Entre bastidores del Congreso brasileño, Michel Temer es recordado a menudo como un excelente articulador político. Fue presidente de la Cámara de Diputados en tres ocasiones y, gracias a ello, consiguió la alianza para ser vicepresidente de Dilma Rousseff en 2010. Más tarde, utilizando las mismas habilidades, formó parte de la articulación que lo llevó a ocupar la presidencia de la República de Brasil, a partir del 12 de mayo de 2016, tras el controvertido proceso de destitución de Dilma Rousseff. En su libro «A escolha» (La elección), Temer atribuyó a Eduardo Cunha la destitución de Rousseff. Ya en la descripción de Cunha, el expresidente “luchó” por todos los medios para sacar a Dilma.

Temer sólo dejó el cargo tras entregar la banda presidencial a Jair Bolsonaro, en enero de 2019. Una vez quedó “desempleado”, el líder del MDB decidió retomar una carrera abandonada tres décadas antes, la abogacía. El expresidente se había graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo (USP), una de las más tradicionales del país, y es autor de importantes libros sobre Derecho Constitucional, pero pasó décadas sin ejercer el derecho. Tras la presidencia, Temer revivió su carrera de abogado, pero no en cualquier sector.

El proyecto La mano invisible de las Big Tech, una investigación liderada por la Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), trazó el rastro de la actuación del expresidente en Brasilia y en el Tribunal Superior Federal brasileño. Entre otras muchas áreas, el expresidente pasó a representar a empresas tecnológicas con litigios en el Tribunal. Su actuación fue admitida públicamente, pero apenas consta de forma oficial.

Durante aproximadamente dos meses, este equipo periodístico, realizó varias solicitudes de entrevista al expresidente para preguntarle sobre su trabajo en el sector. Se enviaron mensajes a uno de sus asesores y a su secretaria desde el 5 de junio. Solo el 4 de agosto, él envió un mensaje a través de su equipo de asesoría: “Para zanjar el asunto, el Dr. Michel Temer informa que no trata asuntos de interés de sus clientes con otras personas. Agradecemos su comprensión”.

Cuando CLIP, miembro de esta alianza periodística, contactó al equipo de Temer, se les informó que estábamos informando sobre la labor del expresidente como abogado y siguiendo sus actividades en el sector tecnológico. El expresidente también fue informado, por correo electrónico a su equipo, de que se había encontrado un caso en el que trabajaba para Gradiente, ya que figuraba un poder notarial, pero no era posible comprender su papel en el caso. Además, se le informó a Temer que se le había presentado como abogado de Google, pero que no se había podido localizar ningún caso en el que trabajara para la empresa ante el Supremo Tribunal Federal. Por lo tanto, había varias preguntas que plantear.

A finales de junio de 2023, Google anunció la contratación de Temer durante las negociaciones del proyecto de ley llamado de FakeNews. El mes anterior, en mayo de 2023, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, había pedido a la Fiscalía General de la República y a la Policía Federal que investigaran la campaña de Google y Telegram contra el proyecto. Entre otras cosas, las empresas publicaron en su plataforma textos con la posición de la empresa para movilizar a los usuarios contra la ley que se pretendía crear. Google, por ejemplo, utilizó la página de inicio de su buscador para decir que el proyecto de ley «podría empeorar Internet» y «aumentaría la confusión entre lo que es verdad y lo que es mentira en Brasil». Más tarde, tras toda la presión, el proyecto de ley nunca se votó. (Ver historia PL FakeNews de Brasil)

Según arroja esta investigación, la contratación de Temer realmente se produjo antes. A principios de mayo de ese año, a petición del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, los directivos de las empresas comenzaron a ser investigados por la Policía Federal por la presión que ejercieron contra el proyecto. Los ejecutivos de la empresa llegaron a prestar declaración para esa pesquisa policial. Además de la investigación de la PF, el  Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) y la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor también abrieron investigaciones sobre el episodio. Según personas que siguieron la crisis y pidieron anonimato, la decisión de contratar a Temer se tomó para que actuara como intermediario en todos estos procesos.

Sin embargo, la representación legal oficial quedó a cargo de otros abogados. Temer también actuó en favor de la empresa ante el relator del proyecto de ley, el diputado federal Orlando Silva (PCdoB). El congresista, uno de los pocos que accedió a conceder una entrevista a los periodistas, recordó a esta alianza periodística el episodio y relató que, en ese período, en junio de 2023, recibió una llamada del expresidente Michel Temer, quien le pidió que fuera a su oficina en São Paulo para conversar.

