Es bien sabido que La Libertad Avanza hace de la prensa su blanco predilecto. “Pauteros”, “ensobrados”, “mentirosos” son solo algunos de los insultos utilizados en las filas libertarias a la hora de hacer referencia a los periodistas que osan delinear alguna crítica hacia el gobierno de Javier Milei. Dardos casi siempre dirigidos a personas, que en contadas ocasiones —como en el caso de la eliminación de la pauta oficial o, más simbólicamente, en el regocijo del Presidente ante la crisis de Perfil— llegaron a traducirse en acciones contra los intereses concretos de los grupos mediáticos. Sin embargo, algo de eso parece haber comenzado a cambiar esta semana.

Todo arrancó el domingo pasado, cuando Milei volvió a poner en tela de juicio el trabajo de los medios. Durante una entrevista con el canal TN, el mandatario cargó contra el periodista de esa misma señal Marcelo Bonelli, a quien acusó de mentiroso por haber aventurado en una de sus columnas del diario Clarín que la salida de Mario Russo del Ministerio de Salud no había tenido que ver con un tema de gestión, sino con una supuesta denuncia de corrupción. “Por cuestiones personales y de funcionamiento, él decidió renunciar. Es un profesional enorme, honesto, una buena persona, y Bonelli dijo que lo eché por chorro”, lanzó el Presidente, visiblemente enfurecido.

Pero lo que puede ser intepretado como un cruce más de Milei con un periodista, terminó yendo más allá. Al día siguiente, el Gobierno dio a conocer una medida que puso en la mira a los medios, entre ellos al Grupo Clarín: la eliminación de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para diarios, revistas y medios digitales, con la pretensión oficial de aumentar la recaudación en aproximadamente $264 mil millones. En un principio, se especuló acerca de una pronta judicialización de la medida, ya que se trata de una potestad que corresponde al Congreso. Sin embargo, este viernes, el oficialismo confirmó que incluirá el tema en la discusión del Presupuesto 2025.

“Con esta modificación, los sujetos que realicen las actividades referidas pasarán a tributar el IVA, sin ninguna ventaja con respecto al resto de los actores económicos”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni el lunes pasado, durante la misma conferencia en que informó también la disolución de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la reducción de más de 3100 cargos públicos, a partir de la creación de la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Entre los críticos más duros de la movida del Gobierno contra los medios estuvo el legislador Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. “Milei, el alumno de Néstor Kirchner, ataca a los medios y privilegia a los empresarios amigos”, escribió en su cuenta de X, en donde abrió un “hilo” en el que detalló otros sectores que tienen exenciones que podrían eliminarse. Entre ellos, mencionó al régimen de Tierra del Fuego y su “escandaloso” costo fiscal.

Pero la mojada de oreja de Milei a Clarín no se quedó ahí. Durante su conferencia del lunes pasado, Adorni también informó que se detectaron irregularidades en el cobro de aportes al Fondo de Servicio Universal (FSU), un mecanismo destinado a reducir las brechas de acceso a los servicios de telecomunicaciones e internet en el país. Sostuvo que las empresas Telecom (mayoritariamente propiedad del Grupo Clarín) y Telefónica deben más de $3.000 millones. Además, se derogaron varias regulaciones de obligatoriedad en la provisión de canales en la televisión paga, que exigía incluir todas las señales de noticias en la grilla de programación de la TV.

Así y todo, el gesto más simbólico fue otro: la designación en la nueva Dirección General de Impositiva (DGI) de Andrés Edgardo Vázquez, un controvertido funcionario que trabajó en la AFIP bajo el mando de Ricardo Echegaray y que es recordado por un megaoperativo que realizó el ente recaudador, ahora extinto, en 2009 frente a la sede central del Grupo. De fluidos lazos con el submundo de la inteligencia, Vázquez estuvo al frente de esa inspección, en plena pulseada del gobierno kirchnerista con Héctor Magnetto. Ahora, llegó a la cúspide de la flamante DGI con la venia del asesor presidencial Santiago Caputo. 

Arsat y 5G

El Gobierno tomó también esta semana una decisión vinculada al negocio de las telecomunicaciones: poner a disposición los 100 megahertz (MHz) de espectro que el Estado le había reservado a la empresa Arsat para comunicaciones móviles y que no se están utilizando, además de los 50 megahertz que pertenecían al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que serán destinados al servicio de telefonía 5G. Sin embargo, según explica desde el Gobierno, el procedimiento de licitación “todavía no está definido”.

“Tenemos habilitados el ingreso de capitales privados en ARSAT hasta el 49%. Tiene cuatro unidades de negocio: la fibra, el espectro, el data center y el satélite”, dijo el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, una figura clave en las pretenciones privatizadoras del gobierno de La Libertad Avanza. “Mientras más competencia, más vas a facilitar que haya jugadores, servicios, tarifas”, añadió.

Desde el comienzo de su gestión, el Presidente busca centralizar el control sobre las relaciones con las empresas del sector de telecomunicaciones y dirigir el proceso de licitación del 5G, un terreno en el que ya pisan fuerte Claro, Telecom y Telefónica. Para ello, fue fundamental una maniobra: la intervención del Enacom, encabezado desde enero por Juan Martín Ozores. Un mes más tarde, a través de un decreto, el oficialismo autorizó a empresas como Starlink, del magnate estadounidense Elon Musk, a prestar servicio de internet vía satélite en el país.

PL/DTC

El municipio fueguino de Ushuaia se convirtió esta semana en el quinto distrito del país en prohibir las redes de comunicaciones 5G hasta que estudios científicos demuestren su inocuidad tanto para los seres humanos como para el ambiente y con esta medida desató un debate sanitario sobre la utilización de este tipo de tecnologías.

La llamada quinta generación de comunicación inalámbrica, cuyo espectro radioeléctrico fue licitado en Argentina en octubre, plantea un salto exponencial en la velocidad y volumen del intercambio de datos que tendrá incidencia directa en múltiples campos de acción como los procesos de automatización, la inteligencia artificial o la interacción de dispositivos.

A nivel mundial, las principales objeciones a este salto tecnológico han estado relacionadas a cuestiones geopolíticas.

Básicamente debido a la preponderancia de empresas chinas como Huawei y la estatal ZTE en el desarrollo de patentes y la instalación de infraestructura, derivó en sospechas de espionaje y llevó a varios países como Reino Unido y Canadá a prohibir o limitar, no la tecnología, sino el desembarco de esas compañías en los estados involucrados.

Otra objeción al 5G surgió del ámbito aeronáutico cuando empresas aéreas de Estados Unidos como American Airlines, Delta o United plantearon el riesgo de que la tecnología 5G opera en frecuencias cercanas a la de los instrumentos de navegación de las aeronaves, como los radioaltímetros, y recomiendan que esas redes se instalen a distancias prudenciales de los aeropuertos.

Sin embargo, la ausencia de estudios científicos categóricos y actualizados también comenzaron a generar dudas sobre el eventual impacto de estos nuevos flujos radioeléctricos en la salud de las personas y en el medio ambiente.

La agrupación Ciudadanos Organizados para Regular las Telecomunicaciones (Corte) es una de las que se ha decidido a plantear este debate en el país, y sus referentes en Tierra del Fuego fueron los que impulsaron la ordenanza restringiendo el desarrollo de las redes 5G en Ushuaia.

La normativa sancionada por el Concejo Deliberante el 6 de diciembre, y promulgada a fines de ese mes, establece a la ciudad como “zona libre de radiaciones provenientes de la tecnología de comunicaciones de quinta generación (5G) y toda tecnología de transmisión de datos de generaciones subsiguientes”, según el texto al que accedió Télam.

Según la medida, el municipio “no emitirá ningún tipo de autorización de obra, instalación o similar para el despliegue de la tecnología” por imperio del “principio precautorio en materia de salud y ambiente”.

La ordenanza 6317 prohíbe el 5G “hasta tanto se presenten estudios médico científicos y epidemiológicos que demuestren la total inocuidad de estas radiaciones”.

Entre sus fundamentos, la prohibición indica que en el país “no existen estudios que aseguren la inocuidad de las radiaciones de las radiofrecuencias provenientes de las telecomunicaciones celulares para los ciudadanos expuestos a largo plazo”.

La falta de estudios categóricos pareciera ser un argumento que juega a favor de los activistas y en contra de la tecnología 5G.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró -en 2020- que “no se ha relacionado causalmente con la exposición a tecnologías inalámbricas ningún efecto adverso para la salud”, aunque el organismo también advirtió que “solo unos pocos estudios se han llevado a cabo en las frecuencias que utilizará 5G”.

El documento publicado en la sección de la web de la OMS “Q&A Detail”, en formato de preguntas y respuestas, aclara que la tecnología 5G “se encuentra actualmente en una etapa temprana de implementación” y que “el alcance de cualquier cambio en la exposición a los campos de radiofrecuencia aún está bajo investigación”.

Por su parte, un estudio de la científica italiana Fiorella Belpoggi para el Grupo de Expertos sobre el Futuro de la Ciencia y la Tecnología (STOA) del Parlamento Europeo planteó -en junio de 2021- riesgos concretos de desarrollo de algunos tipos de cáncer y problemas de fertilidad ante la exposición a determinadas gamas de frecuencias electromagnéticas ligadas a las telecomunicaciones.

