El Tribunal de Apelaciones británico, en su división civil, ha concedido este martes al rey emérito Juan Carlos I la inmunidad por sus actos hasta el momento de su abdicación en 2014, en el proceso que se sigue contra él en el Reino Unido por el presunto acoso al que sometió a su examante Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn.

La corte ha reconocido el recurso presentado por el emérito para justificar que sus acciones entre abril de 2012 y el 18 de junio de 2014 no pertenecieron a su ámbito privado, por lo que procede concederle la inmunidad en ese período y el juicio contra él podría llevarse adelante por sus actos después de su abdicación. Según la empresaria, Juan Carlos I inició “un patrón de conducta equivalente al acoso” a partir de 2012 y se mantuvo hasta la fecha de presentación de la demanda. Es decir, se habría extendido hasta después de perder el privilegio constitucional con su abdicación en 2014.

Pese a que el juicio se llevará a cabo, presumiblemente a mediados del año que viene, el dictamen de este martes dejará fuera del proceso algunas de las acciones más perjudiciales para la causa del emérito, sobre todo referidas a las supuestas maniobras de acoso y espionaje dirigidas por el entonces jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán.

Como recoge el documento publicado, al que ha accedido EFE, Sanz Roldán “de abril a junio de 2012, actuando bajo la dirección o el consentimiento del acusado, coordinó una operación secreta para entrar y registrar la oficina y el apartamento de la demandante en Mónaco”, para lo que contó con la cobertura de una compañía de seguridad monegasca y agentes del CNI. De igual forma, quedarían fuera del juicio las amenazas que supuestamente profirió el general contra la mujer en un hotel de Londres el 5 de mayo de 2012.

Al interpretar que esas acciones fueron ejecutadas por Sanz Roldán “bajo la dirección o con el consentimiento” del emérito, el tribunal considera que “fuese cual fuese su supuesta motivación privada o inapropiada”, lo que “debería haber llevado inevitablemente a la conclusión” de que esos hechos quedaban sujetos a la inmunidad del soberano.

La decisión se apoya de forma decisiva en la sentencia sobre el exdictador chileno Augusto Pinochet, cuando quedó estipulado que “la inmunidad es la del Estado, y por tanto solo puede ser suprimida por el propio Estado”.

La decisión enmienda el dictamen del Tribunal Superior de Londres, que el pasado marzo dictaminó que Juan Carlos I no tenía inmunidad entre los años 2012 y 2020, el periodo que Corinna le acusa de haberla acosado personalmente o a través de personas de su entorno. El 18 de julio, los magistrados británicos autorizaron a los abogados de Juan Carlos I a recurrir la decisión del juez, pero ya acotaron que solo respecto a los hechos transcurridos entre 2012 y 2014, cuando aún era jefe de Estado. Los magistrados entendieron que en los hechos que habrían tenido lugar después de la abdicación el juez británico estuvo acertado al no apreciar inmunidad.

La empresaria fija el marco temporal del presunto acoso entre 2012 y 2020. De acuerdo con la demanda, Juan Carlos I la habría acosado después de que ella pusiera fin a la relación que habían mantenido. Primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios. Según Larsen, fue objeto de seguimientos y amenazas, con el uso de agentes del Estado para intimidar tanto a ella como a su familia.

Hay ocasiones en las que el protocolo es inflexible y una de ellas ha sido el funeral de Isabel II. Con cerca de 2.000 invitados, entre ellos 500 jefes de Estado, miembros de la realeza y dignatarios extranjeros, no podía ser de otro modo más que imperturbable y riguroso. Reyes con reyes, militares con militares, líderes políticos con líderes políticos… Por eso fue posible la fotografía. La FOTO. La madre de todas las fotos. La que pretendía evitar La Zarzuela y vio una audiencia estimada de 4.000 millones de personas: Juan Carlos I sentado junto a Felipe VI. Para ser más exactos, junto a Letizia.