Temer tiene, desde hace años, una oficina en la calle Pedroso Alvarenga, en el barrio de Itaim Bibi, en la zona sur de São Paulo. Temer utiliza este lugar para reuniones desde que era diputado y también cuando era Presidente de la República. Al llegar allá, Silva dijo que Temer le informó que “estaba siguiendo el conflicto” entre las empresas de tecnología, el Congreso Nacional y el Gobierno en torno al proyecto de ley para la regulación y la responsabilización de las redes sociales. Según Silva, Temer le dijo que “quería ayudar” y le preguntó si aceptaría reunirse con los dirigentes de Google.

“Fui a su oficina (la de Temer) y conversamos un poco. Dijo que estaba siguiendo la discusión en el Congreso y que tenía capacidad de diálogo y que estaba a disposición, y me preguntó si podía hablar con los directivos de Google”, contó Silva. Temer, en ningún momento, anunció que era abogado de la empresa ni que había sido contratado por ella para actuar en el caso.

A continuación, según Silva, se concertó una nueva reunión en la oficina de Michel Temer, unos días después. En la segunda conversación, además del expresidente, estaba Fábio Coelho, presidente de Google Brasil. Hablaron sobre sus ideas. Su enfoque estaba en la responsabilidad. “Ellos (Google) consideraban que no correspondía responsabilizar a las empresas. Les repliqué todos los argumentos. Se comprometieron a enviar textos y enviaron sugerencias, pero eran las mismas que ya habían enviado otras veces”, relató Silva, al mencionar que ya mantenía contacto con los directivos de la empresa. Después de eso, el diputado dijo que nunca más volvió a tratar el tema con Temer.

La contratación de Temer fue revelada por la periodista Patrícia Campos Mello, en el periódico Folha de S. Paulo, en junio de 2023. En ese momento, la asesoría de Google dijo que: “Al igual que otras empresas y entidades, contratamos agencias y consultores especializados para ayudar en la mediación de nuestros esfuerzos de diálogo con el poder público para poder llevar nuestras contribuciones a políticos y parlamentarios, especialmente en cuestiones importantes y técnicas como la elaboración de nuevas leyes”. Este equipo periodístico averiguó que la contratación de Temer duró unos seis meses y, una vez que la situación estuvo “controlada”, finalizó el trabajo.

Al ser consultado, Google informó que no tenía nada que añadir a lo ya mencionado cuando de la contratación de Temer en 2023. En marzo de 2024, la investigación de la PF sobre las actividades de Google y Telegram fue archivada a petición de la PGR, aunque los policías indicaron en su informe final que veían un abuso de poder económico por parte de las empresas en el caso. Los casos en el Cade y en la Secretaría de Defensa del Consumidor siguen abiertos.

Dictamen para Huawei

Antes del episodio con Google, Temer ya había sido convocado en otra situación de crisis. Por eso, entre bastidores en el Congreso Nacional, se le conoce por un “lobista para crisis”, aunque él niega ejercer influencia cuando se le pregunta al respecto. En 2021, cuando el Gobierno de Jair Bolsonaro pretendía prohibir a la empresa china Huawei participar en la subasta para disputar las concesiones en torno a las transmisiones 5G, la empresa también recurrió a Temer para que elaborara un dictamen jurídico sobre su entrada en el mercado brasileño.

El 27 de septiembre de 2021, el expresidente Michel Temer fue preguntado en el programa Roda Viva sobre el caso y respondió a las preguntas sobre el cabildeo. “Di un dictamen. Sabes que soy del área jurídica y tengo que sobrevivir. Como estoy en mi oficina, he vuelto a ejercer la abogacía y me han solicitado dictámenes. No solo se los di a ellos (Huawei). Di otros dictámenes. De hecho, se los di a una empresa que presta servicios a Huawei. Incluso si me dijeran que Huawei está buscando sus servicios jurídicos, lo haría con mucho gusto. Profesionalmente, es perfectamente posible, pero no es lo que ocurre. Evidentemente, no hago lobby. Recuerdo que un columnista, no sé quién, dijo: ‘Temer fue contratado para hacer lobby’. Yo no hago lobby. No tengo contacto con nadie. Doy opiniones. De eso no hay duda. Se las di a ellos, legítimamente, y creo que el Gobierno se estaba resistiendo un poco indebida e inconstitucionalmente”.

