El grupo Techint a través de distintas empresas estará presente en todas las etapas de la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner (GNK): fabricación de la chapa, elaboración de los tubos y realización de la obra. Una vez terminado, el GNK servirá para transportar el gas que el grupo extrae de Vaca Muerta a través de Tecpetrol.

Durante las últimas décadas el grupo no sólo llevó adelante una internacionalización productiva de sus principales áreas de negocios (siderurgia, construcción, energía), sino también una reestructuración corporativa que dejó a las empresas locales como eslabones de una red global, cuyo control último pasó a depender formalmente de firmas localizadas en guaridas fiscales.

Techint localizó a sus principales firmas controlantes en Luxemburgo, creando Tenaris para consolidar a las fabricantes de tubos sin costura, y Ternium para las de aceros planos. Como parte de ese proceso fundó distintas firmas en Uruguay.

Cada una de las firmas involucradas en el GNK está vinculada a una estructura offshore -comunmente denominadas como “empresas cáscara”- ubicadas en Uruguay que no tienen actividad productiva alguna pero sí un intenso intercambio comercial y financiero formal con las empresas radicadas en Argentina y en otros países.

Las empresas cáscaras se dedican a realizar maniobras de manipulación y si- mulación con la finalidad de eludir y evadir normas tributarias, cambiarias, laborales, etc., de espacios territoriales, así como también, fugar capitales a plazas financieras para su posterior valorización financiera. Las cáscaras participan formalmente en operaciones que no ocurren efectivamente y, por lo tanto, su rol se limita muchas veces a un mero asiento contable.

Los balances de las empresas cáscara situadas en Uruguay muestran un rol muy importante en los flujos de capital al interior del grupo. En su conjunto facturaron US$ 7.418 millones en el año 2021, equivalente al 13% del PBI de Uruguay.

Gran parte de la producción de las firmas siderúrgicas del grupo con destino al comercio exterior es canalizada por medio de estas cáscaras uruguayas: las ventas de Ternium y Tenaris en Uruguay representan el 33% de la facturación de las ramas siderúrgicas del grupo Techint a nivel mundial.

Las cáscaras uruguayas de Techint ganaron US$ 472 millones en el año 2021 y US$ 2.029 millones en los últimos cinco años debido a la actividad de intermediación. Las cáscaras de Tenaris en Uruguay explican entre el 15% y el 22% de las ganancias brutas de toda la rama contabilizando todas las empresas radicadas a lo largo y ancho del planeta. Esta ganancia fue generada por empresas productivas y trasla- dada a las cáscaras uruguayas a través del desvío de precio de transferencia. Este guarismo es del 5% en el caso de las cáscaras de Ternium.

Es llamativa la magnitud de los gastos de administración que declaran estas empresas, teniendo en cuenta que la mayoría prácticamente no tiene empleados.

 Los balances de las cáscaras registran pagos por el uso de activos intangibles (marcas, identidad corporativa, patentes, etc). Dichos activos intangibles están constituidos por las innovaciones desarrolladas por centros locales e investigadores argentinos, las cuales fueron transferidas a estructuras offshore en guaridas fiscales.

En el caso de Tenaris se destaca la cáscara Tenaris Connections BV - radicada en Países Bajos-, la cual controla los derechos de propiedad in- telectual de la rama. Por este motivo, la cáscara uruguaya Tenaris Global Services abona una licencia por el uso de la marca. En el año 2021, la misma desembolsó US$ 119 millones en dicho concepto.

Gracias a las normas impositivas uruguayas, la tasa efectiva en el capítulo del im- puesto a la renta comprende únicamente el 0,75% de las ganancias (en Argentina el impuesto a las ganancias es del 35%). Las cáscaras uruguayas abonaron impuestos (incluyendo el impuesto a la renta, entre otros) por el 0,3% de su facturación y el 3,2% de las ganancias antes de impuestos para el año 2021.

Algunas de las cáscaras son utilizadas para captar el excedente de las firmas productivas y realizar inversiones financieras, muchas veces a través de cuentas en bancos ubicados en otras guaridas fiscales.

Para tener una idea de la magnitud del activo que administra basta mencionar que en 2019, las empresas cáscaras uruguayas llegaron a detentar US$ 1.745 millones como saldo en Caja y bancos -es decir, dinero constante y sonante-.

En particular, las cáscaras de Tenaris en Uruguay llegaron a explicar el 92% del saldo de caja y banco del conjunto de la rama contabilizando todas las empresas sin importar su ubicación.

