“Cuando se trate la ley, vamos a la huelga”, anticipó Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines. La decisión está tomada. Frente al inminente debate de la reforma laboral en el Congreso, el gremio ya definió un paro nacional como respuesta. La medida se contrapone con la estrategia de la Confederación General del Trabajo (CGT), que hasta ahora optó por enviar sus objeciones al Senado en un documento y continuar las conversaciones con el oficialismo.

Yofra alertó que, si se aprueba la reforma, el impacto para la clase trabajadora será irreversible. En una entrevista con AM 530, explicó que su gremio actuará como en 2024, cuando convocó a una huelga en rechazo al capítulo laboral de la ley Bases. Ahora, ante la continuidad de la “ley de modernización laboral”, la postura es la misma: movilizar y paralizar tareas para frenar un paquete que, en sus palabras, representa una “aberración” contra los derechos laborales.

Mientras tanto, la comisión técnica del Senado, encabezada por Josefina Tajes, asesora de Patricia Bullrich, recibe hasta el lunes 26 las propuestas de modificaciones. Aunque la CGT fue convocada a exponer, decidió no asistir y presentar sus reparos por escrito. El oficialismo ratificó que no habrá nuevo dictamen ni se alterará el “espíritu” del texto: sólo se analizarán cambios puntuales para asegurar votos en el recinto a partir del 11 de febrero.

“No podemos quedarnos inmóviles”, insistió Yofra, que también señaló que otras organizaciones gremiales podrían sumarse si la CGT no convoca a un paro. En ese sentido, valoró el impulso de sectores como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo secretario general Abel Furlán convocó a reuniones para coordinar medidas. “Nosotros damos la posibilidad de que se sumen a nuestra lucha”, dijo el dirigente aceitero.

En paralelo, varios actores empresariales también marcaron diferencias con el proyecto. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) planteó objeciones a cinco artículos —especialmente los referidos a la ultraactividad de los convenios colectivos y los aportes patronales— por considerar que podrían generar inestabilidad y conflictos legales. Ricardo Diab, presidente de la entidad, advirtió que los cambios “no pueden aplicarse de un día para otro”.

Yofra, sin embargo, enfatizó que los objetivos reales de la reforma no se corresponden con los argumentos oficiales. “Con la ley Bases hubo reforma laboral y aumentó el trabajo no registrado. No hay más empleo por cambiar leyes”, afirmó. A su juicio, lo que se busca es debilitar la capacidad de defensa de los trabajadores y limitar la acción gremial.

Sobre el Congreso, expresó desconfianza: “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya han demostrado que pueden votar en contra de los trabajadores fácilmente”. Cuestionó que la discusión se lleve adelante sin la participación formal de las centrales obreras, y denunció una estrategia de presión por parte del Gobierno nacional sobre los gobernadores. “Negocian a espaldas de los trabajadores”, acusó.

En ese marco, la CGT desplegó una doble estrategia: mantener negociaciones con los referentes del oficialismo —entre ellos Santiago Caputo, Martín Menem y Diego Santilli— y enviar a sus dirigentes a recorrer provincias para convencer a gobernadores de frenar el proyecto. Aún así, en su conducción reina la cautela: no hay garantías de que las críticas se traduzcan en cambios concretos.

Para Yofra, esa actitud es insuficiente. “Hay que salir a discutir en la calle qué tipo de reforma laboral queremos”, señaló. En lugar de flexibilizar condiciones, propuso debatir cómo garantizar mayores salarios y más seguridad para quienes trabajan. “Esa es la función que tenemos como dirigentes sindicales”, remarcó.

La comisión técnica del Senado definirá en las próximas semanas si toma o no alguna de las objeciones. Pero, hasta el momento, el oficialismo mantiene su hoja de ruta: no dividir el proyecto ni retroceder en los ejes centrales. En ese contexto, los gremios que ya definieron parar apuntan a generar presión directa con acciones concretas.

JJD

La Plaza de Mayo fue más fuerte que el calendario parlamentario. Aunque el gobierno de Javier Milei había anunciado que su reforma laboral sería debatida y votada antes de fin de año, el Senado la postergó hasta febrero, luego de una jornada donde la presión sindical y las tensiones internas en el Congreso marcaron el pulso político.

El dictamen de comisiones se firmó el miércoles por la tarde, pero el tratamiento en el recinto se reprogramó para una próxima convocatoria a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de febrero. La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, lo comunicó personalmente, tras un plenario que estuvo al borde del colapso político y que solo pudo destrabarse con gestos hacia la oposición dialoguista.

“Hubiese sido un desastre”, reconoció un senador radical. Las negociaciones estuvieron frenadas buena parte del día, y la decisión de demorar el debate —inédita para un oficialismo que hace bandera de la velocidad legislativa— fue el resultado de una relación de fuerzas que excede al recinto.

La CGT en la calle: advertencia y plan de lucha

A esa misma hora, en el centro de Buenos Aires, la CGT protagonizaba su primera gran marcha contra el Gobierno, con todo el Consejo Directivo presente, columnas de sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda. La consigna fue clara: rechazar una reforma que consideran “entreguista” y “a favor de las grandes empresas”.

“No se genera trabajo sacando derechos, ni con jornadas más largas”, advirtió Octavio Arguello, cosecretario general, ante una multitud. El mensaje fue directo al Senado: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los van a demandar”. La movilización cerró con una advertencia: si no hay marcha atrás, habrá paro nacional.

No fue una marcha testimonial, sino un gesto de fuerza y unidad. Estuvieron Hugo Moyano, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Jorge Sola, y dirigentes como Axel Kicillof, Juan Grabois y José Mayans. Hubo incidentes menores, pero el mensaje de fondo fue político: la reforma no pasará sin resistencia.

Qué propone el proyecto: entre la flexibilización y la transferencia de recursos

¿De qué se trata la reforma que el Gobierno busca sancionar? Según el análisis de Juan Manuel Telechea en una publicación del portal Cenital, el proyecto busca reducir cargas patronales, abaratar despidos, limitar la protesta sindical y favorecer la flexibilidad horaria. Pero no hay garantías de que eso genere más empleo formal.

Uno de los puntos clave es el fondo de cese laboral. Las empresas aportarían un 3% mensual del salario, que se usaría para pagar futuras indemnizaciones. A cambio, dejarían de aportar esa misma proporción a la seguridad social. “La indemnización, en los hechos, la financiaría el sistema jubilatorio”, advierte Telechea.

Además, el proyecto amplía de tres a seis meses el período de prueba, quita del cálculo indemnizatorio ítems como el aguinaldo y otros adicionales, y mantiene un blanqueo laboral con perdón de deudas y multas que, según los datos disponibles, no logró resultados significativos.

La reforma también introduce un “banco de horas”, que permite reorganizar la jornada laboral sin pagar horas extra. Pero, sin protección gremial efectiva, el control sobre el uso del tiempo quedaría en manos del empleador. Es un esquema que debilita la negociación colectiva y diluye uno de los pocos márgenes de autonomía que tienen los trabajadores sobre su vida cotidiana.

La informalidad, excusa o problema

El argumento central del Gobierno es que la rigidez del sistema laboral actual impide la creación de empleo formal. Pero el propio texto del proyecto omite que el 90% del empleo no registrado se concentra en micro y pequeñas empresas, y que la gran mayoría de las medianas y grandes ya cumple con las normas.

¿Por qué entonces se proponen reducciones de cargas para todas las empresas, sin segmentación? Telechea sostiene que eso convierte una reforma supuestamente técnica en una medida regresiva: “Se transfiere recursos del Estado y los trabajadores hacia las empresas, sin generar incentivos efectivos para el blanqueo”.

Tampoco se incluyen reformas básicas que podrían mejorar la calidad del empleo: licencias por nacimiento, por ejemplo, siguen igual que hace 50 años. Para el padre, dos días. Para la madre, trece semanas.

Derecho a huelga y libertades sindicales en jaque

Uno de los puntos más controvertidos es la limitación al derecho constitucional de huelga. El proyecto establece un “servicio mínimo” del 50% en casi todas las actividades —alimentación, bancos, comercio electrónico, medios de comunicación—, lo que en la práctica implica vaciar de fuerza la protesta gremial.

Es un salto cualitativo en la conflictividad estructural: el Gobierno intenta regular la protesta desde una lógica empresarial, desconociendo su función social y su resguardo legal. En este punto, la reforma no busca solo cambiar normas laborales: busca disciplinar políticamente al movimiento obrero.

Lo que se posterga (por ahora)

El tratamiento en el Senado quedó fijado para febrero, en un nuevo período de sesiones extraordinarias. La postergación fue un revés parcial para el oficialismo, que logró el dictamen gracias a un acuerdo con sectores del radicalismo, el PRO y algunos peronistas disidentes. Pero la grieta parlamentaria está abierta, y el conflicto social escalando.

La CGT anunció que el plan de lucha continuará, con protestas y posibles paros sectoriales. El Gobierno, por su parte, apuesta a ganar tiempo para acumular votos, mientras avanza con otras reformas paralelas, como el Presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal”.

¿Una reforma laboral sin trabajo?

El telón de fondo es más profundo que un proyecto de ley. Lo que se discute no es solo cómo despedir, contratar o registrar, sino quién define las condiciones del trabajo en la Argentina del siglo XXI: si el mercado, el Estado, o los trabajadores organizados.

La experiencia muestra que con este mismo régimen laboral, entre 2004 y 2011, la economía generó más de 2 millones de puestos formales y redujo la informalidad. No fue por una reforma laboral, sino por crecimiento económico sostenido y políticas públicas activas.

La reforma Milei puede terminar siendo un nuevo episodio de una vieja historia: flexibilizar sin crecer, ajustar sin incluir. Por ahora, la calle impuso un límite. Pero la disputa recién empieza.

JJD

Portugal vivirá este jueves su primera huelga general en más de una década. La protesta, convocada por las principales centrales sindicales del país, rechaza una reforma laboral impulsada por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) que, según los gremios, representa un retroceso de derechos y una vía abierta a la precarización del empleo.

La medida de fuerza fue convocada por la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), y afectará amplios sectores del transporte, la sanidad y la educación pública. Los sindicatos advirtieron que los piquetes comenzarán la noche del miércoles y se mantendrán durante todo el jueves, con movilizaciones en Lisboa y otras diez ciudades.

En el centro del conflicto está un proyecto de reforma que modifica cerca de 100 artículos del Código de Trabajo vigente. El Ejecutivo lo presentó a mediados de año y lo defiende como una herramienta para flexibilizar el mercado laboral, eliminar “rigideces” y fomentar la contratación. Pero los sindicatos aseguran que facilitará despidos, promoverá el trabajo temporal y debilitará derechos adquiridos.

Uno de los puntos más críticos es la posibilidad de reinstaurar el “banco de horas individual”, que permitiría extender la jornada laboral hasta 50 horas semanales con un máximo de 150 horas extra por año, sin pago adicional. También se habilitarían mecanismos más simples para despedir “por causa justificada”, con el riesgo, según los gremios, de habilitar despidos arbitrarios o por razones económicas poco claras.

Las organizaciones sindicales alertan además sobre un impacto directo en jóvenes, mujeres y trabajadores con hijos. La reforma permitiría reducir el permiso de lactancia hasta los dos años del menor y condicionaría el acceso a horarios flexibles al “funcionamiento de la empresa”, incluso en casos de hijos con discapacidad o enfermedades crónicas.

Para la CGTP, las modificaciones también debilitan la acción gremial, al restringir la organización sindical en lugares de trabajo donde aún no existen delegados. “Es un paquete que favorece al empresariado y castiga a quienes trabajan”, expresó la central en un comunicado.

Desde el Gobierno, Montenegro aseguró que su gestión no es intransigente y defendió la propuesta como parte de una agenda de “diálogo y transformación”. “Es mentira que este sea un Gobierno que no escucha”, dijo este miércoles, al tiempo que pidió que el país funcione con “la normalidad posible” durante la huelga.

La última huelga general en Portugal ocurrió en junio de 2013, durante el período de intervención financiera de la ‘troika’, cuando el país aplicaba duras políticas de ajuste. Aquella protesta también fue contra un Gobierno del Partido Social Demócrata, el mismo que hoy lidera Montenegro.

Ahora, en un contexto económico más estable pero con desafíos laborales persistentes, la huelga vuelve a escena como una expresión de resistencia frente a una reforma que, para los gremios, reabre una etapa de precarización. La expectativa sindical es alta, con marchas masivas previstas en Lisboa, Oporto, Braga, Coimbra, Évora y otras ciudades.

JJD

El gobierno de Giorgia Meloni enfrenta este viernes una huelga general convocada por sindicatos de base en rechazo a lo que denominan una “economía de guerra”. La protesta se dirige contra el proyecto presupuestario 2026 —aún pendiente de ratificación parlamentaria—, que aumenta de forma inédita el gasto militar, al tiempo que ajusta servicios públicos como salud y educación.

“El Gobierno alimenta una economía de guerra que debilita a los trabajadores y a los servicios públicos”, advirtió la Unión Sindical de Base (USB), una de las organizadoras. La protesta comenzó el jueves por la noche y se extenderá durante toda la jornada del viernes. Afecta transporte público, trenes, puertos y servicios estatales, aunque sin el respaldo de los sindicatos mayoritarios, que convocaron una medida propia para el 12 de diciembre.

Desde 2020, el gasto militar de Italia creció un 60%, pasando de €8.000 millones a €13.000 millones. Para 2026, el desembolso previsto es de casi €34.000 millones, lo que implicaría un aumento de más del 45% respecto a 2017. La meta, impulsada por la OTAN y respaldada por Estados Unidos, es llevar el gasto al 5% del PBI en una década, con un 3,5% para defensa convencional y 1,5% para seguridad.

El presupuesto también destina €130.000 millones a nuevos sistemas de armas y €9.000 millones en infraestructura militar para los próximos 15 años. Las compras incluyen armamento a Alemania, Estados Unidos e Israel, y han generado preocupación por la falta de transparencia y el vaciamiento del control democrático sobre las decisiones de defensa.

