La previa del acto que encabezará este viernes el presidente Javier Milei en el municipio bonaerense de Tres de Febrero estuvo marcada por momentos de tensión. En las inmediaciones del centro del distrito, militantes opositores se acercaron para repudiar la presencia del mandatario y se produjeron empujones y forcejeos con simpatizantes libertarios.

Efectivos de Gendarmería debieron intervenir para separar a los manifestantes y evitar que la situación escalara. El operativo de seguridad fue reforzado ante la expectativa por la presencia de Milei, que retomó su agenda de campaña electoral luego de su viaje a Estados Unidos, donde se reunió con su par Donald Trump.

El jefe de Estado encabezará durante la tarde una nueva caravana de La Libertad Avanza, en la zona céntrica del municipio que gobierna su aliado Diego Valenzuela. La actividad forma parte de la serie de recorridas que el Presidente viene realizando en distintas ciudades del país en el tramo final hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Al igual que en actos anteriores, Milei se subirá a la parte trasera de una camioneta y, micrófono en mano, dará un mensaje a la militancia libertaria reunida en el lugar. Según anticiparon desde su entorno, volverá a insistir con su consigna de campaña: “La libertad avanza o la Argentina retrocede”.

Junto al Presidente estarán el intendente local Diego Valenzuela; la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich; el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el armador del espacio Sebastián Pareja, entre otros referentes del oficialismo.

Tras el acto en Tres de Febrero, Milei continuará el fin de semana con actividades en el interior del país. El sábado por la mañana visitará Santiago del Estero, donde recorrerá la ciudad junto a los candidatos de La Libertad Avanza Laura Godoy (a diputada nacional) y Tomás Figueroa (a senador nacional). Por la tarde, a las 18.30, llevará su caravana a San Miguel de Tucumán, donde se mostrará con el postulante a diputado Federico Pelli.

Un repartidor de aplicaciones fue asesinado de tres balazos durante la noche del domingo cuando delincuentes quisieron robarle su moto. La víctima se llamaba Emanuel Ledesma y tenía 30 años. Sólo pudieron sacarle su celular. El hecho ocurrió frente a un local de comidas rápidas en la localidad bonaerense de Villa Bosch. Esta tarde un grupo de deliveries se reunió frente a la comisaría quinta de Tres de Febrero, en Avenida Márquez al 1400, para reclamar justicia y mayor seguridad, pero la protesta escaló y prendieron fuego un patrullero. Las llamas se expandieron y tomaron a otros dos vehículos que estaban estacionados en la calle.

“Están matando trabajadores. Están matando a los pibes que salen a trabajar”, dijo uno de los manifestantes en diálogo con el canal de noticias TN. Y ante la consulta sobre por qué habían decidido prender fuego un patrullero, respondió: “Porque no nos dan respuesta. Cada vez que te roban te salen con cualquier invento. ¿Me vas a decir que ellos no saben quién roba, quién mata, quién vende? Todo saben”.

El comisario de la dependencia afectada intentó calmar a los repartidores, pero no lo logró. Por el contrario, ellos le respondieron que se quedarán allí hasta la hora del velorio de la víctima, hoy a las 20. Más tarde llegaron los bomberos y trabajaron en sofocar el fuego.

Efectivos de la Guardia de la Infantería desalojaron a los manifestantes y se produjeron algunos incidentes, en los que al menos un policía resultó herido al recibir una pedrada en una pierna, mientras que también un manifestante fue detenido.   

A Ledesma lo mataron en el cruce de las calles Claudio Castro y Campo de Mayo, entre al menos dos delincuentes que iban a bordo de su moto, cuando llevaba un pedido. El crimen se desencadenó luego de que el repartidor se resistiera al robo de su Honda Cg 150. Aunque minutos después del ataque fue trasladado por un móvil policial hasta el Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, en Martín Coronado, falleció.

MM

“Estirá la mano porque te corto las patas también. No vas a caminar, no vas a robar nunca más, vos”, dice el que maniobra el cuchillo de carnicero y la pinza. Otro apunta el celular, un plano cerrado sobre el enchastre de sangre. Ya está empezado: falta un dedo. En turnos le gritan lo imposible, que se quede quieto, que no chille, que no esconda los que aún conserva. El tercer hombre obedece. No tiene voz. Ya sabe que es inútil rogar, dar explicaciones, prometer que no volverá a hacerlo. Llorando, soporta la mutilación.

