Los proyectos promercado, tanto los relatados de “centro” como los fascistoides, no logran superar un maleficio en la Argentina. Llegan al Gobierno con una promesa de “normalidad”. Vaticinan un progreso inevitable, con asertividad científica, si se imitan las prácticas de paraísos como Alemania, Singapur o, más recientemente, Perú o Paraguay. Será indoloro, cuestión de eliminar privilegios de la “casta política”, limpiar leyes y sacar las garras del Estado de la vida del ciudadano.

Ocurre que estos proyectos llegan a Casa Rosada, “sinceran” la economía y se desata un proceso acelerado de destrucción de puestos de trabajo, cierre de empresas y aumento de la desigualdad. Sus aparatos de difusión —agobiantes de tan poderosos— transmiten que es el mal trago necesario para tomar carrera hacia el desarrollo “en serio”, y le pasan de las penurias la cuenta al “populismo”. Podrían haber avisado antes que vendría un período de sangre y lágrimas, pero —advierten— la realidad que encontraron era mucho peor que la esperada.

Llega un punto en que la vida se vuelve demasiado sincera y ello queda especialmente reflejado en el mercado laboral, tanto con mayor desempleo como con aumento de la precarización: se eliminan puestos mejor pagos, con derechos laborales, vacaciones y aportes previsionales.

Con Mauricio Macri (2015-2019), la dinámica se dio de entrada, pero el “segundo semestre” comenzaría la etapa feliz. “Pasaron cosas”, la promesa “no vas a perder nada de lo que ya tenés” se complicó, y el balance tras cuatro años de Gobierno de Cambiemos fue de 240.000 asalariados privados menos, un 3,8% del total. En parte, esa merma fue compensada por un crecimiento del empleo en negro, cuentapropistas (monotributistas) y trabajadores estatales.

En lo que va de la gestión de los Hermanos Milei, la pérdida de empleos formales en el sector privado alcanza 196.000 puestos, 3% del total. Como la motosierra del soez es bastante más filosa que la de Macri, a ello hay que sumar otros 81.000 puestos eliminados en el Estado, que también contaban con aportes. Todos ellos —privados y públicos— eran, en términos de respeto a ciertas garantías constitucionales, empleos “de calidad”.

Si se extiende la mirada, un curso parecido —más agudo— se encuentra en el experimento de Fernando de la Rúa (1999-2001). Aquella rebaja de 13% de los sueldos estatales y otros “sacrificios” por única vez determinaron una recesión feroz, pérdida de recaudación, ajuste sobre ajuste, crisis de la deuda externa y la mayor debacle social de la historia argentina.

Hubo un ejemplo de “apertura” en la historia reciente que “funcionó”, al menos un tiempo, con gran disparidad entre sectores y generador de lastres que se agudizarían en el tiempo, pero también con logros computables.

En el otoño de 1993, cuando la convertibilidad llevaba más de dos años de vigencia (período similar al de Milei en Casa Rosada), la foto de Carlos Menem no era la de Milei. En más de un sentido, era la opuesta. En junio de 1993, la inflación fue de 0,7%, y la de todo el año sería 7,3%. La de Milei es al menos cuatro veces ese porcentaje, con un punto de partida dos años antes mucho menor. El crecimiento anual del PBI alcanzó 6,3% en 1993, luego de dos años de alza por encima de 10%, tras el derrumbe 1988-1991. Era la primavera de Menem, sin que el desempleo hubiera explotado a los niveles conocidos después. Con Milei, por ahora, se vive un prolongado invierno, con algún día templado cada tanto.

Con la calma que trajo la convertibilidad, Menem lanzó un proyecto de reforma laboral en mayo de 1993 que sería leído como tibio a los ojos de hoy: extensión opcional de la jornada laboral a 10 horas, tres semanas de vacaciones para todos los trabajadores, reducción “dinámica” de salarios y cambios de horario. La reforma no se metía con “costos” laborales en los que Argentina es “barata”. En el país, los días de vacaciones (14) son pocos en comparación con Perú (30), Uruguay (20), Francia (35), España (30) y Brasil (30), mientras las indemnizaciones y los feriados se encuentran en el estándar regional.

Informes comparativos públicos y privados coinciden en que el ítem del sueldo en el que Argentina es “cara” es el de aportes a la seguridad social. Ello tiene un correlato. Ningún país de América Latina tiene a la inmensa mayoría de los mayores de 65 años con jubilación concedida y un sistema universal de salud específico para la edad.

Los debates sobre el mercado laboral y previsional no se agotan en esos datos incompletos. Hay rigideces no abordadas en la reforma que se proponen los Milei. Por ejemplo, sería impensable que los jueces y los judiciales pierdan algunas de las abusivas ventajas que gozan. A su vez, una mínima proyección del gasto muestra que el sustento del sistema previsional casi universal que rige en Argentina requiere cambios y, probablemente, pérdidas de beneficios consagrados en los denominados “regímenes especiales”. En un mercado en el que el empleo informal oscila hace décadas entre 30% y 40% y el número de asalariados privados formales fluctúa en torno a 6 millones hace más de una década, negar una discusión al respecto no hace más que darle la oportunidad a dogmáticos con motosierra.

Asistencia perfecta

El Presidente obtuvo esta semana una de sus mayores victorias legislativas, que ninguno de sus predecesores “promercado” lograron —salvo De la Rua, con la ley que pronto quedó viciada por la Banelco—. Con toda su fuerza, tampoco Menem logró plasmar aquel esbozo de 1993, ni coronó enteramente otros intentos posteriores. Con la asistencia casi perfecta del PRO, la UCR y los provinciales, los Milei lograron media sanción para la reforma laboral en el Senado, por un amplio margen (42 a 30).

En un debate que está a la altura moral, intelectual y política del Congreso argentino, los diputados debatirán en los próximos días el alcance de la medida que penaliza la enfermedad

Cuando la Cámara baja ratifique lo decidido —la voluntad del Ejecutivo es que sea antes del 1 de marzo—, será más barato despedir. Hasta podría salir gratis para el empleador, cuando se aplique el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se restará de los aportes previsionales. La jornada laboral será móvil, habrá menos poder sindical para resistir rebajas salariales, y la frutilla del postre: un enfermo de cáncer o un trabajador que se engripa recibirá un sueldo sustancialmente menor, o nada si el pesar se extiende más allá de los tres o seis meses. Con esa herramienta —vaticina el coro oficialista—, el mercado de trabajo, esta vez sí, adquirirá dinamismo.

Como un humorista que prematuramente agotó el libreto y apela a clichés, groserías y agresividad, el Gobierno se empeñó más en sostener un montaje bizarro de un ataque perpetrado por unos pulcros e inexpertos armadores de bombas molotovs, ante la mirada pasiva de decenas de policías y con la precisa filmación de TN. Milei, Patricia Bullrich y el resto del elenco parecieron comprender que el texto de la norma aprobada brinda pocos motivos para el festejo, y regresaron a aquellos relatos sobre “terrorismo” que el Gobierno de Macri manejaba con más solvencia. El circo de los Milei no causa gracia.

En un debate que está a la altura moral, intelectual y política del Congreso argentino, los diputados definirán en los próximos días el alcance de la reforma laboral que penaliza la enfermedad, en un país en el que no existe seguro de desempleo, el presupuesto público de salud se reduce, el PAMI deja de brindar cobertura gratuita de medicamentos y las prepagas son habilitadas a administrar sus precios y bajar la calidad de sus “productos” como si fueran un negocio de un shopping.

No faltará algún “moderado” de la UCR o un partido provincial que sugerirá que no está del todo bien dejar sin sueldo a una mujer que se quemó la mano mientras cocinaba para su nieto, o un joven que se martilló el dedo mientras operaba una máquina, aunque hubiere sido —diría Sturzenegger— “su culpa”. El debate se volverá más edificante cuando Lilia Lemoine argumente que un paralítico finge ser víctima, y alguna tapa de diario se emocione por la “lucha conmovedora” de una persona sin brazos que viaja en bicicleta para no perder presentismo. Hasta habrá debate nocturno en alguna pantalla mileísta sobre cómo delimitar la “culpa” en el contagio por un estornudo. El cajero afiebrado hará lo imposible por quedarse en su puesto. Sus compañeros se pondrán barbijo y lo echarán a empujones. En la tele dicen que está bien que Milei insulte como un inadaptado social, porque “no es hipócrita, tiene sus modos”, de modo que vale pasar a los hechos en las relaciones laborales.

Se impone una pregunta para lo inmediato. Tras un veranito de unos pocos meses entre fin de 2024 y principios de 2025, luego de la tempestad del final del Gobierno del Frente de Todos y el primer año del de La Libertad Avanza, los salarios vienen perdiendo poder adquisitivo frente la inflación, que crece. Baja la recaudación como consecuencia del deterioro del consumo —que afecta principalmente al IVA— y del recorte de impuestos a los ricos, las importaciones y las exportaciones más lucrativas.

Sólo alguna alquimia estadística logra mitigar la larga recesión que percibe cualquier persona no asociada a un campo de soja, un yacimiento petrolero o uno de litio, producciones cuya demanda laboral no es intensiva, mientras cerraron unas 20.000 empresas desde diciembre de 2023. El índice de producción industrial del INDEC mostró un ciclo estable en 2025, con tendencia a la baja en el último trimestre, tras una caída de 9,5% el primer año del ultra, mientras que el de la construcción evidenció una mejora en el año (6,3%), versus un derrumbe de 27,4% en 2024.  

Aquí la pregunta: dada la posibilidad de despedir más barato que brinda la ley de “modernización laboral”, un empresario, ¿estará ansioso por contratar empleados o, por el contrario, se desprenderá de trabajadores a los que aguantaba a la espera de achicar la cuenta indemnizatoria?