Francesco Vignarca, de la Red Italiana Paz y Desarme, alertó que invertir en armas da menos retorno económico que hacerlo en educación o salud. Subrayó que la industria armamentista representa menos del 1% del PBI italiano, y que gran parte de la producción y empleo se concentra en el exterior, incluso en filiales de firmas italianas como Leonardo.

La huelga también expresa solidaridad con el pueblo palestino y exige que Italia rompa relaciones con Israel, aplique un embargo militar y cese las entregas de armas. Asimismo, los sindicatos reclaman el fin del apoyo militar a Ucrania. “Salimos a bloquearlo todo contra el rearme”, afirmó Francesco Staccioli, dirigente de USB.

Italia no tiene un salario mínimo legal y los salarios reales están por debajo de los niveles de 1990. El sindicato CUB señaló que el presupuesto no contempla subas salariales ni inversión suficiente en vivienda pública, mientras los alquileres y el costo de vida se disparan. En paralelo, la edad de jubilación se estira a 67 años y tres meses a partir de 2027.

JJD

“Algunos me preguntaban: ”¿Por qué no nos van a dar el aumento si nos corresponde?“, y yo les decía: ”Porque no quieren. ¿Qué piensan ellos? La plata es mía, ¿por qué te la voy a dar a vos?“  (Daniel Yofra)

El 2015 iba a ser un año de definiciones. La Federación había ido consolidando la lucha por el salario digno y fortaleciendo varios sindicatos de base. Hacía dos años que profundizaban una construcción sindical que jerarquizaba el rol de los delegados de base y estimulaba el debate en las asambleas. Al mismo tiempo, continuaron desarmando los bolsones de trabajadores tercerizados, que sólo servían para generar división entre obreros y volver más precario e inseguro el trabajo dentro de las plantas. Ese recorrido les permitió empezar a hablar de la salud dentro de la fábrica.

En ese clima de desarrollo interno llegaron al Sexto Plenario de Delegados Aceiteros y Desmotadores de Algodón, que se hizo en febrero, en Villa Mercedes, San Luis. Ahí aprobaron la nueva metodología de cálculo para el salario mínimo vital y móvil, que se basaba en la composición del gasto de los hogares para una familia con un hijo que contemplaba la Encuesta Nacional de Gastos y Hogares (ENGHO) del año 2012/2013. Ese número se había ido actualizando año a año.

El cálculo para 2015 daba 14.931 pesos para la categoría inicial y significaba un aumento del 42,2% (el salario promedio de los trabajadores industriales registrados era de 7.697 pesos, según la Encuesta Permanente de Hogares elaborada por el INDEC). Lo anunciaron el 12 de marzo, cuando faltaban veinte días para el vencimiento del acuerdo paritario de 2014. Iba a ser una discusión difícil porque implicaba seguir mejorando los salarios, que habían tenido una recuperación importante. Sin embargo, ese incremento seguía siendo un tema menor para las finanzas de las patronales: la totalidad de la masa salarial representaba entre el 0,5 y el 1,8 % de las ventas declaradas del sector aceitero. “Desde 2004 en adelante pudimos ver incluso que no había significativas diferencias entre lo que ocurría en las grandes empresas y en las medianas, a partir de lo que decían sus balances. Todas manifestaban un escaso peso de la masa salarial respecto de las ventas que declaraban o de la totalidad de sus costos”, analizaron los asesores económicos de la Federación.

Esos cálculos, que mostraban claramente la capacidad de pago —sin tomar en cuenta prácticas de triangulación de exportaciones como las que habían denunciado con pruebas en 2004—, no iban a conmover el corazón patronal. Todo lo contrario. A diferencia de lo que había pasado en la última década, los hombres de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) habían abandonado sus posiciones individuales y decidieron actuar en bloque. Las mayores productoras y exportadoras de aceite y también las empresas de menor tamaño instruyeron a sus cuadros profesionales para trazar la nueva estrategia. La fueron puliendo entre enero y marzo, y para abril, cuando venció el acuerdo paritario, estaban abroquelados detrás de una consigna: “Poner un límite a una metodología inaceptable de negociación”. 

* * *

Las empresas ofrecieron 24% de aumento. Insistían, en línea con el gobierno, en que la inflación iba a ubicarse en torno a ese porcentaje para 2015. Se apoyaban en datos del INDEC, que mantenía intervenido el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y en mediciones de consultoras privadas. Pero lo que los aceiteros discutían era otra cosa: pedían lo mínimo que necesitaban un trabajador y su familia para vivir dignamente gracias a su trabajo. Además, reclamaban el aumento de un 6% en los turnos rotativos, un 10% adicional para los que rotan tercer y cuarto turno, mil doscientos pesos por trabajador para la obra social, la constitución de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene y el nombramiento de un delegado en plantas con menos de diez trabajadores.

Esos pedidos chocaban de frente con la decisión tomada por las patronales. No querían discutir más con esa conducción obrera integrada por “ex operarios de plantas importantes”, que estaban asistidos por abogados “con vasta experiencia en el asesoramiento de sindicatos”. 

“Todos ellos tienen un marcado pensamiento de izquierda con una concepción polarizada del capital y el trabajo. Su forma de tomar decisiones es a través de asambleas en las fábricas. Palabras como ‘lucha’, ‘arrancar’, ‘lucha de clases’, ‘explotación’, ‘guerra’, ‘ganadores’, ‘perdedores’, ‘conquista’ son comunes en su glosario. Todos ellos son negociadores duros que conciben la negociación como un ‘ganar-perder’, es decir, son altamente competitivos. Utilizan las subidas de tono, las chicanas, los golpes en la mesa y, sobre todo, las medidas de fuerza inmediatas, como estrategias de negociación”, los describió el gerente de Asuntos Legales y Laborales de la CIARA, Martín Brindici, en un paper donde analizó esa negociación que encabezó por el lado patronal. Casi todo lo que marcaba como aspectos negativos o bien eran enseñanzas directas de Horacio Zamboni o el producto del encuentro entre él y esos dirigentes sindicales criados en fábricas donde no podían tomar mate, hacían horas extras para mejorar su pobre salario y trabajaban bajo precarias condiciones de seguridad.

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En la puerta

“Sin acuerdo salarial, aceiteros lanzan paro por tiempo indeterminado”, tituló El Cronista el miércoles 5 de mayo. Esa madrugada, cuando el diario empezaba a llegar a los quioscos de diarios y revistas, los trabajadores habían realizado los procedimientos de parada segura porque se esperaba que la huelga durara varios días y las puertas de las plantas empezaban a cambiar de aspecto: se montaban carpas para sostener la protesta.

Permanecer en la puerta de las fábricas durante una medida de fuerza permite que las y los trabajadores tengan un lugar donde reunirse mientras se lleva adelante el reclamo. Van cada día, mientras dura la disputa, a cumplir su horario de turno laboral, pero manteniendo la huelga. También es una forma de visibilizar que existe un conflicto en marcha, de generar solidaridad en otros sectores, de mantener la llama ardiendo.

En los días previos, el curso que tomaron las negociaciones paritarias había ido generando interés en los medios de comunicación. No era una cuestión que discutía solamente aceiteros, el tema atravesaba a los diferentes gremios: bancarios, metalúrgicos y empleados de comercio, entre otros. Ninguno pensaba en aumentos por debajo del 30%. La UOM, por ejemplo, pedía una suba del 36% y el sindicato de Comercio había logrado un acuerdo con las cámaras patronales por un 30%, pero el Ministerio de Trabajo se negaba a homologarlo.

En ese contexto, el reclamo de los aceiteros tenía brillo propio y empezaba a crecer. Lo habían notado claramente el 12 de marzo cuando anunciaron que irían a la paritaria a pedir un aumento del 42,2%. Ese mismo día, Yofra fue entrevistado por Jorge Lanata e Ismael Bermúdez en el programa Lanata sin filtro, que se emitía por Radio Mitre y lideraba muy cómodamente la segunda mañana: lo escuchaba el 46,6% de las personas que sintonizaban alguna radio AM durante los días de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

“Lo que pedimos es simplemente lo que dice la ley: un salario que nos garantice alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones. Todo lo que dice la ley. Si no es así, si no se puede dar ese salario, ¿cuál de esas necesidades tenemos que sacar de la ley?”, dijo al responder las preguntas. Y Bermúdez indagó.

—¿Los empresarios les van a dar lo que están reclamando?

—No, no creo —dijo Yofra y atajó una risa porque sabía que a las patronales les cuesta entender las necesidades obreras—. No creo que nos lo den en una negociación pacífica. Seguramente tendremos que ir a una medida nacional. 

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Para ese momento, había puertos paralizados, contratos caídos y un centenar de buques anclados en diferentes puntos a la espera de que se resolviera el reclamo y poder cargar sus bodegas. Cada uno representaba un costo de entre veinte mil y treinta mil dólares por día.

Durante el fin de semana fue más fuerte la presencia de las familias en las puertas de las plantas. Iban a acompañar a los trabajadores. Lo venían haciendo prácticamente desde que comenzó el conflicto. Una de las mujeres que iba a diario era Jaquelina Matteucci, enfermera y esposa de Marcos Gasparri, operario de Extracción. 

Marcos había entrado a Dreyfus en octubre de 1999, cuando ellos iniciaban su noviazgo. Jaqui había empezado a ir sobre el final de la primera semana de huelga. Por un lado, era una forma de “estar con él”, pero también una manera de acompañar el reclamo. Iba a compartir el mate y para que sus dos hijos de dos y siete años se encontraran con el papá. Es que desde que había comenzado la protesta, Marcos iba poco a la casa. Pero cuando llegaba, lo percibían desde que abría la puerta: olía a humo y no a cereal.

El hijo mayor preguntó por qué el papá no volvía todos los días y por qué tenía ese olor a humo. Jaqui le explicó que estaba haciendo una huelga, que era una forma que tenían los trabajadores para reclamar que les pagaran el sueldo que necesitan para vivir dignamente. Su propia vida era expresión de esa pelea: compraron un lote, construyeron una casa, tenían auto. 

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Cuando Yofra y Dávalos llegaron al quinto piso de Economía, junto a sus asesores Cremonte y Zamboni Siri, los estaban esperando Tomada, el viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, y el ministro de Economía, Axel Kicillof. En la oficina había varias pantallas donde se veía la cotización de bonos y acciones en tiempo real. Estaban conectadas directamente a la Bolsa de Buenos Aires.

La reunión empezó tensa. Sobre la mesa estaba el diario Clarín, abierto en la doble página que le había dedicado al conflicto. La ilustración de la nota era una foto de los barcos anclados en el puerto y el título decía que había casi cien buques varados. Subrayado con resaltador amarillo, se destacaba el párrafo del final: “Hay una intervención indebida y, por cierto, ilegal a la que nos tiene acostumbrados (el Ministerio de Trabajo). Por un lado, reclama la vigencia de paritarias libres y, por el otro, le opone un techo a los aumentos salariales que se negocian libremente. Resulta paradójico que, queriendo parecerse a Perón en el 45, la presidenta termine asemejándose a Isabelita, cuando en 1975 se opuso a la homologación de los acuerdos salariales conseguidos”.

La discusión volvió sobre el mismo punto de que los salarios podrían disparar la inflación y que eso afectaría al gobierno. Incluso hubo frases como “quieren cagar a Cristina”, que ya habían aparecido durante una reunión de Tomada con Yofra tras el acuerdo con las patronales. Les costaba entender el reclamo sindical, que tenía que ver exclusivamente con cuánto valía la fuerza de trabajo y cuánto era lo necesario para vivir dignamente.

Kicillof argumentó largamente para buscar algún cambio en los aceiteros. No lo logró. Yofra respiró hondo y cerró el debate. 

—El problema que yo tengo es que no puedo cambiar este reclamo. No puedo porque creo que es justo, pero tampoco podría ni aunque quisiera. Vivo en un barrio donde viven otros trabajadores aceiteros. Mis amigos son aceiteros. Mis hijos van a la misma escuela que los hijos de otros aceiteros. Si yo viviera en Puerto Madero, tal vez, podría. Pero no vivo ahí. Vivo igual que el resto de los trabajadores aceiteros.

El aire se tensó otra vez.

—Bueno. Déjennos que lo hablemos en frente. —Kicillof y Tomada se prepararon para cruzar a la Rosada.

Al día siguiente, se hizo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Duró casi todo el día y, finalmente, se firmó la paritaria salarial, pero faltaba resolver quién pagaría los siete días de huelga que continuaron tras el acuerdo inicial. A los obreros no les correspondía perder eso porque la medida de fuerza había continuado debido a la posición del gobierno y las empresas no querían hacerse cargo del pago. En un nuevo encuentro, el viernes 29, se acordó el pago.

La noticia llegó en formato de mensaje de audio a las puertas de las diferentes plantas. Lo escuchaban con los celulares conectados a los equipos de audio de los autos y la voz salía a todo volumen. Algunos lloraban. Casi que no terminaban de creerlo.

Gasparri la llamó a Jaqui. Tenía un nudo en la garganta.

—Jaqui, ya está, terminó. Jaqui, lo logramos.

AR

La jornada laboral de ocho horas, las vacaciones pagas, el aguinaldo o los elementos de seguridad para realizar el trabajo y no morir en el intento fueron conseguidos con diferentes huelgas. Algunas se hicieron en la Argentina, otras en diferentes partes del mundo. Algunas se hicieron hace 200 años, otras apenas el mes pasado. Pero quienes trabajamos llegamos a cada una de ellas porque las mesas de negociaciones y los pedidos constantes no alcanzaron para que los patrones entendieran nuestras necesidades.

Por ejemplo, en el Buenos Aires de 1906 se desató una huelga de niñas y niños en la fábrica de chocolates Aguila Saint Hermanos. Exigían que se termine con el castigo físico en el trabajo. Doscientos niños-obreros llevaron adelante ese conflicto y lo ganaron. Lograron que los capataces dejaran de tener derecho a pegarles. Pasaron muchos años más hasta que el trabajo infantil dejó de ser legal. 