El video –el mensaje– reenviado muchas veces dura menos de tres minutos. Carlitos o El Francés, según quien se lo cruzara en los pasillos, no sobrevivió. Era de Güemes, una barriada de San Martín muy cerca de las villas Melo y Loyola. Los que lo torturaron y mataron eran narcos de Villa Sarmiento que no le perdonaron que hubiera metido “la mano en la lata”: no rindió una plata o una bolsa. La misma geografía fue nombrada y escrita una y otra vez en los últimos días, luego de más de veinte muertos y otros tantos internados por consumir cocaína “adulterada”. Según la versión oficial, encarnada en el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, el expulsado Joaquín Aquino, apenas Paisa para los conocidos, es el capo que movió la droga de San Martín a Puerta 8, en el fondo de Tres de Febrero y pegado al arroyo Morón, desde donde salió el veneno que provocó la emergencia epidemiológica en la provincia de Buenos Aires. Las voces en el territorio suelen ser más desconfiadas.

“Para hacer el show”

“Por la pinta nomás te das cuenta que ese no es jefe, pero lo que importa es dar una respuesta a la demanda social, resolver la indignación inmediata. Encima resucitan a Mameluco (ante los micrófonos, Berni presentó al capturado Paisa como el sucesor del histórico narco de San Martín Miguel Villalba, hoy cumpliendo condena en el penal de Rawson) para hacer más show. El verdadero culpable no va a caer ni a palos. Ya está, agarraron a uno, la semana que viene aparece otro hecho de inseguridad y acá otra vez no queda nadie”, explica el referente de un merendero de San Martín que no puede dar el nombre porque “el conflicto entre bandas se puso más violento, más dramático”.

Además de la conveniente detención del Paisa en una casa de José C. Paz (habían pasado apenas 24 horas de conocerse el desastre, pero más de tres meses desde que el fiscal Diego Iglesias de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) ordenara su captura por otra causa de drogas), hubo más allanamientos en Puerta 8. Ante el fiscal Germán Martínez y el fiscal general Marcelo Lapargo de San Martín, los detenidos repitieron que su único delito era vivir o merodear en la zona.

“Se me acercó una de las familias para contarme que la policía les pegó, les metió falopa y los detuvo. Como Berni necesitaba una noticia impactante para presentar ante los medios, allanaron y detuvieron a cualquiera. Hay gente detenida que no tiene nada que ver, ni siquiera tenía un gramo de marihuana en la casa”, se queja el abogado Juan Manuel Casolati, reincidente en eso de defender a jóvenes pobres en causas armadas.

Venís al barrio y te parás al lado mío en medio de una calle a mirar. Yo te voy a mostrar que al menos uno de cada familia estuvo en cana por vender drogas

“La corrupción policial –continúa– y la complicidad del poder judicial en San Martín es terrible. Todas las bandas negocian con cada una de las reparticiones de la policía en el distrito. Por eso se está desnaturalizando el paradigma de la ilegalidad. La policía pasó de proteger a una banda en desmedro de otra a hacer negocios con todas y eso en algún momento termina mal”.

Para Casolati, el andamiaje de un narco Estado paralelo se sostiene en la detención casi exclusiva de pibes que viven en los barrios “Estas causas son armadas por la policía, y son muy pocas las que llegan a juicio oral. Los imputados terminan negociando el mínimo de cuatro años en un juicio abreviado aun siendo inocentes porque tienen miedo de comerse más años si van a juicio oral. Justamente es la instancia del juicio donde los policías tendrían que ir a declarar, mostrar la investigación que hicieron, y entonces el estándar de corrupción saldría a la luz. La fiscalía termina siendo cómplice de estos procedimientos ilegales de la policía y lo mismo ocurre con los jueces que auspician estos juicios abreviados para ahorrarse trabajo. Toda queda en la oscuridad. Muchos miembros del poder judicial, aun siendo honestos, participan como actores secundarios de estos procesos fraudulentos”.

Eslabones menores y consumidores

El informe correspondiente al año 2020 –el último publicado– del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad –que recoge la información aportada por las distintas fuerzas de seguridad provinciales y federales– confirma que más del 70% de toda la actividad policial vinculada a la Ley de Estupefacientes 23737 se concentra en delitos de tenencia atenuada para uso personal (56,1%) y tenencia simple (16,3%). En cambio, aquellos delitos relacionados al gran tráfico como organización y financiación y contrabando expresan porcentajes ínfimos (0.3% y 0,7% respectivamente).

