La localidad de Eldorado es la tercera ciudad más grande de la provincia de Misiones. Limita al norte con Brasil y al oeste con Paraguay. Un tramo de 100 de kilómetros de la ruta nacional número 12 la conecta, al norte, con Puerto Iguazú, el punto argentino de la Triple Frontera con Ciudad del Este (Paraguay) y Foz de Iguazú (Brasil). El jueves último, el único juez federal de Eldorado, Miguel Angel Guerrero, subió al estrado que ocupaban los cuatro ministros de la Corte Suprema -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda- en el encuentro realizado en Rosario sobre el juzgamiento del narcotráfico y dio un mensaje sin rodeos: “Si no tomamos en cuenta lo que está sucediendo en la jurisdicción donde yo trabajo, creo que en diez años vamos a tener un problema muchísimo más grave que el que en este momento vive la ciudad de Rosario”.

Es “un llamado de atención para el poder Judicial”, dijo el juez de Eldorado frente a 120 jueces federales de todo el país y el máximo tribunal, reunidos por la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) en un encuentro inédito. Guerrero trabajaba codo a codo con el fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci, asesinado la última semana por sicarios en una playa de Colombia mientras se encontraba de luna de miel. Les habló a los jueces de la Corte de la causa que investigaba junto a su par de Paraguay, el caso Barakat, y afirmó: “Esa causa jamás mereció la atención del Poder Judicial”. “La seguridad física de todos los jueces y fiscales debe ser responsabilidad del Estado”, advirtió.

El caso Barakat es una investigación transnacional entre Paraguay, Brasil y Argentina -por participación activa de los Estados Unidos- por supuesto lavado de dinero y presunta financiación de la organización Hezbollah, acusada por la Justicia argentina de la autoría del atentado a la AMIA en 1994, desde la Triple Frontera. Hezbollah nunca reconoció su autoría en el ataque a la mutual judía. 

Assad Ahmad Barakat es el supuesto líder del “clan Barakat” que habría utilizado cifras millonarias en fichas de un casino de Puerto Iguazú, Misiones, para las maniobras de lavado, con numerosos movimientos migratorios en Argentina. Es libanés naturalizado paraguayo y fue detenido en Brasil en 2018, pero la investigación se extendió a otros comerciantes libaneses de la Triple Frontera.

Argentina tiene actualmente tres focos donde se concentra la mayor actividad de narcotráfico y narcocriminalidad: Rosario, el Conurbano bonaerense y Misiones, por la frontera con Paraguay y Brasil, según el último informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). En estos tres puntos geográficos, el narco desarrolló presencia local, rutas nacionales e internacionales del tráfico de cocaína, marihuana y, en menor medida, drogas de diseño.

La ciudad Eldorado es un poco más extensa que Rosario pero menos populosa: cien mil habitantes versus poco más de un millón. Sin embargo, el municipio que encabeza, que lleva el mismo nombre que la ciudad misionera, es mucho más extenso y el departamento de Eldorado tiene más de 63.000 habitantes.

Jueces de frontera

El juzgado federal de Eldorado es multifuero (civil, penal y fiscal), pero además absorbe las causas de Puerto Iguazú porque el juzgado federal de esa ciudad misionera no está habilitado y en marzo último el Consejo de la Magistratura volvió a aplazar el nombramiento de su juez titular. Por eso, el juez Guerrero tiene a su cargo ambos juzgados: Eldorado y Puerto Iguazú, ambos en distintos puntos de las fronteras con Brasil y Paraguay, explicó en el estrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario ante sus superiores. 

La invitación a Guerrero como orador no fue causalidad. Los jueces federales de Misiones vienen insistiendo en foros y presentaciones sobre el exponencial crecimiento del tráfico y drogas en la zona y de la instalación de bandas y jefes de grupos con fuerte presencia en Brasil y Paraguay que se mueven por Misiones. El principal temor es que la disputa por el territorio replique la principal problemática de Rosario: la violencia. La ciudad santafesina tuvo 33 homicidios sólo en abril último, afirmó su fiscal general, Jorge Baclini, ante la consulta de elDiarioAR.