En los conflictos entre los intereses de los patrones y las necesidades de los trabajadores fuimos consiguiendo muchos derechos ¿Cuáles son? Los podríamos simplificar en unas pocas palabras: tener una vida digna a cambio de nuestro trabajo. Pero también podemos decirlo con mayor detalle: trabajar bajo normas y con elementos de seguridad que garanticen que no perdamos la salud o nuestras capacidades por trabajar, que podamos irnos de vacaciones después de un año de trabajo, poder comprar una casa para vivir, enviar a nuestras hijas e hijos a la universidad o comprar los medicamentos cuando nos enfermamos.

Todo eso se fue consiguiendo a través de diferentes luchas. A veces fueron más cortas, a veces más extensas, a veces fue necesario hacer una huelga o varias huelgas. Porque difícilmente, cuando nos sentamos a dialogar, los empresarios nos dieron la razón o aceptaron las necesidades que debe cubrir un Salario Mínimo, Vital y Móvil, tal como lo describen la Constitución nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que fue votada y sancionada hace 50 años.

Las y los aceiteros tuvimos que volver a hacer uso de esa herramienta que es la huelga ante la negativa de las cámaras patronales de actualizar el valor del salario inicial a 1.562.000 pesos. Eso es lo que necesita una persona para -según el cálculo realizado en base a información del Indec- cubrir las nueve necesidades enumeradas en la Constitución: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Antes de eso participamos durante un mes de negociaciones paritarias, donde pedíamos un aumento que -medido en porcentaje- representaba una suba del 26 por ciento. Las empresas ofrecieron un 17 por ciento. Tuvimos que hacer una huelga para volver a sentarnos a negociar: logramos una suba del 26 por ciento.

¿Para qué pedimos ese aumento? Lo respondieron las y los compañeras en las asambleas que hicimos en las plantas de todo el país para ratificar el acuerdo logrado: para enviar a los hijos a la universidad, para comprar un terreno para construir la casa propia, para poder irse de vacaciones. Ese aumento va a movilizar la economía de los lugares donde vivimos porque nosotros invertimos la plata que ganamos donde vivimos. No inventamos empresas off shore para fugar divisas ni tenemos cuentas en el exterior. 

Ese aumento lo pedimos para poder vivir con dignidad y, también, para poder pensar en algo más que sólo llegar a fin de mes. Porque cuando no tenés un salario digno no podes tener proyectos y las y los trabajadores queremos (y merecemos) tener proyectos, porque somos quienes producimos la riqueza de este país, de todos los países.

Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmotadores de Algodón 

“Preferimos perder uno o varios días de sueldo antes que perder nuestra libertad, convencidos de que la libertad y la autonomía del servicio público es un valor de todos. Y la RAI es de todos”. Así, en un comunicado leído en las principales ediciones de los telediarios, los periodistas de la RAI, la televisión y radio públicas de Italia, explicaron las razones que les llevaron a mantener este lunes una huelga de 24 horas para “defender su autonomía e independencia” del “control de la política” y de “los intentos de censura” del Gobierno liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni.

El paro llega tras semanas de protestas de los trabajadores por lo que definen como un “control asfixiante” para que la información sirva de “megáfono” del Ejecutivo, una denuncia a la que se sumó la oposición política que acusa a la dirección de haber convertido la RAI en “Telemeloni”.

“Los periodistas de la RAI, por primera vez en muchos años, se abstienen totalmente de trabajar para protestar contra las decisiones de la cúpula directiva”, se indica en el comunicado leído esta mañana en la cadena.

Los periodistas denuncian que la dirección “no sustituye a los que se jubilan o están de baja por maternidad” o “no estabiliza a los trabajadores precarios”, pero también que “la RAI intentó censurar un monólogo el 25 de abril, para luego, con evidentes dificultades, intentar convertirlo en una cuestión económica”, en referencia al veto al escritor Antonio Scurati en víspera de la fiesta nacional en la que se recuerda la liberación de Italia del nazifascismo.

La empresa replica que “la decisión de ir a la huelga por motivos que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores se encuadra en motivaciones ideológicas y políticas”, en un duro comunicado, en el que pide a Usigrai, el sindicato convocante, “que deje de promover noticias falsas que dañan la imagen de la empresa”.

“No se ha puesto ninguna censura o mordaza sobre la información”, añade la dirección, que ha conseguido mantener de su lado al nuevo sindicato Unirai, para el que a la RAI “hay que relanzarla, no ensuciarla”.

La oposición denuncia el intento de crear “Telemeloni”

La Federación Nacional de Prensa Italiana (FNSI) considera “gravísima” la acusación de difundir “noticias falsas” para “desacreditar” a “cientos de colegas” y la considera en realidad “una operación de distracción masiva, pero ocultar lo que realmente está sucediendo en el servicio público”.

También la oposición considera “muy graves” los “intentos” de “desacreditar” a los periodistas de la RAI, que el Partido Demócrata ha rebautizado como “Telemeloni”, como con “el caso Scurati”.

Meloni justificó el veto a Scurati en sus redes sociales: “La izquierda grita al régimen, la RAI responde que simplemente se ha negado a pagar 1.800 euros (el salario mensual de muchos empleados) por un minuto de monólogo”, a lo que el escritor respondió: “Eso, señor presidente, es violencia. No física, por supuesto, pero siempre violencia. ¿Es el precio que se tiene que pagar hoy en su Italia por haber expresado el propio pensamiento?”.

El de Scurati es el último de varios casos en los que Meloni ha sido acusada de censura o de utilizar los medios públicos en su beneficio, como la marcha de la RAI del periodista Fabio Fazio, tras cuatro exitosas décadas en la cadena pública, o la modificación del reglamento de intervenciones en campaña electoral, que acaba con el límite de tiempo de las intervenciones televisivas de políticos con cargos institucionales. 

Otros dos casos han agitado las aguas del debate sobre la libertad de prensa en Italia en las últimas semanas. Por un lado, la posible adquisición de la agencia AGI, la segunda agencia del país —actualmente propiedad de la empresa energética ENI, controlada al 35% por el Estado— por parte de Antonio Angelucci, parlamentario de la Liga pero muy cercano a Meloni y ya propietario de tres periódicos afines al Gobierno, Il Giornale, Libero e Il Tempo. Por otro lado, la decisión de la Fiscalía de Perugia de incluir a tres periodistas del diario Domani en la lista de investigados por un caso de acceso a informaciones reservadas sobre políticos y famosos, en el que los dos principales acusados son un teniente de la Guardia de Finanza, la policía tributaria de Italia, y un magistrado. La investigación surgió después de una denuncia ante la fiscalía del actual ministro de Defensa, Guido Crosetto, después de que Domani publicara un artículo sobre posibles conflictos de intereses de Crosetto por algunas asesorías a empresas del sector armamentístico.

Crosetto no se querelló contra Domani por difamación ni desmintió las informaciones, pero presentó una denuncia para investigar cómo habían accedido a esa información, es decir una investigación sobre la fuente de los periodistas. Ahora los tres periodistas —Stefano Vergine, Giovanni Tizian y Nello Trocchia, los últimos dos coautores de una investigación sobre el padre de Meloni, publicada el pasado mayo por elDiario.es— son investigados por acceso abusivo y revelación de secretos a pesar de que la Constitución y las leyes italianas amparan a los periodistas en la publican de cualquier información que sea de interés público en el ejercicio del derecho de crónica. La acusación a la que se enfrentan los tres cronistas —que han recibido apoyos de decenas de medios europeos y de las principales organizaciones en defensa de la libertad de prensa— acarrea una condena de hasta nueve años de cárcel.

“Hemos visto un notable apoyo del público durante todo el conflicto, y la opinión pública sigue apoyando mucho nuestra huelga. Por no mencionar el apoyo total de otros sindicatos tanto en Suecia como en el extranjero”, dice Jesper Pettersson. Es el portavoz de IF Metall, el poderoso sindicato sueco de trabajadores del metal que decidió ir a la guerra contra Tesla hasta las últimas consecuencias. Su huelga contra la compañía dirigida por Elon Musk cumple este sábado seis meses activa. Es la más larga de la historia moderna del país.

No parece que esté cerca de terminar. “Tenemos líneas de comunicación abiertas, pero no vamos a hacer más comentarios sobre lo que se está diciendo en nuestras conversaciones”, dice Pettersson.

Los piquetes informativos de IF Metall han pasado el duro invierno sueco haciendo guardia frente a los talleres de Tesla en Segeltorp, al sur de Estocolmo. Todo comenzó en otoño, cuando sus delegados constataron que el fabricante de coches eléctricos se negaba en rotundo a firmar un convenio colectivo con los 120 mecánicos que tiene contratados en Suecia. Lo cual son palabras mayores en el país escandinavo.

Suecia tiene un modelo de mercado laboral casi único. Allí las condiciones laborales de los trabajadores, como el salario mínimo o las horas de jornada no están reguladas por ley, sino que son los sindicatos y las empresas o patronales las que las negocian en cada sector. Durante décadas fue un modelo muy efectivo, defienden los sindicatos, ya que flexibiliza el marco laboral y permite adaptarlo a la realidad de cada momento sin necesidad de negociar modificaciones legislativos en el parlamento.

Como explicaron varios académicos suecos a este medio, el buen funcionamiento del modelo ha hecho que desde años eran los propios empresarios los que empujaban la negociación de convenios colectivos como una forma de generar una competencia justa dentro del sector. Hasta que llegó Tesla, que se niega a firmar uno. La empresa no ha explicado exactamente por qué, pero la decisión resuena con las habituales críticas que Elon Musk a los sindicatos y su tajante negativa a colaborar con ellos.

La empresa se limita a decir que las condiciones que ofrece a sus mecánicos son mejores que la media del sector y, por tanto, no hay necesidad de convenio.

Apoyado en sus 300.000 afiliados (de una población total de 10 millones de personas), IF Metall decidió lanzar un órdago a Tesla. Primero declaró una huelga general en su organización y después, ante la negativa del fabricante a negociar, fue pidiendo a otros sindicatos que se unieran a su protesta “por solidaridad”, una figura que permite a los trabajadores unirse a la huelga contra una empresa aunque no sean trabajadores de esta. Luego extendió el conflicto a nivel internacional y consiguió que sindicatos de Noruega, Dinamarca y Finlandia hicieran lo mismo.

“La principal razón por la que el sindicato del metal está tan ansioso por conseguir un convenio colectivo con Tesla es el temor a que esta norma pueda debilitarse si las grandes empresas pueden mantenerse al margen de este sistema”, explicó a elDiario.es Lars Calmfors, profesor emérito de la Universidad de Estocolmo y ex presidente del Consejo Sueco de Política Fiscal y del Consejo Sueco de Política Laboral. “El temor es que esto pueda empezar a deshacer el sistema, como ha ocurrido en gran medida en Alemania”, especificaba a finales de noviembre, cuando la huelga empezaba a coger velocidad.

En este momento a Tesla no le descargan sus vehículos en ningún puerto escandinavo y tiene que llevarlos a Suecia por carretera desde Alemania. No le entregan cartas, paquetes ni remesas de repuestos (lo que implica que no recibe matrículas y debe pedir a los propietarios que las soliciten ellos mismos), no le recogen la basura, no le atienden sus estaciones de carga, no le limpian ni mantienen sus instalaciones.

“Esto es importante porque está en juego todo el modelo sueco”, afirmó el presidente del sindicato de transportistas, uno de los primeros en sumarse a la acción contra Tesla de IF Metall, en la que hay un total de nueve organizaciones de trabajadores involucradas.

Todos esas labores, incluida la de llevarse la basura a su casa para tirarla allí, deben realizarlas los propios empleados de Tesla. La orden del Elon Musk es no ceder y aunque eso ha afectado a sus ventas y a los servicios que puede dar a sus clientes, hace tiempo que la huelga llegó a un “punto muerto” en el que parece que la empresa puede resistir.

Todo por los mecánicos pero sin los mecánicos

Hay trabajadores de cuatro países boicoteando operaciones de Tesla y sindicatos de todo tipo, desde electricistas hasta carteros o estibadores, con el objetivo de que los mecánicos suecos de la compañía tengan un convenio colectivo. Sin embargo, de puertas para dentro de las instalaciones de Tesla la situación es muy diferente y el seguimiento es minoritario. “Alrededor de 40 miembros de los talleres están en huelga”, reconoce Jesper Peterson.

Serían un tercio de los 120 miembros del equipo de mecánicos, según la cuenta del sindicato. Tesla baja aún más la cifra. “Más del 90% de nuestros empleados han elegido permanecer en sus puestos, listos para recibir a nuestros clientes en nuestros centros de entrega, centros de servicio y tiendas”, asegura un portavoz a este medio, incluyendo en la ecuación a sus 300 empleados en Suecia. Eso equivaldría a que hay unos 30 mecánicos en huelga.

El escaso respaldo de la huelga por parte de los mecánicos de Tesla es una importante variable que ha salid a luz en las últimas semanas. Esta ha animado a su vez a la dirección de la empresa en el país a posicionarse por fin sobre ella. Durante meses, los ejecutivos suecos de la compañía estadounidense habían preferido no manifestarse, elevando las dudas sobre si la decisión de Musk de no acatar las reglas del juego del mercado laboral sueco podía estar incomodándolos.

“Si hubiéramos estado respondiendo a cada declaración del sindicato, no habríamos podido hacer nada más”, ha justificado Jens Stark, responsable de Tesla en Suecia, en una entrevista con el periódico Dagens Industri. “Pero ahora creemos que ha llegado el momento de aclarar nuestra situación y también de demostrar lo decididos que estamos a continuar nuestra misión en Suecia de trabajar por una transición hacia la energía sostenible, que es la razón de ser de Tesla como empresa. Sería lamentable que la huelga detuviera este desarrollo”, continuaba.

“Nadie pregunta por los convenios”, era el titular de la entrevista. “Nos hemos organizado para que las ventas, las entregas y el resto de servicios sigan funcionando como de costumbre”, presumía Stark.

En este punto, a IF Metall no le queda otra alternativa que seguir adelante. El sindicato ha recurrido a todas las armas a su alcance para torpedear la actividad de la compañía, que ha jugado sus cartas para mantenerla. Lo ha hecho de forma legal, informa Jesper Peterson. “De momento no, ya que no hay posibilidad legal de hacerlo”, responde sobre la posibilidad de abrir la vía judicial: “Una de las características del mercado laboral sueco es evitar las acciones legales en la medida de lo posible”.

