El Poder Ejecutivo dispuso el traslado del Sable Corvo del Libertador General Don José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, donde quedará bajo custodia permanente de la unidad militar creada por el propio Libertador. 

La medida se formalizó a través del Decreto 81 de 2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, que establece que el símbolo histórico será trasladado a la Avenida Luis María Campos 554 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Regimiento tendrá la responsabilidad de su preservación, seguridad e integridad conforme a las normas y protocolos aplicables. 

El Sable Corvo integra el patrimonio histórico de la Nación Argentina y constituye uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia, según destacan los considerandos del decreto. El bien fue donado al Estado Nacional en el año 1897 con la finalidad de asegurar su preservación y custodia estatal. 

De acuerdo con los fundamentos de la norma, el Sable Corvo fue objeto de hechos ilícitos en dos oportunidades mientras se encontraba bajo la guarda del Museo Histórico Nacional, en los años 1963 y 1965. Si bien fue recuperado en ambas ocasiones, esas circunstancias pusieron de manifiesto la necesidad de adoptar medidas orientadas a fortalecer su protección, seguridad y adecuado resguardo institucional. 

Como consecuencia de ello, mediante el Decreto 8.756 de 1967 se dispuso su guarda y custodia definitiva por parte del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, unidad creada por el propio Libertador como instrumento decisivo de la independencia y depositaria de una tradición histórica de honor, disciplina y servicio a la Patria. 

A través del Decreto 843 de 2015 se había establecido su traslado al Museo Histórico Nacional para su exhibición permanente, quedando bajo custodia del Regimiento de Granaderos. La nueva medida deroga expresamente ese decreto y dispone el retorno del símbolo a la sede militar.

El Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, desde su creación, ha tenido a su cargo la custodia del Jefe Supremo de la Nación y de los símbolos más relevantes de la historia argentina, constituyendo una expresión de la continuidad institucional que vincula los orígenes de la República con el presente del Estado Nacional. 

El conjunto de edificios que integran las instalaciones del Cuartel de Palermo del citado Regimiento con sus jardines fue declarado Monumento Histórico Nacional por el Decreto 1.109 de 1997 y reviste una singular significación histórica e institucional, en tanto se encuentra directamente asociado a la figura del Libertador y a la tradición republicana argentina. 

Rechazo de historiadores y la familia

Días atrás, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) expresó un fuerte rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el sable corvo del general José de San Martín del Museo Histórico Nacional (MHN) para trasladarlo al Regimiento de Granaderos a Caballo. La entidad reclamó la revisión inmediata de la medida y advirtió que el cambio de custodia vulnera criterios históricos, técnicos y museológicos consolidados desde hace más de un siglo.

A través de un comunicado oficial, la AsAIH señaló que la decisión contradice el decreto presidencial de 1897 mediante el cual el Estado argentino aceptó la donación del sable realizada por Manuela Rosas en 1896 y fijó como destino definitivo al Museo Histórico Nacional, una institución pública, civil y abierta a la ciudadanía. Para la asociación, ese marco legal sigue plenamente vigente y no debería ser alterado por una decisión administrativa discrecional.

El pronunciamiento recuerda, además, que la custodia del sable por parte del Regimiento de Granaderos entre 1967 y 2015 se produjo en un contexto excepcional, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, y que fue revertida en 2015 por un decreto presidencial que restituyó la pieza al museo, respetando su valor patrimonial y su función museológica. Según la AsAIH, el MHN cuenta con sistemas específicos de conservación, protección y exhibición que garantizan tanto la integridad del objeto como el acceso público.

Especialistas en patrimonio y trabajadores del Museo Histórico Nacional advierten que el traslado implica la pérdida de la pieza más emblemática de su acervo. El sable corvo, adquirido por San Martín en Londres en 1812, posee estrictos protocolos de conservación y, según recomiendan expertos, no debería ser expuesto en actos públicos, donde se sugiere el uso de réplicas para evitar riesgos.

Para la AsAIH, la medida sienta un antecedente preocupante al subordinar criterios técnicos y museológicos a decisiones políticas y debilita la protección institucional de los bienes históricos. La asociación, fundada en la década de 1980 y conformada por investigadoras e investigadores de universidades e institutos de todo el país, ha intervenido históricamente en debates vinculados a la defensa del patrimonio, los archivos y los museos nacionales.

Por su parte, de acuerdo a la periodista Candelaria Domínguez, familiar y heredera de Manuelita Rosas, hija de Juan Manuel de Rosas, “trasladar otra vez el sable de San Martín pone en jaque el acceso público a la reliquia e implica una apropiación política del símbolo patrio. Y se plantean también dos escenarios: el sable podría estar custodiado en un ámbito militar o mantenerse en un ámbito civil y de carácter cultural, como el museo”. 

“El primer lunes de febrero de 2026, presentamos una medida cautelar buscando que el sable se quede en el destino que eligieron mis ancestros. No sabemos aún cuándo llegará el decreto ni cuál será la respuesta de la Justicia. Tal vez no pase nada, tal vez algo se mueva. Pienso en mi hijo que está por nacer. Pienso en la posibilidad de que algún día pueda visitar el museo conmigo y su papá, detenerse frente al sable, que podamos contarle las historias de su país, y que nosotros ganamos nuestra batalla”, relató Domínguez en una columna publicada en Revista Anfibia.

