América Latina alberga el 40 % de la biodiversidad del planeta, contiene más de una cuarta parte de los bosques del mundo, que son hogar de más de 800 pueblos indígenas, y enfrenta amenazas constantes ante el avance de economías ilegales. Sin embargo, la importancia que los gobiernos asignan a la protección del ambiente en términos económicos parece ser nula si revisamos sus presupuestos nacionales.

Con el propósito de monitorear el nivel de importancia que los Estados de la región asignan a la protección de la naturaleza, Mongabay Latam analizó las cuentas públicas de Perú, México, Colombia, Argentina, Ecuador y Bolivia de los últimos 16 años y encontró que los ministerios de Ambiente han sido sistemáticamente relegados al último escalón de las prioridades estatales.

La base de datos construida para esta investigación, a partir de información extraída de las partidas presupuestales oficiales, reveló que, entre 2011 y 2026, el promedio de la inversión ambiental en cada uno de estos seis países no llegó ni al 1% del gasto total del Estado.

Mongabay Latam también entrevistó a 31 exfuncionarios, investigadores y especialistas en conservación en los países analizados. El consenso es claro: históricamente, se trata de un sector al que se le ha negado la prioridad y el peso que verdaderamente requiere.

“Nos encontramos en los niveles históricos más bajos del presupuesto nacional, la situación se complica mucho más con la decisión oficial de dejarnos al margen de los acuerdos internacionales e incumplir las metas climáticas”, dice Gonzalo Vergez, coordinador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA).

“Hay un error constante en los miserables montos de presupuestos [ambientales], es un gravísimo error de concepción de lo que es importante e irreversible, como son los ríos contaminados con mercurio [debido a la minería de oro]”, reclama la diputada boliviana Cecilia Requena.

Para José Antonio Dávalos, exministro de Ambiente de Ecuador, el debilitamiento del presupuesto e incluso la degradación del sector ambiental responde a una tendencia en la región. “Estos países necesitan que el sector ambiental sea lo menos complicado para que no entre en conflicto con otros sectores”, opina.

Esta situación beneficia a proyectos enfocados en la extracción de recursos, de acuerdo con Juan Carlos González, economista ambiental y asesor en proyectos de conservación de biodiversidad y territorios de pueblos indígenas en América Latina. “Si quieren abrir una nueva ronda petrolera, no les conviene un ministerio de Ambiente fuerte”, sostiene.

Al comparar, además, el presupuesto asignado a los gabinetes ambientales con el destinado a otras carteras se detectó la misma tendencia: Ambiente se quedan siempre con la tajada más pequeña del pastel. Esto contrasta con el presupuesto que se asigna a carteras como las de Defensa, que en todos los países ha sido superior a las de Ambiente.

En un contexto donde la sostenibilidad aún no se considera un pilar del desarrollo nacional, ¿cuáles son los sectores prioritarios en estos países?

Por citar unos ejemplos, en Perú, Mongabay Latam encontró que el Ministerio de Economía y Finanzas reforzó su dominio presupuestario, pasando de representar el 24 % del total ministerial en 2011 al 31 % en 2026.

En Argentina, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no solo es el más grande, sino que su importancia ha crecido sustancialmente: pasó de recibir el 53 % del presupuesto en 2017 al 79 % en 2026.

No es el mismo escenario en Bolivia, donde la seguridad interna y la defensa nacional son la prioridad. Los ministerios de Gobierno y Defensa encabezan el ranking de distribución presupuestal.

“Sí hay una crisis económica, pero hay otros sectores que también están creciendo. La [Secretaría] de la Defensa [de México] tenía un presupuesto en el año 2000 que era el doble que el de Ambiente y ahora es más del triple”, advierte Julia Carabias Lillo, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretaria de Medio Ambiente de México.

La prioridad en Ecuador, México y Colombia, según la distribución de los recursos, son los sectores de Educación, Salud y Desarrollo Social.

Argentina, Ecuador y Bolivia: los países que erosionaron sus ministerios de Ambiente

Uno de los fenómenos más preocupantes de los últimos años es la erosión de la importancia de los ministerios de Ambiente, situación que ha ocurrido, de manera más evidente, en Argentina, Ecuador y Bolivia.

En Argentina, el Ministerio de Ambiente pasó a ser una cartera degradada al rango de Subsecretaría en 2024, con la llegada de Javier Milei.

En diálogo con Mongabay Latam, Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre, afirma que en Argentina, “independientemente del gobierno nacional de turno, los temas ambientales nunca fueron prioridad y por eso nunca se logró una incidencia real en la promoción de un modelo de desarrollo sustentable en la política nacional”. Una opinión con la que coincide el coordinador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Gonzalo Vergez, quien advierte, además, que con el gobierno de Javier Milei el país se encuentra en “el momento más crítico de la historia ambiental”.

Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, advierte que al bajo presupuesto se suma “el recorte en instituciones, en programas y personal, y también en la participación argentina en las cumbres de cambio climático y biodiversidad”.

Esta inacción financiera, sumada a la degradación institucional del Ministerio de Ambiente, coincide con periodos de alta incidencia de incendios forestales, dejando a las brigadas de control en una situación de vulnerabilidad extrema.

“La disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego representa un claro retroceso, toda vez que el fideicomiso constituía una herramienta ágil y veloz para dar respuesta a las demandas de la temática”, sostiene Martín Illescas, exdirector General de Proyectos con Financiamiento Externo y Cooperación Internacional del Ministerio de Ambiente del gobierno de Alberto Fernández.

En Ecuador se repite la misma historia de recortes presupuestales y de degradaciones. Tras la fusión del Ministerio de Ambiente con la Secretaría del Agua, en 2020, la entidad ha tenido que gestionar una agenda doble con pocos recursos. Pasó de manejar 147 millones de dólares en 2012, su máximo histórico, a apenas 30 millones de dólares en 2025. Casi la quinta parte del presupuesto que solía tener.

Tarsicio Granizo, actual director de WWF Ecuador y ex ministro de Ambiente durante el mandato de Lenín Moreno (2017-2018), admite que la falta de interés del Estado por el ambiente se evidencia claramente en la baja asignación de recursos económicos. “El tema ambiental no ha sido, en la mayoría de las veces, una prioridad para el Estado y eso se refleja en los presupuestos”, reconoce.

La situación de Ambiente en un país que debe enfrentarse a la presión minera y al crimen organizado en la Amazonía parece agravarse, pues en 2026, bajo el gobierno de Daniel Noboa, el Ministerio de Ambiente y Agua fue absorbido por el nuevo Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

El sector ambiental fue reducido así a dos viceministerios: uno de Ambiente y otro de Agua. Según la información remitida a Mongabay Latam por el actual MAE, para 2026, el presupuesto conjunto de ambas dependencias fue de 14.6 millones de dólares, distribuidos en 11.4 millones para Ambiente y 3.2 millones para Agua. Esta cifra es menos de la mitad de lo que manejó el Ministerio de Ambiente y Energía en 2025 y la más baja desde 2011.

La falta de presupuesto parece reflejarse en la lenta operación dentro de esos dos viceministerios. A la fecha, hay más de 43 000 trámites sin atender en el Viceministerio de Agua y en el Viceministerio de Ambiente, de acuerdo con información entregada por el MAE.

Bolivia es uno de los países donde el presupuesto ambiental ha crecido con los años. Sin embargo, esta asignación representa, en promedio, apenas un 0.56% del Presupuesto General del Estado (PGE) en los últimos quince años.

Para Gonzalo Colque, economista e investigador de Fundación Tierra, esta cifra demuestra el “real interés” que les dan las autoridades bolivianas a materias ambientales, que por ahora –afirma– “solo queda en discursos”. “Detrás de picos estadísticos recientes, la historia fiscal del país revela un abandono crónico que tocó fondo en 2015, cuando el sector ambiental recibió un humillante 0.3 % del PGE. Las cifras oficiales exponen que la crisis climática se combate con discursos millonarios, pero con billeteras vacías”, cuestiona.

También se debe tener en cuenta que la mayor parte del presupuesto del Ministerio del Ambiente se destina a la categoría de Agua Potable y Alcantarillado en Áreas Urbanas y Periurbanas. En 2025, este programa recibió el 68 % de los fondos destinados a la cartera ambiental, cifra que indica que la prioridad absoluta del ministerio fue el servicio básico en ciudades.

Stasiek Czaplicki, economista ambiental e investigador boliviano, explica que durante muchos años la mayor parte del presupuesto ambiental correspondía a un presupuesto hídrico-productivo, que contemplaba proyectos de riego, represas, entre otros, y no a un presupuesto hídrico-ambiental, es decir proyectos de conservación de cuencas hídricas o saneamiento de agua.

“Por ejemplo, en 2024, más del 60 % del presupuesto de dicha cartera estaba destinado al rubro hídrico. Asumir que todo ese presupuesto era ambiental puede falsear el análisis y dar la impresión de que existía un presupuesto amplio para temas ambientales, cuando no fue así”, detalla el investigador.

En ese contexto, a fines de 2025, el presidente Rodrigo Paz anunció la disolución del Ministerio de Ambiente y Agua y su fusión con el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Aunque en la actualidad el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente se encuentra en funciones, en el documento de Ejecución Presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas los presupuestos de ambas carteras figuran separadas en 2026: Planificación del Desarrollo cuenta con 830 600 572 bolivianos (unos 70.9 millones de dólares) mientras que Ambiente y Agua cuenta con 2 653 024 121 (unos 226 millones de dólares).

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México: altos costos pero para agua y saneamiento

México, con presupuestos que superaron los 72 000 millones de pesos (alrededor de 4222 millones de dólares) en años recientes y una ejecución promedio de 97 %, lidera el volumen financiero y la eficacia de gasto entre los países analizados.

Sin embargo, su estructura presupuestaria esconde una trampa. Al desglosar el presupuesto del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales la realidad interna muestra una concentración en infraestructura hídrica, es decir, en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Mientras, las entidades encargadas de la protección ambiental, como la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, vieron reducida o congelada su participación en la torta presupuestaria.

Históricamente, la Comisión Nacional del Agua ha concentrado los recursos del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales. En 2023, la CONAGUA absorbió el 89 % de los recursos totales, dejando a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental con presupuestos que rondaron apenas el 2 % y el 1.2 % del sector, respectivamente.

“Conagua concentra hasta el 90 % de los recursos destinados y hay cada vez menos dinero para otras instancias muy necesarias y bastante afectadas en los últimos años”, precisa a Mongabay Latam Gina Chacón, directora de política pública de la organización Wildlands Network, una ONG que trabaja en la protección y restauración de hábitat de vida silvestre.

Aunque el presupuesto asignado al sector de Medio Ambiente y Recursos Naturales se mantiene en un nivel intermedio (45 564 millones de pesos en 2026, unos 2675 millones de dólares), los presupuestos de 2025 y 2026 confirman una reducción frente a años anteriores.

De acuerdo con Julia Carabias Lillo, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exsecretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, el financiamiento destinado al sector ecológico experimentó un declive drástico a partir de 2015, coincidiendo con la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto. Agrega, además, que en ese periodo se impulsaron políticas que favorecieron otras áreas en detrimento de la agenda ambiental.

A esto se añade que la gestión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha sido una de las más volátiles en la última década, especialmente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, donde la dependencia tuvo tres titulares distintos.

Los cuestionamientos al sector han girado en torno a la subordinación del Ambiente frente a proyectos energéticos y de infraestructura, como el Tren Maya, así como conflictos éticos y recortes presupuestales.