La hipótesis de que Eldorado y Puerto Iguazú podrían mutar en un territorio en disputa que siembre la consecuente violencia se basa en un marcado crecimiento de la actividad de bandas internacionales pero también en el perfeccionamiento de su capacidad económica y logística. Los jueces y fiscales de la frontera lo resumen con un dato que parece anecdótico pero no lo es, aseguran: los camiones que usan las bandas para pasar la droga camuflada ya no son camiones de segunda mano, son vehículos extremadamente costosos, nuevos.

Datos

Guerrero explicó en Rosario que durante “los tres primeros meses de 2022 se secuestraron más de 45 toneladas de marihuana; 10.000 pastillas de MDMA; 180 kilogramos de cocaína; el secuestro de más de 335 millones de pesos en mercadería en infracción al Código Aduanero constitutiva de delitos, no infracciones. Todo ese caudal de causas es gestionado por una estructura que se diseñó y se planificó para una realidad del año 1985”, año en el que se creó el juzgado que encabeza.

El juez de Eldorado aseguró que sus investigaciones confirman “la abrupta irrupción de organizaciones violentas con trágicas historias en los Estados vecinos, asociadas a grupos locales vinculados al narcotráfico, tráfico y trata de personas, el lavado de activos con el fin de financiar el terrorismo”. Un dato concreto resume el panorama: “En los últimos 45 días, (tuvimos) 9 detenciones con alertas rojas y pedidos de captura de Brasil vinculados a la delincuencia organizada transnacional”. Se trata de miembros de las principales bandas de ese país que se encontraban viviendo en Misiones: el Primer Comando de la Frontera (PCF), Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho y Bala Na Cara, aseguró Guerrero. “La presencia no es hipotética. Las alertas rojas vinculan a esas organizaciones a los nueve sujetos a extradición internacional”, afirmó. 

En 2020, una investigación realizada por la Procunar y la justicia federal de Posadas permitió establecer que el Primer Comando de Frontera en Misiones era comandado por un detenido en el Complejo Penitenciario Nº 1 de Ezeiza, acusado de tres casos de homicidio, maniobras de narcotráfico y planes para atentar contra la vida de un juez de instrucción de Posadas que lo investiga por uno de esos hechos. “La organización tenía su centro de operación en Misiones, montó una estructura en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y contaba con operadores en la República del Paraguay y el Estado Federativo de Brasil”, informó el informe anual de la Procunar. 

Barakat y Pecci

“Guerrero es nuestro enlace con la AJUFE de Brasil, la asociación de jueces federales brasileños que incluye a los magistrados de la megacausa Lava Jato y los que trabajan las causas de narcotráfico. También tiene a su cargo una de las causas por las que se cree que asesinaron al fiscal paraguayo en Colombia”, explicó a elDiarioAR uno de los jueces federales que organizó el encuentro en Rosario. Se refiere al caso Barakat, 

En Rosario, Guerrero pidió rendir homenaje al fiscal paraguayo Pecci y contó que habían tenido una reunión “muy productiva hace un mes” y que su colega “aportó información muy valiosa en la causa de Barakat sin la que no hubiésemos podido llegar a algunos lugares”.

El juzgado de Eldorado tiene un plantel técnico de 22 personas y 13.000 causas, sólo en la secretaría penal. Cuando se habilitó el juzgado en 1988 tenía 300 expedientes al año entre las tres secretarías, dijo Guerrero. Actualmente, ingresan 1.300 expedientes penales por año, además de otros miles de las secretarías civil y fiscal. “Ese equipo tramita causas de una complejidad como la famosa causa del clan Barakat -una organización vinculada a la organización Hezbollah- sobre financiamiento del terrorismo, lavado de activos para el financiamiento del terrorismo en una casa de juegos de azar en la triple Frontera. Esa causa jamás mereció la atención del Poder Judicial como para asignar un equipo de especialistas que ayude a los generalistas que somos todos los integrantes de un juzgado multifuero”, afirmó el juez de Eldorado a sus superiores, quienes lo escuchaban atentamente.

“En 2016, se acreditaron en la causa 2.700 transacciones que importaron más de 3.000 millones de dólares, con un 99% de esas transacciones desde una sola ciudad a puntos controlados a un Estado extranjero por la organización terrorista a la que reportarían”, agregó. Se refería a Hezbollah.