Más tarde, a finales de 2021, Huawei no llegó a participar en la subasta para operadores de esta tecnología. Sin embargo, la empresa es una proveedora principal de equipos para hacer uso del 5G. Huawei dejó de ser atacada por Bolsonaro, que atendía los intereses del primer gobierno de Donald Trump en aquel momento. Los estadounidenses no quieren que los chinos controlen el mercado de equipos y Huawei también está siendo investigada por sospechas de espionaje en diferentes lugares del mundo. “Consiguió mediar, consiguió resolver el problema”, explica Rafael Zanatta, director de la Asociación Data Privacy Brasil de Investigación. “Claramente, está orientando su carrera como lobista de crisis”, añadió Zanatta.

Temer, como ya se sabe, no emitió dictámenes para Google en 2023. Pero medió en los contactos entre los dirigentes de Google y el diputado Orlando Silva, ponente del proyecto de ley de FakeNews.

¿Cómo definimos lo que es el lobby? “En el nivel más abstracto, el lobby es la defensa de una causa ante un agente decisorio y no es un delito en sí mismo”, explica Zanatta, recordando que en Brasil no existe una regulación del cabildeo. El investigador señala además que, en la legislación estadounidense, por ejemplo, entre otros aspectos, se prevé una defensa pública, democrática y equitativa de una causa, lo que no ocurre en Brasil. “Lo que no está permitido es organizar una cena en Lisboa, por ejemplo, o producir algo solo para un congresista. O ir más allá y redactar un borrador de texto que luego un asesor parlamentario presente específicamente para un proyecto de ley”, concluye Zanatta, al mencionar varios casos que ocurren en Brasil.

La representación de Temer a Google y otras empresas tecnológicas es ejemplo de la conocida táctica de la “puerta giratoria”, una movida clásica por la que altos funcionarios públicos pasan a trabajar en el sector privado o viceversa. En el proyecto La mano invisible de las Big Tech, verificamos varios casos similares.

Las noticias de la época anunciaban reuniones del expresidente con líderes partidarios para tratar el proyecto de ley de Fake News. Entonces, para entender cómo actúa el expresidente, el CLIP solicitó a la Cámara de Diputados, mediante una solicitud de acceso a la información, la lista de registros de la presencia de Temer en la Cámara. La Cámara respondió que no tenía ningún registro de la entrada de Temer en el edificio entre enero de 2023 y mayo de 2024. Sin embargo, señaló que “no se registra la entrada de personas con credenciales de acceso al Congreso Nacional, congresistas y altas autoridades”. Temer no es congresista ni tampoco ya Presidente. En entrevistas con fuentes que pidieron permanecer en el anonimato, Temer fue descrito como parte de la articulación que llevó a la derrota del proyecto que pretendía regular las empresas de tecnología.

En el STF, con Apple

El CLIP también rastreó la actuación de Temer en el STF. En los procesos que Google tiene en la Corte, no hay ningún registro de la actuación del expresidente. El CLIP llegó a solicitar los registros de acceso del expresidente al Tribunal, pero el STF no quiso informar al respecto. En el sistema del Tribunal, el único proceso localizado en el área de tecnología donde el expresidente figura entre los abogados, es una demanda que Apple ha interpuesto contra la empresa IGB Eletrônica S.A. por el registro y uso de la marca “Gradiente Iphone”, que fue registrada en Brasil en 2008.

Apple pide en el proceso la anulación del registro que permitió a IGB el uso del nombre “Gradiente Iphone”. La solicitud fue presentada por IGB Eletrônica S.A en 2000, pero no fue concedida por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) hasta 2008. Antes de eso, en 2007, Apple lanzó el iPhone, que ganó proyección mundial. Apple ya ha ganado en primera y segunda instancia. IGB Eletrônica S.A. intenta revocar las decisiones ante el STF.

Temer fue contratado por IGB Eletrônica el 14 de octubre de 2023, cuando el caso ya se encontraba en la fase final del juicio en el STF. La Alianza periodística tuvo acceso al proceso y vio su poder notarial en el caso. El relator es el ministro Dias Toffoli. Sin embargo, el único registro que figura en el expediente es precisamente el poder que lo formalizó como representante de IGB. No presentó ninguna petición y no hay ningún otro acto formal de Temer. El abogado Igor Mauler Santiago, líder de la defensa de IGB, no quiso dar una entrevista para explicarlo.

