Las inundaciones, las sequías, los incendios y otros eventos climáticos se intensifican cada vez más como consecuencia del cambio climático. En Argentina, estos eventos son cada vez más frecuentes, severos y costosos. Sin embargo, los recursos disponibles para hacerles frente —como los del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN)— no se están utilizando: en 2024, más del 90% de esos fondos quedó sin ejecutar.

Según el primer Informe Bienal de Transparencia presentado por la Argentina ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se espera que en nuestro país haya un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales y un aumento en el nivel del mar. Esto tendría repercusiones a lo largo de toda la costa marítima argentina y del Río de la Plata, especialmente, podría afectar la costa al sur de la provincia de Buenos Aires con inundaciones permanentes.

A su vez, de acuerdo con el Banco Mundial, las inundaciones representan el 54% de los desastres naturales registrados en Argentina desde 1970 y se estima que este fenómeno le cuesta al país cerca de 1.000 millones de dólares al año. Además, alrededor del 28% de los argentinos todavía viven en zonas propensas a sufrir inundaciones.

En marzo, Bahía Blanca estuvo en el foco de la agenda pública por una grave inundación que dejó víctimas fatales, personas desaparecidas, más de 900 personas evacuadas y más de 5.000 hogares con daños irreparables. Dos meses después, un nuevo temporal afectó el norte de la Provincia de Buenos Aires: Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz y Capitán Sarmiento, con un saldo de tres personas fallecidas, más de 2.900 personas evacuadas y daños estructurales.

Es inconcebible que habiendo fondos destinados a atender emergencias climáticas el gobierno nacional decida no utilizarlos. Durante 2024 se recaudaron casi 680 mil millones de pesos, pero sólo se utilizó el 7,3%. Cada peso que no se invierte en planificación y desarrollo de infraestructura resiliente para enfrentar eventos climáticos extremos, se transforma en daños y pérdidas evitables.

En este sentido, para evitar peores daños y pérdidas económicas y humanas irreparables debido a la falta de prevención y de una planificación urbana adecuada ante estos eventos climáticos extremos, es urgente una nueva forma de asignar los fondos ATN que ponga en el centro la resiliencia de las comunidades y fortalezca la capacidad de respuesta local ante inundaciones, sequías u otros desastres naturales.

Hace algunas semanas, los gobernadores presentaron en el Congreso un proyecto para modificar la asignación de los fondos ATN, que plantea que su distribución se realice según los criterios establecidos en los artículos 3, 4 y 8 de la Ley de Coparticipación, en donde parte iría a Nación y otra parte a las provincias.

Si bien es fundamental que estos recursos se distribuyan entre las provincias, la propuesta presentada por los gobernadores no define un destino específico para su utilización. Por ende, no hay garantías de atención a las catástrofes ocasionadas por eventos climáticos extremos, y menos aún la construcción de infraestructura preventiva.

Desde distintas organizaciones de la sociedad civil impulsamos un proyecto de ley que propone una nueva lógica para la distribución de los ATN, con enfoque ambiental y territorial.

Buscamos fortalecer las capacidades locales para prevenir desastres socioambientales, asegurar recursos disponibles de forma inmediata ante emergencias climáticas, mejorar la justicia distributiva de los ATN incorporando criterios ambientales, aumentar la transparencia y eficiencia del gasto nacional, articular la política fiscal con las políticas de ambiente y desarrollo territorial, y contribuir al cumplimiento de compromisos internacionales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030.

Se trata de anticiparnos y de transformar fondos hoy discrecionales en una herramienta federal, transparente y orientada a reducir los riesgos frente a los eventos extremos que seguirán incrementándose y afectando a las personas más expuestas al cambio climático.

*Los autores forman parte de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

El cambio climático que causan las emisiones de gases generadas por los humanos está convirtiendo las lluvias en España en precipitaciones mucho más violentas: esto significa precipitaciones más torrenciales en las que cae mucha agua en poco tiempo. Justo lo que pasó en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía este martes. Al menos 95 personas murieron.

Los datos no mienten: el cambio climático está cambiando la forma de llover. Las regiones mediterráneas de la península y Baleares, las zonas donde suelen descargar las DANAS (Depresión Aislada en Niveles Altos) o gotas frías, reciben ahora “un 19% más de precipitación en los episodios de lluvias torrenciales” que, en los años 60, según una recopilación del portavoz de la Aemet, Rubén del Campo en un documento sobre efectos observados del cambio climático. Esas zonas son las más afectadas por riadas e inundaciones tras las trombas.

No es la única fuente científica. La crisis climática ha provocado que se multiplique por cuatro la intensidad de las lluvias en los últimos 50 años en España, según evidenció una reciente revisión de datos llevada a cabo por la Universidad Politécnica de Catalunya. El incremento se ha constatado tanto en episodios de lluvia fuerte (que situaban en 30 mm de precipitación) como los de lluvia torrencial (cuyo umbral se coloca en 60 mm). En esta DANA se han alcanzado los 200 mm de manera general y en la localidad de Utiel, por ejemplo, se han rebasado los 400 mm.

