Más de cuatro de cada diez trabajadores en la Argentina tienen empleos sin derechos laborales básicos. No cuentan con aportes jubilatorios, no están cubiertos por la seguridad social y tampoco están protegidos por la legislación laboral. En el cuarto trimestre de 2025, la informalidad laboral alcanzó al 43% de los ocupados, según un informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

La cifra permite dimensionar el fenómeno de manera concreta: casi la mitad de quienes trabajan lo hacen en condiciones de desprotección laboral. Esto significa que millones de personas sostienen su ingreso cotidiano sin las garantías que establece el trabajo registrado, desde una jubilación futura hasta cobertura frente a accidentes laborales.

La comparación con el mismo período del año anterior mostró una suba de aproximadamente un punto porcentual, lo que indica que la informalidad no sólo se mantiene en niveles elevados sino que además creció en el último año.

El informe fue coordinado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria y analizó la evolución reciente del mercado de trabajo argentino. El dato central es que la informalidad se mantiene como uno de los rasgos estructurales del empleo en el país, incluso en contextos económicos distintos.

Para entender su dimensión social, el estudio también analizó las condiciones de vida de quienes trabajan sin registro. El 32% de los trabajadores informales vive en hogares pobres, mientras que otro 27% se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la pobreza.

Esto significa que casi seis de cada diez trabajadores informales habitan hogares que ya son pobres o están al borde de serlo. En otras palabras, la falta de derechos laborales suele ir de la mano con ingresos inestables y mayor fragilidad económica.

Los más vulnerables, como siempre, son los jóvenes

El informe también mostró que la informalidad no afecta a todos los trabajadores por igual. Los jóvenes son el grupo más expuesto a este tipo de empleo precario. Entre quienes tienen entre 16 y 24 años, siete de cada diez trabajan en la informalidad, lo que refleja las dificultades para acceder a un primer empleo registrado.

En la práctica, para muchos jóvenes la puerta de entrada al mercado laboral suele ser un trabajo sin contrato, sin aportes y sin estabilidad. Esa situación puede extenderse durante años y marcar la trayectoria laboral futura.

En los grupos de mayor edad, los niveles de informalidad disminuyen, aunque siguen siendo altos. Entre los trabajadores de 45 a 64 años la tasa fue de 34,2%, mientras que en el tramo de 25 a 44 años alcanzó el 42,2%.

Entre las personas de 65 años y más, la informalidad volvió a subir hasta el 57,8%. El informe señaló que este patrón refleja una tendencia habitual en los mercados laborales: la precariedad aparece con más fuerza al comienzo y al final de la vida laboral.

El análisis también detectó una fuerte concentración geográfica del fenómeno. La mayor parte de los trabajadores informales reside en el Gran Buenos Aires, la región urbana más poblada del país.

En perspectiva histórica, la tasa actual se ubica en niveles similares a los registrados en 2008, lo que muestra que el problema se mantiene elevado desde hace al menos 17 años.

El informe también comparó la situación argentina con otros países de la región. Entre nueve economías latinoamericanas analizadas, la Argentina se ubicó en el cuarto lugar en niveles de informalidad, detrás de Chile, Brasil y Costa Rica.

JJD, con información de NA

La cadena china Miniso confirmó su llegada a la Argentina con un plan de apertura de 100 locales en cinco años y la posibilidad de generar entre 800 y 1.000 puestos de trabajo, en un contexto de deterioro del empleo y caída de los ingresos laborales. El desembarco incluyó una inversión anunciada de US$50 millones y la apertura de su primer local en el microcentro porteño, con una estrategia de expansión en shoppings y aeropuertos.

El anuncio se produjo en un mercado laboral que mostró señales de empeoramiento para quienes trabajan o buscan empleo. En el cuarto trimestre de 2025, la desocupación subió al 7,5%, por encima del 6,4% de un año antes, mientras que la tasa de empleo bajó de 45,7% a 45,0%, según el INDEC. En paralelo, creció la presión sobre el mercado de trabajo, con más personas ocupadas que buscaron otro empleo o más horas para sostener ingresos.

Todo esto se produce durante el gobierno de Javier Milei, quien, paradójicamente, se autodeclaró enemigo del comunismo chino.

El deterioro del empleo asalariado registrado también formó parte del escenario en el que se anunció la inversión. El investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, Luis Campos, sostuvo que “en lo que va del gobierno de Javier Milei 288.815 asalariados perdieron su trabajo. Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”. Esa dinámica implicó un reemplazo parcial de empleo formal por formas más precarias de inserción laboral.

En ese contexto, la promesa de generación de empleo asociada a la expansión de la china Miniso aparece acotada frente a la magnitud de la destrucción de puestos registrados. Incluso en el escenario más alto planteado por la empresa, de 1.000 empleos en cinco años, el impacto potencial resultó menor frente a la pérdida de empleo asalariado acumulada en el mismo período.

El modelo de negocios que la empresa proyectó para el país también se apoyó en una fuerte presencia de productos importados. Según se detalló, la mayoría de los artículos que se comercializarán en los locales serán de origen externo, con una oferta que incluye licencias internacionales como Disney, Marvel o Sanrio, y una renovación constante de productos orientada al consumo masivo.

La llegada de la firma se inscribió además en un escenario económico atravesado por la apertura de importaciones y la caída del consumo, factores que ya impactaron en la actividad de empresas locales. En distintos sectores, esa combinación derivó en despidos, suspensiones y dificultades financieras, especialmente en industrias y comercios orientados al mercado interno.

La estrategia de Miniso apuntó a instalarse en zonas de alto tránsito y captar público joven, con locales de entre 200 y 600 metros cuadrados y tiendas insignia de mayor tamaño. El primer punto de venta abrirá en la peatonal Florida y luego se sumarán sucursales en centros comerciales del Área Metropolitana de Buenos Aires, con expansión progresiva al resto del país.

La proyección de crecimiento de la empresa se basó en su expansión global, con presencia en más de 100 países y miles de tiendas, pero su desempeño en Argentina dependerá de un mercado interno en retracción y de un escenario laboral más inestable. En ese marco, la creación de empleo asociada a nuevas inversiones convive con una dinámica general de pérdida de puestos asalariados y aumento de formas laborales más frágiles.

Hasta el momento, el anuncio no modificó la tendencia general del mercado de trabajo, que mostró más desocupación, menor tasa de empleo y mayor precarización. La evolución de la inversión y la apertura efectiva de locales determinarán si la promesa de empleo se concreta en un contexto donde las condiciones para sostener la actividad comercial siguen condicionadas por la caída de las ventas y el deterioro del poder adquisitivo.

JJD

Un 7% de los jubilados en Estados Unidos volvió al mercado laboral en los últimos seis meses, principalmente por necesidad económica, según una encuesta reciente de la Asociación Estadounidense de Personas Retiradas (American Association of Retired Persons, AARP). El dato se conoció en paralelo a un fuerte incremento de los despidos: solo en enero se registraron más de 108.000 recortes de personal, la cifra mensual más alta para ese mes desde 2009, de acuerdo con un informe de la consultora Challenger, Gray & Christmas. Ambas tendencias pusieron en evidencia un deterioro de las condiciones de seguridad laboral y previsional.

La encuesta de AARP se realizó entre noviembre y diciembre de 2025 sobre unas 2.100 personas mayores de 50 años y actualizó un relevamiento previo efectuado en julio y agosto, que había arrojado resultados similares. En ambos casos, la proporción de jubilados que retomaron un empleo se mantuvo prácticamente estable, con un 6% en el verano boreal y un 7% hacia fin de año. El informe definió este proceso como “desjubilación” y lo vinculó de manera directa a las presiones financieras.

Según los resultados, el 48% de quienes volvieron a trabajar lo hizo porque necesitaba dinero o evaluó que su situación económica era mala. Otras razones mencionadas fueron el aburrimiento o el deseo de ayudar a otras personas, aunque quedaron claramente relegadas frente al peso del factor económico. La responsable del programa de resiliencia financiera de AARP, Carly Roszkowski, advirtió en un comunicado que muchas personas temen no contar con ahorros suficientes para el retiro y sostuvo que la tendencia a prolongar la vida laboral podría profundizarse.

El relevamiento también expuso el clima de inseguridad entre los trabajadores de mayor edad que aún no se jubilaron. Un 24% manifestó temor a perder su empleo en el próximo año, mientras que un 67% consideró que tendría dificultades para conseguir otro trabajo, en gran parte por la discriminación por edad. A esas barreras se sumaron las enfermedades y discapacidades, señaladas como uno de los principales motivos que llevan a la jubilación, junto con la percepción de haber alcanzado una estabilidad financiera suficiente, algo que hoy aparece cada vez más en duda.

En paralelo, el informe mensual de Challenger, Gray & Christmas mostró un salto abrupto de los despidos. Durante enero se contabilizaron 108.435 recortes de personal, lo que representó un aumento del 118% interanual y del 205% respecto de diciembre. Se trató de la cifra más elevada para un mes de enero desde 2009 y de la segunda más alta registrada históricamente para ese mes, solo superada por el inicio de la crisis financiera global, cuando se habían superado los 240.000 despidos.

El detalle sectorial mostró que la industria tecnológica volvió a concentrar una parte relevante de los recortes, con 22.291 despidos anunciados. Dentro de ese total, alrededor de 16.000 correspondieron a Amazon, que avanzó con una reestructuración de sus capas de dirección. En el sector del transporte, los anuncios superaron los 30.000 despidos, mayoritariamente vinculados a UPS, que rompió acuerdos comerciales con Amazon.

Otro dato significativo del informe fue el impacto de la inteligencia artificial. La IA se citó como la razón principal en el 7% de los despidos de enero, lo que equivalió a 7.624 puestos de trabajo. Desde 2023, cuando la consultora comenzó a registrar específicamente este factor, se acumularon casi 80.000 despidos asociados al avance de la IA en el mercado laboral estadounidense. Para Challenger, este fue el tercer pico de recortes en los últimos 36 meses, una señal de volatilidad persistente.

Andy Challenger, director de ingresos de la firma, sostuvo que si bien los despidos suelen concentrarse en el primer trimestre del año, el volumen registrado en enero resultó excepcionalmente alto. Según explicó, la magnitud de los anuncios indicó que muchas de las decisiones se tomaron hacia fines de 2025, lo que reflejó un bajo nivel de optimismo empresarial respecto del panorama económico de 2026.

Leídos en conjunto, los dos informes mostraron un mercado laboral atravesado por la inseguridad, donde quienes pierden su empleo enfrentan mayores dificultades para reinsertarse y quienes ya se habían retirado se ven empujados a regresar al trabajo para sostener sus ingresos. La coexistencia de despidos masivos con jubilados que vuelven a emplearse por necesidad económica marcó un escenario en el que el ajuste se trasladó de manera directa a las trayectorias laborales y previsionales.

Por ahora, no hubo anuncios de políticas públicas orientadas a revertir estas tendencias. Los despidos ya se concretaron y el regreso de jubilados al mercado laboral continuó estable en niveles elevados, con la presión económica como principal motor.

JJD, con información de la agencia EFE

El The Washington Post informó a su personal que puso en marcha un proceso de despidos masivos que recortó cerca de un tercio de su dotación total, incluidos más de 300 periodistas de una redacción que contaba con alrededor de 800 trabajadores. El ajuste afectó de forma directa la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de cientos de personas, en un contexto de caída de ingresos, pérdida de suscriptores y dificultades para sostener un modelo digital rentable.

La decisión fue comunicada el miércoles 4 de febrero de 2026 en reuniones internas encabezadas por el editor ejecutivo Matt Murray. Los despidos alcanzaron tanto a trabajadores de la redacción como a personal del área comercial y administrativa, y se concentraron especialmente en las secciones de deportes, cobertura local e internacional. Según detalló The New York Times, la empresa avanzó con recortes que representaron cerca del 30% de su personal total, incluyendo corresponsales en el exterior y editores con trayectoria en el diario.

En términos operativos, el Post cerró su sección de Deportes, redujo de manera significativa la cobertura metropolitana, eliminó el área dedicada a libros y dio de baja el pódcast diario Post Reports. Una parte de los periodistas deportivos fue reubicada en el área de reportajes, aunque sin precisiones sobre la continuidad de sus funciones ni garantías de estabilidad. La cobertura internacional también quedó severamente recortada: el medio mantuvo corresponsales en apenas una decena de destinos y despidió trabajadores en Medio Oriente, India y Australia.

La conducción del diario justificó el ajuste por las pérdidas acumuladas. Murray sostuvo ante el personal que la empresa “perdió demasiado dinero durante demasiado tiempo” y no logró responder a las necesidades de sus lectores, y explicó que el nuevo perfil editorial pondría el foco en política nacional, negocios y salud. En un correo posterior, reconoció que el diario seguía “anclado en una etapa anterior”, cuando dominaba el producto impreso local, y admitió que el tráfico proveniente de búsquedas en internet cayó casi a la mitad en los últimos tres años, en parte por el avance de la inteligencia artificial generativa.