ED

El mapa del narcotráfico en Argentina tiene actualmente tres focos principales, una casta de narcos que está siempre un paso adelante de las autoridades y un Estado incapacitado para coordinar políticas que contengan la problemática, según funcionarios, magistrados y especialistas consultados por elDiarioAR este semana.

Si bien el narcotráfico se extienden en todo el país desde hace décadas, la fotografía que hoy tiene la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) muestra tres focos más calientes por el nivel de actividad localizada: Rosario, el Conurbano bonaerense y Misiones, por la frontera con Paraguay y Brasil. 

Otros años, la región noroeste, especialmente Salta y Jujuy, en la frontera con Bolivia, eran uno de los puntos geográficos más problemáticos, y si bien, el narco sigue activo en la zona, distintas investigaciones judiciales pusieron demasiados ojos en la región y habrían aplacado un poco la actividad, confió a este medio uno de los fiscales que trabaja en el territorio. 

En estos tres puntos geográficos (Buenos Aires, Rosario y Misiones), el narco no sólo tiene presencia local sino que las provincias son parte de las rutas del tráfico de cocaína y marihuana, las principales drogas que se comercializan en el país. Rutas entre las provincias y desde países limítrofes. Formosa se suma a la red de rutas, entre otras provincias, según el último informe de gestión de Procunar (2020). Argentina es también ruta hacia Europa para la exportación ilegal.

El análisis de la fiscalía surge de 312 investigaciones en las que la Procunar intervino en 2020, pero también de otras decenas de causas en las que viene interviniendo desde años anteriores. En total, entre 2013 y 2020, participó en 1.794 causas de narcocriminalidad en todo el país.

Lo que más les cuesta a las autoridades es ponerse de acuerdo, según quedó en evidencia en las consultas realizadas. Coordinar políticas entre el Estado Nacional y las provincias, y entre los distintos poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) parece una odisea y la consecuencia es el pase de facturas y responsabilidades entre unos y otros.

Las maniobras fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Informe de la Procuración General de la Nación.

En septiembre último, un informe de la Procuración General de la Nación identificó 19 casos de jefes de bandas narco que seguirían manejando el negocio desde las cárceles del país –tanto federales como provinciales–, donde se encuentran cumpliendo condenas o con prisión preventiva, de acuerdo con el documento publicado en la web oficial.

El informe, en el que participaron cinco fiscales federales de distintos puntos del país, la Procunar, la Procuraduría de Violencia Institucional, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal, la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal fue elevado por el procurador Eduardo Casal al Ministerio de Justicia de la Nación, pero desde el Ejecutivo, que tiene bajo su poder el control del Servicio Penitenciario Federal, sostienen que “se toman todas las medidas de prevención posibles dentro de la ley y la Constitución Nacional” y que las restricciones en las cárceles tocaron techo. 

En el documento, los fiscales denunciaron maniobras “concretas de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes y de otros graves delitos vinculados (como el lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos, amenazas, amenazas coactivas o tenencia y tráfico de armas de guerra), que fueron planificadas o llevadas a cabo desde el interior de los establecimientos penitenciarios”.

“Estas personas también habían sido previamente condenadas por haber cometido otros delitos desde el interior de las cárceles y pese a ello pudieron repetir esos patrones de conductas criminales”, sostuvo el informe. Los 19 casos fueron identificados en el informe.

La actividad identificada por los fiscales en cárceles como Ezeiza o Marcos Paz; la Unidad 6 de Rawson; unidades de Chaco, Ciudad de Buenos Aires y Misiones; así como complejos de Salta, Santa Fe y La Matanza, entre otros, no sólo incluye el manejo del negocio narco sino también de “lavado de activos, homicidios, secuestras extorsivos, amenazas coactivas o la tenencia y  tráfico de armas de guerra y municiones”. Los fiscales se basaron en escuchas telefónicas a los investigados, entre otras medidas de prueba en sus respectivas causas. 

“El problema es el territorio”, responden desde el Ejecutivo ante la consulta. “Se realizan requisas en busca de los celulares, se sanciona a los penitenciarios ante presuntas irregularidades y se monitorea con cámaras las 24 horas. El Ejecutivo hace todas las medidas que nos sugieren los fiscales en el documento”, agregó la fuente oficial.

Es el poder Judicial es que tiene que solicitar ese tipo de restricciones al Ejecutivo.