Las evidencias se han acumulado a golpe de lluvias violentas, riadas, daños y víctimas. En la franja mediterránea no solo se ha detectado más intensidad de las lluvias, sino que estos episodios extremos “ocurren con mayor frecuencia que en décadas anteriores”, explican los análisis de la Aemet. El meteorólogo Peio Oria estudió en 2021 la serie temporal de precipitaciones en la España mediterránea para concluir que hay “un aumento en frecuencia e intensificación de las situaciones que provocan lluvias muy fuertes o torrenciales y de extensión significativa”.

Para ponerle cara a las conclusiones científicas, la Aemet calificó la DANA que golpeó el sureste peninsular (la Vega Baja del Segura) en septiembre de 2019 como un temporal “sin precedente en los últimos 100 años”. Pero solo cinco años después la misma Aemet evalúa ahora que lo que se está viviendo en el Mediterráneo es “la gota fría más adversa del siglo” en la Comunidad Valenciana.

Los científicos son siempre prudentes a la hora de atribuir un episodio meteorológico concreto al cambio climático, pero, la misma oficina de la Aemet en Valencia ha dicho este miércoles que “no es posible que la temperatura del aire y del mar esté aumentando y todo lo demás siga igual. Estamos en un planeta más cálido y con más disponibilidad energética”.

Dicho de otra manera, el calentamiento global del planeta que generan los gases de efecto invernadero alimenta con más energía, porque eso es el calor que se retiene con los gases, las tormentas. Cuando llega un temporal, tiene más fuerza para desatar, es decir, más lluvia torrencial que descargar.

En las localidades de Utiel, Alfafar, Algimet, Letur y otros municipios se han repetido las expresiones de “lo nunca visto” o “jamás ha ocurrido algo así”, aunque los datos reflejan que cada vez es más habitual y más probable que se repita en poco tiempo. Es la nueva realidad climática.  

La exposición a los desastres se ha intensificado en las últimas décadas en América Latina y el Caribe. El aumento de la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, impulsado por los efectos del cambio climático, así como por el impacto de la actividad humana sobre el medioambiente, ha acentuado las ya vulnerables condiciones sociales y económicas de la región.

Un desastre es un acontecimiento repentino o gradual que causa trastornos en el funcionamiento de una sociedad o comunidad, provocando pérdidas humanas, económicas, materiales o medioambientales. Puede deberse a muchos tipos de peligros ―naturales, provocados por el hombre y tecnológicos―, así como a diversos factores que influyen en la exposición y vulnerabilidad de las poblaciones.

América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a los desastres, después de Asia, y esta situación no hace más que volverse más compleja y urgente, dijeron expertos a Diálogo Chino. Se estima que hasta tres cuartas partes de la población de la región vive en zonas de riesgo de desastres, por lo que estos fenómenos tienen el potencial de producir efectos altamente destructivos.

Los desastres relacionados con el clima son los más destacados en la región, representando el 83% de los 106 desastres ocurridos en 2022, según datos recogidos por EM-DAT, una base de datos internacional sobre desastres. América del Sur fue la subregión más afectada, con inundaciones y tormentas como los desastres más comunes, siendo Brasil, Venezuela, Colombia y México los países que experimentaron el mayor número de desastres el año pasado.

¿Por qué América Latina es propensa a los desastres?

Además de la elevada exposición física a los peligros, los expertos señalan que América Latina y el Caribe tienen un complejo entorno de factores de riesgo, como desplazamientos y migraciones masivas, densas poblaciones urbanas, lento crecimiento económico, cambio climático e inestabilidad política.

Amaly Fong Lee, investigadora sobre desastres de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, afirmó que la población de la región es vulnerable “porque la mayoría de nuestras ciudades aún están en desarrollo”.

A medida que muchas ciudades de América Latina y el Caribe han crecido, a menudo lo han hecho sin una planificación adecuada, con asentamientos informales que se desarrollan en los bordes de entornos urbanos en expansión, a menudo en colinas y zonas de pendiente pronunciada, lo que aumenta el riesgo de peligros como los corrimientos de tierras. En una región de aproximadamente 660 millones de habitantes, unos 340 millones viven en ciudades de 500.000 o más habitantes que son muy vulnerables al menos a un tipo de peligro natural.

La región está expuesta a una gran variedad de peligros, desde terremotos a sequías. “Tenemos una variedad de ecosistemas que nos hace muy vulnerables, con muchos países situados en zonas sísmicas y volcánicas y otros en llanuras afectadas por inundaciones y sequías”, afirma Pascal Girot, experto en desastres de la Universidad de Costa Rica.

