en 2021. Entre las consideraciones, las investigadoras destacan el impacto del movimiento de mujeres, la visibilización del tema y la existencia de políticas públicas que acompañan y facilitan el acceso para la realización de denuncias. “Aumentaron en la provincia y en el país, no para. Tienen un pico después de la denuncia de Thelam Fardin. Creemos que las estadísticas no están reflejando un incremento de los hechos sino una mayor habilitación social y cultural para denunciarlo y también políticas muy activas de los estados para generar nuevos espacios de recepción y acompañamiento de denuncias”, explicó Oyhandy. 

Según los registros de la Línea 144 de consultas por casos de violencia de género, tras la denuncia de la actriz a Juan Darthés las llamadas aumentaron en 1200%. “Además, hay un cambio social vinculado al movimiento de mujeres, a la visibilización de la violencia de género que estaba muy oculta en el espacio público. A partir de eso y de casos emblemáticos hay una masiva concurrencia a denunciar. Esto implicó que se abrieran fiscalías específicas, que se aumentara la dotación de personal capacitado para acompañar estas denuncias”, agregó la especialista. El primer salto se dió en 2017 con 14.912 denuncias, siguió  en 2018 con 19.000 y en 2019 llegó a 24.000. 

Las cifras de Rosario

Según el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, en Rosario se registró la cifra más alta de homicidios: entre enero y noviembre de 2022 se contabilizaron 263. Una cifra que cuadriplica la tasa media nacional. Según este registro dependiente del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y la Dirección de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, si se analiza el contexto en el que sucedieron, en Rosario hay una presencia mayor que a nivel provincial de tramas asociadas a organizaciones criminales y/o economías ilegales: alcanza a casi siete de cada diez casos, mientras que el porcentaje a nivel provincial es de poco más de cinco cada diez.

El consultor en Política Criminal y director General del Observatorio de Política Criminal, Ariel Larroude, explicó que mientras en la mayoría de los distritos del país los homicidios dolosos tienden a la baja, en Rosario están en aumento y anticipó que muy posiblemente la ciudad de Rosario termine este año con el récord de homicidios dolosos de toda su historia. “Tiene 25 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, superando a la tasa del 2014, que hasta ahora era la más elevada de la ciudad. Respecto a la estadística que sostiene que Rosario cuadriplica la media nacional, es cierto. La tasa de homicidios de nuestro país del año 2021, la última relevada hasta el momento, fue de 5 homicidios dolosos cada cien mil habitantes mientras que la de Rosario fue de 18,5”, sostuvo en diálogo con este diario.

Las cifras sitúan a la ciudad de Rosario como la más violenta del país, muy lejos de otros distritos como Ciudad de Buenos Aires (3.5) o Córdoba Capital (3). “Lo mismo ocurrió con algunos distritos del conurbano bonaerense como Lomas de Zamora, San Martín o La Matanza, que no han superado en promedio los 5 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. Lejos de mejorar esta situación, muy posiblemente nos encaminemos a quintuplicar ese índice”, agregó el abogado.

Según el informe “Rosario, un sueño de paz” del Observatorio de Política Criminal, el mayor porcentaje de los homicidios dolosos, más allá de distribuirse a lo largo de todo el territorio, se condensó en los barrios periféricos principalmente, los creados alrededor de las viejas industrias y frigoríficos que cerraron durante la década del 80' y principios de la década del 90'. En cuanto a las causas,, Larroude considera que existe un mercado de drogas en expansión que ya lleva años y que no está monitoreado por las autoridades. “La gente consume más que hace diez años y, esto que parece una cuestión inocente, es parte de la explicación del problema. Algo que debería hacer repensar respecto a la estrategia sobre el control de drogas que toma el país, que hasta ahora se mantiene en una mirada represiva de la venta y del consumo”, indicó. 

