En un nuevo mensaje a través de sus redes sociales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a criticar las condiciones impuestas a su prisión domiciliaria. En la red X, Cristina reposteó un mensaje del diputado Leopoldo Moreau en el que califica el trato que recibe la exmandataria como un intento de instalar una “Dictadura de los Jueces”.

“Solamente con este Partido Judicial... en la Argentina hay que explicar lo obvio”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X al citar el mensaje de Moreau.

En relación a su detención domiciliaria, en el domicilio de la calle San José 1111 de Constitución, Cristina Fernández debe cumplir con una serie de exigencias impuestas por la Justicia. Entre ellas, la obligación de permanecer en el domicilio fijado, abstenerse de realizar actos que perturben la tranquilidad del vecindario y la presentación de un listado de personas autorizadas a visitarla.

La expresidenta entregará este lunes la nómina de visitas que podrán ingresar a su domicilio sin necesidad de una autorización judicial previa. Esta lista incluiría a familiares, sus abogados y personal médico, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá solicitar un permiso específico al Tribunal. Cristina Kirchner cuestionó públicamente este régimen de visitas, al considerar que se le aplica un protocolo restrictivo que no rige para otros ciudadanos.

El posteo del diputado Moreau sigue esa misma línea. “Parece que el Partido Judicial quiere instalar una Dictadura de los Jueces”, escribió.

“Ahora se les ocurrió imponer restricciones a Cristina Kirchner con el objeto de aislarla”, escribió el diputado de origen radical, subrayando la excepcionalidad de la situación. Según él, no existe ningún otro caso en el que una persona con prisión domiciliaria y pulsera electrónica deba solicitar autorización judicial previa para recibir visitas en su hogar.

El diputado remarcó: “No hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar en su domicilio con previa autorización judicial”. Y subrayó: “Ella puede recibir a quien quiera y en el momento que quiera porque sus derechos civiles y políticos no están cercenados, salvo en los aspectos específicos de la sentencia, a los que los jueces no pueden agregar arbitrariamente otro tipo de penas”.

Moreau también puso en cuestión el perjuicio que la medida tiene sobre terceros, como representantes del pueblo en el congreso –diputados y senadores– tal es su caso, que no podrán dialogar ni interactuar con la principal referente de su espacio político.

“Pero no sólo se trata de los derechos de Cristina, sino también de quienes pretenden reunirse con ella, como es el caso, por ejemplo, de los legisladores nacionales”, destacó.

Y citó el artículo 38 de la Constitución Nacional, en el que se establece el rol esencial de los partidos políticos para el funcionamiento de la democracia.

Según Moreau, los integrantes del Congreso tienen fueros e inmunidades parlamentarias, derechos que no pueden ser restringidos ni reglamentados por resoluciones judiciales. “Además, los legisladores gozamos, por disposición constitucional, de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser limitadas, restringidas ni reglamentadas por resoluciones judiciales”, afirmó Moreau.

Moreau argumenta, dando a entender, que hay una interferencia del poder judicial sobre el poder legislativo y que no se estaría cumpliendo con la independencia de los poderes del Estado. El diputado anticipó que, de persistir las restricciones, recurrirán a instancias internacionales para denunciar lo que considera una violación de los derechos parlamentarios y una muestra de la colaboración entre jueces y fiscales en la instauración de un “Estado de excepción”.

El viernes, Cristina Kirchner hizo una presentación para que se revoquen las prohibiciones referidas a las visitas. En el texto, asevera que un sector del Poder Judicial busca limitar la voluntad popular mediante decisiones que impactan directamente en sus derechos políticos. La expresidenta relacional al “Partido Judicial” con los intereses del poder económico concentrado en Argentina.

Los diputados del Frente de Todos (FdT) que integran la comisión de Juicio Político votaron este jueves avanzar con numerosas medidas de prueba y testigos en la investigación por el supuesto mal desempeño de los cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia, en medio de presiones, negociaciones y pedidos de un sector del oficialismo que se opone a que el kirchnerismo avance sobre dos temas sensibles: el patrimonio y el manejo de contrataciones y fondos millonarios de la Corte durante sus presidencias del juez Ricardo Lorenzetti (2007-2018), como informó este domingo elDiarioAR. 

El juez de Rafaela cuenta con aliados poderosos tanto en la oposición como en el kirchnerismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, solicitó vía telefónica a integrantes del bloque oficialista no avanzar en contra del magistrado respecto de los cargos que le endilgan los diputados de la Coalición Cívica (CC), Paula Oliveto y Juan Manuel López, según afirmaron fuentes parlamentarias a este medio. 

