Recibir una educación de calidad a cualquier edad es un derecho de todos los argentinos. Así lo establece, al menos, la Ley Nacional de Educación N° 26.206 sancionada hace ya 17 años. Son cada vez más los ciudadanos que deciden ejercer este derecho y se incorporan al sistema de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) para terminar sus estudios. De hecho, en los últimos 20 años, la cantidad de egresados bajo esta modalidad creció 129%.

Así lo indica el último informe del Observatorio de Argentinos por la Educación “Terminalidad extendida: secundaria de jóvenes y adultos”, que revela que, en 2022, 1 de cada 5 egresados completaba su formación media bajo esta modalidad. El documento ─con autoría de Romina De Luca (CONICET y coordinadora del área de Educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales - CEICS), Martín Nistal y Eugenia Orlicki─ también señala que desde el 2001 la matrícula aumentó un 12%.

Dicha expansión ─que sería del 26% si se excluyera el período de pandemia y aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO)─ se corresponde, a su vez, con una mayor matriculación en la escuela secundaria común para aquellos menores de 18 años. Sin embargo, no todos los jóvenes que se inscriben en la escuela media en tiempo teórico llegan a completar sus estudios para el momento en que alcanzan la mayoría de edad. De hecho, en 2022, el 24% de los jóvenes de 17 años había abandonado la secundaria. Es precisamente de este sector que se nutre la EPJA.

“Es clave orientar y guiar al adulto que decidió volver a la escuela, es una forma de intentar acortar la brecha de abandonos reiterados. En Uniendo Caminos, desde el 2018 a través de ”Mentorías Educativas“ acompañamos a más de 7.000 jóvenes y adultos de todo el país que quieren terminar sus estudios primarios o secundarios”, contó Agustina Persoglia, Directora Ejecutiva de la Fundación Uniendo Caminos.

Hasta 2019, los desertores recientes de la secundaria común ─es decir, menores de 19 años─ representaban entre el 37% y 30% de la matrícula. Si se extiende el límite hasta los 29 años, este grupo etario constituía más del 70% de los estudiantes de la secundaria para jóvenes y adultos. El pico se registró en 2017, cuando llegaron a representar el 83% de la matrícula, y desde entonces, la proporción oscila entre un 74% y 71%.

La modalidad educativa en cuestión no sólo está más ampliamente difundida entre los adultos jóvenes, sino también entre las mujeres, quienes deciden completar sus estudios para ayudar a sus hijos con sus propios procesos de escolarización o para mejorar su situación laboral, entre otros motivos.

En 2001, las mujeres representaban un 49,3% de la matrícula a nivel nacional, y, en 2022, la proporción ascendió a 53%. Esta cifra es incluso más elevada en algunas provincias como La Pampa (57%), Santa Fe (56%), Buenos Aires (56%), Chaco (55%) y Córdoba (55%).

No solo aumentó la cantidad de mujeres que se inscriben en este tipo de instituciones, sino también el número de graduadas bajo esta modalidad. Acompañan, así, una tendencia global de crecimiento de los egresos que, entre 2001 y 2022, pasaron de 47.707 estudiantes a 109.225.

“Creo que es un buen aporte poder dimensionar el crecimiento en el egreso. Esto nos lleva a realizarnos preguntas tanto al interior de las instituciones como para las políticas públicas, que inviten a movilizar acciones para la mejora en la enseñanza y los aprendizajes de nuestros destinatarios”, sostuvo Ramiro Rojas, docente del sistema EPJA.

A pesar del incremento generalizado en los egresos a nivel nacional del 129%, algunas provincias evidenciaron una suba más marcada. Este fue el caso de Chaco (960,9%), Jujuy (857,6%), San Luis (383,6%), Corrientes (357,9%) y Salta (291,1%). En el extremo contrario, Río Negro experimentó una tendencia inversa: la cantidad de graduados cayó un 18,7% en los últimos 20 años.

No es para nada menor que, en cuatro provincias anteriormente mencionadas, el aumento de los egresos estuvo acompañado de un importante alza de la matriculación. Se trata de las provincias de Chaco, Jujuy, San Luis y Corrientes, donde la inscripción a la secundaria para jóvenes y adultos varió en un 259%, 652%, 444% y 554%, respectivamente.

ACM/MG

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires licitó viandas escolares a precios más baratos de los que las paga actualmente. En la nueva licitación hasta el 2025, que ya fue preadjudicada a 18 empresas, los montos son inferiores a los que ya abona por los servicios. Desde el Ministerio de Educación indicaron a elDiarioAR que la diferencia está en que los costos fueron actualizados en marzo de este año, mientras que los de la licitación se establecieron en agosto de 2021 y se readecuarán concretada la operación. 

La adjudicación se produjo en un contexto en el que estudiantes de más de veinte escuelas secundarias públicas expusieron en una audiencia en la Legislatura sobre la cantidad y la calidad deficitaria de las viandas. El problema también abarca a otros niveles. En Almagro, las familias de una escuela con jardín, primaria y secundaria denunciaron que hay ratas en los comedores y que la mitad de los alumnos y alumnas de los grados inferiores dejaron de ir clase. 