¿Queda algún as en la manga para ganar la partida? “Nunca comentamos lo que estamos planeando en cuanto a nuevas acciones”, contesta. “La huelga sigue su curso”.

2023 será recordado en Hollywood como el año en que, seis décadas después, los sindicatos de guionistas y actores protagonizaron una huelga conjunta que sacudió los cimientos de la industria ocasionando un impacto económico negativo de, al menos, 6.500 millones de dólares.

El curso arrancaba con un cóctel explosivo en el que se sumaban una facturación en taquilla aún muy lejos de la época de prepandemia, la caída de los ingresos en publicidad, menos producciones cinematográficas, la ralentización del mercado de las plataformas de en continuo o streaming y una inflación cercana al 5%.

El 2 de mayo las turbulencias se agravaban en Hollywood con la negativa del sindicato de guionistas de EEUU (WGA, en inglés) a prorrogar un nuevo convenio colectivo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) si no planteaban unas condiciones laborales acordes a este panorama de incertidumbre para el sector.

Sus reclamos principalmente se basaban en una subida del salario mínimo; mejor cobertura en sanidad y planes de pensiones; el establecimiento de una regulación concreta que les protegiera frente a las creaciones por inteligencia artificial (IA) y un aumento en los llamados derechos residuales, pagos extra que reciben cuando un título se reestrena en otro mercado o plataformas.

Los beneficios de las empresas repuntaron tras la pandemia y los aumentos salariales no llegaron. Los actores no podían mantener sus carreras y la amenaza de la IA hizo que la situación fuera aún más precaria

Kevin Klowden — Jefe de estrategia global del Instituto Milken de California

Una situación prácticamente calcada a la del gremio de actores de Hollywood (SAG-AFTRA), que, tras una intensa negociación con los grandes estudios y servicios de streaming, decidió sumarse el 14 de julio a los piquetes en la que sería la primera huelga conjunta del sector desde 1960, cuando Ronald Reagan presidía el sindicato de intérpretes.

“Los beneficios de las empresas repuntaron tras la pandemia y los aumentos salariales no llegaron. Los actores no podían mantener sus carreras y la amenaza de la IA hizo que la situación fuera aún más precaria”, explica a EFE Kevin Klowden, jefe de estrategia global del Instituto Milken de California.

Esta institución, al igual que la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de EE.UU., cifra en, al menos, 6.500 millones de dólares el agujero que han dejado estas huelgas en la economía de California, donde hasta 45.000 trabajadores perdieron sus empleos como consecuencia de las mismas.

En la ciudad de Los Ángeles, la meca del cine, los paros provocaron que el 17% de los profesionales del mundo del entretenimiento ―incluyendo sectores como el transporte, catering, vestuario o maquillaje― fueran despedidos de mayo hasta septiembre, según un estudio de la escuela privada de educación superior Otis College.

Además, la concesión de permisos para rodar en lugares públicos de la urbe cayó un 28,8 % durante este período, de acuerdo a la oficina encargada de proyectos cinematográficos del Ayuntamiento de Los Ángeles.

Un “histórico cambio de era”

Así, la televisión se vio obligada a reponer programas, prestigiosos premios como los Emmy tuvieron que posponerse hasta 2024 y esperadas producciones, como la última temporada de la serie Stranger Things o las nuevas versiones de Mission: Impossible y Gladiator, echaron el freno.

Sin embargo, la necesidad de salvar la trascendental temporada de Navidad en la cartelera de EEUU propició el entendimiento, primero entre AMPTP y WGA, que abandonó la huelga el pasado 27 de septiembre con aumentos significativos en sus prestaciones.

Casi un mes y medio después, los actores alcanzaron un acuerdo con los estudios que fue ratificado el 5 de diciembre y calificado como “histórico cambio de era”.

El nuevo documento incluye un aumento salarial de hasta el 14,5% en los próximos tres años y una cláusula “razonablemente específica” que permitirá a los actores decidir si consienten ―bajo una subida de su caché― que sus escenas sirvan para entrenar una IA que pueda replicarlos digitalmente.

Conglomerados como Disney han comunicado que el año que viene invertirán 2.000 millones menos en nuevas series y películas

También se aceptó un pago añadido para las producciones de éxito en las plataformas, es decir, aquellas que sumen durante los primeros tres meses en su país de origen un total de visualizaciones equivalente al 20% de los abonados nacionales del servicio de streaming en cuestión.

“Los cambios de paradigma, como ocurrió cuando las películas pasaban del cine a reestrenarse en televisión, siempre conllevan que la industria se recicle”, expresa a EFE Robert Thompson, profesor de la Universidad de Siracusa (EEUU) y fundador del Centro Bleier para la Televisión.

Del alivio de 'Barbie' a un sector en cambio

El estreno cinematográfico que alivió parte de las pérdidas por las huelgas de Hollywood fue Barbie, la versión de Greta Gerwig sobre la muñeca de Mattel en la vida real, que superó los 1.400 millones de facturación en la taquilla internacional espoleada por las apariciones estelares de Margot Robbie y Ryan Gosling.

Tras desvelarse las nominaciones de premios como los Globos de Oro o los Critics Choice, Barbie se perfila ya como uno de los fenómenos del año para una temporada de premios que tratará de reflejar un ambiente de normalidad en un sector cambiante.

Y es que, según la agencia calificadora Moody's, los nuevos convenios colectivos costarán entre 450 y 600 millones de dólares extra a los grandes estudios, que están optando ya por una reducción del gasto en creación de nuevos contenidos y por rodar historias con atractivo global fuera de EEUU para abaratar costes.

Conglomerados como Disney han comunicado que el año que viene invertirán 2.000 millones menos en nuevas series y películas, mientras que, de acuerdo a la empresa de análisis de datos Ampere, plataformas como Netflix ya graban el 69% de su catálogo más allá de las fronteras estadounidenses.

Los periodistas sindicalizados de The Washington Post anunciaron una huelga de 24 horas para este jueves, con el fin de protestar por los recortes de la plantilla y por lo que consideran una falta de buena fe por parte de la dirección en las negociaciones contractuales que se prolongan desde hace 18 meses.

El anunciado paro de un día se conoce semanas después de que William Lewis, antiguo editor de The Wall Street Journal, fuera nombrado director general y editor del Post, cuando el venerable diario de Washington preveía unas pérdidas de 100 millones de dólares a final de año.

El Post es uno de los muchos medios de comunicación que luchan por idear un modelo de negocio sostenible en las décadas transcurridas desde que internet trastornó la economía del periodismo y caían en picada las tarifas de la publicidad digital.

Los directivos del Post, propiedad del multimillonario Jeff Bezos, fundador de Amazon.com, declararon en el momento del anuncio de Lewis que ofrecían retiros voluntarios en toda la empresa en un intento de reducir el número de empleados en un 10 por ciento aproximadamente, y reducir el tamaño de la redacción a unos 940 periodistas.

El Washington-Baltimore News Guild, que representa a más de 1.000 redactores, publicistas y otros empleados del Post ajenos a la redacción, dijo que la mala gestión del anterior editor provocó casi 40 despidos el año pasado, y que la empresa pretendía ahora suprimir otros 240 puestos de trabajo mediante operaciones.

Según el sindicato, la dirección amenazó con imponer más despidos si muy pocos empleados aceptan las indemnizaciones voluntarias.

“Eso significa menos empleados del Post haciendo el periodismo crítico que mantiene informadas a nuestras comunidades y responsabiliza a nuestros funcionarios públicos”, dijo el Guild en una declaración en línea.

Además, tras 18 meses de negociaciones contractuales, “la empresa se niega a pagarnos lo que valemos o a negociar de buena fe”, dijo el sindicato en la red social X, antes conocida como Twitter. “Así que el 7 de diciembre haremos un paro durante 24 horas”.

En un vídeo en línea producido por el sindicato, numerosos periodistas del Post, entre ellos la corresponsal jefe en Ucrania Siobhan O Grady, aparecen secuencialmente en cámara comprometiéndose a unirse a cientos de compañeros en la huelga e instando a los lectores a “respetar nuestro piquete evitando el periodismo del Washington Post” durante el paro.

Con información de NA.

IG

El anuncio de que los carteros suecos se unirían a la huelga contra Tesla para forzar a la compañía a firmar un convenio colectivo con sus 120 mecánicos del país no parecía un jaque al rey. Su sindicato engloba desde las cartas a los pallets, con lo que su paro impediría también la llegada de repuestos a los talleres de Tesla. Pero si la empresa ya estaba capeando los bloqueos de los estibadores, que no descargan sus coches en ningún puerto del país; o los de los técnicos eléctricos, que no tocan sus puestos de carga; ¿iban a ser los carteros un factor clave?

Puede que sí. Cuando este martes entró en efecto el bloqueo postal emergió una inesperada consecuencia que puede convertir la jugada en jaque mate. Han dejado de llegar matrículas a Tesla. Cuando se acaben las que ya están en sus almacenes, no podrá poner coches en la calle con matrícula de Suecia.

Elon Musk estaba sorteando la huelga del resto de sectores sin que afectase gravemente a sus ventas. Sus coches entran ahora en Suecia por tierra con ayuda de empresas de transporte de otros países, una opción mucho más cara y contaminante que la vía marítima pero que desactiva el bloqueo de los estibadores y transportistas suecos. Los sindicatos denuncian que tampoco ha tenido problemas en subcontratar otros talleres o servicios de mantenimiento para mantener sus operaciones. Pero lo de las matrículas es distinto.

El tablero no deja opciones a Tesla. En Suecia, las placas de matrícula se reparten por correo. Solo por correo. La concesionaria encargada de hacerlo es PostNord, la empresa pública sueco-danesa que domina este mercado en los países nórdicos. Los empleados de PostNord están en huelga contra Tesla y no le enviarán ninguna matrícula. Es ilegal enviar matrículas suecas fuera de Suecia.

“El derecho a huelga está protegido constitucionalmente y es tan fuerte que puede considerarse fuerza mayor. Tiene un rango superior a la obligación de PostNord de pagar dividendos”, expone la empresa en un comunicado enviado a elDiario.es.

El derecho a huelga está protegido constitucionalmente y es tan fuerte que puede considerarse fuerza mayor. Tiene un rango superior a la obligación de PostNord de pagar dividendos

PostNord — Empresa pública sueco-danesa encargada de distribuir las placas de matrícula

Las autoridades suecas tampoco parecen dispuestas a alterar su funcionamiento para ayudar a la compañía a sortear un conflicto laboral que se le fue de las manos. La Transportstyrelsen, el organismo estatal encargado de enviar las matrículas, confirma a elDiario.es que Tesla se ha puesto en contacto con ellos para tratar “formas alternativas de distribución de matrículas”. La respuesta ha sido contundente.

“Transportstyrelsen no modificará la distribución de las matrículas. Cualquier otra forma de distribuir las matrículas contradice la legislación sueca”, explica a este medio Mikael Andersson, portavoz oficial del organismo.

Tesla no ha querido contestar a las preguntas de elDiario.es sobre este giro de los acontecimientos, aunque sus portavoces se han mostrado visiblemente contrariados en la prensa del país. “El hecho de que la Agencia Sueca de Transporte, la autoridad estatal responsable de la entrega de todas las matrículas en Suecia, y PostNord, una empresa pública, contribuyan de esta manera a la acción desproporcionada de los sindicatos suecos es algo extraordinario”, han afirmado en declaraciones enviadas al Dagens Industri, el principal periódico económico sueco.

“Tesla está en su derecho legal de no firmar un convenio colectivo y la Agencia Sueca de Transporte tiene el deber legal de entregar las placas de matrícula”, denuncia la compañía. “Esto es una locura”, ha publicado Elon Musk en X (anteriormente conocida como Twitter).

Un pulso nacional

La huelga general de los sindicatos suecos contra Tesla comenzó por un conflicto laboral que afecta a tan solo 120 trabajadores. Son todos los mecánicos de los siete talleres que Tesla tiene en Suecia, donde su Model Y es el coche más vendido del año a mucha diferencia del segundo.

Tesla se niega a firmar un convenio colectivo con ellos. La marca no ha llegado a explicar por qué, por lo que las únicas razones que se traslucen son la aversión de Elon Musk a los sindicatos y la organización de trabajadores en general. Tesla ya había sido denunciada por torpedearlas en el pasado y la actuación del magnate en sus otras empresas, como Twitter o SpaceX, apunta en la misma dirección.

Esta política no ha supuesto grandes contratiempos para Tesla hasta ahora. Pero para los sindicatos suecos, los convenios colectivos son una línea roja. “Son la base del modelo sueco de mercado laboral”, justifica IF Metall, el poderoso sindicato sueco de la industria metalúrgica y manufacturera que representa a los mecánicos de Tesla: “Crea una situación de claridad y orden tanto para los trabajadores como para los empresarios, al tiempo que evita los conflictos”.

La huelga comenzó solo por los 120 mecánicos hace justo un mes. Cuando Musk trató de sortearla, el paro se extendió a los 300.000 afiliados de IF Metall. Tesla se enrocó y el sindicato contraatacó pidiendo la solidaridad del resto de trabajadores. Los estibadores, los taxistas, los empleados de mantenimiento, los transportistas y ahora los carteros se han ido uniendo progresivamente ante la negativa de la compañía a firmar el convenio.

 “Ya ofrecemos acuerdos equivalentes o mejores que los cubiertos por la negociación colectiva y no encontramos ninguna razón para firmar ningún otro convenio”, dice Tesla. “No se trata sólo de los sindicatos de trabajadores del metal y del transporte. Esto es importante porque está en juego todo el modelo sueco”, contesta el presidente del sindicato de transportistas.

El temor de los sindicatos

“La densidad sindical es alta en Suecia ―ligeramente inferior al 70% en el conjunto de la economía―, pero ha ido disminuyendo. Sin embargo, la cobertura de los convenios colectivos se ha mantenido cerca del 90% en el conjunto de la economía y ligeramente por encima del 80% en el sector privado”, explica a través de correo electrónico Lars Calmfors, profesor emérito de la Universidad de Estocolmo y ex presidente del Consejo Sueco de Política Fiscal y del Consejo Sueco de Política Laboral.

