Enzo Nahuel Paredes tenía 9 años, y vivía en la comunidad Mbya Tekoa Porá, de Puerto Leoni. Había viajado a Posadas, a doscientos kilómetros de su aldea natal, junto a su padre, cacique de la comunidad, y su madre. En la mañana del 16 de marzo pasado, cruzó la calle para comprar un jugo en un kiosko, fue atropellado por un colectivo y murió. 

Enzo y su familia no estaban en Posadas vendiendo artesanías o mendigando, como reprodujeron equívocamente medios locales y nacionales, y como generalmente sucede con las familias guaraníes que, ante la falta de trabajo, se desplazan hasta la capital y duermen en los alrededores de la terminal. Fueron a hacer trámites de la comunidad y comprar útiles escolares. 

Luego de aquel episodio, las familias que solían acampar allí fueron corridas del lugar, y  hoy en día se les prohíbe vender sus artesanías en las calles. La tragedia de Enzo visibilizó en la provincia una situación generalizada, y sirve como botón de muestra de una situación irresuelta históricamente. Volvió a poner en el tapete los problemas económicos, sociales y territoriales que viven los guaraníes misioneros. Entre ellos se pueden mencionar la falta de suministro de agua potable y energía eléctrica, un alto índice de deserción escolar en el nivel secundario y una problemática territorial irresuelta. 

“El primer objetivo fue sacar a los niños en situación de calle de la ciudad de Posadas, porque nos hacia mal verlos vendiendo limones en los semáforo sin sus padres”,  afirma la nueva Directora de Asuntos Guaraníes de la provincia, Norma Silvero. La funcionaria es una futura trabajadora social que asumió el cargo en febrero de 2021, en reemplazo del históricamente cuestionado por su mal desempeño al frente de la dirección, Arnulfo Verón, que se mantuvo en el cargo por 20 años a pesar de acumular sistemáticamente pedidos de renuncia. Finalmente, fue removido luego del pedido de unos 80 referentes de diversas comunidades. “Trabajamos para que estos grupos de familia tengan contención en sus hogares y comunidades - continúa Silvero - Detectamos de dónde venían, hablamos con los caciques, escuchamos sus necesidades y los motivos del traslado. Nos dijeron que la pandemia les impedía vender sus artesanías y plantas medicinales. A partir de eso ingresamos en estas comunidades y trabajamos en varios sentidos, como la incorporación en ferias francas”. 

Sin embargo, hay quienes sostienen que detrás de esa  prohibición también sobrevuela un racismo velado. Como afirma Sergio Alvez, periodista local, que sigue de cerca la problemática guaraní. “Ellos necesitan salir a vender las artesanías. Acá dormían en las plazoletas y a la gente no le gusta ver eso. Hay un trasfondo de discriminación”. 

Claudio Salvador es docente, periodista y escritor. Trabaja codo a codo con las comunidades, es el creador del Proyecto Mate - que apunta al desarrollo de la comunidades indígenas a través del ejercicio del turismo- y última detalles para la creación del Instituto Superior de Turismo Comunitario Indígena Raúl Karai Correa, que ofrecerá la primera carrera de nivel terciario destinada a integrantes de las comunidades locales. Salvador ve con buenos ojos el arribo de Silvero, sin embargo dice: “Hasta el momento hay una ausencia de política publica destinadas a los pueblos originarios. Se van tapando agujeros que la historia ha dejado abiertos. Las forestales han plantado pinos exóticos y eucaliptos que han cambiado el entorno. Son empresas que enferman a la población, la intoxican con papeleras y pinos. Donde hoy ves una plantación de pinos, antes existían mas de mil especies que formaban parte de una selva”. Salvador apunta directo a la madre de todas las batallas: la lucha por la tierra. Los desmontes y el asedio de las madereras a las comunidades que no logran obtener sus títulos de propiedad no se detienen. 