Allí también muestra la carta de puño y letra de Manuelita Rosas donde deja claro el destino que debía tener el sable: “Con la entera aprobación mía y de nuestros hijos, se ha decidido en donar a la Nación argentina este monumento de gloria para ella, reconociendo que el verdadero hogar del sable del libertador debiera ver en el seno del país que libertó. Mandaremos también dos objetos históricos que pensamos serán de valor para el Museo Histórico Nacional”. 

La historia

El sable corvo de José de San Martín es el arma utilizada en combate por el Libertador de América, y como tal posee un alto valor iconográfico.

Este sable acompañó a San Martín en las batallas por la independencia sudamericana. Se destaca por su sencillez ya que no posee materiales costosos. Se exhibe en el Museo Histórico Nacional junto a otros sables y espadas de jefes militares.

El sable corvo fue comprado por el teniente coronel José de San Martín en 1811 durante su estancia en Londres, poco después de dejar España y antes de embarcarse a Sudamérica. El arma que adquirió fue un sable morisco de hoja alfanjada, tipo de sable que fue adoptado, por entonces, por los oficiales de Napoleón, tras la campaña en Egipto. Más tarde, San Martín armó a su Regimiento de Granaderos a Caballo con tipos de sables similares, ya que los consideraba ideales para los ataques de carga de caballería.

Tras el retiro de San Martín en Europa, posterior a la entrevista de Guayaquil, el arma quedó en la ciudad de Mendoza en manos de una familia amiga. En una posterior carta escrita a su yerno, Mariano Balcarce y a Mercedes, San Martín solicita que le envíen el sable a Europa, quedando así en su posesión hasta su muerte.

San Martín legó, en la tercera cláusula de su testamento, su sable al gobernador Juan Manuel de Rosas: “El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la Independencia de la América del Sud, le será entregado al General de la República Argentina Dn Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como Argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la república contra las injustas pretensiones de los Extranjeros que trataban de humillarla”.

Mariano Balcarce, una vez ocurrida la muerte del Libertador, comunicó a Rosas la decisión testamentaria. El sable le fue remitido a Rosas dando cumplimiento a lo establecido en el testamento.

Según el escritor José María Rosa, Rosas en su destierro de Southampton, había decidido a ejemplo de San Martín, donar el sable corvo al mariscal Francisco Solano López. Una vez enterado de la muerte del mariscal paraguayo, Rosas decidió legar el sable a su amigo Juan Nepomuceno Terrero, y tras su muerte a su esposa y luego a sus hijos e hija por orden de edad. La espada pasó así a la posesión de Máximo Terrero y Manuelita Rosas tras la muerte de Rosas, ya que Juan Terrero había muerto.

Repatriación

En 1896, Adolfo Carranza, fundador y primer director del Museo Histórico Nacional, solicitó a la familia Terrero Rosas la donación del sable de San Martín, pedido al que la familia accedió. En la primera carta que remitió a Manuela Rosas, Carranza expresó: (...) me permito solicitar de V. con destino al Museo que dirijo, aquella espada redentora de un mundo, para que aquí, en el seno de la patria que le dio ser, pueda ser contemplada por los que la habitan y sea ella en todo tiempo la que les inspire para defender la soberanía nacional, como en la ocasión que originó se la obsequiaran a su señor padre.

El sable fue enviado desde Southampton a la Argentina el 5 de febrero de 1897 en el vapor Danube. El 28 de febrero llegó al puerto de La Plata y el sable sanmartiniano fue trasbordado a la corbeta La Argentina. Arribó a Buenos Aires el 4 de marzo. Una comisión encabezada por Donato Álvarez lo recibió en el dique 3 y lo depositó en el Museo Histórico Nacional dónde se labró un acta para dejar constancia del evento.

Robos

El sable permaneció en el Museo Histórico Nacional hasta el 12 de agosto de 1963, día en que fue robado por Osvaldo Agosto -quien ideó el plan y estuvo a cargo de su parte operativa-, Manuel Gallardo, Aristides Bonaldi y Luis Sansoulet, todos integrantes de la Juventud Peronista.

Osvaldo Agosto —publicista y ex Secretario de prensa del asesinado extitular de la CGT, José Ignacio Rucci— señaló que el robo “fue algo simbólico; el peronismo venía de varias derrotas, estábamos proscriptos, había ganado el radicalismo con Arturo Illia y teníamos que hacer algo para levantar el ánimo de los muchachos”.

Indicó que el objetivo del robo fue poner en ridículo al régimen y a las Fuerzas Armadas apropiándose del arma más conocida de San Martín, que había legado a Juan Manuel de Rosas por su exitosa defensa contra Gran Bretaña y Francia, para luego entregársela a Juan Domingo Perón, quien seguía exiliado en Madrid.

Para poner fin a secuestros y torturas, Aníbal Demarco, que tenía la misión de llevarle el Sable a Perón, acordó con otro miembro de la resistencia peronista, el excapitán del Ejército Adolfo Philippeaux, la devolución de la reliquia al Ejército.

Fue robado nuevamente el 19 de agosto de 1965 por otro grupo de la Juventud Peronista y entregado un año después a los servicios del Ejército luego de diversos avatares. Tras este episodio quedó bajo custodia en el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, y fue colocado dentro de un templete blindado, construido para tal efecto, por donación del Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires.