El profesor Calmfors señala que, con la disminución de la afiliación sindical, son principalmente los empresarios a través de asociaciones patronales quienes sostienen el sistema de negociación colectiva. “Hace unos años participé en un estudio sobre la actitud de los empresarios ante los convenios colectivos. Entonces descubrimos que lo que más valoraban de ellos era que les daban buena reputación y que mejoraban las relaciones con sus empleados. La razón es probablemente que en Suecia es una norma importante que una empresa tenga un convenio colectivo. Creo que la principal razón por la que el sindicato del metal está tan ansioso por conseguir un convenio colectivo con Tesla es el temor a que esta norma pueda debilitarse si las grandes empresas pueden mantenerse al margen de este sistema. El temor es que esto pueda empezar a deshacer el sistema, como ha ocurrido en gran medida en Alemania”, detalla.

El temor es que esto pueda empezar a deshacer el sistema, como ha ocurrido en gran medida en Alemania

Lars Calmfors — profesor emérito de la Universidad de Estocolmo

Erik Sjödin, investigador de Instituto Sueco de Investigación Social, apunta otro motivo de que los sindicatos se hayan tomado tan en serio el convenio colectivo de los 120 mecánicos de Tesla. “Es principalmente porque Suecia carece de salario mínimo legal. Por tanto, los niveles salariales se garantizan mediante convenios colectivos”.

Los convenios, expone este experto, son la defensa de los trabajadores suecos ante la posibilidad de que una multinacional extranjera intente ganar una ventaja competitiva recortando salarios y condiciones de sus empleados. “Los sindicatos opinan que es a través de los convenios colectivos como se consigue una competencia leal entre empresas”, abunda Sjödin.

Ambos especialistas coinciden en que los convenios colectivos hacen de Suecia un país con muy pocas huelgas o protestas sindicales. Lo que está ocurriendo contra Tesla solo tiene un precedente, que data de 1995. Entonces fue la estadounidense Toys R Us la que se negó a firmar un convenio colectivo. El bloqueo nacional la obligó a rectificar.

“La persuasión no funcionará, ya que los sindicatos obreros han invertido mucha reputación en el conflicto. Así que a Tesla le espera un largo camino”, vaticina Calmfors.

Sin boicot comercial

La gran acción sindical contra Tesla en Suecia contrasta con la indiferencia de los consumidores. Por el momento, las ventas de sus vehículos no han caído. Algunos analistas apuntan a que esto se debe a la lista de espera que hay para conseguirlos.

“Supongo que a la mayoría de la gente le gustaría que Tesla aceptara un convenio colectivo. Pero supongo que los sentimientos no son tan fuertes, por lo que no esperaría un boicot generalizado de los consumidores, aunque con el tiempo puede haber efectos adversos en las ventas, señala Calmfors. ”Aunque los representantes de las asociaciones patronales suecas preferirían que Tesla llegara a un acuerdo colectivo ―en parte porque quieren igualdad de condiciones en el país―, algunos han criticado a los sindicatos por sus acciones desproporcionadas“, recuerda.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, comenzó una huelga de hambre seca en la cárcel de Esquel donde está detenido para protestar por su orden de extradición a Chile. “Es en reclamo a nuestros derechos políticos y territoriales como pueblo nación mapuche, su no extradición a ngulumapu (Chile) y su libertad inmediata, teniendo e cuenta que se ajustó a derecho según la ley del Estado argentino y se encuentra a solo ocho meses del cumplimiento de su condena impuesta por el Estado chileno”, detallaron desde el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu.

Desde la entidad, se destacó el esfuerzo de Jones Huala, a quien consideran un “preso político”. “Por años ha sido perseguido, pero ha transado ni claudicado; desde muy joven se ha entregado a esta digna y justa causa”, señalaron.

Y agregaron: “Se hace un llamado a libertad de acción al conjunto de nuestro pueblo que posee conciencia ancestral revolucionaria. Todos los métodos de lucha son válidos”.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia había confirmado la extradición del referente mapuche a Chile para que termine que cumplir allí la pena determinada por un tribunal de la ciudad de Valdivia. Jones Huala había sido condenado en el país vecino el 21 de diciembre por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal.

El Máximo Tribunal argentino ya había confirmado la extradición el 23 de agosto de 2018, pero nunca se concretó. Cuatro años más tarde, el 21 de enero de 2022, le concedieron la libertad condicional. Dicha decisión fue revocada a los pocos días, pero para entonces Jones Huala se había declarado en rebeldía. Se libró entonces una orden de detención y, recién un año más tarde, se lo logró detener nuevamente en El Bolsón, Río Negro.

ACM con información de agencias.

El viernes pasado, el sindicato de trabajadores de la industria automotriz de Estados Unidos –UAW, por United Auto Workers– se declaró en huelga, generando una situación sin precedentes. No es que no haya habido paros previamente, que los hubo y muchos, sino que por primera vez se vieron afectados simultáneamente los tres grandes fabricantes de autos estadunidenses: Ford, General Motors y Stellantis, propietaria de las marcas Jeep, Ram y Chrysler.

La otra particularidad de la huelga es que solo 14.000 de los 150.000 trabajadores están de paro, afectando áreas estratégicas de determinadas plantas que paralizan o dificultan la producción en muchas otras, dada la interconexión en la provisión de piezas. Por el momento, las plantas afectadas son 3: una de Ford en Michigan, que produce los modelos Bronco y Ranger; una de GM en Missouri, que produce la pickup Chevrolet Colorado, y una de Stellantis en Ohio que produce el Jeep Wrangler. Son todos modelos de alta rentabilidad para sus empresas, así que la paralización de su producción supone fuertes pérdidas económicas. Por otra parte, la mínima cantidad de huelguistas involucrados permite administrar con mucha eficacia el enorme fondo de huelgas del sindicato (estimado 825 millones de dólares), que compensa en parte la paga de los trabajadores de paro. Todo esto es una clara señal de que el sindicato planificó metódicamente esta medida de fuerza, y que tiene músculo suficiente como para extenderla durante mucho tiempo, e incluso escalarla a otras plantas si la negociación así lo requiere.

"Esta estrategia mantendrá a las empresas en la incertidumbre. Dará a nuestros negociadores nacionales el máximo poder de negociación y flexibilidad. Y si necesitamos ir a fondo, lo haremos. Todo está sobre la mesa."

Shawn Fain — Presidente de la UAW

El pedido de la UAW, encabezado por su combativo presidente Shawn Fain, también es inédito. Exigen un aumento salarial de 40% (escalonado en 4 años, que sería la duración del acuerdo), estabilidad laboral y la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales (desde las actuales 40). También demandan la equiparación de beneficios entre los contratados antes y después de 2009, ya que estos últimos están mucho más “precarizados” en términos cobertura de salud o acceso a fondos de pensión.

Los tres fabricantes salieron rápidamente a condenar la huelga, aduciendo que los planteos sindicales son desproporcionados, inviables y que pondrían en riesgo la rentabilidad de las empresas. De todas maneras, fueron mejorando sus propuestas a lo largo de las negociaciones, con aumentos que llegan al 20% en Ford y GM, y al 17.5% en Stellantis. Pero Fain rechazó esas ofertas por insuficientes, considerando la alta tasa de inflación, las concesiones que los trabajadores hicieron en contratos anteriores, y la altísima rentabilidad que vienen teniendo las automotrices en los últimos años.

Dos datos apoyan el reclamo: según estimaciones, las ganancias combinadas de las tres grandes en la última década ascendieron a 250.000 millones de dólares, un aumento del 92% respecto a los 10 años anteriores. Durante ese mismo período, el salario promedio de los trabajadores en esas compañías apenas aumentó un 6%, con una pérdida de poder adquisitivo en términos reales de un 30%.

Tensiones acumuladas

La historia de este desacople se remonta hasta la crisis de 2008, cuando los trabajadores tuvieron que hacer muchísimas concesiones para que las empresas puedan “mantenerse a flote”. Pero ahora que las cosas están yendo mejor y las ganancias se acumulan, su posición relativa en el “reparto de la torta” quedó estancada en un piso histórico.

La narrativa actual de los fabricantes es que la prioridad es fortalecer las ganancias empresariales, para afrontar el costoso proceso de transición hacia las energías limpias. Además, argumentan, no están en posición de dar ventaja frente a la competencia, tanto la proveniente de China –con costos salariales muchísimo más bajos– como la de Tesla, cuyos trabajadores no están sindicalizados. Todo esto es muy cierto, como también lo es que los ingresos de los CEOs de las Tres Grandes no han parado de aumentar. Jim Farley, CEO Ford, recibió el año pasado una compensación de 21 millones de dólares; Mary Barra, de General Motors, 29 millones, y Carlos Tavares, CEO de Stellantis, casi 25 millones. Esto representa en promedio un 40% más que hace 4 años, y es el punto de referencia –bastante robusto, por cierto– que toma la UAW para hacer su propio reclamo de ajuste salarial.

En varios reportajes a medios estadounidenses, Jim Farley se quejó de si se aceptaran todos los reclamos del sindicato, hubiese sido imposible distribuir los cuantiosos montos de ganancias entre los accionistas en los últimos años, dejando en claro por donde pasan sus prioridades como CEO. Cabe destacar que buena parte de las ganancias de las empresas se utilizaron para recomprar sus propias acciones –una práctica financiera llamada buyback– que tiene como fin principal inflar el precio de esos títulos. Y no es un secreto que los bonos y las compensaciones de los ejecutivos de alto nivel están atadas a la cotización accionaria de la empresa, generando una especie de círculo virtuoso para ellos, pero del que los trabajadores quedan claramente afuera.

Implicancias políticas

Hasta la fecha, no hay indicios de que el conflicto vaya a resolverse pronto. Las posiciones aún están muy lejanas y la postura del sindicato es extremadamente firme; incluso todavía se guardan la carta generarles a las empresas un daño mayor, con paros en las plantas que producen los modelos más rentables, como las grandes pickups Ford F-150, Chevrolet Silverado o Ram. Por el lado de las empresas, siempre está latente la amenaza de llevarse la producción a México, un país con costos laborales muchísimo más bajos. Pero eso ya tendría otras implicancias, en medio de un escenario político muy caldeado en los Estados Unidos. De hecho, los políticos más importantes de ese país van tomando posición en el conflicto, con un ojo puesto en las elecciones del año que viene. Por un lado, el actual presidente Joe Biden, su antecesor Barack Obama y la popular senadora Alexandria Ocasio Cortez, ya han expresado su apoyo a los trabajadores; mientras que en la vereda opuesta –la del Partido Republicano– Donald Trump encabeza las críticas a las acciones de Fein como el líder del sindicato.

Pero todo es más complejo de lo que parece: para Biden, el paro podría complicar sus chances en el estado de Michigan, clave por ser uno de los famosos swing states que definen la elección presidencial. Mientras tanto, Trump aprovecha para fogonear su diatriba anti-movilidad sustentable, una posición coincidente con los intereses del sindicato, que teme que la transición hacia los autos eléctricos –al requerir estos menos mano de obra– cueste miles de puestos de trabajo en el sector.

RT

Hollywood se paraliza. Los 160.000 actores representados por su sindicato (SAG-AFTRA) confirmaron que irán a una huelga que se suma a la que mantienen los guionistas desde el pasado 2 de mayo. Lo anunciaron en una rueda de prensa donde confirmaron lo que todo el mundo daba por hecho. Si ya muchas películas, series y, sobre todo programas diarios, sufrieron cancelaciones por el paro de sus escritores, la decisión de los intérpretes suma más presión para una industria que depende de sus estrellas. Desde su entrada en vigor con este anuncio no podrán actuar, ni tampoco promocionar las películas. La unión de ambas huelgas es un suceso que no ocurría desde hace más de 60 años. Sus efectos se vieron de forma inmediata. Christopher Nolan salió solo al escenario del cine de Londres donde se realizaba la premiere de Oppenheimer y anunció que los actores no salían debido al inicio de la huelga.

La huelga era un rumor a gritos desde hacía horas, ya que las negociaciones con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTA), la asociación que representa a más de 350 productoras de cine y televisión -las más poderosas-, habían fracasado y se había recomendado a la junta directiva del sindicato anunciar la huelga. “Ante la intransigencia y las tácticas dilatorias de la AMPTP, el comité negociador de SAG-AFTRA votó por unanimidad para recomendar a su Junta Nacional una huelga”, anunciaron en un comunicado. 

En la rueda de prensa, el sindicato afirmó que se encuentran tristes y que “no hay otra opción”. “Somos las víctimas aquí. Los actores merecen un contrato que refleje los cambios de esta industria”, aseguraron y confirmado que los actores dejarán sus trabajos hasta que se encuentre un acuerdo. “Por desgracia no nos han dejado alternativa. Estamos decepcionados con la falta de solidaridad y colaboración. Creo que este sindicato tiene la unidad para luchar por el futuro de sus carreras”.  

En dichas negociaciones participó de forma activa un mediador federal por parte del estado de California, ya que el cine y los rodajes es una parte muy importante de su industria que se verá afectada por la huelga. De hecho, el propio estado aporta en incentivos fiscales más de 300 millones de dólares al año para las producciones que se rueden allí. El miedo al paro ya había paralizado rodajes como el de The Island, la película de Pawel Pawlikowski con Rooney Mara y Joaquin Phoenix que debería rodarse en varios escenarios de Canarias; así como varios proyectos de Marvel como Blade o Thunderbolts o la segunda parte de Gladiator.

La presidenta del sindicato, Fran Drescher, famosa por su papel en la serie La niñera, aseguró tras las negociaciones que ellos actuaron “de buena fe” y estaban “ansiosos por llegar a un acuerdo que abordara las necesidades de los artistas, pero las respuestas de la AMPTP a las propuestas más importantes del sindicato fueron insultantes y una falta de respeto” hacia las contribuciones de los intérpretes a la industria. “Las empresas se negaron a participar de manera significativa en algunos temas y en otros nos bloquearon por completo. Hasta que no negocien de buena fe, no podemos empezar a llegar a un acuerdo. No tenemos más remedio que seguir adelante”, apuntó Drescher que en la rueda de prensa dijo que los CEO de las empresas y mucha gente de la industria debería avergonzarse por lo que pasó. La actriz aseguró sentirse engañada ante la prórroga de 12 días en la negociación que cree que solo fue una treta de las productoras para poder promocionar sus películas importantes en la campaña de verano.