Otro punto informado en la nota de este medio fue que los pedidos de Zamora llegaron a través del diputado Leopoldo Moreau a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a las fuentes consultadas. Se acordó, entonces, para sostener el apoyo de Zamora y su diputado en la comisión, postergar, en la medida de lo posible, la avanzada contra Lorenzetti, a pesar de que ciertos sectores del bloque quieren investigar a todos los jueces por igual.

Un tercer punto informado por elDiarioAR el domingo último: los gobernadores que solicitaron el juicio político contra los jueces de la Corte acordaron entre sí que no estarán entre los primeros testigos citados a declarar en la comisión de Juicio Político, a pesar de haber sido activos promotores del jury por el fallo del tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de fondos coparticipables de impuestos nacionales.

Ni la vocera de Lorenzetti ni en el entorno de Zamora respondieron las consultas de este medio.

Durante la reunión de comisión de este jueves, la diputada Oliveto afirmó: “El lunes vamos a presentarnos a la Justicia para ver si algún juez en Comodoro Py (los tribunales federales de Retiro) hace algo en relación a las presiones que recibimos ustedes y nosotros, y vamos a pedir que se investigue también al gobernador Zamora. Tarde o temprano van a tener que dar la cara en la Justicia”. La legisladora aliada de Elisa Carrió ya había denunciado presiones por parte del “equipo de Lorenzetti” durante la reunión de comisión de la semana última.

El jefe del bloque del FdT, Germán Martínez, le respondió este jueves sobre la “referencia sobre el tema de las presiones”. El diputado oficialista dijo que su espacio político “respeta mucho la labor periodística” y “cada uno sabrá qué escribe y por qué motivo”, con respecto a las notas citadas por la diputada Oliveto, pero que “ahora hay algunas cosas que se dicen y que se anticipan que por los resultados de las posiciones políticas de nuestro bloque han quedado en otro lugar”.

Sin embargo, además de las menciones explícitas de la diputada de la Coalición Cívica, ninguno de los legisladores del Frente de Todos desmintió o negó los pedidos, presiones y negociaciones informadas por elDiarioAR y resaltadas durante la reunión por la legisladora.

Hay sectores del oficialismo que no están de acuerdo con los pedidos de Zamora o con las señales de otros hombres fuertes en las provincias, como el reasumido gobernador Juan Manzur (Tucumán), quien citó al diputado de su provincia Mario Leito el jueves 26 de enero a las 10.30 en la Casa Rosada, a sabiendas de que el legislador debía presentarse a la primera reunión de la comisión de Juicio Político ese mismo día a las 11 en el Congreso.

El oficialismo votó avanzar con numerosas medidas de prueba y testigos en torno al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, principal pedido de Zamora. 

Además, a instancias del diputado Rodolfo Tailhade, sus compañeros de bancada en la comisión votaron otras medidas para investigar al juez Carlos Rosenkrantz y a dos medidas especialmente relacionadas con los pedidos de juicio político de la Coalición Cívica contra Lorenzetti: incorporar copia certificada del contrato firmado entre la Corte y el Banco Ciudad para resguardar depósitos judiciales y citar a declarar como testigos a Héctor Daniel Marchi (administrador general de la Corte desde al menos las presidencias de Lorenzetti) y al apoderado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se confirmó que el Frente de Todos se negó a citar a los gobernadores a la comisión. De hecho, ninguno de sus diputados los incluyó en la lista de testigos, otra sugerencia del gobernador Zamora, también de acuerdo a las mismas fuentes.

El diputado Alejandro Rodríguez (Identidad Bonaerense, espacio de Roberto Lavanga, opositor) pidió citar al presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales que acompañaron el pedido de juicio político, pero el oficialismo lo rechazó en la votación de este jueves.

Queda pendiente conocer cuál será la prioridad a la hora de avanzar en la investigación y si el Frente de Todos postergará o no los ejes de las acusaciones más sensibles contra Lorenzetti para mantener la armonía interna.

ED/MG

Para el oficialismo, tener garantizado los 16 votos de sus diputados en la comisión de Juicio Político para avanzar el jueves con la investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema no fue un cálculo automático. Durante los últimos días, elDiarioAR pudo reconstruir la existencia de presiones externas a la cámara de Diputados pero provenientes del kirchnerismo, negociaciones y acuerdos que tuvieron lugar durante las últimas semanas. El punto que generó fisuras dentro del oficialismo fue el hecho de que ciertos dirigentes del Frente de Todos (FdT) se oponen a que los legisladores avancen con la investigación propuesta por la Coalición Cívica (CC) contra el juez Ricardo Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias a este medio. 

Uno de los hombres más activos en esas negociaciones fue el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de acuerdo con las fuentes consultadas. El mandatario provincial fue uno de los más duros y decididos a acompañar el pedido de juicio político presentado por el presidente Alberto Fernández contra los cuatro jueces de la Corte. 