Por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el sable corvo fue trasladado por el Regimiento de Granaderos a Caballo y reintegrado el día 24 de mayo de 2015 al lugar del que había salido en 1967, por mandato del dictador Juan Carlos Onganía. Durante el trayecto fue bendecido por el arzobispo Mario Poli en la Catedral metropolitana, delante del Mausoleo que guarda los restos del general San Martín. Desde ese lugar lo trasladaron con el acompañamiento popular y militar hacia el Museo Histórico Nacional. Allí, en una sala especial, se exhibe junto a las espadas de otros próceres, entre ellos, Juan Manuel de Rosas, Manuel Belgrano y Manuel Dorrego.

Características

Debido a que el sable corvo sanmartianiano fue adquirido en Londres, el gobierno argentino consultó a especialistas del Museo de Victoria y Alberto y a la Armería de la Torre de Londres acerca de los orígenes del arma. Estos especialistas sostuvieron que el sable es de tipo turco y que su hoja sea probablemente originaria de Persia donde se forjaban las hojas de acero de Damasco. La curva irregular de la hoja es otra característica de los sables orientales. Concluyeron por las características anteriores que el sable no tiene origen europeo.

Análisis metalográfico

En 1966, el Estado argentino le ordenó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNA) que realizara un estudio metalográfico para determinar su composición y origen. El mismo fue realizado por el perito químico Daniel Vassallo, en el Laboratorio de Metalografía del Departamento de Materiales de la CNA. Se realizó un estudio no destructivo que reveló cristales grandes de carburos, distribuidos de forma irregular en un patrón de bandas. Fue identificado como un shamsir de acero de Damasco confeccionado en Oriente Medio con una técnica preindustrial constituyente.

Réplicas

Un calco del histórico sable fue obsequiado a la Municipalidad Metropolitana de Lima (Perú) por el maestro orfebre argentino Juan Carlos Pallarols, que confecciona desde 1983 los bastones de mando presidenciales en Argentina y los cálices papales de Juan XXIII a Francisco. Fue exhibido en el Teatro Segura de Lima -donde San Martín escuchó por primera vez el Himno Nacional del Perú en la voz de la soprano peruana, Rosa Merino - entre julio y agosto del 2023.

En el Museo de la Diplomacia, en el Palacio San Martín, se exhibe una réplica del sable corvo. Esta copia del sable fue realizada por el Batallón de Arsenales 601 Esteban de Luca.

Con información de agencias, wikipedia y Revista Anfibia.

IG

En el siglo XX Rosas fue objeto de reivindicación por parte de la corriente historiográfica denominada Revisionismo Histórico, y desde 2010 un feriado nacional, el 20 de noviembre, conmemora la batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo a su ejército como protagonista. Para conocer más sobre la historia y los debates en torno a Rosas y el rosismo entrevistamos a los historiadores Raúl Fradkin e Ignacio Zubizarreta.

Entrevistados: Raúl Fradkin e Ignacio Zubizarreta

Conducción: Magdalena Candioti

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

La idea de que para hacer política hace falta dinero está presente desde mucho antes de que el nombre de Cristina Kirchner se convirtiera, para una parte importante de los argentinos, en sinónimo de corrupción. Ya en el amanecer de la era republicana, los dirigentes políticos descubrieron que conquistar apoyos y movilizar voluntades se tornaba más sencillo si contaban con recursos. Juan Manuel de Rosas fue de los primeros en advertir que para crearse lealtades entre las clases populares, además de tener cierto ascendiente, convenía invertir no sólo tiempo y esfuerzo sino también dinero. “Ya has visto lo que vale la amistad de los pobres y por ello cuánto importa el sostenerla para atraer y cultivar sus voluntades. Escríbeles con frecuencia, mándales cualquier regalo sin que te duela gastar en eso”, le recomendaba a su esposa, Encarnación, en una carta de 1833.

Conforme las redes políticas se fueron volviendo más capilares y más extensas, hizo falta más dinero para figurar en los primeros planos de la vida pública. La proyección de Justo José de Urquiza como líder nacional se apoyó sobre su enorme fortuna. A lo largo de su carrera, el primer presidente de la Confederación financió elecciones, colaboradores y periodistas en toda la geografía del país. La prensa política nunca fue económicamente sustentable, y hubo que apuntalarla con aportes y suscripciones. Ya en el siglo XIX, quien quisiera tener un periódico con el que participar en la batalla de las ideas, celebrando a los propios y ensuciando rivales, no tuvo más remedio que pagarlo. Sin embargo, no hay duda de que la movilización electoral fue la instancia más demandante de recursos. Y también queda claro que, para los que no disponían de una fortuna como la de Rosas o Urquiza, pasar la gorra nunca fue una tarea sencilla. “Usted sabe que sin dinero no se ganan elecciones y sabe también las dificultades que se tocan para conseguirlo, porque cuando se trata de formar son pocos los que se presentan”, le escribía Gregorio Torres a Julio Roca en 1894, poniendo de relieve una verdad que entonces nadie desconocía.

Durante mucho tiempo, fueron los candidatos y las figuras más cercanas a las cúpulas partidarias los que debieron formar en esa fila tan necesaria como poco atractiva. Cada agrupación tenía una miríada de pequeños colaboradores, pero era difícil funcionar sin grandes benefactores, muchos de los cuales estaban genuinamente identificados con una idea o con un líder, pero a los que en ocasiones era necesario recompensar con favores especiales, como crédito de la banca pública o lugares en las listas. Otros recursos los aportaba el presupuesto público, vía la provisión de empleo. Ya entonces el empleo en la administración pública era crucial para gratificar a simpatizantes y, sobre todo, para sostener a los dirigentes intermedios cuya tarea principal era poner en marcha las maquinarias electorales que arrimaban votos el día de la elección. No hace falta recordar que, en este punto, los oficialismos corrían con ventaja.

