En la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, crece el malestar de los empleados por los sueldos y porque, al mismo tiempo, observan que algunos de los nuevos integrantes de la bancada de La Libertad Avanza usan los autos con chofer para pasar a retirar objetos personales. Los casos de corrupción suelen tolerarse cuando la economía va bien. Pero no cuando empeora.

A poco de comenzar el gobierno libertario, el que venía a ponerle fin a la casta política, han surgido escándalos y la aparición de nuevos se acelera: la criptoestafa $LIBRA promovida por Javier Milei, el cobro de presuntas coimas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que empresarios vean a su hermano presidente; las valijas sin control aduanero de Leonardo Scaturicce, hombre de negocios ascendentes con vínculo directo con el asesor presidencial Santiago Caputo; sobreprecios en la compra de pañales del Programa de Atención Médica Integral (PAMI); supuestos sobornos del 3% a la hermana presidencial por la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); vuelos privados y compra de inmuebles del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y ahora créditos hipotecarios del Banco Nación para un director del Banco Central, Pedro Inchauspe ($527 millones), el secretario de Finanzas, Federico Furiase ($408 millones), el director y agreviso twittero del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez ($475 millones), y el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira ($115 millones), conocido como Juan Doe en la red X.

En la entidad, que antes había sido denunciada por contratos de una empresa de seguridad de Adrián Menem, hermano del jefe de Diputados, no responden por el nuevo caso. ¿Tantos curros en tan poco tiempo de gestión demostraría que la nueva dirigencia que venía a enterrar la casta llegó tan angurrienta como su antecesora? Se van acumulan las denuncias de corrupción de diversos diputados opositores como Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Diego Giuliano, Rodolfo Tailhade y la exlibertaria Marcela Pagano.

Pero antes de los últimos destapes, en octubre pasado, el 40% de los argentinos ratificó el apoyo a Milei en una elección con una abstención historica. Enfrente estaba un Partido Justicialista (PJ) cuya líder, Cristina Fernández de Kirchner, está bajo arresto domiciliario condenada por corrupción. La inflación mensual, que era del 12% cuando el Presidente ganó el balotaje en 2023, había bajado al 2,3% y eso provocó que el Instituto de Estadística (Indec) informara este martes que la pobreza bajó del 40% en el primer semestre de aquel último año peronista al 28% en el segundo semestre de 2025. Aunque hay más desempleados y el salario alcanza para menos –eso demuestran los propios datos oficiales–, los menores saltos de los alimentos, el aumento de la asignación universal por hijo (AUH) –no así las otras ayudas sociales como la Tarjeta Alimentar– y la necesidad de trabajar más horas en la economía informal para llegar a fin de mes explican la merma, aunque no la magnitud.

La mayoría de los expertos en estadísticas de pobreza coincide en que hay menos pobres que en el final del gobierno de Alberto Fernández –con Cristina Kirchner de vice y Sergio Massa como ministro de Economía– pero considera que la metodología estadística ha llevado a sobreestimar la cantidad que había en la gestión anterior y a infravalorar la que hay ahora. Es decir, ni era tanto como 40% antes ni era 28% al segundo semestre de 2025, antes de que en los últimos meses la inflación se afinque cerca del 3% mensual –la consultora Equilibra calcula 3,3% en marzo, por impacto de la guerra de Irán en la nafta y todo lo que se transporta, como la carne– y de que se acrecientes los despidos de industrias devenidas importadoras. O sea, digamos que la pobreza no bajó tanto como 12 puntos porcentuales, como indica el Indec, pero sí descendió. Milei dice que la bajó de 53% en el primer semestre de 2024 al 28%, pero se olvida de mencionar que él la empujó a ese 53% con la devaluación inicial de su gestión.

Y no es que la estadística esté manipulada como hacía Guillermo Moreno, condenado por haberlo hecho en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se trata de artilugios más sofisticados en los que habían incurrido otras administraciones antes también. Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos (Cedlas) de la Universidad de La Plata, señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a partir de la cual se elabora el índice, sobreestima desde mediados de 2024 los ingresos registrados, es decir, los encuestados declaran más ingresos que los efectivamente cobrados y computados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y se supone que lo mismo sucede con las entradas informales. “¿A qué obedece eso? No sabemos, mi principal hipótesis es que la baja de la inflación ayuda a que encuestados reporten mejor porque sus ingresos ahora son mas estables, varían con menos frecuencia. ¿Qué consecuencias tiene eso en la medición de la pobreza? Exagera la caída, dado que una parte de la mejora en los ingresos de los hogares no obedece a la situación real, sino a que la encuesta ahora los capta mejor”, concluye Tornarolli.

La junta de la Asociacion de Trabajadores del Estado (ATE) en el Indec aclaran que el costo del reciente endeudamiento de las familias no se incluye en la canasta de pobreza y que la EPH tampoco considera transferencias no monetarias que fueron restringidas por este gobierno, como los bolsones alimentarios, las raciones en comedores, los medicamentos gratuitos y los otros recortes del PAMI y las obras sociales desfinanciadas.

En tanto, el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA), Agustín Salvia, primero juzga que es cierto que bajó la pobreza, lo atribuye a la menor inflación y la mejor de la AUH, pero advierte que existe una “ficción estadística”: “Hay una mejor captación de ingresos del sector asalariado y no asalariado (cuentapropista) informal, que es el gran motor de la caída de la pobreza. ¿Cuánto es por el crecimiento de la economía informal y cuánto por efecto de la medición? Es lo que ponemos en discusión. Además, tampoco se actualizó la canasta básica de la pobreza con el parámetro de la encuesta de ingresos y gastos de 2017/2018, por lo cual los ingresos disponibles de la población se vienen achicando”. La canasta se basa en los gastos de 2004/2005, cuando pesaban menos las tarifas y los alquileres que ahora suben más que los alimentos.

Mariana González, coordinadora del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), señala que siempre los encuestados declaran menos ingresos de los que tienen, pero la subdeclaración se redujo a partir de 2024, en coincidencia con nuevas preguntas que se agregaron ese año en el sondeo. Por eso, en Cifra-CTA ha dejado de usar la estadística de pobreza. También lo había hecho en la era kirchnerista, a pesar de su sintonía política. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el que se desempeña Hernán Letcher, también señala el problema de la composición de la canasta y la captación de ingresos no laborales a partir de más de 20 preguntas nuevas o modificadas respecto a 2023. Aquí abajo se las transcribe.