Los registros de la Procunar aportan en la misma dirección. Aunque a la justicia federal le corresponde la investigación de delitos más graves como comercio, traslado y tráfico a gran escala, el 30 % de las causas iniciadas durante el 2020 fueron por tenencia para consumo personal. Si este porcentaje se suma al de tenencia simple, el fuero federal destinó el 40 % de su actividad a delitos menores.

“La estadística, tanto la policial como la judicial, permite ver que la concentración de la actividad del Estado está en los eslabones menores y en los consumidores”, dice Ángela Oyhandy, quien fuera la directora de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Sabina Frederic.

“Un dato interesante –agrega– es que más del 75 % de las causas iniciadas vinculadas a drogas en la justicia federal las originan fuerzas federales y policías provinciales en tareas supuestamente de prevención, como los operativos de saturación y los patrullajes. Sólo el 17 % surgen de investigaciones del poder judicial y ministerios públicos fiscales, lo que genera la preponderancia hacia la judicialización de causas por tenencias y pequeño tráfico”.

Más del 70% de toda la actividad policial vinculada a la Ley de Estupefacientes 23737 se concentra en delitos de tenencia atenuada para uso personal (56,1%) y tenencia simple (16,3%)

Los informes elaborados por la fiscalía federal N° 6 a cargo de Federico Delgado sobre delitos relacionados al consumo de sustancia demuestran que desde el precedente “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2009, este tipo de procesos culmina en el archivo.

“Por lo tanto –concluye Delgado– la inversión económica y la energía humana que se consume en todo el proceso que va desde la detención del infractor, la confección del sumario en papel, el ingreso al sistema judicial y el archivo del expediente, constituyen parámetros que deberían revisarse a la hora de evaluar en qué gastar ese dinero y energía que luego faltan para investigaciones cualitativamente más importes”.

La Procunar regala un último dato esclarecedor. El 85 % de las causas iniciadas en la justicia federal en 2020 involucraron a una persona o a ninguna (por ejemplo, cargamentos abandonados). Si sumamos aquellas causas en las que hay hasta dos imputados, la cifra asciende al 95 % del total. El cálculo es fácil: apenas el 5 % de los expedientes abiertos son, o al menos se suponen, investigaciones por narcotráfico.

 “No hay que pinchar teléfonos para averiguar tanto. Todos conocen al narco, el nombre, el lugar, el proveedor, el jefe de calle que es socio. La lógica del consumo y de la venta está incorporada en la comunidad”, dice un ex detenido, hoy dedicado al trabajo social en Villa Loyola. Para explicarlo mejor propone una invitación. “Venís al barrio y te parás al lado mío en medio de una calle a mirar. Yo te voy a mostrar que al menos uno de cada familia estuvo en cana por vender drogas. Y muchas son mujeres porque necesitan la plata para darles de comer a los hijos, para pagar el alquiler. La gente acá vive de eso porque no hay una alternativa real”.

GR/WC

Rubén está apurado. Tiene que llegar al Metrobús que recorre la ruta 8 para tomarse un colectivo y llegar a la obra en construcción en la que trabaja. Lleva algunas herramientas en la mochila por si, antes de volver a casa, lo llaman para que haga algún trabajo de plomería. En el apuro, esquiva algunos pero no todos los charcos que la lluvia y la calle de tierra arman en la entrada de Puerta 8, un asentamiento en la localidad de Churruca, partido de Tres de Febrero: este miércoles, esas manzanas fueron señaladas y allanadas por haber sido el punto de venta de la cocaína adulterada que produjo, hasta este momento, la muerte de al menos 23 personas. La falta de un tendido cloacal regular y la cercanía al predio de disposición final de residuos del CEAMSE se apilan para hacer que estas cuadras tengan olor a agua estancada y basura en plena descomposición.

Las últimas 48 horas de Rubén fueron difíciles. En la madrugada del jueves, cuando le avisaron que su hermano vomitaba sangre y estaba entumecido, lo sacó de su casa de Puerta 8, lo subió al auto familiar y lo llevó al Hospital Bocalandro de Loma Hermosa. “Es adicto mi hermano, creíamos que había tomado mucho, pero en el hospital nos dijeron que estaba intoxicado con alguna sustancia, le hicieron un lavaje de estómago de urgencia y lo pudimos traer de nuevo a las siete de la mañana. Tomó de lo que vendían acá en el barrio, lo que está matando gente”, dice Rubén, y también se apura a decir: “Zafó. Tuvimos suerte. Zafó”.