El impacto laboral del anuncio fue inmediato. Las notificaciones de despido comenzaron a llegar por correo electrónico, y los propios periodistas se avisaron entre sí con mensajes breves: “Eliminado”, repetían. Peter Finn, entonces responsable de la sección internacional, pidió ser despedido para no participar del diseño del recorte, según confirmaron fuentes citadas por el New York Times. La secuencia dejó expuesto el costo humano del ajuste, en una redacción que había crecido de manera sostenida durante los primeros años de la gestión de Bezos.

El diario pertenece desde 2013 al empresario Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de las personas más ricas del mundo. Según analizó el New York Times, los despidos evidenciaron que el magnate todavía no encontró un esquema sostenible para un medio digital de gran escala, pese a más de una década de inversiones. Durante los primeros años bajo su control, el Post expandió su redacción y su alcance, pero en los últimos tiempos perdió audiencia, suscriptores y peso en el ecosistema informativo.

La crisis se profundizó tras una serie de decisiones empresariales y editoriales. En 2023, Bezos contrató a Will Lewis para buscar un camino hacia la rentabilidad. Su gestión incluyó reorganizaciones internas, mayor incorporación de herramientas de inteligencia artificial y una nueva política que eliminó el respaldo editorial a candidaturas presidenciales. Esa definición bloqueó un editorial de apoyo a Kamala Harris antes de las elecciones de 2024 y derivó en la cancelación de cientos de miles de suscripciones, según admitieron fuentes del propio medio.

Desde una perspectiva laboral, el recorte implicó la pérdida de cientos de puestos calificados en una actividad ya atravesada por la precarización y el achicamiento de redacciones. La eliminación de corresponsalías y de coberturas locales redujo la diversidad informativa y concentró tareas en menos trabajadores. El propio Murray reconoció que la producción diaria de artículos disminuyó de manera sostenida en los últimos cinco años.

El ajuste del Post se inscribió en una tendencia más amplia de la industria de medios en Estados Unidos, marcada por la caída de la publicidad, el cambio en los hábitos de consumo y la dependencia de plataformas tecnológicas, con consecuencias directas sobre el empleo periodístico. En este caso, el impacto resultó especialmente significativo por el peso histórico del diario y su rol en investigaciones emblemáticas del periodismo estadounidense.

Hasta el momento, la empresa no informó ningún plan de reincorporación ni medidas de protección laboral para el personal despedido, y un vocero de Bezos no respondió a los pedidos de comentarios realizados por el New York Times. El recorte ya se ejecutó y redefinió de manera estructural el tamaño y el alcance de la redacción, mientras cientos de trabajadores quedaron fuera del diario sin certezas sobre su futuro inmediato.

JJD

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó el primer encuentro del año con los principales operadores legislativos del oficialismo, en una reunión que buscó afinar la estrategia para aprobar la reforma laboral en el Congreso antes del inicio del período ordinario. La mesa política se reunió durante más de dos horas en la Casa Rosada y contó con la presencia de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el operador Eduardo “Lule” Menem, entre otros.

El objetivo inmediato es que el Senado habilite el tratamiento del proyecto a fines de enero. La discusión se concentra en dos ejes sensibles: el capítulo tributario —vinculado a cargas sociales y al Impuesto a las Ganancias coparticipable— y el futuro del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que garantiza cobertura ante despidos y suspensiones. La eliminación o modificación de este fondo podría representar un recorte directo en las protecciones mínimas para trabajadores en situación de conflicto laboral o desvinculación forzosa.

Entre los puntos en análisis se encuentran la eliminación de multas por empleo no registrado, la reformulación del régimen de indemnizaciones, cambios en los regímenes de licencias y restricciones a la representación gremial. La propuesta también apunta a modificar las condiciones de negociación colectiva y reemplazar el FAL por un esquema alternativo con menor alcance. Todo el paquete tiene como eje una flexibilización del mercado de trabajo, que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a sus empleadores y facilitar contrataciones más precarias, sobre todo para sectores jóvenes, tercerizados o sin convenio colectivo.

Desde los sindicatos se advierte que la iniciativa implica una regresión en derechos adquiridos, con especial impacto en sectores laborales desprotegidos. El reemplazo del sistema de sanciones y la eliminación del FAL implican, en los hechos, menos incentivos para registrar trabajadores y menos herramientas para enfrentar despidos arbitrarios. La CGT ya anticipó que no descarta medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios sustantivos.

El Gobierno, a su vez, estudia la posibilidad de dar lugar a una serie de compensaciones destinadas a los gobernadores que se resisten a determinados puntos del articulado de la reforma laboral. Según la agencia Noticias Argentinas, uno de los puntos impositivos que más resquemores encuentra entre los representantes provinciales está dado por la modificación de la escala para el pago del impuesto a las Ganancias que afecta la recaudación del tributo que es coparticipable.

Son varios los mandatarios provinciales aliados que no ocultan sus diferencias, por lo que en Casa Rosada debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios y fue un tema que se debatió en la reunión de mesa política que convocó Adorni.

Lo cierto es que hay quienes plantean ofrecer soluciones específicas ante los reclamos puntuales de cada gobernador, mientras otros rechazan la posibilidad de dar lugar al planteo. Los menos permeables a ceder ante las tensiones sostienen que los representantes provinciales responden ante los argumentos y que se beneficiarán del impacto de la reforma en sus provincias.

Sobre la mitad del mes, el Poder Ejecutivo aceita los mecanismos que le permitan al equipo negociador compuesto por los Menem, Bullrich, Santilli y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, concertar la línea que desplegarán para intentar anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Santilli sigue de gira

El ministro del Interior, Diego Santilli, debió reprogramar por segunda vez la reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien tenía previsto visitar Casa Rosada el viernes por la tarde.

El mandatario provincial argumentó “problemas personales” para cancelar la audiencia en agenda para las 14 y, si bien la idea original era relizarla el pasado miércoles, los planes se vieron truncados por fuertes lluvias en La Pampa.

Desde la cartera que lidera el exdiputado del PRO revelaron: “El gobernador se comunicó con el ministro y pidió, por cuestiones personales de último momento, reprogramar la agenda. Acordaron una reunión para los próximas días”:

El encuentro se enmarca en una serie de contactos que el funcionario nacional protagoniza en la búsqueda de acuerdos que le permitan sancionar la Reforma Laboral que obesesiona al presidente Javier Milei.

Como contó esta agencia, el peronista Ziliotto se muestra abierto al diálogo, pero no oculta sus reparos al articulado que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Santilli ya se reunió con gobernadores con diálogo con la Casa Rosada, como el chubutense Ignacio Torres, y el lunes visitará Salta para entrevistarse con otro de ellos, Gustavo Sáenz.

JJD

El primer encuentro del año entre los principales operadores legislativos del oficialismo marcará el regreso formal de la ofensiva libertaria para imponer una reforma laboral que podría afectar derechos históricos de trabajadores y trabajadoras. La mesa política convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunirá este viernes 16 de enero en la Casa Rosada para ajustar el texto y definir la estrategia parlamentaria.

El objetivo inmediato es lograr que el Senado habilite su tratamiento a fines de este mes, antes del inicio de las sesiones extraordinarias previsto para el 2 de febrero. Las conversaciones se centran en dos puntos sensibles: el capítulo tributario vinculado a cargas sociales y el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya eliminación o modificación podría recortar garantías ante despidos y suspensiones.

La convocatoria incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; a la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; al ministro del Interior, Diego Santilli; a Ignacio Devitt, de Asuntos Estratégicos; y a Eduardo “Lule” Menem, operador político del interior. También podrían sumarse Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, dos figuras clave en la articulación del poder real dentro del Ejecutivo.

El oficialismo apuesta a que las comisiones técnicas permitan “depurar” el proyecto y procesar objeciones de actores sociales, aunque sin convocar aún a instancias formales de diálogo con sindicatos ni organizaciones laborales. La abogada Josefina Tajes encabezará una de esas comisiones desde este viernes, según anticipó Bullrich.

Entre las modificaciones posibles se analiza la revisión de artículos sobre indemnizaciones, licencias y representación sindical, que ya motivaron alertas de la CGT y de varios gremios de base. Hasta el momento, el Gobierno no abrió canales de participación directa para trabajadores o especialistas del derecho laboral.

Un tablero político en movimiento

Diego Santilli se convirtió en una pieza central del despliegue territorial, con una agenda de diez visitas provinciales en enero para asegurarse apoyos de gobernadores aliados. Esta semana estuvo en Chubut con Ignacio Torres, en una actividad centrada en la emergencia por incendios forestales. El lunes irá a Chaco a reunirse con Leandro Zdero y luego a Mendoza para verse con Alfredo Cornejo.

Las negociaciones también tocan otras leyes. Podría incorporarse a extraordinarias un proyecto para modificar la Ley de Glaciares, un pedido clave de varias provincias cordilleranas. En cambio, la Reforma del Código Penal —también prioritaria para el oficialismo— quedaría postergada.

Mientras tanto, el oficialismo busca sumar una nueva “victoria legislativa” tras la sanción del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal en diciembre, aunque los efectos concretos de esas medidas sobre las condiciones de vida siguen sin esclarecerse.

Los puntos más sensibles en la discusión de la iniciativa gubernamental incluyen la eliminación de multas por trabajo no registrado, la modificación del régimen de indemnizaciones y la posible creación de un esquema alternativo al FAL. También siguen en debate los alcances de la reforma en materia de representación gremial y convenios colectivos. El eje general del texto apunta a una flexibilización del mercado de trabajo que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a sus empleadores.

Para sindicatos y especialistas, estos cambios implicarían una regresión en derechos adquiridos. Los sectores más afectados podrían ser trabajadores jóvenes, tercerizados o sin convenio colectivo, que quedarían más expuestos a modalidades precarias y sin protección efectiva.

JJD, con información de NA

El consumo masivo se desaceleró en noviembre y volvió a terreno negativo, cortando una racha de ocho meses de crecimiento que había comenzado en marzo. Si bien la baja general fue marginal (0,1% respecto a octubre), los datos muestran un deterioro más pronunciado en canales clave como supermercados, autoservicios y farmacias.

Según la consultora Scentia, las ventas en supermercados cayeron 2,4% intermensual y 7,2% en comparación con noviembre de 2024, mientras que en farmacias la caída interanual fue del 6,9%. En los hipermercados, los alimentos retrocedieron un 7,4% solo en noviembre, y las bebidas sin alcohol acumularon una baja del 13,4% en el año.

Los efectos ya se sienten entre los trabajadores de los sectores más expuestos. Repositores, cajeros, personal de limpieza y empleados de mostrador enfrentan una merma en horas de trabajo y turnos rotativos recortados. En algunos casos, las empresas optaron por congelar nuevas contrataciones o reducir personal temporario.

“Nos recortaron un día a la semana desde mediados de mes. Dicen que las ventas no alcanzan ni para cubrir los costos básicos”, relató a elDiarioAR Carla, empleada en una cadena de supermercados en el conurbano bonaerense. Como ella, muchos trabajadores precarizados ven peligrar su fuente de ingreso en plena temporada alta.

El canal mayorista, que abastece a almacenes y pequeños comercios, también mostró signos de fatiga, con una caída interanual del 7,6% y un acumulado negativo del 5,5% en lo que va de 2025. Esto impacta en sectores donde predomina el empleo informal, como repartidores y auxiliares logísticos, quienes perciben menos encargos y menores ingresos.

La situación contrasta con el comercio electrónico, que fue el único rubro con crecimiento sólido: las ventas subieron 13,2% en noviembre y 12,3% en el acumulado del año. Este fenómeno refleja cambios en los hábitos de compra, pero también concentra la demanda en plataformas que emplean menos personal o utilizan modalidades de trabajo más flexibilizadas.

A pesar del retroceso de noviembre, el consumo masivo aún muestra un incremento del 2,2% en el acumulado anual, tras una recuperación parcial en los meses anteriores que no logró sostenerse. En 2024, el consumo había registrado una caída del 14%, afectado por el contexto inflacionario, la caída del salario real y los ajustes económicos del primer tramo de gestión del Gobierno de Javier Milei.

Los rubros más golpeados fueron alimentos, bebidas sin alcohol y productos de limpieza, con bajas que superan el 3% mensual en algunos canales. En supermercados y mayoristas, todas las canastas mostraron caídas, un dato que evidencia que la contracción no fue selectiva, sino generalizada.

Para los trabajadores del sector comercial, las perspectivas a corto plazo son inciertas. Aunque se espera una leve mejora estacional en diciembre por las Fiestas, los gremios del sector alertan sobre la persistente pérdida de poder adquisitivo y la falta de incentivos para sostener el empleo.

JJD

El Gobierno formalizó el envío al Congreso de un proyecto de reforma laboral que propone una reestructuración profunda del sistema de relaciones laborales en Argentina. La iniciativa, anticipada este martes por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se discutirá durante las sesiones extraordinarias y forma parte de los compromisos asumidos en el Consejo de Mayo. El texto final aún no fue difundido, pero el borrador que circula incluye cambios en el régimen de contratación, representación gremial, convenios colectivos, teletrabajo y nuevas formas de empleo.