Además, detalló otras cuestiones vinculadas a las fuerzas de seguridad. “Desde hace una década hay una policía atomizada, que no solo no controla el territorio sino que es parte del mercado que tiene como objetivo reprimir. A eso se suma un acceso alarmante a las armas de fuego por parte de la ciudadanía. Casi la totalidad de las muertes  ocurren por uso de armas. Asimismo, coexiste una preeminencia en resolver a los tiros cualquier disputa, lo que habla de una notable falta de gerenciamiento por parte de las estructuras criminales que lleva a que todas los conflictos terminen en muertes violentas. Esto es algo que no sucede en otras ciudades de la Argentina, no por ser mejores o peores, o más o menos violentas, sino por el hecho de saber que la violencia letal va en contra de la rentabilidad del mercado”, describió Larroude.

CDB

Este jueves comienza en  La Pampa el juicio por el caso de Lucio Dupuy, el nene de cinco años asesinado el 26 de noviembre de 2021, un caso por el que están acusadas su madre y la pareja de ella. Participarán más de cien testigos en el proceso contra las mujeres que tienen un pedido de pena de prisión perpetua. Uno de los fiscales del caso habló con elDiarioAR y detalló que hay pruebas que confirman el maltrato y abuso sexual crónico que padeció el nene en la casa de su madre. El debate será oral, pero no público por la gravedad del caso y la primera parte se extenderá hasta el 23 de diciembre. 

A pocos días de cumplirse un año del crimen del niño, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, inicia este jueves a las 8 de la mañana el proceso contra la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti; y su pareja, Abigail Páez. La primera es acusada de “homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser la progenitora), por el ensañamiento y por la  alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”. En el caso de la pareja, la acusación es la misma sin el agravante del vínculo.

El fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos, sostuvo que lo que pretende “es probar es que efectivamente existió un maltrato crónico que derivó en el abuso sexual (que también fue crónico) y la posterior muerte”. En diálogo con este diario, el funcionario que integra el equipo creado exclusivamente para este caso dijo que se esperan una larga lista de declaraciones testimoniales. “Es un hecho que está relacionado con un maltrato infantil crónico a lo largo del período donde Lucio se encontró con la progenitora y la pareja, que terminó derivando con la agresión física que le produjo la muerte. También se suman situaciones abusivas en cuanto a la integridad sexual del niño”, explicó Martos.

En total habrá 105 personas que presentarán como testigos: 62 son propuestas por la acusación y 43 por la defensa. Además de los peritos informáticos y médicos, también habrá personal policía y del jardín del niño, entre otras personas. Las mujeres acusadas, que estarán en el inicio del debate,  permanecen detenidas en Complejo Penitenciario 1 de la ciudad de San Luis, donde fueron trasladadas desde la Comisaría  6ta.de Santa Rosa tras recibir agresiones. 

El abogado de la familia paterna de Lucio, José Mario Aguerrido, formuló la misma acusación que la fiscalía y le sumó el agravante de “violencia de género”. “Hay recolección de evidencia muy importante de todo tipo. La pericia de ADN, lo que surge de los teléfonos de las imputadas y distintos elementos electrónicos. Hay mucha prueba y suficiente para acreditar todos los hechos de la acusación. Vamos por la condena a prisión perpetua”, le dijo a elDiarioAR. Según la autopsia,  Lucio “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data” y la muerte fue por una “hemorragia interna” producto de las agresiones.

El abuelo del nene, Ramón Dupuy, sostuvo que espera con “ansias y mucho nerviosismo el inicio del juicio'. ”Fue un año destructivo, no hemos vivido. El 26 de noviembre nos mataron en vida al quitarle la vida a Lucito de esa manera. Yo siempre digo que, en primera instancia, la jueza Ana Clara Pérez Ballester nos falló en contra porque sin estudiar ni mirar el expediente firmó un papel y sentenció la muerte del nene. Esperamos que esta vez la justicia falle a nuestro favor y que le den una condena ejemplar a estas asesinas“, dijo el hombre en diálogo con elDiarioAR.