Con la reforma electoral de 1912, que instauró el voto secreto y obligatorio y llevó más y más ciudadanos a las urnas, la escala de la actividad política pegó un salto. Había que llegar más lejos y a más electores. Las campañas electorales se volvieron más largas y complejas y, por ende, también más costosas. La necesidad de contar con más recursos presionó sobre los bolsillos de los simpatizantes pero también reclamó financistas más generosos y de espaldas más anchas. Esto sucedía cuando, al calor de la expansión de la economía de mercado y el cambio tecnológico, el capitalismo argentino entraba en una nueva fase, y el paisaje productivo comenzaba a registrar la presencia de empresas de enorme tamaño. Entre ellas se destacaban las prestadoras de servicios públicos. Estas firmas eran, por otra parte, especialmente sensibles a la regulación estatal.

En este nuevo escenario se produjo un cambio cualitativo en la relación entre dinero y política, que le dio otra envergadura y otro significado al problema de la corrupción. Hasta entonces, la idea de corrupción solía estar asociada a la distorsión del principio representativo, casi siempre como resultado de la imposición oficial y la falsificación electoral. En el siglo XIX, lo que se corrompía era la república. Una vez afirmado el orden político, y sobre el telón de fondo de una economía más dinámica y concentrada, lo que se corrompió fue el grupo gobernante. Sometidas a mayores presiones competitivas, sus distintas facciones debieron cortejar, con mayor intensidad que antes, a los ahora también más poderosos dueños del capital. Y eso tuvo sus costos. De allí que, en relación con el tema que nos concierne, el aspecto novedoso de la era de la democracia de masas fue la preocupación por el influjo del poder económico sobre la calidad y la orientación de la política pública.

Un buen ejemplo de este cambio lo ofrece uno de los grandes escándalos de corrupción de la primera mitad del siglo XX. Sus principales protagonistas fueron la dirigencia radical y la CHADE, la compañía proveedora del servicio eléctrico de la ciudad de Buenos Aires, aunque el escándalo tuvo otros protagonistas menores. Las relaciones entre la empresa y el gobierno porteño, turbias desde el origen, se volvieron muy oscuras en la década de 1930. La colusión alcanzó su punto más agudo en 1936, cuando Marcelo T. de Alvear empleó todo su prestigio como líder nacional del radicalismo para que el Consejo Deliberante, en el que su partido tenía mayoría, votara una prórroga de la concesión hecho a la medida de los deseos de la empresa, a cambio de una importante coima.

Alvear no se benefició personalmente, pero el costo de la campaña presidencial de 1937 y de una parte del nuevo edificio del Comité Nacional de la UCR vinieron incluidos en las boletas de electricidad que los consumidores porteños debieron abonar durante los años posteriores a la aprobación de la prórroga. De acuerdo a un estudio de Miguel Ángel Scenna, unos años más tarde también Perón se sumó a la lista de figuras políticas que recibió favores de la CHADE. Fue cuando convenció al presidente Farrell de tapar la investigación de los hechos de corrupción en los que estaba involucrada la CHADE, favor que la empresa recompensó con un millón de pesos. Al igual que había sucedido con Alvear, también esta vez el dinero no fue a parar a los bolsillos de Perón sino a financiar su proyecto político, más concretamente, los gastos de la campaña electoral de 1945-6.

¿Hay algo particularmente notable en la naturaleza de la relación argentina entre dinero y poder? Vistos a la distancia, el vínculo entre los dueños del capital y los líderes políticos no resulta demasiado singular. Reprochable y condenada, y muchas veces denunciada por la izquierda y la derecha que estaban al margen de estos enjuagues, la colusión entre políticos y capitalistas aparecía aquí y allá, pero el cuadro general no se apartaba demasiado de lo que es posible observar en otras experiencias nacionales de ese tiempo. Constituía una nube, oscura pero pequeña, en el todavía bastante despejado firmamento económico argentino. Antes, durante o después del gobierno de Perón el problema de la corrupción era apenas una nota a pie de página en el debate sobre los grandes dilemas del país. Y esto era así porque la nave del estado era lo suficientemente sólida como para que la corrupción no dañara su casco ni su sala de máquinas. Y para que no conquistara la mente de su tripulación. La corrupción, hubiese pensado Hobbes, no hacía más daño que el que provocaban los gusanos en las entrañas del Leviatán.

En el último tercio de siglo, sin embargo, el paisaje cambió. Este período está marcado, en lo que a corrupción se refiere, por dos grandes hitos, asociados a los nombres de Menem y Kirchner. Durante las presidencias de Carlos Menem (1989-1999) tuvo lugar un cambio cualitativo en la significación y visibilidad de esta práctica. El ostentoso estilo de vida de muchos dirigentes políticos y jefes sindicales peronistas expuesto a la luz del día a partir de esos años nos revela que la austeridad y el cuidado del patrimonio común dejaron de constituir un atributo valorado en el seno de esta fuerza política y, en alguna medida, en la sociedad en su conjunto. Pero para entender la razón de fondo del salto de escala en la corrupción hay que dejar de lado cuestiones vinculadas a la personalidad, la cultura política o las motivaciones de sus promotores y beneficiarios (factores cuyo poder explicativo siempre es limitado) y prestar atención a determinantes más amplios.