Duncan Crabtree-Ireland, director de la ejecutiva nacional y al frente de las negociaciones dejó claro que “los estudios y las plataformas implantaron cambios unilaterales masivos en el modelo comercial de nuestra industria, mientras que al mismo tiempo insisten en mantener nuestros contratos congelados”. “No es así como tratas a un socio valioso y respetado y a un colaborador esencial. Su negativa a comprometerse de manera significativa con nuestras propuestas y la falta de respeto fundamental mostrada a nuestros miembros es lo que nos ha llevado a este punto. Subestimaron la determinación de nuestros miembros, como están a punto de descubrir”, declaró en las horas previas al anuncio.

Las exigencias de los actores

Igual que los guionistas, los actores exigen que sus contratos se revisen debido al cambio completo de paradigma que produjo por la llegada de las plataformas y las nuevas tecnologías. Las películas ya no se explotan comercialmente de la misma forma, y por ello deben revisar lo que se conoce como ‘residuals’, el dinero que reciben por derechos tras la explotación en salas de una obra y que hasta ahora era fácilmente calculable (se debía a las ventas de DVD y pases en televisión) y que con las plataformas ha cambiado radicalmente. En ese sentido los actores pedían, al menos, un bonus si las series en las que participaban se encontraban entre las más vistas de cada plataforma. El ocultismo con los datos de dichas empresas dificulta este punto, y son ellas las que se han negado en rotundo a esta medida.

Aunque la cara visible de esta huelga hayan sido estrellas como Meryl Streep o Pedro Pascal, las exigencias por los ‘residuals’ se produce para beneficiar a aquellos que no están en la cúspide del star system hollywoodiense. “Tienes que hacer 26.000 dólares al año para poder tener un seguro de salud, y hay muchas personas que cruzan ese umbral gracias a los pagos de los ‘residuals’. Se está ganando dinero y debe distribuirse de una manera que cuide a las personas que están en los márgenes”, dijo Matt Damon desde el photocall de Oppenheimer, cuyas entrevistas se realizaron estos días en Londres.

Estábamos ansiosos por llegar a un acuerdo, pero las respuestas a las propuestas más importantes del sindicato han sido insultantes y una falta de respeto

Fran Drescher — Presidenta del sindicato de actores y actrices

Las plataformas son las que se encuentran en el centro de los ataques. Los actores y actrices las acusan de haber impuesto el beneficio ante cualquier otro criterio, lo que les llevó a recortar costes y salarios. Es por ello que piden que en esta negociación se incluya un salario mínimo y subidas acordes a la inflación. Además, también señalan a una práctica que se instauró durante la pandemia y que se ha quedado, la grabación por parte de ellos mismos de sus castings. Aseguran que ese coste debe ser pagado por las productoras y no por ellos. El sindicato de actores subrayó que no se trata de “una lucha de actores contra los estudios, sino de trabajadores de todos los oficios y departamentos de la industria para evitar que las megacorporaciones erosionen las condiciones por las que se han luchado durante décadas”.

La controvertida Inteligencia Artificial también ha sido uno de los puntos de las negociaciones igual que ocurrió con los guionistas. Los actores temen que la AI pueda sustituir su trabajo o crear dobles de sus cuerpos, por lo que quieren que se regule su uso y el pago que recibirían en caso de que su trabajo se viera afectado en una película al usarla. Demasiados frentes abiertos en los que no se ha llegado a un acuerdo que si no llega pronto producirá un parón enorme en la industria.

Consecuencias económicas

Las consecuencias económicas pueden ser enormes para el estado de California y, más concretamente, para Los Ángeles, centro neurálgico de la industria del cine. Aunque los analistas no se atrevan a ofrecer cifras debido a la unión de ambos paros (guionistas y actores), sí que han cuantificado en que la actual huelga de los escritores está provocando pérdidas de 30 millones de dólares al día. Actualmente se llevan más de 70 días de huelga, por lo que la cantidad ya supera los 2.100 millones de dólares a lo que habrá que empezar a sumar lo que provoquen estos nuevos paros.

Los primeros eventos que sufran las consecuencias de la huelga de actores serán aquellos donde iban a acudir a promocionar sus producciones. Esto afectará de forma directa a la Comic-Con de San Diego, que comienza el 19 de julio y que atrae cada año a más de 135.000 asistentes. Este año los guionistas no iban a formar parte de los paneles donde las majors presentan sus grandes apuestas, y muchas de ellas incluso habían declinado la invitación de participar ya que no tenían grandes proyectos en el horizonte debido a dicha huelga. La ausencia de actores lo complica todavía más y, según Deadline, muchos estudios se encuentran esperando a ver qué deciden hacer y cómo promocionarán sus títulos. 

También estarán muy pendientes de la futura solución al conflicto los festivales cinematográficos de otoño, especialmente el de Venecia, que normalmente actúa de alfombra roja de Hollywood y da el pistoletazo de salida para los Oscar. Si la huelga continúa habrá que ver cómo solucionan la ausencia de estrellas para promocionar sus filmes. De hecho, la inauguración, Challengers, tiene a Zendaya como máxima figura. Conscientes o no de ello, el certamen anunció su jurado en el que no hay ningún actor ni actriz de EEUU. 

Al ya anunciado presidente Damien Chazelle se han unido los directores Jane Campion, Martin McDonagh, Mia Hansen-Love, Santiago Mitre y la ganadora del León de Oro del año pasado Laura Poitras. Completan el actor palestino Saleh Bakri y la actriz china Shu Qi. Ninguno de ellos puede verse afectado por la huelga. Si la situación se alargara hasta entonces todos los ojos estarán puestos en la ceremonia de los Emmy, que acaban de anunciar sus nominaciones y debería celebrarse el próximo 18 de septiembre, pero que podría trasladarse a finales de año si no se llega a un acuerdo durante el mes de agosto.

Tras 15 años de calma, se desató la tormenta en el universo de Hollywood. Los guionistas de algunos de los programas y series de televisión más vistos en Estados Unidos decidieron plantarse ante los estudios e iniciarán una huelga este martes para mejorar sus condiciones salariales, después de que no se haya alcanzado un acuerdo entre el sindicato y los estudios. Es la primera vez que los guionistas de Los Ángeles van a la huelga desde la llegada de las grandes plataformas de streaming, que en menos de una década cambiaron por completo la forma en que trabajan, y cobran, los empleados por la industria del entretenimiento.

El sindicato de guionistas de EEUU, Writers Guild ofAmerica (WGA), representa a más de 11.500 escritores, que el pasado 17 de abril votaron casi unánimemente (98%) a favor de la huelga. Su contrato de tres años terminaba en la madrugada del lunes, fecha límite establecida para llegar a un acuerdo con los estudios. Concretamente, WGA pretendían obtener de este acuerdo unos 600 millones de dólares extras para los guionistas. Al no haber cedido los estudios, han decidido que este martes por la tarde iniciarán los piquetes de una huelga indefinida.

Los estudios de Hollywood, representados por la Alianza de Productores de Cine y Televisión, han lamentado en un comunicado que no se haya podido alcanzar un acuerdo, y han asegurado que su oferta incluía “generosos aumentos en la compensación para los escritores” y que están dispuestos a seguir negociando. Además, han dicho que el principal punto de fricción con los trabajadores ha sido su petición de que haya un número determinado de guionistas durante un periodo específico de tiempo en los programas, series y películas, “tanto si se necesitan como si no”.

Por su parte, el sindicato ha asegurado que “la postura inamovible de las empresas en esta negociación ha traicionado su compromiso y devaluará aún más la profesión de escritor”. WGA ha descrito esta negociación como “existencial” para la “supervivencia” trabajo de los guionistas. La disputa enfrenta a los miles de guionistas contra los grandes estudios, entre los que se incluyen las tradicionales grandes empresas de entretenimiento, como Universal y Paramount, así como los recién llegados de la industria tecnológica, como Netflix, Amazon y Apple.

Consecuencias millonarias

La última vez que hubo una huelga de estas características fue hace 15 años, duró 14 semanas y significó importantes pérdidas para el sector: se llevó 2.100 millones de dólares y arrasó con 37.000 puestos de trabajo. En 2017, el mismo sindicato, WGA, volvió a votar mayoritariamente a favor de la huelga, pero finalmente se alcanzó un acuerdo de última hora. Sin embargo, los estudios no han podido esta vez evitar una huelga que, previsiblemente, les supondrá pérdidas millonarias.

Esta movilización, en una industria que emplea a 2,4 millones de personas, tendrá implicaciones más allá, afectando fuertemente a la economía de Los Ángeles (la segunda ciudad del país) y California en su conjunto. La huelga, cuya duración es indefinida, significará el paro inmediato de la actividad en los estudios que producen night talk shows y series de televisión, lo que afectará en gran medida a los estrenos programados para este otoño.

Entre ellos, se incluyen programas de renombre como Saturday Night Live, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y The Late Show With Stephen Colbert. Como contrapartida, es probable que veamos un boom de los programas de telerrealidad e internacionales, ya que no están cubiertos por el gremio. De hecho, la huelga del año 2007 produjo como efecto secundario el auge de los programas de televisión sin guión, como medida de emergencia de los estudios ante la falta de escritores.

De este modo, la televisión se verá afectada de inmediato, ya que sus guionistas trabajan en sus programas día a día. Y en el medio plazo, si se prolonga la huelga durante varias semanas, también se verán afectadas las producciones de la gran pantalla.

Menos trabajos y peor pagados

El sindicato de guionistas lamenta que los estudios han aprovechado el auge de las plataformas de streaming para recortar sus salarios. Concretamente, WGA asegura que los escritores trabajan cada vez más con los salarios mínimos establecidos por el convenio y durante periodos más cortos. 

Si anteriormente los guionistas trabajaban en temporadas, aproximadamente, de 22 episodios, con programas piloto pagados antes de que la serie fuera siquiera elegida, en la era del streaming las temporadas llegan a durar tan solo siete episodios, y es costumbre que se encarguen los programas directamente, sin pilotos.

Por otro lado, aunque como una petición menos acuciante, los guionistas han pedido que se pongan barreras al uso de inteligencia artificial generativa de texto, como ChatGPT, que está amenazando directamente sus trabajos creativos, y con la que las empresas del entretenimiento ya han empezado a experimentar.

Además, los servicios de streaming, como Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Disney +, han comportado otro importante cambio que afecta a los ingresos de los trabajadores. En muchas ocasiones, adquieren los derechos globales de los programas durante varios años, lo que implica que los guionistas dejen de ganar grandes sumas de dinero con las ventas recurrentes e internacionales.

Esta huelga llega en un mal momento para la industria del entretenimiento, que se ha contraído en los últimos años, después de que las empresas de streaming y otros grandes inversores de Wall Street alzaran importantes sumas de dinero para crear nuevos programas. Pero con la feroz competencia existente, y con un modelo de negocio cada vez menos rentable, el año pasado se inició una crisis que todavía dura. Desde entonces, los mismos inversores que se habían guiado por la filosofía de quemar dinero en el streaming, se han vuelto ahora más austeros, al ver que se reducían sus márgenes.

Y ya está conllevando consecuencias a nivel laboral. Porejemplo, Disney, una de las últimas en sumarse al streaming, ya ha anunciado que está en el proceso de despedir a 7.000 empleados (entre los que se encuentran guionistas, pero también encargados de la comercialización de programas). También Warner Bros. Discovery despidió a miles de personas el año pasado, y está sufriendo para pagar una deuda que asciende ya a 50.000 millones de dólares.

La empresa FilmLA, que gestiona permisos de rodaje, calcula que la producción de cine y televisión en la ciudad de Los Ángeles cayó un 24% tan solo en el primer trimestre. La categoría más afectada es la de los dramas televisivos, que cayeron hasta un 40%. Este parón de la producción, en una industria que cuando ha protestado lo ha hecho mostrando unidad y durante periodos prolongados -153 días en 1988 y 100 días en 2007-, amenaza con que la hecatombe de Hollywood sea todavía mayor.

Mientras el jueves la marcha contra la reforma previsional de Emmanuel Macron se abría paso en París por los Grandes Bulevares de la orilla derecha del río Sena, un grupo de mujeres empezó a cantar y a bailar en medio de la densa multitud.

La canción de las mujeres se oía por encima del sonido de las sirenas policiales, de las consignas que coreaba la manifestación en marcha y del estallido de las granadas de gas lacrimógeno. La música resultaba familiar; la letra, no. Un grupo de mujeres militantes que se hace llamar Les Rosies –en honor a Rosie the Riveter, icono feminista del proletariado femenino– le había puesto una nueva letra, en francés. al hit de los '90 “Freed from desire” de la cantante italiana Gala. Decía así:

“¡Mujeres en llamas! [women on fire] 

El gobierno está fallando 

¡Mujeres en llamas! 

Estamos en la lucha

Nana nana nanana, basta de blablablá“

El nuevo régimen jubilatorio francés hace avanzar la edad jubilatoria hasta los 64 años y aumenta el valor total de los aportes necesarios para percibie una jubilación equivalente en monto al salario. Esta iniciativa legislativa del presidente Macron ha desencadenado airadas protestas, huelgas, bloqueos y violencia en toda Francia durante semanas. Las mujeres francesas están en la primera línea del frente de batalla.

Si solo han podido conseguir empleos mal pagos o de medio tiempo, las trabajadoras saben que es a ellas a quienes más castiga el cambio en la legislación. Dada la básica desigualdad de género en el salario y el empleo, ahora tendrán que trabajar más tiempo que sus colegas varones para no perder el beneficio de jubilaciones que sin embargo serán más bajas que las masculinas comparables.

“Todas la mujeres, en Francia, deberían estar en la calle protestando”, dijo Fabienne Oudart, artista de 56 años que el jueves se unió a la marcha en París. “Ya ganamos menos que los hombres y eso de por sí ya significa que nuestras jubilaciones son de montos menores que las de los varones. Esta reforma previsional no respeta a las mujeres, especialmente a las que trabajan en empleos mal pagos o de tiempo parcial”.