Tras la muerte de Lucio, la jueza Pérez Ballester fue denunciada por haber negado la tenencia del nene a su familia paterna y permitir que viva con la madre. En junio de este año, el Tribunal Superior de La Pampa bloqueó un sumario administrativo contra la magistrada porque consideró que al momento de su decisión no había pruebas de maltrato infantil contra la víctima. Según publicó la Agencia Télam, se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa. Sin embargo, ningún profesional médico o autoridades del jardín de infantes advirtieron sobre la situación.  Por el momento, hay una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias. 

Ante esta situación, la familia del nene impulsa la “Ley Lucio” para la prevención y detección temprana contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes. El proyecto, presentado por el diputado pampeano de Juntos por el Cambio Martín Maquieyra, obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y se espera que se trate este miércoles en el recinto. “Espero que el asesinato de Lucito no quede en vano, que sean muchos los chicos que se salven a través de la ley y que seamos escuchados. La capacitación de los agentes del Estado es muy importante, hoy en día no es obligatoria. Necesitamos que las alarmas salten antes de que suceda antes de lo que sucedió con Lucito”, dijo el abuelo.

La familia prepara una movilización al Congreso para el 26 de noviembre, cuando se cumpla un año del asesinato del nene. Mientras tanto, se prevé que la primera parte del juicio finalice el 23 de diciembre. Según la legislación de La Pampa, algunos juicios de características complejas como este requieren cesura del debate, es decir que se realice en dos partes. En la primera se discute si los acusados son responsables o no y, en la segunda, se dicta la condena.

CDB/MG

El crimen de Nicolás Alexander Cernadas, de 13 años, por parte de otros dos adolescentes de 14 y 17 generó conmoción y repudio por la brutalidad y la saña del caso. Su cuerpo apareció en un descampado de Mariano Acosta, Merlo. Fue apuñalado y quemado vivo y, según la información judicial, uno de los agresores filmó a la víctima en el momento del ataque y luego quiso regresar al lugar para registrar el estado en el que había quedado el cadáver.

El asesinato provocó la movilización de familiares y allegados del nene que vivía con su tío y también con la abuela de uno de sus compañeros después de que un Tribunal de Menores de San Isidro dictaminara que la madre no se podía hacer cargo ni de él y ni de sus ocho hermanos por su condición psiquiátrica. Según relatan vecinos y vecinas, el hostigamiento por parte de los dos acusados era habitual en el barrio. ¿Qué provoca que dos adolescentes sean autores de un crimen de estas características?. Especialistas consultados por elDiarioAR coinciden en que se trata de un hecho excepcional, que no es habitual entre los adolescentes que cometen delitos. 

Los delitos por debajo de la edad punible como estos no superan el 1% en el país. Son aislados, ocurridos en un contexto particular, ante una situación particular que no le quita lo tremendo, terrible y grave

Rodrigo Morabito. — Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca

“Los delitos por debajo de la edad punible (la edad punible es a partir de los 16 años por delitos cuya pena superen los dos años) como estos no superan el 1% en el país. Son aislados, ocurridos en un contexto particular, ante una situación particular que no le quita lo tremendo, terrible y grave”, sostuvo el juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca y profesor adjunto de Derecho Penal de la Universidad de Catamarca, Rodrigo Morabito. El magistrado aclaró: “el de 17 es plenamente punible, debe responder ante la ley penal cuando se cumpla el debido proceso. Una pena que no puede ser perpetua porque está vedado por la Convención de los Derechos del Niño”. 

Descenso

Según el cuarto Informe sobre Delitos y Violencias en la Provincia de Buenos Aires publicado recientemente por el Observatorio de Políticas de Seguridad de la Universidad de La Plata, los homicidios dolosos cometidos por menores de 18 años en la provincia de Buenos Aires descendieron un 60% entre los años 2009 y 2021.  Se pasó de 152 a 61 el año pasado. 