Según confirmó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a este diario, actualmente hay 19 empresas que dan el servicio en 1.783 establecimientos educativos. Todas con la licitación vigente desde 2018 y abarcan a aproximadamente a 291.000 alumnos y alumnas de todos los ciclos lectivos. Algunos reciben desayuno y otros el servicio de comedor y refrigerio, que requieren beca alimentaria. La Ordenanza 43.478 establece que se debe solicitar la beca alimentaria para estos dos últimos servicios. Desde el Ministerio de Educación porteño indicaron que las solicitudes alimentarias de este ciclo lectivo están en proceso de aprobación por parte de la comisión de comedor de cada establecimiento educativo y que esperan recibir en total un aproximado de 143.000 solicitudes.

En junio de este año, el Observatorio por el Derecho a la Ciudad reveló que las 19 empresas que participaron de la licitación hasta 2025 ofertaron exactamente los mismos precios para cada uno de los servicios. Todas cotizaron cada desayuno a $35,57, cada almuerzo a $302,95 y cada refrigerio a $105,17. “En la preadjudicación quedaron 18, una se bajó aunque el dueño tiene otra empresa que sigue. Lo que vimos es que los pliegos establecieron un precio máximo, pero también un mínimo. La Ley de Contrataciones del Estado de la Ciudad no autoriza a poner precios mínimos, no es una modalidad establecida. La sorpresa es que las 19 pudieron llegar al precio mínimo. O el precio mínimo está mal calculado y, por lo tanto, le está generando una ganancia extra a las empresas, porque seguro alguna podría haber presentado un precio más bajo. Las licitaciones son para conseguir el mejor precio y acá, el propio Estado no permite que compitan para abajo, favorecen a las empresas. No hubo una competencia o puja para lograr el mejor precio. O hubo una acuerdo entre las empresas”, dijo el presidente de la organización, Jonatan Baldiviezo a este diario.

Por su parte, el Gobierno indicó que los precios vigentes hasta el momento son de $404,91 por el servicio de comedor; $141,40 por refrigerio y $46,39 por desayuno. Es decir que con la nueva licitación pagará menos de lo que paga actualmente, a pesar de los índices de inflación crecientes. Desde Educación explicaron que se trata de los valores de marzo 2022 aprobado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas en junio de este año. Mientras que los precios máximos establecidos para la licitación eran a agosto de 2021. Finalizada la licitación, las empresas deberán presentar una redeterminación para ajustar este valor. Según la licitación 7192-1818-LPU21, el presupuesto asignado para el nuevo período es de 50.055.347.712 pesos.

El reclamo de la comunidad educativa 

A principio de mes, referentes secundarios de escuelas de toda la Ciudad expusieron en la Legislatura sobre las preocupaciones que atraviesan y el eje principal fue el de la alimentación. “El de las viandas es el tema central, no solo por la cantidad sino también por la calidad”, dijo la legisladora porteña del Frente Izquierda Unidad Alejandrina Barry, quien organizó la convocatoria junto a la diputada nacional Myriam Bregman. Los y las adolescentes denunciaron comida en mal estado, escasez de raciones y bajo contenido nutricional. 

“Contaron situaciones en que los chicos tenían que salir corriendo en el recreo cuando avisaban que llegaban las viandas porque no alcanzaban. En otros casos, donde hay más organización, los centros de estudiantes decidían a quién dársela, según la necesidad. Tomaban la responsabilidad los mismos pibes, que debatían entre ellos quién comía el sandwich y quién no”, le dijo la legisladora a elDiarioAR. En el nivel secundario, se entrega un refrigerio a quienes lo solicitan. Generalmente es una sandwich de jamón y queso, que puede estar acompañado o no de una barra de cereal o una fruta. “Consideramos que el sistema de alimentación tiene que ser gratuito y universal, no tenés que presentar un certificado de pobreza”, agregó. 

Con respecto a la calidad, denunciaron comida en mal estado y brotes alérgicos. También indicaron que en algunas escuelas las prácticas escolares se hacen en las mismas concesionarias. “Uno de los casos más chocantes es que los mandan a una fábrica de sándwiches que son los que ofrecen esta comida de pésima calidad. Cortan fetas de paleta y queso. Uno de ellos es el Lengüitas”, agregó Barry.

En abril de 2020, la justicia porteña le dió lugar a un amparo presentado por ambas referentes de la izquierda y ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que garantice una una alimentación saludable, respetando edades y nutrientes necesarios. Sin embargo, denuncian que no se cumple. “Por eso presentamos un proyecto que plantea la estatización del servicio, que se ponga fin a la privatización de estas concesionarias, que algunas son aportantes de campaña de Cambiemos. Ha habido de todo tipo de denuncias y el Gobierno de la Ciudad, las mantiene. La alimentación escolar no puede ser una negocio”, indicó.