La segunda vez que Rubén llevó a un hospital a su hermano fue cuando su mamá volvió a avisarle que vomitaba sangre. Fue este jueves a la tarde. “Otra vez se descompuso, lo llevamos al Posadas y volvieron a compensarlo. Ahora está bien del todo, parece”, cuenta Rubén, apurado por un vecino que va a caminar con él hasta el Metrobús para ir a trabajar como ayudante de un electricista y apurado también porque no quiere que ninguno de los móviles de televisión lo enfoque. “El barrio se complicó el año pasado. Ya hubo allanamientos y ayer con todo lo de los muertos hubo de nuevo. Cuando yo llegué de trabajar encontré toda mi casa revuelta, la puerta rota, todo dado vuelta. Es duro encontrar tu casa así cuando no tenés nada que ver. Pero lo más duro es que ayer se llenó todo de Policía y hoy no hay ni una consigna, no nos cuida nadie. Acá pasan cosas, y nos dejaron solos”, dice Rubén.

Fernando es el vecino que lo espera para tomar el colectivo: los dos viven en Puerta Azul, un asentamiento que concentra a unas 170 familias, desde hace más de 25 años. “El año pasado, en septiembre u octubre, hubo un día que hubo tiros acá en el barrio. Eso no pasaba antes acá, pero habíamos empezado a ver cosas raras. Nosotros pensamos que con esos tiros ya se había repartido el territorio y listo. Pero parece que no”, desliza Fernando. Apenas se conocieron las primeras muertes por intoxicación con cocaína adulterada, se deslizó como hipótesis la posibilidad de que se tratara de una disputa entre bandas narco en la que una habría intoxicado la sustancia que la otra tenía para vender, pero esa idea fue perdiendo protagonismo con el correr de la hora.

“Este es un barrio de laburantes. Acá vivimos tranquilos hasta el año pasado que empezó esto de que se instalen en alguna casa y haya un par de 'soldaditos' en el barrio. De los diez que detuvieron, siete u ocho son laburantes, no tienen nada que ver con toda esta cosa narco, y otros dos o tres, bueno, por ahí laburaban un poco avisando qué movimientos había cerca de esa casa en la que se guardaba todo, custodiando la cosa, en general pibitos”, describe Rubén.

Los negocios que dan a una de las calles por las que se puede entrar a Puerta 8 -uno de arreglo de ropa, otro que funciona como almacén- están cerrados. Algunas de las mujeres que los atienden asoman la cabeza por la reja: cuanto más cerca están las cámaras de los noticieros, más se vuelven a meter en sus locales, que anuncian sus ofertas en cartones escritos con témpera o varias pasadas de birome. Una vecina sale por uno de los pasillos finitos por los que no puede entrar ni una ambulancia, ni un patrullero: “Ayer salimos en todos lados. Se enteró todo el país de cómo se llama este barrio en el que algunos estamos hace más de veinte años. Lo que pasa es que los que manejan todo esto que encontraron acá no viven acá. Acá viven nuestros hijos y nuestros hermanos, que son los que compran, toman y se enferman o se mueren”.

JR

Todo sucedió entre la noche de ayer y la madrugada de hoy. Lo que llamó la atención en la Fiscalía de Morón es que cuatro personas llegaron al hospital San Bernardino de Hurlingham con los mismos síntomas, un cuadro de shock y excitación psicomotriz, que derivaron en un paro cardiorespiratorio. Otras cuatro personas murieron en distintos hospitales de San Martín y Tres de Febrero. Dos datos relacionan a esas personas con el lugar que allanaron esta mañana, ubicado en Puerta 8, Partido de Tres de Febrero: que habían consumido cocaína adquirida en ese lugar y que alos envoltorios que contenían la sustancia eran, a simple vista, idénticos.

“Nunca estuvimos frente a un caso así”, dice a elDiarioAR un funcionario judicial que investiga los fallecimientos. Como la venta se habría producido en un barrio de Tres de Febrero, la investigación la lleva la Fiscalía de San Martín. No han confirmado detenidos en el allanamiento, pero sí registraron los envoltorios, que serían los mismos que tenían las víctimas en su poder.

“Creemos que es cocaína adulterada con algún tipo de veneno. No sabemos cuál porque falta un examen bioquímico a la sustancia que nos dirá de qué se trata. Además, no están listas las autopsias. Para vincular la sustancia hallada con la que consumieron las personas fallecidas hay que extraer tejido de órganos vitales y comparar”, agrega la fuente.