El equipo periodístico habló con fuentes que participaron activamente en las negociaciones, pero pidieron anonimato, y aseguraron que Temer elaboró un dictamen técnico sobre la cuestión de la propiedad intelectual de Gradiente en relación con el nombre en disputa con Apple. Este documento presuntamente había sido mostrado a los ministros del STF, pero no se adjuntó al expediente. Además, la contratación de Temer por parte de se habría producido después de que este defendiera en el Adin 5529, un recurso de inconstitucionalidad sobre un artículo de la Ley de Propiedad Industrial (Ley 9.279/1996) que prorrogaba la vigencia de las patentes en el país. En ese caso, defendía una tesis que interesaba a Gradiente.

El juicio del caso comenzó en el pleno virtual y Gradiente perdía por 5 votos (Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Cármen Lucia, Cristiano Zanin y Luiz Fux) contra 3 (Dias Toffoli, Gilmar Mendes y André Mendonça) cuando el ministro Toffoli decidió llevar la discusión al pleno físico, lo que reinició la votación. Desde finales de 2023, las partes esperan la resolución del caso con el análisis del pleno del STF, lo que aún no ha ocurrido.

Además, Michel Temer ha intervenido en otros procesos judiciales de grandes empresas. En el caso de Eletrobras contra Fundo de Investimento, representa a la empresa que intenta evitar pagar 142 millones de reales tras perder un proceso que duró más de 20 años, pero el Tribunal Superior de Justicia (STJ) denegó la solicitud.

En cuanto a los procesos de alumbrado público de São Paulo, se trata de una mega- licitación de 6900 millones de reales en la que diferentes consorcios se disputan en los tribunales: el STJ mantuvo el contrato de Iluminação Paulistana en vigor para no dejar la ciudad a oscuras. Temer actúa en nombre de

En otro caso, una disputa acerca de la usina de Belo Monte, en el cual Temer actúa como abogado de Eletrobras, el STF decidió que la central eléctrica puede seguir funcionando, pero las empresas deben compensar a las comunidades indígenas por los impactos causados.

Procesos penales e investigaciones

Michel Temer se enfrentó a dos procesos penales principales. En el caso Lava Jato, él y otros acusados fueron absueltos sumariamente de los cargos penales que involucraban a Petrobras, Furnas y otros organismos públicos, con decisión en firme en 2023.

En el caso del “Decreto de los Puertos”, Temer logró una importante victoria al desbloquear 32,6 millones de reales que habían sido embargados, ya que el tribunal consideró que no había motivos suficientes para bloquear los bienes. Fue absuelto, pero la Fiscalía Federal apeló la sentencia. Según la acusación, Temer habría recibido sobornos y ventajas a través de empresas para modificar la legislación y beneficiar a empresas del sector.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation – IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nicholson, planteó este jueves los cinco ejes temáticos a los que su país quiere comprometer a las demás naciones invitadas a la Cumbre de las Américas que comienza mañana lunes en Los Ángeles: democracia “inclusiva”, salud púbica, energía limpia, cambio climático y transformación digital. Sobre este punto se explayó: “Los líderes identificarán prioridades compartidas y se comprometerán con acciones específicas para construir ecosistemas digitales. Esta primera agenda regional para la transformación digital crea un marco para que los gobiernos y las partes interesadas creen en colaboración los empleos y las industrias del futuro sobre la base de redes de telecomunicaciones interoperables, resilientes, seguras y confiables que impulsarán la innovación y ampliarán el acceso a bienes, servicios, e información de nuevas formas. Estos incluyen: promover políticas para expandir el acceso a Internet, particularmente en comunidades históricamente marginadas, e impulsar la innovación digital y la inclusión social a través de un mayor acceso a los servicios gubernamentales digitales; ampliar el papel de la tecnología digital en la promoción de la educación de calidad, la alfabetización digital y la ciudadanía digital; aumentar la armonización regulatoria en áreas como la gestión del espectro y el comercio digital”. En pocas palabras: el debate sobre la tecnología de telefonía celular 5G, o de quinta generación, que permite conectar más rápido más dispositivos en comparación con el actual 4G.

Al igual que el gobierno de Donald Trump, el de Joe Biden no se cansa de criticar a la empresa que ha liderado el desarrollo del 5G en el mundo, la china Huawei, por acusaciones de espionaje y falta de seguridad, no sólo en los datos sino en el aprovisionamiento de equipos. Se trata de un negocio en el que no hay empresas norteamericanas con soluciones integrales, como las que proveen Huawei, su compatriota ZTE, la finlandesa Nokia o la sueca Ericsson. La estadounidense Cisco y la surcoreana Samsung proveen dispositivos, pero no el corazón de la tecnología 5G.