Pero Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, festejan la reducción de la pobreza. El jefe del Palacio de Hacienda desbordó optimismo en la reunión de este lunes con la Asociación de Supermercados (ASU), con su director ejecutivo, Juan Vasco Martínez, y los representantes de las grandes cadenas La Anónima, atendida por sus propios dueños Nicolás y Federico Braun; Carrefour, Néstor Sist; Changomás (de Francisco de Narváez, que se quedó con las ganas de comprar la filial del gigante francés porque no le alcanzó el financiamiento de Jorge Brito, dueño del Banco Macro), Juan Quiroga; la española Día, Agustín Ibero; la chilena Cencosud, Alejandro Arruiz; y Coto, Rodolfo Bava. Aunque uno de ellos le reconoció que vende 30% menos, Caputo dijo que la economía crece al 5%, que sin la guerra estaría en 10% y prometió que en dos meses la construcción “explotará” y derramará sobre el consumo. ¿Será por el inicio de obras mineras y gasíferas del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)? Por lo pronto, la economía habría caído 1,5% en febrero y apuntaría a crecer sólo 2,5% en todo 2026, según Equilibra, la firma que dirige Martín Rapetti.

En el empresariado resuenan incógnitas. En primera lugar, si este modelo económico generará trabajo. Por ahora las empresas cierran producción local para abastecer desde China o incluso Brasil, donde tienen menos costos, más apoyo estatal, más escala y no hay cepo cambiario. Con los dólares del campo, Vaca Muerta y la minería se pueden cubrir las importaciones, pero no crear trabajo, que sólo se expande en la informalidad, a imagen y semejanza de Perú, el ejemplo citado por Caputo. La segunda duda es justamente cuándo se liberará el cepo a las compañías. Hay quienes en el equipo económico sugieren hacerlo ahora que sobran divisas, sobre todo de la cosecha de soja y maíz, pero en las charlas de madrugada de Milei y el ministro de Economía el presidente le explica por qué en el mercado cambiario es mejor que la libertad no avance. Le temerá quizás a un salto cambiario en la segunda mitad del año, cuando finalice la recolección de granos.

En el establishment, que se reunirá a fin de mes en el Foro Llao Llao, también preocupa lo que perciben como odio de Milei a los empresarios, empezando por Paolo Rocca. No por nada suenan eventuales presidenciables que salgan del propio mundo de los negocios. Mauricio Macri, cuyo nombre no se descarta para que el PRO retenga la ciudad de Buenos Aires en 2027, habla de Marcos Galperin, que dejó este año el día a día como CEO de Mercado Libre aunque sigue de presidente. En el PJ, el armador Juan Manuel Olmos dice que se necesita un outsider para desplazar al outsider y sondeó al presidente y accionista de Prestige Auto, Daniel Herrero, que tiene la licencia de Mercedes-Benz para vender acá sus autos y fabricar la Sprinter. Olmos también motoriza un armado federal y unas primarias para definir el candidato junto a diputados como Guillermo Michel, Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz y Gustavo Bordet. Creen que hay que disipar los temores del electorado a una victoria peronista prometiendo equilibrio fiscal, pero no a costa de hipotecar el futuro destruyendo ahora la infraestructura, la ciencia y la educación.

Habrá que ver si uno de los pretendientes presidenciales peronistas, Axel Kicillof, logra alejar esos miedos, como lo hizo Luiz Inácio Lula da Silva en su primer triunfo electoral en 2002, cuando abjuró de su anticapitalismo de elecciones pasadas. Kicillof no es anticapitalista, pero necesita despejar fantasmas. Ahora que la Cámara de Apelaciones de Nueva York le dio la razón con la expropiación del 51% de YPF, puede demostrar que no estaba equivocado. Una victoria para él, para su entonces jefa, Cristina Kirchner, y para Milei, que logró el fallo a pesar de que estaba en contra de la reestatización. En cambio, entre los perdedores está el estudio litigante Burford, pero también Repsol y los Eskenazi. Si el fondo británico ganaba el juicio por US$16.000 millones -todavía puede apelar a la Corte Suprema de EE UU o recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)-, debía destinar el 30% de lo ganado a solventar la quiebra de Petersen Energía, la empresa que armaron los Eskenazi para comprar en 2008 el 25% de YPF que estaba en manos de Repsol en una negociación mediada por Néstor Kirchner.

Cuando Cristina Kirchner y su viceministro de Economía Kicillof nacionalizaron el 51% de YPF y decidieron que las ganancias de la petrolera se destinaran a la inversión y no a los accionistas, los Eskenazi se quedaron sin plata para pagar el préstamo que Repsol y bancos internacionales les dieron para adquirir el 25% de YPF. Por eso, iniciaron su concurso preventivo en el juzgado de instrucción 3 de Madrid, donde habían radicado Petersen Energía. En ese proceso fue que Burford adquirió el derecho de los Eskenazi a litigar por la expropiación. Como el estudio británico por ahora perdió la batalla legal en EE UU, no podrá dirigir el 30% a pagar las deudas de Petersen Energía: se trata de US$2.126 millones verificados en 2013, más los intereses de 13 años. Más de la mitad se le debe a Repsol. El resto, al Santander, el Credit Suisse y el brasileño Itaú, entre otros. Curiosamente, en Repsol niegan que estén involucrados en ningún proceso vinculado a su etapa en Argentina, después que CFK y Kicillof los indemnizaran en 2014. Los Eskenazi, que se exponen a dejar impagas sus deudas y el consiguiente desprestigio, también se deslindan del caso y lo dejan en manos del administrador concursal.

El asesor financiero Sebastián Maril, que sigue el juicio de Burford desde el inicio, asegura que si el fondo logra revertir la sentencia, los dueños de los bancos Santa Fe, Santa Cruz, San Juan y Entre Ríos no ganarán dinero sino que podrán saldar las deudas de Petersen Energía con Repsol y las entidades internacionales. A su vez, sostiene que en ese caso -por ahora remoto- si Repsol algún día cobra, podría enfrentar una demanda del Estado argentino con el argumento de que no puede reclamar más después del contrato amigable de indemnización de 2014. “Repsol se va a quedar con lo que le llegue y la peleará para no devolverlo”, pronosticó Maril.

AR/MG

A dos años del mayor derrame de petróleo en el mar peruano, el balance que hacen las organizaciones civiles ambientales, de derechos humanos e incluso el propio Congreso de Perú sobre las acciones de reparación y compensación es negativo.