Postura del Ejecutivo ante la consulta sobre el informe de la Procuración.

En el Ejecutivo, contaron el ejemplo de Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de Los Monos, uno de los 19 líderes señalados en el informe. “Está condenado a 67 años de prisión, le hacen requisas semanales y está alojado solo en un pabellón para 20 plazas, sin contacto con otros detenidos para evitar que los maneje. Lo custodia un grupo especial del Servicio. El año pasado le encontraron un celular y suspendieron y sumariaron a 36 penitenciarios”, respondió la fuente. 

Comunicaciones

Para concretar las maniobras desde las cárceles, los jefes de las bandas, como Los Monos (Rosario), los grupos de Marcos Estrada González en la 1-11-14 (Ciudad y provincia de Buenos Aires) o del Primer Comando de Frontera (Misiones), “utilizaban medios de comunicación (teléfonos celulares y teléfonos de los pabellones)” o lo hacían “a través de personas tanto de adentro como del exterior y hasta coordinación entre personas detenidas en diversos penales”, sostiene el informe. “En algunos casos, no puede dejar de suponerse una posible connivencia de parte de los agentes del servicio penitenciario” en la facilitación o habilitación del uso de teléfonos celulares, indicó el informe de la Procuración.

“En algunos casos, los establecimientos penitenciarios presentaron niveles de seguridad que no resultaron adecuados para prevenir los riesgos inherentes a la peligrosidad de los internos allí alojados”, sostuvieron los fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. 

“Después de encontrarle a Cantero el celular, se puso el teléfono del pabellón en el patio, donde tiene escaso acceso porque lo usaba permanentemente al ser el único en el pabellón. Quitarle acceso total al teléfono del pabellón y prohibirle las visitas es ilegal y anticonstitucional y ningún juez lo solicita formalmente. Es el poder Judicial es que tiene que solicitar ese tipo de restricciones al Ejecutivo”, respondió la fuente gubernamental consultada. 

En los próximos días, el Servicio Penitenciario Federal recibirá también a un hijo de 19 años de Cantero y a su esposa, a quienes alojará en distintas dependencias, confirmó la persona consultada.

El Conurbano

El partido de San Martín, en el norte del Gran Buenos Aires, tiene su propio esquema narco: bandas propias, división y disputa del territorio, según distintas investigaciones fiscales y judiciales. La semana última, fue el centro de las alarmas por el caso de la cocaína adulterada, que le costó la vida a 24 personas y afectó a decenas de consumidores, según actualizó este sábado la agencia Télam. 

Necesitamos reformar la ley de drogas.

Fuente oficial gobierno de la provincia de Buenos Aires.

La primera hipótesis del caso apuntó a un supuesto boicot entre grupos por el control del negocio. Con los días, las autoridades lo descartaron, como publicó elDiarioAR. Surgió la teoría de un error del “cocinero” al cortar la droga con una sustancia que no supo manejar -supuestamente el fentanilo, según las autoridades- y una presunta prueba para introducir este opiáceo que hace estragos en los Estados Unidos y se cobra la vida de decenas de miles de personas.

“No se puede entender la situación actual en la provincia sin explicar primero el quiebre que generó el cambio de la legislación en 2005”, sostuvo una fuente oficial ante la consulta de elDiarioAR. “Fue cuando se desfederalizó la tenencia simple de estupefacientes, y la policía y la Justicia locales pasaron a ocuparse sólo del narcomenudeo, es decir, del narco a baja escala”. 

Entonces, el narcotráfico a gran escala quedó a cargo de los tribunales federales en territorio provincial (Lomas de Zamora, San Martín, Morón, etc. etc.) con intervención de las fuerzas de seguridad federales. “Eso se interpretó como un paso adelante pero hoy creemos que fue un error: se cortaron los grandes procedimientos de drogas”, agregó la fuente, quien asegura que Sergio Berni apuesta a tender nuevamente los puentes entre el ministerio de Seguridad bonaerense y la Justicia federal.

“El resultado fue una enorme caja para la Bonaerense, con control del territorio, y se rompió la cadena de información. En otras provincias, como Córdoba, sucedió algo similar. Necesitamos reformar la ley de drogas”, aseguró la fuente. 

