Los peritos que analizan las muestras de la cocaína que causó 24 muertes y más de 80 intoxicados en los partidos bonaerenses de San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham no detectaron fentanilo en los primeros estudios a la droga secuestrada, aunque no se trata de un resultado definitivo y continúan las tareas para identificar la sustancia de corte, informaron hoy fuentes judiciales.

“Por ahora no saltó nada parecido al fentanilo, pero no es un resultado concluyente. Se sigue trabajando porque a esta altura puede haber un falso negativo y un positivo también puede ser falso”, afirmó a Télam una alta fuente judicial vinculada a la investigación.

Estos resultados preliminares surgen del trabajo que se viene realizando con las primeras pasadas por el cromatógrafo en el Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses que la Procuración bonaerense tiene en la localidad de Munro, partido de Vicente López.

El cromatógrafo es un instrumento a partir del cual los químicos pueden identificar los distintos componentes de una sustancia, pero trabaja comparando el material a analizar con una muestra de lo que se busca.

“Pero hay distintas maneras de que coincidan la muestra con el patrón. Se puede diluir en distintos porcentajes o calentar a determinado grados. Por eso las posibilidades se siguen explorando. Para afirmar o negar la presencia de fentanilo de manera rotunda, hay que esperar que concluya el trabajo”, explicó la fuente judicial.

La presunción de que era fentanilo la sustancia mezclada con la cocaína comprada en el búnker del asentamiento Puerta 8 de Tres de Febrero surgió a partir de la reacción favorable de algunos pacientes internados a la naloxona, un antídoto para intoxicaciones con opioides.

Por ello, la fuente de la investigación consultada por la agencia Télam aclaró que “también se están cotejando las muestras de la droga con otros opioides, pero además con venenos, fármacos, agroquímicos y otras sustancias”.

También explicó que “son muchísimas las muestras a analizar” porque no sólo se estudia la droga incautada o la que aportaron sobrevivientes o familiares de las víctimas, sino también “la sangre, orina, bilis y otras sustancias biológicas que vienen llegando de las muestras extraídas en las autopsias a las 24 víctimas fatales y también la sangre y orina de los internados”.

Otras fuentes judiciales explicaron a Télam que además del laboratorio de Munro, también trabajan en los peritajes sobre la cocaína otro de la Procuración en La Plata y los peritos de la Policía Federal Argentina.

Según el último reporte oficial, hasta ahora 24 personas fallecieron -21 de ellas dentro de hospitales y las tres restantes en domicilios o en la vía pública-, y fueron 84 las que terminaron internadas por intoxicación en distintos hospitales de la zona noroeste, de los cuales hoy continuaban hospitalizadas 37, según informó el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Los propios pacientes aportaron el dato de que la cocaína que habían consumido la habían comprado el martes pasado por la noche en un búnker ubicado en el asentamiento Puerta 8 de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, que fue allanado al día siguiente.

Allí se detuvo a seis personas -cinco hombres y una mujer de entre 18 y 47 años-, y se secuestraron las mismas dosis de medio gramo de cocaína en un envoltorio de nailon rosado transparente que aportaron los damnificados.

En esta causa, el fiscal Germán Martínez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, indagó a esas seis personas y les imputó los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, homicidio y tentativa de homicidio.

Pero en paralelo, la justicia federal de Tres de Febrero detuvo en otro expediente que ya se venía investigando desde agosto pasado a Joaquín Aquino (33), alías “El Paisa”, y otras seis personas como acusadas de integrar una banda narco de la zona.

A raíz de diversas coincidencias detectadas en la pesquisa por las muertes con droga adulterada, Aquino es ahora señalado por las autoridades del Ministerio de Seguridad bonaerense como quien pudo haber elaborado y vendido esa cocaína.

En tanto, en Rosario, ocho personas permanecían hoy internadas tras el consumo de cocaína durante el fin de semana y con síntomas similares a las víctimas de la provincia de Buenos Aires, por lo que la justicia federal de esa ciudad santafesina ya investigaba si puede haber relación con la droga que mató la semana pasada a 24 bonaerenses.