El Análisis Global de Riesgos de 2005 del Banco Mundial ―un estudio que no se ha vuelto a repetir desde entonces― estimaba que siete de los 15 países más vulnerables del mundo a los desastres, expuestos a tres o más peligros, se encontraban en la región. Muchos de los fenómenos que han azotado a América Latina se vieron agravados por el fenómeno climático El Niño-La Niña, que puede provocar alteraciones en las temperaturas, las precipitaciones y los patrones de viento. Es probable que el cambio climático aumente la frecuencia y gravedad de estos peligros.

¿A cuántas personas afectan los desastres ambientales en América Latina y el Caribe?

Entre 2003 y 2022, el número de personas afectadas por desastres en la región ascendió a 174 millones, lo que supone un aumento del 67,3% en comparación con los 20 años anteriores (1983-2002), según datos recogidos por EM-DAT. Entre estos dos periodos, el número de muertes (278 mil) y los daños (254.000 millones de dólares) también aumentaron un 93,2% y un 252,1%, respectivamente. Esto contrasta con un descenso global general en estas tres áreas.

En una región donde se estima que 201 millones de personas, casi un tercio de la población total, viven en la pobreza, un desastre puede hacer que personas que han conseguido salir de la pobreza vuelvan a estas situaciones, ya que los efectos de un desastre se magnifican entre los grupos más vulnerables. Esto es especialmente problemático para los países de América Latina y el Caribe, considerada por muchas ONG y grupos de reflexión como la región más desigual del mundo.

¿Cuál es el costo de los desastres en América Latina y el Caribe?

Las pérdidas asociadas a los desastres han provocado importantes trastornos en las economías de muchos países.

Los países caribeños propensos a los huracanes y con islas pequeñas ―como Antigua y Barbuda, y Dominica― son los que experimentan mayores daños económicos debido a los desastres, han perdido en promedio casi el 3% de su PIB anual entre 1980 y 2018. Algunos desastres son mayores que otros, como el huracán María en 2017, que en Dominica causó daños estimados en el 220%de su PIB.

Bolivia, uno de los países más pobres de la región, experimentó 84 fenómenos meteorológicos extremos ―como sequías, inundaciones, incendios forestales, corrimientos de tierras y olas de calor― entre 1965 y 2020, que causaron daños por el valor de 3.700 millones de dólares, equivalentes aproximadamente al 9% de su PIB actual.

Las inundaciones son el desastre más común en la región, afectando especialmente a Colombia, Brasil y Perú. En 12 ocasiones desde 2000, según los datos de EM-DAT, las inundaciones en América Latina y el Caribe han causado más de mil millones de dólares en daños totales. Las tormentas también son cada vez más frecuentes: la temporada de huracanes del Atlántico de 2020 fue la más activa de la que se tiene registro, con 30 tormentas con nombre, 14 de ellas huracanes. La sequía, por su parte, es el desastre que ha afectado a un mayor número de personas: 53 millones desde el año 2000.

¿Qué desastres recientes han afectado a la región?

El año pasado, las lluvias extremas en Sudamérica provocaron inundaciones y corrimientos de tierra que afectaron a miles de personas. En el estado brasileño de São Paulo murieron al menos 19 personas. En Centroamérica y el Caribe también se registraron lluvias torrenciales e inundaciones, mientras que en Surinam el gobierno declaró zonas de desastre a siete de los diez distritos del país tras las inundaciones.

En lo que va de año se han producido acontecimientos igualmente perjudiciales. En Argentina, una grave sequía provocada por La Niña ha afectado a los agricultores y a la economía en general, reduciendo aproximadamente el 3% del PIB. En Haití, al menos 78 personas murieron y 143 resultaron heridas durante la tormenta tropical Arlene, mientras que al menos 88 murieron y 43 resultaron heridas a causa de un corrimiento de tierras en la ciudad de Alausí, en el centro de Ecuador, provocado por la erosión del suelo.

¿Qué es la reducción del riesgo de desastres?

Históricamente, los esfuerzos en materia de desastres se han centrado en la respuesta de emergencia. Sin embargo, hacia finales del siglo XX, los expertos reconocieron en gran medida que los países sólo pueden prevenir las pérdidas y aliviar el impacto de los desastres gestionando el riesgo y trabajando sobre los factores subyacentes, como el desarrollo urbano. Es lo que se conoce como reducción del riesgo de desastres (RRD).

La RRD es “el concepto y la práctica de reducir los riesgos de desastre mediante esfuerzos sistemáticos para analizar y reducir los factores causales de los desastres”, tal y como la describe Naciones Unidas. Implica actividades relacionadas con la prevención, como la reubicación de la población de una zona de peligro; la mitigación, como la construcción de defensas contra inundaciones; y la preparación, como la identificación de rutas de evacuación.

En 2015, los gobiernos de todo el mundo adoptaron el Marco de Sendai, un acuerdo mundial de las Naciones Unidas sobre la RRD. Incluye siete objetivos que deben cumplirse para 2030, como la reducción de la mortalidad por desastres y las pérdidas económicas, y el aumento del número de países con estrategias de riesgo de desastres. La aplicación del Marco cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR por sus siglas en inglés).