Las cáscaras también se utilizan para llevar adelante préstamos entre empresas del mismo grupo (intra-firma), cuya magnitud también es sorprendente: para 2019 sólo Tenaris Financial Services realizó préstamos a otras ramas del grupo por US$ 2.235 millones.

La cáscara Tenaris Financial Services funciona al igual que un Banco. Esta contabilizó pasivos financieros por US$ 3.250 en el año 2019 que representan los depósitos realizados por diversas empresas del grupo Techint. Estos fondos provienen de empresas con actividad productiva fugados al exterior.

La simulación de préstamos intrafirma es una operatoria común en las empresas multinacionales que buscan eludir los controles de capitales en los países que producen. Las cáscaras en Uruguay son utilizadas como empresas holding, manteniendo par- ticipaciones accionarias y controlando diversas empresas productivas. El valor en inversiones por participación accionarias ascendió a US$ 3.672 millones en el año 2019.

El control de empresas locales a través de las cáscaras en el exterior habilita la posibilidad de reclamos ante el CIADI como el ocurrido con Tecpetrol.

Las cáscaras uruguayas de Techint poseen un patrimonio neto elevado, el cual al- canzó US$ 5.661 millones. El patrimonio neto representa el acervo de capital propio, y en el caso de las empresas cáscaras, este constituye el stock de fuga de capitales.

Las cáscaras de Tenaris en Uruguay explican el 15% del patrimonio neto de la rama en su conjunto, contabilizando todas las empresas radicadas a lo largo y ancho del planeta. Este guarismo es del 100% en el caso a las empresas cáscaras de Tecpetrol, sin embargo, el mismo es del 3% en el caso de las cáscaras de Ternium.

Las empresas uruguayas estudiadas son utilizadas por sus controlantes -otras cáscaras del grupo radicadas en países europeos- como si fueran cajas fuertes, para depositar o retirar fondos a través de aportes de capital o pagos de dividendos respectivamente.

Las cáscaras uruguayas obtuvieron aportes de capital por parte de sus empresas controlantes por un valor de US$ 1.599 millones en el período 2017-2021. A su vez, las mencionadas cáscaras abonaron dividendos a sus controlantes por US$ 1.630 millones.

Este “Resumen Ejecutivo” forma parte del informe Gasoducto al paraíso: la estructura offshore del grupo Techint en Uruguay

La Justicia Federal de Mar del Plata suspendió el proyecto de exploración petrolera en el Mar Argentino y frente a la costa de esa ciudad.

El juez Santiago Martín - a cargo del Juzgado Federal de Mar del Plata 2- consideró tres puntos para suspender la actividad. Primero, el cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566); segundo, la falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión y, en tercer lugar, las falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino.

La autorización de la actividad a la empresa Equinor fue a través de un decreto del Gobierno Nacional publicado en el Boletín Oficial el 30 de diciembre de 2020, el último día de actividad del año. En realidad, la Resolución 436/2021 habilita la exploración sísmica en tres zonas del Mar Argentino y también están involucradas las empresas YPF y Shell. Las zonas son las distinguidas como “CAN 100″, ”CAN 108″ y “CAN 114″, de la Cuenca Argentina Norte. Dos de ellas están ubicadas a 307 kilómetros frente a la costa de Mar del Plata, y la CAN 114 a 443 kilómetros.

La resolución que dio luz verde a la actividad offshore lleva la firma del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y provocó importantes movilizaciones en su contra. A los días surgió un movimiento #Mira conformado por cientos de personalidades que pedían frenar la actividad. Al mismo tiempo, organizaciones ambientalistas presentaron a la Justicia medidas cautelares. En el juzgado federal 2 de Mar del Plata lo hicieron la “Organización de Ambientalistas Organizado”, el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro y un particular. Estas tres hoy tuvieron su resolución y por ella se ordenó la suspensión de la exploración sin límite temporal hasta que se dicte una sentencia definitiva.

En el escrito, el juez habla del incumplimiento de las autoridades nacionales. “Las autoridades competentes no habrían cumplido con el estándar de máxima publicidad que las obliga, en la medida de los recursos disponibles, a poner a disposición del público y difundir la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible”, se lee en el fallo. Y, además, indica que “tampoco surge de los elementos obrantes en el expediente las razones que llevaron a las autoridades ambientales a omitir la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que sería el instrumento adecuado para abordar el análisis de los impactos acumulativos de la exploración sísmica en las distintas áreas del Mar Argentino sujetas a concesión”.

