Los rechazos a los cambios que plantea la ley ómnibus presentada por Javier Milei ante el Congreso continúan apareciendo. Luego de las críticas de los gobernadores patagónicos a la reforma pesquera y el amparo de la CGT contra la reforma laboral, ahora, más de 80 organizaciones ambientales y sociales enviaron una carta a la Cámara de Diputados en contra del proyecto de Javier Milei.

Según indicaron las ONG, la ley ómnibus supone “serios retrocesos en la legislación ambiental”. “Rechazamos este proyecto de ley que constituye un intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente alcanzado y, por ende, es ilegal e inconstitucional”, explicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Para las agrupaciones ambientalistas, la iniciativa Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos “pretende avanzar sobre ecosistemas protegidos y dar beneficios económicos a sectores como la minería, el agro y el sector hidrocarburífero, en detrimento de los derechos de las personas y la protección de los ecosistemas”.

El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional pretende impulsar una serie de reformas a la Ley de Bosques (26.331), la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley Federal de Pesca (24.922). “La ley de Bosques es una ley que existe desde hace 15 años, producto del trabajo conjunto entre diferentes organizaciones y legisladores junto con diversas jurisdicciones, y que ha permitido visibilizar los bosques nativos, reducir inclusive las tasas de deforestación”, sostuvo Manuel Jaramillo, director de Fundación Vida Silvestre.

Las ONG advirtieron, además, que la iniciativa viola el principio de no agresión ambiental del Acuerdo de Escazú. Se trata de un tratado internacional según el cual la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente. “Los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”, indicaron en el comunicado.

Y concluyeron: “Exhortamos a la Cámara de Diputados a no hacer lugar a estas propuestas que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los resultados económicos productivos de diversas actividades socioeconómicas que se pretenden beneficiar y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales”.

ACM con información de agencias.

El Gobierno italiano, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni, aprobó la noche del miércoles un decreto ley por el que podrá multar y confiscar a los barcos de las ONG que realicen rescates en el Mediterráneo y que no cumplan con la legislación vigente.

El texto publicado tras la reunión del Consejo de Ministros avanzó que Italia aplicará un régimen de sanciones administrativas, en lugar de penales, y además podrá proceder a “la detención administrativa del buque (contra la cual se admite recurso) y, en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso, precedido del embargo cautelar”.

Aunque el texto oficial no ha estipulado la cuantía de las multas, un borrador publicado por los medios de comunicación locales calcula la sanción en 50.000 euros para los barcos y hasta 10.000 euros para el capitán y el propietario del buque si no facilitan la información requerida por las autoridades nacionales.

El ejecutivo aseguró que la norma solo se aplicará en casos de violación de límites territoriales o de prohibición del tránsito, pero se respetarán las situaciones estipuladas en la Convención Derecho del Mar de las Naciones Unidas para la seguridad de las personas recuperadas en el mar.

Otra de las disposiciones avanzadas en los borradores, que obligaría a los barcos a pedir la asignación en un puerto tras realizar el primer rescate y sin poder subir a más migrantes, no quedó concretada en el decreto aprobado hoy.

Esta semana, el buque Ocean Viking de la organización SOS Méditerranée, atracó en Livorno (centro de Italia), tras rescatar a 113 migrantes, lo que formó parte de la nueva estrategia del Gobierno italiano que autoriza el atraque lejos de la zona de rescate por lo que tardan varios días en llegar y después en regresar a los rescates.

Se tratan de los primeros rescates de barcos de ONG después del pulso que mantuvo a principios de noviembre el Gobierno italiano con algunos de ellos al impedir durante días el desembarco de las personas que había rescatado al aplicar su nueva política anti-inmigración de dejar bajar sólo a los migrantes vulnerables.

La nueva norma, ideada por el vicepresidente y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, impulsor de la política italiana de “puertos cerrados” a las ONG humanitarias, permitió que solo bajasen del barco los inmigrantes que tras una evaluación médica demuestran encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

En ese contexto, el Ocean Viking pidió permiso para atracar en Francia con 234 migrantes después de ser rechazado por las autoridades portuarias italianas, lo que desencadenó un conflicto diplomático.

Con 22 años de trayectoria, el Centro Centro para la Implementación de Políticas Públicas para el Crecimiento y la Equidad (CIPPEC) es la organización no gubernamental de mayor influencia de la Argentina, si se mide por la diversidad de gobiernos de todos los niveles con los que tiene convenios, su abultado presupuesto financiado por organismos, fundaciones y empresas —tanto argentinos como extranjeros— y la cantidad de empleados (82). Si hubiera que identificar qué es el círculo rojo, se podría pasar lista en la cena anual de CIPPEC, cuya última edición tuvo lugar el 2 de mayo en el Centro de Convenciones de la Ciudad.

Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de CIPPEC desde 2021, porta la bandera del programa Democracia 40, en conmemoración por las cuatro décadas desde el fin del a dictadura, con el que la ONG se propone alcanzar consensos sobre políticas específicas que superen la división. La directora, surgida de las divisiones inferiores, evalúa que la percepción de imparcialidad es imprescindible para la propia existencia de CIPPEC y el cumplimiento de sus objetivos. La tarea no es fácil, porque sus cuatro predecesores desde 2000 (Nicolás Ducoté, Miguel Braun, Fernando Straface y Julia Pomares) se sumaron al PRO, y los dos últimos ocupan lugares clave en el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta.

Sobre la dificultad y la utilidad del consenso, el vínculo de las ONG con la política, las convicciones democráticas de los empresarios, la ultraderecha y la boleta única, Díaz Langou, magíster en Políticas Públicas (Universidad de San Martín-Georgetown University) dialogó con elDiarioAR en un restaurante sobre la calle Cavia, en Palermo, al que también frecuenta el círculo rojo.

Cierta mirada sostiene que el conflicto es el motor de la historia, y desconfía de los consensos porque pueden ser artificios excluyentes. ¿Por qué es bueno el consenso?

No es consenso per sé lo que buscamos, sino acuerdos que nos permitan dar un marco de previsibilidad para estructurar una estrategia de desarrollo. Es imposible generar consensos absolutos. Procuramos puntos concretos en los que, a pesar de disensos, se genere confianza suficiente para impulsar acciones en un marco temporal que exceda una única gestión del gobierno. Es la única forma en la Argentina para poder tener una estrategia de desarrollo de mediano plazo y no cambiar el rumbo constantemente de manera pendular. Buscamos la construcción de piedras angulares para que la Argentina pueda tener un futuro de mayor inclusión, democracia, desarrollo y sostenibilidad ambiental.

Un punto de consenso deseable sería que la Argentina implemente un sistema impositivo similar al de países desarrollados de la OCDE, en los que los sectores de mayores ingresos pagan más. ¿Por qué la justicia tributaria no forma parte de la agenda consensual?

En el tema fiscal, tenemos una serie de propuestas que buscan potenciar el equilibrio macroeconómico y el desarrollo con una mirada holística, por supuesto que tratando de mantener los derechos adquiridos. Por lo cual, el margen de maniobra es reducido. Hay acuerdos que parecen inalcanzables en un contexto tan agrietado, en un país en el que parece que estamos todo el tiempo en veredas opuestas. Pero hay una base en la que estamos de acuerdo: decidimos vivir en democracia, y podemos, queremos y creemos que sobre ese consenso podemos seguir generando acuerdos. Queremos vivir en un país más desarrollado con inclusión social, como nos pusimos de acuerdo en la etapa fundacional.

(Los políticos de ultraderecha) hoy son un actor más que está compitiendo en elecciones"

Las nuevas narrativas de ultraderecha e, incluso, exponentes de la derecha clásica parecen amenazar pilares del consenso democrático como el debido proceso, la regulación estatal de la circulación de armas, la defensa de la vida o la igualdad de trato a las minorías. ¿Esa corriente pone en riesgo el acuerdo democrático?

Por ahora, están jugando dentro de las reglas del juego democrático. El riesgo empieza cuando se pisa ese fleje y se sale de la cancha. Eso no está sucediendo en la Argentina. Son actores del juego político, pero existe ese riesgo y hay que prestarle atención. Hoy son un actor político más que está compitiendo en elecciones.

La defensa de ejecuciones policiales parece ir más allá.

Sí, es un fleje. Por eso es que hay que prestarle atención. Hay tendencias que vemos a nivel global que pueden salirse de la cancha. Espero que el tejido social que tenemos en la Argentina marque esa cancha bien fuerte para mantenernos al interior de ese juego.

¿A qué atribuye que cierto peronismo, particularmente el de centroizquierda, y la izquierda sean más reactivos a la agenda y al diálogo con las ONG, en contraste con la fluidez del intercambio de funcionarios con los partidos de Juntos por el Cambio?

Hay algo de mito y me gustaría ver datos sobre eso. Más de novecientas personas pasaron por CIPPEC en 22 años, y hay por lo menos treinta funcionarios políticos en el gobierno nacional que pasaron por la institución. Obviamente, también hay gente en la oposición. Hay un factor de percepción. Los cargos que tuvieron más visibilidad (ndr: directores ejecutivos, directores de programas, miembros del Consejo de Administración y fundadores) terminaron en mayor medida en un lugar del espectro político-partidario. Hoy el equipo tiene una diversidad enorme, con votantes de todo el espectro, quizás con las excepciones más extremas. Nuestra producción representa esa diversidad y trabajamos con todos los sectores que ejercen el poder. No tenemos vinculación con los libertarios ni una muy fuerte con el FIT (Frente de Izquierda y los Trabajadores).