En la era Milei, aparentemente por el efecto de las apps (Uber, Rappi, Instagram) y las nuevas formas laborales, la desocupación no avanza en forma tan acelerada como ocurría en tiempos analógicos. Quien pierde el puesto en una industria metalúrgica, automotriz o textil, el científico forzado a irse del Conicet, un profe de música sin alumnos, la asistente social a la que le eliminaron el puesto o el vendedor que no vende lleva en su auto a turistas rumbo a Brasil al aeropuerto o cocina tartas, y no figura como desempleado. Su vida empeoró, el país cambia su horizonte de desarrollo, pero “la macro está ordenada”. 

Dada la posibilidad de despedir más barato que brinda la ley de 'modernización laboral', un empresario, ¿estará ansioso por contratar empleados o, por el contrario, se desprenderá de trabajadores a los que aguantaba a la espera de achicar la cuenta indemnizatoria?

El orden se puede alterar

La reciente revuelta policial en Santa Fe terminó en una suba desde unos 900.000 a 1,35 millones el sueldo de los agentes de menores ingresos.

No es fácil lidiar con policías mal pagos en una fuerza atravesada por la corrupción, en la provincia con mayor índice de homicidios del país. El Gobierno de Maximiliano Pullaro se prepara para una ronda de reclamos de maestros, trabajadores de la salud y otros empleados estatales, que, previsiblemente, exigirán una suba similar. El segundo sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aires anunció un paro para el 2 de marzo, fecha de inicio de las clases. Tierra del Fuego enfrenta una crisis estructural, y hacia allí se encaminan otras, como Santa Cruz y Chubut, por el abrupto descenso de la actividad petrolera y el efecto de los incendios en el turismo.

Al restar recursos a las provincias, Milei no sólo hace lo que prometió —dijo antes de ser votado por 56% de los argentinos que la construcción de cloacas era innecesaria y que una persona sana no tenía por qué solventar los gastos de una enferma—, sino lo que firmó junto a veinte gobernadores. El Pacto de Mayo, suscripto a mediados de 2024, estableció el techo de 25% del PBI anual para el gasto público, unos diez puntos porcentuales menos desde los gobiernos previos. Ello significa un Estado que paga jubilaciones como las actuales (diezmadas), raquíticos servicios estatales, la AUH, los viajes de los Milei a Miami y Madrid a hacerse entregar premios por los cryptobros y poco más. Ahora, ANSES se quedará sin el 3% de los aportes de los trabajadores de las pymes y 1,5% de las grandes empresas, porque con eso se financiarán las indemnizaciones del letal FAL.

Nada de ello —el Pacto de Mayo, FAL, la ley Bases— habría sido conseguido sin el apoyo de gobernadores que ahora penan porque deben afrontar una crisis de seguridad o el fuego incandescente a causa de la imprevisión y la motosierra.

Si se analizan las transferencias discrecionales a las provincias, vía fondos del Tesoro, reconocimiento de presuntas deudas anteriores, préstamos ventajosos y anticipos de coparticipación, las más beneficiadas son las de aliados (Entre Ríos, CABA) y las gobernadas por conversos (Salta, Tucumán, Misiones, Catamarca), pero ninguna de ellas logra equiparar los fondos que antes cosechaba por vía directa o indirecta (obras públicas), mientras sufren la baja de la coparticipación federal por la recesión y la generosidad impositiva hacia los ricos.

¿Cómo debe ser leída la voluntariosa colaboración de gobernadores al Ejecutivo de Milei? Brindan los votos en el Congreso para una motosierra que diezma los ingresos provinciales, mientras algunos, los elegidos, son obligados a sacarse selfies con el dedo pulgar hacia arriba cuando suscriben convenios para reponer una parte menor de las transferencias recortadas. La mayoría de ellos enfrentan la parálisis estatal, a la vez que sienten el aliento en la nuca del armado local de La Libertad Avanza. Los que se acoplan a una lista conjunta con la ultraderecha, son empujados a sostener candidaturas de espiritistas, cosmiatras, agentes cripto, nostálgicos del Falcon verde o autores de ilícitos.

La primera explicación es que el “mercado electoral” no peronista se solapa entre los apoyos a gobernadores radicales, PRO y provinciales, y el núcleo que sostiene a Milei, entonces los mandatarios no quieren contrariar el humor de su base.

Las elecciones de medio término de 2025 resolvieron bastante esa cuestión. Karina Milei aspira a que el rostro del oficialismo sea lo más puro posible. Ciertas figuras que lo dieron todo —Rodrigo de Loredo—, se quedaron sin nada. El bloque “darle las herramientas al Presidente” quedó al borde de la extinción.

La pregunta sobre cómo construye sus apoyos el oficialismo no encuentra una explicación clara, aunque no todo es incertidumbre.

La entrega abyecta de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo ya es un dato de la historia.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Conocidos los datos de inflación, correspondiente a octubre, y de salarios Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), al mes de septiembre, el Gobierno celebró. Sin embargo, también confirmaron una sospecha: de haberse sostenido la movilidad jubilatoria anterior, los ingresos de jubilados y jubiladas serían en diciembre 21,1% mayores a los que efectivamente percibirán con la fórmula del presidente Javier Milei.

En el mes de marzo, Milei derogó, a través del DNU 274/24, la Ley 27.609, del año 2021, que tomaba en consideración para la fórmula de movilidad la evolución de los salarios (medidos por el Ripte, que significa Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, un indicador que mide el promedio de los salarios sujetos a aportes de los trabajadores registrados y estables; o Indec, el que sea más favorable para el jubilado) y de la recaudación de ANSES en partes iguales.

En su reemplazo, Milei estableció la actualización mensual (en detrimento de la trimestral) por la inflación disponible al momento de la liquidación del haber, esto es, de dos meses atrás. A su vez, otorgó una recomposición por única vez de 12,5%, a modo de reconocimiento por la inflación de enero (20,6%). 

Esto permitió una mejora en los haberes en relación al piso que habían tocado en el primer trimestre. Sin embargo, en el trimestre septiembre-noviembre de 2024, los haberes continúan por debajo del poder adquisitivo del mismo período del año pasado. La comparación trimestral es la más adecuada metodológicamente, por la frecuencia de actualización de la fórmula anterior, aún vigente en el período que estamos considerando (sep-nov 2023). 

Hay que destacar que la situación de las prestaciones no es homogénea, pero en ambos casos se ubican por debajo del trimestre equivalente del 2023: mientras que las jubilaciones sin bono se mantienen 4% abajo de 2023, las jubilaciones con bono se ubicaron 13,1% por debajo.  

¿A qué se debe esta divergencia? Al bono que perciben quienes cobran la mínima, que el oficialismo mantiene congelado en $70.000 desde el mes de marzo. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y diciembre 93,1%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 61,2%.

De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debiera ser en diciembre de $135.140, prácticamente el doble del guarismo que efectivamente percibirán. Así, a los jubilados y pensionados de la Argentina les niegan por mes $65.140. Como si esto fuera poco, en el presupuesto 2025, se prevé que el congelamiento en $70.000 se mantenga, continuando así con la política de licuación sobre los de más abajo.

A los jubilados y pensionados de la Argentina el gobierno de Milei les niega por mes $65.140. Como si esto fuera poco, en el Presupuesto 2025 se prevé mentener el bono congelado en $70.000

En suma, entre la fórmula impuesta por el DNU 274/24 y el congelamiento del bono, las jubilaciones y pensiones continúan siendo el principal factor explicativo en el ajuste efectuado por el Gobierno. A septiembre, último dato disponible, constituyen el 25,3% del recorte de gasto que hicieron Milei y Caputo.

Asimismo, es importante destacar que la temporalidad del DNU 274/24 no fue casual. La modificación de la fórmula previsional se hizo en un momento preciso: una vez consumada la enorme pérdida del poder adquisitivo que produjo la aceleración inflacionaria, pero apenas antes de que la fórmula anterior comience a mostrar una mejora real en los haberes. 

Como cualquier fórmula de actualización, la de la Ley 27.609 se nutre de indicadores pasados, y por ende presenta un rezago. De este modo, en contextos de inflación creciente, el atraso en la captación de los datos implica que se actualice con valores más bajos que los vigentes. Por el contrario, en un contexto con inflación a la baja, la fórmula iba a otorgar aumentos que mejorarían la capacidad de compra. Con los datos publicados por Indec, se confirmó una vez más esta situación. En septiembre de 2024, las jubilaciones hubieran aumentado 33,4%, si Milei no hubiera derogado la fórmula por decreto. Por el contrario, en el trimestre sólo aumentaron, con el nuevo cálculo, 13,4%. 

Asimismo, en diciembre de 2024, las jubilaciones aumentarán 10,7% en el trimestre, mientras que, de haberse sostenido la fórmula anterior, se hubieran incrementado 24,1%. Así, mientras que la mínima sin bono orillará los $260.000, se ubicaría con la fórmula anterior en $314.000, esto es, 21% por encima. El problema no era la fórmula, sino la aceleración inflacionaria. Si el Congreso ratifica el DNU 274/24 (cuestión incluida en el proyecto de presupuesto 2025 del Ejecutivo), y la inflación se mantiene en estos guarismos, las jubilaciones ya no perderán, pero tampoco tendrán la posibilidad de recuperar poder adquisitivo. 

Por el contrario, la Ley 27.756 que este año sancionó el Congreso pero fue vetada por el Ejecutivo incluía una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes y un haber mínimo equivalente al 109% de la CBT (Canasta Básica Total, un indicador económico utilizado por el Indec para medir el costo de una canasta que incluye bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas de una familia o individuo, y que define si se es pobre o no) de un adulto, que hubiera impedido la licuación del bono. A su vez, permitía en el mediano plazo una mejora progresiva en los haberes si la economía crecía, ya que contaba con una cláusula gatillo en marzo de cada año, que se activaba sólo en caso de que en el año calendario anterior, los salarios le hayan ganado a la inflación. Sin embargo, el oficialismo eligió el camino del ajuste: sostener el superávit a costa de jubilados y jubiladas.