Es por eso que la ordenanza de Ushuaia señala que los estudios científicos dirigidos a habilitar el 5G deberán estar “avalados por las recomendaciones no opuestas entre sí, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Internacional Sobre los Efectos Biológicos de los Campos Electromagnéticos (ICBE-EMF) y el Panel para el Futuro de la Ciencia y Tecnología (STOA) del Europarlamento”.

Martín Gendler, becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), y especialista en el desarrollo de redes 5G en el Cono Sur, admitió a Télam que los organismos internacionales son coincidentes “en la falta de suficiente evidencia empírica acerca de la relación entre el uso de esta tecnología y problemas de salud”.

Según Gendler, de todos modos, las prohibiciones deberían tomarse “con cierta cautela”, y consideró que “lo más recomendable es que haya ciertas demandas, especialmente al Estado, para que se empiecen a ejecutar este tipo de estudios que en la Argentina tenemos capacidad de hacer”.

“Es mejor tomarse el tiempo para hacer una evaluación efectiva para evitar que la salud de los ciudadanos pueda ser comprometida, pero entendiendo también que al decretar una prohibición se corre el riesgo de caer en la desconexión”, agregó el experto argentino.

En ese sentido, el investigador remarcó que la tecnología 5G es la “columna vertebral del ecosistema 4.0” y que su implementación se relaciona directamente con la inteligencia artificial, los sistemas ciberfísicos, los sensores, la minería a distancia y las cirugías en tiempo real, entre otras aplicaciones.

“El 4G utiliza ondas de hasta 3Ghz de frecuencia, mientras que el 5G usa ondas de muchísima más magnitud, que van desde los 4 y hasta los 26 e incluso 32Ghz”, describió Gendler.

El especialista consideró que el caso de Ushuaia puede ser una “buena oportunidad” para despejar las dudas que existen sobre los riesgos a la salud, y llamó a “poner el foco” en estas cuestiones.

“No es que queramos prohibir el progreso. Hay mucha gente que no entiende que esta tecnología no fue probada y que ya ha traído problemas en algunos lugares”, explicó a Télam Alejandra Guerrero, miembro de la asociación Corte en Tierra del Fuego.

La entidad documentó durante el debate legislativo en la capital fueguina que varios estados municipales del mundo sancionaron ordenanzas similares, y que en Argentina existen regulaciones similares “en la Comuna de Lechmann (Santa Fe), Gualeguaychú (Entre Ríos), Azul (Buenos Aires) y Capilla del Monte (Córdoba)”.

Guerrero adelantó, incluso, que un proyecto similar fue presentado ante el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande, en el norte provincial, y se encuentra “bajo análisis”, por lo que las restricciones podrían ampliarse “tanto en la provincia como fuera de ella”, adelantó.

Mientras tanto, el proceso de instalación de las redes 5G en el país se encuentra en marcha desde octubre, cuando el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) formalizó la adjudicación de bandas de frecuencias para la prestación del servicio a las empresas Telecom, AMX (que opera con el nombre comercial Claro), y Telefónica (Movistar), a través de la resolución 1473/2023.

El ex ministro de Economía Sergio Massa indicó -durante su gestión- que cada empresa tiene previsto invertir alrededor de US$ 1.000 millones en el despliegue de antenas y de fibra óptica necesaria para dar servicios con esta tecnología.

Télam se comunicó con representantes de las tres compañías (Telecom, Claro y Movistar) pero todos optaron por no hacer comentarios sobre la ordenanza sancionada en Ushuaia y acerca del debate sanitario y ambiental derivado de la normativa.

Por Gabriel Ramonet - Agencia Télam.

IG

Telecom, la empresa de los dueños del Grupo Clarín y dueña de la marca Personal, y la mexicana Claro se comprometieron hoy a invertir US$350 millones para adquirir lotes de 100 megahertz (MHz) de especto radioeléctrico para ofrecer la tecnología de Internet celular 5G, que aumenta la velocidad y la cantidad de contenido que se transmite ahora por las redes 3G y 4G. Su rival española Telefónica, propietaria de Movistar, presentó una oferta de US$175 millones por 50 MHz.

Así finalizó la licitación de espectro de 5G y ahora las tres empresas tienen 21 días para desembolsar ese dinero. Eso sí, pueden pagar en pesos al tipo de cambio oficial, con lo que es muy probable que no entren divisas nuevas para reforzar las alicaídas reservas del Banco Central. Sin embargo, serán recursos económicos que le vendrán bien al ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, para apuntarla la meta de déficit fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del 1,9% del PBI. Pero el aspirante a la Casa Rosada anunció las inversiones con una consigna que va más allá de la acuciante coyuntura por falta de fondos que “los ciudadanos tengan Internet y celulares más rápidos y más baratos”. Lo del menor precio tiene que ver con el anhelado efecto de la competencia.

En un acto oficial que inevitablemente se mezcla con la campaña del ministro candidato, Massa señaló el desafío que supone desplegar el 5G en el territorio del octavo país más extenso del planeta. Además de las mayores velocidad y contenidos para los ciudadanos, el funcionario destacó que esta licitación es una “oportunidad de ingresos para el Estado en momentos complejos por la peor sequía de historia”. Se trata de ingresos de US$825 en total a cambio del “uso de un bien público”, que es el espectro.

“Es importante para las metas fiscales. Es importante para valorar el bien público. Es importante por la confianza del sector privado cuando dominaba la incertidumbre política. Quiero hacer un agradecimiento a las tres compañías que han licitado”, le hizo un guiño a la firma del Grupo Clarín -con la que siempre mantuvo una buena relación pese al enfrentamiento del kirchnerismo con esa corporación-, la empresa de América Móvil -la del multimillonario mexicano Carlos Slim- y la de Telefónica -cuya partida de la Argentina nunca se concretó hasta ahora pese a los rumores de posibles compradores de su filial-.

Massa opinó que esta licitación sirve para despegarse “de la disputa electoral y mirar el largo plazo” y para “poder avanzar en inversiones de magnitud”, dado que el desembolso es sólo para comprar espectro, pero ahora las compañías deberán invertir en infraestructura para traerla a la Argentina y desplegarla aquí. Entre los principales proveedores de la tecnología 5G están las chinas Huawei y ZTE, que EE.UU pedía vetar por razones de seguridad nacional, pero que finalmente podrán proveer a Telefónica, Claro y Telecom. De hecho, las firmas de los dueños de Clarín (Héctor Magnetto, Felipe y Marcela Noble Herrera, José Aranda y Lucio Pagliaro) y la de Slim ya operan con Huawei en la Argentina. Otros proveedores son la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia, mientras que la norteamericana Cisco ofrece parte de los equipos dentro de una opción tecnológica llamada Open RAN.

“La competencia por la tecnología es clave para los ciudadanos”, celebró Massa. “La competencia por el precio del servicio es uno de los valores más importantes”, agregó, antes de advertir que el mercado tampoco soluciona todo, como plantea su rival del balotaje, Javier Milei. “Que con el Estado sigamos haciendo inversiones en sectores donde por oferta y demanda no alcanza para desarrollar infraestructura. No todo depende del mercado, quedarían ciudadanos abandonados a la buena de dios. Es clave seguir con la inversión del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) en barrios populares, con Arsat en lugares donde por volumen de mercado a ninguna empresa le interesa abrir competencia o aumentar inversiones.”

Pese a que Telecom, Telefónica y Claro habían renegado contra la licitación del 5G, negociaron con el Enacom cambios en las condiciones y finalmente presentaron primero las ofertas técnicas y hoy las económicas. Sólo quedaba la duda de si la empresa española iba a ofertar por 50 o 100 MHz. En un principio, Telefónica y su asociación con pymes y cooperativas Infraestructura Digital Argentina (IDA) había llegado a presentar un recursos de amparo primero en la ciudad de Buenos Aires, sin éxito, y después en Mendoza, con fallo favorable, contra la licitación porque se negaba a pagar por el espectro y a que el Estado reservara parte de él para la firma estatal Arsat, según fuentes oficiales. Después se sentó a negociar y terminó consiguiendo que se pueda ofertar por 50 MHz, en lugar de la exigencia inicial de hacerlo sólo por 100. Otros asuntos que se negociaron fueron la condición inicial de depositar el dinero en dólares, que al final se pudo desembolsar en pesos, y la facilitación de las importaciones para traer equipos del exterior. Claro que no es lo mismo poner US$350 millones que su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio oficial.

En lo que no cedió el Gobierno fue en que algo debían abonar por el espectro -otros países no lo requieren-, la reserva de espectro para Arsat y en la exigencia de que cuando el 50% de la clientela haya migrado a 5G los operadores tengan la obligación de ofrecer una prestación básica universal (PBU), a un precio rebajado para alcanzar a toda la población sin importar su nivel económico. Pese a la amistad de Massa con EE.UU y su funcionario de Seguridad Nacional, Juan González, el ministro candidato no cedió a la presión contra Huawei -prohibida en la superpotencia y en numerosas potencias occidentales- y estableció la llamada neutralidad tecnológica. Es decir que los tres operadores podrán contratar a quien sea, ya sea a la firma china o a la tecnología Open RAN, donde participan compañías estadounidenses. Pronto comenzará una mesa de diálogo entre el Gobierno y las cooperativas y las pymes que proveen Internet en pequeñas localidades para sumarlas al 5G.