Pero pese a la presión de Estados Unidos sobre Latinoamérica, en 2021 los gobiernos de Chile (entonces en manos del conservador Sebastián Piñera) y de Brasil (a cargo del derechista Jair Bolsonaro) organizaron subastas de espectro radioeléctrico para 5G entre las telefónicas sin imponer condicionamientos que dejen al margen a Huawei, la empresa del empresario Ren Zhengfei, cuya hija estuvo entre 2018 y 2021 bajo arresto domiciliario en Canadá por una investigación estadounidense sobre presunto fraude. Es así que en ambos países sudamericanos los operadores han contratado, como es de costumbre en este sector, al mismo tiempo a varios proveedores, como Huawei, Nokia y Ericsson. En cambio, Canadá se acaba de sumar al club de países que han prohibido al gigante chino, como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Taiwán. Las redes 5G ya funcionan en vastas ciudades de América del Norte, Europa y Asia.

Adhesión

El lobby del Gobierno de Biden continúa en países latinoamericanos que aún no han licitado el espectro del 5G, como la Argentina. Tras la visita en abril de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y sus reuniones con funcionarios como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Alberto Fernández adhirió a una Declaración para el Futuro de Internet, que promovió la Casa Blanca y que rubricaron la Comisión Europea, las naciones ricas del G7, la gran mayoría de las de Europa, Costa Rica, Colombia, Perú y Uruguay en favor de una “conectividad inclusiva”.

En mayo, expertos del gobierno de EE.UU., incluido el Programa de Desarrollo de Derecho Comercial (CLDP, según sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio, vinieron a reunirse con funcionarios del gobierno de la Argentina y especialistas del sector privado para dialogar sobre los supuestos beneficios de las Redes de Acceso de Radio Abiertas (conocidas como Open RAN) para redes de telecomunicaciones, incluida la 5G. La tecnología Open RAN deja afuera del negocio a Huawei y se lo abre a empresas que no dan soluciones integrales como Cisco y otras norteamericanas. De las reuniones también participaron funcionarios de Australia. Los oradores estadounidenses incluyeron al embajador Marc Stanley y representantes de los departamentos de Estado y de Comercio. Los oradores del gobierno argentino incluyeron al vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, al presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, y al presidente de la empresa estatal de satélites y fibra óptica ARSAT, Matías Tombolini. Es decir, funcionarios que responden al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “En comparación con dónde estábamos hace tres años, el entorno Open RAN actual es extraordinario”, dijo el director interino de la Oficina de Ciberseguridad y Política Digital del Departamento de Estado, Paul Harrison. “A nivel mundial, incluso aquí en las Américas, ya se están implementando las redes 4G y 5G basadas en los principios de Open RAN, que ofrecen un nuevo camino, libre del bloqueo del proveedor y resiliente frente a las fuerzas geopolíticas y del mercado”, agregó. Esta conferencia fue una continuación de los diálogos mantenidos en 2021 y en abril pasado entre el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, “durante los cuales las dos partes exploraron la cooperación en tecnología de la información y las comunicaciones, 5G, cuestiones relacionadas con la seguridad de redes y la diversificación de proveedores, así como oportunidades para las empresas argentinas en Open RAN”, según comunicó la embajada norteamericana en Buenos Aires.

Resistencia

Pero Huawei no se rinde y el pasado mayo organizó una multitudinaria cumbre en el hotel Hilton porteño con sus vendedores y clientes para mostrar sus diferentes unidades de negocios, incluido el almacenamiento en la nube y el equipamiento energético. Incluso este jueves presentó el regreso al mercado argentino de sus tablets y relojes, aunque aún no han vuelto los teléfonos celulares, que no pueden usar Android por un bloqueo que les impuso Trump. “Hacen falta tres cosas para que exista 5G”, explicó el vicepresidente de Huawei Argentina, Juan Bonora, en el encuentro del Hilton a elDiarioAR. “Primero: que haya espectro. El Gobierno está analizando en qué espectro se lanzará el 5G, cómo lo concesiona, por cuánto tiempo, por zonas o no, si va a pedir dinero a cambio o contraprestaciones. Segundo: que los tres operadores (Telecom Personal, Telefónica Movistar y Claro) cierren sus planes de inversión. Tercero: que inviertan. Veo difícil que este año se concrete”, agregó Bonora.