CB/JJD

En un encendido mensaje a través de su cuenta de Twitter (X), titulado “Rechazo al aumento del gasto público”, el presidente Javier Milei celebró que la Cámara de Diputados no haya conseguido los dos tercios esta tarde para rechazar su veto a la mejora jubilatoria y acusó a la oposición de querer voltear a su gobierno. “Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo lograromos conseguir”, posteó el jefe de Estado.

Milei agregó: “Evidentemente, los políticos siguen pensando que los argentinos somos tontos y no vemos sus malintencionadas maniobras para voltear a un gobierno que por primera vez elige decirle a los argentinos una verdad incómoda en lugar de una mentira confortable”. E insistió en que el déficit cero es innegociable.

El gobierno de Milei sostiene que el superávit fiscal es necesario para estabilizar la economía y controlar la inflación. Sin embargo, justo antes del tuit de Milei el Indec difundió el dato de agosto, 4,2%, que significa una suba respecto del mes anterior.

La oposición sostiene que el ajuste fiscal extremo —del que el propio Milei se jacta al señalar que es “el más grande de la historia”— está agravando la crisis social, aumentando el desempleo y deteriorando los servicios públicos esenciales como la salud y la educación. “¡Viva la libertad, carajo!”, fue el cierre del mensaje del Presidente en Twitter.

JJD

La movilización de este miércoles para exigir que el Congreso rechace el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria encontró a una CGT dividida, con “libertad de acción” para sus gremios, en un clima de creciente malestar a raíz de los fuertes cuestionamientos de Cristina Kirchner al sindicalismo a través de su última carta pública.

La cúpula de la central obrera se mostró fracturada: el sector más combativo decidió plegarse a la marcha convocada inicialmente para las 13 por las dos vertientes de la CTA —que encabezan Hugo Godoy y Hugo Yasky—, los movimientos sociales y la izquierda, en un desafío al protocolo antipiquetes con el que amenaza el Gobierno. Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Abel Furlán (Metalúrgicos) serán las caras visibles de la CGT en las inmediaciones del Congreso.

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT e integrante del sector de los autodenominados “independientes”, explicó la postura oficial: “Desde la CGT hemos repudiado el veto. De cualquier manera, hay libertad de acción para quienes quieran acompañar este tipo de manifestación, pero no es un tipo específico que la institución CGT decida hacer”, dijo el último fin de semana en AM 750.

La tensión entre las distintas facciones es indisimulable. “Repudiamos la represión que vimos en los últimos dos miércoles y a los diputados que quieren darse vuelta y apoyar el veto”, se diferenció Pablo Moyano y afirmó: “Ojalá sea una marcha masiva y ojalá los diputados se enteren de que hace 20 días votaron la reforma de $13.000, es vergonzoso decirlo. Se armó toda esta pelea por $13.000 para los jubilados y estos delincuentes aprobaron un presupuesto de $100.000 millones para inteligencia”. 

En diálogo con elDiarioAR, un representante de la CGT presente en la marcha afirmó: “Creemos que es necesario acompañar todas las demandas de la sociedad en la calle, y hoy la demanda más fuerte es la de los jubilados. El ala ‘dialoguista’ insiste con bajar el perfil de confrontación con el Gobierno”. En ese sentido, cuestionó la estrategia: “¿Y qué consiguieron hasta ahora? Su resultado es cero. Ser dialoguista hasta ahora no tuvo ninguna eficacia; sostienen esa posición por un tema de confort. Milei no les dio nada, todo lo que pudo modificarse se lo hizo a través del Congreso”. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los primeros en cuestionar el veto de Milei tildándolo de “mentiroso, cruel e insensible”, decidió sumarse a marchar con los movimientos sociales como la UTEP, los sectores agrupados en el Frente Sindical, la Corriente Federal, las dos CTA, organizaciones de izquierda y organismos de derechos humanos. La columna bonaerense se reunirá a las 11, encabezada por el mandatario provincial, sus funcionarios y un grupo de intendentes bonaerenses. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso. El sector se encuentra en estado de alerta por el intento de congelar los salarios en la administración pública y los despidos que anunció Milei en diferentes áreas. Durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno. 

La tensión por la carta de Cristina 

En el último documento que publicó contra Milei, Cristina también realizó una crítica profunda hacia el peronismo al afirmar que “se torció” y “se desordenó” por varios motivos, entre ellos no haber advertido la modificación de las relaciones laborales. Según la expresidenta, de la minoría que representan hoy los trabajadores registrados en la actividad privada, sólo el 40% de ellos está sindicalizado.  

“La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”, lanzó en la carta, en una frase que se interpretó como un cuestionamiento hacia el rol de la actual conducción sindical. 

Al ser consultado por este tema, Pablo Moyano reaccionó visiblemente molesto, pidiéndole a Cristina “que dé nombres”. “La leí muy por encima. Esa crítica se tiene que dar en un debate interno y no hacerla público. Volvemos a las peleas anteriores que llevaron a este cachivache a presidente (por Milei)”, analizó el líder camionero en Radio 10. 

Andrés Rodríguez fue más duro y opinó que Cristina debe “revisar mejor los números” a los que hizo referencia. “En la población económicamente activa hoy el trabajo formalizado está reducido a la mitad. Esto no es producto de que el movimiento obrero haya querido informalidad, es producto de la falta de políticas de los gobiernos de hace bastante tiempo”, dijo y contraatacó: “Durante los gobiernos que presidió la señora Cristina Kirchner tampoco se hizo una política de empleo formal firme porque siguió existiendo el subsidio a la gente que estaba en la informalidad, agravado después en el gobierno de Macri y mucho más en el de Alberto Fernández”.

Las críticas de Cristina tampoco fueron bien recibidas por los dirigentes gremiales más cercanos al kirchnerismo. Un sindicalista de la CTA, de buen vínculo con el Instituto Patria, opinó en diálogo con elDiarioAR: “Son afirmaciones del sector político que no coinciden con los embates que estamos recibiendo permanentemente. La tesis de Cristina es que el sindicalismo está disminuido en su capacidad de acción, pero hay 28 proyectos presentados en comisión para impedir la reelección en sindicatos, eliminar cuota sindical, prohibir que alguien procesado -con un proceso judicial en curso- pueda tener un cargo, un protocolo creación de fuerza especial en centros sindicales, y la lista sigue”.

En ese sentido, resumió: “Desde el lado del Gobierno ven al sindicalismo como una amenaza latente. Nadie pierde tiempo en patear a un perro muerto… si efectivamente el sindicalismo estuviera reducido a la nada, como se desprende de lo que plantea Cristina, el Gobierno no perdería tiempo en generar protocolos y toda una andanada de iniciativas con las que busca desactivar el poder de fuego de los gremios”. 

“No sirve que presente eso ahora. Interpreto que Cristina lo plantea porque es una mirada que pretende tender cierta transversalidad a sectores de clase media que miran con mucho prejuicio al sindicalismo, pero no es oportuno”, cerró. El tema signó la antesala de la protesta y promete continuar en las próximas semanas, cuando la cúpula de la CGT y el resto de los dirigentes sindicales sientan, una vez más, la presión de sus bases para salir a la calle a protestar contra las medidas del Gobierno.

LA/JJD

Emiliano Yacobitti, referente de la línea Evolución en la UCR, criticó duramente a los “radicales con Peluca”, aquellos que se alinean con el gobierno de Javier Milei. “Ya existían, ahora solo se ponen en escena”, afirmó Yacobitti, y agregó que el Gobierno está captando diputados de bajo perfil para renovar sus bancas en las próximas elecciones. Pidió que aquellos que cambien su voto sean llevados a la comisión de disciplina para su expulsión del partido.

Aludió a los diputados nacionales de la UCR Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Federico Tournier (Corrientes y Pablo Cervi (Neuquén), que en la tarde del martes —un día antes de la sesión convocada por la oposición para rechazar el veto de Milei a la mejora jubilatoria sancionada ley por el Congreso—, fueron recibidos por el Presidente en la Casa Rosada y tras esa reunión confirmaron que apoyarán el veto.

“No pasa solo con el radicalismo: Guillermo Francos y Daniel Scioli son peronistas con Peluca. Eran funcionarios de Cristina [Fernández de Kirchner], funcionarios de Alberto Fernández y ahora, funcionarios de este gobierno. Es más, piden el premio Nobel en Economía para Milei”, dijo Yacobitti, en una entrevista que le realizaron en el programa Sólo una vuelta más, de Todo Noticias (TN).

“El gobierno está apuntando a diputados que no tienen un gran perfil político, entonces ellos ven que pueden adoptarlos para sus listas el año que viene. Y esos diputados, que necesitan renovar, que en su mayoría van a saber que no son muy conocidos, van a intentar renovar a través de ese partido”, dijo el referente de Evolución Radical en alusión a la posibilidad de que los diputados que visitaron a Milei sean candidatos de La Libertad Avanza.

“Acá lo importante es qué hacen los partidos. En este caso la Convención Radical dijo que si votaban y que cambiaban su voto, había que ir a la comisión de disciplina para expulsarlos, como pasó, por ejemplo, con [Julio] Cobos en su momento, y los que habían hecho la Concertación Plural (con el kirchnerismo), lo que no quiere decir que después, en otro momento, puedan a volver”, dijo Yacobitti, como minimizando la eventual sanción partidaria a los que colaboran con el gobierno libertario.