Entre los puntos centrales del proyecto figura la eliminación de la Ley de Teletrabajo, sancionada en pandemia. De aprobarse, quienes trabajen de manera remota pasarán a estar regulados por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), aunque con modificaciones que amplían el margen de decisión del empleador sobre la modalidad laboral.

Se limita también la ultraactividad de los convenios colectivos, permitiendo que al vencimiento de un acuerdo se mantengan solo las cláusulas referidas a condiciones de trabajo. Las cláusulas obligacionales o económicas perderán vigencia salvo acuerdo expreso entre las partes. Además, se establece la prelación de los convenios de empresa sobre los de actividad, lo que podría fragmentar la negociación colectiva y debilitar a los sindicatos de rama.

La iniciativa incluye un nuevo régimen para trabajadores de plataformas, como repartidores y mensajeros, que serán considerados “repartidores independientes”. Esta categoría los excluye de la LCT y los obliga a inscribirse como monotributistas, asumir sus propios aportes y contratar cobertura por accidentes. Las plataformas no asumirán responsabilidades como empleadores, y cualquier protección dependerá de acuerdos entre las partes.

El vínculo con los sindicatos también se redefine. Las asambleas gremiales en el lugar de trabajo requerirán autorización previa del empleador y no estarán contempladas como tiempo laboral pago. Se restringe la estabilidad sindical: solo los delegados titulares legalmente electos tendrán protección absoluta frente al despido, mientras que suplentes y congresales accederán a una tutela relativa.

En cuanto a las cuotas sindicales, los empleadores solo actuarán como agentes de retención si el trabajador expresa su conformidad por escrito, y cualquiera de las partes podrá dar por finalizado el acuerdo con 30 días de preaviso. El proyecto también amplía la lista de prácticas desleales de las organizaciones sindicales, incluyendo los bloqueos, la afiliación compulsiva y el desconocimiento de conciliaciones obligatorias.

El Gobierno plantea esta reforma como parte de una modernización laboral orientada a “liberar el potencial productivo” y “reducir la carga fiscal”, según palabras de Adorni. Sin embargo, múltiples sectores advierten que el efecto inmediato será una pérdida de derechos históricos para los trabajadores, con mayor exposición a la precarización, especialmente en sectores no organizados o con baja cobertura gremial.

El Consejo de Mayo, órgano consultivo impulsado por el Ejecutivo, sirvió como base para delinear este y otros proyectos. Participaron representantes del oficialismo, legisladores de la oposición, empresarios y un sector de la CGT. Gerardo Martínez (UOCRA) estuvo ausente en la última reunión por motivos personales, según informó el Gobierno.

Mientras se aguarda la presentación formal del proyecto completo, sindicatos y organizaciones de trabajadores evalúan medidas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya convocó a una jornada de protesta, y otras centrales podrían sumarse si la iniciativa avanza sin modificaciones sustanciales.

Según anticiparon desde el oficialismo, muchas de estas medidas fueron impulsadas por referentes del PRO, como el diputado Cristian Ritondo.

Desde la CGT todavía no hubo un pronunciamiento formal, pero la ausencia del jefe de la Uocra, Gerardo Martínez, en la última reunión del Consejo fue leída como una señal de desacuerdo. El Ejecutivo ya anticipó que otras reformas —como la previsional— quedarán para 2026.

Para millones de trabajadores, la discusión legislativa que se abrirá en las próximas semanas definirá el futuro de sus derechos laborales básicos: estabilidad, representación, cobertura, negociación colectiva. Y el impacto no será uniforme: los más vulnerables, como los repartidores o quienes teletrabajan sin contrato, serán los primeros afectados.

JJD

El diputado libertario Santiago Santurio presentó un proyecto de ley para consagrar que los repartidores de plataformas digitales no son trabajadores en relación de dependencia, sino prestadores de servicios autónomos. Si se aprueba, quedarán por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo y de cualquier norma laboral, sindical o previsional. El texto representa el intento más explícito del oficialismo por legalizar un modelo de trabajo sin derechos.

La propuesta, titulada “Régimen de Autónomos Digitales en Plataformas de Delivery”, establece que toda la relación entre las aplicaciones como Rappi, PedidosYa o Uber Eats y sus repartidores se regirá únicamente por el derecho civil y comercial. En otras palabras: serán contratos privados, no laborales.

“En ningún caso esta relación se interpretará como una relación de dependencia laboral”, señala el artículo 2 del proyecto. Para blindar esa posición, el texto prohíbe explícitamente que jueces puedan considerar lo contrario, aunque existan elementos habituales del vínculo laboral, como exclusividad, habitualidad u horario.

Libertad o desprotección

En sus fundamentos, Santurio —representante del bloque oficialista La Libertad Avanza— justifica el proyecto en nombre de la libertad individual, la autonomía de la voluntad y el libre mercado. Cita a Juan Bautista Alberdi y asegura que los repartidores “eligen libremente” cuándo y cómo trabajar, sin depender de un empleador. Según su visión, los marcos laborales actuales pertenecen al siglo XX y solo entorpecen la innovación.

Pero, en los hechos, el proyecto legitima una forma de trabajo sin salario mínimo, sin cobertura por accidentes, sin licencias, sin ART, sin aguinaldo ni aportes jubilatorios, y donde toda la carga fiscal y previsional recae sobre el repartidor.

“Es la institucionalización de la precariedad”, opinó ante este medio un abogado laboralista que prefirió no dar su nombre por temor a represalias. “El discurso de la autonomía es tramposo: estos trabajadores no tienen poder de negociación ni condiciones reales para ejercer esa libertad que el proyecto dice proteger”.

Un régimen sin Estado

El articulado también excluye la intervención del fuero laboral. Cualquier conflicto deberá resolverse en tribunales civiles o mediante arbitrajes privados, acordados entre partes que no tienen igual peso.

Las plataformas no tendrán ninguna obligación en materia de aportes ni retenciones fiscales o previsionales. Todo quedará a cargo del repartidor. Según el texto, eso no implica desprotección, sino un “cambio de paradigma”.

“Es un proyecto coherente con la ideología de un Estado mínimo. Pero lo que llama la atención es la crudeza: directamente niega la existencia del trabajo dependiente en este sector, cuando hay fallos judiciales y dictámenes que demuestran lo contrario”, señaló la socióloga laboral Ana Laura López, especialista en empleo y plataformas.

¿Qué cambiaría si se aprueba?

Hoy, en la Argentina, no existe una ley específica que regule el trabajo en plataformas, pero distintos fallos laborales —como el del caso “Rappi c/AFIP” de 2022— han reconocido la existencia de relación de dependencia. El proyecto de Santurio busca bloquear judicialmente esa posibilidad.

De aprobarse, las empresas que hoy operan en la informalidad pasarían a operar dentro de un nuevo marco formal, pero sin asumir ninguna responsabilidad laboral. Lo que hoy es precarización de hecho se convertiría en precarización de derecho.

Además, el texto deroga cualquier norma que se oponga a su interpretación, lo que podría generar un efecto de arrastre hacia otras actividades digitales.

Entre la flexibilidad y la desigualdad

El debate sobre el trabajo en plataformas no es exclusivo de Argentina. En Europa, la discusión está abierta, y países como España han optado por reconocer la relación laboral de los repartidores. En Estados Unidos, el panorama es mixto y objeto de múltiples litigios.

El problema no es la tecnología ni la flexibilidad, sino la falta de garantías básicas, advierte López. “Este proyecto parte de una ficción: que los trabajadores pueden negociar de igual a igual con las plataformas. Pero eso no sucede. No hay libertad real sin protección mínima”.

El oficialismo busca avanzar con esta ley en el marco de su agenda de desregulación laboral, que ya intentó incluir en la Ley Bases reformas que luego fueron frenadas por la Justicia. Esta vez, el blanco son los repartidores, uno de los sectores más expuestos y más invisibilizados del nuevo mapa del trabajo.

JJD

En la Cámara de Diputados de la Nación hay al menos cuatro proyectos de ley de autoría de diputados de izquierda que abrazan la idea de reducir la jornada laboral. Pero esas iniciativas funcionan también como una excusa política para apuntar contra uno de los escándalos laborales más visibles del momento: los incumplimientos de los fallos judiciales que ordenan la reinstalación de trabajadores despedidos por Georgalos. En su narrativa, la izquierda plantea que la negativa patronal no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva más general de precarización bajo el ajuste del gobierno de Javier Milei.

Los proyectos parlamentarios del Frente de Izquierda no solo proponen una jornada más corta; también se apoyan en denuncias de atropellos contra trabajadores en conflicto, con Georgalos como emblema. En particular, uno de los proyectos es presentado por Christian Castillo (PTS-FIT Unidad), quien ha utilizado cada paso del trámite como altavoz para denunciar el conflicto de la firma de golosinas.

Aunque los textos legislativos tienen fundamentos propios —argumentan que la jornada de ocho horas es obsoleta, que la automatización y el teletrabajo requieren una nueva regulación, que reducir tiempo de trabajo puede prevenir desempleo— Castillo y el bloque del FIT lo vinculan explícitamente al caso Georgalos. En sus intervenciones públicas y parlamentarias ha señalado que la persistencia de despidos y el desconocimiento de los fallos judiciales revelan “el plan del ajuste patronal respaldado por el Estado”.

En redes sociales, Castillo afirmó: “Con los trabajadores de Georgalos que reclaman que la empresa cumpla los fallos de reinstalación por despidos ilegales. Todo nuestro apoyo”. En un acto frente a la planta de la empresa en Victoria, el 3 de octubre de 2025, estuvieron presentes diputados del FIT Unidad, quienes exigieron que la empresa cumpla con los mandatos judiciales que ordenan la reincorporación de al menos cuatro trabajadores.

Qué es Georgalos y cómo estalló el conflicto

Georgalos es una empresa histórica de la industria alimenticia argentina, conocida por producir golosinas y snacks. En junio de 2025, la planta ubicada en Victoria (San Fernando, Buenos Aires) despidió a cinco trabajadores con más de 20 años de antigüedad, acusándolos de “sabotaje” durante medidas de fuerza gremiales. Los trabajadores afirman que la empresa redujo dotaciones por máquina y aumentó ritmos de producción, lo que provocó fallas y pérdida de premios salariales.

El conflicto derivó en medidas de fuerza impulsadas por el STIA, que fueron respondidas con despidos. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria, pero Georgalos no la acató. Luego llegaron los fallos judiciales: tres jueces laborales ordenaron la reinstalación de trabajadores y fijaron multas por incumplimiento. Sin embargo, la empresa no permitió el ingreso a planta, incluso después de recibir notificaciones formales.

Al menos tres de los despedidos cuentan con fueros gremiales por haber sido candidatos en las elecciones internas del gremio de la alimentación. El caso de Alejandro Martínez, con fallo favorable, es paradigmático: fue derivado a un control médico sin sentido, usado por la empresa como excusa para dilatar su ingreso.

Despidos bajo Milei: ajuste, recesión y desprotección laboral

El conflicto de Georgalos no es una excepción. En 2025, bajo el Gobierno de Javier Milei, los despidos se multiplicaron en el sector privado, mientras el Estado recortó plantillas, suspendió obras y eliminó programas sociales. El ajuste se aplicó con foco en “bajar la inflación”, pero sin recuperación económica, con salarios reales pulverizados y consumo en caída.

Para el Frente de Izquierda, lo que sucede en Georgalos es un espejo del modelo económico que ejecuta Milei: un mercado laboral sin regulaciones, con justicia laboral debilitada y empresas que desoyen fallos judiciales con impunidad. En palabras de Christian Castillo: “Los despidos van a aumentar por goteo si no hay resistencia organizada. La Justicia falló a favor de los trabajadores, pero la empresa los ignora. ¿Quién gobierna: la ley o los empresarios?”

Los proyectos legislativos para reducir la jornada laboral funcionan en este caso como plataforma de denuncia. La izquierda usa el Congreso como caja de resonancia, frente a un Poder Legislativo que no discute estas iniciativas y frente a un Poder Ejecutivo que no fiscaliza ni hace cumplir las leyes laborales.

JJD

El mercado laboral argentino continúa en estado de alerta. Según el último informe del INDEC, correspondiente al segundo trimestre de 2025, la desocupación se mantuvo en el 7,6%, pero la estabilidad es solo aparente: la informalidad creció, la calidad del empleo cayó y cada vez más personas buscan un segundo trabajo para sobrevivir.

El reporte del organismo estadístico, publicado el 18 de septiembre, muestra un escenario de fragilidad estructural agravada. La tasa de empleo se ubicó en 44,5%, apenas 0,1 puntos por encima del trimestre anterior, pero la tasa de actividad cayó a 48,1%, una señal de desaliento. La presión sobre el mercado laboral aumentó a 30,5%, impulsada por un salto de los ocupados que, aunque tienen empleo, buscan otro.