 Desde Observatorio indicaron que se trata de las mismas empresas que prestan el servicio desde hace 20 años. “A veces van cambiando la razón social, pero detrás están los mismos dueños”, agregó el abogado. En marzo lanzaron la “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs, con la participación de la comunidad educativa”, en la que llamaron a reconvertir el sistema a escala humana, con pequeñas cooperativas o empresas y cooperadoras que gestionen la alimentación. De esta manera, se evitarían los ultraprocesados que usan las concesionarias porque necesitan abastecer a cientos de miles de clientes. “Son empresas que tienen constantes denuncias. En el Vieytes, por ejemplo, hace dos semanas entregaron ensalada con gusanos. A sexto y séptimo año”, agregó Baldiviezo.

En la Escuela 16 “Dr. José María Ramos Mejía” del Distrito Escolar 8, en Almagro, denunciaron que hay ratas en los comedores. La semana pasada, familias y alumnos hicieron una semaforazo en Avenida Rivadavia y Treinta Tres Orientales para visibilizar una situación que viven desde marzo. “Desde el 5 de julio que mis hijos no volvieron al colegio, hace diez días que no van”, le dijo María, mamá de dos alumnos a elDiarioAR. “En tercer grado, de 30 chicos, están yendo entre 8 y 14. Así están la mayoría de los grados, los más altos tienen más concurrencias por los exámenes”, agregó la mujer. 

Contó que en algunas situaciones vieron ratas y, en otras, excrementos. Detectaron rastros de roedores en dos de los tres comedores que tiene la escuela: en el de jardín de infantes y en el de la primaria. Las familias y los directivos emitieron las alertas, pero hasta el momento la solución del Gobierno porteño fueron cebos que no alejaron a los animales. “Nos quieren adentro de las aulas con ratas. Es complicado, entonces es decisión mía que mi hijo se haya perdido días de clase porque el colegio está abierto. Siguieron haciendo las desratizaciones por cebos que no funcionaron. Aparecen las ratas aún con la presencia de personal de escuelas y de chicos. Hubo un día en que no se permitió el ingreso de los chicos porque había una rata en un piano y se les había escapado. Los que después entraron convinieron con una rata viva. Hubo familias, que no sé si por necesidad, pero dejaron a los nenes. La mayoría nos lo llevamos”, agregó la mujer.

“La arquitecta que mandó el Ministerio dijo que el colegio está en condiciones. Dice que si hay movimiento, las ratas no aparecen. Cada vez que la escuela manda una alerta, la mandan a desratizar con cebos y para la ratas son el postre”, describió. 

Ante esta situación, pidieron que la empresa concesionaria entregue viandas calientes y eno utilizar la cocina de la escuela. Durante dos días les dieron sandwich de jamón y queso para una jornada doble. “Traen viandas calientes, pero las ratas estuvieron en el comedor. Si hay excremento es lo mismo. Tenés menos probabilidad si las traen calientes, pero los pibes que están ahí tienen desde seis años para arriba. ¿Cómo haces para pedirle a un chico que no toque la mesa, que no toque el banco? Es una lotería”, agregó la mamá.

CDB/MG

El Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información -encargado de supervisar y asegurar el cumplimiento de la Ley 104 de Acceso a la Información Pública en la Ciudad de Buenos Aires- ordenó al Ministerio de Educación porteño entregar, en el plazo de 10 días hábiles, los datos estadísticos del sistema educativo que permitan conocer “el impacto de la pandemia y la profundización de desigualdades sobre las trayectorias escolares de niñas, niños y adolescentes”.

El organismo resolvió de esta manera hacer lugar a un reclamo interpuesto por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) “ante la insuficiente e incompleta respuesta del Ministerio de Educación al pedido de acceso a la información pública efectuado por la organización sobre la solicitud de datos estadísticos del sistema educativo, entre ellos la tasa de abandono interanual”.

Asimismo, se solicitó que la información se brinde de manera desagregada por nivel educativo, año de estudio, distrito escolar y sector de gestión.

Por otra parte, se requirió información detallada sobre la implementación local del “Programa Acompañar: Puentes de Igualdad” destinado a recuperar a niños, niñas y adolescentes que se desvincularon de las escuelas en el contexto de pandemia.

Frente al reclamo formulado por ACIJ ante el Órgano Garante, éste consideró que el Ministerio porteño “no había entregado debidamente la información requerida respecto de 6 de los 7 puntos solicitados. Por ello, ordenó su entrega durante los próximos 10 días hábiles”.

En este contexto, junto con los requerimientos de información a la Ciudad, también se solicitaron datos sobre indicadores educativos relacionados al abandono escolar durante el período de pandemia al Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Salta.

“Ninguno de estos distritos ha provisto hasta la fecha los datos solicitados, por lo que se encuentran en proceso de reclamo los mecanismos existentes en cada jurisdicción”, señaló la ACIJ.

DA