Chacón agrega que no solo hay una tendencia a desfinanciar los órganos desconcentrados de Ambiente, sino que hay opacidad en la rendición de cuentas de este gasto. “Tampoco hay información que dé cuenta del uso del dinero público que se asigna a cada uno de estos órganos desconcentrados dentro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, indica la experta.

Mongabay Latam contactó en varias ocasiones a la vocería de la Semarnat para conocer su posición frente a la brecha presupuestal con la que opera. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Colombia y Perú, baja eficiencia y la última prioridad

Colombia es una de las naciones más peligrosas para quienes protegen el ambiente. Al menos 548 defensores del ambiente y el territorio han sido asesinados en el país entre 2012 y 2025, según el último reporte de Global Witness. Detrás de las muertes más recientes está el crimen organizado, el narcotráfico, los grupos armados y la minería ilegal, entre otros conflictos socioambientales y casos de criminalización.

A ello se suma otros problemas ambientales que atentan contra la biodiversidad del país, como la deforestación, la ganadería extensiva, la construcción de vías ilegales y la amenaza a hábitats cruciales, especialmente a las áreas protegidas.

Este escenario en Colombia sucede a pesar del aumento sustancial del presupuesto para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El análisis revela que, bajo la administración del presidente Gustavo Petro, los fondos asignados a la cartera ambiental se cuadriplicaron entre 2022 y 2024. No obstante el incremento, la cifra asignada al Ministerio de Ambiente de Colombia apenas representó durante su gobierno alrededor del 0.16 % del Presupuesto General del Estado en 2015.

Para Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia y excongresista por el Nuevo Liberalismo para el periodo 2022-2026, aunque haya un aumento del presupuesto, no todos los nuevos recursos están relacionados a atender los problemas del sector ambiental.

El ex representante de la Cámara Juan Carlos Losada (Partido Liberal) señala que el monto asignado a la cartera ambiental aún está lejos de la cifra que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es decir en el 1 % de Producto Interno Bruto (PIB), que para el caso de Colombia equivaldría a cerca de 18 billones de pesos. “Aquí no estamos llegando a la décima parte de eso”, señala el excongresista.

Por otro lado, a pesar de tener más recursos, la eficiencia del gasto del Ministerio de Ambiente se desplomó a un mínimo histórico de 32.34% en 2024, que se recuperó alcanzando un 70 % en 2025, pero en lo que va de este año su ejecución es apenas del 25 % (hasta septiembre).

“El gobierno de Petro ha tenido importantes presupuestos para invertir en el sector ambiente, pero con una pésima ejecución. Por ejemplo, el freno a la deforestación y restauración de la conservación de la Amazonía tenía una apropiación de 354 000 millones de pesos (unos 88.5 millones de dólares) y su ejecución fue cero en 2026”, explica Miranda.

Dentro del sector ambiental colombiano, el Ministerio de Ambiente es la entidad que recibe la mayor parte del presupuesto del sector (un promedio de 35 %), mientras que Parques Nacionales Naturales de Colombia apenas el 11 % y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el 5.28 %.

A decir de los expertos, la situación de Parques Nacionales es una muestra de la debilidad del financiamiento de todo el sector ambiental y de cómo afecta el cuidado de las 123 áreas protegidas que tiene el país. “En ese caso, ni siquiera hablamos de problemas en el presupuesto de inversión, ahí [la falta de] recursos inclusive complica el funcionamiento de todo el Sistema de Parques Nacionales”, explica Sandra Vilardy, científica y ex viceministra de Ambiente.

En Perú, un país marcado por la inestabilidad política, con 9 presidentes en los últimos 10 años, el Ministerio del Ambiente (Minam) no solo se enfrenta a la escasez, sino a la invisibilidad política. Esta cartera se sitúa en el último escalón de las prioridades del país.

Para Alicia Abanto, ex defensora adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y los Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, el presupuesto del Minam “es insuficiente y muy limitado para la cantidad de obligaciones y los desafíos que tiene el sector ambiental”.

Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, añade que es insuficiente en comparación con lo que se asigna a otros sectores dentro del presupuesto nacional. “Más aún, teniendo en cuenta la importante contribución que tienen los bienes y ecosistemas para el bienestar de la población”, argumenta.

La distribución del gasto en Perú revela que las prioridades estatales están ancladas en la infraestructura física, la defensa y la economía, dejando el capital natural en el último lugar de la fila, con un promedio histórico de participación en el Presupuesto General de la Nación de apenas 0.12 %.

El análisis de la evolución presupuestaria de los ministerios de Perú entre 2011 y 2026 revela una expansión significativa del gasto público y cambios en las prioridades estratégicas del Estado. El Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, pasó de manejar el 24 % del total ministerial en 2011 al 31 % en 2026. Su presupuesto creció un 206 %, consolidándose como la cartera con mayor asignación de recursos.

Y aunque el Ministerio de Ambiente ha experimentado un crecimiento notable —pasó de 78.9 millones de soles (unos 28.6 millones de dólares) a 290.4 millones de soles (unos 86.17 millones de dólares) entre 2011 y 2026—, su peso relativo sigue siendo pequeño.

“El presupuesto se define en función al peso político. No se define en función de las necesidades directas de la población, sino principalmente está vinculado con el poder político”, dice Alicia Abanto y explica que los congresistas influyen para la definición de los presupuestos en relación a los intereses que representan.

El relegamiento de la agenda ambiental en Perú no solo se refleja en la precariedad de sus presupuestos, sino también en las decisiones del propio Congreso de la República, que en los últimos años ha promovido retrocesos normativos. Ejemplo de ello son las ampliaciones otorgadas por el Parlamento al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y las modificaciones a la Ley Forestal y de fauna silvestre. “Lo que se busca es debilitar la regulación, porque la regulación, es decir, implementar estándares sociales, ambientales, implica una inversión que no quieren hacer”, opina Lucila Pautrat, directora de la organización Kené, ONG que realiza investigaciones para la conservación, defensa y manejo sostenible de los bosques amazónicos y sus ecosistemas.

Para Ruth Luque, ex presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología en el Congreso y actual senadora del nuevo Congreso bicameral, existe un tema político que influye en el presupuesto y es el debilitamiento de la institucional ambiental. “En estos últimos cinco años es como si el Minam no existiera”, comenta.

Mongabay Latam solicitó entrevistas a los ministerios de Ambiente de México, Argentina, Colombia, Bolivia y Perú para abordar estos temas, pero hasta el cierre de esta edición no atendieron el pedido. Solo la cartera de Ecuador respondió a solicitudes de información que confirmaron la carencia con la que opera y que se refleja en falta de atención a trámites.

Protegidas en papel, abandonadas en el presupuesto

Las agencias encargadas de las áreas naturales protegidas en América Latina operan también bajo una asfixia presupuestaria que contradice la riqueza biológica de la región. A pesar de custodiar ecosistemas que albergan el 40 % de la biodiversidad mundial, estas entidades reciben asignaciones marginales que rara vez superan el 0.08 % del presupuesto nacional.

La consecuencia directa de este ahogamiento económico es el déficit de guardaparques y una paulatina cesión del control territorial frente al avance de las actividades extractivas y el crimen organizado. Mientras la Federación Internacional de Guardaparques (IRF) recomienda como estándar de protección la presencia de al menos un guardaparque por cada 26 kilómetros cuadrados (2600 hectáreas) de área protegida, la realidad latinoamericana bordea el desamparo.

“Hay una brecha de guardaparques, el parque automotor no se renueva, el tema salarial sigue congelado desde 2012”, dice sobre las carencias en el sector un guardaparques ecuatoriano que pidió reserva de su identidad.

En algunos países, como en México, la brecha es extrema: un solo guardaparque debe patrullar 1385 kilómetros cuadrados, una extensión equivalente a cubrir casi la totalidad de la superficie de la Ciudad de México. En Colombia, según una investigación de la economista Adriana Soto, existe un custodio por cada 550 kilómetros cuadrados. En Ecuador, el territorio continental apenas dispone de 598 guardaparques para resguardar su patrimonio natural, a pesar de que se requerirían al menos 5240 agentes para garantizar un umbral mínimo de cobertura.

En Argentina, donde unos 580 guardaparques intentan resguardar cerca de 5 millones de hectáreas, un agente por cada 8000 hectáreas, los analistas apuntan a las deficiencias de una gestión puramente reactiva. “La prevención siempre es la política más barata y efectiva, pero para eso hay que invertir antes y la política está acostumbrada a actuar de manera tardía y reactiva”, precisa Matías Trebucq, economista especializado en ecología y miembro de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

En Perú, recién en septiembre de 2025, tras la aprobación de la Ley del Cuerpo de Guardaparques, se oficializó una nueva escala remunerativa para los 900 guardaparques que están a cargo de las 77 áreas naturales protegidas del país.

Con esta disposición el sueldo mensual de los guardaparques en general subió a 2865 soles (unos 834 dólares), mientras que para los más expertos aumentó a 3265 soles (unos 950 dólares), además de otros beneficios. “Era un sector que estaba completamente rezagado y sus salarios eran de menos de 1000 soles (menos de 300 dólares)”, recuerda la congresista Luque.

El presupuesto asignado “no permite que haya una presencia sólida de protección de los territorios, como para tener estaciones de control, de monitoreo en terreno, de más personal con experiencia”, advierte Abanto sobre la vulnerabilidad institucional del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú.

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En México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administra más de 98 millones de hectáreas, pero apenas recibe el 3.3 % del presupuesto total asignado al sector ambiental, mientras la infraestructura hídrica (CONAGUA) acapara el 82.7 %. Su participación dentro del Presupuesto General de la Federación resulta irrisoria, situándose históricamente por debajo del 0.04 %. Una precariedad similar se replica en Colombia, donde la participación de Parques Nacionales Naturales en el Presupuesto General nunca ha superado el 0.06 % en los últimos 15 años, tocando pisos del 0.03 %.

Especialistas consultados por Mongabay Latam añaden un ingrediente más a este escenario: la presencia de economías ilegales y de crimen organizado en áreas naturales que ha obligado a algunos Estados, como los de México y Colombia, a retirarse por falta de presupuesto. “Cuando hay un intento de defensa del territorio, desaparecen o matan a los líderes. Estamos metidos en un problema de inseguridad de tamaños mayúsculos”, sostiene Carabias, investigadora y ex secretaria de Medio Ambiente de México.

Estos espacios naturales enfrentan incluso presiones de actividades extractivas, como la minería. Un ejemplo es la Reserva de biosfera de la mariposa monarca, donde cerca del 6 % de la zona núcleo está concesionada a una empresa minera, según un análisis elaborado por la coalición Fuera Minería de ANP. Lo que pone en riesgo este ecosistema que alberga una variedad de microclimas, numerosas especies endémicas de flora y fauna, y es punto de anidación de la mariposa monarca (Danaus plexippus plexippus), especie emblemática del país. 

En Argentina, a pesar del fuerte incremento nominal, producto del contexto inflacionario durante los gobiernos previos al de Milei, la participación de la Administración de Parques Nacionales (APN) en el Presupuesto General de la Nación se mantiene en niveles muy bajos, oscilando entre el 0.04 % y el 0.08 % y mostrando una ligera tendencia a la baja o estancamiento en los últimos años (2024-2026).

Para Federico Granato, abogado y expresidente del Directorio de la APN entre 2022 y 2023, Parque Nacionales de Argentina no suele ser visto como un organismo relevante dentro de la estrategia de desarrollo nacional ni está dentro de las prioridades políticas a largo plazo. “En cambio, se lo suele utilizar para propaganda política o para responder a alguna urgencia mediática”, señala.