Con información de la agencia Télam

PP

“Estirá la mano porque te corto las patas también. No vas a caminar, no vas a robar nunca más, vos”, dice el que maniobra el cuchillo de carnicero y la pinza. Otro apunta el celular, un plano cerrado sobre el enchastre de sangre. Ya está empezado: falta un dedo. En turnos le gritan lo imposible, que se quede quieto, que no chille, que no esconda los que aún conserva. El tercer hombre obedece. No tiene voz. Ya sabe que es inútil rogar, dar explicaciones, prometer que no volverá a hacerlo. Llorando, soporta la mutilación.

El video –el mensaje– reenviado muchas veces dura menos de tres minutos. Carlitos o El Francés, según quien se lo cruzara en los pasillos, no sobrevivió. Era de Güemes, una barriada de San Martín muy cerca de las villas Melo y Loyola. Los que lo torturaron y mataron eran narcos de Villa Sarmiento que no le perdonaron que hubiera metido “la mano en la lata”: no rindió una plata o una bolsa. La misma geografía fue nombrada y escrita una y otra vez en los últimos días, luego de más de veinte muertos y otros tantos internados por consumir cocaína “adulterada”. Según la versión oficial, encarnada en el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, el expulsado Joaquín Aquino, apenas Paisa para los conocidos, es el capo que movió la droga de San Martín a Puerta 8, en el fondo de Tres de Febrero y pegado al arroyo Morón, desde donde salió el veneno que provocó la emergencia epidemiológica en la provincia de Buenos Aires. Las voces en el territorio suelen ser más desconfiadas.

“Para hacer el show”

“Por la pinta nomás te das cuenta que ese no es jefe, pero lo que importa es dar una respuesta a la demanda social, resolver la indignación inmediata. Encima resucitan a Mameluco (ante los micrófonos, Berni presentó al capturado Paisa como el sucesor del histórico narco de San Martín Miguel Villalba, hoy cumpliendo condena en el penal de Rawson) para hacer más show. El verdadero culpable no va a caer ni a palos. Ya está, agarraron a uno, la semana que viene aparece otro hecho de inseguridad y acá otra vez no queda nadie”, explica el referente de un merendero de San Martín que no puede dar el nombre porque “el conflicto entre bandas se puso más violento, más dramático”.

Además de la conveniente detención del Paisa en una casa de José C. Paz (habían pasado apenas 24 horas de conocerse el desastre, pero más de tres meses desde que el fiscal Diego Iglesias de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) ordenara su captura por otra causa de drogas), hubo más allanamientos en Puerta 8. Ante el fiscal Germán Martínez y el fiscal general Marcelo Lapargo de San Martín, los detenidos repitieron que su único delito era vivir o merodear en la zona.

“Se me acercó una de las familias para contarme que la policía les pegó, les metió falopa y los detuvo. Como Berni necesitaba una noticia impactante para presentar ante los medios, allanaron y detuvieron a cualquiera. Hay gente detenida que no tiene nada que ver, ni siquiera tenía un gramo de marihuana en la casa”, se queja el abogado Juan Manuel Casolati, reincidente en eso de defender a jóvenes pobres en causas armadas.

Venís al barrio y te parás al lado mío en medio de una calle a mirar. Yo te voy a mostrar que al menos uno de cada familia estuvo en cana por vender drogas

“La corrupción policial –continúa– y la complicidad del poder judicial en San Martín es terrible. Todas las bandas negocian con cada una de las reparticiones de la policía en el distrito. Por eso se está desnaturalizando el paradigma de la ilegalidad. La policía pasó de proteger a una banda en desmedro de otra a hacer negocios con todas y eso en algún momento termina mal”.

Para Casolati, el andamiaje de un narco Estado paralelo se sostiene en la detención casi exclusiva de pibes que viven en los barrios “Estas causas son armadas por la policía, y son muy pocas las que llegan a juicio oral. Los imputados terminan negociando el mínimo de cuatro años en un juicio abreviado aun siendo inocentes porque tienen miedo de comerse más años si van a juicio oral. Justamente es la instancia del juicio donde los policías tendrían que ir a declarar, mostrar la investigación que hicieron, y entonces el estándar de corrupción saldría a la luz. La fiscalía termina siendo cómplice de estos procedimientos ilegales de la policía y lo mismo ocurre con los jueces que auspician estos juicios abreviados para ahorrarse trabajo. Toda queda en la oscuridad. Muchos miembros del poder judicial, aun siendo honestos, participan como actores secundarios de estos procesos fraudulentos”.