“Podemos prevenir los desastres abordando las vulnerabilidades”, afirma Deysi Jerez Ramírez, investigadora sobre reducción del riesgo de desastres de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México. “Si no hay población vulnerable, se reducen los daños causados por un fenómeno natural”.

Fong Lee añadió: “Nuestros países están más acostumbrados a responder a la emergencia que a trabajar de antemano en los factores que conducen al desastre. Esto debe cambiar”.

Los expertos coinciden en que, en lugar de tratar las secuelas de los desastres, los países deberían centrarse en mitigar el riesgo de desastres. “Los países deberían incorporar una perspectiva de riesgo de desastres a todas las áreas de gobierno y pensar a largo plazo”, afirma Raquel Letjerer, arquitecta uruguaya especializada en gestión de riesgos. “Gastar dinero en hacer frente a los impactos de los desastres significa renunciar a fondos que deberían invertirse en el desarrollo de la región”. La ONU estima que cada dólar invertido en reducción y prevención de riesgos puede ahorrar hasta 15 dólares en la recuperación posterior al desastre, y cada dólar invertido en hacer que las infraestructuras sean resistentes a los desastres ahorra 4 dólares en la reconstrucción. Entre 2010 y 2019, se gastaron 133.000 millones de dólares en ayuda relacionada con desastres, pero solo 5.500 millones en medidas para reducir los riesgos y disminuir sus impactos.

¿Qué progresos ha realizado la región en materia de reducción del riesgo de desastres?

América Latina y el Caribe han avanzado en algunos de los objetivos del Marco de Sendai. Los gobiernos están asignando fondos regulares para la RRD y estableciendo normas para incorporar evaluaciones de RRD en los procesos de aprobación de proyectos públicos, informa UNDRR. Para 2020, la mitad de los 33 países de la región contaban con estrategias, planes y políticas nacionales de RRD.

Los países también han empezado a desarrollar e implantar sistemas de alerta temprana, una herramienta clave que mitiga el riesgo producido por los desastres. En Sudamérica, organismos gubernamentales, centros de investigación y el sector privado se han asociado para crear SISSA, un sistema de información sobre la sequía centrado en los países del sur de Sudamérica.

Muchos gobiernos siguen considerando la reducción del riesgo de desastres como un gasto innecesario, cuando en realidad es una inversión

Amaly Fong Lee — Universidad Marítima Internacional de Panamá

“En nuestro sitio web, la gente puede visualizar la situación actual de la sequía, tanto a nivel regional como local. Hay información sobre la humedad del suelo, la previsión meteorológica, la vegetación y mucho más”, explica María de los Milagros Skansi, una de las coordinadoras de SISSA. “También trabajamos en el fortalecimiento de la capacidad de nuestras instituciones miembros para mejorar nosotros mismos”.

También ha habido proyectos gubernamentales de divulgación para minimizar el impacto de los desastres. En Bolivia y Perú, las comunidades agrícolas locales que viven cerca del lago Titicaca colaboraron con gobiernos e investigadores en el proyecto Pachayatiña/Pachayachay (que significa “sabiduría de la tierra” en las lenguas aymara y quechua), en el que trabajaron para crear capacidad para hacer frente a la sequía, desde la mejora de las previsiones meteorológicas hasta la investigación sobre los impactos de la sequía y su prevención.

Dentro de la región también se están preparando proyectos bilaterales. Las ciudades de Córdoba, en Argentina, y São Paulo, en Brasil, están trabajando en un proyecto transfronterizo para hacer frente a su vulnerabilidad colectiva a las inundaciones, la sequía y los corrimientos de tierras. Mientras tanto, en Centroamérica, la ONG Global Water Partnership trabaja con comunidades urbanas y rurales para desarrollar sistemas de recogida de agua de lluvia y minimizar el impacto de las sequías.

A pesar de estos esfuerzos, los expertos coinciden en que siguen existiendo muchos retos en la prevención de desastres en América Latina y el Caribe. Muy pocos países han implementado enfoques multisectoriales para abordar los factores de riesgo, como el fortalecimiento de la planificación del uso del suelo para prohibir la construcción en zonas de riesgo, mientras que la financiación centrada en los desastres todavía se ha asignado principalmente a las actividades de respuesta de emergencia.

“Muchos gobiernos siguen considerando la reducción del riesgo de desastres como un gasto innecesario, cuando en realidad es una inversión”, afirmó Fong Lee. “Podríamos salvar vidas y dinero actuando hoy mismo. Ahora necesitamos un despertar político”.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Este miércoles se reanudaron las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas del noreste de Libia, por tercer día consecutivo tras el paso del ciclón Daniel, que dejó unos 10.000 desaparecidos y puede que miles de muertos, según diferentes cifras ofrecidas por las autoridades locales.