En el caso de Perú el presupuesto del Sernanp representa, a la fecha, apenas el 0.05 % del Presupuesto General, una cifra que se ha mantenido a lo largo de los años y no ha variado con ningún gobierno. Mientras que el Sernap de Bolivia ha perdido peso presupuestal dentro del Ministerio de Ambiente: pasó de representar el 10 % del presupuesto de esa cartera en 2011 a un 2.8 % en 2026.

Czaplicki explica que en los últimos años el rubro de bosques y conservación quedó “muy desatendido”, ya que sus principales entidades, como el Sernap y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), contaron con presupuestos “muy bajos” que en su mayoría fueron financiados por la cooperación internacional. El especialista advierte que este presupuesto actual representa menos de la mitad de lo que se requiere para funcionar adecuadamente.

En Ecuador, de acuerdo con información entregada por el Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) necesita al menos 24.5 millones de dólares anuales para su operatividad básica. Sin embargo, según el exministro Granizo, el presupuesto real es de apenas 7 millones, monto que se agota exclusivamente en salarios.

La degradación institucional en Argentina, Ecuador y Bolivia, la reducción de recursos en México y Ecuador, la parálisis por falta de ejecución en Colombia y Bolivia, y la desatención sistemática a las áreas protegidas dibujan un panorama de vulnerabilidad regional que pone en riesgo la biodiversidad, el agua, el clima, la seguridad alimentaria y el territorio de las comunidades ancestrales de América Latina.

Edición: María Isabel Torres, Alexa Vélez y Emilia Delfino. Colaboración: Daniela Quintero Díaz

El artículo original fue publicado por Cristina Fernandez Aguilar en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En marzo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo público el denominado Escudo de Las Américas, una iniciativa de ese país que se presentó como una alianza regional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

En ese momento fueron 12 países de América Latina los que se unieron a la iniciativa. Los presidentes de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago fueron parte de esa primera foto en la que aparece Trump sentado en una mesa rodeado de estos mandatarios, todos de pie. Chile, sin embargo, estuvo presente solo como observador, su adhesión formal al Escudo de Las Américas se concretó en septiembre.

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Ahora son 17 los países de América Latina y El Caribe que forman parte del Escudo de Las Américas. Entre los últimos que se han sumado están Colombia, con Abelardo de la Espriella, y Perú, con Keiko Fujimori, tras ganar las elecciones presidenciales. Guatemala, Jamaica y Belice también se han unido a esta coalición, mientras Bahamas permanece como observador. Todos los presidentes que se han unido a esta propuesta impulsada por Estados Unidos son afines, en términos ideológicos, a la política de Estados Unidos.

“No es un acuerdo amplio en que todos los países pueden intervenir, sino que es una propuesta que surge desde Washington y que tiene que ver con intereses estratégicos de los Estados Unidos. Es una iniciativa vertical que tiene connotaciones políticas, económicas y militares”, dice el economista ecuatoriano Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador.

Acosta agrega que el combate al narcotráfico y al crimen organizado es un pretexto de Estados Unidos para establecer “un manejo económico que le garantice el control del suministro de los recursos estratégicos”, entre los que se encuentran minerales como el litio y el cobre.

Desde Chile, el economista Fernando Estenssoro, director del doctorado en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, es más duro en su crítica a esta iniciativa, a la que cataloga como “nefasta para la soberanía de la región” y enmarcada en la pugna geopolítica de Estados Unidos con China.

Estenssoro agrega que el interés de Trump está en “los recursos naturales, en el petróleo, en el cobre”, en los minerales críticos y las tierras raras porque “Estados Unidos está en el proceso final de su declinación hegemónica, por tanto, ellos consideran que los recursos de nuestro continente, sobre todo Sudamérica, no pueden ir a parar a manos del ‘enemigo’ [China], sino que tienen que quedar en manos de Estados Unidos”.

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El interés por los recursos naturales

“Tenemos más de 20 millones de kilómetros cuadrados y nuestros países son privilegiados en todo tipo de recursos naturales. También en tierras raras y en los minerales estratégicos que son necesarios para la digitalización y para las nuevas tecnologías”, comenta Estenssoro sobre el interés de Estados Unidos en los recursos naturales de América Latina.

Estenssoro menciona que en Sudamérica está “la mayor reserva de petróleo del mundo”, refiriéndose a Venezuela. “Tenemos litio, tenemos Amazonía en Sudamérica, una gran fuente de recursos naturales y, además, un recurso en sí mismo porque presta servicios ecosistémicos. Tenemos agua, desde México hasta la Patagonia”, advierte.

En América del Sur, por ejemplo, se ubica el denominado Triángulo del litio, un espacio geográfico entre Argentina, Bolivia y Chile que concentra la mayor cantidad de reservas mundiales de este elemento, que es un componente básico para almacenar energía en las baterías que alimentan vehículos, teléfonos, plantas solares, entre otros equipos.

Sudamérica también tiene grandes reservas de otro mineral estratégico: el cobre. Un material de gran demanda en la industria de la construcción por su importancia para la fabricación de cables eléctricos, tuberías y sistemas térmicos, además de ser importante para la industria automotriz por su uso en la fabricación de motores y componentes electrónicos. El primer productor de cobre en el mundo es Chile, mientras que Perú ocupa el tercer lugar en la lista. En ambos países, China es el principal comprador de este mineral.

Sin embargo, el interés en el cobre no está solo en estas dos naciones. Aunque Argentina y Colombia no han sido grandes protagonistas en la industria del cobre en la región, actualmente buscan abrirse paso en el mercado global, señala una investigación publicada por Mongabay Latam en julio de este año. El potencial es claro: el 40 % de las reservas mundiales de este metal se encuentran en Latinoamérica por lo que Estados Unidos, China e incluso la Unión Europea están en la búsqueda de nuevas alianzas con los países de la región.

En la Declaración conjunta relativa a la soberanía del hemisferio, publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026, se mencionan los tres pilares del Escudo de Las Américas: económico, de seguridad y coordinación multilateral.

El que se refiere a la economía dice específicamente que se va a potenciar “la cooperación económica, explorando mecanismos de control de las inversiones, salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y confiable; y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital, que se apliquen de forma no discriminatoria”.

“Es un juego de palabras, porque lo que quieren es asegurarse el control de los recursos naturales”, comenta Acosta sobre el texto que se incluye en la declaración de Estados Unidos. En ese contexto, menciona los tratados bilaterales de inversiones que el país norteamericano está firmando con los países que forman parte del Escudo de Las Américas. Por ejemplo, menciona el convenio suscrito con Ecuador, en marzo de este año, “para asegurar el acceso a los recursos estratégicos”.

El 4 de febrero de 2026, Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo marco para la cooperación que incluye el suministro y procesamiento de minerales estratégicos como oro, cobre, plomo y tierras raras, además de manufacturas industriales y productos del sector forestal y maderero. El acuerdo ha sido cuestionado por el Legislativo ecuatoriano.

En marzo de 2026, Chile y Estados Unidos también firmaron una Declaración Conjunta para establecer consultas de mecanismos que fortalezcan las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras. Ese mismo mes, Perú y Estados Unidos firmaron un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en minerales críticos y tierras raras.

“Lo que se quiere es minimizar la presencia de China en el continente”, dice Acosta sobre la importancia geopolítica de esta iniciativa. Pero también suma otro componente detrás del Escudo de Las Américas: “la militarización de las sociedades”.

¿Territorios militarizados?

Para Acosta lo que está haciendo Estados Unidos es utilizar esta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado “para asegurarse el control de nuestros países”. Pone como ejemplo “la ley que se aprobó [en Ecuador] hace un par de meses [en agosto]” porque “abre la puerta a la militarización de los territorios donde hay minerales para romper la resistencia de las comunidades que defienden esos espacios vitales, señalándolos como narcoterroristas de ser del caso”.

Y es que Donald Trump, durante su intervención en la versión 81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el pasado 22 de septiembre, dijo que “Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental. Y, de ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para asegurar los vitales intereses nacionales de Estados Unidos”.

Trump aprovechó la asamblea de la ONU para realizar una reunión con los presidentes y representantes de los países que forman parte del Escudo de Las Américas que estuvieron en Nueva York. Durante la cita mencionó la riqueza natural de estos países y les pidió evitar que potencias externas hostiles se apoderen de ella.

Ricardo Soberón, ex director ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) de Perú, también habla de lo que significa el Escudo de Las Américas para el país y para Latinoamérica. “El costo de haber suscrito ese acuerdo político es demasiado grande para Perú porque acarrea acuerdos sobre inversiones, sobre explotación de minerales estratégicos, una posición frente a China y al puerto de Chancay. Hay muchas cosas por fuera de la lucha contra la criminalidad. A mi juicio, ha sido un terrible error. No ha habido una interlocución, un diálogo, un acuerdo entre países”.

Soberón considera lamentable que Perú y otros países de la región hayan “agachado la cabeza a este acuerdo” que, supuestamente, no es vinculante porque no es un tratado internacional, sino un acuerdo político. El problema es que “debajo de ese paraguas van a venir una serie de cartas, acuerdos, memorándum de entendimiento”.

El experto peruano también menciona los acuerdos sobre minerales estratégicos firmados con Argentina, Chile, Perú, Bolivia, y lo sucedido en Venezuela, donde Estados Unidos “se ha adueñado del sector petrolero a partir de una decisión militar”. El ex jefe de Devida precisa que el Escudo de Las Américas ha logrado “asentar su presencia en la región sin ofertas financieras concretas” y recuerda que iniciativas como el Plan Colombia contaban con fondos comprometidos, pero que en esta ocasión solo se trata de “discursos vacíos de Donald Trump y Marco Rubio, utilizando la mayor presión política posible y los hechos del 3 de enero en Caracas que permiten dar cuenta de lo que es capaz de hacer Estados Unidos en la región”.

Los minerales detrás de la tecnología

Para Alberto Acosta, lo que Estados Unidos pretende es asegurar la tecnología para la inteligencia artificial, la cual requiere gran cantidad de minerales. “Actualmente, el consumo de minerales no solo es para la transición energética, sino que hay otros dos rubros que no siempre aparecen: el armamentismo y la inteligencia artificial”, precisa.

En el caso de las armas se requieren minerales de punta para su elaboración y lo mismo sucede con la inteligencia artificial. La lista de minerales usados para la fabricación de armas incluye grafito, cobalto, aluminio, litio, manganeso y tierras raras, entre otros. En el caso de la inteligencia artificial están el cobre, el litio, el níquel, el cobalto y las tierras raras, entre otros. “Ambas cosas tienen mucho que ver con los intereses de Washington. Estados Unidos es un imperio en decadencia y su talón de Aquiles es la tecnología”, asegura Acosta.

El economista ecuatoriano agrega que el gobierno de Trump está tratando de “disputar espacios tecnológicos con China” y parte de esa disputa es asegurar el acceso a minerales estratégicos. “No sólo son minerales, agua, biodiversidad, sino que, simultáneamente, Washington cuenta todavía con una gran ventaja comparativa que es su fortaleza militar”, menciona.

Estenssoro también entra al campo de la disputa por los minerales estratégicos y las tierras raras y pinta un panorama para los próximos 15 o 30 años cuando “la escasez de los recursos sea brutal”. “Eso lo saben todas las agencias estratégicas, está probado por Naciones Unidas, solo que antes se veía como un futuro muy lejano y hoy día está aquí”.