En este sentido, fue consultado sobre el neuquino Cervi, uno de los radicales que recibió Milei y que es integrante de Evolución. “Acá lo que importa es qué hacen los partidos políticos con las personas que hacen esto. Bien. Pablo Cervi, si estaba en Evolución y hace esto, seguramente no va a estar más en Evolución”, afirmó.

Yacobitti, que ahora se desempeña como vicerrector de la UBA, reveló también que está dialogando con funcionarios del Gobierno para evitar que Milei vete el presupuesto universitario, en caso de que se convierta en ley esta semana, dado que busca actualizar los salarios de los docentes. “Estoy haciendo todo lo posible para que no veten el presupuesto universitario”, declaró. Entre sus interlocutores mencionó al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y al asesor estrella de Milei, Santiago Caputo.

En la misma entrevista Yacobitti desmintió las acusaciones del gobierno sobre una falta de rendición de cuentas universitaria respecto de $12.000 millones. “Es falso, el 100% de los fondos de la UBA están rendidos ante la Contaduría General de la Nación”, aseguró Yacobitti y retó al Gobierno a especificar qué fondos no han sido rendidos.

Por otro lado, Yacobitti se mostró dispuesto a votar a favor del pliego de Ariel Lijo como juez, siempre y cuando el Gobierno garantice un acuerdo para cubrir todas las vacantes en la Justicia. “Si el Gobierno se compromete a un plan integral, lo votaría”, afirmó.

JJD

Esta semana Javier Milei formalizó su promesa: vetar la recomposición de los haberes previsionales. En medio de una catarata de agresiones a los legisladores, acusándolos de “degenerados fiscales”, el rechazo presidencial a la norma aprobada fue total y no parcial, como se había especulado en algún momento. Sin embargo, el Congreso podría insistir en la sanción y que de esta manera la ley que en vigencia definitivamente, ya sin la posibilidad de un nuevo veto. La amplia mayoría en ambas cámaras que con se sancionó hace dos semanas la Ley 27.756, que permitía una mejora en los haberes previsionales, vuelve verosímil esa posibilidad.

La pelota está en la cancha legislativa: con dos tercios de los presentes en cada Cámara, la ley se puede ratificar. De hecho, en Diputados ya se solicitó una sesión especial para su tratamiento el próximo miércoles. La política ahora debe definir si hay voluntades suficientes o triunfará la decisión del Presidente. 

Ahora bien, ¿en qué consistía esta iniciativa? Por un lado, otorgaba una recomposición para todos los haberes de 7,2%. A su vez, establecía un piso mínimo para todos los haberes de 109% sobre la valuación de la canasta básica total de un adulto equivalente. Por último, contenía una cláusula gatillo a activarse una vez al año (en marzo) equivalente al 50% del crecimiento real de los salarios en el año calendario anterior. 

No obstante, la fórmula de actualización que proponía la ley es la misma que Milei impuso por DNU en marzo de este año: de periodicidad mensual, atado a la inflación de dos meses atrás. El encono del presidente con el Poder Legislativo fue tal que ni siquiera aceptó ese artículo de la ley y decidió vetar la iniciativa de manera total.

En términos prácticos, la ley permitía incorporar el bono al haber y reducir la discrecionalidad que el Poder Ejecutivo tiene sobre este componente tan significativo para quienes cobran la mínima. Esa discrecionalidad es la que le permitió al ministro de Economía, Luis Caputo, mantener las jubilaciones como variable de ajuste: el bono se encuentra congelado desde marzo en $70.000 y perdió gran parte de su poder de compra. La licuación es tal que si el bono se hubiera ajustado en la misma proporción que el haber, debería ser en septiembre de $122.000, es decir, $52.000 más por mes.

Asimismo, la ley sancionada, y ahora vetada, permitía que la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la inflación de enero fuera totalmente compensada: el Ejecutivo había otorgado 12,5% de recomposición, restaba un 7,2% acumulado para equiparar la suba de precios promedio de enero de 20,6%. Estas dos cuestiones hubieran permitido que las jubilaciones mínimas mejoraran 5% en términos reales en el próximo trimestre. 

Por último, la cláusula gatillo sólo se activaba una vez al año, y siempre que los salarios hayan crecido en términos reales. Si los salarios crecen, la recaudación de los tributos de la seguridad social también lo hacen, y por ende el Estado tendría los recursos para afrontar ese incremento extra. Este artículo de la ley era el único que permitía pensar en la posibilidad de que las jubilaciones ganen en algún momento del mediano plazo en términos reales. De lo contrario, si mañana la inflación se “destruyera” como se propone el gobierno, las jubilaciones quedarían por siempre en este piso, bajo en términos históricos (32,5% debajo de 2015), sin posibilidad de recuperación. 

Desde el Gobierno, acusaron a los legisladores de atentar contra el plan económico y, como en otras ocasiones, presentaron cálculos de dudosa consistencia teórica para mostrar la imposibilidad del Estado de afrontar dichas mejoras. En parte, esto implica asumir una cuestión que el presidente niega: el superávit fiscal se sustenta en gran medida en el recorte a jubilados y jubiladas (27,7% en el período enero-julio de 2024).

La pregunta que en definitiva rodea la cuestión es: ¿se constituye realmente como impagable la mejora de los haberes, tal como sostiene el presidente? Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, si comparamos la situación vigente (con bono inclusive de $70.000 hasta fin de año) con la ley que sancionó el Congreso, el costo extra es de 0,44% del Producto Bruto Interno, incluyendo no sólo jubilaciones sino también pensiones no contributivas y asignaciones familiares, cuyos aumentos están ligados a la movilidad previsional. Este cálculo se realizó suponiendo que la ley se comenzaba a aplicar en agosto y retroactivo a abril, con lo cual, en términos efectivos, el impacto sobre el gasto sería aún menor.

¿Eso es mucho o poco? Es un guarismo similar al que dejará de recaudar el Estado por la reducción de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales en 2024 establecida en la Ley de Bases. Este impuesto al patrimonio lo abonan 409.081 contribuyentes (dato 2022, último disponible). Es decir, genera prácticamente el mismo impacto mejorar el ingreso a 6.089.252 de jubilados y pensionados y a 5.347.470 titulares de asignaciones familiares (dato junio de 2024) que beneficiar a las personas más ricas de nuestro país. Entonces, no se trata de una cuestión de si hay o no recursos, sino de prioridades: ¿para quién gobierna el gobierno?

CB/JJD

La presencia de Guillermo Francos en la Cámara de Diputados no intimidó al Gobierno a reprimir en las propias inmediaciones del Congreso una importante protesta de agrupaciones de jubilados, sindicatos y organizaciones sociales contra el veto al aumento en los haberes que firmó Javier Milei el lunes pasado.

El operativo de fuerzas federales contra los manifestantes generó tal repudio desde la oposición en el recinto de la Cámara baja que la exposición del jefe de Gabinete terminó abruptamente. Aún quedaban unas dos horas de sesión cuando los legisladores de Unión por la Patria abandonaron sus bancas, cerca de las 17, dejando en soledad al ministro coordinador.

La Casa Rosada había desplegado desde temprano una gran cantidad de efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura en el marco del operativo antipiquetes de Patricia Bullrich. El mayor momento de tensión ocurrió cerca de las 16, cuando la manifestación de los jubilados sobre avenida Rivadavia se disponía a realizar la tradicional protesta que rodea al Palacio Legislativo. Este miércoles había una especial expectativa porque ya la Policía había reprimido el miércoles pasado. 

Ataviados con escudos antimotines, cascos, cachiporras, gas pimienta y armas con balas de goma, los efectivos armaron varios cordones en ambas manos de la avenida Rivadavia y la avenida Entre Ríos. “Milei, basura, vos sos la dictadura”, fue uno de los cánticos de quienes protestaban. Oficialmente se informó 27 personas atendidas con distintos tipos de gravedad y dos traslados al Hospital Ramos, entre ellos varios jubilados.

Bullrich siguió el operativo antipiquete desde el Centro de Monitoreo ubicado en la sede de su ministerio, en la calle Gelly. Allí se mostró desafiante junto a la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Supervisaron el Operativo de Seguridad instalado en las cercanías del Congreso nacional, con motivo de la manifestación que realizaron movimientos políticos y sociales en la zona”, comunicaron oficialmente desde la cartera. En total se dispusieron 795 efectivos, sin presencia de Policía de Ciudad y Tránsito. Bullrich contabilizó unos 3.000 manifestantes en la plaza frente al Congreso y 2.000 en la calle. Hubo dos detenidos y una decena de efectivos golpeados y quemados con agua caliente, comunicaron desde el entorno de Bullrich.

“Es una locura este operativo de seguridad. Está totalmente de la nuca Bullrich”, reclamó contra la ministra en medio de la protesta Alejandra, docente jubilada, que se acercó al Congreso desde Ezeiza. “Estamos mal como todos los trabajadores del país. Espero que se rechace el veto, pero no confío en los políticos”, apuntó.

La confirmación del veto de Milei hace apenas 48 horas generó que hoy se plieguen a la manifestación de los adultos mayores sectores políticos, gremiales y piqueteros: desde los bloques de diputados opositores de UP y la Izquierda a la CTA y el Polo Obrero. La nutrida protesta hizo inevitable el corte de las calles en las inmediaciones del Congreso y fue ahí cuando las fuerzas de seguridad avanzaron para evitar que se cortara el tránsito.

“Cada día estamos peor. El veto es un capricho del Presidente, porque es ínfima esa suma de 13 mil pesos que nos puede llegar a dar. Además los vamos a gastar para consumir, o sea que beneficiaría a todos”, dijo en la protesta Nelia, jubilada del sector de la cultura. Levantaba un cartel pegado a un bastón que decía “No al veto. Arriba lxs jubilados”.