Tras el vertimiento de más de 11.000 barriles de crudo en las costas de Lima y Callao el 15 de enero de 2022 en la terminal marítima La Pampilla operada por la multinacional Repsol, la pesca artesanal, el comercio y el turismo, entre otras actividades económicas, que eran el sustento de miles de familias, continúan paralizadas. Por lo mismo, “los impactos sociales se han recrudecido”, concluye un informe de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso Nacional.

“Estamos tan molestos con esto que ya estamos tristes”, le dijo Alejandro Huaroto Arnáez, pescador artesanal de Bahía Blanca, a los investigadores de Oxfam y CooperAcción mientras realizaban un estudio de valorización de los daños sufridos por las familias pescadoras.

“Nos han quitado nuestra felicidad, nuestra libertad”, dice Huaroto. De hecho, son numerosos los pescadores que han debido migrar a otras zonas del país o reinventarse en otros oficios, como el transporte o la agricultura, para dar sustento a sus familias, asegura el sociólogo de CooperAcción, Alejandro Chirinos. Las compensaciones económicas que recibieron por parte de la empresa no sólo representan apenas un tercio de su real pérdida económica, concluye el estudio de valorización, sino que fueron definidas de manera “arbitraria” por la empresa, asegura Jean Pierre Araujo, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Los montos se establecieron “en procesos de negociación privada entre Repsol y los damnificados”, indica Araujo y en momentos en que muchos afectados, presionados por la desesperación, aceptaron, explica Ana Leyva, abogada de CooperAcción.

En medio de la crisis social que se extiende sin luces de que llegue una pronta solución para los afectados, los planes presentados por la empresa para rehabilitar los ecosistemas impactados continúan en evaluación y “no hay alguien que lidere y articule” las acciones para enfrentar el desastre, asegura la congresista Ruth Luque.

El ambiente es de incertidumbre y la falta de información sobre el avance de los distintos procesos judiciales que se llevan adelante agudizan la desesperación de quienes esperan por soluciones.

La situación penal y civil

Una de las preguntas que más inquieta a los peruanos es qué ha pasado con la denuncia penal. En ese sentido, el procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, aseguró a Mongabay Latam que “los actos de investigación ya se están culminando”, y que se espera que la acusación fiscal esté lista para mediados de junio.

Llegado ese momento se iniciará una etapa intermedia “que es muy corta”, precisó Guzmán, “donde el fiscal presenta una acusación formal contra los que él considera responsables de los hechos”. En ese momento, agregó, se postulará la reparación civil por el daño ambiental (daño ecológico puro) para lo cual “estamos utilizando una valoración económica del daño, que elaboraron los peritos del Ministerio Público” que ronda los 1.600 millones de soles, unos US$420 millones. Ese monto, sin embargo, podría aumentar o disminuir. Se trata de “una pretensión temporal”, explica Guzmán, “porque como la investigación no ha concluido puede aparecer algo que haga elevar o disminuir esa cifra”.

En todo caso, frente a las dudas de si el plazo para presentar una demanda civil había vencido al cumplirse los dos años del derrame, el Procurador aseguró que el Estado peruano ya ha promovido un pedido formal de reparación civil y este se encuentra pendiente de ser resuelto por el Poder Judicial. “Cuando la reparación del daño nace de un delito, tienes la posibilidad de plantear la pretensión mientras persista la acción penal, es decir, mientras existe una investigación en curso”, explicó. Además, agregó que “en el modelo peruano la reparación civil también se puede solicitar dentro del proceso penal y eso es lo que hemos hecho en este caso”.

Repsol puso directamente las condiciones para calificar y cuantificar los daños por familia o por persona en un proceso cerrado.

Jean Pierre Araujo — Abogado de la SPDA.

Sobre los tiempos, Guzmán sostuvo que “para finales de este año deberíamos tener ya resuelto el tema”, lo que, en su experiencia, corresponde a los tiempos manejados en las investigaciones frente a grandes desastres naturales. “Estamos dentro del tiempo habitual de investigación y procesamiento de este tipo de casos”, aclaró.

Compensaciones insuficientes

Asunto aparte es la reparación civil a los pescadores y comerciantes cuya fuente laboral ha sido destruida.

En 2022, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) presentó, en representación de más de 700 mil personas afectadas, una demanda civil de indemnización por daños y perjuicios que asciende a 4.500 millones de dólares. Henry Carhuatocto, director ejecutivo del Instituto de Defensa Legal del Ambiente (IDLADS Perú), organización que se sumó a la demanda del Indecopi como tercero interesado, aseguró a Mongabay Latam que el proceso aún se encuentra en trámite y que no ha habido audiencias. “Están en el proceso de notificación de las partes, con traducción incluida, y las contestaciones de la demanda”, detalló el abogado, quien agregó que no les han notificado mayor avance y que “falta interés del Estado de mover el caso más rápido”.

Por otra parte, tras ocurrido el derrame, la Presidencia del Consejo de Ministros, en articulación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), elaboraron en 2022 el Padrón Único de Afectados, en el cual se registraron a 10.300 personas.

La empresa sostuvo que ese año el 98% de las personas inscritas en el padrón cobraron las compensaciones y que en 2023 lo hizo el 93%. Sin embargo, dicho padrón ha sido altamente criticado por subestimar la cantidad de damnificados. Con miras a ampliar el padrón único de afectados, el Consejo de Ministros ha registrado a otros miles de ciudadanos. Sin embargo, su inclusión aún es incierta y permanecen como “eventualmente afectadas por el derrame de petróleo”.

La razón es que “la norma establece que es la empresa quien determina quiénes son los afectados”, explica Miguel Lévano, coordinador de programa y alianzas de Oxfam Perú. Y en este caso, Repsol exige acreditación de la actividad económica previa al derrame, a través de un documento o medio probatorio emitido por una autoridad. El problema, advierten tanto las organizaciones civiles como el informe del Congreso, es que un gran número de personas desarrollaban sus actividades en condiciones de informalidad por lo que no cuentan con los documentos exigidos. “Es fundamental hacer una modificación a esa norma porque no es posible que el Estado le traslade a la empresa una función que debería hacer él”, opina Lévano.

Mediante un comunicado, Repsol informó que a enero del 2024 han registrado aproximadamente 62.000 solicitudes adicionales, las cuales están siendo evaluadas por la empresa.

Mientras no haya plan aprobado, no solamente no hay un proceso de rehabilitación sino que se van distanciando las posibilidades de recuperación del mar para que las familias pescadoras puedan volver a sus labores.

Miguel Lévano — Oxfam.