En la pugna con China por la tecnología, dice Estenssoro, “los últimos espacios que se están disputando son los microchips”, comenta, pues la industria automotriz, que era la gran industria de Estados Unidos y de Europa, ahora está siendo copada por marcas chinas. “Es cuestión de tiempo, quizá en cinco años la Boeing sea de capitales chinos. La tendencia es que China va subiendo y Estados Unidos va bajando”. En este contexto, añade Estenssoro, “el Escudo de Las Américas busca establecer un protectorado económico sobre nuestros países. Es una política de recolonización”.

Ricardo Soberón agrega que para el caso peruano, “en términos de minerales tradicionales como oro, plata, níquel, zinc”, lo que busca Estados Unidos es “asegurar las cadenas de suministro”, y en el caso de los minerales estratégicos, “generar las condiciones para que la empresas norteamericanas y no las chinas sean las que aseguren la compra y venta de esos minerales”. “Estamos en un proceso de confrontación empresarial donde la capacidad de influencia china es fuerte, pero Estados Unidos ha dejado muy claro que en el hemisferio occidental nadie va a entrar a reemplazarlo”.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Micaela Camino es doctora en Biología e investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET). Sus esfuerzos para salvar de la extinción al pecarí quimilero (Catagonus wagneri) trabajando a la par de las comunidades indígenas y criollas en el Chaco Seco ya habían recibido en 2022 el afamado premio Withley.

En 2025, el National Geographic/Buffet Awards la galardonó por su liderazgo “en la gestión y protección de los recursos naturales”, calificándola como “inspiradora de un modelo a seguir”. Consultada por Mongabay Latam sobre la actual situación del ambientalismo en la Argentina de 2026 apela a una metáfora: “Estamos escalando el Everest por la pared más difícil y con muy poco equipamiento”.

La frase resume con exactitud la mirada de quienes se empeñan en sostener en pie leyes, proyectos y programas ante la renovada ofensiva en dirección contraria lanzada desde el Gobierno de Javier Milei, a partir del triunfo logrado en los comicios legislativos de octubre pasado. La presentación ante el Parlamento de una propuesta de modificación de la Ley de Glaciares para ser tratada en sesiones extraordinarias fue el 15 de diciembre la última andanada de un ataque que abarca todos los frentes. El Ejecutivo busca disminuir el área de protección de estos cuerpos de hielo para facilitar la explotación minera.

“Bajo pretextos ideológicos se obstaculizó el desarrollo del país [con una disposición] que contiene graves falencias”, expresa el comunicado oficial como argumento para reformar una ley aprobada en 2010, luego de arduos debates y sostenida por múltiples fundamentos técnicos, científicos y jurídicos, sumando voluntades desde todos los sectores políticos.

Un mes antes de la presentación del proyecto, el secretario de Energía de la Nación había declarado: “La actual ley genera un grado de incertidumbre demasiado grande para proyectos de inversión de envergadura”. El propio presidente Javier Milei afirmó: “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo”. Una vez presentada la propuesta, desde la Mesa del Cobre, formada por cuatro provincias mineras (Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy), subrayaron que la modificación permitirá destrabar inversiones extractivas por USD 35.000 millones.

La posible marcha atrás en las restricciones a la explotación minera en la Cordillera de los Andes es un excelente botón de muestra para explicar los retos que aguardan al medioambiente del país en los próximos años. El tema glaciares permite apreciar la visión general de desarrollo que expresa el Estado, el valor que se le otorga a la opinión de los científicos, la “batalla cultural” que las autoridades nacionales libran a través de sus decisiones y el respeto institucional a normas locales o internacionales.

“Esta flexibilización es un retroceso hecho y derecho, va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional que habla de un ‘ambiente sano’ y de tratados como el de Escazú, aprobado y ratificado por el país, que establece que no se puede ser regresivo en material ambiental”, indica sobre el último punto Agostina Rossi Sierra, bióloga y especialista en glaciares de la organización Greenpeace.

“Es imposible lograr el desarrollo de un país si no incluye las variables ambientales y sociales. La idea de que lo ambiental se opone a lo productivo ha quedado vieja. Hemos demostrado y tenemos ejemplos de que lo ambiental y lo social potencian y ordenan la verdadera producción, que es la sustentable”, señala Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Lo que ocurre con la ley de glaciares puede anticipar, además, una medida semejante con la Ley de Bosques, sobre la que presionan los lobbies de las industrias forestal y agropecuaria. “Tenemos que defender estas leyes por las que tanto hemos peleado y que, incluso sin haberse implementado del todo, han resultado positivas”, reflexiona Camino.

1. Falta de fondos, desmotivación y miedos

El presupuesto nacional para 2026 que el Poder Ejecutivo logró aprobar en el Congreso antes de Navidad expresa con claridad las ideas del Gobierno. Según un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el apartado “Ecología y desarrollo sostenible” representa tan solo un 0.14 % del total de los fondos. Además, existe una reducción generalizada de los recursos asignados. Mongabay Latam intentó comunicarse con Fernando Brom, titular de la Subsecretaría de Ambiente, pero el funcionario no respondió los pedidos de entrevista.

La Subsecretaría de Ambiente recibirá un 33.8 % menos de dinero que el año pasado; el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, al que debería destinarse un 0.3 % del Producto Interior Bruto (PBI), apenas recibirá un 0.0107 %; el Servicio Nacional del Manejo del Fuego contará con un 53.6 % menos de ingresos que en 2025; y así en todos los rubros.

Mientras que en 2023 se habían programadas 5100 horas de vuelo contra los incendios —solo se concretaron poco más de 3000—, para este año se proyectan apenas 3100. También se disminuyeron los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios de 2310 informes previstos en 2025 a 1850 en 2026.

Además, el presupuesto 2026 incluye la derogación de una vía de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que afectaría directamente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), una institución internacionalmente reconocida.

“Están desarmando todas las herramientas e instituciones que los investigadores usamos para trabajar”, subraya Camino, para añadir: “La ciencia es un trabajo colectivo. Yo puedo conseguir financiación internacional para mi proyecto, pero necesito interactuar, consultar y pensar con colegas que llevan adelante otros proyectos y lo que vemos es un vaciamiento del Estado: no se abren nuevos puestos, se eliminan programas, se anulan los apoyos económicos”.

La primera consecuencia es la desmotivación. “Más allá de la técnica y la disciplina, un científico requiere poder abstraerse, imaginar, pensar, y es muy difícil hacerlo cuando las principales preocupaciones pasan a ser la financiación de tu proyecto o intentar que te alcance el sueldo hasta final de mes”, analiza Camino.

La escasez de dinero para iniciar o continuar investigaciones, programas de conservación o estudios de campo encuentra, además, dos obstáculos adicionales. “El cierre de la USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por decisión del Gobierno de Donald Trump] impacta en organizaciones de Paraguay, Bolivia, Perú o Ecuador a las que apoyaba y que ahora compiten con nosotros en la búsqueda de donantes para la defensa del ambiente”, comenta Jaramillo.

Por otro lado, el Gobierno argentino decidió no avalar pedidos de cooperación que aborden temas de género o de pueblos indígenas, lo cual complica aún más conseguir fondos. “Las agencias internacionales consideran que no se puede trabajar en asuntos ambientales o productivos sin respetar las salvaguardas sociales que incluyen temas de pueblos originarios, género, equidad, juventud o inclusión, lineamientos opuestos a la posición del Gobierno en su declarada batalla cultural”, comenta Jaramillo.

La agresividad con la que suelen exponer sus ideas las autoridades nacionales, con el presidente Milei a la cabeza, incorpora un nuevo factor: el miedo. “La gente no quiere hablar, ni siquiera escribir un paper, muchos se cuidan por prevención o temor a perder sus ingresos. Es algo que nunca había visto”, informa Camino.

“Hay una profundización de la persecución de quienes piensan distinto. Las críticas no solo van dirigidas a la oposición política sino a los medios que preguntan o cuestionan algunas de las políticas referidas a los movimientos ambientales, sociales o de pueblos indígenas”, señala a su vez Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de FARN.

Para las comunidades indígenas, en cambio, las agresiones, los desalojos, los encarcelamientos y hasta los asesinatos son parte de la vida cotidiana. “Tenemos claro que habrá represión porque ya la hubo antes. Hay una criminalización permanente de todas las luchas y el pueblo mapuche está definido como enemigo, cuando no de terrorista. Pero nosotros vamos a seguir resistiendo”, asegura Hugo Aranea, werkén de la coordinadora del Parlamento mapuche-tehuelche de la provincia patagónica de Río Negro.

2. El agua, de los Andes al Paraná

Argentina es uno de los países con mayor cantidad y diversidad de glaciares en el mundo. El Inventario Nacional elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) identificó 16 968 cuerpos de hielo que ocupan 5769 kilómetros cuadrados repartidos en doce provincias, apenas el 1 % del área cordillerana en el país. Sin embargo, su importancia como reguladores de la naciente de cuencas hídricas ha hecho que el anuncio de modificación de la Ley de Glaciares sacudiese el final de año ambiental en el país.

“Todos estamos a la defensiva, pero el Gobierno y los medios subestiman al movimiento socioambiental, que ya ha tenido grandes triunfos en el verano. Creo que no lo van a tener fácil, será voto a voto”, se ilusiona Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).

Manuel Jaramillo no comparte del todo el optimismo: “Hoy no hay una masa crítica que apoye la lucha por los recursos naturales y los espacios que benefician la calidad de vida de todos los argentinos. Un desafío para 2026 es recuperar y reforzar la licencia social que en parte se ha perdido en favor de los sectores empresariales y extractivistas”, afirma.

El proyecto contempla dos cambios fundamentales. Si para la ley original todos los glaciares y ambientes periglaciales son “reservas estratégicas de recursos hídricos” que necesitan ser conservados, la modificación solo incluiría a “los glaciares y geoformas periglaciales que constituyan una reserva estratégica de recursos hídricos o provean agua para la recarga de las cuencas hidrográficas”.

Dicho de otro modo, mientras la ley vigente prohíbe de manera genérica las actividades que “alteren de manera relevante” las funciones de glaciares y ambientes periglaciales -como la explotación minera o de hidrocarburos-, el nuevo texto deja sujeto a un estudio de impacto ambiental la relevancia de esas alteraciones. Además, se otorga a las provincias la facultad de efectuar dichos estudios.

De acuerdo con la Constitución Nacional, las 24 jurisdicciones en las que se divide el país son dueñas de sus recursos naturales. “Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglacial. Eso será muy importante para la economía”, dijo el presidente Milei ante empresarios mineros. Paula Soneira, ex subsecretaria de Ambiente de Chaco y actual asesora de diferentes ONGs ambientalistas, enciende una alerta: “Con la coartada de la federalización nos vamos a quedar sin el gran avance que significaron las leyes de presupuestos mínimos”.

Este tipo de normas establecen un piso de protección que las provincias pueden complementar, pero en ningún caso perforar con sentencias regresivas. Pese a que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en 2019 que los presupuestos mínimos no vulneran el federalismo, sino que lo ordenan, parece inevitable que el destino de los glaciares acabe dirimiéndose en la Justicia. “Vamos a dar todas las batallas necesarias para que sea anulada cualquier disposición que esté en contra de la Constitución”, anuncia Marchegiani.