Esa presión incluye no solo a quienes están desocupados, sino también a los subocupados –personas que trabajan menos de 35 horas semanales y quieren más– y a los ocupados que buscan otra ocupación. El 17,1% de los trabajadores está en esta última situación, una señal del deterioro de las condiciones laborales, más allá de si hay empleo o no.

El dato más preocupante es que la informalidad laboral subió 1,6 puntos porcentuales interanuales y llegó al 43,2% de los ocupados. Más de 5,7 millones de personas trabajan sin aportes jubilatorios, una cifra incompatible con cualquier promesa de mejora social. Dentro de los asalariados, el 37,7% está en negro, y apenas el 15,7% de ellos realiza aportes por su cuenta.

Mientras el Gobierno celebra números que no empeoran, la realidad es que la precarización avanza. La proporción de personas que, aún trabajando, quieren o necesitan cambiar de empleo pasó del 16% al 17,1% en un año. A esto se suman los subocupados, que ya son el 11,6% de la población económicamente activa. En total, más de 4,3 millones de personas presionan activamente el mercado laboral.

En términos geográficos, el Gran Buenos Aires sigue encabezando la tasa de desocupación, con un 8,7%, seguido por la región Pampeana (7,4%). Las mujeres jóvenes vuelven a ser las más castigadas: entre las de 14 a 29 años, el desempleo es del 16,9%. El mercado laboral muestra una cara brutalmente desigual, donde el género, la edad y el territorio son determinantes.

El deterioro también se refleja en la composición del empleo. Los asalariados formales representan solo el 62,3% del total, mientras que los cuentapropistas ya son el 23,7%, cifra que creció durante el año. El 8,5% trabaja desde su casa y el 4% usa herramientas propias, signos de una creciente informalidad disfrazada de autonomía.

En cuanto al perfil educativo, el 60,4% de las personas ocupadas tiene hasta secundario completo, y solo el 39,7% accedió a estudios superiores o universitarios. Por tipo de ocupación, el 55,5% se desempeñó en tareas operativas y apenas el 11% en empleos profesionales. Esto refuerza el perfil de un mercado segmentado, donde la informalidad golpea con más fuerza a quienes tienen menos formación y menos poder de negociación.

La foto que deja este informe es la de un mercado laboral con poco movimiento pero alta tensión. Menos gente quedó fuera del sistema, pero más gente trabaja en condiciones precarias, sin cobertura ni estabilidad. En otras palabras, hay menos desempleo pero no hay más derechos.

En este contexto, el relato oficial sobre “recuperación” resulta insostenible. La economía no genera más empleo formal ni mejora las condiciones existentes. Por el contrario, la combinación de recesión, ajuste fiscal y desregulación acelera un proceso de desprotección laboral extendida.

El segundo trimestre de 2025 confirma una tendencia que se viene consolidando desde la llegada de Javier Milei al poder: menos Estado, más mercado... y más trabajadores sin derechos.

JJD

En 1917, el escritor Franz Kafka se retiró al pueblo de Zürau, en Bohemia, para recuperarse de la tuberculosis que le habían diagnosticado. Mientras convalecía junto a su hermana en aquel entorno idílico –pese a su enfermedad, pasó allí un tiempo bastante estupendo– pergeñó un centenar de frases crípticas que más tarde se reunieron en el volumen Los aforismos de Zürau. “Una jaula salió en busca de un pájaro” es uno de esos enunciados y la editorial Mutatis Mutandis lo eligió para dar título al libro de relatos que acaba de publicar. En él recopila diez historias kafkianas firmadas por autores tan diversos como Ali Smith, Charlie Kaufman, Elif Batuman, Joshua Cohen o Yiyun Li, entre otros, cada uno con su propio traductor al castellano (Magdalena Palmer, Ce Santiago, Marta Rebón, Javier Calvo y Laura Martín de Dios, respectivamente).

Estos cuentos se escribieron a propósito del centenario de la muerte del escritor praguense a causa de la afección que le llevó a Zürau. En ellos se narran las acciones de control de máquinas que recuerdan a ChatGPT, ataques de pánico contagiosos, burocracias inmobiliarias que derivan en pesadilla o el periplo por balnearios de una mujer con fobia a los gérmenes. Son escenarios alucinados que generan inquietud y la pregunta inevitable de si podría llegar a suceder.

Si se atiende a los temas que estructuran estas ficciones, como la sospecha sobre la inteligencia artificial (IA) o la fragilidad de la salud mental, ¿es pertinente preguntarse si la actualidad es cada vez más kafkiana? Joaquim Feijóo Pérez, editor de Mutatis Mutandis, responde a elDiario.es que “Kafka tuvo que enfrentarse a, como diría Mark Fisher, lo raro y espeluznante de su tiempo, pero quizás hoy saldría corriendo de nuestra realidad”. Problemas como el acceso a la vivienda, la misoginia en internet o la brecha digital son algunos terrores actuales, según su opinión.

Los autores de los relatos se sumergieron en el universo del autor de El proceso, pero eso no significa que hayan tratado de emular su estilo. Más bien se inspiraron en su obra para “plasmar sus inquietudes y alguna que otra pesadilla —dice Feijóo Pérez— actualizando esa sensación a nuestros días para desarrollar un paisaje kafkiano contemporáneo propio”. En ese aspecto, el libro funciona como bandera del espíritu de la editorial que, según el editor, aspira a “ser una forma contracultural frente a la literalidad”, procurando aportar “soluciones teóricas y narrativas al atasco en el que nos encontramos hoy”.

Blindar contratos para tener traductores humanos

En su presentación, Mutatis Mutandis define el libro como “un homenaje al kafkiano oficio de traductor en los tiempos de la inteligencia artificial”. Sin duda, es uno de los sectores del entramado editorial más afectados por la aparición de esta tecnología que revolucionó la realidad como se conocía hasta ahora, para bien, mal o regular.

Las reivindicaciones sobre la precariedad de las condiciones laborales de la traducción literaria no son nuevas ni mucho menos. Pero la llegada de la inteligencia artificial generativa ha sido la frutilla del postre y algunos de los traductores involucrados en Una jaula salió en busca de un pájaro valoran los perjuicios. Julia Osuna, responsable de la traducción al castellano del relato El suplicio de Tommy Orange, asegura que en los mercados de la traducción comercial la IA “ya está haciendo mucho daño” y en el ámbito de las editoriales el desarrollo de la situación “dependerá en parte de hasta qué punto los autores extranjeros y sus agentes blinden los contratos para exigir que sus obras sean traducidas por personas”, explica.

La opinión de Eugenia Vázquez Nacarino, encargada de pasar al castellano el relato de Leone Ross titulado Dolor de cabeza, es rotunda. Para ella, “una editorial que pretenda sustituir el trabajo creativo de sus colaboradores con IA para aumentar beneficios estará cavando su propia tumba”. Además, denuncia que el sistema se entrena con contenido protegido por derechos de autor y la ley del Ministerio de Cultura que debería regular esos permisos, fue rechazada por falta de respaldo en el sector.

Tarifas y luchas colectivas congeladas

A la vez, Osuna indica que la conversación sobre la intromisión de esta nueva tecnología en el sector de la traducción puede dejar en la sombra las reivindicaciones previas que no se han solucionado. Según explica la traductora, corren el riesgo de contravenir las leyes de la competencia si luchan en conjunto: “Se pueden infringir si, como colectivo o desde alguna asociación de profesionales, se intentan fijar unas tarifas mínimas o tarifas recomendadas. Cuando las leyes de la competencia deberían proteger al consumidor, que paga por un libro y merece calidad, acaban beneficiando al empresario que paga dos pesos por un servicio profesional”.

En 2014, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España multó a un par de asociaciones y desde entonces “las tarifas han quedado más desprotegidas que nunca”, asegura Osuna, que también indica que “en cambio, hay una directriz europea de 2022 que ha empezado a proteger los derechos de los autónomos culturales y la necesidad de que se apoyen sus negociaciones colectivas”. La llegada de la IA parece haberse convertido en el problema principal del sector, pero las tarifas siguen congeladas. “La mayoría de los traductores editoriales no llegamos al salario mínimo. Eso sí que da miedo”, completa.

Mis tarifas siguen más que congeladas y la mayoría de los traductores editoriales no llegamos al salario mínimo interprofesional. Eso sí que da miedo

Julia Osuna — Traductora

Y un detalle más: la intrusión de la IA en el gremio no solo se materializa en la sustitución del trabajador por la máquina. También pasó a formar parte de la realidad del oficio porque cada vez es más necesario utilizarla como herramienta. “Nos la están metiendo hasta en la sopa. Los buscadores normales cada vez filtran peor y están más sesgados”, comenta Osuna.

La Tarifadora: “¿Es justo lo que cobras?”

En 2015, la Unión de Correctores (UniCo) y ACE Traductores de España firmaron un código de buenas prácticas con el convencimiento de que una colaboración entre ambos colectivos es beneficioso para ambos y para la calidad de la obra publicada. Uno de los frutos más recientes de ese entendimiento es La Tarifadora, una calculadora de tarifas para profesionales de la traducción, la corrección y la edición.

“Pretende ser una herramienta de denuncia de esas condiciones demenciales en las que estamos hundiéndonos. La idea es que sirva para que puedas explicarle con más claridad al editor o editora con la que negocias tu tarifa, en el caso de que puedas negociar, que lo que te ofrece no da para vivir, y que si quieren algo profesional, tienen que pagarlo”, desarrolla Osuna. Asimismo, con ella también quieren llamar la atención del Ministerio de Trabajo sobre su situación laboral.

Eugenia Vázquez Nacarino comenta que es necesario quitarle romanticismo a la industria del libro, porque muchas veces los traductores literarios trabajan a pérdidas. “Hay que hacer números y visibilizar la precarización del sector en un contexto que nos deja a merced de la ley de la oferta y la demanda, y de una interpretación tan restrictiva de la ley de libre competencia en España que ni siquiera permite a nuestras asociaciones profesionales recomendar un rango de tarifas”, declara.

Eduardo Iriarte, que firma la traducción de El casero de Keith Ridgway, está de acuerdo con que hay que reivindicar mejoras laborales y cruza los dedos porque se llegue a algo, pero también le inquieta que, en algunos casos, sea contraproducente. “Sigue habiendo editoriales que parecen decir: ‘Si todos pagan mal a los traductores, ¿por qué habríamos de pagarles mejor nosotros?’”, indica.

Sigue habiendo editoriales que parecen decir: ‘Si todos pagan mal a los traductores, ¿por qué habríamos de pagarles mejor nosotros?’

Eduardo Iriarte — Traductor

Él reconoce que es un privilegiado porque durante más de tres décadas vivió de la escritura —publicó seis novelas— y de la traducción literaria y, por el momento, no parece que su situación vaya a cambiar. Incluso se muestra optimista ante el porvenir: “Casualmente, estoy traduciendo la nueva novela de Ian McEwan, que transcurre en 2119: sigue habiendo futuro”.

Sin embargo, sus compañeras no se muestran tan esperanzadas. A Eugenia Vázquez le cuesta ver cómo se va a mejorar la situación actual cuando “desde las instituciones oficiales que deben velar por el sector cultural no se toman medidas firmes para proteger a un colectivo autónomo al límite de la subsistencia”, recalca. Mientras, Julia Osuna se plantea un mañana muy acorde al espíritu kafkiano del volumen de Mutatis Mutandis: “Una se pregunta qué piensan hacer con todos los que nos vamos a la calle, y me imagino filas de personal sobrecualificado regando con regaderas y mangueras centros de datos”.

Para las casi 12 millones y medio de hectáreas que abarcan los Parques Nacionales en sus áreas terrestres hay alrededor de 2.000 trabajadores que se ocupan de su conservación. Al día de hoy, la mitad de ellos permanecen trabajando sin contrato: se trata de 400 brigadistas y 600 profesionales y administrativos. Todos aportan desde sus especificidades a la tarea de conservación del patrimonio natural nacional de la Argentina. 

Incluso, en medio de los ya difundidos incendios en el Parque Nacional Nahuel Huapi, los trabajadores no solo colaboran desde la primera línea a combatir el fuego sino también desde la gestión de alimentos y carpas para los brigadistas. Además, trabajan en la elaboración de reportes con las condiciones climáticas, para que quienes combaten lo hagan de manera segura.

La última ola de despidos en el organismo se conoció el pasado 30 de diciembre: de las tres decenas de trabajadores a los que no se les renovó el contrato, solo algunos de ellos recibieron llamados de sus jefes, que les transmitieron, a modo de gesto, los argumentos de las desvinculaciones; en otros caso, ni siquiera eso.

Andrea Torres, comunicadora social, brigadista y trabajadora del Parque Nacional Los Glaciares desde hace 13 años, recibió un llamado del intendente del organismo, Horacio Pelozo, para avisarle de la baja de su contrato. 