Para la congresista Luque, con la elaboración de un padrón que ha subestimado la cantidad de damnificados, “el Estado perdió una oportunidad, a través del Ejecutivo, de generar un acuerdo que pudiera garantizar que el Estado estaba a cargo de un registro único de afectados. Incluso, perdió la oportunidad de formular propuestas normativas o cambios legislativos a raíz de este desastre ecológico”. Además, todavía está pendiente determinar si las compensaciones continuarán este 2024.

Los problemas en torno a las compensaciones no sólo tiene que ver con el padrón, sino también con los montos. Las compensaciones —que se encuentran entre los 50.000 y 70.000 soles (entre 13.000 y 18.300 dólares)— “fueron un proceso de negociación privada entre Repsol y los damnificados”, explica Araujo, el abogado de la SPDA. “Repsol puso directamente las condiciones para calificar y cuantificar los daños por familia o por persona en un proceso cerrado”, agrega.

La Defensoría del Pueblo indicó, además, que en las mesas de negociación que se llevaron a cabo entre 19 organizaciones de pescadores y la empresa con el fin de llegar a acuerdos sobre las compensaciones “la empresa presentó una propuesta inamovible desde el primer día”, a pesar de que “por norma la compensación debe acordarse con los afectados”. Según detalla Ana Leyva, “la empresa amenazó (diciendo) ‘si no acepta me voy’ y la gente por necesidad terminó aceptando sus condiciones”.

La economista de Oxfam, Kely Alfaro, titular del estudio de valorización del daño, asegura que durante las mesas de negociación “se presionó para que la empresa muestre la información” con la que había determinado los montos. Lo que presentó, dice, fue “el censo de pescadores que no tiene datos económicos, donde los mismos pescadores dicen: ”Ese censo no sirve porque nosotros no hemos dicho cuánto ganamos“. La empresa también presentó, según la experta, un estudio sobre necesidades básicas. Sin embargo, el informe de valorización da cuenta de que cada familia ha perdido anualmente el equivalente a 149.714,86 soles (39.240 dólares), una cifra muy por encima de la canasta básica y hasta tres veces el monto entregado por Repsol.

“En el proceso de negociación no ha habido un trato justo para los afectados”, concluyó la Defensoría del Pueblo. La posición inamovible de la empresa durante el proceso de compensación junto con la falta de precisión de la metodología utilizada para calcular los montos “afecta la determinación de la compensación y, por ende, el derecho a una reparación integral”, informó.

Para la congresista Luque, “hay una negligencia de un liderazgo y seguimiento constante del Estado”, pero “lo más grave”, dice, es que “la empresa se da cuenta de ese desorden, de ese vacío, de esa falta de liderazgo, y se aprovecha porque las compensaciones siguen bajo el direccionamiento que ellos quieren”.

Como una alternativa para recibir una indemnización mayor, la Fundación Holandesa de Derechos Ambientales y Fundamentales, que representan a 30.000 peruanos afectados por el derrame, interpuso una demanda en contra de Repsol a través del bufete de abogados británico Pogust Goodhead. La demanda es por 1.000 millones de libras esterlinas, unos US$1.200 millones.

Planes de rehabilitación que no llegan

La empresa presentó un total de 18 planes de rehabilitación al Ministerio de Energía y Minas, de los cuales cuatro fueron declarados como no presentados por no cumplir los requisitos mínimos de admisibilidad. Los 14 planes restantes se encuentran en proceso de revisión.

Para Jean Pierre Araujo “es preocupante que la empresa haya presentado planes de rehabilitación con problemas formales, habiendo tenido un año para contratar a las empresas consultoras ´para que hagan estos planes”. Además, a los pescadores y a las organizaciones civiles les inquieta el tiempo que pueda tardar la evaluación de los planes de rehabilitación que tienen por objetivo recuperar los ecosistemas afectados por la contaminación. La razón es simple, explica Leyva, y es que no pueden iniciarse las tareas de remediación si no hay planes, y “la evaluación está demorando”. “Todavía no sabemos si esos planes van a entrar en evaluación. Depende de si los han completado, entonces pasarán a ser evaluados, pero si no los han completado, tienen que volver a presentarlos”, asegura la experta.

Nos han quitado nuestra felicidad, nuestra libertad.

Alejandro Huaroto Arnáez — Pescador artesanal.

Miguel Lévano, de Oxfam, agrega que junto con ello el problema radica en que “el marco normativo no establece un plazo (para presentar un nuevo plan luego de ser rechazado el primero)”, por lo que “pueden pasar varios años sin un plan aprobado”. Además, dice, “mientras no haya plan aprobado, no solamente no hay un proceso de rehabilitación sino que se van distanciando las posibilidades de recuperación del mar para que las familias pescadoras puedan volver a sus labores”.

La compañía afirmó, en un comunicado del 15 de enero, que los planes de rehabilitación no “son necesarios para la reactivación y apertura de las zonas”. Según la empresa, “las playas de Lima Norte, especialmente las de Ancón, así como en Ventanilla, Santa Rosa, Chancay y Aucallama, están listas desde hace meses para la pesca, el comercio y las actividades recreativas”, ya que “cumplen con los estándares de calidad ambiental tanto nacionales como internacionales, y esto lo sustentan los informes de laboratorios reconocidos y certificados, así como los diversos informes de las autoridades”.

Sin embargo, el último informe técnico del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), elaborado a partir de estudios realizados entre el 12 y 26 de junio de 2023, indica que “no se cuenta con las evidencias concluyentes que permitan señalar que la zona afectada por el derrame esté libre de presencia de petróleo”. Actualmente, el Imarpe se encuentra elaborando un informe técnico actualizado a partir de la evaluación biológica ambiental realizada entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre de 2023.

Para Luque, la falta de liderazgo por parte del gobierno también se refleja en el silencio tras los comentarios de Repsol. “Como puede ser que nadie le responda a la empresa cuando dice que todo está bien, que todo ya se puede hacer. Nadie del Gobierno les dice lo contrario”.

ED

La jueza federal del distrito sur de la ciudad de Nueva York Loretta Preska condenó al Estado Argentino a pagar hasta US$ 16.000 millones al fondo especializado en litigios judiciales Burford Capital, por supuestas irregularidades en la estatización parcial de YPF, llevada a cabo en 2012. Esa firma británica había comprado el derecho a litigar al Grupo Petersen, un conglomerado con vínculos sólidos con los Kirchner y otros sectores políticos en la Argentina, y al fondo Eton Park, ambos accionistas minoritarios en la petrolera cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió la participación de la española Repsol.