El debilitamiento de la severidad y neutralidad de los estudios de impacto ambiental, así como del cumplimiento cabal de las audiencias de consulta con las poblaciones afectadas por algún proyecto productivo, son parte de la ruptura del marco institucional que denuncia el sector ambiental. “Además de desconocer el Acuerdo de Escazú, como sociedad civil dejaríamos de tener nuestra herramienta de poder, el único documento que mide lo que puedan producir la minería o las deforestaciones a nivel local. Nos quedaríamos sin opinión, sin democracia, sin nada”, explica Soneira.

Si el hielo centra la atención en los Andes, al otro lado del mapa el agua es protagonista en estado líquido. En 2026 se licitará la concesión de mantenimiento y control de la Vía Troncal Navegable Paraná-Paraguay, mal conocida como Hidrovía, arteria fluvial por donde circula el grueso de las exportaciones de granos, ganado y otros productos que exporta el país.

“Es una oportunidad para evaluar cuáles fueron los impactos socioambientales que se generaron durante los 29 años en los que el río se transformó en canal navegable”, dice Nadia Boscarol, coordinadora nacional del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands, quien cree imprescindible “realizar una evaluación ambiental estratégica que permita analizar este megaproyecto de manera sostenible, considerando sus aspectos ambientales, sociales y económicos”.

En el pliego técnico de la licitación se prevé la profundización del dragado del canal navegable para permitir el ingreso de buques de mayor calado y la incorporación de los brazos inferiores del río, lo que facilitará la apertura de nuevos puertos en la orilla oriental.

“Un exceso de obras puede alterar los ciclos naturales de los humedales asociados al corredor fluvial, así como la biodiversidad que albergan, la calidad del agua y la conectividad natural del sistema”, señala Boscarol, antes de repasar los daños posibles: “Aumento de sedimentos en suspensión y de turbidez del agua; mayores derrames de hidrocarburos y otras sustancias que provoquen contaminación; riesgo de introducción de especies exóticas; mayor erosión costera y desmoronamiento de barrancas; impactos en la biodiversidad que afectará a las pesquerías artesanales; y alteración del régimen hidrológico con su consecuencia de inundaciones y sequías”.

Enrique Viale, quien se opone incluso a la utilización del término “hidrovía”, resume la situación: “La pretensión del Gobierno es entregar una concesión por 30 años, sin evaluación de impacto ambiental, priorizando solo lo económico y olvidando que se trata de un río que le da vida y trabajo a 14 millones de argentinos, atraviesa algunas de las ciudades más importantes del país y genera un amor muy especial en quienes habitan su litoral. Será otro tema que dará que hablar”.

3. Multiplicar áreas protegidas, una asignatura pendiente

En diciembre de 2024, el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP) aseguraba que el 16.61 % del espacio continental y el 7.11 % del marino estaban bajo conservación. Ocho meses después, un estudio propio de la Asociación Argentina de Ecología, apoyado en una base de datos actualizada, reducía la estimación de la protección terrestre a un 10.41 % y apenas aumentaba la marina a un 8.49 %, aunque los valores caían aún más drásticamente -2.22 % y 5.76 %, respectivamente- si se tomaban en cuenta solo las categorías que la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) considera más estrictas.

En cualquiera de los tres casos, las cifras están muy alejadas del Compromiso 30x30, meta global del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (COP15), que busca conservar y proteger al menos el 30 % de las zonas terrestres y marinas del mundo en el año 2030.

“Argentina está cada vez más lejos de cumplir ese compromiso que firmó, y hoy solo la sociedad civil desde algunas ONGs vinculadas a la biodiversidad están sosteniéndolo para que no muera”, subraya Paula Soneira. La creación de parques nacionales es una de las materias que el Gobierno nacional desechó desde el primer momento. Los nuevos espacios pasan de esta manera a depender del interés de las autoridades provinciales.

“Jujuy creó en mayo el parque provincial La Reina, en las Yungas [14 000 hectáreas]; y Entre Ríos puso en funcionamiento Islas y Canales Verdes del Río Uruguay [4000 hectáreas], pero el único de estos proyectos subnacionales que se encuentra realmente vivo es el parque provincial Jaaukanigás [‘gente del agua’, en lengua abipona], un sitio Ramsar al norte de la provincia de Santa Fe que protege la planicie de inundación del río Paraná en ese sector y ayuda a mantener en pie la cadena pesquera”, resume Soneira.

La actividad para cerrar la brecha con el Compromiso 30x30 es muy escasa por fuera de estos intentos. En Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), antigua capital del petróleo patagónico sobre el Mar Argentino, un grupo de organizaciones civiles con el apoyo de National Geographic propugna la creación de una zona protegida marina basada en la recuperación en la zona de la ballena sei (Balaenoptera borealis). Una película documental, La ballena desconocida, sirve para difundir la idea de convertir el lugar en un destino turístico.

La efectividad de la primera experiencia de Argentina con el Fondo Verde para el Clima, por el cual el país recibió de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 83 millones de dólares por haber frenado la degradación forestal en el período 2014-2016, es otro aspecto a observar. “Las provincias son las principales interesadas en estos fondos. De hecho, están yendo a pedirlos por su cuenta a las COP [cumbres climáticas de la ONU]”, comenta Soneira.

La deforestación, de la cual el Gobierno dejó de ofrecer cifras oficiales desde hace dos años, sigue avanzando en el Gran Chaco, en menor medida en la selva paranaense de Misiones, y debido a los periódicos incendios estivales. Es un foco permanente de atención, aunque por el momento, y al menos hasta que no haya un avance concreto sobre la Ley de Bosques, no ocupa el centro de la escena.

Enero comenzó con la extensión de incendios en la Patagonia. El medio Chequeado informó que desde el lunes 5 de enero se desató un incendio forestal en las localidades de Epuyén y El Hoyo, Chubut, que arrasó viviendas y obligó a evacuar a cientos de personas. Se sumaban otros cuatro focos activos en esa región.

Los expertos locales en prevención de incendios ya alertaban en diciembre del riesgo, debido a la falta de nieve en invierno, la consecuente sequía y las altas temperaturas del verano.

Entre 2019 y 2024, en Chubut se quemaron 148 000 hectáreas, lo que ubica a la provincia en el noveno lugar del ranking nacional de superficie afectada por incendios, según datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego analizados por Chequeado.

El 95 % de los incendios son provocados por la acción humana, de acuerdo al organismo, cuyos efectos se agravan por factores naturales y el cambio climático.

4. Unirse, la fórmula elegida para afrontar el año

La lista de desafíos a la que se enfrenta el ambientalismo argentino en 2026 impacta por su frondosidad. Los interrogantes acerca de qué hacer y cómo hacerlo sobrevuelan el aire y en la mayoría de los casos hallan en la unión y la colaboración su punto de encuentro.

“El camino es la unidad de todos los que queremos un mundo distinto. Hay que armar un gran bloque con comunidades indígenas, asambleas ambientalistas y organizaciones sociales para defender el agua y el territorio. Estamos enfrentando un modelo político, económico y jurídico diseñado para los grandes bloques, y dentro de él nosotros somos el territorio de sacrificio”, propone y denuncia Hugo Aranea.

“Las organizaciones de la sociedad civil debemos actuar como una coalición donde todas aporten contenido técnico para alcanzar posiciones comunes, aunque después cada una implemente su forma particular de trabajo”, dice Jaramillo.

“Si hay menos recursos habrá que ver cómo seguir adelante trabajando de manera colaborativa. Compartir gastos para las salidas al campo, pensar en conseguir juntos fondos en el exterior o becas para los estudiantes. Y no perder energías en pleitos y discusiones improductivas. Hay que centrarse solo en lo que resulte efectivo”, sostiene Micaela Camino.

Argentina comienza un año que se prevé muy difícil, pero el movimiento ambiental está dispuesto a dar pelea. “Hay que sostener los debates y las agendas de interés público en los temas ambientales y de derechos humanos. No podemos dejar que las soluciones vengan a través de las buenas prácticas de sectores corporativos que gozan de mucha impunidad”, afirma Pía Marchegiani.

Este 2026 amanece turbulento en el sur de América, casi tan complejo como escalar el Everest por su pared más difícil.

ED

A Geerte Piening le vinieron las ganas una noche de 2015 mientras regresaba a su casa en Ámsterdam después de estar en un bar. Sopesó rápidamente sus opciones: el baño público más cercano estaba a dos kilómetros de allí y en la concurrida zona de Leidseplein ya había pasado la hora de cierre, así que tampoco podía usar las instalaciones de un bar.

Tuvo que ponerse de cuclillas en un callejón y pedir a sus amigas que la taparan, pero la policía no tardó en aparecer y le puso una multa de 140 euros por orinar en público. Pocos podían imaginar lo que vendría después. Tras nueve años de batalla por la “igualdad para orinar” y miles de personas manifestándose en las calles de los Países Bajos, Ámsterdam ha anunciado por fin que abrirá más baños públicos en octubre.

La mañana siguiente a la multa, Piening se despertó furiosa por lo injusta que era. “Cerca de allí había muchos urinarios para hombres pero yo no podía ir a ningún sitio a mear”, dice. “Pensé: 'Pues sí, esto es un problema”.

Citación judicial

Piening, que en ese momento tenía 21 años, escribió una carta declarándose en rebeldía con la multa, señalando que en Ámsterdam había 35 urinarios públicos para hombres y solo tres baños públicos para mujeres. “No afecta solo a las mujeres, también a las personas en silla de ruedas”, afirmó. “Es muy importante que haya sitios para todos”.

Tras dos años sin recibir respuesta formal, Piening recibió de repente una cita en el juzgado por la multa pendiente. “Pensé: '¿Qué? ¿Que tengo que ir al juzgado? Está bien, es raro, pero sí, voy a ir”.

Piening empezó a correr la voz. No podía creer que la estuvieran llevando ante los tribunales por un tema de paridad de orinales. Una veintena de representantes de los medios acudió a la comparecencia ante el juez, que desestimó su recurso pero redujo a 90 euros la multa por el tiempo que el caso había tardado en llegar a los tribunales.

El juez también ofreció su propia opinión sobre el asunto y dijo a Piening que, en ausencia de instalaciones para mujeres, debería haber usado un urinario para hombres. “Puede que no sea agradable, pero es posible”, le dijo. Más tarde, mientras tomaba café junto a sus seres queridos, Piening reflexionó sobre lo que había dicho el magistrado. “Todos nos reímos porque era ridículo”, cuenta. “Creo que de verdad no es posible”.

'Power to the Peepee'

En el resto de Países Bajos, la respuesta fue más contundente, con protestas por ciudades de todo el país animando a las mujeres a desafiar la opinión del juez. “Se invita a las mujeres de todo el país a demostrar la (im)posibilidad de orinar en un urinario público construido para hombres”, decían las organizadoras de Power to the Peepee [poder para el pipí], el nombre con que se dio a conocer la protesta [un juego de palabras con la frase power to the people [poder popular, en inglés].

Algunas personas publicaron en Internet fotos en las que aparecían retorcidas y tratando de ejecutar complicadas poses gimnásticas para cumplir con las órdenes del juez, o firmaron una petición en la que se pedía al ministro de Educación, Cultura y Ciencia de Países Bajos que abordara el tema de la “igualdad para orinar”.

Ilana Rooderkerk, en aquel momento concejala del Ayuntamiento de Ámsterdam, fue una de las personas que se sumaron al movimiento contra el machismo en el ámbito de la higiene. “Hay cosas que no puedes dejar de ver una vez que las has visto”, dice Rooderkerk, que ahora trabaja como diputada en el Parlamento neerlandés. “Y este es un ejemplo perfecto: ni es justo ni es práctico”.