“Me llamó por teléfono el 30 de diciembre al mediodía y me dijo que desde la Presidencia le habían pedido recortar personal y que él me eligió a mí por lo que yo escribo en redes sociales. Sus palabras fueron 'porque soy antigestión y anticobro'”, dijo la rescatista y agregó: “Tuve que chequear mis redes sociales para ver qué puse. Tenía un posteo de una campaña de prevención para no perderse en el parque o para prevenir incendios; además, tenía una nota que había hecho un científico que trabajó en Arsat acerca de qué implicaba la liberación de internet de Elon Musk y después tenía un recordatorio de cuando la fui a ver a Cristina [Fernández de Kirchner] en 2015 a la Plaza de Mayo, no era mucho”.

Me llamaron por teléfono el 30 de diciembre al mediodía y me dijeron que desde la Presidencia les habían pedido recortar personal y que me habían elegido a mí por lo que yo escribo en redes sociales. Sus palabras fueron 'porque soy antigestión y anticobro'

Andrea Torres — rescatista despedida del Parque Nacional Los Glaciares, donde trabajaba desde hacía 13 años

Según contó, el intendente empezó a cobrar entrada en el parque Los Glaciares desde octubre del año pasado. “Pusieron una casilla literalmente en la montaña, en medio del bosque donde no tenés electricidad. Entonces compraron un generador eléctrico y tienen la antena de Starlink y con eso cobran en el acceso”. Su oposición al cobro de entrada habría sido uno de los motivos para desvincularla, aunque hubo cuatro despidos más y dos de ellos fueron de trabajadores que ayudaron a unificar los caminos para construir la casilla de cobro, según Torres, lo que le hace pensar que no hay una razón clara para todos los despidos.  

En diálogo con elDiarioAR, Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN) dio el mismo argumento que dan los funcionarios del gobierno de Javier Milei cada vez que son consultados por despidos en un área del Estado: que no son despidos sino que se trata de la no renovación de contratos. Además, indicó que las causas para determinar las desvinculaciones pueden ser por incumplimientos laborales.

“Hay 2.300 trabajadores distribuidos en 39 parques nacionales con lo cual, si vos lo ponés en ese contexto, las desvinculaciones son un dato menor, digamos que es menor en cuanto al número y no se ha producido en un área determinada, sino en distintas áreas”. Además el funcionario agregó: “Tiene que ver con incumplimientos, con determinadas sanciones disciplinarias. Los intendentes de los parques nos pasan reportes de que el personal no cumple sus funciones o que no está a la altura de los desafíos. También hay casos de presentismo. Hemos administrado el caso por caso y obviamente ha sido una decisión que no ha sido general”, afirmó. 

Hay 2.300 trabajadores distribuidos en 39 parques nacionales con lo cual, si vos lo ponés en ese contexto, las desvinculaciones son un dato menor, digamos que es menor en cuanto al número y no se ha producido en un área determinada, sino en distintas áreas

Cristian Larsen — presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN)

Al preguntarle si los puestos se pensaban reponer debido a las causas de los despidos, el funcionario sostuvo: “Hay que revisar si se necesita o no cubrir esos lugares. En 2019 había unos 1.800 trabajadores, en 2023 y a principios de 2024 había más de 2.400; se han incorporado más de 600 trabajadores”. Y agregó: “Nosotros decimos que en muchos casos no ha sido incorporación de personal teniendo en cuenta las necesidades de parques sino que va más por un tema de militancia política. Entonces lo que estamos haciendo es evaluar caso por caso: qué es lo que realmente Parques Nacionales necesita o no”.

Larsen agregó: “Si hay algo que creemos que es necesario es más presencia en territorio, más presencia de guardaparques y no tanto en los escritorios. O sea, no tanto en la parte de administración, hoy de las 2.200 personas que hay, sólo 550 son guardaparques”.

Luego del anuncio de los despidos, distintos gremios presentaron el reclamo de reincorporación de los trabajadores y se convocó a una mesa de diálogo de la que participó  ATE y miembros de Parques Nacionales. Según pudo conocer elDiarioAR de diversas fuentes, allí las autoridades de la APN hablaron de llevar el número de despidos a 600.

Marcelo Rojas, delegado de ATE-Bariloche, sostuvo en diálogo con este medio que el número de despidos anunciados se confirmó en aquel ámbito, que se suspendió por la salida de un nota de Página/12 acerca de los gastos por viáticos que presentó el presidente del organismo. Según Rojas: “En una especie de acto de infantilismo, levantaron la mesa de diálogo porque no les gustaba lo que se había difundido en una nota de un diario de tirada nacional respecto a los gastos del presidente”. 

El delegado gremial agregó: “Cabe aclarar que nosotros no hacemos operaciones políticas: estamos peleando por la recuperación de los trabajadores para que no haya más despidos y por las políticas de conservación, porque básicamente es nuestro trabajo”. Además, sostuvo: “Se nos acusa de manera falaz de algo y en represalia se levanta una mesa de diálogo que tenía como fin reincorporar a trabajadores que están despedidos. Y como para redoblar [la apuesta] dicen que quieren llegar a 600 despidos y que lo van a hacer junto con el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, de [Federico] Sturzenegger”.

En diálogo con este medio, el presidente del organismo, Larsen, aclaró que las negociaciones no están finalizadas y que a fines de esta semana o principios de la próxima, se retomarán las conversaciones. 

Respecto de la posibilidad de continuar con la reducción de trabajadores, el funcionario de Milei sostuvo: “Vamos a ir viéndolo en el caso por caso, de acuerdo con el rediseño institucional y analizando si el desempeño de los trabajadores es correcto: si no pone palos en la rueda, si cumple básicamente su función, un trabajador no tiene por qué tener miedo”. Y concluyó: “Nosotros estamos creando un sistema de mérito: el que trabaja bien, va a tener su ascenso, el que trabaja mal, va a tener su sanción en el caso de planta permanente, y en el caso de quien esté bajo contrato, bueno, no se renovará su contrato de acuerdo al desempeño de cada trabajador”.

En juego, puestos de trabajo y una cosmovisión del rol de los Parques

Según Rojas, la medida de recorte, y el anuncio de trabajo en conjunto con el ministerio de desregulación del Estado busca flexibilizar la normativa para ampliar la explotación económica de los Parques Nacionales.

Para el delegado, la medida favorece el debilitamiento de la parte técnica de los parques, específicamente “de su análisis técnico para prevenir los impactos ambientales no deseados y para garantizar la conservación de las áreas protegidas, porque ellos entienden que la mayor generación de oportunidades de negocios mediante el uso público y la prestación de servicios es contraria a los análisis rigurosos técnico-ambientales”. Y aclaró: “Parques es un organismo de conservación, de uso sostenible y de aprovechamiento y disfrute sostenible. Nosotros queremos que la gente pueda disfrutar los parques. No estamos en contra de los privados ni de los prestadores de servicio, lo que queremos es que todo sea con rigurosidad técnica, que haya un análisis previo pertinente”.

En su visión como presidente de Parques Nacionales, Larsen sostuvo: “Parques Nacionales es un organismo de conservación y de Turismo, yo lo vengo diciendo desde que asumí. Perito Moreno, el prócer de los parques nacionales y la persona que donó tierras para que se constituya el primer parque nacional, el Parque Nacional Nahuel Huapi, decía que los parques nacionales tienen que ser para conservar esas tierras para el uso y goce de las presentes y las futuras generaciones”.

Asímismo apuntó contra la visión conservacionista: “Si solamente tenemos personas cuya idea es la conservación estricta y para quienes mientras menos personas ingresen a los parques es mejor, es porque la forma de conservación que conocen es prohibir. Bueno, esa no es nuestra forma”.

El rol de trabajadores de Parques Nacionales en el incendio de Nahuel Huapi

Ariel Datoli trabaja desde hace 12 años en la dirección de Lucha contra Incendios Forestales, que forma parte de Parques Nacionales a nivel nacional. Si bien antes se desempeñaba como brigadista en el Parque Nacional Nahuel Huapi, actualmente se encarga de la logística de los operativos de combate de incendios, como el que sucede actualmente. “Hacemos viandas, compramos mercadería y las trasladamos a los campamentos que están a 50 o 60 km de Bariloche, porque el incendio está lejos de la ciudad, dentro del Parque Nacional”, describió.

Datoli sostuvo que las jornadas de sus compañeros brigadistas son extenuantes, de alrededor de 10 o 12 horas de trabajo combatiendo el fuego: “Si bien cada tres o cuatro días hay un recambio de personal, a un incendio se entra alrededor de las 5 o 6 de la mañana para poder atacar el el fuego cuando hay baja temperatura y buena humedad, y se vuelve a las 7 de la tarde. Por eso es que en varios incendios se decide armar campamentos cerca, para no sumar las horas de traslado: hoy mis compañeros están acampando allá, se levantan a las 5 de la mañana, desayunan y ya empiezan a combatir”. Y agregó: “son cuatro días que se quedan sin ver a su familia, con desgaste físico, desgaste psicológico y pensando que todavía no tienen contratos para este año, y que el sueldo por ahí no alcanza”.

La búsqueda por mejores condiciones laborales, una constante

La lucha por la profesionalización de los trabajadores de Parques Nacionales y por mejores condiciones laborales lleva años, y en su historia, se han logrado algunos avances, como los contratos anuales, que hoy vuelven a ser trimestrales.

Sandro Leo Manríquez es brigadista en Parque Nacional Lanín desde 1996 y recuerda que como trabajador de Parques ha pasado por todos los formatos de contratación, incluyendo uno de los más precarios durante la década del 90. “Desde ese momento hasta hoy hemos logrado, en 2019, un reconocimiento gracias al convenio colectivo: el Estado reconoce a los brigadistas como una profesión, como un trabajo, como parte del Estado, pero no nos da la planta permanente sino que nos reconoce solamente en el sistema”. Dijo que “el gobierno anterior (el de Alberto Fernández, del Frente de Todos) iba a implementar una planta permanente y la carrera de brigadista, que también veníamos armando” y que “el convenio colectivo y la carrera es obra pura y exclusiva de los trabajadores”.

La profesionalización de la carrera de brigadistas, contó Manríquez, hizo que se pudieran dar herramientas a los trabajadores principiantes y se los acompañara para adquirir experiencia en abordaje de incendios de manera paulatina, hasta llegar a mayores responsabilidades y roles de liderazgo, como puede ser el jefe de cuadrilla. 

Los avances se han hecho por iniciativa de los trabajadores, que remarcan, casi como un mantra, que el trabajo que hacen lo realizan con un profundo compromiso por su profesión. “Lo hacemos porque nos gusta”, dicen.

Este miércoles a las 11 se realizará una conferencia de prensa y sirenazo convocada por ATE Parques Nacionales en la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, para informar “sobre la situación que atraviesa Parques Nacionales y sus trabajadores y trabajadoras”. Asímismo el sábado se realizará un abrazo simbólico al Parque Nacional Nahuel Huapi el sábado a las 19 en las letras de Bariloche, ubicadas frente al Centro Cívico en el puerto San Carlos. La convocatoria está abierta a toda la sociedad.

LG/JJD

En Argentina, la disputa por la apropiación de la riqueza generada a través del trabajo se dirime a partir de tres grandes indicadores: la pérdida del poder adquisitivo vía procesos de alta inflación, la precarización y la informalización de las relaciones laborales, y la expulsión de mano de obra o desocupación. Nuestra historia está marcada por dicha disputa, que se ha manifestado sobre esos tres vértices, algunas veces sobre algunos, otras veces sobre otros y no necesariamente siempre sobre los mismos. Pero la novedad de la presente gestión gubernamental es que busca que suceda sobre los tres y al mismo tiempo. 

No obstante, no nos encontramos exclusivamente frente a una etapa en la que se dispute sólo la distribución del ingreso, sino que diariamente nos encontramos defendiendo la legitimidad de construir una vida decente, el derecho más elemental a poder armar una vida. De este modo, el actual gobierno definió a la Justicia Social como a una de sus principales enemigas, esto es la posibilidad, bajo derechos, obligaciones y oportunidades, de que quienes habiten el suelo argentino puedan ejercer soberanía sobre la riqueza generada. 

Hasta ahora a nadie se le había ocurrido cuestionar a viva voz que al ser humano por el sólo hecho de haber nacido, le corresponde vivir bien, mientras que, en la actualidad, quienes sí cuestionan este principio, ocupan las más altas posiciones del poder político de nuestro país. Por las preocupaciones que esto genera, vale la pena pensar en conjunto algunos datos e ideas sobre los tres vectores señalados al comienzo.  

La pérdida del poder adquisitivo de los ingresos

La inflación en Argentina es una de las modalidades más efectivas de transferencias y erosión del poder adquisitivo del salario y los ingresos. Bien sabemos que los planes económicos son sostenidos por programas políticos que implican un proyecto de país con aspiraciones de largo plazo. Es por esto que los gobiernos, o bien pueden tomar medidas para defender los empobrecidos ingresos afectados por la inflación a través de las distintas instituciones laborales, o bien atacarlas buscando su debilitamiento hasta la inacción. 

Sin embargo, Argentina es huidiza a los encasillamientos y paradójicamente el gobierno anterior, a quien le correspondía por mandato histórico defender el poder adquisitivo, subestimó el daño social que causa la inflación. Pero a diferencia del anterior, el gobierno actual tiene la intención de provocar una licuación de los salarios: en tan sólo tres meses, el periodo de su gobierno, la inflación acumuló un aumento del 71,33% y la variación interanual en febrero fue del 276,2%. Su reverso es el debilitamiento del poder de compra de los salarios reales, que se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 20 años. 