Además, Zamora presentó una denuncia penal contra Silvio Robles, vocero y mano derecha de Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal-, y hasta solicitó a un juez federal de su provincia que secuestre los teléfonos del asesor de la Corte para peritarlos, en el marco de la filtración de chats entre Robles y el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. 

El poder en la Corte está dividido en dos bloques desde 2018: la mayoría o el trío (integrado Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien supo ser el poderoso presidente del tribunal entre 2007 y 2018, cuando perdió el cargo en manos de Rosenkrantz pero por una movida política atribuida a Rosatti.

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del año, los jueces dejaron trascender a través de sus voceros un mensaje de unidad interna ante el embate en su contra. Sin embargo, Zamora participó en conversaciones con diputados del Frente de Todos para manifestar su desacuerdo con que la comisión de Juicio Político avance con las denuncias presentadas por los diputados Juan Manuel López y Paula Oliveto, aliados de Elisa Carrió, contra Lorenzetti, basadas en argumentos muy diferentes a los que alegaron Fernández y el propio Zamora en su pedido de juicio político contra los integrantes del tribunal. 

El gobernador de Santiago del Estero les comunicó a integrantes del oficialismo que el voto de su diputado en la comisión, Ricardo Daives, estaba en duda debido al desacuerdo de Zamora con la estrategia de los diputados oficialistas contra Lorenzetti. Agregó, contaron las fuentes consultadas, que la comisión debía concentrarse en avanzar contra el juez Rosatti.

Leopoldo Moreau, uno de los diputados al tanto de las conversaciones con Zamora, le informó al gobernador que sus pretensiones no eran posibles y que el oficialismo debía avanzar contra los cuatro integrantes de la Corte. Ante la insistencia de Zamora, las conversaciones continuaron hacia arriba. Llegaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo a las fuentes consultadas. Se acordó postergar, en la medida de lo posible, la avanzada contra Lorenzetti en la comisión.

Tanto el Gobierno como Zamora y el Frente de Todos saben que no cuentan con los votos para avanzar con el juicio político más allá de la comisión, pero apuestan a esmerilar a los integrantes del máximo tribunal a través de la investigación en la comisión y ese efecto podría potenciarse sobre Lorenzetti si los diputados avanzan de lleno con las acusaciones de la Coalición Cívica.

Los proyectos defendidos por los diputados López y Oliveto que preocupan a los aliados de Lorenzetti y al propio juez supremo, de aceitada relación con gobernadores y ministros del oficialismo, no apuntan a sus fallos, como el que ordenó aumentar el porcentaje de impuestos coparticipables a favor de la Ciudad de Buenos Aires, sino al manejo de fondos multimillonarios durante sus presidencias en el máximo tribunal, contrataciones en el ámbito de la Corte, su patrimonio y sus negocios particulares. Son estos puntos los que preocupan a los aliados y defensores de Lorenzetti en el poder. Los pedidos de juicio político de los diputados “lilitos” no fueron apoyados ni votados por los diputados de Juntos por el Cambio, el interbloque opositor que ellos mismos integran.

“Estamos hartos del apriete de Lorenzetti”, dijo la diputada Oliveto (Coalición Cívica), tras pedir la palabra durante la reunión de la comisión el jueves último, cuando se votaron los informes de admisibilidad de los juicios políticos contra los jueces. El ministro de la Corte ha rechazado siempre las acusaciones del bloque de los “lilitos” y ha iniciado acciones civiles contra sus acusadores, dijo Oliveto.

elDiarioAR se comunicó con la vocera de Lorenzetti y con voceros y allegados al gobernador Zamora para conocer su versión de los hechos pero no obtuvo respuesta. Santiago del Estero tiene en la Corte una demanda en su contra desde 2019 que iba a ser prioridad del tribunal en 2022, pero luego quedó fuera de su agenda.

En 2022, Rosatti, como presidente de la Corte, había anunciado que el máximo tribunal daría tratamiento especial a la demanda de la organización ambientalista Greenpeace contra cuatro provincias (Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero) por el avance de los desmontes y la deforestación en el Gran Chaco argentino, el segundo ecosistema boscoso más grande de Sudamérica, después de la Amazonía.

En un documento, la Corte comunicó que durante 2022 realizaría una audiencia pública para exponer la problemática ambientalista que se profundiza año a año ante el avance de la frontera agrícola y ganadera en el norte del país. La demanda de Greenpeace se presentó ante la Corte en nombre del yaguareté, el felino más grande de América y el tercero del planeta, en peligro de extinción por la cacería y la destrucción de su hábitat.

A mediados del año pasado, la demanda que exponía a los gobernadores de las cuatro provincias salió de la agenda de la Corte, como reveló entonces elDiarioAR. 