“Lo terrible y grave es la muerte de este chico, pero ¿qué está pasando con respecto a los victimarios de 14 y 17 años que han llegado a cometer este hecho terrible?, ¿Se ha investigado sobre la historia de vida? ¿Si han sido víctimas de abuso, de golpes, si vienen de un contexto violento? Hay que analizar todas estas circunstancias sin dejar de reprocharles la conducta. Nadie dice que no son victimarios, lo son. Pero hay que cumplir con los plazos legales para esto y también indagar qué ha pasado”, agregó el magistrado que forma parte de la organización Pensamiento Penal.

La directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño de Argentina, Nora Schulman, también resalta lo excepcional de este caso. “Es raro algo así entre los adolescentes, estadísticamente no se dan de manera común estos casos. En general, lo que cometen son delitos contra la propiedad. Hay que ver el contexto en el que vivían y no generalizar porque si no empezamos con la discusión de la baja de la edad de imputabilidad. Es muy bajo el nivel de hechos tan cruentos y violentos como este. Los chicos roban, sí. A veces tienen actos violentos con la gente que asaltan, pero en general no matan. Esto es un caso muy especial”, afirmó en diálogo con este diario. 

Es muy bajo el nivel de hechos tan cruentos y violentos como este. Los chicos roban, sí. A veces tienen actos violentos con la gente que asaltan, pero en general no matan

Nora Schulman — Directora ejecutiva del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño de Argentina

El atacante de 14 años, que por su edad es inimputable, fue derivado a un centro de Menores en Abasto, La Plata, con un seguimiento semestral, mientras que el de 17 está con prisión preventiva dictada por la jueza Karina De Lucas, titular del Juzgado de Garantías del Joven 2.

“Algo ha pasado para que los chicos lleguen a esta situación. Lo digo con sobrada experiencia. No solamente hay que decir que vienen de los sectores más postergados, pueden haber chicos de clase media - alta que también cometen delitos graves contra la integridad sexual u homicidios. Por lo general, los chicos de los mal llamados sectores postergados no cometen casi estos tipos de delitos, sino contra la propiedad privada, robos y hurtos”, comentó Morabito.

El análisis de las redes sociales que realizó la justicia indica que uno de los involucrados filmó a Nicolás en el momento del ataque. Según relató la prima del chico, Johana Miranda, a la Agencia Télam, Nicolás padecía “bullying” por parte de los agresores, quienes le decían “huérfano de mierda”. “Estuvo muy planeado. Ellos sabían bien lo que estaban haciendo porque le tenían bronca. Mi primo los conoció para su cumpleaños en agosto pasado y dos meses después lo mataron”, afirmó la mujer. 

Schulman considera que hay que también hay tener en cuenta a las redes sociales para analizar esta situación. “Filmaron al chico y esta mediatización les sirve para tener un rol social, aunque sea negativo. Mostrarse ante su grupo de referencia como que pudieron ejecutar una acción de este tipo. Además, la filmaron para que vean que es cierto. Ese registro de lo que hicieron le sirve para encontrar un rol social dentro de su grupo. Esto es lo más terrible, además del hecho que uno repudia totalmente. Creo que tiene que ver con la situación en general, los discursos de odio, el fomentar el odio hacia el otro”, explicó.

La psicóloga Susana Moguilevsky, quién realizó una investigación UBACyT sobre la adolescencia frente a la Ley Penal, hace foco en “la intemperie globalizada en la declinación de los ideales, de lo normativo, la falta de regulación en lo social y lo individual”. “De los relatos periodísticos haría hincapié en el apodo ‘el huerfanito’, cargada de significaciones que no solo aluden a la víctima sino a sus victimarios porque grafica la situación ‘de intemperie’ a la que están expuestos estos chicos. Esta frase actúa como una piedra arrojada a un lago produciendo ondas expansivas que interpelan lo familiar, lo escolar y lo social, entre otros”, explicó.