¿Es un objetivo de su gestión cambiar esa percepción originada en la visibilidad de exdirectores ejecutivos y fundadores?

Sí, es un objetivo y una condición de factibilidad para que podamos cumplir nuestra misión. Si CIPPEC es percibido como parcial, no podemos cumplir nuestra misión de mejorar las políticas públicas. Eso implica trabajar con todos quienes tengan la posibilidad de implementar y evaluar políticas públicas.

¿El resultado de la cena anual los ayudó en esa meta?

Sí. Tuvimos una participación superplural. No hubo ninguna fuerza mayoritaria y, además, fue con más presencia de provincias. Cayó la representación del área metropolitana de Buenos Aires.

Si CIPPEC es percibido como parcial, no podemos cumplir nuestra misión de mejorar las políticas públicas"

Tras la caída del Muro de Berlín, muchos interpretan que la estrategia de Estados Unidos fue un aterrizaje a través del soft power que proveen las ONG. En América Latina, es evidente que la denominada “sociedad civil” es mucho más altisonante ante la realidad de Venezuela y Nicaragua que ante la de Colombia o la que había hasta hace poco con Juan Hernández en Honduras.

Puede incidir la prevalencia de ciertos valores, como transparencia, que están más asociados a occidente, pero no me animaría a hablar de América Latina. No tengo el conocimiento que se requiere. Veo que en CIPPEC, esos intereses no permean. Quizás sí lo hacen en otras instituciones. Nosotros trabajamos muchísimo más con organismos internacionales que con gobiernos extranjeros. Con Estados Unidos, hace años que no tenemos un proyecto conjunto, y las fundaciones y organismos de Estados Unidos con los que tenemos vínculo no vienen a marcar esa agenda.

El poder económico en la Argentina suele tener una mirada extremadamente sesgada. Fue público su entusiasmo con Carlos Menem y Mauricio Macri, y ni hablar, sin hacer comparaciones de ningún tipo, con la dictadura. ¿Qué posibilidades hay de incluir a esas cúpulas en el consenso?

Esa descripción del sector privado habla sólo de una parte. Hoy, buena parte de la economía la mueven otros tipos de sector privado, desde las multinacionales a las pymes, y la economía del conocimiento, los emprendedores y la economía social y popular. Con Democracia 40 estamos buscando consenso no sólo en todo el espectro político-partidario, sino también con el sector privado, los sindicatos, los medios, el activismo y la economía social y popular. No en todo el empresariado ni en todo el sector privado, pero cada vez veo más un foco ligado a entender que nadie se salva solo. En la medida en que el país sea más sostenible, a los negocios individuales les va mejor. Para algunos puede ser idealista, sobre todo para la vieja guardia, pero en los sectores más jóvenes, se ve muchísimo esa idea. Puede ser incipiente, minoritaria, pero está creciendo.

Una de las propuestas de Democracia 40 es la reforma previsional para eliminar regímenes especiales. Eso despierta resistencias talladas en piedra, por ejemplo, de los jueces que gozan de jubilaciones extraordinarias y son quienes deberán fallar ante la previsible judicialización de la eliminación de su privilegio.

Hay diferentes tipos de consensos. Sobre la cuestión de los regímenes de excepción, no va a venir de la clase político-dirigencial, sino de que logremos que se visibilice en la opinión pública y se traccione desde otros lados. No sólo es una cuestión de inequidad muy profunda, sino que es un obstáculo concreto para que podamos tener una inversión social que genuinamente dé respuesta a los problemas que tiene la Argentina con más de la mitad de los chicos viviendo en situación de pobreza. No podemos tener estos regímenes jubilatorios donde se paga hasta 600.000 pesos por mes a personas que tuvieron una contribución muy grande en su vida laboral, no sólo jueces y diplomáticos. Los regímenes especiales abarcan a docentes y personal de seguridad. Son 207 categorías, un conjunto enorme. Es una de esas grandes piedras angulares que tenemos que roer para tener una inversión social más justa.

No en todo el empresariado ni en todo el sector privado, pero cada vez veo más un foco ligado a entender que nadie se salva solo"

Se suele citar como meca del consenso a países culturalmente afines como Chile, Uruguay y España. Sin embargo, en algunos de esos países hay una agenda oficial excluyente de sectores económicos o políticos, o silencios sobre crímenes de lesa humanidad. ¿Cuánto hay de mito y de realidad sobre los países consensuales?

El nivel de consenso puede ser superfluo si buscamos una cuestión absolutista. Podemos estar de acuerdo en buscar la paz mundial, pero hay que bajar a temas específicos. Quizás son más fáciles de sostener en el tiempo pequeñas las acciones concretas con la meta de que el consenso no implique que salgan ganando siempre los mismos y salgan perdiendo siempre los mismos.