El jueves último, tras la primera reunión de acuerdo del máximo tribunal, los jueces decidieron que la demanda tampoco estará entre las prioridades de 2023. En su lugar, voceros de la Corte confirmaron a este medio que el tribunal realizará una audiencia pública por otro caso ambiental, también de alta gravedad y urgencia: la explotación petrolera dentro del Parque Nacional Calilegua, en la provincia de Jujuy, donde gobierna el radical Gerardo Morales, opositor al kirchnerismo y en contra del juicio político a la Corte. El caso involucra a la Administración de Parques Nacionales, que depende del Ejecutivo Nacional e indirectamente a la petrolera estatal YPF, que desde hace décadas no tiene vínculos con los pozos denunciados, explicó la empresa a elDiarioAR. Pero además, la demanda apunta a la supuesta responsabilidad de petroleras privadas y autoridades provinciales y municipales: la unión transitoria de empresas Petróleos Sudamericanos SA, Necon SA; Pluspetrol SA; JHP International Petroleum Engineering Ltda.; Jujuy Energía y Minería S.E. (J.E.M. S.E.); Felipe Frognier y el Municipio de Yuto.

Ante las consultas de elDiarioAR, voceros del tribunal afirmaron, a mediados de 2022 y ante una segunda consulta a finales del año pasado, que la decisión de postergar la audiencia pública y el fallo de la Corte sobre el avance de la deforestación en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta se debió a que el caso de la explotación de hidrocarburos en la reserva natural de Jujuy tiene “mayor interés jurídico” para la Corte, que el daño ambiental en el lugar es inminente y que el caso del yaguareté afecta la economía de cuatro provincias. Los desmontes se producen para criar ganado para la exportación.

Testigos VIP 

Los gobernadores también acordaron entre sí que no estarán entre los primeros testigos citados a declarar en la comisión de Juicio Político, a pesar de haber sido activos promotores del jury contra los jueces de la Corte por el fallo del tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de fondos coparticipables de impuestos nacionales.

Zamora fue uno de los mandatarios que propuso a sus pares posponer sus declaraciones en el Parlamento, informaron a elDiarioAR testigos de esas conversaciones. Los gobernadores lo comunicaron al bloque del Frente de Todos a través de sus diputados en la comisión. 

No todos estaban de acuerdo: ni en el bloque oficialista en Diputados ni entre los mandatarios provinciales. Jorge Capitanich, gobernador de Chaco y, como Zamora, de los más activos en promover el juicio político contra la Corte, hizo saber a los diputados que quería acudir a declarar ante la comisión parlamentaria, pero tras conversaciones con otros gobernadores, unos días más tarde, se plegó a la iniciativa promovida por Zamora. Ganaron los postergadores, de acuerdo a dos fuentes con conocimiento directo de las negociaciones. Esas señales incomodan a algunos diputados del Frente de Todos.

Hubo otras señales que alimentaron suspicacias en el Frente de Todos. Una de ellas fue la citación que el saliente jefe de Gabinete, Juan Manzur, hizo al diputado de su provincia Mario Leito (Tucumán) el jueves 26 de enero a las 10.30 en la Casa Rosada, a sabiendas de que el legislador debía presentarse a la primera reunión de la comisión de Juicio Político ese mismo día a las 11 en el Congreso.

Finalmente, un sector de Diputados del oficialismo promovió internamente que el informe de admisibilidad que se votó el jueves para iniciar la investigación e intentar avanzar con el juicio político incluyera los dos proyectos presentados por la Coalición Cívica.

Miércoles de frenesí

El miércoles último también fue una jornada de negociaciones, discusiones y desacuerdos por el caso de Lorenzetti, confirmaron fuentes parlamentarias. Sin embargo, el oficialismo llegó a la reunión del jueves con los 16 votos asegurados para avanzar con la investigación contra los cuatro jueces y un sector del Frente de Todos logró que se incluyeran los hechos denunciados por la Coalición Cívica, pero deberán juntar paciencia.

La investigación en la comisión de Juicio Político implica la citación de testigos, la producción de medidas de prueba y la obtención de documentos. Una vez finalizada la investigación, deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, las posibilidades de avanzar con el proceso son pocas. El Frente de Todos no cuenta con los votos necesarios para aprobar la acusación: necesita los dos tercios de los votos para que esta  se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la Cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

ED

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió este sábado en sus redes sociales una columna de opinión del diputado nacional Leopoldo Moreau, publicada por el diario Página/12, en la que describe la responsabilidad de la Corte Suprema y de su titular, Horacio Rosatti, en la paralización del Consejo de la Magistratura.

“En solo cuatro párrafos, la verdad de la milanesa sobre la responsabilidad de la Corte en el conflicto institucional. Clarísimo el diputado Leopoldo Moreau”, escribió la exmandataria en su cuenta oficial de Twitter, acompañando el mensaje de cuatro capturas de pantalla en las que se puede leer el texto.