“Las operadoras no querían la licitación, especulaban con la que la hiciera el próximo gobierno, se pelearon todo el tiempo con nosotros y entre ellas, pero entraron”, comentan en los despachos oficiales. “Clarín jugó a fondo en la campaña con (Patricia) Bullrich, hasta le hizo guiños a Milei, a diferencia de La Nación, pero ahora se dan cuenta de que necesitar estar en un país medianamente estable”, explican. “La presión de Estados Unidos tampoco funcionó porque acá Clarín y Claro usan Huawei”, agregan.

“El avance de esta nueva tecnología implicará potenciar la continuidad del despliegue de 4G y la llegada de Movistar Fibra a los hogares, para que todos los clientes se vean beneficiados de igual manera”, informó Telefónica. “Hay que recordar que Movistar ya es 5G hace más de un año, cuando desarrolló el primer laboratorio 5G, con autorización del Enacom, para que el ecosistema emprendedor, entre otros actores, pudiera desafiar sus proyectos bajo esta tecnología; permitiéndoles realizar los ajustes necesarios y así lograr escalabilidad en el menor tiempo posible. De esta manera, una vez más, como desde hace 33 años, la compañía apuesta al crecimiento del país impulsando la evolución tecnológica y desarrollando productos y servicios que aceleren la digitalización de ámbitos públicos, el sector privado y de la sociedad en general”, completa la operadora española, que llegó a la Argentina cuando se privatizó el servicio.

“Celebramos que se haya concretado un paso muy importante para la evolución de la industria TIC (tecnologías de la información y la comunicación) en la Argentina, con el compromiso desde Telecom de seguir invirtiendo en servicios innovadores para nuestros clientes y para el país”, informó la empresa de los dueños de Clarín. “5G ya es una realidad en nuestras redes de Personal porque nos veníamos preparando para este momento. Con la asignación se irá extendiendo el encendido progresivamente”, agregó la firma.

AR/DTC

El Ente Nacional de Comunicaciones anunció que espera recaudar US$1.050 millones en la subasta de frecuencias de espectro radioeléctrico para dar servicios de 5G, que se realizará el 24 de octubre en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

La confirmación de la fecha de la subasta y de los recursos que generará para el Estado nacional ocurre a horas de la apertura del mercado financiero después de una jornada de alta tensión cambiaria.

“El próximo martes 24 de octubre, el Gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), concretará en el Centro Cultural Kirchner (CCK) la subasta de las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de quinta generación (5G), a partir de la cual se esperan recaudar alrededor de 1.050 millones de dólares”, difundió este miércoles el organismo.

Las tres empresas de servicios de comunicaciones móviles con red propia (Claro, Movistar y Telecom) participarán de la subasta después de haber presentado las garantías de ofertas y ya fueron precalificadas como oferentes.

El procedimiento licitatorio y “el valor base” de los lotes de frecuencia a subastar “se encuentran alineados con experiencias internacionales de licitaciones de espectro que han resultado exitosas para los Estados nacionales y guardan relación con procedimientos anteriores establecidos en el país para adjudicaciones de espectro radioeléctrico”, indicaron desde el Enacom.

El proceso licitatorio fija la atribución de la banda de frecuencias comprendida entre 3.300 y 3.600 MHz al servicio móvil terrestre con categoría primaria, que se utilizarán para comunicaciones con tecnología 5G.

En este llamado, se someterán al procedimiento de subasta un total de 300 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno, precisaron desde el Enacom.

El despliegue de 5G constituye una política de Estado de mediano y largo plazo que “requiere la colaboración virtuosa entre el sector público y el sector privado, entre inversiones para la renovación de la infraestructura de redes que realizarán las empresas y el Gobierno para permitir su comercialización con una competencia justa y precios accesibles para las y los usuarios”, indicó el organismo.

Los detalles del comunicado de ENACOM

Con información de agencias.

IG

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) lanzó la subasta para el otorgamiento de la banda más lucrativa del espectro 5G, uno de los objetivos centrales para el año fijados por Sergio Massa, pero incluyó en el pliego una posibilidad reclamada por las empresas líderes del sector. El pago podrá ser efectuado en pesos; es decir, no acumulará dólares a las reservas, de acuerdo con la resolución publicada en el boletín oficial el martes.

Tras una discusión extenuante con los principales actores de las telecomunicaciones —Telecom, Movistar, Claro y Telecentro— y entre diferentes áreas del Ejecutivo, ENACOM anunció el lanzamiento de la subasta de 300 MHz en la banda comprendida entre 3.300 MHz y 3.600 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno. El precio base para cada lote fue establecido en US$350 millones, por lo que la suma de los tres redundaría en US$1.050 millones.

La citada es la banda más apetecible en función del alcance técnico y la población objetivo, indicó una fuente al tanto de las negociaciones. Otras bandas brindan posibilidades de máxima precisión, pero menor mercado potencial, y a la inversa.

5G es una tecnología que permite altas prestaciones para determinadas industrias, ya sea para el manejo a distancia de instrumentos sofisticados en tiempo real, con una reducción al mínimo de la “latencia” —por ejemplo, una intervención quirúrgica— o para la transmisión masiva de datos —por ejemplo, de medidores de consumo de gas—, indicó a elDiarioAR el consultor en telecomunicaciones Enrique Carrier.

La Argentina llega tarde al negocio de 5G. Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Brasil, Chile y, recientemente, Uruguay ya tienen la tecnología en funcionamiento

Industrias como la minería, Vaca Muerta y el agronegocio podrías valerse de la tecnología y expandir sus fronteras. En cuanto al público masivo, los usuarios podrían constatar los beneficios del 5G en lugares de alta concentración, como recitales, espectáculos deportivos y artísticos, o centros comerciales. Hoy, las muchedumbres tornan insuficientes las antenas de 4G, mientras que la nueva escala solucionaría el colapso, indicó Carrier.

El 10 de diciembre a la vista

La Argentina llega tarde al negocio de 5G. Estados Unidos, Europa, China, Corea del Sur, Brasil, Chile y, recientemente, Uruguay ya tienen la tecnología en funcionamiento.

Massa, con incidencia directa en ENACOM a través del presidente del organismo, su allegado Claudio Ambrosini, aceleró la subasta pese a las turbulencias financieras y la incertidumbre política y económica que genera el proceso electoral. La coincidencia en la industria y en las oficinas del Gobierno involucradas era que ya no quedaba margen para postergaciones si el objetivo era conceder el espectro por 20 años antes del 10 de diciembre.

Con el antecedente de la licitación del espectro 4G en 2014, que le valió al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la recaudación de US$2.200 millones y resultó en una sustancial mejora en la calidad de las comunicaciones móviles, el Ejecutivo de Alberto Fernández aspiraba a un resultado similar, de menor monto y otro tipo de prestaciones.

Uno de los núcleos del debate fue que Telecom Argentina, empresa hermana del Grupo Clarín, y Movistar Argentina, subsidiaria de la multinacional homónima, manifestaron no estar dispuestas a entregar dólares a cambio del espectro. En ese punto, Claro, tercer gran actor de las telecomunicaciones en Argentina, propiedad del mexicano Carlos Slim, se mostró más permeable a ingresar moneda dura al país, en el marco de una política comercial que en la industria consideran agresiva y ante la posibilidad de ganar espacio en TV paga y banda ancha, expresó una fuente al tanto de las negociaciones.  

Uno de los núcleos del debate fue que Telecom Argentina, empresa hermana del Grupo Clarín, y Movistar Argentina, subsidiaria de la multinacional homónima, manifestaron no estar dispuestas a entregar dólares a cambio del espectro

Las empresas mencionadas facturan sus servicios a casi la totalidad de la población argentina y enfrentan restricciones parciales para acceder a dólares a la cotización oficial, por lo que Telecom y Movistar consideraban inadmisible la obligación de erogar dólares, tal como había planteado el Gobierno antes y después de la llegada de Massa al Ministerio de Economía, hace 13 meses.

El propio titular del Palacio de Hacienda computó en febrero pasado que ENACOM podría recaudar US$1.500 millones con la subasta en cuestión, y que ello iría a fortalecer reservas. Alberto Fernández también se había manifestado en similar sentido.

En dólares, pero en pesos

La resolución de ENACOM publicada el martes en el boletín oficial establece que la cotización de la oferta debe ser formulada en dólares, pero el inciso 2 del artículo 37 aclara que, “de conformidad con lo establecido en el Código Civil y Comercial”, la erogación podrá ser en “moneda de curso legal” con el “tipo de cambio vendedor” fijado en el Banco Nación “el día hábil inmediato anterior a efectuar el pago”.

Las empresas, que desde la privatización de ENTEL en 1990 demostraron conservar alta rentabilidad tanto en escenarios intervencionistas como de libre mercado, ahora quedan habilitadas para utilizar sus depósitos, bonos y otros instrumentos en pesos, pese a que, por el volumen de su facturación y sus reservas internacionales, también cuentan con acceso a dólares en el exterior. En particular, Movistar podría apelar a un giro de su casa matriz, pero en todo el transcurso de la negociación dejó en claro que no lo haría, indicaron una fuente del Gobierno y otra de la industria.  