Entre los objetivos alcanzables impulsan la boleta única. ¿Por qué cambiar un sistema electoral que hasta ahora funcionó bien desde 1983, con alternancia política, sin fraude y alta participación de los ciudadanos en el ejercicio del voto y el control?

Siempre se puede seguir mejorando la democracia y no tenemos que esperar que las cosas estén rotas para arreglarlas. Se trata de perfeccionar algo tan importante como el instrumento de votación, que es el vínculo entre las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas y quienes ejercen esa representación, y así visibilizar el valor de un régimen que está siendo cuestionado. No es para nada una discusión secundaria, sino que va al núcleo de cómo tener el mejor sistema político.

La meta es que el consenso no implique que salgan ganando siempre los mismos y salgan perdiendo siempre los mismos"

¿Cuáles serían los beneficios inmediatos y evidentes de la boleta única?

Hace más de diez años que trabajamos en instrumentos de votación. Hemos acompañado la boleta única en las dos jurisdicciones donde ya se implementó y en la provincia de Mendoza, donde se sancionó hace poco. En el contexto subnacional de argentina y de otros países, se ve que es muy efectivo para fundamentalmente alinear las preferencias del electorado con los resultados de la manera más directa posible. Además, permite que toda la oferta electoral disponible esté asegurada durante toda la jornada en todo el país. 

¿En qué aspecto piensa que CIPPEC debe ser más ambicioso?

CIPPEC tiene 22 años de historia, es una de las instituciones sólidas que permanecen más allá del paso de las personas. Tiene un equipo fabuloso, pero creo que tenemos un potencial subaprovechado en términos del impacto directo en las políticas públicas. Nuestro objetivo es propiciar mejores políticas públicas para el mediano y largo plazo, y todos nuestros esfuerzos están puestos en eso. Estamos tratando de traccionar la institución para que ese camino sea lo más corto posible.

SL

Un página que expuso el vínculo entre ONG que se presentan independientes y los proyectos políticos fue escrita en años recientes en Brasil por Transparencia Internacional y los fiscales del Lava Jato.

La entidad alemana cofundada en 1993 por el exfuncionario del Banco Mundial Peter Eigen y el exagente de inteligencia militar Michael Hershman otorgó el Premio Anticorrupción 2016 al principal procurador del Lava Jato,  Deltan Dallagnol, un abogado evangélico que se describe a sí mismo como “discípulo” o “soldado de Cristo”.

En junio de 2019, cuando el sitio brasileño The Intercept divulgó los mensajes de Telegram que demostraban como Dallagnol y el juez Sergio Moro habían pergeñado abusos y fabricado pruebas para investigar Lava Jato, ilegalidades que terminaron en la anulación de la condena a Luiz Inácio Lula da Silva, Transparencia Internacional reaccionó a la defensiva. La ONG alemana se alineó de inmediato con Moro (entonces, ministro de Justicia de Jair Bosonaro) y Dallagnol, denunció la “indebida” divulgación de los mensajes, reclamó una investigación por la “manipulación” de los textos e hizo un pedido genérico para que se aclararan los intercambios entre el juez y el fiscal.

Había razones para una reacción tan inusual de la ONG apartidaria por excelencia, cuya filial argentina es Poder Ciudadano. Los mensajes de The Intercept demostraron que el delegado de Transparencia en Brasil, Bruno Brandao, tenía un trato cotidiano con el soldado Dallagnol. Coordinaban acciones, se pedían permiso para actuar y maquinaban negocios. En sórdida fraternidad, se juramentaban lealtad eterna vía smartphones al tiempo que se alertaban de no dar pasos en falso que pudieran alterar la imagen de independencia.

'Gostei mto da idea', tecleó Deltan

Dos años antes de la divulgación de los textos, en junio de 2017, Brandao propuso al fiscal crear una fundación anticorrupción que gerenciaría Transparencia Internacional con fondos recuperados de Petrobras. “Gostei mto da idea”, tecleó Deltan. Conocedor de leyes, el fiscal aclaró que participaría de la gestión, pero en secreto, porque su cargo le impediría asumir una empresa de ese tipo. Se mostraron pudorosos cuando dieron rienda suelta a la imaginación y llegaron a pensar donaciones mutuas.

Finalmente, el contubernio no cobró vuelo porque la entonces procuradora general de la República, Raquel Dodge, le bajó el pulgar. La cruzada ética de Moro, Dallagnol, Michel Temer,  Bolsonaro y la ONG de Eigen y Hershman comenzaba a mostrar los hilos. 

Transparencia Internacional no respondió un email de este diario para consultar sobre el caso.

SL