En un artículo de 1996 que no ha perdido vigencia, Pablo Gerchunoff y Juan Carlos Torre trazaron las coordenadas que nos permiten encuadrar el problema (https://www.jstor.org/stable/3467293). Llegado al poder en circunstancias críticas, acosado por la amenaza de la hiperinflación, Menem se abrazó a la bandera de la reforma económica y la reducción del gasto público. Con determinación y firmeza encaró un ambicioso proceso de privatizaciones. El resultado fue que, en muy pocos años, el vasto universo de empresas públicas que el estado había acumulado a lo largo de más de medio siglo de expansión pasó a manos privadas. Urgido por alcanzar resultados inmediatos que mejoraran su posición financiera en el corto plazo y, sobre todo, que confirmaran su adhesión al credo de la libertad de mercado y le granjearan el apoyo de empresarios y financistas, Menem privilegió la velocidad y la profundidad de la venta de ese enorme patrimonio (que engullía casi la mitad del presupuesto) sobre cualquier otra consideración. Y dado que la prioridad política de esa administración era privatizar a marcha forzada no puede sorprender que los procesos concretos de cambio de dominio estuvieran plagados de inconsistencias y corruptelas.

A ello hay que agregar que el grupo dirigente que lideró ese proceso no provenía de los sectores más establecidos y prestigiosos del justicialismo, que en la disputa por el liderazgo dentro del partido se habían inclinado por el renovador Antonio Cafiero. Los azares de las urnas quisieron que el proyecto de Cafiero naufragara en las elecciones internas de 1988, y que Menem y sus riojanos llegaran al poder al frente de una antiélite (según una feliz expresión de Ricardo Sidicaro) reclutada en las periferias del mundo político y sindical justicialista, al que luego se sumaron otras figuras provenientes de constelaciones político-ideológicas ajenas al universo justicialista. Ese grupo poblado de aventureros y arribistas desempeñó un papel de primer orden en la puesta en marcha de ese vasto proceso de proceso de privatizaciones, y se asignó recompensas personales a la medida de ese desafío. Con esa antielite debió lidiar el poderoso equipo de tecnócratas de Domingo Cavallo que -en un momento en el que la palabra de los economistas poseía una enorme gravitación- pugnaron por imprimirle a la política pública una mayor racionalidad y un rumbo compatible con las lógicas de la economía de mercado.

Hacia fines de la década, una larga recesión, que culminó en el estallido de 2001, devaluó las credenciales del gobierno de Menem y castigó la idea de que el mercado, además de estabilidad, podía ofrecer crecimiento y bienestar. Como reacción a los fracasos del experimento de liberalización -que se cobró la vida de la efímera Alianza- ganó fuerza una revalorización del papel del rector del estado en la vida económica que coincidió, por otra parte, con un período de holgura en las cuentas públicas y de bonanza en los términos de intercambio. Estas coordenadas encuadraron la experiencia de reparación social y expansión del estado liderada por Néstor y Cristina Kichner (2003-2015).

Un nuevo clima de ideas de impronta estatista y un considerable margen fiscal se alinearon para impulsar una expansión sin precedentes del sector público, superior incluso a la del primer peronismo. Cuando Cristina dejó la Casa Rosada, el gasto público, que en la década de 1990 rondaba el 22/24% del producto bruto, había trepado hasta comprender el 41/42% de la riqueza producida por los argentinos. La mayor parte de este crecimiento se explica por el incremento de las transferencias directas a los hogares, concentrados tanto en las clases medias y altas (subsidios energéticos) como en las bajas (ampliación del universo de beneficiarios del sistema previsional y asignación universal). Pero el abrupto movimiento de péndulo desde el mercado hacia el estado iniciado en 2003 también arrastró consigo a muchas empresas, casi todas de servicios, que pasaron al dominio público.

En muchos aspectos, el largo gobierno kirchnerista supuso una drástica reversión de las políticas que caracterizaron al ciclo del peronismo pro-mercado. En relación al tema de esta nota, dos rasgos marcan su singularidad. En primer lugar, el hecho de que una expansión tan veloz del gasto, que prácticamente dobló el tamaño del sector público en el curso de un decenio, creó muchas oportunidades de negocios grises o directamente corruptos, ya fuera en mercados muy regulados o en actividades asociadas al nuevo universo de empresas públicas creadas en esos años y, por supuesto, también en las empresas públicas más antiguas que vieron crecer sus presupuestos y proyectos. El juicio por la causa Vialidad, cuyas alternativas podemos seguir en estos días, donde la prueba aportada por la fiscalía sólo es contestada apelando a impugnaciones de naturaleza procedimental, nos ofrece numerosos ejemplos que ilustran estos fenómenos.

En segundo lugar, dirigir la atención hacia las características de la elite estatal que controló la Casa Rosada durante un ciclo político infrecuentemente prolongado para los parámetros argentinos ayuda a entender el nuevo umbral alcanzado por la corrupción promovida desde la cima del poder en la era pingüina. Pues al igual que la elite menemista, también la kirchnerista fue una antielite, cuya visión sobre la manera de hacer política estuvo marcada por la experiencia de gobernar una provincia periférica, de economía mayormente rentista, en la que primaban modalidades de gestión de los recursos públicos muy opacos (basta recordar la renuencia del ejecutivo provincial a ofrecer información sobre sus tenencias externas o la remoción del procurador Sosa en 1995).