La habilitación del pago en pesos atiende una de las principales demandas de los potenciales ofertantes, pero no fue la única decisión que benefició al trío de jugadores en el mercado móvil. Otros aspectos de la convocatoria de ENACOM generan resistencias y llevan a que las Telecom, Movistar y Claro, por ahora, no se hayan expresado en público al respecto.

Un dato elocuente es que los representantes de Juntos por el Cambio en ENACOM, José Corral y Silvana Giudice, votaron en contra del llamado a licitación. Giudice en particular lleva dos décadas de actuación pública con posturas que inexorablemente son coincidentes con las del grupo Telecom/Clarín.

El cuarto en discordia

Durante los meses de discusiones se barajó la posibilidad de que se habilitara a un cuarto operador. Esa hipótesis tenía nombre: Telecentro, la empresa de TV paga y banda ancha del duhaldista expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. Su eventual presencia en la compulsa generó un forcejeo entre Massa y Alberto Fernández, en la que se impuso el criterio del primero. El Presidente veía con buenos ojos la apertura de un cuarto operador, pero la resolución de ENACOM estableció requisitos de capital y licencias previas que cerraron el círculo en Telecom, Movistar y Claro.

Otras miradas dentro del Ejecutivo pugnaron por una apertura mayor, que sacara la puja de las manos exclusivas de firmas que son largamente cuestionadas tanto por su reparto estanco del mercado como por la calidad del servicio que prestan. Una licitación más segmentada, no integral, que exigiera contraprestaciones para acceder al negocio más lucrativo, habría dado espacio para nuevos jugadores o habría condicionado a los grandes, indicó otra voz al tanto de las idas y vueltas de la subasta.

El Presidente veía con buenos ojos la apertura de un cuarto operador, pero la resolución de ENACOM estableció requisitos de capital y licencias previas que cerraron el círculo en Telecom, Movistar y Claro

De todas formas, ni el uso de pesos para acceder al 5G ni la reserva de mercado para actores conocidos agotan el debate. Las empresas cuestionan el monto base de la oferta (US$350 millones) y el otorgamiento de 100 MHz a la estatal ARSAT, dispuesto también por ENACOM.

La aparición de ARSAT como “cuarto operador” por ahora es meramente formal. La empresa estatal no tiene infraestructura ni capacidad de financiarse para desarrollarla. Los 100 MHz que le asignó ENACOM, además, no están “limpios”, es decir, hay operaciones piloto o puntuales en ese segmento que deberían ser reasignadas.

El papel de ARSAT genera aprehensión en las grandes porque entienden que podría ser una vía para que entre un competidor que alquile el espectro de la firma estatal o que se asocie a ella sin haber pagado el equivalente en pesos a US$350 millones, indicó una fuente de la industria citada por la agencia de noticias estadounidense REDD Intelligence. Los nombres que sobrevuelan la aprehensión de los grandes son el citado Pierri y el grupo Vila-Manzano, que participó de la licitación del 4G, pero abandonó el intento.

Red “neutral”

El precio base de US5350 millones también genera quejas en la industria. “Aunque sean al cambio oficial, son muchos pesos y hay que tenerlos”, dijo la fuente de la industria.

Carrier coincide en que el precio es alto en relación a las experiencias ya consumadas en Brasil y Chile.

En el Gobierno responden que se establecieron requisitos más bajos para el denominado “despliegue” en infraestructura. Un precio de licitación más bajo y exigencias más altas en tiempos y montos de inversión habrían sido un factor desalentador para un negocio que requiere insumos importados, es decir, bienes a ser pagados en dólares, indicó una fuente citada por REDD.

A la presencia de ARSAT y el precio base, Carrier suma otro aspecto que podría generar reticencia en las tres grandes de las telecomunicaciones: la tarifa social. Si bien restan aspectos por definir, el pliego exige prestaciones a precios bajos que podrían llegar a beneficiar a un tercio de la población.

El negocio de las telecomunicaciones encuentra múltiples aristas, que se entienden a la luz del volumen de facturación y la incidencia en la vida cotidiana de la población.

Otra de las aristas que quedó resuelta en la resolución de ENACOM es la “neutralidad” de la red. Ello quiere decir que el regulador no exige un tipo particular de tecnología, sino que habilita a cada prestador a contratar proveedores según su criterio. Ese mercado encuentra actores como Nokia, Ericsson, Cisco, Samsung, pero una firma sobresale por participación de mercado, la china Huawei, que facturó US$96.000 millones en 2022.

Ese mercado de tecnología 5G encuentra actores como Nokia, Ericsson, Cisco, Samsung, pero uno sobresale por participación global de mercado, la china Huawei, que facturó US$ 96.000 millones en 2022

Estados Unidos puso toda su capacidad de lobby en contra de Huawei, pero el Gobierno argentino se ancló en la “neutralidad”. Esa decisión no fue objetada por Telecom, que ya contrató a la firma china para el desarrollo piloto de la red 5G.

Otro punto que estuvo presente durante los dos años de negociación fue el decreto 690 de 2020, que definió a la industria de las telecomunicaciones como servicio público esencial en competencia. Esa decisión de Alberto Fernández otorgó al Estado una amplia potestad regulatoria sobre tarifas y prestaciones de la TV paga, la banda ancha y las comunicaciones móviles. Toda la industria reaccionó en contra y las grandes del sector obtuvieron cautelares que, tres años más tarde, siguen vigentes, ante la inacción de la Corte Suprema.

Así las cosas, no habría que descartar que los tribunales federales se presten a otorgar nuevas cautelares si es que alguien busca postergar la licitación hasta más allá del 10 de diciembre. 

JJD

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó las condiciones necesarias para el desarrollo de tecnología 5G en el país. De esta manera, el Gobierno Nacional lanzó el llamado a licitación pública para la adjudicación de las bandas radioeléctricas de frecuencias comprendida entre 3300 y 3600 MHz al servicio móvil terrestre con categoría primaria.

Según precisó Diego Leiva, coordinador general de Asuntos Técnicos del ENACOM, “no se trata de un mero cambio tecnológico, sino de una transformación digital” que posibilitará desarrollar “capacidad remota en tiempo real”.

Se espera que con el desarrollo del 5G en la Argentina se registren conexiones en tiempo real ultrarrápidas, comunicaciones de mejor calidad y expansión a nuevos servicios.

Leiva precisó que se subastarán los 300 MHz en tres lotes de 100 MHz cada uno, a través de un concurso público que tiene el precio base en US$350 millones. El valor real de cada lote será estipulado por el mercado, a través de la puja que protagonizarán los licenciatarios habilitados.

En los pliegos ya elaborados, se estableció como requisitos fundamentales que podrán formar parte de la subasta aquellos licenciatarios que cuenten con presencia en, al menos, 10 localidades de Argentina y que registren un mínimo de 50.000 accesos declarados.

Además, los licenciatarios deberán acreditar un patrimonio neto superior a los $10 mil millones al último ejercicio para obtener las frecuencias que serán otorgadas por 20 años. 

El ingreso que genere la licitación van a ingresar al Tesoro Nacional, con el objetivo de robustecer las reservas del Banco Central.

La fecha clave será el 29 de septiembre, cuando inicie la subasta y se conozcan las ofertas que darán paso a una segunda instancia de precalificación. Un mes después, saldrá la adjudicación una vez comprobados los requisitos. 

Los beneficios del 5G

Se denomina 5G a las redes móviles que utilizan tecnología de quinta generación, las cuales son capaces de conectar varios dispositivos inalámbricos a la vez para brindarles acceso a servicios de Internet y telefonía con características de velocidad y latencia muy superiores a las utilizadas en generaciones anteriores.

Con esta nueva tecnología, se podrá asegurar la conectividad de numerosos dispositivos en tiempo real. Leiva sostuvo además que los sistemas 5G generan “mejores posibilidades técnicas que permiten un servicio con mayor velocidad de transferencia de datos y descargas, conexiones simultáneas y capacidad de respuesta casi en tiempo real”.

Desde el ENACOM, aseguran que el despliegue de 5G requerirá “de la colaboración entre el el sector público y el sector privado”, lo que significa que las empresas deberán realizar inversiones para la renovación de la infraestructura de redes, mientras que los gobiernos permitir la comercialización a precios accesibles y certidumbre para la competencia justa.

“Es un avance que se licitó en todo el mundo, incluso con bases más elevadas, por lo que no peligra su desarrollo”, respondió Leiva ante la consulta del futuro del 5G.

Desde un punto de vista técnico y tecnológico, la transformación digital implicará un mayor ancho de banda y capacidad de datos como también un importante flujo de información, que llega a velocidades de 10 Gbps, lo que permitirá que las comunicaciones sean casi en tiempo real.

En la actualidad, países como Estados Unidos, Canadá, Taiwán, China y Brasil, entre otros, cuentan con tecnología 5G.

LC con información de agencia NA

Luego de un fin de semana ajetreado por las definiciones de las precandidaturas a presidente de la Nación, con subas y bajas de distintas personalidades de la política local, la principal noticia fue la ratificación de la participación del actual ministro de economía, Sergio Massa. Un hecho que podría darle un renovado impulso a la varias veces postergada licitación de espectro para 5G.