Rooderkerk y Piening trabajaron juntas para presentar una ordenanza municipal que exigiera ampliar el número de aseos públicos accesibles en Ámsterdam. La reacción inicial fue dispar. “Al principio la gente se preguntaba cuál era el problema, o les parecía un poco raro hablar del tema”, dice Rooderkerk. “Pero siempre he dicho que tratándose de algo tan básico, ¿cómo es que no lo tenemos resuelto? Sobre todo cuando para una mitad de la población de la ciudad sí está resuelto, pero no para la otra”.

Uniéndose a otras concejalas, Rooderkerk comenzó a recabar el apoyo de la opinión pública y la ciudad fue introduciendo cambios de manera paulatina, colocando aseos portátiles en los principales parques y zonas verdes durante el verano, e informando al público de que podía usar las instalaciones sanitarias en sitios como los parques de bomberos y las comisarías de policía. Pero hicieron falta años antes de llegar a la victoria definitiva lograda el pasado abril, cuando Ámsterdam anunció que, a partir de octubre, habrá aseos públicos nuevos a los que será posible acceder en silla de ruedas. Aunque no ha confirmado el número exacto, el Ayuntamiento dice que la inversión total será de cuatro millones de euros.

Piening es una de las personas que han celebrado la noticia. “¿Cómo me siento? Verdaderamente bien”, dice. Para ella, los últimos nueve años han sido una prueba de paciencia, a veces demasiado grande, pero también un curso intensivo sobre cómo el diseño de las ciudades –que a menudo se remonta a una época en la que se esperaba que las mujeres se quedaran en casa– puede excluir activamente a sectores de la población si no se cuestiona.

“En su mayor parte, la ciudad está construida por y para hombres”, dice Piening. “Así que mirándolo desde ese punto de vista, no me sorprende que solo haya urinarios para hombres”.

Traducción de Francisco de Zárate.

DM

“Un atraco a mano armada, un robo generacional que deja sin amparo a los jóvenes”. Así califica el economista José Ignacio Conde Ruiz al rumbo que está adquiriendo la política en España conforme avanza el envejecimiento poblacional. En su libro La Juventud Atracada, el autor revela cómo los adultos mayores continúan moldeando la agenda y el gasto público, relegando a un segundo plano las políticas de largo plazo para fortalecer el sistema educativo, la inversión en I+D, mitigar los efectos del cambio climático o terminar con la pobreza infantil. ¿Por qué estos temas de la agenda joven no reciben atención de los dirigentes políticos? ¿Qué consecuencias trae para el desarrollo sostenible de la sociedad? El autor habló con elDiarioAR sobre los cambios en la demografía política en España y la marginalidad de las nuevas generaciones en el debate público.

–¿Cómo surge la idea de escribir La Juventud Atracada?

–La motivación de este libro surge de ver que, concretamente en España, de donde soy yo, hay muy pocas cosas que se estaban haciendo para favorecer a los jóvenes. Y esto lo tengo muy claro porque tengo hijas que son jóvenes ahora y doy clases en la universidad. Yo veía que, de alguna manera, los jóvenes lo tenían peor que cuando yo era joven. Pero, al mismo tiempo, en España, hay una percepción contraria entre la gente de mi edad: decían “es que los jóvenes se quejan sin motivo”, “son una generación de cristal”, “no se esfuerzan”. Esta disyuntiva entre estos dos mundos paralelos me hizo empezar a hacer presentaciones, empezando a ver más los datos en profundidad, un poco para mostrar que efectivamente casi nada de lo que se hace favorece a los jóvenes.

–Recién mencionabas algunos prejuicios sobre los jóvenes. Se cree también que como colectivo son más apáticos políticamente. ¿Cuánto hay de cierto en eso y cómo se vincula con la falta de políticas que los favorezcan?

–No tengo tan claro los datos de Argentina como sí en Europa, pero yo lo que veo es que los jóvenes siempre votan menos. Su participación electoral siempre es inferior y esto también ocurría cuando yo era joven. Es una cuestión generalizada en todos los países del mundo. De hecho hay teorías que dicen que los jóvenes no tienen todavía el hábito del voto y que les cuesta saber más sobre política. Esto es algo que siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora realmente los jóvenes son pocos. En los ‘80 o ‘90, al menos en España, los menores de 34 años eran el 35% del electorado. Ahora, aproximadamente, no llegan ni al 20%; son pocos con respecto a los más mayores. Y, además, tienen una agenda muy heterogénea. Los mayores lo que piden es que las pensiones suban todo lo que puedan y que no toques los impuestos, mientras que los jóvenes tienen una agenda mucho más diversa porque son mucho más heterogéneos: unos están empezando a estudiar, otros están terminando, otro se quiere independizar, otro tener un hijo. Ha pasado algo importante también que es que es bastante fácil llegar a los mayores porque se informan en los medios tradicionales como la radio, la tele, los periódicos, etc. Pero los jóvenes ahora se están informando a través de las redes sociales y los político no acaban todavía de entender. Entonces te encuentras un colectivo como son los jóvenes, que son pocos, que votan menos, que tienen unas demandas muy variadas y que encima te cuesta llegar a ellos porque no sabes manejar todavía bien las redes sociales. Todo eso hace que los políticos ─que según la literatura de los años ‘90 sólo quieren ganar las elecciones─ se centren más en los mayores que en los jóvenes.

–Hay muchas cuestiones que me interesan de lo que acabas de decir, pero me quiero enfocar en lo primero que resaltaste que es la baja participación electoral de los jóvenes. ¿Qué rol podría cumplir la educación cívica en las escuelas para fomentar el hábito de ir a votar?

–En España, hay una asignatura que se llama Educación para la Ciudadanía. Hay todo un debate en torno a ella sobre si te adoctrina, etc., no quiero entrar en detalle. Pero sí estaría bien una asignatura que te enseñara cómo funciona el país, cómo funciona la economía sin meterse en cuestiones ideológicas. Yo creo que esto sería útil hacerlo en los colegios, hacerlo neutro, no tratar de influir en los niños, pero sí hacer que entiendan el mundo. Hay países que han optado por incentivar el voto o hacerlo obligatorio, pero yo creo que esto también ayudaría. También es cierto que como ellos ven que no son determinantes en las elecciones porque no les hacen caso, eso ayuda a que no vayan a votar. Pero hay que trabajar para que los jóvenes se enganchen porque eso le da también legitimidad al proceso democrático que es el mejor sistema que conocemos al día de hoy.

–Comentabas recién que hay países que buscaron incentivar el voto. En Argentina, por ejemplo, los jóvenes están habilitados a votar a partir de los 16 años, pero en España pueden hacerlo a partir de los 18. ¿Cuánto crees que ayudaría una medida como esta?

–Es verdad que no vas a conseguir contrarrestar toda la demografía política de envejecimiento, pero sí que ayudaría pues que se pudiera votar a los 16 años. Es verdad que a esa edad en España se puede trabajar, tomar decisiones importantes, pero no los dejan votar. Para mí, es una cosa absurda. Nadie se plantea que una persona de 103 años, pueda votar, pero sí que un joven de 16 años pueda hacerlo. Sé que otros países de Europa ya lo han hecho y es un debate que tiene que entrar porque hay que hacer algo para intentar contrarrestar esa demografía política.

–¿Esa demografía política también se refleja en un envejecimiento de la dirigencia política?

–No he hecho un análisis de edad de los políticos, pero hay grupos como Podemos o Sumar que en principio representan a los jóvenes, pero luego las propuestas que hacen son más para los mayores: gasto hacia pensiones, muy orientado hacia la edad, no hacia las necesidades. Ellos aunque son jóvenes y son un partido que se preocupa por los jóvenes, saben que para ganar tienen que mantener contentos a los mayores. Entonces, al final, pues siempre hay dinero para los mayores y para los jóvenes siempre son partidas en las que se gasta poco. Nunca hay dinero para la educación, para luchar contra la pobreza infantil, nunca hay dinero para mejorar la emancipación, para ayudar a la vivienda para que puedan desarrollarse los jóvenes. Las políticas que afectan a los jóvenes siempre son residuales porque primero hay que satisfacer a los mayores.

–¿Esta situación también se daba cuando vos eras joven?

–Cuando yo era joven, en los ‘80, la política me estaba ayudando porque éramos un grupo muy mayoritario, pero ahora que soy mayor también me ayuda la política porque seguimos siendo muchos. Incluso la economía me ha acompañado toda la vida porque cuando estás en una fase de transición democrática, si las cohortes más grandes son las que están en edad de trabajar, la renta per cápita crece muy rápidamente. Financiar los servicios públicos es más fácil porque se hace con menos impuestos dado que son más los que están contribuyendo que los que no. Ahora estamos en una situación inversa en la que los jóvenes cuentan con que las cohortes más grandes se están jubilando con lo que ahora aumentar la renta per cápita es más complicado. Lo tienes que hacer aumentando la productividad, que todos sabemos que en España no crece, y las medidas que hacen que crezca la productividad son las que favorecen a los jóvenes. Es un poco la trampa de la productividad de los que votan: votan cosas para los mayores porque no se dan cuenta que haciendo cosas para los jóvenes se mejorará también la vida ellos, porque mejora la productividad.

–Esa trampa de la que hablas, ¿podrá romperse con la incorporación de jóvenes a la dirigencia política?

–Si lo hacen, pero luego sólo buscan el voto mayor, no se soluciona. No sé cómo es en Argentina, pero acá en España, faltan instituciones de jóvenes. En España todas las leyes tienen que tener un impacto de género, pero yo creo que en determinadas políticas que afectan a los jóvenes, tiene que haber un análisis de impacto joven o de justicia generacional. Hay que explicar muy bien qué impacto van a tener sobre los jóvenes o crear organizaciones que puedan dar la visión de este grupo. Estás hablando, por ejemplo, de cambios en las pensiones: bueno, pues, las pensiones las van a pagar los jóvenes. O cuando estás emitiendo deuda pública, eso es factura que tú no pagas ahora y que le pasas a los jóvenes. O problemas como el cambio climático. Yo creo que instituciones juveniles podrían al menos visibilizar el problema. Lo importante sería que los votantes mayores como yo puedan votar pensando en los jóvenes. Hay que empoderarlos, al igual que a las mujeres, porque son dos cimientos que están ahí y son importantes.

–Recién mencionaste cambio climático, que es uno de los temas centrales de la agenda joven a nivel mundial. ¿Qué otras banderas de este grupo destacarías?

–Yo creo que los jóvenes, como se informan en redes sociales, son una generación más global, es nativa digital. Está completamente conectada en todo el mundo. Entonces los jóvenes son muy militantes y participativos en cuestiones que importan a nivel global. Aquí, por ejemplo, a los jóvenes les llama mucho la igualdad de género, todo lo que son temas del colectivo LGBTI. Se ha avanzado mucho en temas de salud mental que era algo que en mi época no se podía casi ni citar. Hoy en día se ha normalizado gracias a ellos. Los jóvenes esta batalla la han ganado, lograron visibilizar este problema que estaba totalmente estigmatizado. Es que hay que gastar dinero para solucionarlo y es ahí otra vez donde vamos a ver si hay dinero para la agenda joven. Pero, si te das cuenta, son todos temas transversales y globales. En cambio, la política local les cuesta más, los políticos tampoco están donde ellos están.