La jefa de comunicación para Oriente Medio y el Norte de África de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), May Rafic Al Sayegh, informó que 700 cuerpos se encuentran en un hospital de la ciudad de Derna, la más afectada por las lluvias e inundaciones, que provocaron además el derrumbe de dos presas y causaron “un tsunami” sobre la ciudad, en sus palabras.

“No hay agua potable en Derna ni suministros médicos”, dijo Rafic en un espacio de la red social X (antes Twitter), agregando que el único hospital de la ciudad está saturado y no puede recibir más pacientes.

Además, Rafic destacó que “no podemos separar este desastre de la década de conflicto en Libia”, agregando que la infraestructura del país ya estaba muy dañada y los hospitales fuera de servicio. Asimismo, detalló que, en los primeros momentos, sólo se podía acceder a Derna por una carretera de cinco, lo cual dificultó la llegada de los equipos de emergencia los pasados domingo y lunes. Ayer empezaron a acceder las organizaciones de rescate y humanitarias.

Los equipos de la Media Luna Roja son los que están trabajando sobre el terreno, a pesar de las dificultades y la falta de medios, ha dicho la jefa de comunicación de la federación que engloba a todas las entidades locales. Precisamente, los rescatistas de la Media Luna Roja han compartido un vídeo del momento en el que recuperan el cuerpo de un niño de debajo de los escombros y lo entregan a su padre, que llora desesperado.

Por su parte, el jefe de la delegación para Libia de la IFRC, Tamer Ramadan, que este martes cifró en 10.000 los desaparecidos por el ciclón Daniel,  ha dicho en ese espacio online que “miles de personas se han visto afectadas, entre muertos, desaparecidos y aquellas que se han quedado sin hogar después de perder sus casas por la destrucción” que causó el agua.

“La crisis es masiva y las necesidades son enormes” en Libia, ha afirmado. Entre las necesidades más urgentes se encuentra enterrar a las víctimas mortales, porque los cuerpos se acumulan en las calles y pueden provocar una crisis sanitaria. “Los cuerpos están en todas partes, en las calles, la gestión a tiempo de estos cadáveres es necesaria”, ha remachado Ramadan.

En imágenes compartidas en las redes sociales, se pueden ver los cuerpos envueltos en mantas en el suelo aún cubiertos de barro, a la espera de ser enterrados. Algunos ya lo han sido en fosas comunes.

En tanto, las autoridades del este de Libia (no reconocidas internacionalmente) han ofrecido cifras dispares sobre el número de víctimas: un portavoz del Ministerio del Interior ha afirmado que más de 5.000 personas han perdido la vida, mientras que el jefe del Gobierno del este había dicho que 2.000 podrían haber fallecido.

Este miércoles, el ministro de Aviación Civil de ese Gobierno, Hichem Abu Chkiouat, ha dicho a la agencia de noticias Reuters que se han contabilizado 5.300 cadáveres y que “el número puede aumentar y podría incluso doblar esa cifra porque hay miles de desaparecidos”. El ministro también ha explicado que el mar está devolviendo a la costa decenas de cuerpos, que habían sido arrastrados por el agua en su descenso desde las montañas hacia la ciudad de Derna, a orillas del Mediterráneo.

Todavía es pronto para saber cuántas personas han muerto en todas las localidades afectadas y, sobre todo, en la ciudad de Derna, con más de 120.000 habitantes y que ha quedado parcialmente destruida o sumergida, tal y como muestran las imágenes de satélite.

Un portavoz del Servicio de Ambulancias y Emergencias en el este de Libia, Osama Ali, ha informado a la agencia de noticias AP de que al menos 5.100 personas han muerto en Derna y otras 100 en otras localidades afectadas por el ciclón. Más de 7.000 personas están heridas, según Ali, y están recibiendo tratamiento en hospitales de campaña improvisados por las autoridades y las agencias humanitarias. Además, 9.000 permanecer desaparecidas, por lo que hay que esperar a que se restablezcan las comunicaciones para saber si siguen con vida.

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en su informe de este miércoles ha destacado que los cortes de electricidad y de las telecomunicaciones dificultan el contacto con los residentes de Derna y, de los siete accesos a la ciudad, sólo dos están transitables. Además, han colapsado los puentes que cruzaban el río Derna (que conectaban el oeste y el este de la ciudad), que baja por un valle del mismo nombre, por el cual descendieron los 33 millones de litros de agua que contenían las presas que se derrumbaron por la gran cantidad de lluvia que dejó Daniel a su paso.

La OIM calcula que al menos 30.000 personas están desplazadas en Derna, otras 3.000 en la localidad de Al Bayda -al oeste de Derna y menos afectada- y 1.000 en Al MKheley, en el interior del país. Además, la organización destaca que en Derna residían migrantes, en una de las zonas bajas que fueron anegadas, y que entre las víctimas hay 250 ciudadanos egipcios que residían y trabajaban en Libia.

El Ejército egipcio ha enviado tres aviones con ayuda humanitaria y suministros, y un equipo de 25 rescatadores al país vecino, y enviará un cuarto avión para evacuar a sus nacionales heridos o fallecidos.