A la conocida influencia de Massa sobre el Enacom (recordemos que su actual presidente, Claudio Ambrosini es lo que se denomina “del riñón” del candidato del oficialismo), se suma ahora el factor campaña. Si bien el proceso licitatorio viene sumando notorios retrasos, el tramo que queda hasta la elección del nuevo presidente podría ser el escenario ideal para anotarse un poroto de campaña. Con indicadores como inflación, nivel de reservas y pobreza que empeoraron durante su estadía al frente de la economía, es ahora momento de dar buenas noticias y de demostrar gestión. Éstas no sólo podrían venir de la mano de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que anuncian como “inminente” y que evitaría un catastrófico default o de un avance veloz en el gasoducto que permitiría exportar gas (y dejar de importar). También aparece en el tablero la licitación de espectro para 5G.

Llevar a cabo exitosamente la licitación de 5G tendría un doble beneficio. Por un lado, por lo que podría llegar a recaudarse (un monto que fue el centro de las discusiones y postergaciones de los últimos meses). Por el otro, porque se podría presentar como una capacidad de gestión que serviría como anticipo de lo que podría suceder en caso de que el actual ministro de Economía resultase ungido presidente por la voluntad popular.

Claro que esta puede ser un arma de doble filo. Si el pliego licitatorio tuviera puntos controversiales que resultasen en que al menos uno de los tres bloques de 100 MHz en la banda de 3,5 GHz quedara desierto, sería un revés en un momento muy inoportuno para el candidato del oficialismo. Es por esto por lo que, de realizarse el proceso, será clave que las condiciones sean razonables, contemplando el contexto macroeconómico y sectorial.

Sabiendo que uno de los puntos que más diferencias generó entre regulador y los operadores móviles giró alrededor del precio (y la forma de pago), es una gran oportunidad para presentar un pliego de condiciones que apunte más a las inversiones que a la recaudación. Un modelo del estilo del modelo que adoptó Brasil para su licitación de espectro y que resultó exitoso (algo que sigue demostrando con el rápido avance de los despliegues en aquel país). Adicionalmente, una forma de pago creativa (por ejemplo, permitiendo el pago con bonos de la deuda argentina que reduciría la deuda pública) así como una flexibilidad en los despliegues vinculada al acceso a las divisas necesarias para la importación de tecnología más la disponibilidad de espectro limpio, podrían destrabar definitivamente un proceso que hasta ahora se tradujo más en promesas que realidades y que sólo registra postergaciones desde la fecha inicial, prevista originalmente para febrero del presente año.

No obstante, la decisión de avanzar con la licitación de espectro para 5G está corriendo contrarreloj. Quedan tres meses y medio para las elecciones generales (primera vuelta). Considerando los tiempos que llevaría a las empresas interesadas evaluar el pliego, (del cual hubo poquísimas precisiones hasta el momento), realizar consultas, etc. y diseñar una propuesta, julio debería ser el mes para dar el puntapié inicial. Más allá de este mes, sería complejo. Son tiempos de definiciones y con poco margen para el error. Pero la oportunidad está. Habrá que ver si se la aprovecha.

EC/MG

Cuando todavía siguen las conversaciones respecto a las características que tendrá la subasta de espectro para 5G, el gobierno anunció la habilitación de la banda de 6 GHz completa para el uso libre. El mismo fue realizado por el mismísimo ministro de Economía, lo que sorprendió por ser un tema, a priori, bastante técnico, pero en el que en realidad se combinan aspectos técnicos, económicos y políticos.

La banda de 6 GHz es codiciada ya que se trata de una buena porción de espectro medio, atractivo por su compromiso entre capacidad y cobertura. Ideal para el mundo cada vez más hiperconectado. Por ahora, los distintos países se debaten entre dos aproximaciones. Una consiste en dividir esa abundante banda de frecuencia, dejando una porción para uso no licenciado (como para WiFi, Bluetooth y otros) y otra, para uso licenciado a servicios móviles, particularmente 5G. La otra aproximación es dejar que toda la banda sea para uso no licenciado, dejando fuera a la industria móvil (operadores, vendors).

Lógicamente, esto da lugar a posiciones divergentes. El modelo mixto (licenciado y no licenciado) es apoyado por los operadores móviles y sus proveedores de equipamiento, con el objetivo de tener más espectro para 5G, el cual será sin dudas necesario en un futuro. En Argentina, la GSMA (representando a Claro, Movistar y Personal) y los vendors de equipamiento para redes móviles (Ericsson, Huawei y Nokia), reclamaron, a través de un comunicado, una “decisión balanceada” apenas horas antes del anuncio oficial. El modelo “todo no licenciado” es apoyado por las empresas de Internet, que en el caso argentino respaldaron al gobierno con su participación en el anuncio. Estas fueron Meta, Google, Microsoft, Amazon, Cisco, Dynamic Spectrum Alliance (DSA), Broadcom, HPE, Federated Wireless y hasta Apple.

Un detalle no menor es que por el momento sólo se puede reservar ese espectro para servicios móviles, pero no utilizarlo inmediatamente ya que la normalización de la banda de 6 GHz para servicios móviles todavía no está. Se espera que ésta se defina en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT, que tendrá lugar a fines del 2023. Esto hizo que, algunos países, como sucede en Europa, optaran por un modelo “wait and see”, y sólo habilitaron el uso no licenciado en una porción de la banda. Otros fueron por el modelo de habilitar la banda entera para uso no licenciado. En América es el caso de los EEUU, Canadá y Brasil. Tres mercados que aseguran las economías de escala para una tecnología, la WiFi 6E, que ya está en producción. Con su decisión, Argentina se subió al tren de las Américas.

La habilitación de la banda de 6 GHz para su uso vía WiFi impactará en el hogar, como toda mejora del WiFi. Considerando la creciente disponibilidad de dispositivos conectados (TV, PC, smartphones, tablets, cámaras, sensores y más) será bienvenida su mayor capacidad, tanto en velocidad como cantidad de dispositivos soportados. Claro que no será inmediato, porque antes hará falta contar con dispositivos y routers compatibles con la nueva frecuencia. Esto implica un proceso de recambio que llevará años. Pero esa banda también podrá ser utilizada por parte de los ISP para dar acceso fijo inalámbrico, especialmente en zonas no densamente pobladas. Esta podría ser una adopción más rápida que al interior mismo del hogar. De allí las caras de satisfacción de algunos de los asistentes al Internet Day, organizado por CABASE.

Más allá de la decisión en sí, que como se ve tiene posiciones claramente divididas, hubo algunos aspectos que llamaron la atención. Uno fue que el anuncio fuera realizado por el ministro de Economía, quien interactuó durante el mismo con ejecutivos representantes de empresas estadounidenses. Allí es donde varios vieron a la decisión como un guiño a los EEUU en momentos en que Argentina busca su apoyo en materia financiera.

Otros fueron más allá, especulando con que podría ser una compensación por no dejar afuera de la licitación de espectro 5G a Huawei, pero de ser así sería un premio consuelo menor. También sorprendió que se tomara una decisión definitiva sabiendo que se esperan definiciones de la UIT a nivel global para esa banda en tan sólo 6 meses. Tampoco puede soslayarse el hecho de que esta decisión, que impacta negativamente en los operadores móviles, llega en momentos en que la licitación de 5G todavía está conversada, ante las diferencias que subsisten entre el gobierno y los operadores. Y no dejó de ser irónico que se libere espectro para uso gratuito cuando gran parte de la discusión con 5G gira alrededor del precio del espectro.

Como dato ¿de color?, el gobierno tuvo una comunicación confusa desde el punto de vista técnico. El título del comunicado oficial fue: “Llega WIFI 6 a la Argentina”. Sin embargo, esta afirmación encierra un error que puede llevar a cierto desconcierto. Existen dos estándares de WiFi que llevan el número 6. El WiFi 6 funciona únicamente con las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz (que son las utilizadas en la actualidad). Para usar la nueva banda disponible de 6 GHz hace falta equipamiento bajo el estándar WiFi 6E, que funciona con las bandas mencionadas más la de 6 GHz, combinándolas para más que duplicar la capacidad disponible. La E en WiFi 6E significa “Extended”, haciendo referencia a la extensión del espectro disponible para WiFi hacia la banda de frecuencia de 6 GHz. En otras palabras, la banda habilitada de 6 GHz no anda en WiFi 6 sino en WiFi 6E.

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El 55% del territorio nacional sufre sequía, según el Sistema de Información Sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (Sissa), un proyecto de seis países de la región con apoyo de la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Aunque en las últimas semanas se han registrado lluvias, se teme por la cosecha gruesa, la de soja y maíz, en el segundo trimestre, la que trae la mayor fuente de divisas al país.

Al inicio de la campaña de soja 2022-23 se proyectaba una recolección en la zona núcleo (sur de la provincia de Santa Fe, este de Córdoba y norte de Buenos Aires) de 19,7 millones de toneladas. Ahora se esperan 10,7 millones, un 45% menos, según el reporte de este viernes de la Bolsa de Comercio de Rosario. Quedaron medio millón de hectáreas sin sembrar y hay una caída en picada en rindes potenciales, agregó la bolsa. ¿Hay plan B en el Gobierno por si llegan menos dólares en un país que carece de ellos y que por eso recurre al cepo cambiario y al control de importaciones?