En la Procuración, una fuente respondió: “En algunos puntos de la provincia de Buenos Aires, la coordinación entre Justicia provincial y federal funciona; en otros, no. Se hicieron nueve mesas de intercambio de información desde 2019 entre fiscales provinciales y federales. Los efectos negativos de la desfederización se neutralizan con coordinación. Lo mismo se está haciendo en Salta”, agregó.

Una década caliente

En Rosario, concuerdan con el informe de Procelac: los capos siguen manejando desde las cárceles, reconocieron fuentes consultadas con acceso a las investigaciones.

El narco en Rosario adquirió magnitud hace más de una década, pero comenzó a gestarse a finales de los años 90, explicaron a elDiarioAR fuentes que trabajan diariamente en contacto con la problemática y cuyas identidades se reservan por razones de seguridad. Fue cuando la comunidad internacional estableció restricciones en la importación y comercialización de los precursores químicos en países productores de hoja de coca  (Colombia, Perú y Bolivia) y el narcotráfico buscó la flexibilidad argentina para conseguir estas sustancias clave en la elaboración de la cocaína.

Algunos precursores se utilizaban, por ejemplo, para la industria frigorífica y en Argentina se importaban y comercializaban sin control. Así que el narco trajo las cocinas al sur de Sudamérica: traían la pasta base y la refinaban en el país, donde conseguían con facilidad las otras materias primas.

Rosario ofreció un combo de atracción, profundizó otra fuente consultada en la provincia de Santa Fe: se presupone que primó la posibilidad de entrar y sacar la droga por el puerto, la hidrovía, aviones o tierra; los servicios de profesionales como abogados, contadores y un centro financiero presente por el mercado de cereales; la pobreza; y otra particularidad de la ciudad: es un importante centro urbano pero no es capital de la provincia y por ende no tiene al centro del poder en el territorio.

El narco en la ciudad santafesina no sólo implicaría la comercialización de cocaína y marihuana, tanto para la exportación y, en menor medida, para el consumo interno e interprovincial. Implicaría lavado de dinero dentro del sistema financiero y económico local -comenzó a haber más dinero circulando-; conlleva complicidad en sectores de la policía, la justicia y la política; el desarrollo de otras actividades ilegales como juego clandestino -justamente para el blanqueo de capitales de la droga y la diversificación de los negocios-, la extorsión -impuesto a la protección a comerciantes, por ejemplo-; y sicariato.

Utilizaban medios de comunicación (teléfonos celulares y teléfonos de los pabellones) personas tanto de adentro como del exterior y hasta coordinación entre personas detenidas en diversos penales.

Informe de la Procuración sobre narcocriminalidad en las cárceles.

La pobreza y la posibilidad de hacer dinero rápido convirtieron a Rosario en el foco más caliente de la narcocriminalidad: a muchos jóvenes no les importa si los asesinan antes de los 30 si la alternativa es vivir sumidos en la pobreza otros 50 años. 

Las bandas se distribuyen el territorio pero la gestión de ese territorio es sumamente compleja. El resultado: en 2021, se registraron 241 homicidios en la ciudad, el 67,3% de los asesinatos cometidos en la provincia de Santa Fe, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad Pública provincial. La cifra es similar en años anteriores.

Ese número gigante está geográficamente concentrado. Alrededor del 80% de los homicidios se concentraría en un 10% o 15% del territorio de la ciudad: el más pobre, donde controlan las bandas, afirmó una fuente consultada en la provincia. Sin embargo, el lavado de activos se realizaría en las zonas más pudientes, donde hay dinero y donde operan los financistas, abogados y contadores del narco.

Eldorado

La principal preocupación sobre el territorio de Misiones en el Ministerio Público Fiscal surgió por una investigación desarrollada entre septiembre y diciembre de 2020. La Procunar se enfocó en el Primer Comando de Frontera (PCF), una organización narcocriminal transnacional que mantiene vínculos con las facciones de crimen organizado brasileras conocidas como Primer Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho y Bala Na Cara, según el último informe de gestión de la fiscalía especializada.  

“La investigación permitió establecer que esta estructura ilícita era comandada por una persona desde el interior del Complejo Penitenciario Nº 1 de Ezeiza, donde se encontraba detenido por tres casos de  homicidio, maniobras de narcotráfico y planes para atentar contra la vida de un juez de instrucción de Posadas, provincia de Misiones, que lo investiga por uno de esos hechos”, informó Procunar. 