“No estamos protestando acá. Estamos aguantando que no se reconozca lo que corresponde por derecho. No es antojadizo, es constitucional. Que se dé cumplimiento al aumento que se dio por una ley. El Presidente es un fantoche”, se quejó Ricardo, 72 años, de Banfield.

El ruido en la calle invadió los pasillos del Palacio y entró de lleno al recinto. Germán Martínez, jefe del espacio peronista-kirchnerista, reclamó ante el micrófono que haya un cuarto intermedio para que Francos hable de manera personal con el jefe del operativo callejero. Ante la negativa de Martín Menem de pausar la sesión, que ya llevaba cinco horas, el titular de UP ordenó a su banca levantarse.

“No se puede seguir en Sesión con el Jefe de Gabinete mientras están reprimiendo jubilados y jubiladas frente al Congreso. Incomprensible que una manifestación tan pacífica termine con esta represión. Patricia Bullrich dinamitó la sesión en Diputados con Guillermo Francos”, publicaron en la cuenta oficial del bloque en X.

El clima ya venía caldeado en el hemiciclo. Al inicio de la sesión, la diputada del FIT Vanina Biasi increpó al ministro en el recinto y lo desafió a salir a la protesta de los jubilados. “Es mentira que hayan sacado a los trabajadores de las calles. Lo invito, ministro, si se anima a salir a las 15 del Palacio a ver a los jubilados reclamar contra el veto que usted y el presidente firmaron. Lo invito a las 13 a la calle Brasil a ver a los trabajadores del Garrahan que están de paro por la situación salarial y de vaciamiento responsabilidad de su gobierno”. 

Los incidentes en la protesta de este miércoles probablemente impacten en la serie de manifestaciones que se están organizando en favor de los jubilados para las próximas semanas. Además de que habrá otra marcha alrededor del Congreso el miércoles, el jueves 12 hay una convocatoria lanzada por gremiales y organizaciones sociales encabezada por Pablo Moyano, cosecretario de la CGT, y también se está armando una movilización a Plaza de Mayo para el 20, que se conmemora el Día del Jubilado. 

Pero principalmente los gremios y las organizaciones sociales están a la espera de que la oposición cierre la estrategia parlamentaria para convocar a una sesión en Diputados en la que se vote un rechazo al veto presidencial al aumento de los jubilados. Llegado ese día también se espera una movilización callejera importante. Mientras el oficialismo cree que tiene los votos para que los opositores no consigan los dos tercios necesarios para voltear el veto, otras voces parlamentarias entienden lo contrario. Incluso este miércoles, sobre lo bajo, un diputado del PRO que votó en contra de la ley metaforeó: “Hay olor a rechazo al veto”. 

MC

En la marcha de organizaciones sociales contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria se produjeron incidentes entre manifestantes y la Policía.

La protesta comenzó a las 15 frente al Congreso de la Nación en medio de un fuerte despliegue policial con la idea de marchar hacia Plaza de Mayo. Se sumó a las concentraciones que realizan habitualmente los jubilados los miércoles.

Participan el Polo Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el MST-Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y distintas organizaciones de jubilados.

Los agentes avanzaron con gases lacrimógenos y bastones. El tránsito permanecía interrumpido en la avenida Rivadavia.

El Gobierno ya había anunciado que aplicaría el protocolo antipiquetes y no toleraría cortes de calles ni la interrupción del tránsito.

La semana pasada, grupos de jubilados intentaron cortar la Avenida Rivadavia a la altura del Congreso y fueron reprimidos por la Policía.

CRM

Agrupaciones de jubilados, piqueteros y movimientos de izquierda marchan este miércoles entre el Congreso y Plaza de Mayo en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria que sancionó el Congreso. 

La concentración está prevista a las 15 en el Parlamento y desde allí se movilizarán hasta Plaza de Mayo.

Está prevista la participación del Polo Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el MST-Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y distintas organizaciones de jubilados.

La semana pasada, grupos de jubilados intentaron cortar la Avenida Rivadavia a la altura del Congreso y fueron reprimidos por la Policía.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Vanina Biasi llamó a rechazar el veto presidencial en el Parlamento.

“El gobierno no sólo vetó un aumento de miseria para los jubilados, cuyo poder adquisitivo está en un mínimo histórico. También encareció considerablemente los gastos en salud, motivo por el cual muchos ya no compran los medicamentos. Las nuevas restricciones impuestas para el acceso a la cobertura del 100% en medicamentos, sumado al recorte brutal que restringe el programa a solo 5 medicamentos por mes, es un ataque directo a la salud de las y los jubilados, que deberán incrementar el costo de sus cuidados de salud”, sostuvo la legisladora, que anunció su participación en la marcha.

La represión de la semana pasada

La Policía Federal reprimió el pasado 28 de agosto a los jubilados y manifestantes que protestaban contra del veto del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria aprobada la semana pasada por la Cámara de Senadores.

Efectivos de la Policía comenzaron a empujar a los manifestantes cuando estos se encontraban sobre la Avenida Rivadavia, frente al Congreso, para subirlos a la vereda. Como los manifestantes reaccionaron, los policías comenzaron a reprimir con gases y bastones.

Con información de agencias.

IG

“A los fines de que el país continúe en la senda de la estabilidad y el crecimiento, corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto total de la iniciativa legislativa que le ha sido remitida”, dice sobre el final el texto publicado este lunes en el Boletín Oficial para plasmar lo que el presidente Javier Milei ya había anticipado en cuanto el Congreso aprobó el pasado 22 de agosto la reforma previsional y una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

“Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, deuda, inflación y pobreza”, argumenta el Gobierno entre sus considerandos para vetar la ley.

Ahora, el texto de la ley es remitido de nuevo al Congreso. Según el artículo 83 de la Constitución nacional, cuando se desecha un proyecto sancionado o se lo observa parcialmente, vuelve a la cámara de origen (en este caso, Diputados), que tiene la facultad de insistir con su redacción original. Pasa por comisiones y, de obtener de nuevo dictamen, debe convalidarse en el recinto por mayoría.

Al mismo tiempo, a través de otra disposición publicada en el Boletín, se mantiene para septiembre el bono extra de ayuda a los jubilados y pensionados en $70.000, mismo monto desde hace meses.

La ley que votó el Senado (con 61 votos afirmativos y 8 negativos) para su aprobación definitiva tras la media sanción en Diputados mantenía el esquema de actualización por inflación (índice IPC del Indec) aprobado a través de un DNU firmado por Milei en marzo, pero le sumaba un incremento adicional del 8,1% a los haberes de abril (el Gobierno había otorgado un incremento del 12,5%), con el objetivo de completar el 20,6% de inflación correspondiente a enero.

Además, se disponía que el haber mínimo no podía ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (que publica mensualmente el INDEC y define la línea de pobreza), lo que equivalía a $321.600, $15.000 más que el monto de junio, según explica el sitio Chequeado. 

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los cambios en la movilidad significarían un gasto extra del 0,45% del PBI en todo el año. El comunicado de la Oficina del Presidente, por su parte, afirmaba que la ley “implica un gasto del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos”.

La reforma previsional que vetó Milei: claves de la fórmula jubilatoria

Los argumentos del veto

La Policía Federal reprimió hoy a los jubilados y manifestantes que protestaban contra del veto del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria aprobada la semana pasada por la Cámara de Senadores.

Efectivos de la Policía comenzaron a empujar a los manifestantes cuando estos se encontraban sobre la Avenida Rivadavia, frente al Congreso, para subirlos a la vereda. Como los manifestantes reaccionaron, los policías comenzaron a reprimir con gases y bastones.

Rápidamente en redes sociales se difundieron videos de los hechos con testimonios de los afectados.

Los diputados Germán Martínez (Unión por la Patria) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) bajaron del recinto para ver cómo estaba la situación en la calle.

Los jubilados se manifiestan todos los miércoles pero esta vez la convocatoria fue mayor debido al veto anunciado por Milei.

En ese sentido, Martínez aseguró que “todos los miércoles” se desarrolla una manifestación de jubilados sobre la vereda de la Avenida Rivadavia, frente al edificio anexo del Congreso, y que siempre se pudo protestar de forma pacífica, sin incidentes.

Por eso se mostró sorprendido por el cambio de “actitud” de la Policía que esta vez tomó la “clara decisión” de reprimir a los adultos mayores. 

“Hoy hubo una organización más grande de la habitual y hubo una clara decisión de la policía de tomar una actitud distinta a la que tiene todos los miércoles”, expresó Martínez.

La convocatoria fue realizada por la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), y se sumaron asambleas barriales, organismos de derechos humanos, movimientos estudiantiles, organizaciones de trabajadores ocupados y desocupados, sindicatos combativos y referentes del Frente de Izquierda Unidad como Myriam Bregman y Del Caño.

La marcha comenzó a las 15 horas en Congreso. Después estaba previsto que se dirigiera a las 17 hacia Plaza de Mayo.

La Oficina del Presidente confirmó que Javier Milei vetará la nueva movilidad jubilatoria que sancionó el jueves pasado el Senado. Justificó su decisión en “que tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno” y que el primer mandatario “se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”.

La iniciativa que establece un aumento automático por inflación, más una compensación del 8% por la pérdida en el empalme de principios de año, ya tenía media sanción en Diputados.

La líder de la UTJL, Ana Valverde, aseguró que “marchar con la consigna ‘no al veto’”, luego de que Milei “vociferara” que iba a anular la ley; expresó que van a defenderla incluso aunque “no sea la mejor”.

“Pretendemos que el valor del haber mínimo sea igual al de la canasta del adulto mayor, indexado mensualmente, y que hoy en día está calculada en 900 mil pesos”, sostuvo en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas. 