Hasta mediados de la semana, un alto funcionario se esperanzaba con las últimas precipitaciones: “Habría que ver efectivamente cuánto cae la cosecha de soja, nosotros la bajamos de 51 millones a 48 millones”. Pero en el informe del viernes, la Bolsa de Rosario rebajó la proyección a 37 millones, 12 millones menos que hace un mes. Es decir, se consolida el temor de que se necesitará un plan B.

En el Gobierno son precavidos: aunque esperan que el 20 de junio se inaugure el gasoducto Néstor Kirchner, que aumentaría la producción de gas de Vaca Muerta y reduciría la necesidad de importación en invierno, planificaron el año casi como si tuvieran la misma necesidad de comprarlo afuera que en 2022. Sin embargo, observan que el invierno europeo están siendo más cálido de lo previsto, con lo que está bajando el precio del gas natural licuado (GNL, el que se transporte en barco), lo que reduciría los costos en la Argentina. Además, si llega a cumplirse el plazo del gasoducto, el país se ahorrará varias embarcaciones.

A ese eventual ahorro de divisas por el gas, el Ejecutivo también apuesta a que Vaca Muerta exporte más petróleo cuando en marzo se terminen de tapar las pinchaduras del Oleoducto Trasandino que comunica con Chile. Además, la cotización del crudo promete seguir alta. En el cristinismo se ilusionan con que el sector energético se convierta en una gran fuerte de divisas, que equipare en ese rol a un jugador refractario de sus intereses, el campo, que eventualmente puede presionar sobre los precios de la carne y los derivados del maíz, como el aceite, si fracasa la próxima cosecha. En el massismo, en cambio, alegan que el dólar soja derrumbó el conflicto entre los productores agropecuarios y el peronismo.

En el Gobierno también se ilusionan con otras ventas externas adicionales, en especial por la mejora del tipo de cambio real (ajustado por inflación) multilateral (en relación al dólar, el euro, el yuan y el real), que subió de 88 puntos básicos en octubre a 93 en enero. Como el dólar oficial se elevó por encima de la inflación en los últimos meses, en general un punto porcentual más por mes, la producción argentina de bienes y servicios recuperó algo de la competitividad cambiaria perdida desde 2021. Contra quienes sugieren un salto brusco de la moneda norteamericana para alentar la exportación y desincentivar la importación, en el equipo económico prefieren seguir como hasta ahora, con el tipo de cambio oficial subiendo apenas por encima de la inflación. En el campo, donde pretendían una devaluación, admiten que se pasó el momento para aplicarla: calculaban que una disparada del verde, que impactaría en los precios de los alimentos, debía hacerse en la primera quincena de enero para llegar a las elecciones primarias presidenciales de agosto próximo con una moderación del salto inflacionario que podría ser redituable en términos de votos. Lo que sí preocupa al ministro de Economía, Sergio Massa, es que se mantenga o amplíe la brecha con el dólar paralelo y por esto apuesta a sostener alta la tasa de interés, lo que debería desestimular la actual escapada del blue, el Mercado Electrónico de Pagos (MEP) y el contado con liquidación (CCL).

Dólares y yuanes

Los empresarios suelen elogiar la capacidad de Massa de anticiparse a los incendios, más allá de que no los solucione a largo plazo. Parte de esa estrategia se refleja en la activación esta semana del swap (canje de monedas) entre los bancos centrales de la Argentina y China por US$ 5.000 millones, lo que facilita el comercio en pesos y yuanes, sin dólares, entre ambos países y, por tanto, fortalece las reservas de la autoridad monetaria local. Además, entre fines de 2022 y principios de 2023, el gigante asiático giró US$ 500 millones del préstamo comprometido pero demoradísimo para la construcción de las dos represas del río Santa Cruz. En las huestes de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recomiendan pedirle más al régimen de Xi Jinping, pero reconocen que cada mangazo conlleva un pataleo diplomático de la administración de Joe Biden. Admiten que también Estados Unidos ha ayudado con la búsqueda de dólares de Massa al activar este año el acuerdo de intercambio automático de información tributaria.

Precisamente, si el Congreso abandona la parálisis y aborda el proyecto de ley de blanqueo de capitales que le envió el ministro con la mira en los evasores en Estados Unidos, el Banco Central podría ingresar divisas adicionales. El grupo de economistas bonaerenses del Frente de Todos, que encabeza Roberto Feletti y en el que también militan Horacio Rovelli, Erica Pinto, Fabiola Vela Velázquez, Graciela Tilca, Delfina Salerno, Diego Perrella, Antonio Mezmezian y Diego Rozengardt, estima que la moratoria tributaria podría llevar a que se recauden US$ 2.500 millones más por el impuesto a los bienes personales.

Otra fuente de dólares vendría de la licitación de espectro para que las telefónicas ofrezcan la tecnología 5G, de quinta generación, para los celulares, según altas fuentes oficiales. Massa espera recaudar US$ 1.400 millones, pero Telecom, Telefónica y Claro están dispuestos a poner en total unos 600 millones, según publicó el diario La Nación.

El ministro además buscará desembolsos de créditos de bancos multilaterales, como el Mundial, el Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). En el portal Infobae informaron que se gestionan préstamos por US$ 2.200 millones para pasar el verano hasta la cosecha. Aunque lo negarán en público, en el cristinismo no descartan, como último manotazo de ahogado, que el Gobierno le pida al Fondo Monetario Internacional (FMI) que le otorgue un financiamiento de emergencia por los dólares que no le terminó de entregar al gobierno de Mauricio Macri: aquel programa de 2018 era por US$ 54.000 millones, pero se bajaron 45.000 millones, por lo que restan 9.000 millones.

Pero cerca de la vicepresidenta consideran que la primera medida por tomar ante una sequía de dólares sería un mayor cepo a las importaciones. En cambio, en el equipo de Massa juzgan que un refuerzo del torniquete a las compras externas sería el recurso de última instancia. Por un lado, porque paralizaría la producción de algunas fábricas. Por otro, porque escasearían algunos bienes de consumo importados, lo que enfadaría a parte de la clase media a la que se buscará seducir para el voto.

Una ayuda de Brasil

Otra opción radica en aprovechar la necesidad de gas de Brasil para pedirle a su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que anticipe un desembolso del financiamiento para construir el segundo tramo del gasoducto Kirchner, de la provincia de Buenos Aires a la de Santa Fe. Esta última parte del tubo elevaría las exportaciones al socio mayor del Mercosur. Se trata de una idea de conseguir dólares que planteó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, en una entrevista con elDiarioAR. Confía en que a Lula le interesará ayudar al gobierno peronista y evitar así una victoria electoral de un candidato amigo de Jair Bolsonaro, como Macri o Patricia Bullrich.

En el campo ven complicada la cosecha y advierten que ya Massa se gastó la bala de plata del dólar soja. Por tanto, sólo ven posible el ingreso de dólares con una devaluación o con la gestión de créditos multilaterales. En el establishment, que tiene sus negocios pero también sus tierras, se esperanzan con que si continúan las lluvias, la cosecha no caiga tanto y se compense con la mayor cotización de la oleaginosa, precisamente porque la reducción de la oferta de la Argentina, unos de los principales exportadores del mundo, influye en este mercado.

En el empresariado también especulan con que la actual merma de la inflación en Estados Unidos derive en una flexibilización de la dureza monetaria que impuso la Reserva Federal a principios de 2022, lo que redundaría en un mayor flujo de fondos hacia los mercados emergentes. En los últimos dos meses se viene registrando un interés de inversores de riesgo por acciones y títulos públicos argentinos, que estaban demasiado baratos y que podrían apreciarse por la ilusión de estos operadores por un próximo gobierno pro mercado. Por ahora, el principal beneficiario latinoamericano de esta nueva ola es México, sin un intento de golpe de Estado como Brasil, inestabilidad institucional como Perú o ruidos políticos como Colombia y Chile, pero la Argentina puede llegar a atraer inversiones para sus sectores de alimentos, hidrocarburos, minería, incluido la de litio, y economía del conocimiento. Claro que muchos empresarios esperarán a cuando se dilucide quién gobernará la Argentina desde el 10 de diciembre próximo. Tanto inversores financieros como de la economía real aguardarán antes de entrar dólares a que ocurran las primarias, las generales de octubre, eventualmente la segunda vuelta de noviembre y el anuncio del equipo económico del futuro presidente. Incluso una mayoría preferirá mirar qué sucede el primer año del gobierno venidero antes de apostar en 2025.

AR/MG

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nicholson, planteó este jueves los cinco ejes temáticos a los que su país quiere comprometer a las demás naciones invitadas a la Cumbre de las Américas que comienza mañana lunes en Los Ángeles: democracia “inclusiva”, salud púbica, energía limpia, cambio climático y transformación digital. Sobre este punto se explayó: “Los líderes identificarán prioridades compartidas y se comprometerán con acciones específicas para construir ecosistemas digitales. Esta primera agenda regional para la transformación digital crea un marco para que los gobiernos y las partes interesadas creen en colaboración los empleos y las industrias del futuro sobre la base de redes de telecomunicaciones interoperables, resilientes, seguras y confiables que impulsarán la innovación y ampliarán el acceso a bienes, servicios, e información de nuevas formas. Estos incluyen: promover políticas para expandir el acceso a Internet, particularmente en comunidades históricamente marginadas, e impulsar la innovación digital y la inclusión social a través de un mayor acceso a los servicios gubernamentales digitales; ampliar el papel de la tecnología digital en la promoción de la educación de calidad, la alfabetización digital y la ciudadanía digital; aumentar la armonización regulatoria en áreas como la gestión del espectro y el comercio digital”. En pocas palabras: el debate sobre la tecnología de telefonía celular 5G, o de quinta generación, que permite conectar más rápido más dispositivos en comparación con el actual 4G.