Nada pudo hacer el jefe del Estado español esta vez por no aparecer retratado junto a su padre, que en esta ocasión no se sentó junto a él por ser progenitor de nadie, sino por ser rey. Aunque parezca increíble y hasta vergonzoso, Juan Carlos I sigue siendo monarca porque así lo estableció un decreto de 2014 firmado por su propio hijo. Ni la Constitución ni la Ley Orgánica por la que se aprobó su abdicación regulaban el tratamiento que le correspondía después de su renuncia a la Jefatura del Estado, pero Felipe VI firmó un Real Decreto para modificar otro de 1987 que estipulaba el “régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes” solo para que Juan Carlos I siguiera siendo rey. Decía el texto que para “plasmar la gratitud por décadas de servicio a España y a los españoles”. 

Juan Carlos I es rey y Sofía reina como Felipe VI y Letizia. Cuatro reyes para tan poco reino, aunque se les añadiera la coletilla de eméritos, un adjetivo que suele aplicarse a las personas que, una vez retiradas de sus funciones, reciben un premio o recompensa por su buen servicio. Para servicio impagable, el de los agentes secretos que trabajaron durante 40 años para tapar sus tropelías con la anuencia de todos los poderes del Estado, tal y como desvela exhaustivamente el recién estrenado documental de HBO Salvar al Rey.

Felipe VI y Juan Carlos I coincidieron el domingo por segunda vez –que se tenga constancia– desde que el emérito se marchó a Abu Dabi acuciado por sus problemas con la justicia en una recepción ofrecida por Carlos III, un día antes del funeral de Isabel II. Al no haber prensa presente, no hubo imagen conjunta de ambos, lo que allanó el empeño de Zarzuela por desvincular al rey de los abusos de su padre. Cosa distinta fue ya durante el funeral de Estado, en el que el inapelable protocolo sentó a reyes con reyes sin que nadie pudiera evitar que Juan Carlos I recibiera tratamiento de monarca porque sigue siéndolo. Reino Unido no puede desposeer a Juan Carlos de los honores que le otorga la legislación española.

Y para que Juan Carlos I pierda el título de rey sería necesario que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobase un Real Decreto que, como su nombre indica, tendría que firmar su hijo, Felipe VI, algo que jamás ocurrirá, como tampoco se reformará jamás la Ley Orgánica con la que se apuntaló su aforamiento para que solo el Tribunal Supremo pudiera juzgarlo. 

 Cuenta la leyenda que hay una especie de maldición que persigue a los Borbones y que empezó el día en que la madre del Alfonso XIII desoyó la recomendación del rey para que no llamase Alfonso a su hijo con el propósito de evitar el mal fario del número 13. La reina María Cristina no hizo caso y su hijo fue acusado por las Cortes Generales de los delitos de lesa majestad, rebelión militar y alta traición. Fue expulsado de España y vagó durante años por Francia, Estados Unidos, Suiza e Italia hasta que murió en febrero de 1941 en una habitación del Grand Hotel, en Roma. Su nieto, Juan Carlos I, vive en una especie de autoexilio en Abu Dabi, tras ser repudiado por su hijo por un comportamiento deshonesto con el país al que decía servir y del que durante años se sirvió para un enriquecimiento obsceno e indigno. Ahora, su bisnieto, Felipe VI, no logra desprenderse de la infausta sombra de quien se ha convertido en su peor pesadilla, además del peor enemigo para el prestigio de la institución. 

Y aun así hay quien habla de normalizar relaciones entre padre e hijo e incluso de un regreso incómodo pero inevitable que habrá que decidir en algún momento para que a Juan Carlos I no le suceda lo que a su abuelo y pueda morir lejos del país que reinó. Si eso ocurriera, todo está previsto porque en La Moncloa, como en Downing Street respecto a Isabel II, hace décadas que se guarda bajo siete llaves un dossier con la letra f de funeral de Juan Carlos I. El documento se ha ido actualizando a los tiempos y las circunstancias, pero en todo caso otorga al emérito los honores de Estado que quiso Felipe VI para que mantuviera el tratamiento de Majestad con carácter honorífico y de forma vitalicia.