–Traigo a colación un fenómeno global que se fue consolidando en los últimos años que es el avance de la ultraderecha en política. En general muchos de estos partidos o líderes no le dan atención o incluso niegan muchos de estos temas de la agenda joven. Me pregunto entonces si hay algún tipo de vínculo entre el envejecimiento del electorado y el éxito que está teniendo la ultraderecha.

–Yo creo que tiene que ver indirectamente. El envejecimiento te genera nuevos problemas en la economía, porque, como te digo, es más difícil crecer, más difícil que la gente note que está mejorando. Y la ultraderecha aprovecha el populismo para hacerle creer a la gente que los problemas se solucionan de maneras que sabemos que no se van a solucionar. Al electorado le cuentan una historia y entonces van ganando peso, van ganando fuerza porque hay problemas muy difíciles de solucionar que, además, los partidos tradicionales no se atreven a solucionar porque tienen que satisfacer al voto mayor. Entonces, como no se solucionan, la ultraderecha culpa a los políticos y se inventa recetas falsas que la gente cree porque la está pasando mal. El malestar, no lo había pensado así antes, pero puede ser que sea debido a que como tú te guías por los mayores no hay dinero para solucionar los problemas de largo plazo que al final son los mejores.

ACM

Le pregunto a Nicolás Cuello, profesor de Historia de las Artes Visuales, activista gordo y cuir, por qué la mayoría de las personas que aparecen en las publicidades y en las imágenes públicas son flacas. Esas imágenes son estereotipos corporales que se fueron construyendo durante un prolongado proceso en el tiempo “para orientar cómo se debe comprar y consumir, cómo hay que expresarse y, en definitiva, cómo debemos ser”, me responde.

Las representaciones hegemónicas conforman un modelo de vida que gobierna el imaginario social, y es casi omnipresente en las calles y en las pantallas. Es cierto que esos modelos se han ido conformando en el tiempo y tienen un recorrido largo, “pero no siempre fueron así, han ido mutando en la medida que el sistema social y económico priorizó cada vez más la productividad y los valores simbólicos que apuntan a perpetuar el modo de existencia actual”. Cuello se refiere a la sociedad globalizada y neoliberal, que es histórica, una cultura que se fue imponiendo, pero que no es la única posible“. 

Hace mucho tiempo atrás, el cuerpo gordo o voluminoso se asociaba “con la fuerza, la potencia y la fertilidad”, aunque luego eso cambió, como consecuencia de la expansión del capitalismo y del colonialismo. Estos regímenes no son eternos, son transformables y están basados “en la explotación del cuerpo trabajador al que le exigen rendimiento, eficacia y un determinado estado físico y longevidad que garantice sus expectativas productivas”, señala el docente universitario que vive entre Buenos Aires y La Plata y dedica gran parte de su tiempo a investigar las diferencias corporales y sus efectos en la vida de las personas. Así, la ponderación corporal se asocia con la capacidad de generar constantemente valor material, cosas que se compran y se venden, incluyendo a las propias personas, que son cosificadas como mercancías.

El modo de producción actual necesita expandir las imágenes de esos cuerpos delgados y blancos para que conformen una imagen unívoca como horizonte aspiracional que “termine orientando la experiencia corporal de todos los que habitamos este mundo, nos hagan sentir que esos cuerpos son los naturales y que los demás son imperfectos y defectuosos”. Se trata de algo conveniente para el sistema político y económico: que deseemos parecernos a esa imagen insistente para no afectar al poder.

Hablo también con Cuello, activista político, constructor de talleres, traductor y editor autogestivo de fanzines en torno a la gordura, sobre el poder de la fotografía como productora y modeladora de un imaginario dominante. Me aclara que “como toda tecnología, la fotografía no tiene una carga moral por sí misma, ni un efecto de control absoluto, ni su uso y objetivo puede sólo reducirse a un fin determinado. Es un dispositivo que construye imágenes con múltiples destinos” Lo que sí se hace es instrumentalizarla “para crear márgenes de dominación, a partir de la repetición, la insistencia, la hiper visibilidad de determinadas figuras corporales, de modo de que esas figuras sean las imaginadas y deseadas por la gente”.

La fotografía tiene otras potencialidades, asegura Cuello. Y aunque no puedo evitar pensar en que la famosa empresaria Kim Kardashian se ajustó a una dieta estricta semanas atrás para entrar en el vestido que Marilyn Monroe usó para el cumpleaños de JFK, evoco el trabajo del movimiento Mujeres Que No Fueron Tapa, MQNFT, un colectivo que jaquea las figuras de las celebridades que aparecen en las portadas de las revistas masivas, rearmando nuevas imágenes. Es que con el arte y con la técnica se puede realizar un gran trabajo de deconstrucción de “las imágenes que se usan en clave imperativa desde los núcleos de poder simbólico”.

“Por insistencia y repetición, los cuerpos delgados han creado el efecto performativo de verdad sobre lo que es un cuerpo normal”. Sin embargo, quienes reciben esas escenas no son necesariamente repetidores pasivos. “Pueden subvertir, revertir, ocupar, trastornar, recortar y volver a armar otras. El poder, asegura, no controla la totalidad de sus efectos”, asegura Cuello.

Las fisuras, las grietas son inevitables y dan lugar a los cambios, algo que ha ocurrido en distintas épocas y lugares con otros estilos corporales fuera de la norma y, por lo tanto, despreciados y desdichados. La concepción de lo normal no ha sido siempre la misma, no existe -aunque se pretenda- un pensamiento único. Los cuerpos que conviven son diversos y la construcción imaginaria también puede variar.

Como dice Cuello: “Lo que un cuerpo tiene que ser para alcanzar el estatuto de normalidad, el reconocimiento y aceptación de su valor social, el deseo sexoafectivo, la condición de persona, puede ser reapropiado, intervenido, interrumpido, remixado, satíricamente comentado”. Aunque la serie mayoritaria de imágenes que aparecen en los medios son para la dominación, “las fotos pueden tener un devenir crítico a partir de un uso diferente del original y pueden despertar otras reflexiones sobre los cuerpos y sobre el proceso de institución de la normativa”.

Abrazado a diversas lecturas cuestionadoras, al activismo, la escritura, las marchas, los encuentros y las manifestaciones, el activismo gordo comparte y circula conocimientos que ponen en jaque el imperio del modelo flaco como único cuerpo posible. Como ha escrito el activista Mauro Cabral, otro referente ineludible de lo gordo, la militancia de la diversidad “arremete contra un mundo que busca la desaparición gorda, donde lo único posible parecen ser el registro vigilante de las calorías consumidas entre el desayuno y la última colación o la anotación del peso diario en una bitácora de nutricionista”. 

Las imágenes performativas de una verdad se erigen y difunden de manera acelerada por medio de los comerciales, “pero su construcción como algo natural es una ficción, una pedagogía política que destaca el capacitismo de los cuerpos. Esta noción crítica la creó el movimiento de la diversidad funcional y las personas gordas la tomamos como una categoría para narrar nuestra diferencia”. La gordofobia parece funcionar como una máquina imaginativa que relata una supuesta verdad, para restringir y reprimir la existencia de corporalidades diferentes.

Ser gordo o discapacitado no son experiencias quebradas, falladas ni partidas, sino otras formas corporales de existir. La opresión enseñó que cuando se mira a una persona gorda hay que focalizar las partes, las marcas, los rollos, los defectos, su comportamiento al comer. Ella misma mira así su intimidad. “Por eso, ser gordo, disca, trans o gay no significa tener una mirada crítica. Un cuerpo determinado puede o no ser desobediente, su biología no determina su pensamiento ni su acción. Y aunque cualquiera puede producir un gesto disrruptivo del orden estructural, bajo ningún punto de vista se puede considerar que la experiencia de ser diferente otorga automáticamente un supremacismo moral”.

Según Cuello, “que alguien gordo aparezca en una revista masiva, pagada por un grupo económico poderoso, no es algo transformador. Es, a lo sumo, la ruptura de un patrón, que tal vez pueda ser beneficioso para quienes se sienten identificadas, pero lo que hay que preguntarse es: ¿altera los sistemas de patologización? ¿Interviene sobre las políticas públicas que extienden formas de dominación laboral, sexual, política, migratoria sobre las personas gordas? ¿Genera conciencia? Definitivamente, no. Es necesario instalar una agenda de dignidad, de mejores condiciones de vida para diferencias corporales precarizadas, castigadas y abandonadas por el Estado”. Tal vez esa aparición genere discusiones públicas sobre cómo podemos ser, pero eso no altera la violencia sistémica contra las personas diferentes. “De hecho, el maltrato contra los gordos aumenta segundo a segundo y es inaudito”, asegura quien compiló junto a la profesora de filosofía y abogada Laura Contrera el libro Cuerpo sin patrones. Resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne.

Entonces, si aparecer gordo es insuficiente, ¿qué faltaría? “Hay que saber qué decir con ese cuerpo desplazado de la normalidad, porque si la exposición pública es una excepción para seguir afirmando un sistema de dominio, no se está haciendo nada por transformar la vida de quienes cargamos con un estigma por nuestras diferencias corporales”. Lo que se necesita es tomar la palabra y reponer una reflexión crítica junto a las nuevas imágenes de la desmesura y los cuerpos impropios.

Las acciones de resistencia gorda y sudaca frente a los estereotipos y la descalificación de identidades que no se ajustan al estereotipo delgado trasciende la voluntad de un gesto individual. Requiere de una nueva conciencia social que condene la injuria y el estigma. Habrá que seguir construyendo esa transformación profunda de la mirada colectiva. 

LH

Los datos pueden servir para eliminar estereotipos o también para reforzarlos, porque en sí mismos no son más que una herramienta técnica construida por personas que tienen sesgos. La frase llega a horas de que se inicie el Censo 2022 en la Argentina, la primera vez que se preguntará por la identidad de género autopercibida y es también una llamada de alerta para no creer en soluciones mágicas. Ver quiénes están tomando las decisiones, en base a qué criterios es central para poder construir ciudades más igualitarias, no son los datos en sí mismos, explicaron varios especialistas consultados por elDiarioAR. “El objetivo es evitar una lógica patriarcal y un sesgo cis-género que perpetúe la invisibilización de realidades”, sintetizaron. 

En 24 horas, Argentina se acerca al próximo relevamiento nacional de datos de personas y viviendas, el postergado por pandemia, Censo 2022. Entre las novedades del recuento de este año se encuentra el factor “personas” y el intento de dar cuenta de la diversidad de identidades -vivencias, realidades, desigualdades, oportunidades- que están del otro lado del casillero por tildar. Por primera vez, se preguntará a la población el sexo registrado al nacer, incluyendo la categoría “X”, y cómo se autopercibe: “mujer”, “mujer trans / travesti”, “varón”, “varón trans / masculinidad trans”, “no binario”, “otra identidad / ninguna de las anteriores”. Es decir, por la identidad de género, aquella vivencia individual tal como cada persona la siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Y si, como informan desde la organización del Censo, “se podrá saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos”, la pregunta es cómo se traducirá lo que la población diga sobre sí misma en políticas que impliquen una mejora en sus condiciones de vida.

“Cuando hablamos de conocer mejor a la población, la pregunta por la identidad de género es muy importante. Alentamos a responderla con sinceridad, sin sesgos, para que realmente podamos visibilizar este tema en términos estadísticos”, dice Mariano Poledo, coordinador del Censo 2022 y director nacional de Planificación, Relaciones Institucionales e Internacionales de INDEC. 