El artículo firmado por Moreau lleva por título “El escándalo que provocó la Corte Suprema”, y el diputado recordó que “en más de una oportunidad” se ha señalado “la peligrosa escalada que vienen protagonizando las máximas instancias del Poder Judicial”.

Para el diputado, los integrantes del máximo tribunal se entrometen “en las facultades propias del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo”. “A veces, esta intromisión toma la forma de medidas cautelares que paralizan o neutralizan decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, orientadas a beneficiar el interés general”, señaló el también titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia.

Y agregó que en otros casos “la Corte Suprema de Justicia de la Nación se subroga facultades del Poder Legislativo en franca violación de aquellas que le otorga la Constitución Nacional, con una severa afectación del estado de derecho”. “Es el caso concreto del diseño de un fallo judicial dirigido a configurar un nuevo formato para el Consejo de la Magistratura”, escribió Moreau.

La Corte Suprema declaró en diciembre del año pasado inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que redujo en 2006 de 20 a 13 la cantidad de integrantes del órgano encargado de nombrar y remover a los jueces.

La Corte le dio al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una nueva norma sobre la composición del Consejo de la Magistratura, un límite temporal que el Poder Legislativo no cumplió, y en consecuencia, el máximo tribunal ordenó restablecer la norma que estaba vigente hasta 2006.

Ahora, el Consejo tiene veinte integrantes y es presidido por el juez Rosatti, presidente de la Corte Suprema. “Más allá de declarar después de 16 años de vigencia la inconstitucionalidad de la ley con la que este órgano funcionó a lo largo de todos esos años, la Corte Suprema en lo que parece una decisión incluso hecha a medida de su propio titular, resucitó para asombro de una amplia mayoría de juristas una ley que había sido derogada por el Congreso Nacional”, puntualizó Moreau.

Para el diputado, el máximo tribunal logró asumir “facultades legislativas que le están expresamente vedadas de ejercer, dando origen a un conflicto de poderes”.

También sostuvo que desde este “desatino jurisprudencial”, el máximo tribunal pretendió “interpretar las reglas de funcionamiento y decisorias de ambas cámaras del Congreso, ejercitando una especie de poder de policía sobre los reglamentos que rigen su funcionamiento”.

Moreau se refirió a que en la actualidad el Consejo de la Magistratura no tiene representantes del Congreso como consecuencia del cuestionamiento de la Corte a la división del bloque del Frente de Todos (FdT) en el Senado, que reclamó la representación por la segunda minoría en el órgano que designa a los magistrados.

Por medio de una acordada firmada por Rosatti y sus pares Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la Corte dispuso la incorporación al Consejo de la Magistratura de los cuatro representantes de la Cámara de Diputados cuya jura finalmente tendrá lugar el próximo miércoles 21 de diciembre. Sin embargo, aun tiene en consideración el pleito abierto por los senadores nacionales designados para el Consejo.

“En estos días en los que el Poder Judicial transita el escándalo más bochornoso del que se tenga memoria a lo largo de la historia, resultaría más sano para reconstituir su prestigio que la máxima instancia de los Tribunales se volcara a ejercitar su facultades de superintendencia”, remarca en el texto.

El texto cierra llamando a “poner en orden las graves inconductas éticas y morales que más allá de las consecuencias penales que esos comportamientos pueden traer aparejadas restituya la dignidad y la independencia de la magistratura en todas sus instancias”.

MB con información de la agencia de noticias Télam

La vicepresidenta Cristina Kirchner elogió este viernes la “exacta descripción” que realizó el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau acerca de la Corte Suprema de Justicia, al afirmar que la misma “juega al truco con las instituciones”.

“La Corte Suprema juega al truco con las instituciones. Exacta descripción y mejor análisis del diputado Leopoldo Moreau”, publicó la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter, donde compartió una entrevista periodística en la que el legislador cuestionó el fallo del máximo tribunal que removió al senador Martín Doñate del Consejo de la Magistratura.

Más temprano, en una entrevista con AM 750, el diputado sostuvo que Cristina Kirchner será condenada el martes en la causa Vialidad y que eso explica por qué la oposición bloqueó la sesión de este jueves en la Cámara Baja, con el objetivo de buscar conflictos institucionales.

Moreau vinculó este tema con el fallo de la Corte Suprema que determinó como inválida la división del bloque oficialista en el Senado y afectó la distribución de bancas en el Consejo de la Magistratura.

Para el diputado del FdT, “el huevo de la serpiente son las decisiones que tomó la Corte Suprema” que se entrometen en la independencia del Poder Legislativo. “Ahora cualquier juez se siente habilitado para entrometerse en el Congreso”, expresó.