Varios países han anunciado hoy nuevas ayudas y el envío de material y equipos de emergencia a Libia. La Unión Europea ha ofrecido 500.000 euros de ayuda para que el país pueda afrontar las consecuencias de las inundaciones, que se suman al envío de tiendas y hospitales de campaña, comida, generadores eléctricos y aviones de las Fuerzas Aéreas que ya han anunciado Alemania, Italia, Finlandia y Rumanía.

El jefe de la delegación para Libia de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), Tamer Ramadan, aseguró este martes que 10.000 personas están desaparecidas en el noreste del país, que fue azotado por el ciclón Daniel durante el fin de semana.

Ramadan dijo en una videoconferencia desde Túnez que el número de muertos es elevado y podría alcanzar los miles, a medida que se evalúen los daños y se encuentren los cuerpos, según las declaraciones recogidas por la agencia de noticias AP.

El jefe de la delegación de la IFRC ha afirmado que la situación en Libia es “tan devastadora como la situación en Marruecos”, donde el número de fallecidos superó los 2.800 tras el terremoto de la semana pasada.

Por su parte, la Media Luna Roja libia contabilizó 300 muertos en la ciudad de Derna, la más afectada por las lluvias torrenciales y las inundaciones, que destruyeron por completo 480 viviendas y arrasaron cinco barrios residenciales.

El portavoz de la Media Luna Roja, Tawfiq Al Shukri, dijo a la Agencia EFE que el número de desaparecidos podría superar los 9.000, teniendo en cuenta los registros de llamadas de emergencia recibidas en las últimas 24 horas, aunque todavía es difícil confirmar esa cifra con las operaciones de rescate en curso y los cortes en las comunicaciones.

Ayer, lunes, el jefe del Gobierno paralelo del este, Osama Hammad, estimó que más de 2.000 personas habían fallecido y otras miles estaban desaparecidas en Derna, que ha sido declarada “zona catastrófica” por el Ejecutivo de esta parte del país, enfrentado al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Trípoli.

“Los desaparecidos son miles, barrios enteros han desaparecido junto a sus residentes llevados por un mar”, declaró Hammad, según EFE.

Derna es la cuarta ciudad de Libia, con 120.000 habitantes, y aparte de la gran cantidad de agua que cayó del cielo, dos presas colapsaron y vertieron 33 millones de metros cúbicos de agua en la urbe.

Las autoridades enfrentadas del este y oeste de Libia han pedido a la comunidad internacional ayuda humanitaria, incluida maquinaria pesada, material médico y alimentos. Los equipos enviados por Turquía, que apoya al Gobierno de Hammad, fueron de los primeros en llegar por vía aérea para ofrecer personal de búsqueda y rescate submarino así como asistencia logística.

Italia ha activado su departamento de Protección Civil para ayudar a Libia tras el paso el domingo del ciclón Daniel, que había azotado anteriormente Grecia y Turquía, y fue degradado a tormenta subtropical el 9 de septiembre. 

Se habla mucho del aumento de la producción de gas de Vaca Muerta. Se elucubra sobre el potencial de exportarlo a Europa dentro de cinco años. Se polemiza sobre la demora del gasoducto Néstor Kirchner, necesario para aumentar el suministro desde Neuquén a la provincia de Buenos Aires para mejorar el suministro a la industria, reducir importaciones en invierno y aumentar los envíos a Brasil y Chile en verano. Pero la otra cara del boom de Vaca Muerta es que los accidentes ambientales se duplicaron en cuatro, según un informe basado en datos oficiales.

En 2021 ocurrieron 2.049 incidentes contaminantes en la industria hidrocarburífera de Neuquén, hoy en día dominada por la formación no convencional Vaca Muerta, donde se usa la técnica del fracking (fractura hidráulica de la roca subterránea donde están embebidas las moléculas de petróleo y gas), según información de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia elaborada por el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FITU). Se trata de 5,6 accidentes por día. En 2017, eran la mitad: 1.008 en el año, es decir, 2,8 diarios. Los datos analizados comienzan en 2015, con 863 casos, unos 2,4 por jornada.

Entre 2017 y 2021, la mayoría de los episodios fueron derrames de petróleo (3.158 casos), seguidos por vertidos de agua usada en la producción y, por tanto, contaminada (1.589) y fugas de gases (1.207). Les siguen los incidentes de derrames de fluidos con hidrocarburos (733), de lodos (135), de gasoil (120) y de productos químicos (114).

El 32% de los accidentes ocurrió en explotaciones no convencionales como Vaca Muerta. El 22% en las convencionales, es decir, donde se extra el hidrocarburo con el tradicional método de la perforación, sin fractura. En el 46% restante se trató de zonas híbridas, donde se practican ambos procesos.