Nokia no quiso hablar, pero Ericsson sí. “Es muy importante que se haga la licitación pronto: cuanto más rápido se adopte el 5G, más rápido crecerá la Argentina, hasta un 5% adicional, como resultado de la digitalización del agro, la industria, las finanzas, el transporte”, abogó la directora of relaciones institucionales de Ericsson para el sur de Latinoamérica, Jacqueline Lopes, en diálogo virtual por Teams desde Brasil con elDiarioAR. Lopes también destacó que el 5G reduce en 15% las emisiones de dióxido de carbono y puede traer “beneficios sociales” si los gobiernos obligan a las operadoras a cubrir zonas remotas, como condición para obtener espectro, en lugar de solicitarles dinero a cambio, como sucedió cuando se subastó 4G. “En la Argentina ya tuvimos consultas de los interesados para definir el modelo de la subasta, pero aún no tenemos borradores. Nosotros estamos a favor de la neutralidad tecnológica, es decir, a favor de no obligar a usar ningún tipo de tecnología, aunque nosotros trabajemos en Open RAN”, aclara Lopes. “Nosotros no nos metemos en geopolítica sino que nos enfocamos en nuestros clientes”, responde otro director de Ericsson, el responsable marketing y relaciones con gobiernos e industrias, Facundo Fernández Begni, cuando se le pregunta por las acusaciones contra Huawei.

En una de las operadoras telefónicas de la Argentina cuentan que para licitar el 5G se debe primero limpiar el espectro necesario porque en la actualidad lo están usando empresas de redes de datos inalámbricos, como Datco. Calculan que el salto de generación de celulares implicaría una inversión conjunta de Telecom (propiedad de los dueños del Grupo Clarín), la española Telefónica y la mexicana Claro (de Carlos Slim) de unos US$ 3.000 millones. Por ahora, Telecom está haciendo pruebas con Huawei en zonas como la que rodea el teatro Colón. Claro, en cambio, viene trabajando el 5G con Nokia en el resto de Latinoamérica. Telefónica apostó por la quinta generación de esta empresa finlandesa y por Ericsson en España y dejó afuera a Huawei de este contrato en particular.

La discusión excede el ámbito del negocio telefónico. Una asociación civil llamada Gobernanza, que autodefine su propósito como “fortalecer la democracia a través del uso de las tecnologías”, organizó a fines de mayo un Encuentro Federal de Gobernanza 4.0 con las presencias del embajador Stanley y los gobiernos de Córdoba, Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero. Su presidente, Gastón Massari Copes, opina que el debate del 5G “no figura pero debería figurar” en la Cumbre de las Américas: “Cualquier empresa que sea de bandera de la República Popular China, en este caso Huawei, son empresas que no tienen dentro de su marco filosófico y de su creación el resguardo de los datos de los ciudadanos. Por tanto, no creo que sea una empresa confiable dentro de lo que está alineado con la visión democrática que deberíamos tener en nuestro país”. Por el contrario, el politólogo Patricio Giusto, director del Observatorio Sino-Argentino, advierte que, aunque la palabra 5G no aparezca en los documentos previos a la cumbre de Los Ángeles, seguramente se tratará, pero opina: “No hay evidencias presentadas de que Huawei efectivamente sea una amenaza para las redes de seguridad. Y la otra acusación que viene de la mano es que Huawei espiaría para el Partido Comunista Chino. De eso no hay evidencia. Entonces, en el mientras tanto, los países de Latinoamérica lo que han hecho es avanzar con los proyectos que presenta Huawei, que ya está afianzada en prácticamente todos los países de la región”.

AR

Alberto Fernández no fue el primer presidente en visitar las instalaciones del gigante tecnológico Huawei en Beijing. Antes que él, ya lo había hecho Mauricio Macri en 2016, durante una recorrida en la que estuvo acompañado por su primer ministro de Economía Alfonso Prat Gay y su secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. También Cristina Fernández de Kirchner fue invitada durante su último viaje en 2015 pero la entonces presidenta -que ya había tenido varios contactos con las autoridades máximas de la empresa- decidió enviar a su ex ministro de Economía Axel Kicillof en su lugar. La compañía de capitales chinos tiene la costumbre de invitar a cada uno de los mandatarios argentinos que viaja a su país. Sin embargo, Fernández lo hizo en un momento especial, cuando el gobierno nacional se apresta a lanzar la licitación para el espectro del 5G y la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos vuelve a calentar motores. 