Esta brutal caída responde directamente al incremento del 120% del tipo de cambio, dictaminado por el gobierno nacional en diciembre de 2023 (esto significa una fuerte devaluación del peso con su inmediata traslación a precios internos) y por el incremento de algunas tarifas clave para el consumo doméstico (combustible, transporte, medicina prepaga, educación privada, alquileres para la vivienda y servicios públicos). La contracara es, según estimaciones de la Universidad Torcuato Di Tella, que el 50,2% de los argentinos estuvo por debajo de la línea de pobreza para el bimestre enero-febrero de 2024, es decir que aproximadamente 14 millones de personas viven en hogares urbanos pobres.

Mecanismos de precarización laboral

Sumado al feroz saqueo sobre los ingresos reales, la disputa por la apropiación de la riqueza se da también sobre dispositivos directos e indirectos de precarización laboral. Por una parte, a través de las inserciones endebles determinadas por la ausencia de los derechos indicados en la legislación laboral a partir de la condición asalariada. Por otra parte, la precarización puede producirse a partir de ocupaciones de refugio (también llamado autoempleo) que tienen por objeto generar ingresos, en donde se solapa la unidad doméstica con la económica, con bajas calificaciones y con niveles de acumulación de subsistencia. 

Si bien se necesita una batería de incentivos y de fuerte control estatal, el crecimiento económico es condición necesaria para mantener altos niveles de empleo formal. En la medida en que el gobierno no revierta el proceso de estanflación y depresión económica (estancamiento en el crecimiento y altos niveles de inflación), las PYMES recurrirán al ahorro de costos laborales a través de diferentes mecanismos de flexibilización, principalmente la negación del pago de las cargas sociales y otros derechos laborales básicos. 

Los últimos datos disponibles al tercer trimestre de 2023 sobre el indicador sintético de desprotección laboral (Tabla 1) arrojan que, del total de asalariados, el 43,04% se encuentra en una situación frágil. Por otro lado, del universo total de los trabajadores por cuenta propia, el 85,88% cuenta con bajas calificaciones y no cuenta con capitales propios. Sobre el total de ocupados, los trabajadores cuentapropistas informales representan el 18,51% y los asalariados frágiles el 32,20%, por lo que la población trabajadora precarizada alcanza al 50,72%, es decir más de la mitad de la fuerza laboral ocupada (6.794.554 de personas en aglomerados urbanos).  

*La autora es Doctora en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de Quilmes. Investigadora especializada en mercados de trabajo segmentados en Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional ATENEA.

MC

Cynhia Benzion no ve un final feliz para el superdecreto de Javier Milei, no solamente por las formas sino también por su contenido. La presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas sostuvo que el DNU 70/2023 es inconstitucional porque el Gobierno no puede legislar sobre 366 asuntos sin pasar por el Congreso, porque no se observa la urgencia en las medidas dictadas y porque esas regulaciones violan la Constitución y los tratados internacionales incorporados.

En una entrevista que les concedió a los periodistas Juan José Domínguez y Ariel Cohen, en Radio Con Vos, Benzion cuestionó además la derogación de la ley de indemnizaciones por despido y dijo que el sistema de resarcimientos por ceses laborales en el sector de la construcción —el que en campaña propuso el Presidente para todo el mundo del trabajo— no funciona bien.

—¿Qué opina de la sección laboral del DNU presidencial?

—Después de los dos fallos de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la semana pasada que dispusieron la suspensión de la aplicación de esta parte del DNU, dictados a partir de los dos amparos iniciados por las dos centrales sindicales más importantes del país, la CGT y la CTA, podemos decir que ese decreto es inconstitucional. Y no me refiero solamente a la cuestión formal, de si el Poder Ejecutivo puede o no asumir función legislativa, sino especialmente en cuanto al contenido.

—¿Qué contenidos serían inconstitucionales?

—Todos. No hay nada nuevo, todo esto ya fue propuesto e implementado en los 90, con todo este proceso flexibilizador de normas laborales, que vino con la intención de generar empleo y fue un fracaso absoluto al punto que se derogó porque justamente fue el periodo de nuestra historia donde se alcanzaron los índices de desempleo más altos y eso se recuperó, después, gracias al crecimiento de la economía y no modificando normas laborales. Lo que trae este DNU es básicamente lo que los estudios jurídicos que asesoran a los grandes grupos económicos necesitan que digan las leyes laborales, para maximizar la rentabilidad empresaria, no tiene otra finalidad. Podemos recorrer todo el contenido de ese título “Trabajo” del DNU y vamos a advertir claramente que todo está en contra de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales. Además, el Poder Ejecutivo no puede legislar, a menos que sea en situaciones de excepción y cuando haya claramente necesidad y urgencia, y este no es el caso porque lo dice el propio DNU: que desde hace muchos años estamos en esta situación. Explíquenme cuál sería la urgencia, por ejemplo, de permitir que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas o cuál sería la urgencia y en qué mejoraría la economía nacional si se eliminaran las multas por el trabajo no registrado.

—¿Hay una diferencia entre esta reforma propuesta y las negociaciones que se vienen haciendo desde hace tiempo para adecuar a los tiempos que corren determinados convenios colectivos, que sí trababan algunas contrataciones?

—Primero hay que ver qué convenios colectivos traban contrataciones. “Trabar contrataciones” es un posicionamiento empresario. La empresa dice: así esto no me resulta rentable, entonces necesito fijar condiciones a la baja. Los sindicatos fuertes pueden garantizarse una protección adecuada, no la mayoría, que no tienen esa fuerza para negociar convenios colectivos ventajosos. En general terminan cediendo. Cuando un empresario dice “se me traban las contrataciones”, me gustaría pedirles sus balances. Por otra parte, es cierto, que la mayoría de los convenios colectivos de trabajo, sobre todo los de actividad, si bien datan de entre 1973 y 1975, fueron modificándose en cada una de las negociaciones paritarias desde entonces hasta acá. No es cierto que están intactos, que atrasan, o que mantienen condiciones que hoy ya son impensables para este mercado del trabajo. En la Argentina no hay una situación cristalizada que impide la contratación.

—Uno de los temas de la campaña presidencial fue el alto costo de indemnizaciones, sobre todo para las pymes. El DNU deroga los artículos que regulaban multas, indemnizaciones y sanciones por el empleo no registrado y deroga la ley indemnizaciones, que establece que serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral no registrada o que lo esté de modo deficiente. ¿Usted ve un problema en la ley actual? ¿Qué opina del DNU?

—Siempre depende de dónde nos paremos para analizar la cuestión. Nuestra Constitución Nacional tiene un artículo de 1957, que es el 14 bis, que establece la protección contra el despido arbitrario. Si bien el despido es libre y cualquier empresario puede despedir sin tener que explicar los motivos, tiene la obligación de indemnizar. Y en esa protección del 14 bis no se establece ni el monto ni la forma ni la duración ni los aspectos a cubrir. Entonces, obviamente, a cualquier empresario le va a parecer alto el costo. Entonces, se viene discutiendo mucho, incluso desde antes del gobierno de Mauricio Macri, la necesidad de establecer algún mecanismo de indemnización que no impacte negativamente en el empleador. Cuando nosotros quitamos ese “impacto negativo”, lo que hacemos es propiciar los despidos. No se puede, simplemente, reducir el costo de esa indemnización porque va a aumentar el enorme ejército de desempleados que ya tenemos. Se dice que cuando una PyME tiene que hacer frente a un juicio laboral, quiebra. Bueno, hay que analizar qué hizo esa PyME con ese trabajador que se vio, quizás, obligado a iniciar un juicio porque, evidentemente, hubo un incumplimiento legal de parte de esa PyME.

—Siguiendo con el tema de las indemnizaciones, también se promueve desde el Gobierno el sistema que funciona en la construcción, es decir la creación de un fondo para utilizarse al momento del cese laboral. ¿Viene funcionando este sistema? ¿Es satisfactorio? ¿Se podría aplicar a otros sectores?

—Nos consta que no viene funcionando porque la construcción es una de las actividades con mayores niveles de precarización y falta de registración y de accidentes laborales del país por, justamente, no cumplir las obligaciones de protección de la vida y la integridad de los trabajadores. No es cierto que funciona tan bien. Sí es cierto que es tentador para la mayoría de los empleadores decir “no quiero despedir y tener que afrontar un costo no previsto o inusitado o que altere mi rentabilidad, entonces voy haciendo un fondo con aportes mensuales”. Esto significa un mayor costo para las empresas, que hoy no tienen ese 8% que el DNU está proponiendo. ¿O acaso hablaron con las empresas para ver si están dispuestas a pagar ese 8%? Aunque la respuesta fuera sí, el sentido que tiene la indemnización es disuasivo, para que para el empleador no sea lo mismo despedir que no despedir.

El sentido que tiene la indemnización es disuasivo, para que para el empleador no sea lo mismo despedir que no despedir.

Cynthia Benzion — presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas

—¿Qué desenlace judicial le ve a la reforma laboral del DNU y al DNU mismo?

—Yo no puedo saber qué posición va a adoptar la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando en febrero se aboque al tratamiento de todos los amparos, que ya son más de 40. Hay especulaciones, conjeturas y análisis de posicionamientos de la Corte en casos similares, en los que claramente dijo que el Poder Ejecutivo no puede legislar por decreto; más aún, tratándose de esta clase de materias y de derogaciones tan abrumadoras de leyes, en cuanto a número y profundidad, además de que al menos en lo referido a las cuestiones laborales están en juego tratados internacionales y obligaciones del país frente a organismos internacionales. El desenlace no lo sabemos, sabemos que la Corte dijo “lo tomo en febrero”, justamente para darle tiempo a la política a que lo resuelva por otros carriles. Los que nos dedicamos al derecho sabemos que el DNU es inconstitucional.

JJD

Uno de los debates recurrentes en la agenda local es el de subir o no la edad de jubilación, de modo de hacer más sostenible el sistema previsional, sobre todo de cara a un horizonte con un promedio de vida más largo y una tasa de natalidad más baja. Es una discusión que se da en todo el mundo, pero en la Argentina suele excluirse un elemento particular, clave para explicar los problemas de solvencia del sistema. Gran parte de los trabajadores y trabajadoras no aportan a la seguridad social y –aunque en los últimos años se han jubilado muchos vía moratoria– tampoco se sirven masivamente de los derechos que otorga. Es el universo de los informales, que no para de crecer y alcanzó en el segundo trimestre de 2022 una cifra récord. 

En la Argentina hay 5,4 millones de trabajadores asalariados informales, según un informe publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Desde el inicio de la serie, en 2016, nunca se había anotado un número tan grande y un repaso por el excel oficial evidencia el enorme crecimiento de este segmento laboral. 

En el segundo trimestre de 2016 había 4,6 millones de asalariados informales, número que superó la barrera de los 5 millones a fines de 2019 y luego se desplomó por la pandemia. En el segundo trimestre de 2020 se contaban apenas 3,1 millones, lo que refleja que la crisis sanitaria impactó de lleno en aquellos trabajadores sin protección de la ley; se quedaron sin ocupación casi 2 millones de personas en unos pocos meses. 

A partir de ese momento de mayor parálisis, el empleo asalariado “en negro” empezó a crecer, lo que muestra que así como es lo primero que sufre, también es el segmento más dinámico, el que más rápido reacciona a la recuperación de la actividad. Así fue como llegó al segundo trimestre de 2022 con 5,4 millones de personas, el mayor registro de la serie. En total, el incremento entre 2020 y 2022 fue de 74% y de 17,4% en toda la serie (2016-2022). 

Totalmente distinto es el derrotero de los puestos de trabajo asalariados registrados. Si se excluye de la cuenta al sector público, el número casi no varió a lo largo de toda la serie. En el segundo trimestre de 2016 eran 7,1 millones de trabajadores y el mismo trimestre de 2022, cuatro años después, eran 7,2 millones. Son 40.000 puestos más, apenas un incremento del 0,6%. 

El total de puestos de trabajo asalariados actual es de 16,2 millones. De ese número, el 67% son formales (10,8 millones) y el otro 33% (5,4 millones) no están registrados. Si se compara con el mismo período del año anterior, el crecimiento de los registrados es de apenas 3,5%, mientras que el de los no registrados marca un alza de 20,2%. 

El sector con mayor cantidad de asalariados sin registrar es, por lejos, el del trabajo en casas particulares. Esa es una de las razones que explican que las “empleadas domésticas” hayan estado en el primer frente de la crisis durante la pandemia. Sobre 1,5 millones de puestos, 1 millón no están registradas, lo que equivale casi al 70%. 

Una situación similar sufren los trabajadores rurales (sobre 833.000 asalariados, el 59,4% son informales); los trabajadores de la construcción (60% de informalidad) y los de servicios sociales y salud privados (51,9%). 