El Gobierno argentino anunció que apelará “inmediatamente” esta resolución y que el presidente Alberto Fernández ya evaluó la situación con la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini, un hombre con una histórica relación con la familia Eskenazi, propietaria del Grupo Petersen. “Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, indicó la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en un posteo en X.

La expropiación de YPF se realizó bajo la segunda Presidencia de Cristina y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como viceministro de Economía e interventor en la petrolera. Tras años de negociaciones y marchas y contramarchas, la jueza Preska ya había fallado contra Argentina en marzo pasado, eximiendo a YPF de responsabilidades. El monto de la indemnización había sido diferido por la magistrada para la segunda mitad de 2023.

Derrota en todos los planos

En los últimos meses el eje del debate en el juzgado de Preska estuvo centrado en qué tasa debía aplicarse a los intereses, y a partir de qué fecha debían correr. En la aspiración del Estado argentino, el monto final no debía exceder los US$ 4.900 millones. Para Burford Capital, debía estirarse hasta US$ 16.000 millones. Preska coincidió con el fondo buitre.

Antes, Argentina había perdido el argumento de fondo. Según los abogados de la Procuración del Tesoro, a cargo de Zannini y del jurista Sebastián Soler, la ley de expropiación de Argentina prevalecía sobre lo establecido en el estatuto de YPF redactado en el momento de la privatización, en 1993, y validado ante las autoridades bursátiles de Nueva York, donde comenzó a cotizar la companía. De allí que Kicillof considerara en su momento que era propio de un “tarado” aplicar el estatuto de la empresa, una declaración mencionada por Preska a la hora de fallar contra Argentina.

Además, la Procuración también cuestionó la jurisdicción, ya que consideraba que el reclamo de Petersen debía ser tratado en tribunales argentinos.

De su lado, Petersen/Burford pretendieron hacer valer el estatuto de 1993 que establecía que un cambio accionaro superior a 15% debería disparar una oferta obligatoria de compra de otros accionistas minoritarios a un precio agravado. Según el Estado argentino, esa previsión, no exótica en el derecho comercial, tenía por destino proteger a los propietarios minoritarios ante una oferta de compra hostil de una parte del equity en manos de un accionista en quiebra.

Petersen adujo que la expropiación, la crisis de reputación y el corte del giro de dividendos derivaron en la quiebra de sus empresas españolas que manejaban su participación en YPF, y entró en liquidación en un juzgado de Madrid. Allí apareció Burford.

Tras ocho daños de litigio, la jueza Preska rechazó todos los argumentos del Estado argentino. Terminó dándose la situación llamativa de que la magistrada se arrogó el derecho de establecer una indemnización según lo que establece el Código Comercial argentino en cuanto a intereses y derechos de las partes en litigio. Para ello, debió hacerse de copias traducidas de la ley argentina, que aplicó con desconocimiento de la jurisprudencia local.

Documentos aportados a la causa demuestran que, en el convenio firmado el 4 de marzo de 2015, se estableció que el fondo radicado en Londres recibiría 70% de los eventuales beneficios del juicio y Petersen, 30%.

Para YPF, el de Preska es “es un fallo positivo” porque “la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional” y que por eso “sus activos están fuera de riesgo”. La contracara es la del Estado argentino, controlante del 51% de la petrolera que estaba en manos de Repsol. La condena de Preska es por el máximo monto demandado por el fondo buitre británico. No obstante, tanto la jueza como Burford admiten en sus textos oficiales que se abre una vía de negociación sobre el monto final y la forma de pago, en caso de que la sentencia sea confirmada.

La pista madrileña

En 2015, Burford Capital compró al Grupo Petersen el derecho a litigar en España, donde tramitaba la quiebra de dos empresas creadas por los Eskenazi. Esa familia accionista del Banco de Santa Cruz —donde Zannini fue director por la provincia homónima entre 2015 y 2019— y de firmas agropecuarias había creado dos sellos fantasma en Madrid como controlantes de la participación de 25% en YPF.

A través de esas empresas, los Eskenazi recibían giros y pagaban a Repsol su ingreso a YPF, que a su vez era financiado por los propios dividendos de la petrolera argentina. Para que el esquema funcionara, Repsol y los Eskenazi aceleraron el reparto de dividendos de YPF, en detrimento de las inversiones y de la producción. Eton Park, por su parte, había comprado 1,63% del capital de YPF en 2010, por unos US$ 250 millones.

En junio de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un pedido de la Argentina para ponerle fin a la demanda de los exaccionistas de YPF. A partir del próximo lunes, los representantes del Estado Nacional tendrán la oportunidad de apelar o negociar y Burford Capital podrá solicitar embargos sobre los activos soberanos.

Tras la noticia, las acciones de Burford tuvieron un salto superior al 30% en la plaza londinense. El derecho a litigar en nombre de Petersen es el principal activo del fondo buitre, que podría recibir en poco tiempo un beneficio que multiplicaría por cientos de veces su capital inicial.

Los Eskenazi, con derechos sobre el reclamo

En 2008, la familia Eskenazi fue introducida en el accionariado de YPF a instancias de Néstor Kirchner, con el supuesto objetivo de limitar el desmanejo de la española Repsol, que controlaba la petrolera argentina desde fines de la década de 1990s.

El primer paso de Petersen/Eskenazi en YPF consistió en el compromiso de pago de US$ 2.235 millones a cambio de una participación de 15%. Más tarde, el grupo de los Eskenazi amplió su inversion hasta 25% de YPF con otros US$ 1.000 millones.

Las vinculaciones de los Eskenazi con los Kirchner eran estructurales en territorio patagónico. El litigio por YPF no impidió que el grupo mantuviera el control del Banco de Santa Cruz

Como informó la agencia estadounidense REDD Intelligence, la jueza Preska dio por probado que los empresarios argentinos mantuvieron múltiples reuniones con negociadores de Buford para discutir la estrategia legal. Documentos aportados a la causa demuestran que, en el convenio firmado el 4 de marzo de 2015 mediante el que Burford compró a la filial de los Eskenazi en España el derecho a litigar, por USD 15,1 millones, se estableció que el fondo radicado en Londres recibiría 70% de los eventuales beneficios y Petersen, 30%.

El vendedor de los derechos fue el síndico de la quiebra de los sellos de Petersen en España. Fuentes con acceso a la causa indicaron que habría que dilucidar cuánto del 30% que les toque a los Petersen deberá saldar deudas con otros acreedores.