De acuerdo a Moreau, “la presidenta de la Cámara tiene la obligación de proteger al Congreso. Un juez no puede dictaminar lo que la Cámara puede hacer. Sin embargo, la oposición en Diputados exige lo contrario a lo que exigen en el Senado. Para ellos hay fallos buenos y fallos malos”, explicó.

Y agregó: “Los escuderos que tiene Macri para garantizarse la impunidad están en una situación de precariedad, porque los puso a dedo. Como tiene infinidad de causas pendientes, quieren bloquear en el Consejo de la Magistratura el reemplazo de estos jueces. En esto están en complicidad con Rosatti”.

Con respecto al fallo que dará el TOCF 2 el martes 6 en la Causa Vialidad, “va a haber una condena a Cristina y tal vez lo de ayer tenga que ver con eso. Si hay una condena, hay sectores que van a tratar de usarla para generar conflictos mediáticos e institucionales”, señaló, al tiempo que consideró que “tal vez pensaban en desestabilizar la línea de sucesión de la Cámara de Diputados. Hay gente que no pretende ganar una elección. Cree que para imponer el plan económico que están anunciando, necesitan una sociedad controlada por el autoritarismo”.

Además, consideró que no se trata “del primer intento de desestabilizar. Lo que pasó con Cristina fue la culminación de otro intento cuando empujaron la posibilidad de una megadevaluación que Massa pudo neutralizar que nos hubiera llevado a una hiperinflación”. En tanto, con respecto a los movimientos de extrema derecha, como Revolución Federal, sus vínculos con referentes opositores y el intento de magnicidio del pasado 1 de septiembre, Moreau señaló que apuntan “a que la condena que pueda recibir Cristina genere un marco de conmoción. Y si le pueden agregar desestabilización, todo suma para la crisis institucional que quieren provocar”. 

Con información de AM 750.

IG

La Justicia Federal investiga si el diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman tenía conocimiento que la noche del 1ºde septiembre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sería víctima de un intento de magnicidio y si dijo que, cuando ocurriera el hecho, él estaría “camino a la costa”, según informaron fuentes con acceso a la investigación.

El ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro calificó como “grave” el testimonio de un empleado del Congreso que declaró ante la Justicia que el diputado Milman de JxC tenía conocimiento sobre que se estaba preparando un atentado contra la vicepresidenta.

Por su parte, el diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) y presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, describió como “es una cuestión delicada” la investigación de la Justicia Federal para corroborar si Milman tenía conocimiento de que se perpetraría el intento de magnicidio.

Además, el diputado nacional por el oficialismo Rodolfo Tailhade aseguró que la jueza federal María Eugenia Capuchetti “ya debería haber citado” al diputado de la coalición opositora.

La pista en investigación

La pista que se investiga en un legajo reservado es el testimonio de un asesor del FdT en la Cámara de Diputados, quien aseguró haber escuchado al diputado Milman hacer referencia al ataque antes de que ocurriera.

El testigo de identidad reservada declaró ante la Justicia que el episodio ocurrió el 30 de agosto después de las 15:20 en el restaurante Casablanca, ubicado a metros del Congreso en la esquina de Riobamba y la Avenida Rivadavia, según la agencia oficial Télam.

El testigo dijo haber escuchado que Gerardo Milman le decía a dos mujeres con quienes compartía mesa que “cuando la maten”, él iba a estar “camino a la costa”; algo que recordó dos días más tarde, cuando se enteró del intento de magnicidio.

Repercusiones en el oficialismo

“No nos imaginábamos que la violencia política podía volver a Argentina. Es muy serio y muy grave la denuncia que dice que un diputado como (Gerardo) Milman tenía conocimiento de este hecho”, señaló el ministro De Pedro en declaraciones a El Destape Radio.

“En los bordes de JxC y el PRO aparecen elementos llamativos. La posibilidad de que haya estado involucrado el diputado (Milman) es una cuestión delicada. En la investigación, la pista tiene que ser tratada con mucho cuidado”, sostuvo el diputado Moreau en diálogo con AM750. Aseguró también que “la Justicia está dando pasos para avanzar en la causa” y “arrojar luz sobre aspectos centrales vinculados” al atentado.

Por otro lado, Moreau sostuvo que la clave de la causa a cargo de la jueza Capuchetti está vinculada con la investigación que tiene a cargo el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi sobre el grupo Revolución Federal, y sus posibles implicaciones con el hecho ocurrido el pasado 1 de septiembre. “Naturalmente la clave es el financiamiento de Revolución Federal. En ese sentido, en la causa se ha avanzado mucho para encontrar fuentes de recursos que parecían débiles pero se han ido fortaleciendo”, opinó.