Territorios en disputa

En Misiones hay 132 comunidades, según precisa la directora de Asuntos Indígenas, Norma Silvero, quien llegó al cargo con más consenso que su polémico antecesor, ya que a priori le reconocen su capacidad de diálogo y voluntad de trabajo. En esos territorios habitan unas 15 mil personas. Del total de esas comunidades, se relevaron alrededor de un 40 por ciento bajo la ley 26160, que fue sancionada en el año 2006 y  declaró la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas”. De ese total de tierras relevadas, solo unas treinta tienen su título de propiedad, según datos que aporta Cintia Gimenez, secretaria de ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen). elDiarioAR no pudo constatarlo con datos oficiales, ya que ni desde el Ministerio de Ecología ni de Asuntos Indígenas pudieron precisarlo. Este cronista visitó la comunidad de Yrirapú, en las inmediaciones de Iguazú, que es una de las pocas que tienen su título. Claudio Salvador trabaja con esa comunidad y asegura que el título es una donación del estado provincial. “Eso va contra las leyes y derechos colectivos, porque además se incluye en el sistema de área protegida como reserva natural y cultural. Eso le resta autonomía a las comunidades para decidir sobe sus bienes y recursos. Lo importante es que se reconozca la propiedad comunitaria y el territorio según establece la ley 26160. El territorio va mucho más allá del limite de una propiedad privada. Es todo lo que afecta al ambiente, al hábitat de la comunidades indígenas, a su entorno”.

“Desde el Inai (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) se trabaja en el relevamiento territorial. Acá tenemos varios técnicos trabajando, pero por distintas cuestiones que escapan de mi conocimiento no se pudo completar el relevamiento de la población real – precisa Silvero -. Eso le corresponde a Nación, ya nos reunimos con la presidenta del Inai (Magdalena Odarda) y se comprometió a continuar relevando las comunidades que faltan. El relevamiento asegura a los grupos familiares que no sean desplazados de lugar de origen. De ahí en más es parte del Estado gestionar para que estas propiedades puedan pertenecer a los grupos familiares que se encuentran en este territorio”. elDiarioAR intentó entrevistar a Magdalena Odarda, la presidenta del Inai, pero no obtuvo respuestas. Fuentes técnicas del Inai consultadas aclaran que el organismo no da títulos de propiedad, sino que solo realiza los relevamientos. Los títulos dependerán de que algún día se sancione una ley de propiedad comunitaria.

“Viven en pequeños fragmentos de su territorio originario, reclamando por su tierras. Quienes no tiene el ordenamiento territorial realizado, están con la sensación de no saber donde caerse muertos – agrega Claudio Salvador - Los estados no están cumpliendo con sus aplicación legales y los acuerdos firmados internacionalmente. Lo que hace la ley es legitimar lo que dice la Constitución: que hay que entregarle las tierras que ocupan hoy, ancestralmente u otras. Está establecido en la Declaración de los Derechos Indígenas de las ONU. En Misiones se demora porque donde hay un árbol valioso, las empresas siguen depredando. Hay buenas voluntades pero no terminan de sobreponerse a los intereses que existen sobre lo que nuestra cultura llama recursos. Y para los pueblos indígenas son bienes culturales y no recursos naturales”. 

Desmontes y disparos 

El viernes 17 de diciembre, integrantes de la comunidad de Ka’acupé, situada en el municipio de Ruiz de Montoya, y de la comunidad de Alecrín, ubicada en el municipio de San Pedro, realizaron un corte sobre la ruta provincial 7 para pedir que las empresas Carba S.A – en Ka ácupé -  y Harriet Larrague - en Alecrín - dejen de talar el bosque nativo en su territorio ya relevado. Además, denunciaron que empleados de Carba escondidos entre los árboles dispararon contra un grupo de cinco chicos de entre 12 y 17 años, mientras juntaban frutos y revisaban sus trampas de animales. Los chicos huyeron aterrorizados. El cacique de Ka’akupe Mario Borja denunció estos hechos en el Juzgado de Instrucción 2 de Oberá. Pero aclara que las denuncias suelen ser cajoneadas, ya que las empresas cuentan con la complicidad del poder judicial, además de la protección policial cuando entran a a taler el monte o cuando ellos ponen el cuerpo para resistir el avance de las topadoras.  

“La comunidad siempre estuvo en este territorio. Acá fallecieron nuestros abuelos y bisabuelos” – asegura Borja, quien precisa que en Ka’acupé se relevaron 5633 hectáreas en el año 2005, pero que aún no obtienen el título de propiedad. “No estamos acompañados por el estado provincial. La empresa Carba se apropió del territorio y no quieren entregar el titulo porque hay intereses de explotación del monte nativo. Ellos siguen sacando madera”. 