Huawei es líder en un rubro en el que no tiene competencia de gigantes de origen norteamericano. Sólo los finlandeses de Nokia y los suecos de Ericsson están en capacidad de disputarle el podio. Mientras la firma que recibe acusaciones de demócratas y republicanos por igual corre con ventaja, las grandes operadoras que actúan en Argentina -Telecom, Telefónica y Claro- están pendientes de la decisión que hoy se amasa entre la jefatura de Gabinete, el Enacom y la secretaría de Innovación Pública. 

Escoltado por la mayor parte de la comitiva que lo acompañó, incluidos Kicillof y la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras, el presidente argentino recorrió el Centro Tecnológico de la firma en Beijing. Se reunió de manera presencial con el CEO de Argentina, Steven Chen Shiqing, y con el director regional de la empresa. Pero además tuvo un largo contacto por videoconferencia con el presidente y fundador del emporio, Ren Zhengfei, del que poco trascendió. El magnate chino estaba acompañado por su actual esposa, Su Wei, que hoy también oficia como ceo de la empresa. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes del gobierno nacional, Fernández le pidió a Zhengfei que la incorporara a la conversación. Huawei, por su parte, se dedicó a mostrarle sus avances a la misión argentina: data centers, inteligencia artificial, energías alternativas y la potencialidad del 5G en otros lugares del mundo: realidad aumentada, realidad virtual y coches inteligentes que tienen en su interior equipamiento electrónico de los chinos.

Debilidad por Argentina

Quienes lo trataron en alguno de sus viajes al país sostienen que Zhengfei, el ingeniero de 77 años que hoy conduce la compañía número 1 a nivel global en el desarrollo de 5G, tiene una debilidad por Argentina. Vino en más de una oportunidad y estuvo en Casa Rosada por lo menos dos veces: en 2013 con CFK y en 2017 con Macri. Sin embargo, la última de sus excursiones, a finales de 2018, no terminó bien. Había desembarcado en Bariloche para participar de una reunión anual de la empresa y se enteró de la noticia que marcó un viraje radical en su vida y en el de su compañía: la detención de su hija Meng Wanzhou en Canadá acusada de fraude bancario en medio de una batalla política y diplomática a escala global.

Directora financiera de la compañía y con el cargo de vicepresidenta, Meng estaba por esas horas a punto de viajar a la Argentina. Con su detención, la frágil tregua que Donald Trump y Xi Jinping pretendieron actuar en Buenos Aires durante la cumbre del G20 organizada por Macri se esfumó en cuestión de segundos. 

Ex soldado del Ejército de Liberación Nacional reconvertido en líder de una firma global, Zhengfei se vio obligado a hacer un viraje fenomenal y abandonar el perfil bajo para salir a defender sus intereses. Conocido por haber dado apenas dos entrevistas a lo largo de tres décadas, decidió dar 1.500 en los últimos dos años. Aunque la exposición política no le sirve, dicen quienes entienden su juego, menos le rinde hacer silencio ante las acusaciones de Estados Unidos. 

Huawei está instalada en Argentina desde 2001, tiene alrededor de 500 empleados y es líder absoluto en la carrera global por el 5G. Cuenta con el mayor número de patentes aprobadas y es proveedora de infraestructura y hardware de la mayor parte de las empresas del sector instaladas en Argentina. Su director de Relaciones Institucionales es Juan Bonora.

Magnetto habla en mandarin

Según admiten en el Gobierno, Enacom apuesta a lanzar este año la licitación de las frecuencias para el 5G. Aunque los optimistas hablan de un plazo de seis meses, los escépticos dicen que todo depende del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y del rumbo de la economía. Nada es inminente. En diciembre pasado, Enacom, Jefatura de Gabinete y la secretaría de Innovación definieron cuáles son las bandas y diseñaron un reglamento, pero antes de licitar deben liberar las bandas que hoy están ocupadas y no tienen un uso específico. En un plazo todavía de lo más incierto, las empresas e instituciones que las utilizan en la actualidad deberán migrar hacia otras frecuencias. Después, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, tiene que establecer un valor para las frecuencias de acuerdo a los precios internacionales y a un modelo de negocios, que puede seguir los criterios de Chile o de Brasil, dos de los países que licitaron el 5G el año pasado en base a distintos objetivos: en el primero de los casos, sin grandes obligaciones de despliegue y con el propósito de recaudar en dólares lo máximo posible por el espectro; en el segundo, con un costo más bajo por la frecuencia y la condición de fijar mayores obligaciones de despliegue para los operadores. 