Sobre las versiones que indican que los muertos por haber consumido esta sustancia son once o 17, aclararon que “los fallecidos van apareciendo en distintos hospitales” y que la cantidad que lleva la fiscalía es 8 fallecidos y 12 intoxicados. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, señaló que el número de víctimas fatales es todavía mayor, pero no quiso dar precisiones. En declaraciones a los medios de comunicación, llamó a las personas en situación de consumo a “descartar la droga que hayan comprado en las últimas 24 horas”. La idea es sacar “la partida” de circulación.

“Circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad”

“Se pone en conocimiento de la población en general que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad. Se han producido a la fecha 7 fallecimientos y al menos una docena de internaciones de altísima complejidad por las secuelas de su consumo. Se comunica dicha información a la población en general con el fin de que adopten comportamiento positivos con el fin de protegerse a si mismos y cuidar de su salud”, indica un comunicado difundido hoy por la Fiscalía General de San Martín.

La primera intervención policial se dio entre anoche y esta madrugada en ese centro asistencial tras el ingreso de 11 personas -todas domiciliadas en ese partido del oeste del conurbano- con un cuadro de intoxicación por ingesta de cocaína.

Cuatro hombres, tres de ellos de 33, 36 y 45 años y un cuarto de edad no informada, llegaron fallecidos, según el reporte policial. En tanto, otros siete pacientes -seis de ellos hombres de entre 31 y 41 años y la restante una mujer de 44-, permanecían internados en el mismo hospital.

AS con información de Télam

Al menos 20 personas murieron por la aparente ingesta de cocaína envenenada y 21 permanecían internadas en hospitales de distintos partidos bonaerenses, según informaron fuentes del Gobierno bonaerense, mientras que el fiscal general que interviene en la causa dijo que se sospecha de un hecho intencional.

Los voceros detallaron que de los internados 18 están con asistencia respiratoria mecánica en los hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro y Vicente López.

Durante la jornada el Ministerio de Salud bonaerense constituyó un comité de emergencia para seguir la evolución de los casos en tiempo real y en articulación con los servicios de toxicología de la red bonaerense, al tiempo que se reforzó la distribución de medicamentos para el tratamiento de los pacientes y se sumaron dos unidades para el sistema de traslados.

Debido a la masiva intoxicación, el Ministerio de Salud provincial emitió esta tarde un “alerta epidemiologica” por “probable intoxicación con opiáceos” ante “la identificación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína en establecimientos de salud de los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez.

Sobre las circunstancias del episodio, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, dijo que “puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas”, ya que no hay antecedentes de este tipo, lo que lo lleva a pensar que “la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo”.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que en una serie de procedimientos que encabezó esta tarde en un asentamiento conocido como “Puerta 8”, del partido de Tres de Febrero, fueron detenidas diez personas en un búnker de venta de cocaína que ya había sido allanado hace 45 días en el marco de otra investigación.

En la causa interviene una fiscalía especializada en Drogas Ilícitas del departamento Judicial de San Martín, a cargo de Germán Martínez, quien deberá ahora determinar si ese asentamiento fue el origen de la droga y si los detenidos tuvieron responsabilidad en su comercialización.

Sobre las circustancias del hecho, Lapargo contó esta tarde a la prensa que aún no se sabe con qué se adulteró la cocaína y dijo que hay sospechas de que se trató de un hecho intencional.

“Nosotros no sabemos con qué está adulterada, no es algo normal, no es algo habitual. Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo”, sostuvo Lapargo.

Al respecto, agregó: “Tenemos el testimonio de una persona que estuvo en un grupo que estaba consumiendo que dijo simplemente yo consumí una cantidad pequeña, me sentí muy mal y no consumí más. Los que estaban con él siguieron y fallecieron tres de ellos”.

En ese sentido, las fuentes consultadas indicaron que uno de los intoxicados llegó a contarle a la policía que la droga que había ingerido la había comprado en las inmediaciones del barrio de emergencia “Puerta 8”, en Tres de Febrero, y se le secuestró un envoltorio con la sustancia en cuestión, que ahora será analizada en laboratorio, junto a otra dosis de la droga que se le incautó a uno de los pacientes de la Unidad de Pronta Atención (UPA) 9, envuelta en un billete de 20 pesos.

Al determinarse el posible punto de venta de la droga, la UFI 16 de San Martín, se hizo cargo de toda la investigación por las muertes y decenas de intoxicados, inlcuso de los fallecidos en Hurlingham.

Berni informó que en los lugares allanados “halló cocaína en envoltorios similares” a los que aportó un familiar de una de las víctimas,

“Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla”, advirtió Berni.

DA con información de Telam