 Una de las mayores preocupaciones de los críticos al proyecto estaba el peligro que implica la exploración para la fauna. El escrito atiende al argumento y asegura el “riesgo de daño inminente en la que se encuentran las poblaciones de Ballenas Francas Australes y de Cetáceos en general, Misticetos, Odontocetos, dado que las explosiones sonoras en su hábitat natural le pueden provocar daño grave e irreparable e inclusive hasta la muerte, debiéndose advertir que muchas de las especies que habitan en las aguas jurisdiccionales argentinas son especies en peligro o amenazadas de extinción o se encuentran en situación de vulnerabilidad”.

PP

La expansión de la actividad petrolera y gasífera en el mar Argentino está pasando límites en nombre de la “soberanía energética” y la búsqueda de divisas, según la denuncia de organizaciones y expertos en medio ambiente que advierten sobre la última autorización del ministro de Ambiente, Juan Cabandie, para la exploración o prospección sísmica a 200 millas marítimas de las costas del sur de la provincia de Buenos Aires. Cristian De Haro es uno de los especialistas que ayudó a desarrollar un protocolo para mitigar el impacto de la actividad en ballenas, delfines, tortugas, lobos marinos y peces que deberá ser aplicado en las próximas exploraciones sísmicas.

De Haro es licenciado en Ciencias del Ambiente, investigador y docente del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la Universidad de Buenos Aires (GEPAMA-UBA). Se especializa en el estudio y conservación de cetáceos en la Patagonia y en el impacto de la actividad petrolera en ambientes marinos y costeros desde hace 30 años. 

“Este proyecto de prospección sísmica -que aprobó Cabandie- es uno de varios que se irán presentando. En 2017, hubo una apertura muy grande de permisos y ofertas de bloques de exploración que no se realizaban desde hacía muchos años. Se adjudicaron 18 bloques, de los cuales, ocho, son en la Cuenca Argentina Norte, en el Talud Continental, donde nunca se explotaron hidrocarburos. Otros 10 bloques están en la Cuenca Austral y Cuenca Malvinas Oeste, que ya son explotadas pero buscan extender la exploración allí”, explicó De Haro. 

La exploración sísmica es realizada desde buques que transportan una cola de cañones que disparan aire comprimido en el mar y provocan lo que Greenpeace llamó “bombardeos acústicos”. El sonido que generan estos disparos sonoros viaja hasta el lecho marino y permite identificar la presencia de gas o petróleo. Esa información es obtenida y procesada por compañías especializadas que luego venden los datos a las petroleras para que realicen la extracción.

De Haro explicó a elDiarioAR que estos disparos sonoros se realizan en Argentina desde 1957, con tecnologías que fueron modificándose con el avance del tiempo.

El protocolo que ayudó a elaborar junto a especialistas del ministerio de Ambiente fue aprobado oficialmente en 2021, pero el experto advierte que “es una medida concreta, una piecita”. “Si se cumple, minimiza el riesgo de esta actividad, pero no es función de este protocolo ordenar el impacto de las actividades marítimas. No es que con este protocolo se va a poder expandir la frontera hidrocarburífera sin riesgos”, advierte en diálogo con elDiarioAR. 

Es lo que más le preocupa, aclara: “La expansión de la barrera hidrocarburífera no puede crecer indiscriminadamente” y está avanzando sobre áreas que deberían estar protegidas por el Estado.

La tendencia indica que la exploración de hidrocarburos se superpone con áreas que deben estar protegidas.

¿Cómo afectan estos disparos en el mar a los mamíferos marinos y a otras especies del mar?

Pueden modificar el comportamiento habitual, enmascarar la comunicación, dificultar la percepción del entorno, desplazarlos de hábitats relevantes, provocar reacciones de estrés, interferir con sus funciones vitales, reducir la disponibilidad de presas y, en casos extremos de exposición al ruido puede causar lesiones directas y hasta afectar su supervivencia. Puede afectar tanto a mamíferos como tortugas, aves marinas y peces.

¿Cómo surgió el protocolo para la exploración sísmica?

Hace bastante tiempo que vengo planteando la necesidad de un protocolo unificado pero surgió en función de la resolución conjunta de Energía y Ambiente de 2019. Ambiente empezó a tener un papel protagónico en el proceso de análisis del impacto ambiental de esta actividad. Fue un avance importante. Antes ni siquiera intervenía, todo era manejado por Energía. Es lógico que Energía promueva la producción hidrocarburífera y que Ambiente quiera conservar los recursos naturales, pero lo que no puede pasar es que funcionen como compartimentos estancos o como dos Estados distintos.