Recién entonces, las telcos que dominan el mercado local entrarán a la licitación para comprar frecuencias y deberán decidir a quién comprarle los equipos en función de la experiencia, los servicios y los precios de los proveedores como Huawei. La compañía que visitó Fernández hace dos semanas creció en parte gracias a una campaña agresiva de precios baratos pero en los últimos tiempos, confiada por su preeminencia en la carrera tecnológica, decidió ir elevando la cotización de sus diseños: tecnologías inalámbricas móviles, radioenlaces, centrales. Lleva dos décadas de relación con las firmas del sector: empezó vendiendo equipos de redes y en 2014 se asoció con Telecom y Telefónica para entrar en la carrera del 4G. 

Los dos grandes jugadores que nacieron de las privatizaciones de los años noventa tienen tecnología Huawei. Nadie, sin embargo, cuenta con el nivel de afinidad que tiene el holding que domina Héctor Magnetto en asociación con el mexicano David Martínez. Obligado y en función de sus propios intereses, el Grupo Clarín no puede, al menos en este punto, acompañar la cruzada de sinofobia en la que están empeñados los tanques de la comunicación con los que suele coincidir en asuntos domésticos. Al contrario. 

Aunque eligieron como principal proveedor a los suecos de Ericsson, los españoles de Telefónica también tienen equipamiento de los chinos. Tanto que en la visita de Fernández los directivos de Huawei mostraron imágenes de la radiobase que instaló Telefónica en el Aconcagua, con tecnología de la casa. A la inversa, Telecom contrató a Nokia en el noreste del país. Claro es el único que no le compra a Huawei en Argentina porque America Mobile definió que en el sur de Latinoamérica trabaja con Nokia. En el norte, lo hace con Ericsson y en el centro del continente, desde Brasil a Colombia, lo hace con Huawei.

La pelea global y el Presidente

Fernández todavía no había asumido la presidencia cuando se topó por primera vez con el disgusto de Estados Unidos con respecto a Huawei. En noviembre de 2019, el presidente electo viajó a México y se reunió con el entonces encargado de asuntos del Hemisferio Occidental Maurice Claver Carone, el viejo halcón republicano Elliot Abrams y el empresario argentino Gustavo Cinosi, actual asesor de Luis Almagro en la OEA. En plena tensión entre Trump y China, el secretario de Estado republicano Mike Pompeo denunciaba las “prácticas depredadoras” de Beijing. 

Uno de los enviados de Trump le pidió a Fernández que no permita que Huawei se apodere del mercado del 5G en la Argentina. La respuesta del futuro presidente, según dicen, fue algo irónica. “Ok ¿y qué empresa de Estados Unidos puede encargarse del tema?”, preguntó. La tecnología 5G es uno de los aspectos más desiguales de la carrera entre las dos superpotencias. En la industria sostienen que la quinta generación de telefonía móvil no fue un invento de China sino una estandarización global única en la que participaron países, fabricantes del mundo y los más grande operadores a nivel mundial. 

Sin embargo, Estados Unidos no cuenta con un fabricante de este tipo de tecnología, viene muy retrasado con respecto al desarrollo de equipos de Huawei y suele contratar a Nokia y a Ericsson como proveedores. Los defensores de la compañía china -los hay en el Gobierno y también en la calle Tacuarí- coinciden en que esa es la razón principal por la que se instaló el debate sobre el 5G. Nada de eso había sucedido, afirman, cuando se patentaron el 3G y el 4G. 

Con roles invertidos, los habituales defensores del libre mercado le piden al Estado que intervenga y los chinos profesan la libre competencia. Fuentes de la industria le dijeron a elDiarioAR que la estrategia de Huawei es esperar a que el Gobierno licite las frecuencias para imponer su peso en la carrera de mercado. En la compañía de capitales chinos solo esperan que el Presidente no haga caso a las tempranas e insistentes recomendaciones de Estados Unidos en la materia. Los detractores de la firma denunciada por Washington sostienen que, si el gobierno no pone objeciones de ningún tipo, “está jugando para Huawei”. Al contrario, quienes suelen contratar sus servicios afirman que lo irregular sería que el Estado le impida competir a la empresa del magnate Zhengfei o dicte una norma que bloquee su ingreso al mercado. Falta poco para saber quién tiene razón.

DG