Quizás el mayor emblema de esa opacidad lo representa la figura de Julio de Vido, mano derecha de los Kirchner en todo lo referido a la administración de los recursos públicos a lo largo de tres décadas. En algún momento de ese extenso periplo, aquellas dimensiones que para dirigentes como Alvear y Perón siempre debían permanecer separadas -fortuna personal y financiamiento de la actividad política- terminaron confundidas. Con un agravante. Mientras que Menem debió lidiar con las demandas de mayor transparencia y racionalidad provenientes de la influyente tecnocracia pro-capitalista del Ministerio de Economía, el gobierno Kirchner no tuvo necesidad de someterse a interdicciones externas a su círculo de poder. En parte porque los nuevos grupos que se sumaron a la coalición gobernante a lo largo de esos años, casi siempre indiferentes a la agenda de transparencia institucional, no introdujeron contrapeso alguno al estilo de gestión de los recursos públicos madurado en el lejano Sur. Pero sobre todo porque el papel más acotado asignado al mercado en el patrón de desarrollo, y en alguna medida también el desprestigio y la subordinación de los economistas que el fracaso del experimento de liberalización de la década anterior dejaron como legado, crearon un escenario en el que la colusión con intereses privados, aunque lejos de ser un fenómeno propio del nuevo siglo, tuvo mayor espacio para desplegarse.

Sería equivocado afirmar que los capítulos menemista y kirchnerista de nuestra historia de la corrupción constituyen experiencias aisladas, sin ramificaciones hacia atrás y hacia adelante. Por el contrario, ambos constituyen hitos significativos de una historia más larga que, no cabe duda, ha manchado a todos los gobiernos y a muchos actores del mercado y la vida pública. ¿Hace falta recordar que los cuadernos de Centeno reservan un lugar especial para las empresas familiares del propio expresidente Macri, así como para lo más granado de la elite empresaria nacional? Y esto es así porque la corrupción es un problema sistémico, que sólo puede ser acotada y mantenida a raya mediante una combinación de vigilancia y presiones ciudadanas e iniciativas provenientes de los sectores más honestos y de mayor amplitud de miras de la elite dirigente. Fortalecimiento de los órganos de control, iniciativas para transparentar el financiamiento de la actividad política, y controles sistemáticos, universales e imparciales sobre los ingresos y el patrimonio de los individuos que integran nuestras elites del poder son imprescindibles para empujar esta agenda, que debe desplegarse bajo la mirada atenta del periodismo honesto y la ciudadanía.

La naturalidad con que aceptamos que dirigentes sindicales, jefes policiales o altos funcionarios públicos exhiban un estilo de vida que de ninguna manera se condice con lo que informa su recibo de sueldo nos revela cuán lejos estamos de alcanzar ese objetivo. Mientras tanto, recordemos que si bien la corrupción de ninguna manera constituye el principal problema de un país como el nuestro, que hace casi medio siglo que no crece, aun así tiene costos elevados, y sus efectos negativos se hacen sentir en varios planos. Y esto no sólo porque estimula y encubre distintas formas del delito organizado y porque dirige recursos mal habidos hacia los bolsillos de unos pocos privilegiados. Tanto o más relevante es recordar que la corrupción vuelve más opaca la vida pública y, en un país al que, a diferencia del que conocieron Alvear o Perón, ya no le sobra nada, da lugar a una mala asignación de los siempre escasos recursos del presupuesto. En definitiva, la corrupción erosiona dos columnas de nuestro edificio cívico: el ideal de una república de iguales y la capacidad del estado para generar políticas públicas dirigidas a promover el desarrollo con equidad.

RH

Los primeros relatos sobre la fotografía en el siglo XIX navegan entre la ciencia, el arte y el misterio. Desde comienzos de 1839, antes de que fuera presentada, las noticias sobre “un proceso con el que, sin ninguna noción de dibujo, sin ningún conocimiento de física o química, podremos en pocos minutos obtener vistas detalladas de los sitios más pintorescos” proliferaban en la prensa francesa. El invento de Louis-Jacques-Mandé Daguerre y Joseph Nicéphore Niépce para “fijar las vistas de la naturaleza sin la necesidad de un dibujante” era tan novedoso que para explicarlo se hacía necesario mencionar aquello que venía a reemplazar. 

El 19 de agosto de 1839, cuando el astrónomo, físico y diputado liberal François Aragó divulgó el método en la Academia de Ciencias de Francia, la expectativa se transformó en asombro. Una placa de cobre enchapada en plata, pulida a espejo y sensibilizada con vapor de yodo debía colocarse en la cámara obscura donde se la exponía a través de la lente durante 8 a 10 minutos. Al retirarla, ni siquiera el ojo más entrenado podía aún distinguir las huellas. Recién al exponerla al vapor de mercurio, la placa revelaba los “dibujos” como por arte de magia. 

Una de las grandes innovaciones del siglo XIX, el daguerrotipo, se anunció como un regalo de Francia al mundo. La liberación de la patente a cambio de pensiones vitalicias del gobierno francés para sus descubridores promovió una verdadera daguerromanía. De hecho, la cámara arribó al Río de la Plata 180 días después de haber sido presentada en París. Sin embargo, el bloqueo naval de Francia sobre los puertos de la Confederación que buscaba deponer a Juan Manuel de Rosas impidió que arribara a Buenos Aires. El 19 de febrero de 1840 desembarcó en Montevideo y las primeras impresiones sobre su funcionamiento llegaron desde la vecina orilla, a través de cartas y artículos escritos por los exiliados del rosismo. 