Sin embargo, a pesar de que participó Ambiente, las organizaciones ambientalistas fueron muy críticas con Cabandie por haber aprobado el informe de impacto ambiental sin explicar los argumentos. 

Decisiones tan relevantes es mejor tomarlas en otras épocas, cuando la gente no esté de vacaciones o distraída. 

¿Está de acuerdo con la decisión que tomó el ministro Cabandie?

Se supone que Ambiente recibió alguna presentación solicitada a la empresa que le permitió autorizar la prospección pero no sé qué presentaron, qué pidieron. No lo sabemos y por eso hay sectores que reclaman la documentación respaldatoria que hizo que el ministerio cambiara su posición. 

¿Estos bloques en los que se autorizó la exploración sísmica están ubicados muy cerca de zonas protegidas?

Sí. La tendencia indica que la exploración se superpone con áreas que deben estar protegidas, y no sólo en el Talud Continental sino también en la zona austral, están cerca de Cabo Vírgenes. Las torres de petróleo ya están a 20 millas ó 40 kilómetros. Y los bloques de la zona austral están cerca de las áreas marinas protegidas, como Yaganes (al sur de Tierra del Fuego) y Namuncurá (Banco Burdwood, a la altura de Ushuaia). También hay áreas protegidas costeras y marinas provinciales de mucha riqueza. El ministerio de Ambiente incluso sacó un documento con áreas relevantes del mar Argentino sugeridas para la creación de nuevas áreas marinas protegidas. 

Las críticas a Cabandie por la autorización de estas exploraciones en la Cuenca Argentina Norte abrieron también réplicas de sectores que opinan que el cuidado del medio ambiente frenaría el desarrollo económico o la “soberanía energética” de la que habla el Gobierno. ¿Es real la supuesta dicotomía entre ambientalismo y progreso económico?

La discusión de ambientalismo versus progreso económico es arcaica. La conservación y protección del ambiente no va en contra del desarrollo. Todo lo contrario. El tema es cómo un país piensa el aprovechamiento de esos recursos. Si los va a extraer y explotar para generar divisas rápido o si va a planificar a mediano y largo plazo. O cómo vamos a consumir y demandar recursos naturales. Si no diversificamos la matriz energética, la actividad petrolera y gasífera va a tender a expandirse. Tenemos que tomar medidas integrales, buscar alternativas. La expansión de la barrera hidrocarburífera no puede crecer indiscriminadamente. Hay que ordenar las actividades en el mar. Si el Estado decide hacer una prospección sísmica se tienen que aplicar los máximos estándares, seguimientos y controles y contar con información. Está claro que los hidrocarburos son recursos estratégicos pero también son estratégicos el agua, la diversidad, los bienes y servicios ecosistémicos. 

¿Cuál sería el límite?

Hay que exigir una evaluación ambiental estratégica, hasta dónde van a llegar los proyectos hidrocarburíferos y qué impacto van a tener en sus distintas etapas. Es urgente hacer una planificación espacial marina donde se ordenen las actividades socio económicas y de conservación. Eso implica también aumentar las áreas marina protegidas y la eficiencia de las que ya están. 

¿Cómo elaboraron el protocolo?

Está basado en experiencias internacionales. Se aplica una vez que el Estado aprobó la actividad sísmica y le exige a las empresas que contraten expertos en vida marina como observadores en los buques. Determina además las medidas para los observadores marinos a bordo, que tienen que tomar datos y están vinculados a medidas de mitigación. Eleva los estándares y exigencias. La industria también tiene sus estándares y a veces las casas matrices tienen estándares que superan lo que les exige un país. Pero este nuevo protocolo es obligatorio para aguas nacionales y estandariza el procedimiento para todas las empresas. 

La expansión de la barrera hidrocarburífera no puede crecer indiscriminadamente.

¿En qué consiste el procedimiento?

Establece cuántos observadores mínimos tienen que llevar las empresas en los buques y exige que sean no sólo observadores visuales sino también acústicos. Cuando no hay visibilidad en el mar o cuando la prospección sísmica se realiza durante horas nocturnas, los observadores acústicos pueden detectar si hay individuos -ballenas, lobos marinos, tortugas, delfines- en la zona. Además, el protocolo amplía el área de exclusión de 500 a 1.000 metros mínimos. 

¿Pueden los observadores ordenar a la empresa que frene la actividad sísmica?