Las vinculaciones de los Eskenazi con los Kirchner eran estructurales en la provincia de Santa Cruz. El litigio por YPF no impidió que el grupo mantuviera el control del Banco de Santa Cruz, que funciona hasta el día de hoy como casa financiera principal en ese territorio patagónico.

Además de intereses financieros, el Grupo Petersen tiene activos en el agronegocio y en la obra pública. Es uno de los aportantes clave de la Fundación Mediterránea, que acaba de presentar el programa económico de Patricia Bullrich a cargo de Carlos Melconian. A su vez, el Grupo era señalado dentro del PRO como el principal sustento privado de la fallida candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, con quien Sebastián Eskenazi tendría una relación cercana.

SL/JJD

Donar cabello para mitigar el daño causado en el mar peruano por el derrame de al menos 6.000 barriles de petróleo en una refinería operada por Repsol es una de las masivas y polémicas respuestas ciudadanas a lo que fue calificado como “el peor desastre ecológico ocurrido en Lima”.

Organizaciones civiles, cadenas de peluquerías y hasta gobiernos regionales y municipales del país lanzaron en la última semana campañas en sus redes sociales para recolectar centímetros de cabello que han atraído tantos adeptos como críticas ante la falta de diseños experimentales que ratifiquen la viabilidad y efectividad de la propuesta.

Según sus promotores, el objetivo es componer grandes tubos de cabello enmallado capaces de adsorber el crudo que cayó la tarde del pasado 15 de enero en las aguas del norte de Lima y que, hasta la fecha, ya ha afectado a más de 20 playas, 3 reservas naturales y 713 hectáreas de mar.

“Queremos ser actores en mitigar la contaminación y contenerla para que no siga avanzando (...) con una solución complementaria a todas las que se están dando”, declaró a Efe Nicole Castillo, co-fundadora de “Hair Boom Perú”, uno de los movimientos más virales de esta iniciativa.

“Hair Boom” nació con la idea de instalar diferentes puntos de recogida de cabello humano y canino en la capital peruana, pero la acogida fue tanta que el proyecto “se salió de control”, se replicó en decenas de ciudades de la costa, la sierra y la selva del país y hasta logró recolectar 750 kilos de fibra de alpaca.

Castillo, estudiante de ingeniería ambiental, explicó que el proyecto busca “agilizar el avance científico de esta metodología sostenible ya aplicada internacionalmente”, siendo el ejemplo más reciente el de la isla Mauricio, en el océano Índico, a mediados de 2020.

“Al final de todo es apoyar a los grupos técnicos para que sigan con su investigación científica y determinen cuál es la mejor disposición final (de los tubos de cabello con el crudo adherido, convertidos en residuos peligrosos)”, declaró la joven.

Con este mismo propósito, la municipalidad de Lima realizó el pasado fin de semana una “exitosa” campaña con la que logró recolectar 30 kilos de cabello de alrededor de 470 vecinos de la capital.

Según explicó a Efe la subgerente de Gestión Ambiental del Gobierno local, Susana Sevilla, estas fibras fueron entregadas al colectivo Bio Ambientalistas Perú, que se encargará de crear prototipos de tubos de cabello enmallado y “realizar pruebas, que de alguna manera arrojarán resultados para poder hacerlo a una mayor escala”.

El problema, sin embargo, es que la recolecta ya ha sido masiva y, si no se amplía la base logística y de aliados técnicos y especializados, corre el riesgo de no llegar a buen puerto.

DILEMAS DE VIABILIDAD

Estudios de laboratorio comprobaron científicamente que el cabello humano, si bien no absorbe el agua, sí adhiere elementos como aceites y petróleo y, según los cálculos experimentales, 1 kilo de esta fibra natural puede absorber de 6 a 8 litros de crudo.

Así lo afirmó a Efe el ingeniero ambiental Saúl Vargas Zurita, ex asesor de la Marina de Guerra e integrante de “Hair Boom Perú”, quien reconoció que esta medida solo podría funcionar a pequeña escala.

“Que el crudo se adhiere al petróleo, se adhiere. Armar un paquete de salchichas (tubos) de nylon y que eso va a funcionar, sí funciona. Pero definitivamente esto no va a ser la solución al problema”, declaró el experto.

El escenario propuesto, además, presenta una serie de dilemas que incluyen la falta de estudios sobre la eficacia según el tipo de cabello, la dinámica de los oleajes y el tiempo de adsorción de los prototipos hasta alcanzar su capacidad máxima, detalló Vargas.

El otro gran interrogante es la disposición final de los tubos, que tendrían que ser tratados como residuos tóxicos en un relleno sanitario especializado.

Para la doctora en ecotoxicología y química ambiental Jenny Zenobio, existen tres métodos para disponer de manera segura de estos residuos: desecharlos en un vertedero para hidrocarburos, degradarlos o incinerarlos, pero cualquiera de ellos debe ser realizado por profesionales con experiencia en el área para evitar propagar aún más la contaminación o generar nuevos contaminantes.

EL GOBIERNO MARCA DISTANCIA

En medio de estos cuestionamientos y la gran movilización ciudadana de donación de cabello, el Ministerio del Ambiente salió el último lunes a aclarar que, en el contexto actual, “el cabello resulta una herramienta poco efectiva”.

“Ante el derrame de petróleo, se requieren soluciones a gran escala (barreras, skimmers -equipos de limpieza marina-, entre otros) por parte de Repsol”, escribió en Twitter el sector, que alertó que la manipulación del cabello “incluso podría generar más residuos en el mar”.

Para Vargas, esta postura del Gobierno no solo carece de una “base científica o técnica” sino que, además, tampoco “está tomando en cuenta que este cabello ya está recolectado”.

“En vez de asistir a la población que ya está organizada, que ya inició algo, el Estado la limita y le quita credibilidad”, criticó el ingeniero, quien insistió en la necesidad de sumar científicos y empresas especializadas en el rubro para que la movilización ciudadana “termine siendo técnicamente aplicable”.

Por Carla Samon Ros, para la agencia EFE.

IG

Alrededor de mil personas protestaron este domingo en los exteriores de la refinería de La Pampilla, operada por la empresa española Repsol, contra el derrame de crudo que se extendió por el mar y las playas en la costa central de Perú.

Los manifestantes de diversos colectivos civiles y organizaciones ambientalistas marcharon por las calles del distrito de Ventanilla, en la provincia del Callao, vecina a Lima, hasta llegar a la refinería, donde ondearon una extensa bandera del Perú.