Según las declaraciones que familiares y vecinos dieron a los medios en los días posteriores al crimen, Nicolás era blanco de hostigamiento por parte de estos chicos. Una situación que también debe ser tenida en cuenta. “Los adolescentes actuando desde la pasión del odio y la crueldad sin límites. Correlativamente en el  contexto familiar, barrial y escolar ejerciendo la indiferencia sin capacidad de respuesta para frenar el bullying que el chico venía sufriendo”, agrega Moguilevsky.

Sobre esa faceta también interpela el juez Morabito: “El problema que tenemos con el bullying es que muchos chicos ven y no dicen nada. No solo el que maltrata sino que también está el que filma y el que no interviene. Porque no hay capacitación previa en la escuela, no hay sensibilización y ni concientización previa. ¿Qué ocurre en las familias que no ponemos el foco en esto? En los contextos de violencia, en general nadie interviene.  Se documenta el episodio violento, pero no se interviene. Documentamos la violencia, pero no la evitamos”. 

Mañana se conocerá la sentencia en la causa contra una mujer de 30 años que sufrió un aborto espontáneo en Esquina, Corrientes, y es acusada de homicidio agravado por el vínculo y alevosía porque el feto fue enterrado en el patio de su casa. La joven, madre de dos hijos, está detenida desde hace ocho meses. Organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos denunciaron que es “criminalizada por un aborto no voluntario”. La defensa indicó que se la acusa por “un evento obstétrico”.

El 10 de noviembre, Ana tuvo un aborto involuntario en su casa y días después se encontró el feto semienterrado en el patio de su casa. Tras el hallazgo, la mujer  fue detenida y quedó presa en la Comisaría de la Mujer de Esquina. Su abogada, Natalia Ávalos, sostuvo que sufrió un parto domiciliario de un feto muerto“ y que ”estuvo en shock, muy afectada y no recuerda lo que pasó esa noche“. Además, la letrada criticó el proceso judicial y se quejó de que la mujer siga detenida a pesar de la situación de vulnerabilidad en la que vive. ”Pedimos el cese de la prisión preventiva y nos negaron, solicitamos la prisión domiciliaria y también nos fue negada con el argumento que podría haber un intento de fuga. No tiene recursos para hacerlo, sería imposible, es de condición muy humilde y nunca siquiera, ha salido de la provincia“, indicó en declaraciones a la Agencia Télam.

Ana tiene dos hijos, de 6 y 11 años, y trabaja como empleada doméstica. Durante los fines de semana, elaboraba comida casera para vender en su pueblo. “La Justicia es muy dura cuando la imputada es una mujer, la criminaliza, especialmente cuando está en estado de vulnerabilidad y se trata de mujeres pobres”, agregó la abogada. Además, dijo que “estuvo muy mal, depresiva y con diversas crisis” y que mejoró después de conseguir asistencia psicológica particular. 

El juicio, que se realiza en el Tribunal Oral Penal de Goya, es seguido por diversas organizaciones feministas y de derechos humanos que piden la absolución de la joven. Hoy difundieron el comunicado “Libertad a Ana Clara” en el que denunciaron el accionar de la justicia. “Fue acusada mediante una carátula que demuestra la ausencia de perspectiva de género y una visión más que permitida sobre el sojuzgamiento de la condición femenina”, sostuvieron en el comunicado.

Roxana Fanjul, integrante de Libres las Queremos y de la Campaña por el Derecho al Aborto de Corrientes, indicó que “la acusación no tiene sustento técnico ni pruebas, es una ficción que armó el fiscal”.  Afirmó que se trata de “un hecho más de emergencia obstétrica” que no debería ser juzgado.

CDB/MG

La enfermera de La Matanza que estaba desaparecida y fue encontrada muerta en el galpón de su casa no tenía lesiones visibles y murió por “depresión respiratoria''. Así lo determinó la autopsia del cuerpo de Elizabeth Julia Di Legge, de 47 años, que fue hallado en la parte trasera de su vivienda con ampollas de analgésicos, ansiolíticos y opioides a su alrededor. Si bien se confirmó la causa de la muerte, aún resta determinar si hay rastros de esas sustancias en el cuerpo de la mujer. La justicia investiga a su marido, Silvio Eduardo Espíndola, de 44, que está detenido acusado de ”homicidio agravado por el vínculo“. La mujer lo había denunciado por violencia de género en 2019.