Los observadores marinos además de tomar datos de las especies tienen que estar observando si aparece al menos un cetáceo, una tortuga, un lobo marino dentro de esa área de exclusión y tiene que avisar a quienes manejan los cañones para evitar que disparen, para que corten la actividad. Lo tienen que hacer. Los observadores luego tienen que informar a la autoridad de control, en este caso Energía, pero sería muy importante que sea en conjunto con Ambiente. 

Pueden generarse situaciones de tensión entre los observadores y los empleados de la empresa a bordo del buque…

No te quepa la menor duda. Por eso es importante que los observadores trabajen en equipo, que haya un seguimiento de ambos ministerios y articulación con la empresa. 

¿Cómo se garantiza la independencia de estos observadores con respecto a las empresas que van a tener que contratarlos?

Son independientes pero los contrata la empresa y tiene que pagarles, es su obligación. Eso no significa que hagan cualquier cosa. Cuanto mejores profesionales e investigadores de las universidades se capaciten, más eficiente va a hacer su trabajo. Es importantísimo que en la aplicación del protocolo se involucre el ministerio de Ambiente, que capacite a los observadores marinos a bordo y que se priorice a los especialistas argentinos.

¿Si se cumple este protocolo se minimiza el riesgo para la fauna marina?

Sí, el protocolo también tiene en cuenta esto: uno de los problemas de las explosiones en el mar es lo repentino y sorpresivo, y eso puede provocar daño físico grave en los individuos. Ese tiempo de corte para ver si finalmente los individuos siguen en el área de exclusión es central. Si se observa que en 20 minutos no aparece, se supone que se alejó, pero en áreas de mucha profundidad se asume que hay buceadores y entonces el corte se lleva a 40 minutos de espera. 

¿Qué se establece sobre los cañones?

El protocolo establece que los cañones se inician con arranque suave, a mínima potencia y van aumentando progresivamente la potencia hasta llegar al máximo permitido por el estudio de impacto ambiental. Esto busca que el sonido se vaya incrementando durante determinado tiempo, una media hora o 40 minutos, y que los individuos tengan un alerta para alejarse de la fuente de sonido. Este procedimiento no es perfecto, tiene cuestionamientos pero es parte de lo que está estipulado internacionalmente. Los buques también arrastran el equipamiento y pueden tener 8 mil metros, es como una cola de novia de cañones. Cuando pega la vuelta, tiene que hacer un giro importante y sale del área permitida. El protocolo indica que cuando hace esa vuelta los cañones no sigan funcionando.

¿Qué datos deben tomar los observadores?

Datos de los individuos, de comportamiento ante el efecto del ruido y la invasión del área. Puede haber especies que reaccionen distinto a otras. En el protocolo se agregó la obligación de registrar y observar tortugas, mamíferos marinos y aves buceadoras (pingüinos principalmente), que no estaban contempladas antes. 

¿Quiénes van a procesar esos datos?

Los datos tienen que volver a Energía y Ambiente. Toda la información y los datos sirven para poder tener un informe anual en el que se plasmen y se analicen. Si lo hubiésemos hecho hace diez años, hoy tendríamos un bagaje de información propia que retroalimentaría alertas y medidas, y sobre los niveles de cumplimiento. Este protocolo es una piecita para eso. Es importante que el control y el seguimiento lo hagan en tiempo real Energía y Ambiente. Por ahora, lo hace Energía pero es esencial que sea conjunto y esto existe como posibilidad en la reglamentación. 

Evidentemente el Gobierno no quiere que Ambiente controle esta actividad de la secretaría de Energía. ¿Por qué sucede esto?

Pasa con todos los ministerios. A Ambiente le vengo insistiendo hace años que tienen que estar involucrados. La resolución de 2019 permite que participe.

ED

Las concesiones petroleras sobre el mar Argentino realizadas por el expresidente Mauricio Macri, ahora validadas y defendidas a capa y espada por el actual gobierno nacional, abrieron un nuevo frente de conflicto en el siempre resbaloso y asimétrico debate entre Ambiente y Desarrollo.

Luego de la resolución que da luz verde (licencia ambiental) a la actividad off shore, rubricado el 30 de diciembre pasado por el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, asistimos a importantes movilizaciones en defensa del mar Argentino en las ciudades de la costa bonaerense, principalmente en Mar del Plata. Como una continuidad inmediata del “Chubutazo”, cuyo impacto social preocupa cada vez más al establishment político y económico, las movilizaciones de la costa dieron cuenta de la importancia creciente de las problemáticas ambientales, en un contexto nacional en el cual se conjugan crisis climática (voracidad de los incendios forestales, crisis hídrica y mayor frecuencia de eventos extremos) y avance de las políticas neoextractivistas del gobierno argentino (en nombre de la necesidad de divisas para pagar la deuda externa). 