La información del Indec, que surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), muestra que en el último tiempo crecieron también los puestos de trabajo no asalariados. Es decir, los cuentapropistas. Actualmente son casi 5,4 millones y desde el inicio de la serie crecieron 20%: más que los asalariados no registrados y que los informales. 

Parte de esa informalidad en el cuentapropismo se explica por la economía popular,  esas personas que “se inventan” su propio trabajo: cartoneros, recicladores, feriantes, peluqueros, pescadores artesanales, vendedores ambulantes, cocineros de comedores comunitarios. Son 3,5 millones según el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que empezó a construirse a mediados de 2020 e intenta trazar el mapa de esa economía sumergida. 

DT

El 20 de octubre de 2010, una patota conchabada por los máximos dirigentes de la Unión Ferroviaria terminó con la vida de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. La emboscada criminal perpetrada en Barracas contra un conjunto de trabajadores tercerizados del ferrocarril y militantes de izquierda no solo asesinó a Ferreyra: hirió gravemente a Elsa Rodríguez y a otros compañeros presentes. El episodio de Barracas conmovió al país: un joven de 23 años había sido asesinado por defender derechos fundamentales de la clase obrera. Los hilos del crimen conducían al corazón de la clase capitalista, del gobierno y del Estado. 

Mariano Ferreyra participaba de la lucha por el pase a la planta permanente de los tercerizados del ex ferrocarril Roca. El sindicato que supuestamente debía acompañar y encabezar su reclamo, la Unión Ferroviaria, era, por el contrario, quien llevaba adelante la mayor escalada de agresiones contra los propios tercerizados. Las amenazas contra los “zurdos de mierda” era la moneda corriente con la cual los dirigentes y matones de la UF trataban a los trabajadores en lucha. El Ministerio de Trabajo, cómplice de esta hostilidad, ignoraba el reclamo por el pase a planta. 

La investigación del crimen de Mariano puso de manifiesto las razones económicas de esta complicidad de la burocracia sindical y el Estado para con la tercerización. Los trabajadores en condición precaria eran contratados por cooperativas fraudulentas, algunas de las cuales pertenecían a los propios dirigentes de la Unión Ferroviaria. A través de estas “cooperativas”, que servían a los contratistas privados del ferrocarril, tenía lugar una fabulosa malversación de subsidios estatales en favor de los concesionarios y de la propia cúpula sindical. La tercerización laboral le permitía a éstos pagarle a los trabajadores la tercera parte de los fondos públicos que recibían, y desviar a sus arcas la diferencia entre el salario de convenio y el que efectivamente percibían los precarizados. Este régimen corrupto, extendido al conjunto del servicio, explicaba también el desquicio general del mantenimiento ferroviario: un año y tres meses después del crimen de Mariano, se produjo la masacre de la estación de Once, con 52 víctimas fatales. 

El crimen de Mariano reveló otra asociación criminal: la de la burocracia que perpetró el crimen, por un lado, con el Estado y su aparato represivo, del otro. El juicio penal puso de manifiesto la “liberación” de la zona del crimen por parte de la policía Federal, y el intento de ocultamiento de esa conducta -y de los propios responsables del crimen- a través de la manipulación de los videos policiales que registraron los hechos. El entonces jefe de gabinete y actual ministro de Seguridad, Anibal Fernández, fue el encargado de reivindicar esa complicidad policial: “la policía hizo lo que tenía que hacer”, señaló horas después de la emboscada. 

Por sobre todas las cosas, el asesinato de Mariano Ferreyra desató una impresionante movilización popular. Al día siguiente del crimen, 60.000 personas marcharon a Plaza de Mayo reclamando justicia. La movilización, que se extendió luego al interior de las organizaciones obreras, juveniles y barriales, golpeó con fuerza al corazón del gobierno. No podía ser de otra manera, ya que sacó a la luz la conspiración política, económica y criminal que unía al Estado y al gobierno con los concesionarios del ferrocarril y la burocracia de los sindicatos. Semanas antes del crimen de Mariano, Cristina Kirchner había participado de un acto con Pedraza y otros dirigentes de la UF, a los que elogió como representantes del “sindicalismo que construye”. Intentando borrar las huellas de esta complicidad, el gobierno kirchnerista quiso cooptar la lucha por Mariano. Pero la movilización por el juicio y castigo a sus asesinos se desarrolló sin la menor confianza en el gobierno y el Estado. Sobre esa base, se logró la condena a sus responsables materiales y a sus organizadores e instigadores, en la cabeza del propio Pedraza. La justicia, sin embargo, dejó impune al elenco de funcionarios y empresarios que ampararon o encubrieron el plan criminal. 

El crimen de Mariano fue un punto de inflexión en nuestra reciente historia política y, naturalmente, en la de nuestra clase obrera. Desnudó, por un lado, el carácter parasitario de los intereses sociales y políticos que se agitaban detrás de la pretendida “reconstrucción de la burguesía nacional”, uno de los lemas fundamentales del kirchnerismo. El gobierno “nacional y popular” resultaba el ejecutor de una operación de desfalco de los fondos públicos en beneficio del capital. Su expresión mayor fue el pago “serial” de la deuda externa en favor de los fondos internacionales. La burocracia de los sindicatos, ya devenida en burocracia empresaria, mostraba como nunca antes su hostilidad visceral para con la clase obrera. Desde entonces a hoy, el kirchnerismo ha sobrevivido en el escenario político como una criatura subordinada de esa misma burocracia y del pejotismo Con ellos, improvisó a la coalición política que recogió los restos de otro desfalco nacional – el que consumó el macrismo. 

En otro plano, Mariano Ferreyra es la expresión de una juventud entregada a la causa de la clase obrera y el socialismo, en oposición a la exaltación cosmética o “identitaria” de una juventud asociada al carrerismo estatal o parlamentario. Doce años después, varios de los nombres y apellidos ligados al crimen de Mariano transitan los escritorios ministeriales y recintos parlamentarios. Lo hacen como responsables de la precarización laboral creciente, del 50% de pobreza y del acuerdo a rajatablas con el Fondo Monetario Internacional. Son los espectros de una historia que los condenó, sin remedio, hace doce años atrás. 

MR

Es un consuelo de tontos pensar que la inflación que azota ahora a la Argentina coincide con un pico de inflación en todo el mundo, a diferencia de la que acabó con la popularidad de Mauricio Macri en 2018 y 2019. Los pobres están hundiéndose más en la pobreza y la clase media cada vez compra menos, con lo que se acentúa el proceso que viene sufriendo desde hace cuatro años. O el gobierno del Frente de Todos actúa con medidas de impacto en el corto y el mediano plazo para doblegar en serio la inflación o la fuerte recuperación económica se abortará, a las protestas piqueteras de la izquierda se agregarán la crispación de los sectores medios y en 2023 volverá al poder Juntos por el Cambio, pero ya no con la receta moderada de 2015, cuando Macri prometía mantener a YPF y Aerolíneas en el Estado, sino con una de ajuste severo, flexibilización laboral, fin de las moratorias previsionales y privatizaciones.

La primera reacción del equipo económico ante la difusión este miércoles del índice de precios al consumidor (IPC) de marzo de un 6,7% -uno de los pocos que lo anticipó fue el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), que Mariano de Miguel dirige en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)- fue la cuarta suba de tasas de interés por parte del Banco Central. Se trata de una medida que apuntó a desalentar un fenómeno incipiente: los exportadores están retrasando la liquidación de sus ventas externas porque les estaba conviniendo endeudarse para financiarse a la espera de un eventual salto del tipo de cambio. A su vez, las mayores tasas alientan el ingreso de dólares por el contado con liquidación, que bajó de $ 244 en enero, antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a $190. Al anunciar el alza, la autoridad monetaria, que preside Miguel Pesce, aclaró que por sí sola resulta insuficiente para atacar al shock inflacionario de la guerra de Ucrania y detalló una serie de medidas para contrarrestarlo: un dólar oficial que no se acelere pero que tampoco se atrase y permita acumular reservas, la continuidad de la baja de la brecha con el tipo de cambio paralelo, el ajuste fiscal y monetario, la disociación de precios locales de los internacionales con métodos como el aún no materializado fideicomiso público del trigo -que se financia con la suba de retenciones a la harina y el aceite de soja que se aplicó en marzo y servirá para subvencionar pan, pastas, pizzas y tapas de empanadas y tartas cuando se instrumente el mecanismo, quizás en mayo- y los acuerdos de precios y salarios. La segunda reacción fue el jueves: la decisión del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el respaldo del secretario de Energía, Darío Martínez, de avanzar con el compromiso con el FMI de subir por segunda vez en el año las tarifas de luz y gas, pese a la crítica del subsecretario de Energía Eléctrica, el cristinista Federico Basualdo, por el impacto social de la medida. “Lo que hagas en el corto plazo no puede ir en contra del mediano plazo. Si no subís ahora las tarifas, con la inflación que hay, se atrasan más. Ante la mayor inflación, no podés tirar por la borda el programa con el FMI, que se viene cumpliendo”, comentan en el equipo económico.

¿Y entonces cómo se protege a las clases media y baja en un país sin los márgenes de maniobra de los desarrollados y ni siquiera de los otros latinoamericanos? Frente a la propuesta de subir más retenciones del secretario de Comercio Interior, el cristinista Roberto Feletti, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, prometió esta semana que no las tocarán hasta que termine el gobierno de Alberto Fernández. Recuerda que el conflicto con el campo de 2008 disminuyó la siembra y engendró un movimiento opositor que derivó en la victoria de Macri en 2015. Domínguez apuesta a incentivar la producción agrícola, sin dejar de amenazar a los frigoríficos -si incumplen el acuerdo de precios, no podrán exportar-, al tiempo que conversa con su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para ampliar los fideicomisos privados del aceite y del trigo, que son mecanismos “voluntarios” de los exportadores para abaratar en el mercado local el aceite, la harina y los fideos. A su vez, Guzmán reaccionó con una propuesta de gravar la renta extraordinaria que ha generado la guerra en los productores de materias primas, desde alimentos hasta la energía y la minería, pero en el propio Gobierno consideran que se trató más bien de un intento del ministro de mostrarse duro con los poderosos ante la presión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque a sabiendas de que en el Congreso la oposición frenará ese proyecto de ley. Aún se desconocen los detalles de la iniciativa, en Economía no tienen apuro, pero por lo pronto evalúan si captarán esa renta a través de anticipos del impuesto a las ganancias o ante la presentación de balances trimestrales de las grandes empresas. Los que sí quieren darse prisa son los senadores cristinistas con el proyecto de ley de blanqueo de capitales para pagarle al FMI: así se liberarían fondos extra para otros destinos.

En el equipo económico aclaran que, independientemente del proyecto de gravar la renta extraordinaria, el Gobierno analiza otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores desocupados e informales para contrarrestar el salto de la inflación. ¿Cómo se financiaría? Con el aumento de la recaudación tributaria que provoca la misma suba de precios. Es que el alza del IPC primero impacta en los ingresos y después en los gastos y genera un excedente que permitiría superar la meta de reducción del déficit fiscal del acuerdo con el FMI. En ese pacto se afirma que si se logra una recaudación extra, deberá destinarse a una mayor merma del rojo de las cuentas públicas, pero en el Ejecutivo esperan que el Fondo comprenda que ante la circunstancia excepcional de la guerra, así como todos los países adoptan medidas fuera de libreto para proteger a su población, también la Argentina pueda desviarse de la letra escrita y redirija el sobrante al IFE. Esta semana, en la reunión de primavera boreal del organismo en Washington, Guzmán y Pesce intentarán convencerlo. Al menos podrán mostrarle que cumplieron con las metas del primer trimestre en cuanto a ajuste fiscal y monetario y acumulación de reservas. Están en dudas las del segundo cuarto del año. Por lo pronto, el FMI aprobará el Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad con que el que a partir de 2023 asistirá países pobres y de ingresos medios, que fueron incluidos a pedido del ministro de Economía. El nuevo fondo beneficiaría a la Argentina con hasta US$ 1.500 millones.

El salario

Pero el IFE no incluiría a la clase media. ¿Qué remedio hay para la mitad de la población, que además pagará ahora otro aumento de 17/21% de tarifas, lejos de los tarifazos de Macri o del congelamiento del gobierno kirchnerista? “La ayuda a la clase media es bajar la inflación en abril o mayo y que el salario no caiga, por eso se adelantaron las paritarias”, responden en el equipo económico. La Bancaria del diputado Sergio Palazzo, que se abstuvo sobre el acuerdo con el Fondo, marcó la cancha pidiendo 60%, en línea con la previsión privada de inflación.