La maldición de Felipe VI no es, por tanto, como fue para algunos de sus antepasados una cuestión de superstición, sino una decisión propia que le perseguirá mientras viva Juan Carlos I.

Por si aún había alguna duda, llega Salvar al Rey. Un nuevo documental de la plataforma HBO Max, que está disponible para los suscriptores desde este viernes, y que revela cómo toda la maquinaria del Estado español se ocupó durante años de proteger al rey Juan Carlos I de sus propios actos y ocultar sus escándalos. Los servicios de inteligencia llegaron a organizar los encuentros del ahora rey emérito con sus amantes en lugares secretos y, según se refleja en el inédito trabajo audiovisual, pagaron durante años a la actriz Bárbara Rey ante el chantaje al que sometió la vedette al ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI) –antes CESID– amenazando con hacer públicos esos audios en los que el monarca habla con naturalidad de cuestiones que afectan directamente a la seguridad del Estado, así como de asuntos más íntimos y privados.

Uno de los episodios más turbios está marcado por la mítica fuga del exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán, en 1994, tras conocerse que había robado más de 400 millones de pesetas de los fondos reservados y se había beneficiado de comisiones también millonarias de obras adjudicadas por su departamento. “Me dicen de la Guardia Civil que ojalá aparezca muerto”, afirma Juan Carlos I en una de las grabaciones que hace públicas el documental de HBO Max. Finalmente Roldán fue capturado vivo por policías españoles en febrero de 1995, en una polémica operación de las autoridades españolas.

El trabajo, producido por Mandarina y dirigido por el periodista Santiago Acosta, confirma además la leyenda que durante décadas sostuvo que Bárbara Rey, supuesta amante del rey Juan Carlos I, guardaba grabaciones comprometidas de sus encuentros con el monarca que podían hacer temblar los cimientos de la jefatura del Estado. También reproduce, por primera vez, algunos de esos audios hasta ahora inéditos.

La imagen de la monarquía se ha resquebrajado en los últimos años por los continuos escándalos en los que se ha visto envuelto el ahora emérito, que le llevaron a abdicar en favor de su hijo en 2014. Las imágenes de sus cacerías de elefantes en Botswana, así como las distintas investigaciones abiertas por la justicia sobre el supuesto origen ilícito de su patrimonio –todas ellas archivadas por la Fiscalía española por centrarse en delitos amparados por la inviolabilidad de la que gozó cuando reinó o por haber prescrito, excepto la acusación de acoso de Corinna Larsen, que se dirime en los tribunales británicos– y sus regularizaciones fiscales millonarias, llevaron a Juan Carlos I a huir del país en 2020, nada más estallar la pandemia del COVID-19. Desde entonces vive en los Emiratos Árabes Unidos y tan solo ha regresado a España una vez, el pasado mayo, para participar en una regata en Sanxenxo (Pontevedra).

El documental ahonda ahora en todas esas polémicas y amenaza por hundir de forma definitiva la “ejemplaridad” que se le presupuso a Juan Carlos I en sus primeras décadas de reinado y que ahora únicamente se atreven a reivindicar públicamente los partidos de la derecha y sus medios afines. La plataforma ofrece material hasta ahora desconocido del monarca, grabados por la propia Bárbara Rey, en los que habla de asuntos de Estado con sus amantes y sobre dirigentes políticos como los expresidentes del Gobierno Felipe González o José María Aznar.