Las intervenciones telefónicas permitieron incautar 11.204 kilogramos de marihuana y 32 kilogramos de cocaína en dos meses. “La organización tenía su centro de operación en Misiones, montó una estructura en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires y contaba con operadores en la República del Paraguay y el Estado Federativo de Brasil”. 

Ante la consulta de elDiarioAR, en la gobernación de Misiones declinaron dar su versión y sostuvieron que lo que ocurre en las fronteras es responsabilidad de las fuerzas federales.

ED

“Estirá la mano porque te corto las patas también. No vas a caminar, no vas a robar nunca más, vos”, dice el que maniobra el cuchillo de carnicero y la pinza. Otro apunta el celular, un plano cerrado sobre el enchastre de sangre. Ya está empezado: falta un dedo. En turnos le gritan lo imposible, que se quede quieto, que no chille, que no esconda los que aún conserva. El tercer hombre obedece. No tiene voz. Ya sabe que es inútil rogar, dar explicaciones, prometer que no volverá a hacerlo. Llorando, soporta la mutilación.

El video –el mensaje– reenviado muchas veces dura menos de tres minutos. Carlitos o El Francés, según quien se lo cruzara en los pasillos, no sobrevivió. Era de Güemes, una barriada de San Martín muy cerca de las villas Melo y Loyola. Los que lo torturaron y mataron eran narcos de Villa Sarmiento que no le perdonaron que hubiera metido “la mano en la lata”: no rindió una plata o una bolsa. La misma geografía fue nombrada y escrita una y otra vez en los últimos días, luego de más de veinte muertos y otros tantos internados por consumir cocaína “adulterada”. Según la versión oficial, encarnada en el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, el expulsado Joaquín Aquino, apenas Paisa para los conocidos, es el capo que movió la droga de San Martín a Puerta 8, en el fondo de Tres de Febrero y pegado al arroyo Morón, desde donde salió el veneno que provocó la emergencia epidemiológica en la provincia de Buenos Aires. Las voces en el territorio suelen ser más desconfiadas.

“Para hacer el show”

“Por la pinta nomás te das cuenta que ese no es jefe, pero lo que importa es dar una respuesta a la demanda social, resolver la indignación inmediata. Encima resucitan a Mameluco (ante los micrófonos, Berni presentó al capturado Paisa como el sucesor del histórico narco de San Martín Miguel Villalba, hoy cumpliendo condena en el penal de Rawson) para hacer más show. El verdadero culpable no va a caer ni a palos. Ya está, agarraron a uno, la semana que viene aparece otro hecho de inseguridad y acá otra vez no queda nadie”, explica el referente de un merendero de San Martín que no puede dar el nombre porque “el conflicto entre bandas se puso más violento, más dramático”.

Además de la conveniente detención del Paisa en una casa de José C. Paz (habían pasado apenas 24 horas de conocerse el desastre, pero más de tres meses desde que el fiscal Diego Iglesias de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) ordenara su captura por otra causa de drogas), hubo más allanamientos en Puerta 8. Ante el fiscal Germán Martínez y el fiscal general Marcelo Lapargo de San Martín, los detenidos repitieron que su único delito era vivir o merodear en la zona.

“Se me acercó una de las familias para contarme que la policía les pegó, les metió falopa y los detuvo. Como Berni necesitaba una noticia impactante para presentar ante los medios, allanaron y detuvieron a cualquiera. Hay gente detenida que no tiene nada que ver, ni siquiera tenía un gramo de marihuana en la casa”, se queja el abogado Juan Manuel Casolati, reincidente en eso de defender a jóvenes pobres en causas armadas.

Venís al barrio y te parás al lado mío en medio de una calle a mirar. Yo te voy a mostrar que al menos uno de cada familia estuvo en cana por vender drogas

“La corrupción policial –continúa– y la complicidad del poder judicial en San Martín es terrible. Todas las bandas negocian con cada una de las reparticiones de la policía en el distrito. Por eso se está desnaturalizando el paradigma de la ilegalidad. La policía pasó de proteger a una banda en desmedro de otra a hacer negocios con todas y eso en algún momento termina mal”.