En Ka’akupe hay 27 familias, pero en el mismo predio habitan otras cinco comunidades. Borja dice que la provincia vendió a la empresa las tierras en los años setenta. “Las tierras siempre fueron de las comunidades, lo que pasa es que nunca tuvimos un papel. Nuestros antepasados nunca supieron, a nuestros abuelos nunca le importó tener o saber de papeles de propiedad – explica el cacique - El Ministro de Ecología dijo que tenia que estudiar el tema porque es nuevo, pero el que estaba anteriormente dice que no sabe nada. No hay respuestas, siguen con los ojos tapados, no ven ni escuchan”.  elDiariAR quiso entrevistar el Ministro de Ecología, Victor Kreimer, pero se excusó. Dijo que asumió su cargo recientemente, que es un tema sensible y que no está muy al tanto de la situación. Ofreció pasar el tema a su director, pero nunca respondió. Además, fue consultado sobre qué cantidad de comunidades tienen el titulo de propiedad, y respondió: “Ese dato lo solicité a la subsecretaría de tierras que maneja la cuestión y me están elaborando informe. Hay algunas comunidades que tienen títulos, otros están en trámite y en otros casos están asentadas en tierras de otros titulares”. 

Norma Silvero, por su parte, dice que están tratando de llegar a un acuerdo para comprar las propiedades, sobre todo en el predio donde viven y producen. “Ya se hizo en San Ignacio, y estamos tratando de hacerlo en Ka’acupé, donde Carba nos ofrece tres mil hectáreas para un grupo de cinco comunidades”. Sin embargo, el cacique Borja dice que la empresa viene ofreciendo esto hace mucho tiempo. “Ella no nos representa ni puede llegar a negociar en nombre nuestro. Tienen que escuchar a la comunidad, que tiene relevadas 5633 hectáreas por ley, y eso no se negocia”. 

Suicidios adolescentes 

Una cuestión de la que se habla en voz baja es la problemática de los suicidios adolescentes. Si bien elDiarioAR no pudo precisar un número exacto, cuando este cronista pasó recientemente por una de las comunidades que visitó, le revelaron que unos días atrás un adolescente se había suicidado. Según algunas fuentes consultadas, se trata de tema que salud publica no afronta. Además, no hay profesionales indígenas de salud mental que puedan trabajar de manera mixta, es decir, tanto desde la cosmovisión indígena y el abordaje del hombre blanco, como se hace, por ejemplo, en Canadá. A partir de la fragmentación de la selva se sienten confundidos, como que no pertenecen a ningún lugar. La perdida del territorio y de sus tradiciones los angustia. 

La antropóloga Ana Gorosito Kramer es profesora emérita de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam (Universidad Nacional de Misiones), y una referente en investigaciones vinculadas a los guaraníes. Según la información que maneja, este año fueron dos los suicidios, pero alerta de que es una situación que puede ir creciendo, y enumera que son varias las causales de esta tragedia. 

“Es como si estos jóvenes hubieran sido empujados a un individualismo extremo y sin salida, en donde la única salida desesperada ante este individualismo y ruptura de lazos comunitarios llevan al deseo de suspender la vida porque no hay nada, el mundo sagrado ha desaparecido”. Por otro lado, asegura que los liderazgos políticos son endebles, ya que muchos vienen digitados y manipulados por autoridades de la política provincial, sobre todo en tiempos del polémico Arnulfo Verón. 

Además, explica que están desapareciendo los liderazgos religiosos a través de un  proceso de secularización de la vida ordinaria, y apunta contra los evangelistas. “El notable ingreso de las iglesias evangélicas de origen brasileño en las aldeas es espantoso. Construyen templos, promocionan pastores, destruyen elementos religiosos. Esta introducción religiosa es violenta”. 

Finalmente, todo parece confluir en el mismo punto neurálgico, la madre de todas las batallas: los conflictos territoriales. “Es una cuestión que nunca termina. Desde el 2006 se viene remando con la ley de reconocimiento territorial. Sabemos que es una ley que nos queda corta de manga, porque falta la ley de propiedad comunitaria. Acá no se trata de territorio pelado, se trata del monte como tal,  ya que provee una serie de elementos que permiten el ser en el mundo de un guaraní, que se completa en esa coexistencia y en sus propios espacios y ambientes conocidos. Se trata, nada más ni nada menos, que la desaparición de sus espacios físicos. La selva no es cualquier cosa para los guaraníes, es su espacio”. 

GP