Ayer al mediodía, la Policía Bonaerense encontró el cadáver de la enfermera con una sonda y una aguja de jeringa en el brazo. Estaba sentada en un sillón con una campera en la cabeza. Según informó la Agencia Télam, alrededor había ampollas de propofol (anestésico), atracurio (relajante), fentanilo (opioide) y midazolam (ansiolítico).Si bien la autopsia indicó que no había rastros de violencia visibles, restan los estudios complementarios de las vísceras para saber si hay restos de esas sustancias y si fueron introducidas por su propios medios o con la participación de otra persona. La puerta estaba cerrada con candado desde el lado de adentro.

Espíndola, que también es enfermero y trabajaba junto a su mujer en el Hospital Churruca de la Ciudad de Buenos Aires, había denunciado la desaparición el sábado y el lunes la policía hizo un allanamiento con un perro rastreador que detectó el cuerpo en el galpón que estaba en el fondo de la vivienda. Según el relato del hombre, la última vez que la vió fue el viernes antes de irse a trabajar. “La noche anterior nosotros tuvimos una discusión, pero ni siquiera hubo gritos; fue una discusión que tuvimos en la cama y después ambos nos dormimos. Todo me indica que al otro día ella salió de casa a trabajar normalmente”, dijo en declaraciones a la prensa mientras la mujer estaba desaparecida. Espíndola contó que el último contacto que había tenido con su mujer fue a las 10 del viernes a través de Whatsapp. La pareja vivía con sus tres hijos de 10, 16 y 20 años. 

En abril de 2019, Di Legge hizo una denuncia contra su marido por violencia de género ante el Juzgado de Familia N°8 de La Matanza. Según un informe de la Red de Asistencia de la Secretaría de la Mujer de su ciudad, la enfermera no podía tomar la decisión de separarse debido a las violencias que padecía. Indicó que, a raíz de la Ley Micaela, pudo identificar violencia física, sexual y simbólica. Una situación que también confirmaron vecinas y compañeras de trabajo de la mujer. Ante este panorama, el fiscal Federico Medone, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Homicidios de La Matanza, indagará hoy a Espíndola por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. 

CDB/ MG

Con información de la Agencia Télam

Una niña de 9 años fue hallada asesinada este jueves en un pozo de su casa de la localidad correntina de Bella Vista y como sospechosos del crimen fueron detenidas su madre y otras dos personas, informaron fuentes policiales.

Los voceros detallaron que la víctima presentaba a simple vista lesiones cortantes y que una de las pistas de los pesquisas apunta a la posibilidad de que haya sido abusada sexualmente, lo que se determinará con la autopsia de rigor.

El cuerpo fue hallado en una vivienda ubicada en el barrio Piscicultura, de la localidad de Bella Vista, distante a 140 kilómetros al sur de la capital correntina, donde la niña vivía con su madre.

Fue aparentemente el papá quien la encontró en el pozo cuando fue a buscarla, añadieron los voceros.

Tras la llegada de la policía al lugar, los peritos detectaron manchas de sangre en el interior de la vivienda y un cuchillo, que fue secuestrado.

El ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte, dijo sobre el caso que “la hipótesis del abuso se va a dar después de la autopsia, por ahora (el caso) está caratulado como homicidio”.

“Hay tres personas demoradas, mayores de edad, dos mujeres y un hombre, que serían la madre, el tío y la esposa del tío y se busca a otro hombre”, mencionó el funcionario en declaraciones a Radio Dos.

Al respecto, agregó también que “se encontró un elemento punzo cortante en el mismo predio, se tomaron declaraciones y se busca a otro hombre, mayor de edad”.

Con información de agencias.

IG