Asimismo, expresó que el descubrimiento de dinero destinado a Revolución Federal proveniente de empresas de la familia del exministro de Finanzas de Cambiemos, Luis Caputo, “da una magnitud diferente a la investigación”. Moreau considera que los vínculos aparentes entre el grupo de Jonathan Morel y el ataque a la vicepresidenta hacen que “nos acerquemos a la recalificación de las causas”.

“Mantener la causa como un intento de homicidio es absurdo, creo que estamos ante un hecho de terrorismo. Es un hecho institucional, hay que recalificar la investigación. Todo tiende a unificar las causas”, concluyó el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia.

El legislador Tailhade, en diálogo con la radio AM990, señaló: “A esta altura la jueza ya debería haber citado a Milman. Es un diputado de la nación, no cualquier persona. No se puede estar dando vueltas alrededor de un tema tan serio. Si tiene miedo que lo llamen como testigo, pero no puede pasar tanto tiempo”. Sostuvo que “la jueza tomó medidas porque ratificó la reunión de Milman con estas dos mujeres y todo lo que dijo el testigo que había pasado, aparentemente ya lo tiene demostrado”.

En ese marco, el diputado de la coalición oficialista y titular de la comisión de Justicia de la Cámara baja advirtió que, hasta ahora, hubo “una respuesta muy lenta y pasiva” por parte de Capuchetti, ya que el testimonio “tiene varios días”. Recordó que Milman “no solo fue jefe de gabinete” de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich durante la gestión de Cambiemos, sino que también “estaba a cargo de la inteligencia criminal”, donde se hicieron “muchas operaciones del estilo espionaje ilegal macrista”.

“También tengo el dato que las dos mujeres que estaban con Milman trabajaban en inteligencia criminal en el ministerio de Seguridad”, sentenció, referenciando a Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, las dos mujeres que en la tarde del 30 de agosto en dicho restorán compartieron la mesa con Milman.

Por otra parte, Tailhade criticó el hecho que las causas de la organización de ultraderecha y la del atentado a la Vicepresidenta no estén unificadas, y atribuyó esa decisión procesal a una “estrategia de Comodoro Py”, para que “no haya resultados en ninguna” de las investigaciones.

Sobre el posible financiamiento a Revolución Federal por parte de un fideicomiso de la sociedad Caputo Hermanos, el diputado advirtió que “no hay nada que cierre alrededor” de aquel grupo empresarial ya que insistió en el hecho que “no hay explicaciones razonables” en la contratación de la carpintería de Morel para unas obras de construcción en Neuquén.

En ese sentido, el legislador del FdT remarcó que el grupo que organizó la Marcha de Antorchas contra la Casa Rosada y que llevaba guillotinas a protestas opositoras “estaba evidentemente muy bien financiado”. Profundizó: “Las explicaciones, de momento, a mí no me cerraron. Cómo llegan a la carpintería de (Jonathan) Morel una empresa constructora del nivel de Caputo cuando no tenía ni un cartel que lo identificara”.

Por último, agregó que desde la sociedad de Caputo Hermanos hubo “especulación” para tratar de mantenerse alejados a la investigación, y que solo se presentaron ante el juzgado cuando “se enteraron que era inevitable”. “Es una cosa detrás de la otra. Uno no quiere pensar mal pero está demasiado explícito”, concluyó.

LC con información de agencia Télam

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau permanecía este sábado internado en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires a raíz de una afección cardíaca y sus familiares señalaron que “su evolución es buena”.

“Estará en terapia intensiva hasta el lunes, después lo pasarían a intermedia”, indicaron a Télam allegados al legislador.

En ese sentido, manifestaron que “su evolución es buena”.

Moreau, presidente de la comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, fue internado el viernes en el centro de salud del barrio porteño de Almagro, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de by pass coronario.

CRM con información de la agencia Télam

El diputado nacional Leopoldo Moreau fue internado de urgencia en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires por un delicado problema coronario. El diputado, quien se convirtió en los últimos años en uno de los hombres más cercanos a Cristina Kirchner, fue intervenido quirúrgicamente. Fuentes cercanas al dirigente indicaron que fue sometido a una operación de by pass.

El dirigente del Frente de Todos, de 75 años, comenzó su militancia política en la Unión Cívica Radical (UCR), siendo uno de los dirigentes más cercanos a Raúl Alfonsín.

DA

Máximo Kirchner renunció ayer con una carta a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados, mostrando sus diferencias tras el principio de acuerdo con el FMI, anunciado por el presidente Alberto Fernández la semana pasada. En está línea, el diputado Leopoldo Moreau adelantó que un sector buscará modificarlo cuando los detalles sean enviados al Congreso.

“Se supone que se va a discutir, para eso va al Congreso. Vamos a llamar la atención sobre los peligros y los riesgos del acuerdo y ojalá sirva para que cuando se firmen los memorándum de entendimientos algunas cuestiones se remuevan, sino estaremos en una situación compleja”, planteó el legislador en diálogo con Radio 10.