Pierrette Gobinot, de 49 años, está de acuerdo. Ella está capacitándose como auxiliar de enfermería para buscar un empleo mejor que el actual. “El retraso de la edad jubilatora hasta los 64 años nos penaliza doblemente. Incluso en esta época muchas mujeres dejamos de trabajar para cuidar a nuestros hijos. En ese período, interrumpimos nuestra carrera laboral, con la frecuente consecuencia de que después nos faltan cinco o seis años de aportes. Tenemos que trabajar más tiempo para compensar ese huecho si queremos conseguir una jubilación sin recortes. Y ya desde antes, como nuestros salarios son más bajos ya nuestras jubilaciones eran también más bajas.”

El Gobierno centrista de Macron insiste en que la reforma previsional es necesaria para mantener a flote el sistema financiero del Estado en un contexto donde la población que envejece vive más años. En Francia, los aportes jubiatorios de las generaciones activas son los que pagan las jubilaciones de las generaciones pasivas. La nueva ley no supondrá que todos los trabajadores bajen la persiana a los 64 años: serán necesarios 43 años de aportes para calificar para una jubilación completa. Las mujeres señalan que ellas resultan particularmente castigadas por la legislación reformista. Sus desarrollo profesional y el ritmo de sus aportes se ven interrumpidos por tener y criar hijos. A esto se añade que, según concluyó un informe de 2022 de la agencia de estadística Insee, los salarios de las mujeres son en promedio un 22% inferiores a los de los varones, y en consecuendia el monto de cada jubiliación resulta un 40% inferior al de sus colegas masculinos.

Un informe del Consejo de Política Previsional. tmabién de 2022, constató que la pobreza entre los mayores de 65 años que viven solos había aumentado de forma constante desde 2016. Es especialmente marcado el crecimiento de la pobreza entre las mujeres, porque en promedio perciben jubilaciones de 967 euros netos al mes frente a los 1.617 euros de los varones.

La disparidad de género inherente a la nueva ley previsional se puso de manifiesto en enero, cuando el Gobierno presentó a la Asamblea Nacional el proyecto legislativo. En un informe adjunto de 112 páginas sobre sus objetivos y efectos, resultaba claro que las mujeres tendrían que posponer su jubilación hasta nueve meses más que los hombres.

Franck Riester, Ministro de Relaciones Parlamentarias, admitió que la reforma penalizaría “un poco” a las mujeres. Los ministros argumentaron que otras medidas del Proyecto de ley estaban destinadas específicamente a ayudar a las mujeres, como el aumento de la jubilación mínima a 1200 euros, pero las mujeres no quedaron convencidas. Un sondeo reciente de Elabe reveló que el 74% de ellas se opone a la reforma previsional, frente al 67% de los hombres.

“Las jubilaciones amplifican la desigualdad de género preexistente en los salarios”, escribió la investigadora Christiane Marty, que en un artículo editorial del vespertino Le Monde calificó de “sinsentido” presentar la ley como justa para las mujeres. “Anunciar una jubilación mínima para una carrera profesional completa es obviamente bienvenido... pero ya está en una ley de 2003 y nunca se ha aplicado”.

Sophie Binet, secretaria general del poderoso sindicato CGT, dijo que la pensión mínima sólo beneficiaría a unas pocas mujeres en actividad. “Hay dos condiciones excluyentes para gozar del este aumento: se debe haber trabajado 43 años completos –pero el 40% de las mujeres se jubila con una carrera incompleta– y esta carrera completa debe ser a tiempo completo -pero el 30% de las mujeres tiene empleos de medio tiempo”.

Elena Bassoli, de la Escuela de Economía de París, afirma que podría ser especialmente perjudicial para las mujeres que trabajan en determinados sectores. “Si pensamos en rubros muy a menudo cubiertospor mujeres, como la docencia, la enfermería o la limpieza, podrían verse muy afectadas, sobre todo al final de su carrera. Permanecer uno o dos años más en este tipo de trabajos, físicamente exigentes, podría tener un efecto negativo en la salud de las mujeres, por ejemplo”, explicó Bassoli a Euronews.

Además de la cuestión de la igualdad, el uso por el gobierno de la herramienta constitucional conocida como el 49:3 para hacer aprobar la legislación sin una votación final en la Asamblea Nacional, donde no tiene mayoría desde las elecciones generales del año pasado, ha ampliado y profundizado la ira pública, sacando a muchos jóvenes a las calles.

Macron y los sindicatos parecen haberse metido en un callejón sin salida a la vista para ninguna de las dos partes. Las protestas continúan y las movilizaciones obligaron a cancelar la visita de tres días del rey inglés Carlos III.

El politólogo Dorian Dreuil, de la Fundación Jean-Jaurès, declaró que lo que empezó como una crisis social y política se ha convertido ahora en una crisis democrática. “Tenemos un bloqueo que ha revelado algo sobre nuestra democracia y los límites de las instituciones de la República, que no están funcionando como deberían. Normalmente, el presidente es el árbitro en una situación así, pero aquí tenemos un presidente que no preside, sino que gobierna, y se trata de dos papeles diferentes. Cuando el presidente no intenta encontrar una solución sino que está en primera línea explicando la reforma, la gente tiene la impresión de que no hay salida”.

Dreuil añadió que Macron debería dar marcha atrás con la ley, presentar un nuevo texto, y formar una coalición en la Asamblea que pueda respaldar una mayoría de diputados. “Sólo hay una persona que puede resolver esto, y es el presidente de la República”. “Es raro que las cosas alcancen este nivel de tensión y se conviertan en una demostración de fuerza con momentos de violencia tan extremos. Sólo espero que el Presidente pueda oír lo que está pasando en el país y que escuche”.

Las manifestaciones suelen estar cargadas de testosterona, y Francia no es una excepción. Pero las mujeres francesas expresan su rabia con un canto y un baile, punzantes y políticos. Durante la marcha del pasado jueves, Christelle Pink, de 38 años y oriunda de Fontainebleau, dijo: “Puede que los políticos quieran trabajar hasta los 64 años, pero su trabajo no es nada arduo. No paran de retrasar la edad legal de jubilación; 60 años ya es demasiado para los que realizan trabajos manuales duros y mal pagados. Al final trabajaremos hasta caer rendidas. Las mujeres están enfadadas. Todo el mundo está enfadado”.

Natalie, de 25 años, estudiante en Sciences-Po, afirmó: “A las mujeres les cuesta más encontrar trabajo y hacer carrera, y cuando lo consiguen tienen que trabajar más por menos dinero. Además de la violencia que sufren muchas mujeres, padecen desigualdad e injusticia hasta el final. No podemos aceptarlo, por eso nos movilizamos”.

“Es absolutamente esencial que esta reforma no salga adelante”, añadió Fabienne Gobinot. “Siempre son los de abajo, los que tienen trabajos mal pagados o a tiempo parcial, como enfermeras, auxiliares sanitarios y limpiadoras, los que tienen que pagar; siempre son las mismas personas, muchas de ellas mujeres, a las que se les pide sacrificios”.

Traducción de Santiago Armando

AGB

Los conductores de trenes de gran parte del Reino Unido encabezan este viernes una nueva jornada de huelga por la disputa que mantienen sobre sus condiciones laborales y sus salarios.

Los operadores ferroviarios advirtieron que este paro ocasionará graves alteraciones en los horarios de sus servicios, que comenzaron a funcionar mucho más tarde de lo habitual y terminarán de operar mucho antes.

También se prevé que el paro afecte de alguna manera el funcionamiento de algunos servicios de la mañana de este sábado en algunas líneas, mientras vuelven a regularse.

La industria ferroviaria aseguró que trabaja a fin de mantener funcionando la red y criticó que el gremio haya rechazado una oferta de un incremento salarial del 8 % por dos años, elevando la media de los salarios de casi 60.000 libras (unos 67.000 euros) anuales a 65.000 libras (72.000 euros).

Simon Weller, el secretario general adjunto del sindicato Aslef, considera que la disputa laboral avanza “hacia atrás” ante la falta de progresos durante meses de conversaciones.

El de este viernes es el segundo paro que encabezan los conductores de trenes del país esta semana, tras haber participado en la concentración de huelgas de este miércoles en sectores desde la educación al ferroviario, el día de mayores movilizaciones en el Reino Unido desde 2011.

EFE

IG

Hasta medio millón de trabajadores en Reino Unido están en huelga este miércoles, con miles de escuelas cerradas, líneas de ferrocarril clausuradas e importantes perturbaciones en las fronteras. Mientras, los sindicatos afirman que las negociaciones para poner fin a las huelgas, que se repiten desde diciembre, están “retrocediendo”.

El Gobierno fue acusado de “engañar a la opinión pública” y de congelar cualquier avance hacia un acuerdo con los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) y los sindicatos ferroviarios. Fuentes gubernamentales admitieron en privado que el optimismo de principios de enero sobre el fin de las huelgas se había desvanecido.

La serie coordinada de huelgas afecta a profesores, funcionarios, personal de Guardia de Fronteras y conductores de trenes. El Gobierno ha pedido a los ciudadanos que se preparen para “importantes trastornos”.

Miles de escuelas de Inglaterra y Gales permanecen cerradas, o parcialmente cerradas, ya que hasta 200.000 miembros del Sindicato Nacional de Educación (NEU, por sus siglas en inglés) secundan la huelga para demandar un aumento salarial por encima de la inflación. Las escuelas en Fife y Orkney (Escocia) también están en huelga este miércoles, como parte de la acción regional del Instituto Educativo de Escocia (EIS, por sus siglas en inglés), el mayor sindicato de enseñanza del país.

El NEU previó que el 85% de las escuelas se vean afectadas, y una encuesta sugiere que hasta una de cada siete escuelas cierre sus puertas a todos los alumnos, cifra que se eleva a una cuarta de cada cuatro en Londres.

El alcance total de las perturbaciones no se conocerá hasta después del comienzo de la jornada escolar, ya que los profesores en huelga no están obligados a informar a los centros con antelación, lo que obliga a los padres a buscar alternativas. El portavoz oficial del primer ministro, Rishi Sunak, dijo que la falta de información era “decepcionante”.

Se espera que la mayoría de los trenes de Inglaterra no circulen este miércoles, la huelga afecta a los 14 mayores operadores, y también que aumenten los trastornos en los aeropuertos y las colas en los pasillos de inmigración debido a las huelgas del personal del sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS, por sus siglas en inglés), el mayor sindicato de funcionarios públicos del país.

A la huelga también están convocados más de 100.000 funcionarios de más de 100 departamentos y organismos públicos, entre ellos la Oficina del Gabinete, los departamentos de Sanidad, Transportes, Educación y Empresa, así como el Museo Británico, la Comisión Electoral, la Agencia Espacial de Reino Unido y el Registro de la Propiedad.

No hay previstas nuevas conversaciones entre el Gobierno y sindicatos, aunque la ministra de Educación, Gillian Keegan, se reunió con cuatro sindicatos educativos a principios de esta semana.

Negociaciones “bloqueadas”

Los trabajadores del Servicio Nacional de Salud (NHS), que no se declararán en huelga hasta la semana que viene, están especialmente enfadados por el hecho de que las reuniones informativas del Gobierno, en las que se anunciaba que se estudiarían negociaciones salariales siempre y cuando se encontraran eficiencias, se hayan quedado en nada.

Una fuente sindical de alto nivel afirmó que el Gobierno había “bloqueado” todas las ofertas de más reuniones posteriores. El portavoz de Sunak dijo que “no tenía conocimiento de que se estuviera planeando ninguna [reunión]”.

Las negociaciones para evitar la huelga fracasaron este lunes y, aunque el NEU se mostró dispuesto a reanudar las negociaciones para evitar las huelgas previstas para febrero y marzo, no parece haber muchas esperanzas de que se produzcan avances, ya que el Tesoro bloquea los progresos.

“Se trata de un Gobierno que no comprende el papel de los sindicatos. No entiende que al final tendrán que negociar. De momento no han presentado ninguna oferta”, dice Mary Bousted, vicesecretaria general del sindicato. “Tenemos 27 días hasta el próximo día de huelga. Nos comprometemos a utilizar ese tiempo para negociar una solución a este conflicto. Pedimos al Gobierno que muestre el mismo compromiso”.

Sin confianza

El sindicato de maquinistas dijo que los esfuerzos para resolver el conflicto salarial se habían estancado por completo antes de la huelga de este miércoles, que paraliza gran parte de los ferrocarriles británicos.

Según Simon Weller, secretario general adjunto del sindicato Aslef, que representa a los maquinistas, los conductores están más lejos que nunca de una resolución. “Desgraciadamente, las cosas han retrocedido en cierta medida”, dice a The Guardian.

Weller achacó la ruptura de las conversaciones a una oferta inicial que el Rail Delivery Group, que representa a los operadores ferroviarios, hizo pública inmediatamente el mes pasado a la prensa antes de que el sindicato pudiera verla. “Eso rompió toda la confianza que teníamos en el proceso de negociación, los protocolos... y el problema es que se arrinconaron”.

En su opinión, la oferta y las condiciones estaban “diseñadas para fracasar”. Además de enfadar a los líderes sindicales, el tiro les salió por la culata, ya que los conductores se enfurecieron por los detalles del acuerdo. “La semana pasada organizamos un seminario web con 1.000 afiliados... Las preguntas eran: ¿Cuándo vamos a subir la apuesta? Están muy enfadados”.

Se ha pedido a los pasajeros que se informen antes de viajar, ya que no hay trenes en la mayoría de las rutas interurbanas y urbanas de cercanías, mientras el sindicato Aslef inicia el primero de los dos días de huelga de esta semana. El viernes habrá otro paro de 24 horas.

De los 14 operadores de Inglaterra, solo South Western Railway intentará prestar un servicio normal, mientras que Greater Anglia, LNER y GWR ofrecerán un servicio mínimo.

Exigencias “inasequibles”

Se espera que este miércoles se desplieguen unos 600 militares para mitigar los efectos de las huelgas, la mayoría de ellos en tareas fronterizas.