Eslabones menores y consumidores

El informe correspondiente al año 2020 –el último publicado– del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad –que recoge la información aportada por las distintas fuerzas de seguridad provinciales y federales– confirma que más del 70% de toda la actividad policial vinculada a la Ley de Estupefacientes 23737 se concentra en delitos de tenencia atenuada para uso personal (56,1%) y tenencia simple (16,3%). En cambio, aquellos delitos relacionados al gran tráfico como organización y financiación y contrabando expresan porcentajes ínfimos (0.3% y 0,7% respectivamente).

Los registros de la Procunar aportan en la misma dirección. Aunque a la justicia federal le corresponde la investigación de delitos más graves como comercio, traslado y tráfico a gran escala, el 30 % de las causas iniciadas durante el 2020 fueron por tenencia para consumo personal. Si este porcentaje se suma al de tenencia simple, el fuero federal destinó el 40 % de su actividad a delitos menores.

“La estadística, tanto la policial como la judicial, permite ver que la concentración de la actividad del Estado está en los eslabones menores y en los consumidores”, dice Ángela Oyhandy, quien fuera la directora de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Sabina Frederic.

“Un dato interesante –agrega– es que más del 75 % de las causas iniciadas vinculadas a drogas en la justicia federal las originan fuerzas federales y policías provinciales en tareas supuestamente de prevención, como los operativos de saturación y los patrullajes. Sólo el 17 % surgen de investigaciones del poder judicial y ministerios públicos fiscales, lo que genera la preponderancia hacia la judicialización de causas por tenencias y pequeño tráfico”.

Más del 70% de toda la actividad policial vinculada a la Ley de Estupefacientes 23737 se concentra en delitos de tenencia atenuada para uso personal (56,1%) y tenencia simple (16,3%)

Los informes elaborados por la fiscalía federal N° 6 a cargo de Federico Delgado sobre delitos relacionados al consumo de sustancia demuestran que desde el precedente “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2009, este tipo de procesos culmina en el archivo.

“Por lo tanto –concluye Delgado– la inversión económica y la energía humana que se consume en todo el proceso que va desde la detención del infractor, la confección del sumario en papel, el ingreso al sistema judicial y el archivo del expediente, constituyen parámetros que deberían revisarse a la hora de evaluar en qué gastar ese dinero y energía que luego faltan para investigaciones cualitativamente más importes”.

La Procunar regala un último dato esclarecedor. El 85 % de las causas iniciadas en la justicia federal en 2020 involucraron a una persona o a ninguna (por ejemplo, cargamentos abandonados). Si sumamos aquellas causas en las que hay hasta dos imputados, la cifra asciende al 95 % del total. El cálculo es fácil: apenas el 5 % de los expedientes abiertos son, o al menos se suponen, investigaciones por narcotráfico.

 “No hay que pinchar teléfonos para averiguar tanto. Todos conocen al narco, el nombre, el lugar, el proveedor, el jefe de calle que es socio. La lógica del consumo y de la venta está incorporada en la comunidad”, dice un ex detenido, hoy dedicado al trabajo social en Villa Loyola. Para explicarlo mejor propone una invitación. “Venís al barrio y te parás al lado mío en medio de una calle a mirar. Yo te voy a mostrar que al menos uno de cada familia estuvo en cana por vender drogas. Y muchas son mujeres porque necesitan la plata para darles de comer a los hijos, para pagar el alquiler. La gente acá vive de eso porque no hay una alternativa real”.

GR/WC

Rubén está apurado. Tiene que llegar al Metrobús que recorre la ruta 8 para tomarse un colectivo y llegar a la obra en construcción en la que trabaja. Lleva algunas herramientas en la mochila por si, antes de volver a casa, lo llaman para que haga algún trabajo de plomería. En el apuro, esquiva algunos pero no todos los charcos que la lluvia y la calle de tierra arman en la entrada de Puerta 8, un asentamiento en la localidad de Churruca, partido de Tres de Febrero: este miércoles, esas manzanas fueron señaladas y allanadas por haber sido el punto de venta de la cocaína adulterada que produjo, hasta este momento, la muerte de al menos 23 personas. La falta de un tendido cloacal regular y la cercanía al predio de disposición final de residuos del CEAMSE se apilan para hacer que estas cuadras tengan olor a agua estancada y basura en plena descomposición.