“¡Repsol escucha, el pueblo te repudia!” y “¡Repsol escucha, fuera del país!” fueron algunas de las arengas que gritaban los asistentes, según pudo comprobar Efe en el lugar.

De acuerdo a la última medición realizada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la extensión del área afectada en la playa y litoral es de 180 hectáreas, y en el mar de 713 hectáreas.

Inicialmente, Repsol minimizó el derrame de crudo ocurrido cuando un buque descargaba petróleo en la refinería, al estimar que se trató de unos siete galones, y lo atribuyó a un oleaje anómalo, a raíz de la erupción volcánica en Tonga, sucedida el pasado 15.

Sin embargo, las pesquisas posteriores de varias entidades oficiales, incluido el OEFA, confirmaron que el derrame fue mucho mayor y exigieron a la empresa un plan de limpieza urgente para revertir la contaminación ambiental.

Una de las representantes del colectivo “Ciudadanos Recuperando Ventanilla” presentes en la marcha, Sandra Alfaro, se quejó de que la refinería de La Pampilla “nos engañó diciendo que eran siete galones, luego fueron más de 6.000 (galones) que han contaminado todo nuestro litoral”.

“Esto es un castigo para Ventanilla de parte de esta transnacional española, que quiere abusar de nuestro distrito”, declaró Alfaro a Efe.

Según la activista, este suceso se puede convertir en “un as bajo la manga porque tenemos que rescindir estos contratos porque no tienen un plan de contingencia y, si lo tuvieron, no lo aplicaron”.

A su vez, el representante del Frente de Defensa de Lucha por los Humedales de Ventanilla, Eduardo Advíncula, dijo que estaban presentes en la marcha para “hacerle recordar a estos señores empresarios que tienen que asumir su responsabilidad, (porque) ya la Marina de Guerra y el Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) desmintieron la tesis de que ha sido por oleaje anómalo”.

Advíncula remarcó que “los gobernantes tienen que ser duros, esto es el ecocidio más grande de la historia del Perú, que ha trascendido en el mundo”.

“Creo que La Pampilla tiene que reconocer que se equivocó y decir que vamos a resarcir e invertir en recuperar esto, que se ha perdido producto de un accidente”, añadió.

En la manifestación también hubo grupos políticos como el movimiento izquierdista Nuevo Perú, de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, para manifestar al Gobierno de Pedro Castillo su rechazo al modelo económico neoliberal.

“Estamos acá por las consecuencias de 30 años de neoliberalismo cuya lógica es la acumulación de ganancias por encima del medio ambiente, por encima de respetar los derechos de las personas, de los trabajadores, sobre todo ahora con este derrame que ha ocasionado un impacto brutal en la fauna y en los pescadores”, dijo el dirigente de Nuevo Perú, Jorge Escalante.

“Se está exigiendo una indemnización para los sectores aledaños y también creo que es necesario exigir una revisión de los contratos para evitar este tipo de situaciones nuevamente”, añadió el militante izquierdista.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, estimó que las pérdidas para el turismo en esos balnearios serán de 200 millones de soles (52 millones de dólares), mientras que el titular del Ambiente, Rubén Ramírez, aseguró que “se está fiscalizando, observando el cumplimiento de cada medida que se ha dado” en la mitigación del vertido.

Ramírez dijo al canal TVPerú que la empresa Repsol ya fue denunciada ante la fiscalía y que “si es posible, recurriremos a un tribunal internacional”.

CRM con información de la agencia EFE

Perú declaró este sábado “emergencia ambiental” por 90 días a la zona costera dañada por el derrame de 6.000 barriles de crudo hace una semana en medio del oleaje causado, según aducen, por la erupción volcánica en Tonga.

Con esta medida, el gobierno prevé un “manejo sostenible de los territorios afectados”, con las respectivas “labores de recuperación y remediación” para mitigar la contaminación.

El Ministerio del Ambiente justificó la “emergencia” en que el vertido “constituye un evento súbito y de impacto significativo sobre el ecosistema marino costero de alta diversidad biológica” así como “un alto riesgo para la salud pública”.

La declaración de emergencia indica que la ejecución del plan de acción inmediato y de corto plazo está a cargo de la petrolera española Repsol, propietaria del terminal de la Refinería La Pampilla, ubicada en el distrito Ventanilla de la provincia del Callao, aledaña a Lima, donde se produjo el desastre, señaló un despacho de la agencia AFP.

El gobierno peruano dio a Repsol un cronograma de 10 días para cumplir con todas las acciones de limpieza y descontaminación.

El derrame ocurrió el sábado 15 de enero durante el proceso de descarga del buque “Mare Doricum”, de bandera italiana y cargado con 965.000 barriles de crudo.

Según la empresa española, el vertido se produjo en medio de un oleaje anómalo causado por la erupción volcánica en Tonga.

Repsol afirma no tener responsabilidad en el incidente, pues las autoridades marítimas peruanas no emitieron alertas sobre un posible incremento del oleaje por la erupción.

Perú exigió el miércoles pasado a Repsol “resarcir” los daños por el derrame de los 6.000 barriles de crudo.

Según los análisis de las autoridades, el petróleo derramado se desplaza con la corriente marina en dirección norte.

En efecto, el crudo ya se expandió a lo largo de la costa a más de 40 kilómetros de la refinería, causando la muerte de diversas especies marinas y afectando a 21 playas, según el Ministerio de Salud, que recomendó a la gente no acudir a ellas pues tienen calificación “no saludable”.

Asimismo, está afectada la zona Islotes Grupo de Pescadores, que pertenece a la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, “en 512 hectáreas aproximadamente”, así como a la Zona Reservada Ancón “en 1.758 hectáreas”.

La empresa española informó este sábado que ya se retiraron 2.384 metros cúbicos “de arena comprometida” en el operativo de limpieza en el cual participan más de 1.350 personas, en las zonas marinas y terrestres contaminadas, incluyendo 14 playas.

La AFP constató que en la playa Cavero, en Ventanilla, brigadas de trabajadores de la empresa Ambipar, contratada por Repsol, hacen la limpieza de peñascos impregnados de crudo con paños que absorben el hidrocarburo pero no el agua.

Según la petrolera, se emplearon 90 maquinarias en la zona comprometida, “entre las que se incluyen 46 vehículos pesados en tierra y 13 embarcaciones mayores”, así como “7 skimmers (máquinas de limpieza marina), 6 tanques flotantes, 3 tanques de recuperación y más de 2.500 metros de barrera de contención”, esperando duplicar la cantidad de barreras “en los próximos días”.