La estatal YPF es la empresa con más incidentes: 5.259 entre 2017 y 2021. También es la de mayor producción. La siguen en casos Pan American Energy (PAE, controlada por la británica BP y participada por la china CNOOC y la familia Bulgheroni, que la gestiona), con 390 accidentes; la norteamericana Chevron, con 363; Vista Oil & Gas (que lidera el ex presidente de YPF Miguel Galuccio), con 312; Tecpetrol, del grupo Techint, con 189; Pluspetrol, de las familias Rey y Poli, con 185 y la también argentina Oilstone, que fundó y conduce Diego Garzón Duarte.

El informe de OPSur y el FITU advierten que hay consenso político entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio a favor del fracking, técnica que ha sido prohibida en países como Alemania, Francia, Holanda, Escocia o Bulgaria. En Vaca Muerta se baten récords de producción, el aprendizaje de la técnica reduce los costos, pero no los accidentes. Los autos del reporte advierten de que las empresas no declaran las magnitudes de los derrames y advierte por sismos en aumento en las zonas de fractura.

AR

Los conflictos armados, además de generar sufrimiento a la población civil, también producen daños ambientales que pueden llegar a ser irreversibles. La Guerra del Golfo fue muestra del mayor desastre ambiental causado por una guerra. Las tropas iraquíes detonaron más de 700 pozos de petróleo kuwaitíes, de los que más de 600 estuvieron ardiendo durante meses. Las lagunas de crudo en el desierto de los pozos dañados representaron una amenaza para los acuíferos. Con el propósito de obstruir las plantas desaladoras, Irak vertió entre 6 y 11 millones de barriles de crudo directamente en el Golfo. La liberación de crudo también tuvo efectos mortales en aves migratorias y tuvo efectos en la salud de la población de la zona. 

En aquella ocasión, la Resolución 687 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas declaró que “...Irak...es responsable ante los gobiernos, los nacionales y las empresas extranjeras, con arreglo al derecho internacional, por toda pérdida directa y daño directo, incluidos los daños al medio ambiente y la destrucción de recursos naturales, y por todo perjuicio directo resultante de la invasión y ocupación ilícitas de Kuwait”. Para ello, se creó la Comisión de Indemnización de Naciones Unidas, encargada de gestionar el Fondo de Indemnización y evaluar las reclamaciones derivadas de la responsabilidad de Irak.

Es seguro que en esta ocasión el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no podrá declarar la responsabilidad de Rusia por los daños ambientales que está causando en el medioambiente de Ucrania, pero al mismo tiempo, otros órganos de la ONU, junto con la comunidad internacional, tendrán que trabajar para restaurar todos los daños ambientales generados por las tropas rusas como reportan nuestros colegas de la organización ucraniana “Environment People and Law” (EPL). 

Desde los primeros días de la invasión, las tropas rusas empezaron a destruir deliberadamente las infraestructuras críticas tanto con misiles de alta precisión como con artillería a reacción. Definitivamente, el objetivo de estas acciones ha sido debilitar el suministro de combustible a las ciudades ucranianas, los recursos para la reconstrucción y causar el máximo daño económico. Sin embargo, algunos casos que hemos registrado indican que el objetivo de algunos bombardeos es empeorar la situación medioambiental en las ciudades y pueblos.

Daños en la biodiversidad

Hasta el 30 de marzo de 2022, cerca del 44% de la superficie del denominado “fondo de reservas naturales” (reservas naturales y de la biosfera, parques naturales nacionales) se encontraban en la zona de guerra o bajo la ocupación temporal de las tropas rusas. En total, al menos 3 reservas de la biosfera, 13 parques nacionales y 4 reservas naturales del sur, el este y el norte de Ucrania están actualmente bajo ocupación temporal. 

El uso masivo de artillería y aviación en los campos de batalla provoca numerosos incendios y daños a la vegetación. Pero la fauna está aún más amenazada, ya que, además de los incendios, también se ve amenazada por la caza furtiva de los militares, el ruido de los vehículos militares y los combates. Estos factores son especialmente peligrosos ahora debido al comienzo de la migración primaveral de las aves. Muchas especies volarán para anidar en la costa del Mar de Azov y del Mar Negro, donde continúan los combates y no podrán dar a luz a una nueva generación debido a las perturbaciones. Algunas aves volverán a sus lugares de anidación en Polissya, afectados no solo por las hostilidades sino también por graves incendios. Asimismo, varios millones de aves de diversas especies tendrán que atravesar Ucrania en tránsito para volver a sus lugares de nidificación en el norte de Europa. Sin embargo, en este momento es difícil predecir si podrán sobrevolar la zona de las hostilidades y los incendios. Por ello, para muchas especies de aves, las hostilidades pueden provocar una reducción global de la población en toda Europa. Esto se refiere también a las especies en peligro de extinción a nivel mundial. La construcción de defensas, las explosiones de munición y el paso de tanques por zonas protegidas también provocan la destrucción de los ecosistemas naturales.