Moreau, además, cuestionó la política económica implementada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, desde el inicio de su gestión. “Hace una semana atrás se llegó a un límite de que si no se cerraba este acuerdo se corría la posibilidad de una gran corrida bancaria y una devaluación, y eso es responsabilidad de Guzmán, porque vino liquidando todas las divisas desde el inicio innecesariamente en una negociación con el Fondo cuando aún no había acuerdo”, señaló.

Y agregó: “Lo que teníamos que haber hecho era suspender el pago y llevar el tema a La Haya. Una negociación así iba a tener un final distinto. Si suspendíamos los pagos no hubiéramos llegado con la lengua afuera y casi sin dólares al tramo final de la negociación, y eso es lo que no ha impuesto un acuerdo que está lleno de peligros”.

En relación a estos “peligros” y a su visión crítica sobre la gestión de Gobierno, el diputado agregó que el Ministro de Economía “recién hace 15 días le avisó al Presidente que este acuerdo no era de facilidades extendidas y ocultó que en realidad era un refinanciamiento de la deuda; hemos vuelto a un Stand By, y eso es lo que ha permitido el tema de las revisiones trimestrales”.

“El Fondo ya te está mandando a decir que no está de acuerdo con la quita a los subsidios a la energía que plantea el Gobierno, dice que hacen falta más; plantea que hay que poner tasas de interés muy altas. Pero si aumentás excesivamente las tarifas parás el consumo y ponés el riesgo el financiamiento del capital de trabajo para la actividad industrial”, destacó Moreau.

Y completó: “No es cierto lo que dice Guzmán cuando dice que el Fondo reconoció que la inflación es algo multicausal, no reconoció nada, por eso nos exige ir a emisión cero en dos años, es un frenazo a la economía enorme”.

NB

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau aseguró hoy que un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debería poner “un freno al crecimiento” ya que eso “sería dañar a la sociedad argentina” y se volvería “a caer en un círculo vicioso”.

Moreau, al hablar en Radio con Vos, agregó que “si no hay crecimiento no hay posibilidad de pagar” y opinó que “la lógica del Fondo es que no crezcamos demasiado para que paguemos”.

Este martes,  la subdirectora gerenta del FMI, Gita Gopinath, dijo que el organismo trabaja en forma estrecha con las autoridades argentinas en renegociar la deuda y que tiene un enfoque “flexible y pragmático” en las conversaciones. Aunque insistió en que buscan un “programa sólido y creíble” para solucionar los desequilibrios de la economía. El Fondo presentó ese día la actualización del informe sobre Perspectivas Globales de enero.

“Estamos trabajando muy de cerca con las autoridades argentinas para crear un programa que ayude a la gente de la Argentina. Eso requeriría de un programa que sea sólido y creíble y que aborde los desequilibrios que tiene el país. Tenemos que mejorar los desequilibrios para ayudar a los argentinos a recuperarse de las dificultades que están viviendo. Estamos trabajando muy de cerca con las autoridades. Entendemos que la situación social y económica es desafiante, por eso estamos adoptando un enfoque flexible y pragmático y esperamos lograr más avances en los próximos días”, dijo Gopinath, número dos del Fondo. 

El viernes la Argentina enfrenta un vencimiento port US$731 millones de dólares con el organismo. El Gobierno aún no ha dado señales de si cumplirá con ese compromiso.

Moreau planteó que “el déficit cayó del 6 al 3 por ciento, pero no por los ajustes, sino porque creció la actividad un 10 por ciento”.

“El FMI siempre ha impuesto la misma receta, ya que se quiere aplicar políticas que terminan generando pobreza y conmociones sociales, y creemos que el déficit se irá reduciendo por el crecimiento de la economía y no por la reducción de los gastos”, señaló.

Ante una consulta, opinó que “el default no tiene que aterrorizar tanto como para pensar que es el peor de los remedios, aunque ojalá que uno no tenga que llegar a eso”.

En este sentido recordó que “Néstor (Kirchner) gobernó la Argentina dos o tres años en default hasta que logró el acuerdo con los bonistas privados y con el FMI, y las divisas las usó no para pagar la deuda sino para reactivar la economía”.

“Nosotros no proponemos el default, pero nos empujan al default. Nosotros no somos el partido del default, pero tampoco vamos a entregar de pies y manos a la sociedad al peor de los ajustes, no nos vamos a jugar en una timba la democracia”, sostuvo.

Por último, dijo que “incluso con pandemia de por medio el gobierno de Alberto Fernández logró un crecimiento extraordinario, recuperamos lo que se perdió en la pandemia y buena parte de lo que se perdió cuando gobernaba Macri”.

Télam