Otros responsables de la política antiinflacionaria se muestran más preocupados y lamentan que la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazaran la propuesta gubernamental de que las empresas dieran en lo inmediato un bono: “En abril, si bien la inflación puede ser un poco más baja, tampoco será 4% sino 5%. Eso te permitiría ir acomodando este desequilibrio descomunal. Hay una presión social inimaginable, porque con los planes sociales no alcanza y hay un gran impacto en los sectores bajo y medio. La política está nerviosa por la inflación porque los gobernadores y los intendentes ven que les complica su relación con el territorio y con el poder económico local que produce alimentos. La producción argentina está entrenada para recuperarse, la economía sigue creciendo al 5% este año, pero esto queda desdibujado con la inflación. Es cierto que la crisis política interna del Gobierno fomenta expectativas negativas, pero el problema mayor es macroeconómico. En el quilombo, hay inversiones que no se hacen, esperan a las elecciones de 2023, y otros se hacen porque miran el largo plazo, como Toyota o la mina Josemaría”, se refiere la fuente al nuevo yacimiento sanjuanino de oro y cobre que esta semana recibió la aprobación ambiental y donde la canadiense Lundin invertirá US$ 4.100 millones. El mismo funcionario reparte críticas a todos, desde Fernández hasta Feletti y Cristina Kirchner: “El Presidente anunció hace un mes que iba a declarar una guerra de precios y mientras tanto los grandes empresarios como Luis Pagani (dueño de Arcor) reaccionaron remarcando. Acá tendrías que sentar a la empresas a discutir su estructura de precios. Pero tampoco la solución es la radicalización que propone Cristina: no funcionó no acordar con los fondos buitre en 2014, no funcionaría ahora no pactar con el FMI”. Domínguez también apunta al secretario de Comercio Interior porque considera que no son los productores agropecuarios sino la cadena de producción y comercialización la responsable de la suba de precios. También advierte sobre la demora en la implementación del fideicomiso público del trigo.

Si el Frente de Todos no acierta a bajar la inflación y mejorar la vida de los pobres y la clase media, en 2023 vencerán Macri, Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta y hasta quizás compitan en segunda vuelta con Javier Milei, que gana adeptos con su discurso antipolítica y gracias a que no se pone en tela de juicio su prédica económica similar a la fallida de los 90. Se trataría de un ballotage similar al de Francia entre el liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen.

Más allá de las diferencias, hay tres consensos sobre políticas entre los economistas del PRO (Hernán Lacunza, más afín a Larreta; Luciano Laspina, promovido por Bullrich; Guido Sandleris, NIcolás Dujovne y Luis Caputo, que siguen asesorando a Macri), la Fundación Mediterránea que preside Carlos Melconian (de mejor trato con la que fue ministra de Trabajo en la crisis de 2000/2001 y de Seguridad en 2015/2019), los radicales Martín Tetaz y Martín Lousteau (que podría ser otro candidato a presidente de la UCR, como Facundo Manes, asesorado por Eduardo Levy Leyati; Gerardo Morales o Alfredo Cornejo) y el fugaz ministro de Economía de 2001 Ricardo López Murphy (que también se lanzaría a la Casa Rosada por su partido, Republicanos Unidos, aunque mantiene buena relación con Bullrich). El primer consenso es una reforma monetaria, que consistiría en independizar el Banco Central -algo que no hizo Macri, cuando puso a un dirigente del PRO, Federico Sturzenegger, al frente-, prohibir que financie al fisco -una regla más dura que la vigente en Chile y Colombia- e impulsar una moneda del Mercosur, con el real brasileño como referencia, no una dolarización como la que propone Milei. Para esta reforma sería necesaria la eliminación del cepo cambiario, como en 2015. Los economistas de Juntos por el Cambio admiten que implicaría una devaluación del peso oficial, con el consiguiente impacto inflacionario, pero consideran que no sería tan grande como la de hace siete años porque el tipo de cambio hoy es más alto que entonces y las mayores cotizaciones de las materias primeras que exporta la Argentina también evitarían una depreciación tan elevada.

El segundo consenso es una reforma tributaria, que reduzca las cargas laborales y los impuestos a la producción -incluida una merma gradual de retenciones- y a la inversión. Estos dos primeros consensos esconden otro: para bajar la emisión monetaria y los impuestos, hay que podar el gasto público. En Juntos por el Cambio prevén que las tarifas de servicios públicos lleguen “atrasadas” a 2023, con lo que aplicarían un alza mayor que el ahora que dispuso Guzmán. Al menos admiten que si el Gobierno cumple su promesa de construir entre este año y el próximo el gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires, habría que importar menos energía y entonces el incremento previsto para el gas y la electricidad -las centrales lo usan como insumo- no debería ser tan grande.

Además del tarifazo, también se habla de privatizaciones de empresas deficitarias, lo que no incluye YPF. Macri ya habló de vender Aerolíneas. Tetaz considera que no habría compradores y entonces propuso dejárselas a los gremios e ir reduciéndoles gradualmente los subsidios. Vaya a saber qué sucedería con los destinos del interior a los que no vuelan Flybondi y JetSmart. Asesores de Bullrich también sugieren privatizar AySA y el Correo. Tetaz, en cambio, opina que el déficit de AySA se soluciona con aumento de tarifas, igual que el de Integración Energética Argentina (IEASA), la empresa estatal encargada de importar gas y construir el gasoducto Kirchner. En tanto, Larreta no habla de privatizar: en su cabeza prevalece más la idea de “no comprar quilombos”, ser pragmáticos.

El tercer consenso de Juntos por el Cambio abarca las reformas laboral, de los planes sociales y de la Seguridad Social. Ya se conoce la propuesta de flexibilización laboral al eliminar la indemnización por despido, como sugirieron Larreta y Lousteau. “Si no creás empleo, no se termina con los planes y no solucionás la Seguridad Social, porque hoy la mitad de los trabajadores no aporta”, opina uno de los economistas de la coalición opositora. También bajarían las cargas laborales. A su vez, extenderían la asignación universal por hijo (AUH) a los trabajadores formales, de modo que los que están en negro no teman perder el beneficio en caso de blanquearse. Además crearían una asignación universal por vejez: es decir, a los que carecen de aportes suficientes no les darán más moratorias para llegar a la jubilación mínima ni accederían a la pensión universal para el adulto mayor (PUAM), que creó Macri y equivale al 80% de la mínima, sino a una prestación aún más pequeña. Los tres consensos llegarían al poder en 2023 si el Frente de Todos no mejora la vida de los argentinos.

AR

“Trabajo en Coto y cuando me contagié de Covid, me obligaban a volver a trabajar antes de que se cumplan los días de aislamiento. A mis compañeros que eran contactos estrechos y presentaban síntomas no los dejaban aislarse hasta que tuvieran un hisopado positivo, yendo a trabajar sintiéndose mal”, contó Miguel (cuya identidad es reservada) en diálogo con elDiarioAR. Mariana trabaja en Aegis, un call center internacional, y cuando estuvo enferma la obligaron a trabajar desde su casa. “A compañeros con síntomas no los dejan faltar para hisoparse. Si lo hacen, la compañía les descuenta el día”, relató.

Trabajadores de la gastronomía, supermercados, apps de delivery, call center o trabajadoras de casas particulares denuncian que sus jefes les exigen la presencialidad o el trabajo remoto pese a ser caso positivo de Covid-19 o presentar síntomas compatibles con la infección. Les quitan días de vacaciones, los intiman a volver antes de terminar sus aislamientos o les descuentan parte de sus salarios. Desprovistos de herramientas o precarizados, muchos ceden por el temor a perder su puesto laboral y fuente de ingreso.

El protocolo actual del Ministerio de Salud establece que todo caso confirmado de Covid-19 debe aislarse 7 días desde el inicio de síntomas con vacunación completa y 10 sin vacunación o una sola dosis. Por contacto estrecho, quienes tienen 3 dosis no deben aislarse. Con dos, prueba de antígenos entre el día 3 y 5 y cuidados extremos. Con una o sin inmunizantes, 10 días de cuarentena.

No se cumple. “Estoy hace cinco días acá adentro por contacto estrecho. Si sabía que estaban contagiados no venía”, escribió Marta, una trabajadora de casa particular en su Facebook. “A mi no me avisaron nada. Gracias a Dios escuché que mis empleadores murmuraban. De tanto preguntarles, ella me confesó que sus dos hijas estaban con Covid. Le pregunté cómo seguíamos y me dijo que seguíamos igual”, contó también Mirtha. Dos denuncias de las decenas por día que recibe la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Afines (ATHA), el sindicato de uno de los rubros más precarizados y feminizados. La situación se multiplica al ritmo del aumento de casos, y lo mismo ocurre con otros sectores, que presentan altos índices de informalidad.

En el caso del empleo doméstico, la informalidad laboral crece a más del 77%, y la exposición al virus es alta. María Matilde Britez, secretaria gremial de ATHA, advirtió que muchos empleadores no proveen a las trabajadoras de elementos básicos de cuidado, como barbijo, guantes o máscara. En ocasiones, “las empleadas anuncian que están contagiadas, y las familias les piden que recuperen los días en los que estuvieron enfermas”.

“Es una forma de abuso. Hay miles de denuncias de compañeras a las que no les avisan que los hijos de la familia están contagiados, o los empleadores mismos, y las hacen ir a trabajar igual. Ocurre también que se agarran de que con tres vacunas, nadie tiene que hacer aislamiento. Lo cuenta una y lo cuentan todas. Si le pasa a una, las otras empiezan a hablar y contar situaciones parecidas”, comentó a elDiarioAR.

Trabajadores de call centers tomaron medidas por bajos salarios, falta de protocolos de higiene y prevención contra el coronavirus. Días atrás realizaron una asamblea en la que relataron cómo “los jefes les tomaban la fiebre varias veces hasta que le bajara y así entrar, trabajar enfermos y contagiar a sus compañeros es lo que ofrecen las empresas”. “Te llaman por teléfono para que te conectes mientras estás aislado, y si no corrés el riesgo de que te echen. Como si fuera poco, ya comenzó a circular que las ART no se harán cargo del Covid -19 como enfermedad laboral. Reclaman las empresas que aún se bajen más los días de aislamiento”, aseguraron jóvenes según publicó LaIzquierdaDiario.

La Red de precarizadxs, una agrupación de jóvenes de izquierda, reúne denuncias y testimonios de empleados no registrados que sufrieron situaciones similares. También sucede en el ámbito registrado. Sofía trabaja en una guardia privada de urgencias y en esta tercera ola de Covid, varios compañeros médicos se contagiaron. “Todos con síntomas, pero desde recursos humanos los llamaron varias veces para que vayan a trabajar, antes de terminar el aislamiento”, alertó a este medio.

Quién responde a las denuncias

Días atrás, el Ministerio de Salud difundió recomendaciones de vuelta al lugar de trabajo para casos positivos de coronavirus o contactos estrechos, recordando los días de aislamiento según la cantidad de vacunas aplicadas. “En todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. Así como desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se intervendrá cuando corresponda de acuerdo a las recomendaciones sanitarias”, dice el comunicado.

De acuerdo a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), las denuncias por incumplimiento de protocolos “deben ser realizadas ante las autoridades locales en orden a que intervengan en el ámbito de su competencia y conforme los lineamentos epidemiológicos y las normas dispuestas en la jurisdicción o las autoridades nacionales correspondientes”.

El Gobierno “cede a presiones empresarias”, cuestionó la izquierda

El diputado nacional por el Frente de Izquierda Nicolás del Caño compartió en sus redes sociales testimonios de personas, a las que por contacto estrecho o síntomas, les exigieron presencialidad o no respetar los días pautados de aislamiento.

En este sentido, el legislador cuestionó en conversación con este medio que el cambio en los protocolos de aislamiento al advertir que “si después de los 7 días con síntomas, hay 3 días más de cuidados extremos, es porque están reconociendo que se necesitan más días y el Gobierno está cediendo a esta presión de empresariado de no perder ni un centavo de su ganancia a costa de los trabajadores y trabajadoras, obviamente los más precarizados”.

“Es importante que existan protocolos adecuados en los lugares de trabajo o en comisiones de seguridad e higiene que estén integradas por los propios laburantes y de esa manera se garantice que sean acordes a la emergencia sanitaria que se está desarrollando. Que contrariamente a lo que ha hecho el Gobierno de ceder a estas presiones y establecer criterios en función de la ganancia de los empresarios, sea en función de la de las necesidades de cuidado sanitario de los trabajadores en el conjunto de la población, no realmente de contagio.”, analizó.

Muchos mensajes que llegan, contó, son de trabajadores de locales de comidas rápidas. Florencia trabaja en un local de la cadena Burger King y con tres días de síntomas compatibles, el hisopado dio positivo de Covid-19- “Desde mi puesto de trabajo y desde la clínica que depende del sindicato de pasteleros -pues soy una trabajadora de Burger King-, me dijeron que pasado mañana debía reintegrarme al laburo 'extremando los cuidados'. Hoy, a un día de tener que volver a trabajar, sigo con fiebre y tos”, escribió en LaIzquierdaDiario.

Los trabajadores de las apps de delivery directamente están desamparados. “Fui uno de los tantos repartidores que dio positivo por Covid durante el aislamiento. Lo comuniqué a la empresa y la única respuesta que tuve (robótica y explotadora) fue: ’Esperamos verte de nuevo pronto en las calles repartiendo’ ”, contó Guillermo de PedidosYa.

EM