Al igual que el gobierno de Donald Trump, el de Joe Biden no se cansa de criticar a la empresa que ha liderado el desarrollo del 5G en el mundo, la china Huawei, por acusaciones de espionaje y falta de seguridad, no sólo en los datos sino en el aprovisionamiento de equipos. Se trata de un negocio en el que no hay empresas norteamericanas con soluciones integrales, como las que proveen Huawei, su compatriota ZTE, la finlandesa Nokia o la sueca Ericsson. La estadounidense Cisco y la surcoreana Samsung proveen dispositivos, pero no el corazón de la tecnología 5G.

Pero pese a la presión de Estados Unidos sobre Latinoamérica, en 2021 los gobiernos de Chile (entonces en manos del conservador Sebastián Piñera) y de Brasil (a cargo del derechista Jair Bolsonaro) organizaron subastas de espectro radioeléctrico para 5G entre las telefónicas sin imponer condicionamientos que dejen al margen a Huawei, la empresa del empresario Ren Zhengfei, cuya hija estuvo entre 2018 y 2021 bajo arresto domiciliario en Canadá por una investigación estadounidense sobre presunto fraude. Es así que en ambos países sudamericanos los operadores han contratado, como es de costumbre en este sector, al mismo tiempo a varios proveedores, como Huawei, Nokia y Ericsson. En cambio, Canadá se acaba de sumar al club de países que han prohibido al gigante chino, como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Taiwán. Las redes 5G ya funcionan en vastas ciudades de América del Norte, Europa y Asia.

Adhesión

El lobby del Gobierno de Biden continúa en países latinoamericanos que aún no han licitado el espectro del 5G, como la Argentina. Tras la visita en abril de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y sus reuniones con funcionarios como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Alberto Fernández adhirió a una Declaración para el Futuro de Internet, que promovió la Casa Blanca y que rubricaron la Comisión Europea, las naciones ricas del G7, la gran mayoría de las de Europa, Costa Rica, Colombia, Perú y Uruguay en favor de una “conectividad inclusiva”.

En mayo, expertos del gobierno de EE.UU., incluido el Programa de Desarrollo de Derecho Comercial (CLDP, según sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio, vinieron a reunirse con funcionarios del gobierno de la Argentina y especialistas del sector privado para dialogar sobre los supuestos beneficios de las Redes de Acceso de Radio Abiertas (conocidas como Open RAN) para redes de telecomunicaciones, incluida la 5G. La tecnología Open RAN deja afuera del negocio a Huawei y se lo abre a empresas que no dan soluciones integrales como Cisco y otras norteamericanas. De las reuniones también participaron funcionarios de Australia. Los oradores estadounidenses incluyeron al embajador Marc Stanley y representantes de los departamentos de Estado y de Comercio. Los oradores del gobierno argentino incluyeron al vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, al presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, y al presidente de la empresa estatal de satélites y fibra óptica ARSAT, Matías Tombolini. Es decir, funcionarios que responden al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. “En comparación con dónde estábamos hace tres años, el entorno Open RAN actual es extraordinario”, dijo el director interino de la Oficina de Ciberseguridad y Política Digital del Departamento de Estado, Paul Harrison. “A nivel mundial, incluso aquí en las Américas, ya se están implementando las redes 4G y 5G basadas en los principios de Open RAN, que ofrecen un nuevo camino, libre del bloqueo del proveedor y resiliente frente a las fuerzas geopolíticas y del mercado”, agregó. Esta conferencia fue una continuación de los diálogos mantenidos en 2021 y en abril pasado entre el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, “durante los cuales las dos partes exploraron la cooperación en tecnología de la información y las comunicaciones, 5G, cuestiones relacionadas con la seguridad de redes y la diversificación de proveedores, así como oportunidades para las empresas argentinas en Open RAN”, según comunicó la embajada norteamericana en Buenos Aires.

Resistencia

Pero Huawei no se rinde y el pasado mayo organizó una multitudinaria cumbre en el hotel Hilton porteño con sus vendedores y clientes para mostrar sus diferentes unidades de negocios, incluido el almacenamiento en la nube y el equipamiento energético. Incluso este jueves presentó el regreso al mercado argentino de sus tablets y relojes, aunque aún no han vuelto los teléfonos celulares, que no pueden usar Android por un bloqueo que les impuso Trump. “Hacen falta tres cosas para que exista 5G”, explicó el vicepresidente de Huawei Argentina, Juan Bonora, en el encuentro del Hilton a elDiarioAR. “Primero: que haya espectro. El Gobierno está analizando en qué espectro se lanzará el 5G, cómo lo concesiona, por cuánto tiempo, por zonas o no, si va a pedir dinero a cambio o contraprestaciones. Segundo: que los tres operadores (Telecom Personal, Telefónica Movistar y Claro) cierren sus planes de inversión. Tercero: que inviertan. Veo difícil que este año se concrete”, agregó Bonora.

Nokia no quiso hablar, pero Ericsson sí. “Es muy importante que se haga la licitación pronto: cuanto más rápido se adopte el 5G, más rápido crecerá la Argentina, hasta un 5% adicional, como resultado de la digitalización del agro, la industria, las finanzas, el transporte”, abogó la directora of relaciones institucionales de Ericsson para el sur de Latinoamérica, Jacqueline Lopes, en diálogo virtual por Teams desde Brasil con elDiarioAR. Lopes también destacó que el 5G reduce en 15% las emisiones de dióxido de carbono y puede traer “beneficios sociales” si los gobiernos obligan a las operadoras a cubrir zonas remotas, como condición para obtener espectro, en lugar de solicitarles dinero a cambio, como sucedió cuando se subastó 4G. “En la Argentina ya tuvimos consultas de los interesados para definir el modelo de la subasta, pero aún no tenemos borradores. Nosotros estamos a favor de la neutralidad tecnológica, es decir, a favor de no obligar a usar ningún tipo de tecnología, aunque nosotros trabajemos en Open RAN”, aclara Lopes. “Nosotros no nos metemos en geopolítica sino que nos enfocamos en nuestros clientes”, responde otro director de Ericsson, el responsable marketing y relaciones con gobiernos e industrias, Facundo Fernández Begni, cuando se le pregunta por las acusaciones contra Huawei.

En una de las operadoras telefónicas de la Argentina cuentan que para licitar el 5G se debe primero limpiar el espectro necesario porque en la actualidad lo están usando empresas de redes de datos inalámbricos, como Datco. Calculan que el salto de generación de celulares implicaría una inversión conjunta de Telecom (propiedad de los dueños del Grupo Clarín), la española Telefónica y la mexicana Claro (de Carlos Slim) de unos US$ 3.000 millones. Por ahora, Telecom está haciendo pruebas con Huawei en zonas como la que rodea el teatro Colón. Claro, en cambio, viene trabajando el 5G con Nokia en el resto de Latinoamérica. Telefónica apostó por la quinta generación de esta empresa finlandesa y por Ericsson en España y dejó afuera a Huawei de este contrato en particular.

La discusión excede el ámbito del negocio telefónico. Una asociación civil llamada Gobernanza, que autodefine su propósito como “fortalecer la democracia a través del uso de las tecnologías”, organizó a fines de mayo un Encuentro Federal de Gobernanza 4.0 con las presencias del embajador Stanley y los gobiernos de Córdoba, Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero. Su presidente, Gastón Massari Copes, opina que el debate del 5G “no figura pero debería figurar” en la Cumbre de las Américas: “Cualquier empresa que sea de bandera de la República Popular China, en este caso Huawei, son empresas que no tienen dentro de su marco filosófico y de su creación el resguardo de los datos de los ciudadanos. Por tanto, no creo que sea una empresa confiable dentro de lo que está alineado con la visión democrática que deberíamos tener en nuestro país”. Por el contrario, el politólogo Patricio Giusto, director del Observatorio Sino-Argentino, advierte que, aunque la palabra 5G no aparezca en los documentos previos a la cumbre de Los Ángeles, seguramente se tratará, pero opina: “No hay evidencias presentadas de que Huawei efectivamente sea una amenaza para las redes de seguridad. Y la otra acusación que viene de la mano es que Huawei espiaría para el Partido Comunista Chino. De eso no hay evidencia. Entonces, en el mientras tanto, los países de Latinoamérica lo que han hecho es avanzar con los proyectos que presenta Huawei, que ya está afianzada en prácticamente todos los países de la región”.