En la misma línea, remarcó que son “millones de personas jubiladas” que cobran “sobre la base de 225 mil pesos” y que eso no sólo de estar “al borde de la pobreza”, sino que los encuentra más cerca de “la indigencia total”

CRM

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó hoy que el presidente Javier Milei vetará totalmente el aumento a jubilados que aprobó el Congreso y afirmó que no hay ninguna negociación en curso para un “veto parcial” a la ley.

“El Presidente ya lo dijo, la idea del Presidente es que el veto sea total”, sostuvo el portavoz. “La decisión está tomada”.

En las últimas horas había circulado la versión de que algunos sectores de la oposición no verían mal un veto parcial para evitar un nuevo rechazo para el oficialismo. Dado que la ley fue aprobada por ambas cámaras con dos tercios de los votos, el Congreso, pese al veto, podría insistir con el proyecto.

Adorni explicó que el Poder Ejecutivo tiene hasta 10 días hábiles para publicar el veto y dijo que la medida se tomará esta semana o la próxima. “Veremos cómo avanza administrativamente y en el proceso burocrático la decisión del Presidente”.

La ley sancionada por el Senado establece una recomposición del 8,1 por ciento para este año en los haberes jubilatorios, contempla la fórmula de movilidad por inflación y dispone un aumento del 50 por ciento adicional en marzo de cada año por el índice de variación salarial.

“Hay que entender el trasfondo de todo esto, que es el intento de romper el equilibrio fiscal”, sostuvo Adorni. “La gravedad es evidente cuando proponen un gasto y sin contrapartida de recursos. No hay otra razón que no sea romper con el equilibrio de las cuentas públicas”, añadió.

El vocero también defendió las cuentas que hizo Milei para defender su veto. Según el mandatario, si se avanza con la nueva fórmula eso supone un 1,2% de gasto adicional del Producto Bruto Interno (PBI) o 25% en términos dinámicos, “obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.

CRM

En una semana marcada por intensas tensiones políticas, el senador Luis Juez dio detalles clave sobre la reciente aprobación de la nueva ley de movilidad jubilatoria en el Senado. Según Juez, el voto del PRO estuvo previamente acordado con el Gobierno, en un trabajo conjunto de 15 días, lo que resultó en el rechazo de los artículos que el Ejecutivo consideraba perjudiciales para las cuentas públicas.

Este movimiento, que unió a PRO, UCR y kirchnerismo, desató una inmediata reacción desde la Rosada, con el presidente Javier Milei anunciando que vetará la ley, postura que el expresidente Mauricio Macri apoyó a través de sus redes sociales este viernes.

“Nosotros estuvimos trabajando durante 15 días buscando soluciones y alternativas. Con claridad, el Gobierno dijo que si votábamos el artículo 2, el 4 y el 10 lo poníamos en un quebranto. Y en el marco de esas conversaciones fue lo que se votó”, afirmó Juez a Radio Mitre.

El senador insistió en la necesidad de construir mayorías en el Senado, a diferencia de lo que ocurre en Diputados. Además, reveló que mantuvo una reunión por Zoom con Macri al mediodía del jueves, sugiriendo que el expresidente probablemente no estaba al tanto de las negociaciones cuando expresó su apoyo al veto presidencial.

“Probablemente, no estaba informado al dedillo en el momento que opinó sobre las distintas variedades. Las mayorías parlamentarias hay que construirlas, hay que tener la capacidad para imaginarse distintos escenarios. Cuando no tenés la mayoría, tenés que construirla. Nosotros construiremos una importante cantidad de votos negativos en tres artículos que al Gobierno le resultaba absolutamente clave porque son los que financian el presupuesto y rompe el equilibrio fiscal. En eso hemos cumplido a rajatabla la palabra empeñada”, subrayó Juez.

Finalmente, Juez remarcó su distanciamiento de la función gubernamental actual: “Ya no es mi tarea, yo no soy funcionario del Gobierno. Los funcionarios deberán explicarle al Presidente qué estrategia se dio en el Senado. Hay que construir puentes, relaciones. El kirchnerismo es un bloque fuerte con 33 senadores. Es muy complicado”.

El Senado aprobó la ley de movilidad jubilatoria con 61 votos a favor y ocho en contra, lo que implica que fue sancionada por dos tercios, estableciendo cambios al modelo propuesto por el Ejecutivo a través de un DNU.

AB

El Senado aprobó este jueves la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y el presidente Javier Milei salió al instante a confirmar lo que ya había anticipado meses atrás, cuando en Diputados le dieron media sanción al proyecto de reforma previsional: vetará lo votado en el Congreso “sostener el superávit fiscal a toda costa”. En ese contexto, y a pesar de las miradas de recelo de las últimas horas, acrecentadas por la decisión de los diputados del PRO al levantar sus manos en contra del DNU que le otorgaba $100.000 millones a la SIDE para “gastos reservados” que impulsaba La Libertad Avanza, fue el mismo expresidente Mauricio Macri quien salió este viernes a defender la decisión del Gobierno de mantener las jubilaciones como estaban.

En redes sociales, el exmandatario olvidó por un rato las diferencias con el oficialismo y apoyó la negativa de Milei de aceptar la decisión de ambas cámaras del Congreso: “La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción”, comenzó su posteo en X el líder del PRO.

Para Macri, “hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal. Fueron ellos los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal”, sostuvo Macri, en sintonía con algo que sostuvo días atrás, cuando aclaró que apoyaba al gobierno libertario en materia económica, a pesar de sus diferencias en otras áreas y de la falta de protagonismo de su espacio en funciones ejecutivas.

Y concluyó: “Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”.

“El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables”, había expresado el PRO horas atrás y este apoyo va en esa dirección, en reducir gastos del Estado.

El veto presidencial a la reforma presidencial

A dos minutos de la medianoche de este viernes, la Oficina del Presidente confirmó que Javier Milei vetará la nueva movilidad jubilatoria que sancionó este jueves el Senado. Justificó su decisión en “que tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno” y que el primer mandatario “se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”.

“El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, señaló en un comunicado.

“Esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”, agregó.

“Adicionalmente, resulta paradójico que la clase política se acuerde de los jubilados hoy y no durante el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Solo en su último año, los haberes cayeron más del 30% acompañado de una suba sideral del gasto público. Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”, continuó.

“Tenemos plena conciencia de que la clase política quiere forzar al Gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política, pero como el Presidente de la Nación ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable”, lanzó.

“El proyecto sancionado este jueves por el Congreso con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido. Confiamos en que los que durante años se han amparado en el cambio no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del Gobierno. Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”, concluyó.

IG

A dos minutos de la medianoche, la Oficina del Presidente confirmó que Javier Milei vetará la nueva movilidad jubilatoria que sancionó este jueves el Senado. Justificó su decisión en “que tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno” y que el primer mandatario “se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará”.

“El Congreso Nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, señaló en un comunicado.

“Esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”, agregó.

“Adicionalmente, resulta paradójico que la clase política se acuerde de los jubilados hoy y no durante el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa. Solo en su último año, los haberes cayeron más del 30% acompañado de una suba sideral del gasto público. Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”, continuó.

“Tenemos plena conciencia de que la clase política quiere forzar al Gobierno a oponerse a esta medida demagógica para anotarse una victoria política, pero como el Presidente de la Nación ha dicho en innumerables oportunidades, nosotros preferimos decir una verdad incómoda a una mentira confortable”, lanzó.

“El proyecto sancionado este jueves por el Congreso con la anuencia de todos los partidos políticos es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal; y por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido. Confiamos en que los que durante años se han amparado en el cambio no se presten al juego de quienes quieren destruir el programa económico del Gobierno. Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”, concluyó.

La reforma establece que los haberes jubilatorios se actualizarán siguiendo el IPC del Indec, asegurando que las jubilaciones mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación. Además incorpora un incremento del 8,1% adicional al 12,6% previamente reconocido, para alcanzar un total de 20,6%. Este ajuste corresponde a la inflación del mes de enero medida por el Indec, que no fue considerada en el empalme entre la fórmula anterior y la del DNU presidencial.

A su vez, una vez al año, en marzo, impone que se otorgue un aumento adicional basado en el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en el mismo periodo, siempre y cuando los salarios hayan crecido más que la inflación. En este punto hay voces opositoras que plantean una reducción al 25%. Si hay cambios, la ley debe volver a Diputados para su sanción definitiva. 

Claves de la fórmula jubilatoria

Recomposición Inicial del 20,6%: se introduce un incremento del 8,1% adicional al 12,6% previamente reconocido, para alcanzar un total de 20,6%. Este ajuste corresponde a la inflación del mes de enero medida por el Indec, que no fue considerada en el empalme entre la fórmula anterior y la del DNU gubernamental.

Actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC): los haberes jubilatorios se actualizarán siguiendo el IPC del Indec, asegurando que las jubilaciones mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.

Aumento anual adicional: una vez al año, en marzo, se otorgará un aumento adicional basado en el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en el mismo periodo, siempre y cuando los salarios hayan crecido más que la inflación.

Haber mínimo vinculado a la Canasta Básica Total (CBT): el haber mínimo se fijará en 1,09 veces el valor de la CBT del Indec de un adulto. Esto implica que un jubilado que percibe el haber mínimo pasaría a cobrar $285.000.

Cancelación de deudas con cajas previsionales provinciales: la Anses deberá cancelar las deudas pendientes con las cajas previsionales provinciales. Además, deberá pagar las sentencias firmes a favor de los jubilados utilizando asignaciones específicas de recursos tributarios del organismo previsional, como el impuesto al cheque, el impuesto PAIS y el IVA, en lugar de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria tendría un costo fiscal del 0,43% del Producto Bruto Interno (PBI).