Se trata, en definitiva, de una fascinante historia de espías, conspiraciones y pactos de silencio en tres entregas. Más de 50 testimonios en primera persona, entre los que se encuentran periodistas, políticos, ex agentes secretos y alguna ex amante desconocida hasta hoy que radiografían una época trascendental en la historia reciente de España y brindan un retrato íntimo y a la vez demoledor de Juan Carlos I, un monarca que, según explican los entrevistados, traicionó a su padre para ser rey, acabó con 40 años de dictadura, puso a la monarquía en peligro por amor y tuvo que abdicar en su hijo e irse de España, en contra de su propia voluntad, para “salvar” la corona. 

Miguel Salvat, Hanka Kastelicová y Antonio Trashorras son los productores ejecutivos por parte de HBO Max. Los servicios de producción de Salvar al Rey corren a cargo de Campanilla Films, S.L., una compañía de Mandarina.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin decidieron, “de común acuerdo, interrumpir su relación matrimonial” después de que la pasada semana se conociera el vínculo del exduque de Palma con otra mujer, según aseguran ambos en un comunicado remitido a EFE en el que subrayan que el compromiso con sus cuatro hijos “permanece intacto”.

“De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin”, reza el texto del breve comunicado en el que formalizan su decisión.

Los exduques de Palma, quienes se casaron el 4 de octubre de 1997 en Barcelona, no dan más detalles sobre los términos de su separación, propiciada por las fotografías publicadas el pasado miércoles en las que se veía a Urdangarin paseando de la mano con Ainhoa Armentia, compañera de trabajo en un bufete de Vitoria. Las imágenes fueron difundidas por la revista Lecturas después de que se tomaran el pasado 11 de enero en una playa cerca de Bidart (Francia), donde la familia Urdangarin tiene una residencia de verano.

La última vez en que se le vio junto a la infanta Cristina fue a finales de año en la estación de esquí de Baqueira (Lleida), donde pasaron unos días junto a sus hijos.

Cristina de Borbón, de 56 años, trabaja para la Fundación La Caixa y sigue residiendo en Ginebra (Suiza). Urdangarin se incorporó a trabajar como consultor en el bufete Imaz&Asociados de Vitoria el 4 de marzo de 2021, tres días después de su traslado a la cárcel provincial de Álava una vez que pasó al régimen abierto.

El exduque de Palma fue condenado a 5 años y 10 meses por corrupción en el caso Nóos e ingresó en la prisión de mujeres de Brieva (Ávila) en junio de 2018, con lo que se convirtió en el primer miembro de la familia del rey, apartado después, en ser encarcelado. En enero de 2021 fue trasladado al Centro de Inserción Social (CIS) de Alcalá de Henares (Madrid) y a los pocos días recibió el tercer grado penitenciario.

En abril de 2013, el juez imputó a la infanta por primera vez en el caso. Tras un recurso de la Fiscalía Anticorrupción, el 7 de enero de 2014 el juez José Castro la volvió a imputar y la Audiencia de Palma confirmó después la citación como investigada por cooperar supuestamente en dos delitos fiscales cometidos por su marido. El 11 de junio de 2015 el Rey Felipe VI revocó el título de Duquesa de Palma que su padre había dado a su hermana tan solo dos semanas antes de que la Audiencia de Palma confirmara que tendría que sentarse en el banquillo.

En el juicio, la Audiencia de Palma absolvió a la infanta Cristina como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales cometidos por su marido en 2007 y 2008 pero la condenó a una multa de más de 265.000 euros como responsable a título lucrativo por el 'caso Nóos'. Por su parte, Urdangarin fue condenado a seis años y 3 meses de cárcel y multa de 512.553 euros por delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos delitos fiscales relacionados con la actividad de la citada entidad sin ánimo de lucro.

El 12 de junio de 2017 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió rebajar en cinco meses la sentencia contra el ya exduque hasta los 5 años y 10 meses, y también decidió rebajar a la mitad la multa dictada contra la infanta Cristina de 265.088 a 136.950 euros.

La separación de Cristina de Borbón se une a la de su hermana, infanta Elena, quien acordó “el cese temporal de su convivencia matrimonial” con Jaime de Marichalar en noviembre de 2007.