Volvamos un segundo atrás para recordar que la cartera ambiental fue la encargada de llamar a la audiencia pública, realizada en julio de 2021, en la cual manifestaron su rechazo más de 400 participantes entre científicos de diferentes campos, ciudadanos de todo el país y organizaciones ecologistas. Tomando en cuenta la postura negativa que predominó en la audiencia pública, así como los acuerdos internacionales de descarbonización y el mandato de la transición energética, al interior del gobierno circularon mensajes de que Cabandié no otorgaría la licencia ambiental a la actividad hidrocarburífera offshore. Sin embargo, meses más tarde, éste hizo tabula rasa de los reclamos ambientales y los compromisos internacionales, reorientando su discurso hasta ponerlo en sintonía fina con la narrativa extractivista del Ministerio de Producción. Vaya a saber cómo operó el disciplinamiento partidario al interior del gobierno, pero resulta evidente que el Ministerio de Ambiente cedió ante las presiones internas y comenzó a hablar otra lengua. Así, los planetas se alinearon.

Ante las enormes movilizaciones costeras que advirtieron sobre la ausencia de licencia social, la respuesta del gobierno nacional no tardó en llegar. La semana pasada, luego de una reunión con el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, distintos funcionarios –de energía, producción y ambiente- salieron en amables giras mediáticas a defender la exploración y explotación off shore. También boletines informativos webs se encargaron de replicar, casi calcadamente, la información falaz y maliciosa que hacían circular desde el Ministerio de Producción. Otros medios atacaban al ambientalismo calificándola de “prohibicionista” y “antidesarrollo”, buscando incluso expulsar la palabra “extractivismo” del vocabulario político-social. Para defender el proyecto oficial, desde la cartera liderada por Matías Kulfas, funcionarios de tercer rango pero con numerosos seguidores en las redes sociales, comenzaron a utilizar como máxima autoridad en estos temas al IAPG –Instituto Argentino de Petróleo y Gas- que pese a su nombre, es un ente creado y financiado por las grandes corporaciones petroleras transnacionales como Shell, Chevron, Exxomovil, Total, varias de las cuales forman parte de esta aventura off shore. Resulta curioso que las grandes corporaciones petroleras, muchas de las cuales durante décadas financiaron a nivel global “estudios científicos” para alimentar el discurso negacionista en relación al cambio climático, buscando exculpar a los combustibles fósiles y ocultando su responsabilidad, hoy sean usadas por funcionarios públicos como fuente de información veraz y legítima. Sin embargo, acá no nos interesa abocarnos al tema (el artículo de Marina Aizen en este mismo diario refutó de modo contundente uno a uno los argumentos del IAPG), como indagar sobre otros mitos y realidades de la explotación off shore, difundidos por el gobierno, para contrarrestar la oposición social y cancelar una vez más las voces del ambientalismo crítico.

Para comenzar, muchos repitieron hasta el cansancio que en realidad la explotación off shore no es nada nuevo en el país, pues ya hay plataformas marítimas y que el 19% del gas que llega a nuestras casas remite a este origen. No es un tema menor. Hay aquí también información tramposa. En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino. No es lo mismo la actividad en plataformas fijas sobre aguas someras - poco profundas de hasta 100 m- tal como se realiza en la cuenca austral (en aguas de Tierra del Fuego), que la extracción en aguas ultraprofundas, que se pretende hacer ahora en el mar Argentino. Como señaló en redes sociales el geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, Marcelo Giraud “algo que no dicen los funcionarios, el IAPG y demás defensores de la autorización a la empresa Equinor, es que de los actuales 36 pozos gasíferos off shore en el mar Argentino, sólo 1 está sobre una columna de agua mayor a 100 metros, todos los demás son en aguas poco profundas. En cambio en el polígono donde autorizaron a Equinor a hacer exploración sísmica de hidrocarburos, el fondo marino está a unos 1.700 a 3.800 metros de profundidad, califica como off shore ultraprofundo, que jamás se ha hecho en Argentina.” A mayor profundidad del mar, mayores son los riesgos, las operaciones mucho más complejas, todo ello en un contexto bastante más exigente.