“Sabemos que habrá una interrupción significativa dada la magnitud de la huelga que tendrá lugar [este miércoles] y que será muy difícil para el público que intenta seguir con su vida cotidiana”, dijo el portavoz oficial del primer ministro.

Una alta fuente gubernamental dice que Sunak había dejado claro que los sindicatos debían desconvocar las huelgas antes de que pudieran celebrarse negociaciones serias, aunque se había hecho una excepción con el NEU este lunes, pero, según esta fuente, los funcionarios estaban trabajando constantemente para encontrar una solución.

En cuanto a los sindicatos de sanidad y educación, la fuente dice que estaba claro que las exigencias actuales eran inasequibles sin grandes recortes del gasto o subidas de impuestos. En cuanto a las huelgas del NHS de la próxima semana, la fuente dice: “Hemos señalado que estamos dispuestos a hablar de salarios, pero tiene que haber una zona de aterrizaje. No sabemos qué aspecto tiene para los sindicatos y no podemos partir de la premisa de una subida del 10% generalizada”. Los sindicatos de la sanidad afirman que no han recibido ninguna indicación sobre cómo podría ser la oferta del Gobierno.

Huelga en los puertos

El director general de la Guardia de Fronteras, Phil Douglas, declaró en una conferencia de operadores aeroportuarios celebrada en Londres que las huelgas podrían tener más repercusión que las de diciembre, cuando se desplegó el ejército y las colas solo disminuyeron ligeramente.

Esta vez, dijo Douglas, “todo el mundo a la calle: todos los miembros del PCS irán mañana [este miércoles] a la huelga”. Afirmó que “sin duda” habrá más huelgas de la Guardia de Fronteras, ya que el mandato del PCS durará hasta mayo: “Yo esperaría que lo utilizaran”.

El personal del cuerpo de fronteras que trabaja en Dover, Calais, Dunkerque y en la entrada del Eurotúnel en Francia hará huelga durante el semestre, según anunció el sindicato PCS este martes por la noche. Se trata de la primera huelga en los puertos marítimos durante el actual conflicto, y se espera que afecte a más de 1.000 funcionarios los días 17, 18, 19 y 20 de febrero.

Será la primera huelga que afecte a los puertos de Reino Unido y podría provocar el caos durante las vacaciones escolares. Las huelgas portuarias no afectarán a los agentes de la Guardia de Fronteras que trabajan con los recién llegados en pateras en los centros de tramitación de Western Jet Foil y Manston.

Sunak “engaña a la opinión pública”

Se espera que las huelgas en el NHS se intensifiquen la semana que viene, convocadas para todos los días excepto el miércoles, e incluirán al personal de ambulancias, enfermeras y fisioterapeutas.

Los sindicatos se enfadaron aún más cuando la presidenta del organismo de revisión salarial del NHS, Philippa Hird, reveló que el Departamento de Sanidad y Asistencia Social aún no había presentado pruebas antes de la próxima ronda salarial que comienza en abril, casi tres semanas después de la fecha límite.

Unison, el mayor sindicato sanitario, dijo que anunciará fechas de huelga hasta marzo, que probablemente afectarán al doble de fideicomisos de salud e incluirán a todo el servicio de ambulancias de Inglaterra.

La responsable de Sanidad del sindicato, Sara Gorton, dice que el Gobierno estaba “engañando a la opinión pública” al fingir que estaban trabajando para llegar a un acuerdo. “No hay negociaciones salariales, y el primer ministro debe dejar de intentar engañar a la opinión pública”, dice.

“La táctica del Gobierno parece consistir en atrincherarse, esperar meses el informe del organismo de revisión salarial y confiar en que el conflicto desaparezca. Y no lo hará”.

Los miembros del Real Colegio de Enfermería (RCN), el Sindicato General (GMB) y el sindicato Unite irán a la huelga el próximo lunes, seguidos de un segundo día de acción del RCN el martes. La Sociedad Colegiada de Fisioterapia hará huelga el jueves 9 de febrero, y 15.000 miembros del personal de ambulancias de Unison harán lo mismo en cinco servicios de ambulancias de Inglaterra al día siguiente.

El Instituto de la Administración Pública publicó un informe en el que se pone de manifiesto que la rotación en la función pública se encuentra en su nivel más alto de los últimos diez años. La moral ha bajado por primera vez desde 2015, y solo el 41% de los encuestados afirma que su organización les motiva para lograr sus objetivos, frente al 51% del año anterior.

Francia vivió este martes la segunda protesta masiva este mes de enero contra la reforma de la pensiones del gobierno de Emmanuel Macron, en una jornada en la que los sectores ferroviario, petrolero y educativo han efectuado importantes paros.

Después de la amplia protesta del 19 de enero, los sindicatos han echado un nuevo pulso a Macron exigiéndole la retirada tanto del retraso de la edad mínima de jubilación, de los 62 años actualmente a 64, como del adelanto a 2027 del alargamiento del periodo de cotización, de 42 a 43 años.

“El mundo del trabajo lo dice alto y claro, en la mayor protesta en 25 años, no quiere un aumento de la edad mínima de jubilación”, ha dicho a EFE Laurent Berger, líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), primer sindicato del país.

Sindicatos y Ejecutivo se han enzarzado en la tradicional batalla por los datos de seguimiento. La Policía ha calculado 1,272 millones de manifestantes en todo el país, algo más de los 1,1 millones que lo hicieron, según sus datos, hace 12 días, mientras que los sindicatos han reivindicado 2,5 millones, medio millón más que en la pasada convocatoria.

Las cifras de la Policía suponen una movilización récord contra una reforma social desde 1995, según el diario francés Le Monde.

En la cabecera de la manifestación parisina junto a otros líderes sindicales, entre ellos Philippe Martínez, de la combativa Confederación General del Trabajo (CGT), los convocantes han asegurado que han asistido 500.000 participantes, frente a los 400.000 calculados hace 12 días –según la Policía, han asistido 87.000 personas–.

La de París ha sido la más mayoritaria entre las de 250 protestas convocadas en toda Francia, seguida por la de Marsella, al sur. Allí, la Prefectura ha estimado 40.000 manifestantes (205.000, según los sindicatos), aún así más que el pasado 19 de enero, la primera de una serie de movilizaciones contra la reforma de las pensiones.

En la capital, la protesta ha acabado con algunos enfrentamientos con las fuerzas del orden, que se han saldado con 30 detenciones.

Frente a la firmeza del Gobierno, los sindicatos han convocado, de forma unitaria, dos nuevas jornadas de huelga general y manifestaciones, el 7 y el 11 de febrero próximos.

La meta de los sindicatos es, como en 1995 durante la presidencia del conservador Jacques Chirac, lograr que la presión social sea tal que impida la puesta en marcha de una reforma de las pensiones.

Del sector ferroviario al petrolero

A la espera de los datos definitivos, había secundado el paro un 19,4% de los funcionarios de la Administración Central frente al 28% del 19 de enero, según el Gobierno. Los trabajadores públicos de las administraciones locales se adhirieron a la huelga en un 7,9%, frente al 11,3% del día 19, y los de los hospitales en un 8,5%, después del 9,9% anterior.

No obstante, sí que ha habido servicios especialmente impactados como el petrolero, el ferroviario, el aéreo y el educativo, según cifras de los sindicatos.

Cerca de un tercio de los empleados de los trenes gestionados por la estatal SNCF han secundado la huelga –frente al 46,3% del 19 de enero–, lo que ha provocado que solo circulasen dos trenes regionales de 10 y entre el 25 y 30% de los de alta velocidad.

En la enseñanza secundaria, se calcula un 55% de huelguistas, de acuerdo con los sindicatos. Según el Ministerio de Educación, ha habido un 25,92% de profesores que respaldaron el paro, contando todos los niveles educativos, frente al 38,5% del 19 de enero.

Como era esperado, el sector de las refinarías y los depósitos de combustibles de TotalEnergies se han movilizado en masa, de acuerdo con el sindicato CGT. Cuatro refinarías han contado con al menos 75% de su personal en huelga.

El Gobierno defiende la reforma

En la rutinaria sesión parlamentaria de control al Gobierno, la reforma de las pensiones ha sido uno de los principales temas. El ministro de Trabajo, el antiguo socialista Olivier Dussopt, ha defendido la reforma ante las preguntas de la izquierda y la ultraderecha.

“Pedimos a los franceses un esfuerzo para que se pueda mantener el actual sistema por repartición”, ha aseverado Dussopt, quien lo ha justificado esgrimiendo el envejecimiento de la población: se ha pasado de los tres cotizantes por un jubilado de la década de 1970, al 1,7 de cotizantes de hoy en día.

El Ejecutivo galo ha defendido también la reforma del sistema de pensiones para estar en línea con la UE, pues Francia es uno de los países en los que la edad mínima de jubilación es más baja (62), un argumento desechado por los líderes sindicales. “Cuando hemos trabajado toda la vida el anhelo es poder vivir de la pensión, y durante más tiempo. Ese es el mensaje de la calle en Francia”, ha dicho Martínez.

Berger, que es también presidente de la Confederación Europea de los Sindicatos (CES), ha pedido al Gobierno galo que deje de “usar el argumento de Europa” para alargar la vida laboral, ya que la edad real de las jubilaciones en Francia y el resto de la UE es muy parecida.

Una parte decisiva del segundo mandato de Emmanuel Macron se decidirá en la calle. Como ya ocurrió con la reforma del sistema nacional de ferrocarriles en 2018, con las protestas de los 'chalecos amarillos' de ese mismo año y con una primera reforma de las pensiones –abandonada por el inicio de la pandemia en 2020–, el presidente francés vuelve a encontrarse con una fuerte movilización social, en este caso contra el impopular retraso de la edad legal de jubilación de los 62 a los 64 años.

Los ocho grandes sindicatos franceses habían convocado una primera jornada de movilización nacional para este jueves, después del anuncio del proyecto de ley de reforma de las pensiones. Como se esperaba, los paros han afectado especialmente a sectores clave como el transporte –sobre todo en la región parisina–, así como a la educación, a las refinerías y a la producción eléctrica. En la compañía nacional de ferrocarriles francesa (SNCF) el seguimiento ha alcanzado el 46,3% –particularmente elevado entre los maquinistas–, lo que ha provocado numerosas cancelaciones, sobre todo en los trenes regionales, según los sindicatos.

En las refinerías de petróleo, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha notificado que más del 70% de los empleados ha seguido el paro en la mayoría de instalaciones del grupo TotalEnergies y se ha anunciado la reanudación del movimiento para la próxima semana, en concreto los días 26 y 27 de enero. La CGT en su rama del sector Minas-Energía también ha declarado haber organizado reducciones de la producción de electricidad, aunque matiza que no tendrían “ninguna repercusión para los usuarios”.

“Saldremos todas las veces que haga falta”

Una gran manifestación ha desfilado por la tarde en París entre las plazas de la República, de la Bastilla y de la Nación, en el este de la capital, escenarios habituales de las movilizaciones sindicales. Los sindicatos han estimado la participación en 400.000 personas.

“La movilización ha superado nuestras expectativas”, ha dicho el líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, Laurent Berger. Su homólogo de la CGT, Philippe Martinez, ha declarado a la agencia France Presse que “más de dos millones de personas” se han manifestado en todo el país, al tiempo que celebra “la unión de los sindicatos, una señal de confianza para los trabajadores”.

El ministerio del Interior, por su parte, ha cifrado en 80.000 personas la presencia en la protesta de la capital y en 1,12 millones el número de manifestantes en toda Francia.

“Saldremos a la calle todas las veces que haga falta”, explica a elDiario.es Nathalie, una de las manifestantes en la capital, con una pegatina del Sindicato Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria sobre el abrigo. “Hay que pedir más esfuerzos a los que tienen más, no se pueden pedir los mismos sacrificios a todo el mundo”. Precisamente en el sector de la educación, el Ministerio ha afirmado que el 42,35% de los profesores de primaria y el 34,66% en secundaria han seguido la huelga, cifras muy inferiores a las que han publicado los sindicatos que estiman un 70% y 65% de seguimiento, respectivamente.

Reforma de alto riesgo

La primera ministra, Élisabeth Borne, los titulares de las carteras de Trabajo y Economía y el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, están siendo las caras visibles de la reforma en los medios y el Parlamento. Macron, por su parte, se mantiene por el momento en un segundo plano. Ha pasado el día en Barcelona durante una cumbre franco-española, donde se ha limitado a afirmar que la reforma ha sido “presentada y validada democráticamente” y que el Gobierno continuará con el proyecto “con respeto y espíritu de diálogo, pero con determinación y espíritu de responsabilidad”.

Gobierno, sindicatos y oposición son conscientes de que la reforma del sistema de pensiones es un tema que afecta a todos los ciudadanos y que genera especial inquietud. Por un lado, afecta de lleno al debate sobre las desigualdades sociales. Por otro, se alarga la duración de la vida laboral en un momento en el que todos los indicadores subrayan una evolución de la visión de los franceses sobre el trabajo. “No podemos exigir a gente que ha pasado toda su vida trabajando que trabaje aún más”, afirma Laurent, uno de los manifestantes presentes en la marcha del jueves. “Hay otras posibilidades, cuando todo lo demás se haya intentado, entonces, como última opción, podemos hablar de aumentar la vida laboral”.

El futuro de la movilización

¿Cuáles serán los próximos pasos? Los sindicatos barajan una prolongación en los próximos días –como ya ocurrió en 1995– o bien una llamada a la movilización repartida en varias jornadas a lo largo de varias semanas, como en 2010 cuando se organizó la oposición a la reforma de las pensiones durante el mandato de Nicolas Sarkozy. La intersindical ha convocado una reunión la noche del jueves para hacer balance de la primera jornada de movilización y organizar la continuación del movimiento.

“El resultado de la movilización depende de la capacidad de los sindicatos para crear una dinámica y un equilibrio de fuerzas suficientemente eficaz a largo plazo, que depende en parte del grado de movilización actual”, analiza el historiador Stéphane Sirot en la edición digital de Le Monde. “Las huelgas, especialmente cuando se reconducen y afectan a sectores claves de la economía, son un ingrediente esencial del equilibrio social de poder”.

LC