“El invento de Daguerre” llegó a bordo del Oriental-Hydrographe, un navío de tres mástiles, 34 metros de largo y 9 de ancho, cuya historia recién empezó a conocerse en detalle durante las últimas décadas del siglo XX. Prototipo de “universidad flotante”, que pretendía circunnavegar el globo en un viaje de descubrimiento para jóvenes de “las mejores familias” francesas y belgas, fue un emprendimiento privado que contó con patrocinio oficial. Era el sueño de un joven capitán, Augustin Lucas, de 35 años, que había navegado los mares del sur y buscaba fomentar el desarrollo de la flota comercial francesa. “Debemos convencernos de que la Marina Inglesa y el comercio marítimo de Inglaterra están en auge”, escribía. “Así, observamos cómo todos los pueblos de América del Sur se abastecen casi exclusivamente de artículos ingleses que se fabrican a menor precio y con mayor calidad que en Francia”. Un libro de la investigadora brasileña María Inez Turazzi, El Oriental-Hydrographe y la fotografía, editado por el Centro de Fotografía de Montevideo, profundiza en las alternativas de esa aventura, a la vez cautivante y trágica. 

El retraso de la expedición programada originalmente para marzo de 1839, un afortunado traspié, permitió que Lucas se reuniera con Daguerre y le solicitara su invento para la expedición. Jean-Baptiste Jobard, editor del Courrier Belge, presente en ese encuentro, escribió: “Ahora que el capitán Lucas incorporó un daguerrotipo a su viaje de circunnavegación, se puede decir que serán los primeros viajeros en relatar visiones incontestables y no romantizadas de los monumentos de India y del país de las mil y una noches”. 

El buque pasaría por Lisboa, Tenerife, se detendría en Senegal y cruzaría el Atlántico, tocando varios puntos de la costa del Brasil. Inicialmente Buenos Aires se mencionaba en el itinerario, pero más tarde la escala fue sustituida por Montevideo. Desde allí, partirían al Cabo de Hornos y subirían después por el Pacífico, se detendrían en Chile y seguirían hacia el norte por la costa oeste de Sur y Norteamérica. Finalmente, pondrían rumbo a Australia, haciendo escalas en China, India y el Golfo Pérsico. 

La circunnavegación se financiaría con la inscripción de alumnos, novicios voluntarios, que pudieran pagar los 2.500 francos anuales que costaba la matrícula. Aprenderían todo lo que se enseña “en nuestras mejores instituciones universitarias”: marina teórica y práctica, matemáticas, geografía, astronomía, estadística, construcción naval, historia, lenguas y literatura. Realizarían mediciones hidrográficas, astronómicas y meteorológicas que enviarían a las principales sociedades geográficas. 

Al plantel docente, que contaba con algunas figuras de renombre, se sumaba un religioso, el padre Louis Comte, capellán de la expedición, pionero entusiasta de la fotografía, a quien se describe en los registros de la embarcación como un hombre de 39 años, un metro setenta de altura, cabellos y ojos oscuros, nacido en Nantes y residente en pueblo de Grand Verrière, región de Borgoña. 

Se presume que tanto Comte como Lucas aprendieron los rudimentos del arte fotográfico en algunas de las primeras demostraciones que Daguerre llevó a cabo para explicar el funcionamiento de su procedimiento. Después, debieron partir hacia el puerto de Paimboeuf, en la Bretaña francesa, desde donde zarparon el 25 de septiembre. 

Durante las primeras semanas de la travesía, el mal clima puso a prueba a los novicios y se manifestaron las primeras tensiones. De los 86 pasajeros registrados, 50 eran alumnos. Entre ellos, algunos jóvenes barones y marqueses que se negaron a realizar las tareas reservadas a marineros y grumetes, provocando la reacción de los oficiales entrenados en la férrea disciplina marítima. 

Para colmo, al llegar a Lisboa la demostración del daguerrotipo en el Palácio das Necessidades fracasó. “Sus majestades siguieron las operaciones del señor Comte con gran paciencia e interés; desafortunadamente la prueba no tuvo éxito”, sentenció el embajador francés en Portugal. Obtener una imagen tomaba al menos una hora y se necesitaba una pericia considerable que sólo se lograba con la experiencia. 

“Desde nuestro malogrado intento con el daguerrotipo en Lisboa, hemos completado nuestra formación. Hoy en día tenemos un éxito admirable y, por lo tanto, no pasamos ni un día sin daguerrotipear”, relataba en su crónica desde Senegal un alumno anónimo. “Cuando regresemos a Francia, quedarán encantados con las maravillosas placas que mostraremos y que pondrán ante sus ojos las verdaderas vistas y no las falsificadas o adornadas con un lápiz mentiroso”. 

Tras cruzar el Atlántico, los rumores sobre la indisciplina a bordo comenzaron a circular en tierra firme. En Brasil, el cónsul en Pernambuco escribió a Francia sobre la “absoluta anarquía” que reinaba en el Oriental Hydrographe. Las quejas empezaban a complicar la reputación de la expedición. Frente a las costas de Salvador de Bahía un alumno falleció por enfermedad. Antes de dejar Río de Janeiro, cinco estudiantes desertaron del navío. 