Liberación de sustancias químicas por incendios y explosiones

Según estimaciones preliminares, desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, los bombardeos han provocado incendios a gran escala en al menos 10 depósitos de petróleo, más de diez grandes almacenes de materiales inflamables y combustibles, se han quemado al menos 6 hipermercados de materiales de construcción en varias ciudades (miles de toneladas de materiales de construcción, incluidos los plásticos) y se han dañado varios gasoductos. 

La combustión al aire libre de productos petrolíferos provoca la liberación de monóxido de carbono, óxidos de azufre y nitrógeno. Estos últimos son gases ácidos que, al reaccionar con el agua, producen ácidos que pueden irritar las mucosas al ser inhalados. Además, se liberan un gran número de compuestos aromáticos, aldehídos, cetonas, que son perjudiciales para el cuerpo humano. Asimismo, el humo negro típico de los incendios en los depósitos y almacenes de petróleo es una señal de las importantes emisiones de micropartículas de hollín, que es el carcinógeno más peligroso de todos los que se pueden encontrar en la vida cotidiana.

Se ha reportado un ataque ruso a un tanque lleno de ácido nítrico en Luhansk. El ácido nítrico se utiliza para producir nitrato de amonio, uno de los principales componentes de los fertilizantes y para producir explosivos como la nitroglicerina y el trinitrotolueno (TNT). Este penacho de ácido mineral altamente corrosivo provocó que se aconsejara a los habitantes de la ciudad de Rubizhne que permanecieran en el interior, cerraran las ventanas y las puertas y llevaran máscaras debido al riesgo de lesiones graves en caso de inhalación. En contacto con la carne, el ácido nítrico provoca rápidamente graves quemaduras químicas.

Estos son solo algunos ejemplos de los daños ambientales de la guerra en Ucrania. Al mismo tiempo, la población ucraniana se ve privada de su derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible reconocido por la resolución 48/13 del Consejo de Derechos Humanos. 

Algunas de nuestras propuestas para hacer frente a estos daños incluyen la creación de una Comisión de Indemnización siguiendo el modelo de la creada para el caso de Irak, la cooperación con la NASA y la ESA para un análisis profesional rápido del impacto medioambiental de la guerra o el establecimiento de un Fondo para la Vigilancia del Medio Ambiente con el desarrollo de una metodología especializada de vigilancia del medio ambiente en condiciones de hostilidades, incluyendo un sistema de pruebas rápidas implementado por laboratorios certificados.

AB/OK

La fuerza de la erupción volcánica en el archipiélago de las islas Tonga, ocurrida el 15 de enero pasado, superó la potencia de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima (Japón), según una investigación de la NASA.

Científicos de esa agencia del gobierno estadounidense afirmaron que la erupción fue varios centenares de veces más potente que la bomba atómica estadounidense lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, en agosto de 1945, que se estimó en 15 kt (un kilotón equivale a 1.000 toneladas).

“Calculamos que la cantidad de energía liberada por la erupción fue equivalente a entre 5 y 30 mt (un megatón = 1.000 kilotón)”, indicó el científico de la NASA Jim Garvin, en una publicación dada a conocer el domingo de noche.

La agencia aseveró que la erupción “aniquiló” a la isla volcánica, ubicada a 65 kilómetros al norte de la capital de Tonga, Nuku'alofa.

Asimismo, sobrevivientes al desastre natural señalaron este lunes haber sufrido una conmoción que “les sacudió el cerebro”, según precisó la agencia de noticias AFP.

De acuerdo al Observatorio de la Tierra de la NASA, el volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai lanzó un hongo de humo que alcanzó una altura de 40 kilómetros tras su erupción, que fue escuchada hasta en Alaska, a más de 9.000 kilómetros de distancia, y provocó un tsunami.

Esta catástrofe natural cubrió con una capa de cenizas tóxicas al reino insular que tiene una población de unas 100.000 personas, “contaminando el agua potable, destruyendo cultivos agrícolas y arrasando por completo al menos a dos aldeas”.

Por su parte, las autoridades peruanas anunciaron una “emergencia medioambiental” de 90 días en la zona costera, dañada por un derrame 6.000 barriles de crudo hace una semana, que continúa expandiéndose y contaminando la región para la desesperación de sus habitantes.

En Tonga, la magnitud de los daños es aún incierta, entre otros porque las comunicaciones siguen interrumpidas.

Su impacto “superó con creces cualquier otra cosa que la gente de aquí haya experimentado”, indicó a la AFP la periodista Mary Lyn Fonua, residente en Nuku'alofa.

Y afirmó que “la onda de choque de la erupción nos sacudió el cerebro”, añadiendo que la capa de ceniza grisácea muy fina que lo cubre todo dificulta la vida de los habitantes.

Las fuerzas de defensa japonesas, neozelandesas y australianas están brindando ayuda de emergencia, lo que incluye agua potable, en tanto mantienen estrictos protocolos sobre Covid-19 para preservar al archipiélago de la pandemia.

Con información de agencias.

IG