Desde el punto de vista de la estadística oficial, el funcionario explica que el objetivo es procesar las respuestas a esta pregunta junto a variables como la región geográfica o rangos de edad, para poder realizar estudios en profundidad. 

“Esto se puede abordar desde la perspectiva de la salud, de la educación, son varios los Ministerios que pueden estar interesados en entender esta temática. Estamos hablando de generar inclusión, entonces esta pregunta nos va a ayudar a desarrollar políticas públicas destinadas a eso”, aclara. 

Desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación trabajaron junto a INDEC en la elaboración de la pregunta y sus posibles respuestas y esperan que la información relevada impacte en diversas áreas de gestión. “En la planificación de la política económica, del acceso al empleo, a la vivienda y al hábitat, a la salud y el acceso a la educación, entre otros ámbitos. Esta información es clave para la construcción y el perfeccionamiento de políticas públicas no solo del Estado nacional, sino también de los estados provinciales y municipales y para la incidencia pública de la sociedad civil. Permite el entrecruzamiento de los datos con todas las variables sociodemográficas. Sirve para promover el acceso y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población trans, para saber dónde viven, cómo viven, con quienes viven y de esa manera, mejorar las acciones en curso para reparar esa exclusión estructural”, explican desde el Ministerio. 

Para Gio Perchivale, líder de Comunicación de Contratá Trans, el programa de la asociación civil Impacto Digital que se encarga de la inclusión laboral de las personas trans, travestis y no binarias, la ecuación es sencilla. “Más datos significa más presupuesto y más derechos. Lo que no se nombra no existe, y si para el Estado no existimos, no podemos reclamar lo que nos corresponde”, enumera. 

Más datos significa más presupuesto y más derechos. Lo que no se nombra no existe, y si para el Estado no existimos, no podemos reclamar lo que nos corresponde

Gio Perchivale — Líder de Comunicación de Contratá Trans

La creación de estadísticas que incluyan la perspectiva de género puede significar una oportunidad de mejora en la calidad de vida de sectores históricamente vulnerados, como la población travesti, trans y no binaria. Al respecto, las posibilidades de cruce de variables y análisis de datos pueden ser tan numerosas como la voluntad política lo disponga. “Teniendo en cuenta que la población trans tiene una expectativa de vida de 35 a 40 años, mucho menor a la del resto de la población, los datos con perspectiva de género dan una dimensión sobre la situación en la que viven. Por ejemplo, cuántas personas trans viven en la pobreza o sin trabajo. Es algo que sabemos que pasa, pero que no está visibilizado con datos estadísticos. O cuántas personas trans tienen computadoras y acceso a internet en sus casas, algo que también representa el acceso a la educación, a los turnos virtuales de salud, el acceso a poder buscar un trabajo por internet. Hay muchas aristas que se van entrelazando”, señala Perchivale. 

Para el activista, “tener esos datos va a servir para conocer la situación actual y en base a ese diagnóstico crear herramientas y políticas que puedan mejorar la situación, porque no puede ser que hace diez años que existe, por ejemplo, la Ley de identidad de género y que empezó a demostrarse mayor interés desde el Estado en las poblaciones trans y en las poblaciones vulnerables, pero aún seguimos viviendo la mitad de años que el resto de las personas en Argentina”.

El primer desafío: construir datos sin sesgos

Mailén García es co-fundadora y directora general de DataGénero, Observatorio de Datos con Perspectiva de Género, y su experiencia de trabajo en áreas de estadística del Estado la lleva a encender algunas alarmas sobre el rol de los datos en la formulación de políticas públicas.

 “Los datos son construidos por personas- explica-. Pueden servir para eliminar estereotipos o también para reforzarlos, porque en sí mismos no son más que una herramienta técnica construida por personas que tienen sesgos. Por eso es tan importante la metodología y ver cómo se construyen, porque en los procesos de construcción es donde podemos encontrar esos sesgos”.

García también señala la importancia de dejar los prejuicios en el momento de la recolección de los datos y en el análisis. “Hay que mirar todo ese proceso y tiene que estar documentado. Esto es muy importante porque si no corremos el riesgo de fetichizar que los datos nos van a dar la solución a los problemas sociales. Es algo que empieza a pasar con la Big Data y la Inteligencia Artificial. Algunos empiezan a creer que hay soluciones mágicas, algoritmos que resuelven problemas”, describe. 

“¿Y los datos cómo están construidos? ¿Cómo están pensados esos algoritmos?”, pregunta en voz alta y ella misma explica: “Si no nos detenemos en eso podemos estar reproduciendo estereotipos. Con el rol de los datos en la formulación de políticas públicas ocurre lo mismo, por eso también es importante empezar a trabajar con los equipos de personas, ver quiénes están tomando las decisiones, en base a qué criterios, eso es central para para poder construir ciudades más igualitarias, no son los datos en sí mismos”.

Desde Impacto Digital, Gio Perchivale señala la importancia de que las poblaciones tengan voz en la determinación de las estadísticas construidas y las problemáticas que se abordan. El objetivo es evitar una lógica patriarcal y un sesgo cis-género que perpetúe la invisibilización de realidades.

Desde Impacto Digital, Gio Perchivale señala que el objetivo es evitar una lógica patriarcal y un sesgo cis-género que perpetúe la invisibilización de realidades

“En todos nuestros programas siempre ponemos mucho foco en los datos y creamos diagnósticos con perspectiva de género, pero una perspectiva desde el lado de la misma población sobre la que se relevan esos datos. Las mismas personas tienen que poder decirnos qué preguntas son las que importan en su población porque estos datos deben reflejar su realidad, lo que están pasando, y en base a eso saber cuáles son sus necesidades”, explica. 

Sin ser ajenos a posibles críticas, desde INDEC aseguran que para la formulación de la pregunta sobre la identidad de género trabajaron en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y de manera coordinada con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. “Hemos probado esta pregunta en varias oportunidades a través de pruebas piloto, un censo experimental, hemos intercambiado experiencias con países de la región para encontrar el formato ideal y hemos tenido reuniones con organizaciones de la sociedad civil. Esta formulación resulta de un proceso durante el cual tuvimos una excelente interacción con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación con el que hemos firmado un convenio de asistencia técnica mutua, colaboración e intercambio de información”, relata Poledo. 

El sitio web oficial del Censo 2022 explica que, con la información obtenida durante el relevamiento, tanto el sector público, privado y académico como la ciudadanía en general podrán tomar más y mejores decisiones. Que esa cantidad y calidad alcancen a los sectores más postergados y menos visibilizados será una buena manera de medir el impacto de las estadísticas. 

JLC

Desde principios del Siglo XX, la prohibición de la cocaína -que tenía uso legales y se vendía en farmacias- trajo consigo el desconocimiento de los efectos reales que la sustancia puede causar en las personas que consumen (entre ellos, afectaciones graves a la salud o la muerte). Esto se debe a las sucesivas adulteraciones que padece la sustancia en una cadena de valor regulada por el mercado ilegal -que prioriza las ganancias por sobre la salud de sus clientes-, lo que expone a las personas a daños potenciales que pueden generar los productos utilizados para estirarla. El desconocimiento de la composición es producto de la prohibición, que expone a las personas a situaciones de inseguridad que pueden tener consecuencias físicas graves o fatales (como la que sucedió en esta ocasión).

Antonio Escohotado nos enseñó que, a principios del siglo pasado, en contextos de venta y consumo legal de cocaína, había cuasi nulos índices de mortalidad por consumo de la sustancia en su estado puro; las personas que la consumían solían conocer y preveer sus efectos, y podían graduar las dosis de forma responsable, adulta y racional. Una vez que la prohibición ganó terreno, las adulteraciones de la calidad de la sustancia -con productos no aptos para el consumo humano y direccionados únicamente a incrementar el volumen- significaron muertes y graves afectaciones en las personas que consumen. En su Historia General de las Drogas, Escohotado da como ejemplo la adulteración de la coca con yeso; esto producía que las personas que aspiraban padecieran un taponamiento inmediato de las arterias y una muerte súbita. De esta manera, las personas no morían por la cocaína, sino por el yeso de venta libre en cualquier pinturería y por la ausencia de un Estado que decidió apartarse de la regulación responsable de esta y otras sustancias (dejando el mercado a las redes ilegales de abastecimiento).

El Estado Argentino incumple la regulación de la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley de Abordaje de Consumos Problemáticos, las cuales demandan establecer abordajes de reducción de daños; mediante estas herramientas podrían evitarse algunas de las muertes causadas por la adulteración de drogas. En España, hace por lo menos 25 años que la sociedad civil junto a diversas instituciones públicas desarrolla programas de testeo de las sustancias, con el fin de informar a las personas que consumen -y a la población en general- la calidad de las drogas que circulan y los riesgos de su consumo. Experiencias semejantes podemos localizar en nuestra región; hace años existen experiencias en México, Colombia y Uruguay.

Nuestro país se encuentra muy atrasado en la materia y sus instituciones públicas sostienen un discurso perimido, anacrónico y poco realista, respecto de la abstención en los consumos; mediante campañas inútiles señalan que la solución básicamente es “no consumir”, cuando en la práctica la población consume cada vez más y el mercado de sustancias está cada vez más diversificado. Estos discursos morales no han tenido ningún impacto ni muestran resultados positivos, pero la prohibición sigue siendo redituable en términos económicos, proselitistas y burocráticos.

Pareciera que sólo nos alertamos cuando jóvenes mueren en una fiesta electrónica por el consumo de pastillas de calidad adulterada o cuando suceden hechos como el de hoy. Lo que debería establecerse es una política de Estado clara, basada en la reducción de daños -que alerte a las personas de los efectos reales que causan las sustancias y los adulterantes con las que suelen cortarse– realista, basada en evidencia y alejada de cualquier sensacionalismo paternalista o supersticioso. Ello se podría hacer mediante el Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Organización de los Estados Americanos -organismo del cual nuestro país es parte desde 2016-, mecanismo que se encuentra en claro desuso para dicho fin. Debería hacerse así un monitoreo constante de las sustancias que circulan por el mercado y sus adulterantes, a fin de informar a la población sobre sus calidades y efectos posibles. No es ningún invento, sino que es una práctica que se lleva adelante en otros países desde hace décadas y que se encuentra dentro de los abordajes de reducción de daños recomendados por diversos organismos internacionales -como la Organización Mundial de la Salud (OMS)- y exigidos por nuestras leyes nacionales hace por lo menos una década.

Lo que debería establecerse es una política de Estado clara, basada en la reducción de daños -que alerte a las personas de los efectos reales que causan las sustancias y los adulterantes con las que suelen cortarse

Por último, la criminalización y la estigmación significan un grave obstáculo para las personas que consumen porque no acceden a información verídica sobre los efectos reales de las sustancias y sus adulterantes (sean inertes o activos) y porque no tienen la posibilidad de buscar de asistencia -en caso de requerirlo- por el abordaje punitivo y los prejuicios que existen. El contacto de las personas que consumen con el Estado, en un contexto de criminalización como el de nuestro país, suele resumirse en la relación de vulnerabilidad que tienen con las fuerzas de seguridad y el sistema punitivo. La necesidad de un abordaje respetuoso de los derechos humanos, con una mirada basada en principios de salud pública y no represión, requiere el cumplimiento de las leyes existentes y la transformación del ordenamiento jurídico -que incluye la derogación de la vetusta ley 23737- para respetar los derechos de las personas que deciden usar sustancias. Esta es una de las deudas más grandes de la democracia.

Este artículo fue publicado originalmente en Reset.

MF