Para Casolati, el andamiaje de un narco Estado paralelo se sostiene en la detención casi exclusiva de pibes que viven en los barrios “Estas causas son armadas por la policía, y son muy pocas las que llegan a juicio oral. Los imputados terminan negociando el mínimo de cuatro años en un juicio abreviado aun siendo inocentes porque tienen miedo de comerse más años si van a juicio oral. Justamente es la instancia del juicio donde los policías tendrían que ir a declarar, mostrar la investigación que hicieron, y entonces el estándar de corrupción saldría a la luz. La fiscalía termina siendo cómplice de estos procedimientos ilegales de la policía y lo mismo ocurre con los jueces que auspician estos juicios abreviados para ahorrarse trabajo. Toda queda en la oscuridad. Muchos miembros del poder judicial, aun siendo honestos, participan como actores secundarios de estos procesos fraudulentos”.

Eslabones menores y consumidores

El informe correspondiente al año 2020 –el último publicado– del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad –que recoge la información aportada por las distintas fuerzas de seguridad provinciales y federales– confirma que más del 70% de toda la actividad policial vinculada a la Ley de Estupefacientes 23737 se concentra en delitos de tenencia atenuada para uso personal (56,1%) y tenencia simple (16,3%). En cambio, aquellos delitos relacionados al gran tráfico como organización y financiación y contrabando expresan porcentajes ínfimos (0.3% y 0,7% respectivamente).

Los registros de la Procunar aportan en la misma dirección. Aunque a la justicia federal le corresponde la investigación de delitos más graves como comercio, traslado y tráfico a gran escala, el 30 % de las causas iniciadas durante el 2020 fueron por tenencia para consumo personal. Si este porcentaje se suma al de tenencia simple, el fuero federal destinó el 40 % de su actividad a delitos menores.

“La estadística, tanto la policial como la judicial, permite ver que la concentración de la actividad del Estado está en los eslabones menores y en los consumidores”, dice Ángela Oyhandy, quien fuera la directora de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación durante la gestión de Sabina Frederic.

“Un dato interesante –agrega– es que más del 75 % de las causas iniciadas vinculadas a drogas en la justicia federal las originan fuerzas federales y policías provinciales en tareas supuestamente de prevención, como los operativos de saturación y los patrullajes. Sólo el 17 % surgen de investigaciones del poder judicial y ministerios públicos fiscales, lo que genera la preponderancia hacia la judicialización de causas por tenencias y pequeño tráfico”.

Más del 70% de toda la actividad policial vinculada a la Ley de Estupefacientes 23737 se concentra en delitos de tenencia atenuada para uso personal (56,1%) y tenencia simple (16,3%)

Los informes elaborados por la fiscalía federal N° 6 a cargo de Federico Delgado sobre delitos relacionados al consumo de sustancia demuestran que desde el precedente “Arriola” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2009, este tipo de procesos culmina en el archivo.

“Por lo tanto –concluye Delgado– la inversión económica y la energía humana que se consume en todo el proceso que va desde la detención del infractor, la confección del sumario en papel, el ingreso al sistema judicial y el archivo del expediente, constituyen parámetros que deberían revisarse a la hora de evaluar en qué gastar ese dinero y energía que luego faltan para investigaciones cualitativamente más importes”.

La Procunar regala un último dato esclarecedor. El 85 % de las causas iniciadas en la justicia federal en 2020 involucraron a una persona o a ninguna (por ejemplo, cargamentos abandonados). Si sumamos aquellas causas en las que hay hasta dos imputados, la cifra asciende al 95 % del total. El cálculo es fácil: apenas el 5 % de los expedientes abiertos son, o al menos se suponen, investigaciones por narcotráfico.

 “No hay que pinchar teléfonos para averiguar tanto. Todos conocen al narco, el nombre, el lugar, el proveedor, el jefe de calle que es socio. La lógica del consumo y de la venta está incorporada en la comunidad”, dice un ex detenido, hoy dedicado al trabajo social en Villa Loyola. Para explicarlo mejor propone una invitación. “Venís al barrio y te parás al lado mío en medio de una calle a mirar. Yo te voy a mostrar que al menos uno de cada familia estuvo en cana por vender drogas. Y muchas son mujeres porque necesitan la plata para darles de comer a los hijos, para pagar el alquiler. La gente acá vive de eso porque no hay una alternativa real”.

GR/WC