En realidad, la actual autorización es algo incomparable con el off shore que ha habido hasta ahora en el Mar Argentino

Tampoco es cierto que los accidentes petroleros ocurridos en aguas marítimas no sean relevantes o que Equinor sea una empresa sin prontuario. Por ejemplo, el desastre de la plataforma de aguas ultra-profundas Deepwater Horizon, ​ en abril de 2010 en el golfo de México, fue el resultado de una explosión que provocó 11 trabajadores muertos y el más importante vertido de petróleo de la historia, al menos, 779.000 toneladas de petróleo crudo. Junto con el hundimiento de la plataforma Petrobras 36 en las costas brasileras, en el año 2001, fue hasta ahora la peor tragedia en una plataforma petrolera desde la explosión de la plataforma británica Piper Alpha en 1988, en el Mar del Norte, que provocó 167 muertos. Todas estas plataformas estaban ubicadas a menor profundidad de la que estarán en el Mar Argentino.

No es cierto, como se difundió hartamente esta semana, que Equinor no tenga antecedentes en accidentes ambientales. En abril de 2021, el regulador noruego de seguridad en alta mar (Autoridad de Seguridad del Petróleo PSA) calificó como “grave” un derrame de petróleo de la plataforma Gullfaks C de Equinor en el Mar del Norte. Antes de ello y según información oficial suministrada por la propia empresa Equinor, durante los primeros tres meses del año 2021, se registraron dos fugas de gas, una en el campo Visund en el Mar del Norte y una fuga de hidrógeno en la refinería de Mongstad. Y también informaron seis fugas para el mismo período del año 2020. 

Por otro lado, hay que consignar también que de los 38 campos hidrocarburíferos propios que el sitio web de Equinor enumera en su página web en el mar noruego, sólo 1 tiene 1.300 m de perfil de agua: Aasta-Hansteen. Todos los demás tienen sólo entre 70 y 380 m de profundidad de agua.

Sucede que la explotación off shore es una energía extrema. En el marco de la crisis socioecológica, el concepto de energías extremas es muy útil, pues como dicen Hernan Scandizzo de Observatorio Petrolero Sur, de Argentina, y Tatiana Roa Avendaño, de Censat-Colombia, ésta se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales o llamadas convencionales. Para el caso argentino hay que agregar que la localización (aguas ultra profundas), además de la envergadura (la gran escala), juega un rol fundamental. 

Hay que destacar que hasta la propia técnica de exploración es severamente cuestionada desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes, que provocan un impacto en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires). Las ondas sonoras de estos disparos viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás del buque de exploración. Los datos recolectados se utilizan para crear mapas del fondo marino detallados, que las compañías petroleras usan para determinar las ubicaciones para la perforación. Esta práctica impacta sobre la biodiversidad, como la ballena franca austral (monumento natural), el delfín franciscana, orcas, lobos marinos y pingüinos que se encuentran expuestas a la desorientación, cambios en su comportamiento, estrés, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos.

Desde el punto de vista científico: el reconocimiento sísmico funciona efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean sonidos muy fuertes en más de 300.000 km2 (una superficie equivalente a toda la provincia de Buenos Aires).

Incluso el sector pesquero argentino se encuentra muy preocupado por el impacto ambiental que tienen las actividades hidrocarburíferas off shore en el Mar Argentino donde actualmente se llevan adelante actividades pesqueras, que emplean a miles de personas. Cabe recordar que la petrolera Pan American Energy (subsidiaria de la petrolera británica BP y la China National Offshore Oil Company) en el año 2009 realizó prospecciones sísmicas en el Golfo San Jorge y a posteriori se evidenció una merma significativa en la captura de merluza durante 16 meses.

