El juicio al falso abogado Marcelo D'Alessio comenzó este martes en los tribunales federales de Retiro por los delitos de extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero ante el Tribunal Oral Federal 8. El detenido es juzgado junto a otros ocho acusados en la investigación de pedidos de dinero a empresarios y otras víctimas, para no involucrarlos en causas judiciales.

El debate inició en la sala AMIA del edificio de Comodoro Py 2002 a las 10:50, con la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio. En principio, el proceso se desarrollará todos los martes, según informaron fuentes judiciales.

D'Alessio fue trasladado a primera hora desde la cárcel de Ezeiza, donde está detenido. Aguardó en la Alcaidía de los tribunales hasta que fue ingresado a la sala de audiencias con barbijo y custodiado por efectivos del Servicio Penitenciario Federal. Se ubicó en la última fila, junto a su defensa oficial.

El falso abogado está procesado por integrar una asociación ilícita que se dedicaba, entre otras actividades, a recabar información ilegalmente para luego extorsionar a sus víctimas e interferir en expedientes judiciales.

El Tribunal está integrado por las magistradas Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y el juez Nicolás Toselli.

El debate debía iniciarse a las 9:30, pero se demoró por problemas de organización. Durante toda la mañana, los integrantes del Tribunal escucharon la lectura de los hechos por los cuales juzgarán a los acusados.

Antes del inicio del debate, el abogado querellante José Manuel Ubeira sostuvo en declaraciones a la prensa que la candidata a Presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, “es la única persona que falta en este juicio”.

“El jefe de D'Alessio es el jefe de la asociación ilícita y no está en este juicio. Toda la construcción que se hizo alrededor de D'Alessio tiene mucho que ver con (Patricia) Bullrich, para mí es la única persona que falta en este juicio”, apuntó Ubeira. Se mostró “muy esperanzado en que se desmonte una parte importante de lo que fue el macrismo como Gobierno”.

A lo largo de la lectura del requerimiento de elevación a juicio, se recordó que D'Alessio se presentaba ante sus víctimas como “jefe regional de la DEA” y referenciaba su vínculo con el fiscal federal Carlos Stornelli, quien está siendo juzgado en este debate.

Del proceso participan ocho querellas -una es la de la Unidad de Información Financiera (UIF)- e interviene como fiscal Marcelo Colombo, quien había sido recusado por la defensa de D'Alessio. Sin embargo, fue confirmado por el TOF8 y la Cámara Federal de Casación Penal rechazó a última hora de ayer lunes por inadmisible un recurso de su defensa para llegar a esta instancia con su planteo de apartarlo.

EL TOF 8 admitió para este juicio unos 148 testigos y postergó para el debate la evaluación de admisibilidad de unos 70 más, según surge del expediente judicial. Entre los testigos, están el principal denunciante, el empresario Pedro Etchebest; el empresario Mario Montoto y Gabriel Bouzat, exsocio del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rozenkrantz.

El falso abogado llegó al juicio detenido, ya que se encuentra en prisión preventiva desde hace cuatro años y cuatro meses en la cárcel de Ezeiza. Esto es porque D'Alessio fue condenado a cuatro años de prisión en otra causa en la que se lo juzgó en 2021, por el intento de extorsión al empresario Daniel Traficante.

En este nuevo debate, también son juzgados los excomisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el exespía Rolando Barreiro; Mariano Díaz, quien actuaba de guardaespaldas de D'Alessio, y los empresarios Aldo Eduardo Sánchez, Pablo Leonardo Bloise y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, todos ellos por supuesto lavado de dinero.

Además, se sentará en el banquillo de los acusados el prefecto Franco Pini, desde cuyo usuario se revisaban las bases de Migraciones para obtener información de manera ilegal.

Uno de los hechos imputados tiene que ver con delito de lavado de dinero, a partir de la existencia de un grupo de WhatsApp llamado “Buenos Aires”, dentro del cual varias personas coordinaban acciones para colocar fondos de origen ilícito en cuentas off-shore.

A los acusados se les achaca haber formado parte, desde 2016 hasta febrero de 2019, de una asociación ilícita que “planificó” y, en algunos casos, “ejecutó sin poseer facultades para ello, ni orden de autoridad competente, actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación”, de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio.

La investigación fue abierta en la Justicia Federal de la ciudad bonaerense de Dolores, a cargo del ahora juez de La Plata Alejo Ramos Padilla. Sin embargo, tras una orden de la Cámara Federal de Casación, el expediente pasó a los tribunales de Comodoro Py, donde recayó en manos del magistrado Julián Ercolini.

Ercolini fue quien envió la causa de manera parcial a juicio, sobre la base de un pedido hecho por el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi.

La semana pasada, la Cámara Federal de Casación rechazó la posibilidad de excarcelar a D'Alessio y encomendó al Tribunal llevar adelante el juicio con “celeridad”.

El primer caso corresponde a los hechos denunciados por el empresario Pedro Etchebest, cuya presentación dio curso a la investigación, y a quien se le habría exigido el pago de US$300.000 para no involucrarlo en el denominado “caso Cuadernos”.

Otro hecho que se expone en el juicio tiene como víctima a Gonzalo Brusa Dovat, exdirector de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) en la Argentina, “a quien, mediante acciones de coacción, que importaron tareas de recolección de información previa a su respecto, se lo obligó a prestar testimonio en diversas entrevistas periodísticas y declaración testimonial en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli”, en 2019.

Además, se juzga el hecho que tuvo por víctima a Diego Vestillero, blanco de “acciones intimidatorias y extorsivas” en julio de 2016, además de “exigencias de dinero y amenazas con publicaciones en medios de prensa”, para obligarlo a “entregar documentación de contenedores relacionados con la firma Fox Cargo S.A.”, de la cual era directivo.