Un veto anticipado: “El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable”

Horas antes de materializarse la modificación en la fórmula de movilidad jubilatoria en el Senado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipaba la idea de vetar la norma al escribir en sus redes sociales: “El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable. Fin”, posteó en redes sociales.

Más temprano, en su habitual conferencia de prensa, el funcionario había dicho que “todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va a vetar”.

Adorni hizo referencia de esa forma a la atribución del Poder Ejecutivo de vetar la ley de forma total o parcial, tras su aprobación en el Congreso.

Ya este viernes, el portavoz consideró que con la aprobación a la ley de movilidad jubilatoria “la irresponsabilidad fiscal de la vieja política conspira otra vez contra el equilibrio fiscal, condición necesaria para seguir con la pulverización de la inflación, mandato que los argentinos nos dieron con su voto”.

Para Adorni, en sintonía con lo dicho por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, “no importa lo que pase, el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable”. Y agregó: “Siempre las jubilaciones perdieron poder adquisitivo durante la administración de Fernández. Se actualizó la fórmula para que las jubilaciones se aumenten acorde a la inflación y no cuanto se le antoje al presidente de turno. Lo que plantean con esta ley es infinanciable”, concluyó.

Veto total

Cuando se materialice el veto total, el proyecto regresa al Poder Legislativo que puede insistir en la sanción de la ley. Para eso último es necesario que ambas Cámaras cuenten con dos tercios de los votos para imponer su intencionalidad inicial; de esta forma la ley se promulgaría a pesar de la voluntad del mandatario.

De no conseguirse el número en alguna de las dos cámaras, el veto se mantiene y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.

Si el veto hubiera sido parcial, Milei podía proceder a la promulgación de determinados artículos y al rechazo parcial de otros, siempre y cuando no modifique el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso.

Si bien la recomposición extra del 8,1% es aceptada, presentan resistencia los artículos 2, 4 y 10 de la ley, los mismos que habían sido rechazados por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el titular de la ANSES, Mariano De los Heros, durante el plenario de comisiones.

Son los mismos artículos que también habían sido negociados, sin éxito, por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, ya que en el oficialismo consideran que “tienen un impacto fiscal importante en términos del Presupuesto nacional”.

El artículo 2 establece que, en marzo de cada año, se aplicará a las jubilaciones un aumento del 50% de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

En el artículo 4, en tanto, fija que quienes perciben un solo beneficio (jubilación o pensión) “tendrán la garantía de un haber mínimo equivalente al costo de la canasta básica total del adulto (CBT) incrementado en un 9%”.

El artículo 10 establece que la ANSES “tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales” y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios de ese organismo.

La aprobación de esta reforma significa un gasto del 0,43%, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Milei había asegurado que utilizaría la facultad del veto, luego de que los diputados aprobaran en junio último el proyecto en la Cámara baja.

“Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romperlo, les voy a vetar todo”, argumentó en aquel entonces. “Me importa tres carajos”, sintetizó el mandatario en junio último el marco del Latam Economic Forum..

MM.

“Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va a vetar”. Con estas palabras, el vocero presidencial Manuel Adorni cerró esta mañana su habitual conferencia de prensa. La alusión del portavoz, aunque implícita, era sin embargo muy clara: el tratamiento del proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que fue impulsado por la oposición y que el Senado convirtió en ley este jueves por la tarde. El Gobierno tiene la decisión tomada hace meses y, en las próximas horas, Javier Milei se aprestará a firmar el que se convertirá en el primer veto de su gestión.

“El costo político no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar, lo van a pagar los degenerados fiscales”, repiten como un mantra en Casa Rosada. Se trata del mismo argumento que ensayaron en junio, tras la media sanción en Diputados del proyecto que estipula una recomposición del ingreso de los jubilados, golpeados por la alta inflación. Aquel contexto, sin embargo, era completamente distinto. El inminente veto presidencial llegaría ahora en medio de una de las peores semanas para el oficialismo, cuya impericia política terminó empujándolo a dos derrotas al hilo en el Congreso.

En ese sentido, el dato saliente de este jueves fue que esta vez el PRO, el espacio que es aliado de La Libertad Avanza en el Congreso, votó a favor de la iniciativa opositora. Se trata del segundo gesto opositor de parte de los amarillos comandados por Mauricio Macri en poco más de 24 horas. Ayer, en otra sesión de alto voltaje, un grupo de diputados que responde al expresidente acompañó el rechazo al DNU que asignó $100.000 millones a la SIDE en concepto de fondos reservados.

Hace tres meses, el Gobierno se mostraba confiado en que la unidad de acción lograda en el recinto de Diputados por bloques tan diversos alrededor de la fórmula jubilatoria no iba a replicarse en el futuro. En aquel entonces, no dejó de llamar la atención la reacción extremadamente confrontativa del Presidente contra el Congreso, primero en redes y después durante su exposición en la décima edición del Latam Economic Forum. “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”, vociferó el libertario desde el atril del evento empresario que se realizó en Parque Norte en el mes de junio.

El Presidente suele sostener que no va a “entregar” el equilibrio fiscal. Y, a través de sus redes, tampoco pierde oportunidad de bramar contra “la vieja política” a la que acusa de “llevar un siglo fracasando”. “Es lo que hemos venido a cambiar. Y lo vamos a cambiar, hoy o desde el 11 de diciembre de 2025”, escribió Milei, en una referencia implícita a las elecciones legislativas del año que viene.

En esa línea, Milei replicó este jueves un mensaje en X contra los senadores que se aprestaban a votar a favor del aumento de las jubilaciones, en el que se los llamaba “cenadores”. “No son más senadores, ahora son cenadores y nos están comiendo vivos”, fue el posteo de la cuenta de Instagram “Coherencia por favor”, y que compartió el Presidente, quien ya había señalado que vetaría todos aquellos proyectos de ley que la oposición, que tiene mayoría en ambas cámaras, aprobara en el Congreso y que implicaran un aumento del gasto público.

PL/JJD, con información de NA

Un intercambio de guiños públicos entre Victoria Villarruel y el jefe de la bancada kirchnerista en medio de la sesión de este jueves en el Senado generó más suspicacias sobre la distancia que atraviesa la vicepresidenta con Javier Milei. 

El senador José Mayans (UP-Formosa) estaba promediando su discurso durante el debate de la nueva fórmula jubilatoria, que el Gobierno ya avisó que quiere vetar en caso de ser sancionada, cuando recordó el apodo “jamoncito” que Villarruel le puso a Milei en una entrevista que le dio al canal TN. En esa oportunidad, la vice metaforeó sobre el rol del Presidente entre ella y su hermana Karina. 

Mayans buscaba cuestionar al mandatario al tratarlo de “jamoncito” entre sus asesores económicos, como el ministro Luis Caputo, a quien calificó de “dueño” del plan económico de ajuste, y provocó una rápida reacción de Villarruel: “Gracias por traerme a colación”, le dijo la vice al legislador, en una clara alusión al tenso momento que atraviesa con la Casa Rosada. 

El episodio generó risas entre las bancadas, a lo que Villarruel le espetó con sorna al senador, muy allegado a Cristina Fernández de Kirchner: “Un amigo”. Fue entonces cuando Mayans remató con una línea que podría ser muy sugestiva en el futuro: “Tenemos que profundizar la amistad, presidenta”. 

A diferencia de Milei, entre las bancadas opositoras se reconoce cierta predisposición de Villarruel a estar abierta al diálogo, a sabiendas de la exigua fuerza política de La Libertad Avanza en la Cámara alta. Es clave en ese sentido la construcción que puede haber entre la vice y el peronismo, la primera minoría al contar con 33 de los 72 senadores. De hecho, Unión por la Patria tiene la definición sobre los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema que propuso el Ejecutivo, sobre todo la de Ariel Lijo, que es muy cuestionado por Villarruel. El intercambio con Mayans cristalizó que hay un puente tendido entre el kirchnerismo y la segunda de Milei.

El intercambio entre Mayans y Villarruel

MC/JJD

El jefe del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado (UCR), Eduardo Vischi (Chaco), propuso tratar el proyecto de movilidad jubilatoria con preferencia en la próxima sesión. La moción fue aprobada por 37 votos afirmativos, 31 negativos y sin abstenciones.

De esta manera, La Libertad Avanza logró neutralizar el intento del bloque kirchnerista por tratar sobre tablas la iniciativa que viene de Diputados aprobada con dos tercios y con votos no solo de Unión por la Patria, sino también de los bloques aliados a la Casa Rosada.

El proyecto incrementa en un 8,1% los haberes jubilatorios para recomponer la pérdida de enero. El Gobierno otorgó un 12,5% para ese mes y quedó relegado de la inflación que se posicionó en el 20,6% en enero.

Los senadores opositores buscaban apurar el debate de la iniciativa con la aspiración de poder llevarla al recinto en la sesión de este jueves, mientras que en el oficialista LLA bosquejaron un diagrama de trabajo que incluye expositores y al menos dos o tres reuniones de los plenarios de comisiones: la idea, como en tantos otros temas que pasaron por la agenda parlamentaria desde diciembre hasta hoy, es dilatar los tiempos. Algo que lograron por 37 votos favorables.

El texto ya aprobado por Diputados por 160 a 72 establece una recomposición del 8,1% (por lo que los haberes perdieron por la inflación de enero), más un ajuste mensual por IPC (el índice de inflación del Indec) y un aumento anual adicional, en marzo de cada año, que se establecería a partir de un cálculo por el cual se reconocería una suba del 50% de la variación del Ripte (otro índice oficial, de variación salarial) por sobre la variación de la inflación durante el año calendario anterior.

En la sanción también se fijó que el haber mínimo será de 1.09 respecto del valor de la Canasta Básica Total de un adulto, por lo que un jubilado que recibe la mínima pasaría a cobrar $285.000.