Nadie ignora que la situación económica y social de la Argentina es muy grave, mucho más frente al legado macrista ligado a la enorme e impagable deuda externa. Pero resulta lamentable que el único “proyecto” del gobierno actual sea pagar la deuda con el FMI. Y que acompañe este mandato con el falso argumento de que la exportación a gran escala de commodities servirá para reducir la pobreza. Ya hemos dicho acá que es un disparate vincular subdesarrollo con protección ambiental. No es que Argentina no logra el desarrollo porque tiene limitaciones ambientales. El agronegocio, el fracking en Vaca Muerta y la megaminería, son todas actividades que se llevan a cabo casi sin límites, ni controles ambientales y estatales. Nuestro país está profundamente liberalizado desde el punto de vista ambiental. Un ejemplo es el monocultivo de la soja que hoy ocupa 24 millones de hectáreas, el cual avanzó en gran parte sobre bosque nativo (desde la autorización en Argentina de la soja transgénica se perdieron 8 millones de hectáreas de bosque nativo), produciendo cambios en el uso del suelo y un nivel de deforestación entre los más altos del mundo, uno de los indicadores responsables de la actual crisis climática. Así, pretender vincular el “subdesarrollo” de Argentina con políticas de protección ambiental es una falacia. Es exactamente al revés: son los modelos de maldesarrollo, que buscan imponerse sin licencia social sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza. O para decirlo de otro modo: si con fracking, agronegocios y minería a cielo abierto tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, una gran concentración de riqueza, y una expansión cada vez mayor de conflictos ambientales, no parece razonable que, haciendo más de lo mismo, en nombre de la reactivación de la economía o de la búsqueda desesperada de dólares (que por otro lado no llegan nunca), vayamos a tener resultados distintos. Desde la propia cartera ambiental se dijo que había que pagar la deuda con el FMI y volvió a hablarse de los millones de pobres, como si el ambientalismo se opusiera a la justicia social. En realidad, no existe un debate sobre los modelos de desarrollo, tampoco un Plan de transición energética. La exacerbación del “mandato exportador” (el concepto es de F. Cantamutto y M. Schorr), nos entrampa en un círculo cada vez más perverso: a más deuda externa, más exportación de commodities, mayor deuda ecológica, mayor sacrificio de poblaciones y territorios.

Lo cierto es que, tal como señaló el licenciado en Ciencias Ambientales Inti Bonomo, “Ibamos a cambiar deuda por acción ambiental y terminamos cambiando ambiente para pagar la deuda”. Pero hay que preguntarse si siquiera servirá para esto, porque incluso en términos estrictamente económicos son bastante dudosos los beneficios de esta actividad. Por la Ley 27.007 (que modifica la Ley 17.319) la producción proveniente de grandes concesiones hidrocarburíferas off shore cuentan con la libre disponibilidad del 60% de las divisas generadas en la explotación de las mismas (es decir, ni siquiera entran al país) y una reducción del 50% de las regalías a pagarse. Si ya el 12% era bajísimo, muy por debajo de otros países de la región como Ecuador y Bolivia, imagínense lo que significa su reducción al 6%. Resulta también difícil incorporar el argumento menemista de que habrá beneficios financieros y económicos porque se trata de grandes inversiones. Con ese discurso se construyó toda la legislación minera de saqueo en los 90 que permite que coexistan empresas mineras inmensamente ricas con poblaciones enormemente pobres. 

Entramos de lleno en la lógica del saqueo, que el gobierno quiere encubrir con una falsa narrativa “soberanista”, en relación al mar Argentino. Más bien, en este sentido, presenta problemas. Como es sabido además de la firma anglo-holandesa Shell también está la petrolera noruega Equinor que tiene como una de sus directoras a Anne Drinkwater, asesora en temas petroleros del gobierno kelper en las Islas Malvinas, como denunció Pino Solanas, cuando era Senador nacional. Más claro, una empresa que tiene como directora a una asesora del gobierno kelper será quien tenga a cargo la exploración y mapeo de los recursos hidrocarburíferos en Mar Argentino.

Preocupa, como ocurrió en Mendoza (a fines de 2019) y hace semanas en Chubut, la desconexión con la realidad de gran parte de la clase dirigente, que –además- acepta pasivamente el extractivismo como si fuese un destino inevitable y no una decisión geopolítica mundial. Llegó el momento de que salgan a recorrer los territorios, vean las problemáticas socioambientales y se compenetren con los nuevos debates que existen en todo el mundo sobre la transición ecosocial.

En fin, batallar para empezar a salir de la civilización del petróleo y avanzar en la transición energética no es una tarea fácil, aún si la crisis climática y la preservación de la vida en el planeta nos lo exige de manera urgente y necesaria. Todos formamos parte de la cultura del petróleo; no solo nuestras estructuras económicas y sociales están arraigadas en ella sino también nuestras estructuras cognitivas y mentales. Pero no por eso debemos capitular ante el lobby de los poderes fácticos, bastardeando nociones como la de Justicia Social y Transición energética. No hay modo en que la ampliación de la frontera hidrocarburífera a través del off shore en aguas profundas pueda ser aceptada en el marco de la transición energética. Esto es claramente un retroceso. De lo que se trata es de dar la batalla cultural, para empezar a salir de la cultura del petróleo, no de sumergirnos más en ella, para iniciar el camino de una transición energética justa, que beneficie y proteja a nuestras poblaciones y territorios. 

MS/EV