Repsol asegura que “está desplegando todos los esfuerzos para responder a la remediación del derrame”.

Durante la semana hubo varias protestas de pescadores y pobladores de Ventanilla, preocupados por la imposibilidad de desarrollar la pesca o mantener negocios turísticos como restaurantes, ante las playas cerradas por la emergencia.

“En pleno apogeo nos han cortado el brazo”, dijo con desazón a AFP el pescador Bernardo Espinoza, al destacar que él y sus colegas se quedaron sin poder trabajar en medio del verano austral, la época en que tradicionalmente venden más pescado.

“No podemos trabajar (...), venimos ya sacando los últimos recursos (ahorros), los últimos, estamos ya haciendo lo que se puede”, agrega Espinoza, pescador desde hace 50 años en la bahía de Ancón, 45 km al norte de Lima.

Las brigadas de limpieza reemplazaron a los bañistas en Ancón y en otros populares balnearios peruanos.

AFP constató las enormes manchas de petróleo sobre la superficie del mar y aves muertas flotando en el agua, en un recorrido por la bahía de Ancón a bordo de la embarcación “Rey de Petita”, que antes del derrame paseaba a turistas.

“Han atentado contra la vida silvestre y la vida, (y) el trabajo, de lo que es el pescador”, dijo Rodney Vásquez, de 30 años, capitán de la pequeña embarcación, quien vivió toda su vida cerca del mar y es hijo de un pescador.

Por su lado, el pescador Alfredo Roque indicó que las dificultades para la pesca en esta zona durarán mucho tiempo.

“Las crías (de peces) ya están muertas; las crías, la mayor parte comen en la orilla del mar, y la orilla del mar está llena de petróleo”, explicó.

Además de los pescadores, otras personas que vivían de actividades ligadas a las playas se quedaron sin ingresos: dueños y empleados de restaurantes, los que alquilan sombrillas y quienes venden comida y gaseosas a los bañistas.

En el muelle de Ancón solo siguen trabajando los tripulantes de embarcaciones mayores que pescan en alta mar, mientras los puestos de venta de pescado están vacíos, porque ya no hay clientes.

“No se vende nada (...), el pescado más que nada sale con el olor a petróleo, y la gente no compra, no consume porque tienen miedo de intoxicarse por eso, por el derrame de petróleo”, indica Giovana Rugel, de 52 años, quien vende pescado en la entrada del muelle de Ancón.

Ahora los únicos ocupantes de las playas de Ancón y de los otros balnearios afectados son las brigadas de limpieza, conformadas por militares, personal contratado por la petrolera y voluntarios de Amaac Perú y otras ONGs.

Los brigadistas, que iniciaron su tarea el martes, visten trajes blancos de bioseguridad y portan guantes de látex. Usan palas para remover la arena impregnada de petróleo, que es luego llevada en camiones hacia depósitos de residuos tóxicos.

Esta faena se desarrolla en forma manual y nadie sabe cuándo terminará la limpieza en toda la costa afectada.

CRM con información de la agencia Télam

Repsol ya tiene su Prestige particular en las costas peruanas. Al desastre ecológico de zonas medioambientales contaminadas y fauna marina moribunda le siguió el desastre social de miles de pescadores pobres despojados de su fuente de trabajo tras el derrame de petróleo del sábado pasado. ¿Qué hizo al respecto la empresa multinacional energética y petroquímica con sede social en Madrid, y una de las mayores responsables del cambio climático en el mundo? Mentir.

Desde que el sábado el fuerte oleaje ocasionado por la erupción del volcán submarino en Tonga, que no fue advertido ni comunicado a tiempo por la negligente Marina de Guerra del Perú, desencadenara la enorme fuga mientras se descargaba de un buque proveniente de Europa, el accionar de la petrolera española fue vergonzoso y el silencio de los medios de comunicación, nacionales e internacionales, cómplice.  

Repsol intentó en primer lugar disimular su papel de operador de la refinería responsable del siniestro, La Pampilla, y luego procedió a divulgar información falsa: no fueron 7 galones los vertidos al mar como dijeron en un inicio. Tuvo que salir el ministro de ambiente del Perú para aclarar que fueron en realidad 6 mil barriles, es decir 250 mil galones. Una auténtica tragedia medioambiental que ya cubre más de 18 mil metros cuadrados y afecta la Zona reservada de Ancón y parte de la reserva nacional isleña que es refugio de aves guaneras. Finalmente fueron los propios pescadores y colectivos de ecologistas los que denunciaron los hechos mediante videos en los que pueden verse las olas espesas de mar ennegrecido y a los animales recalando agónicos en la orilla. 

Puesta en evidencia a Repsol no le quedó otra que apechugar pero lo hizo enviando un comunicado sin el logo de la empresa, en el que dicen estar haciendo todo lo necesario para reparar los cuatro días que lleva expandiéndose el crudo por el litoral limeño. Sin embargo, un alcalde de la zona denunció que su control de daños consistió en enviar apenas un puñado de trabajadores que están usando palas y recogedores como los que usamos en casa para recoger el polvo. La indignación a esta hora es brutal. ¿Es todo lo que van a invertir en reparar lo ocurrido?

Los pingüinos, aves, nutrias, cangrejos y peces intoxicados de las 22 islas y once puntas entre la costa y el océano, que configuran un área clave para el mantenimiento de la diversidad biológica, ya flotan inertes a lo largo y ancho de la mancha negra, mientras las especies que lograron ser rescatadas con los picos, alas y patas impregnadas de petróleo, fueron llevadas de urgencia al zoo de la ciudad. Los expertos, sin embargo, dicen que la recuperación del mar podría tomar mucho tiempo.

¿No sería este desastre un escándalo internacional, no estaría en todas las primeras planas de los medios españoles y no en una pequeña nota al margen, si no hubiera ocurrido en un país de América del sur y a manos de una poderosa empresa petrolera y energética española que suele limpiar su imagen en la prensa diaria?

Repsol podría enfrentarse a una multa de 35 millones de dólares si se confirma el delito de contaminación ambiental, una bicoca para la empresa. Y ¿qué pasará con el impacto social? ¿Se harán cargo? Un millar de pescadores protestaba el jueves en la zona. Repsol no pudo librarse, aunque lo intentara, en esa primera ronda de denuncias. Ya la Fiscalía Especializada en Material Ambiental abrió una investigación pero sabemos los enormes intereses económicos que hay detrás empujando para que los verdaderos responsables no sean culpados. Y se repetirá la historia. Esperamos que no.

GW