Sin embargo, la primera presentación del daguerrotipo en la capital brasileña, el 17 de enero de 1840, fue un éxito rotundo. El Journal de Commercio exaltaba la demostración: “Es preciso haberlo visto con los propios ojos para tener una idea de la rapidez y el resultado de la operación”. Lucas y Comte lograron entusiasmar al futuro emperador Pedro II, de 14 años, que poco después se convertiría en uno de los primeros daguerrotipistas nativos de la región. 

El Oriental-Hydrographe dejó Brasil en la última semana de enero. El bloqueo de la ribera argentina había comenzado en marzo de 1838 y se extendió hasta octubre de 1840. En total, fueron dos años y medio. Al llegar a Montevideo, el capitán Lucas informaba a Francia: “Rosas aumenta su ejército diariamente y la esperanza de derrocarlo sigue siendo tan frágil como hace seis meses”. El barón de Terloo, pasajero y cronista para el Courrier Belge, se refería al “loco sanguinario que gobierna esa república” y a Buenos Aires como “esa ciudad esclava gobernada despóticamente por el dictador Rosas, una especie intermedia entre el tigre y el chacal”.

El 26 de febrero de 1840, la daguerrotipia se presentó en la casa del cónsul francés en Montevideo. Exiliada en la capital uruguaya, Mariquita Sanchez de Mendeville, viuda de Thompson, fue la primera persona en enviar sus apreciaciones a la Argentina. “Ayer hemos visto una maravilla, la ejecución del Daguerrotipo es una cosa admirable, ves la plancha como si la hubieras dibujado con un lápiz negro, la vista que has tomado con tal perfección y exactitud que sería imposible obtener de otros modos”. A su hijo Juan Thompson, residente en la provincia rebelde de Corrientes, le contaba: “Los más pequeños objetos los ves con una prolijidad tal que la juntura de los ladrillos y los descascarados del revoque los ves con un vidrio de aumento”. 

Perspicaz, Mariquita resaltaba una de las características salientes de ese primer proceso fotográfico: la increíble definición que aún hoy se percibe en placas con más de un siglo y medio de existencia. En su misiva también se refería al Oriental Hydrographe: “Esta máquina la ha traído un buque en el que viajan muchos jóvenes que dan la vuelta al mundo. Es una expedición romántica de muchachos atronados”, escribía. “A bordo han tenido mil peleas ya y se van quedando algunos de resultas por los países que van pasando”. 

Otros exiliados, como Florencio Varela y Tomás de Iriarte, también asistieron a las demostraciones y escribieron sus impresiones en detalle. El daguerrotipo no podía utilizarse aún para hacer retratos por “la dificultad casi insuperable de la completa inmovilidad del rostro” durante los 10 minutos de exposición. Aunque conocían “por informes” de las mejoras considerables que el proceso había logrado en los últimos cinco meses, desde la salida del barco. 

Quizás tentado por las posibilidades de negocios en Montevideo, donde un cuarto de los habitantes eran franceses, el padre Luis Comte decidió abandonar la expedición y establecerse. Se presentaba como Abate -aunque no era Abad- y como discípulo de Daguerre. Profesor de dibujo e idiomas, entrepreneur, en un aviso del 21 de octubre de 1840 ofrecía equipos fotográficos a la venta, asegurando el éxito del procedimiento y brindando “garantías personales” a “las personas que me favorezcan con su confianza”. 

Aunque las primeras galerías daguerrianas de Buenos Aires recién aparecerían mencionadas en la prensa hacia mediados de 1843, se sabe que hubo intentos anteriores de traer la fotografía a la Argentina. Pedro De Angelis, gran figura intelectual del rosismo, le compró a Comte el equipamiento pero no logró hacerlo funcionar. En una carta del 23 de abril de 1842, citada en El retrato imposible, la iconografía de Rosas del investigador Carlos Vertanessian, revela su frustración: “Si hubiera sabido que existían tantas (instrucciones) para manejar el daguerrotipo, habría renunciado. Estos diablazos franceses son charlatanes sin igual en el mundo entero”. 

Comte vivió en Montevideo hasta 1848. Antes de partir, publicó en el diario la venta de sus pertenencias entre las que se contaban “un laboratorio de caoba” y “un daguerrotipo en buen estado”. En su testamento -murió en 1868-, entre otros bienes, se menciona el giro de 128.000 francos desde la República Oriental, una fortuna considerable. 

En cuanto al Oriental Hydrographe, al dejar el Río de la Plata enfiló hacia el Pacífico. Después de presentar el daguerrotipo en Valparaíso, cuando el 23 de junio de 1840 la embarcación dejaba el puerto, golpeó contra unas rocas y naufragó. No debieron lamentarse muertos, pero la reputación del capitán quedó manchada para siempre. Se salvaron una parte de los bienes. Entre ellos, una cámara y un laboratorio que Lucas llevaría a Australia para inaugurar en esas tierras la historia de la fotografía. 

Ninguna de las placas daguerreanas tomadas durante la expedición, fehacientemente identificada, subsiste. Solo quedan imágenes atribuidas y litografías hechas a partir de los registros fotomecánicos originales. Tampoco se sabe si el daguerroitipo registró los momentos posteriores al desastre. Sin embargo, en la Biblioteca Nacional de Chile se conserva un boceto fechado el día posterior al accidente. Su autor, testigo presencial de la escena del naufragio, fue nada menos que el alemán Juan Mauricio Rugendas, artista viajero que residía entonces en Valparaíso. Ironías de la historia, fue su “lápiz mentiroso” el que inmortalizó los trabajos de rescate en el Oriental-Hydrographe. 

DS/CB