Las últimas 48 horas de Rubén fueron difíciles. En la madrugada del jueves, cuando le avisaron que su hermano vomitaba sangre y estaba entumecido, lo sacó de su casa de Puerta 8, lo subió al auto familiar y lo llevó al Hospital Bocalandro de Loma Hermosa. “Es adicto mi hermano, creíamos que había tomado mucho, pero en el hospital nos dijeron que estaba intoxicado con alguna sustancia, le hicieron un lavaje de estómago de urgencia y lo pudimos traer de nuevo a las siete de la mañana. Tomó de lo que vendían acá en el barrio, lo que está matando gente”, dice Rubén, y también se apura a decir: “Zafó. Tuvimos suerte. Zafó”.

La segunda vez que Rubén llevó a un hospital a su hermano fue cuando su mamá volvió a avisarle que vomitaba sangre. Fue este jueves a la tarde. “Otra vez se descompuso, lo llevamos al Posadas y volvieron a compensarlo. Ahora está bien del todo, parece”, cuenta Rubén, apurado por un vecino que va a caminar con él hasta el Metrobús para ir a trabajar como ayudante de un electricista y apurado también porque no quiere que ninguno de los móviles de televisión lo enfoque. “El barrio se complicó el año pasado. Ya hubo allanamientos y ayer con todo lo de los muertos hubo de nuevo. Cuando yo llegué de trabajar encontré toda mi casa revuelta, la puerta rota, todo dado vuelta. Es duro encontrar tu casa así cuando no tenés nada que ver. Pero lo más duro es que ayer se llenó todo de Policía y hoy no hay ni una consigna, no nos cuida nadie. Acá pasan cosas, y nos dejaron solos”, dice Rubén.

Fernando es el vecino que lo espera para tomar el colectivo: los dos viven en Puerta Azul, un asentamiento que concentra a unas 170 familias, desde hace más de 25 años. “El año pasado, en septiembre u octubre, hubo un día que hubo tiros acá en el barrio. Eso no pasaba antes acá, pero habíamos empezado a ver cosas raras. Nosotros pensamos que con esos tiros ya se había repartido el territorio y listo. Pero parece que no”, desliza Fernando. Apenas se conocieron las primeras muertes por intoxicación con cocaína adulterada, se deslizó como hipótesis la posibilidad de que se tratara de una disputa entre bandas narco en la que una habría intoxicado la sustancia que la otra tenía para vender, pero esa idea fue perdiendo protagonismo con el correr de la hora.

“Este es un barrio de laburantes. Acá vivimos tranquilos hasta el año pasado que empezó esto de que se instalen en alguna casa y haya un par de 'soldaditos' en el barrio. De los diez que detuvieron, siete u ocho son laburantes, no tienen nada que ver con toda esta cosa narco, y otros dos o tres, bueno, por ahí laburaban un poco avisando qué movimientos había cerca de esa casa en la que se guardaba todo, custodiando la cosa, en general pibitos”, describe Rubén.

Los negocios que dan a una de las calles por las que se puede entrar a Puerta 8 -uno de arreglo de ropa, otro que funciona como almacén- están cerrados. Algunas de las mujeres que los atienden asoman la cabeza por la reja: cuanto más cerca están las cámaras de los noticieros, más se vuelven a meter en sus locales, que anuncian sus ofertas en cartones escritos con témpera o varias pasadas de birome. Una vecina sale por uno de los pasillos finitos por los que no puede entrar ni una ambulancia, ni un patrullero: “Ayer salimos en todos lados. Se enteró todo el país de cómo se llama este barrio en el que algunos estamos hace más de veinte años. Lo que pasa es que los que manejan todo esto que encontraron acá no viven acá. Acá viven nuestros hijos y nuestros hermanos, que son los que compran, toman y se enferman o se mueren”.

JR