AR

Alberto Fernández no fue el primer presidente en visitar las instalaciones del gigante tecnológico Huawei en Beijing. Antes que él, ya lo había hecho Mauricio Macri en 2016, durante una recorrida en la que estuvo acompañado por su primer ministro de Economía Alfonso Prat Gay y su secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo. También Cristina Fernández de Kirchner fue invitada durante su último viaje en 2015 pero la entonces presidenta -que ya había tenido varios contactos con las autoridades máximas de la empresa- decidió enviar a su ex ministro de Economía Axel Kicillof en su lugar. La compañía de capitales chinos tiene la costumbre de invitar a cada uno de los mandatarios argentinos que viaja a su país. Sin embargo, Fernández lo hizo en un momento especial, cuando el gobierno nacional se apresta a lanzar la licitación para el espectro del 5G y la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos vuelve a calentar motores. 

Huawei es líder en un rubro en el que no tiene competencia de gigantes de origen norteamericano. Sólo los finlandeses de Nokia y los suecos de Ericsson están en capacidad de disputarle el podio. Mientras la firma que recibe acusaciones de demócratas y republicanos por igual corre con ventaja, las grandes operadoras que actúan en Argentina -Telecom, Telefónica y Claro- están pendientes de la decisión que hoy se amasa entre la jefatura de Gabinete, el Enacom y la secretaría de Innovación Pública. 

Escoltado por la mayor parte de la comitiva que lo acompañó, incluidos Kicillof y la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras, el presidente argentino recorrió el Centro Tecnológico de la firma en Beijing. Se reunió de manera presencial con el CEO de Argentina, Steven Chen Shiqing, y con el director regional de la empresa. Pero además tuvo un largo contacto por videoconferencia con el presidente y fundador del emporio, Ren Zhengfei, del que poco trascendió. El magnate chino estaba acompañado por su actual esposa, Su Wei, que hoy también oficia como ceo de la empresa. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes del gobierno nacional, Fernández le pidió a Zhengfei que la incorporara a la conversación. Huawei, por su parte, se dedicó a mostrarle sus avances a la misión argentina: data centers, inteligencia artificial, energías alternativas y la potencialidad del 5G en otros lugares del mundo: realidad aumentada, realidad virtual y coches inteligentes que tienen en su interior equipamiento electrónico de los chinos.

Debilidad por Argentina

Quienes lo trataron en alguno de sus viajes al país sostienen que Zhengfei, el ingeniero de 77 años que hoy conduce la compañía número 1 a nivel global en el desarrollo de 5G, tiene una debilidad por Argentina. Vino en más de una oportunidad y estuvo en Casa Rosada por lo menos dos veces: en 2013 con CFK y en 2017 con Macri. Sin embargo, la última de sus excursiones, a finales de 2018, no terminó bien. Había desembarcado en Bariloche para participar de una reunión anual de la empresa y se enteró de la noticia que marcó un viraje radical en su vida y en el de su compañía: la detención de su hija Meng Wanzhou en Canadá acusada de fraude bancario en medio de una batalla política y diplomática a escala global.

Directora financiera de la compañía y con el cargo de vicepresidenta, Meng estaba por esas horas a punto de viajar a la Argentina. Con su detención, la frágil tregua que Donald Trump y Xi Jinping pretendieron actuar en Buenos Aires durante la cumbre del G20 organizada por Macri se esfumó en cuestión de segundos. 

Ex soldado del Ejército de Liberación Nacional reconvertido en líder de una firma global, Zhengfei se vio obligado a hacer un viraje fenomenal y abandonar el perfil bajo para salir a defender sus intereses. Conocido por haber dado apenas dos entrevistas a lo largo de tres décadas, decidió dar 1.500 en los últimos dos años. Aunque la exposición política no le sirve, dicen quienes entienden su juego, menos le rinde hacer silencio ante las acusaciones de Estados Unidos. 

Huawei está instalada en Argentina desde 2001, tiene alrededor de 500 empleados y es líder absoluto en la carrera global por el 5G. Cuenta con el mayor número de patentes aprobadas y es proveedora de infraestructura y hardware de la mayor parte de las empresas del sector instaladas en Argentina. Su director de Relaciones Institucionales es Juan Bonora.

Magnetto habla en mandarin

Según admiten en el Gobierno, Enacom apuesta a lanzar este año la licitación de las frecuencias para el 5G. Aunque los optimistas hablan de un plazo de seis meses, los escépticos dicen que todo depende del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y del rumbo de la economía. Nada es inminente. En diciembre pasado, Enacom, Jefatura de Gabinete y la secretaría de Innovación definieron cuáles son las bandas y diseñaron un reglamento, pero antes de licitar deben liberar las bandas que hoy están ocupadas y no tienen un uso específico. En un plazo todavía de lo más incierto, las empresas e instituciones que las utilizan en la actualidad deberán migrar hacia otras frecuencias. Después, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, tiene que establecer un valor para las frecuencias de acuerdo a los precios internacionales y a un modelo de negocios, que puede seguir los criterios de Chile o de Brasil, dos de los países que licitaron el 5G el año pasado en base a distintos objetivos: en el primero de los casos, sin grandes obligaciones de despliegue y con el propósito de recaudar en dólares lo máximo posible por el espectro; en el segundo, con un costo más bajo por la frecuencia y la condición de fijar mayores obligaciones de despliegue para los operadores. 

Recién entonces, las telcos que dominan el mercado local entrarán a la licitación para comprar frecuencias y deberán decidir a quién comprarle los equipos en función de la experiencia, los servicios y los precios de los proveedores como Huawei. La compañía que visitó Fernández hace dos semanas creció en parte gracias a una campaña agresiva de precios baratos pero en los últimos tiempos, confiada por su preeminencia en la carrera tecnológica, decidió ir elevando la cotización de sus diseños: tecnologías inalámbricas móviles, radioenlaces, centrales. Lleva dos décadas de relación con las firmas del sector: empezó vendiendo equipos de redes y en 2014 se asoció con Telecom y Telefónica para entrar en la carrera del 4G. 

Los dos grandes jugadores que nacieron de las privatizaciones de los años noventa tienen tecnología Huawei. Nadie, sin embargo, cuenta con el nivel de afinidad que tiene el holding que domina Héctor Magnetto en asociación con el mexicano David Martínez. Obligado y en función de sus propios intereses, el Grupo Clarín no puede, al menos en este punto, acompañar la cruzada de sinofobia en la que están empeñados los tanques de la comunicación con los que suele coincidir en asuntos domésticos. Al contrario. 

Aunque eligieron como principal proveedor a los suecos de Ericsson, los españoles de Telefónica también tienen equipamiento de los chinos. Tanto que en la visita de Fernández los directivos de Huawei mostraron imágenes de la radiobase que instaló Telefónica en el Aconcagua, con tecnología de la casa. A la inversa, Telecom contrató a Nokia en el noreste del país. Claro es el único que no le compra a Huawei en Argentina porque America Mobile definió que en el sur de Latinoamérica trabaja con Nokia. En el norte, lo hace con Ericsson y en el centro del continente, desde Brasil a Colombia, lo hace con Huawei.

La pelea global y el Presidente

Fernández todavía no había asumido la presidencia cuando se topó por primera vez con el disgusto de Estados Unidos con respecto a Huawei. En noviembre de 2019, el presidente electo viajó a México y se reunió con el entonces encargado de asuntos del Hemisferio Occidental Maurice Claver Carone, el viejo halcón republicano Elliot Abrams y el empresario argentino Gustavo Cinosi, actual asesor de Luis Almagro en la OEA. En plena tensión entre Trump y China, el secretario de Estado republicano Mike Pompeo denunciaba las “prácticas depredadoras” de Beijing. 

Uno de los enviados de Trump le pidió a Fernández que no permita que Huawei se apodere del mercado del 5G en la Argentina. La respuesta del futuro presidente, según dicen, fue algo irónica. “Ok ¿y qué empresa de Estados Unidos puede encargarse del tema?”, preguntó. La tecnología 5G es uno de los aspectos más desiguales de la carrera entre las dos superpotencias. En la industria sostienen que la quinta generación de telefonía móvil no fue un invento de China sino una estandarización global única en la que participaron países, fabricantes del mundo y los más grande operadores a nivel mundial. 

Sin embargo, Estados Unidos no cuenta con un fabricante de este tipo de tecnología, viene muy retrasado con respecto al desarrollo de equipos de Huawei y suele contratar a Nokia y a Ericsson como proveedores. Los defensores de la compañía china -los hay en el Gobierno y también en la calle Tacuarí- coinciden en que esa es la razón principal por la que se instaló el debate sobre el 5G. Nada de eso había sucedido, afirman, cuando se patentaron el 3G y el 4G. 

Con roles invertidos, los habituales defensores del libre mercado le piden al Estado que intervenga y los chinos profesan la libre competencia. Fuentes de la industria le dijeron a elDiarioAR que la estrategia de Huawei es esperar a que el Gobierno licite las frecuencias para imponer su peso en la carrera de mercado. En la compañía de capitales chinos solo esperan que el Presidente no haga caso a las tempranas e insistentes recomendaciones de Estados Unidos en la materia. Los detractores de la firma denunciada por Washington sostienen que, si el gobierno no pone objeciones de ningún tipo, “está jugando para Huawei”. Al contrario, quienes suelen contratar sus servicios afirman que lo irregular sería que el Estado le impida competir a la empresa del magnate Zhengfei o dicte una norma que bloquee su ingreso al mercado. Falta poco para saber quién tiene razón.

DG