Entre los querellantes está el letrado Ubeira, contra quien D'Alessio, “en el marco de la asociación ilícita”, habría planificado “una cámara oculta” con el propósito de vincularlo, a través de algún tipo de ardid y una metodología similar a la del agente provocador, en una posible maniobra delictiva que pudiera ser encuadrada como “extorsión en grado de tentativa a un fiscal federal”.

LC con información de agencia Télam

La Justicia de San Nicolás dictó hoy la prisión preventiva para dos dirigentes de camioneros acusados de varios hechos de presunta extorsión a distribuidoras del municipio de San Pedro, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Maximiliano Cavaleiro y Fernando José Espíndola, dirigentes de la seccional San Nicolás del gremio de Camioneros, quienes están acusados de bloquear con sus vehículos el acceso a una planta distribuidora de San Pedro durante enero y febrero de 2021 con el objetivo de presionar para que la empresa acepte los reclamos laborales.

Entre esas demandas figuraban necesidades de infraestructura y seguridad de los trabajadores, levantamientos de sanciones a delegados de la empresa, además de presuntamente extorsionar a la firma con la exigencia de sumas de dinero.

El juez de Garantías de San Nicolás, Román Parodi, que reemplaza a la magistrada María Eugenia Maiztegui, dictó la prisión preventiva para ambos por los delitos de coacción en grado de tentativa-dos hechos-; extorsión -dos hechos- y extorsión en grado de tentativa en concurso real.

Sin embargo, el magistrado dispuso una medida de atenuación al disponer la prisión domiciliaria bajo la modalidad de pulsera electrónica para ambos dirigentes, que deberán cumplirla en sus respectivos domicilios.

“Se impone a los causantes la prohibición de contacto con los denunciantes, Sergio y Gustavo Rey, la firma Distribuidora Rey y los testigos de esta causa”, precisa el fallo.

El Sindicato de Camioneros destacó la decisión del juez de otorgarles a los imputados prisión domiciliaria, al advertir que “no existía ningún tipo de pruebas para justificar las acusaciones falsas por parte del empresario Rey”.

El gremio señaló en un comunicado que su secretario general, Hugo Moyano, describió esta causa como un “tema netamente político contra la organización gremial”.

“La Justicia entendió que no correspondía que ambos compañeros estén detenidos. Esto fue manejado por Mauricio Macri, el otro día respaldó a la jueza y salió a declarar cualquier disparate, como lo ha hecho siempre, haciéndole creer a la gente que los compañeros de San Nicolás habían cometido un delito”, expresó Moyano.

Por su parte, el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, manifestó que “ojalá que a partir de ahora la Justicia empiece a investigar a aquellos que destruyeron nuestro país; nosotros vamos a seguir reclamando, parando y movilizando por los derechos de los trabajadores camioneros”, aseguró.

Los hechos que se les imputan a los dirigentes de San Nicolás comenzaron en enero de 2021, cuando ambos dirigentes, junto a otras personas, bloquearon el acceso a la Distribuidora Rey, ubicada en la calle Bonorino 175 de San Pedro, “de forma intimidatoria, violenta y amenazante”, utilizando esta actividad como forma de presión, para lograr que se acepten los reclamos laborales de afiliados al sindicato.

Esta modalidad se repitió en febrero, y finalmente en abril de ese año se habría suscripto un convenio de pago entre los camioneros y la firma por una supuesta deuda de diferencia salarial de aportes y obra social.

En el expediente constan además grabaciones donde los camioneros pedirían dinero a Rey para cesar los piquetes en la planta y testimonios de algunos empleados de la distribuidora.

Paralelamente, el juez Roman Parodi ordenó se investigue la existencia de un legajo reservado en el que aparecieron grabaciones de diálogos entre uno de los imputados y su abogado.

DA

La Cámara Federal porteña resolvió este jueves que el juez Julián Ercolini quede a cargo de la causa por presunta extorsión y asociación ilícita en la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio, y que fue remitida a los tribunales de Comodoro Py desde la justicia de Dolores.

La decisión fue del juez del Tribunal de Apelaciones, Pablo Bertuzzi, quien resolvió así un conflicto de competencia planteado entre Ercolini y la jueza federal María Eugenia Capuchetti, informaron fuentes judiciales.

Bertuzzi le dio la razón a Capuchetti al concluir que Ercolini tiene en su juzgado una causa previa “estrechamente” vinculada al caso D'Alessio “en cuyo sentido resulta conducente que las pesquisas avancen bajo la dirección de un mismo magistrado”

El camarista entendió que “los puntos de contacto que se vislumbran entre ambas actuaciones permiten afirmar la conveniencia de su trámite conjunto”

“Ello así a los fines de esclarecer en mejores condiciones los extremos aquí investigados y llevar adelante un análisis global de la prueba producida”, agregó en su resolución.

Capuchetti se había declarado incompetente para intervenir en la causa que se inició en Dolores y la envió “por conexidad” al juzgado de Ercolini, quien investiga otra denuncia contra el falso abogado, aquella que le formulara el fiscal Carlos Stornelli cuando acusó a D'Alessio de haberlo estafado e invocado su nombre falsamente.

La causa D´Alessio se inició en 2019 en la ciudad de Dolores, a partir de una denuncia del empresario Pedro Etchebest y por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, pasó a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

En el caso están imputados D' Alessio y el fiscal Stornelli, entre otros acusados, y la pesquisa estaba camino a ser enviada a juicio oral por el juez subrogante de Dolores Martín Bava, cuando se resolvió el pase al fuero federal de la ciudad de Buenos Aires.

Con información de agencias.

IG