La media sanción llegó luego de que la oposición apurara el debate del tema tras haber conseguido que el Gobierno quitara el tema del proyecto de ley de Bases, ya que durante el debate de enero-febrero era uno de los puntos que generaba mayores desacuerdos.

Iniciada la ofensiva de la oposición, en marzo, y luego de vencidos los intentos dilatorios de La Libertad Avanza, el Poder Ejecutivo intentó neutralizar la discusión parlamentaria con un DNU que estableció una fórmula atada a la inflación que recién se aplicaría, con un aumento del 12,5% en el mes de abril y con un “adelanto” en mayo.

Debido al gasto fiscal que se estima que implica (un 0,4% del PBI), Milei trató a los diputados de “degenerados fiscales”, y adelantó: “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”. El ministro del Interior, Guillermo Francos, completó: “Lo que va a hacer el Gobierno es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley”.

Ante la certera posibilidad del veto, diputados y senadores de la oposición ya hacen números para poder llegar a reunir los dos tercios en cada recinto que les permitan anular el veto y confirmar la ley.

La Constitución Nacional, en su artículo 83, consigna que el Congreso podrá volver a insistir con el proyecto, siempre que cuente con la mayoría de dos terceras partes —sin aclarar si es sobre los miembros presentes o totales—, por lo que se interpreta la primera de las opciones.

En Diputados, con los 160 votos, estuvieron a solo 11 de ese porcentaje, y no descartan alcanzarlo en el eventual rechazo al DNU, porque las cinco abstenciones de la izquierda pasarían a ser rechazos y algunos ausentes de la UCR, Unión por la Patria y Hecemos, que por cuestiones personales estuvieron ausentes el 5 de junio, participarían de esa presunta sesión.

En el Senado, en cambio, cuando se trate el tema sobre tablas, los dos tercios ya quedarían plasmados en la propia sanción de la ley: para alcanzar los 48 de los 72 miembros totales, la oposición sumaría a los 33 de Unión por la Patria y a los 13 radicales, espacios que en Diputados encabezaron la ofensiva para aprobar la ley.

A ellos se sumarían, en caso de que actúen en espejo con los posicionamientos que tuvieron en Diputados, los dos representantes de los gobiernos de Misiones, los dos de Santa Cruz; la de Neuquén; la de Córdoba y la de Río Negro. Totalizando 53.

En Unión por la Patria evitarán así tener que ir a buscar el apoyo de los dos exintegrantes de su bloque, Edgard Kueider y Carlos Espínola; que en la última semana fueron claves en la ayuda al Gobierno para la aprobación de la Ley de Bases.

Como parte del contexto de la política previsional, que impactaría indirectamente en los cálculos que se hacen sobre la movilidad jubilatoria: a comienzos de junio, en el marco de las negociaciones con la oposición previas a la aprobación de la ley Bases y del paquete fiscal, el oficialismo del Senado retiró del texto la reconfiguración de las jubilaciones, por lo que los eventuales beneficiarios podrán seguir haciéndolo sin contar con 30 años de aportes.

Nueva fórmula de movilidad jubilatoria: detalles y claves de la aprobación en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó a inicios de junio una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que surgió de un acuerdo entre diversos bloques políticos de la oposición, incluyendo Unión por la Patria (UP), la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF) y la Coalición Cívica (CC). Esta fórmula alternativa busca reemplazar la establecida por el gobierno de Javier Milei a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Es importante aclarar que para que esta fórmula entre en vigencia el texto aprobado en Diputados debe ser convertido en ley por el Senado y el presidente Milei debe promulgarlo, aunque ya ha amenazado con vetar cualquier iniciativa que surja del Congreso que afecte la caja.

Elementos clave de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria

Contexto y Debates en la Cámara

Impacto Fiscal

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria tendría un costo fiscal del 0,43% del Producto Bruto Interno (PBI).

Con información de agencias.

IG

Mientras la definición de la ley de Bases en su vuelta a Diputados se lleva la mayor atracción política y parlamentaria de lo que resta de junio, los bloques opositores del Senado comienzan a afilar la estrategia para completar la sanción del proyecto de movilidad jubilatoria, que con amplia mayoría lograron aprobar a principios de mes, en Diputados, y que el presidente Javier Milei ya anunció que lo vetará.

Los senadores opositores buscan apurar el debate de la iniciativa con la aspiración de poder llevarla al recinto el miércoles 26 o a más tardar el miércoles 2 de julio, mientras que en el oficialista LLA bosquejan un diagrama de trabajo que incluya expositores y al menos dos o tres reuniones de los plenarios de comisiones: la idea, como en tantos otros temas que pasaron por la agenda parlamentaria desde diciembre hasta hoy, es dilatar los tiempos.

El texto aprobado por Diputados por 160 a 72 establece una recomposición del 8,1% (por lo que los haberes perdieron por la inflación de enero), más un ajuste mensual por IPC (el índice de inflación del Indec) y un aumento anual adicional, en marzo de cada año, que se establecería a partir de un cálculo por el cual se reconocería una suba del 50% de la variación del Ripte (otro índice oficial, de variación salarial) por sobre la variación de la inflación durante el año calendario anterior.

En la sanción también se fijó que el haber mínimo será de 1.09 respecto del valor de la Canasta Básica Total de un adulto, por lo que un jubilado que recibe la mínima pasaría a cobrar $285.000.

La media sanción llegó luego de que la oposición apurara el debate del tema tras haber conseguido que el Gobierno quitara el tema del proyecto de ley de Bases, ya que durante el debate de enero-febrero era uno de los puntos que generaba mayores desacuerdos.

Iniciada la ofensiva de la oposición, en marzo, y luego de vencidos los intentos dilatorios de La Libertad Avanza, el Poder Ejecutivo intentó neutralizar la discusión parlamentaria con un DNU que estableció una fórmula atada a la inflación que recién se aplicaría, con un aumento del 12,5% en el mes de abril y con un “adelanto” en mayo.

Debido al gasto fiscal que se estima que implica (un 0,4% del PBI), Milei trató a los diputados de “degenerados fiscales”, y adelantó: “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”. El ministro del Interior, Guillermo Francos, completó: “Lo que va a hacer el Gobierno es cortar otras partidas para poder financiar lo que salga en esa ley”.

Ante la certera posibilidad del veto, diputados y senadores de la oposición ya hacen números para poder llegar a reunir los dos tercios en cada recinto que les permitan anular el veto y confirmar la ley.

La Constitución Nacional, en su artículo 83, consigna que el Congreso podrá volver a insistir con el proyecto, siempre que cuente con la mayoría de dos terceras partes —sin aclarar si es sobre los miembros presentes o totales—, por lo que se interpreta la primera de las opciones.

En Diputados, con los 160 votos, estuvieron a solo 11 de ese porcentaje, y no descartan alcanzarlo en el eventual rechazo al DNU, porque las cinco abstenciones de la izquierda pasarían a ser rechazos y algunos ausentes de la UCR, Unión por la Patria y Hecemos, que por cuestiones personales estuvieron ausentes el 5 de junio, participarían de esa presunta sesión.

En el Senado, en cambio, los dos tercios ya quedarían plasmados en la propia sanción de la ley: para alcanzar los 48 de los 72 miembros totales, la oposición sumaría a los 33 de Unión por la Patria y a los 13 radicales, espacios que en Diputados encabezaron la ofensiva para aprobar la ley.

A ellos se sumarían, en caso de que actúen en espejo con los posicionamientos que tuvieron en Diputados, los dos representantes de los gobiernos de Misiones, los dos de Santa Cruz; la de Neuquén; la de Córdoba y la de Río Negro. Totalizando 53.

En Unión por la Patria evitarán así tener que ir a buscar el apoyo de los dos exintegrantes de su bloque, Edgard Kueider y Carlos Espínola; que en la última semana fueron claves en la ayuda al Gobierno para la aprobación de la Ley de Bases.

Como parte del contexto de la política previsional, que impactaría indirectamente en los cálculos que se hacen sobre la movilidad jubilatoria: el jueves pasado, en el marco de las negociaciones con la oposición, el oficialismo del Senado retiró del texto la reconfiguración de las jubilaciones, por lo que los eventuales beneficiarios podrán seguir haciéndolo sin contar con 30 años de aportes.

Ese es uno de los puntos que ahora la Cámara baja –posiblemente la última semana de junio— deberá resolver si acepta o rechaza. En despachos opositores desconfían de los acuerdos con el Gobierno para los cambios hechos en el Senado; en otros prefieren seguir confiando.

LF/JJD

La oposición en la Cámara de Diputados puso en jaque al Gobierno al aprobar el miércoles en sesión un proyecto para establecer una nueva la ley de movilidad jubilatoria. Esta iniciativa busca recuperar los ingresos jubilatorios afectados por la inflación desde diciembre pasado, algo que complica aún más el panorama político para la gestión de Javier Milei.

Ante esta situación, el Presidente fue contundente y prometió vetar la medida si el Senado la convierte en ley: “Me importa tres carajos”, declaró, calificando a los legisladores que apoyaron la medida como “degenerados fiscales”.

Esta mañana fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien salió a confirmar el sentido de los dichos de Milei, con otras palabras, claro: “Obviamente el Poder Ejecutivo la va a vetar, como anticipó el Presidente, no hay ninguna posibilidad de que el Gobierno pueda cubrir el gasto que significa ese incremento porque no tiene los recursos. Entonces, en principio, la va a vetar y después habrá que ver cuál es el proceso que sigue: si el Congreso insiste con los dos tercios de los votos, entonces el Gobierno deberá cumplir la ley y en ese caso la decisión del Presidente es mantener el equilibrio fiscal y cortar otras partidas presupuestarias para pagar eso”.

En una entrevista con LN+, el periodista Eduardo Feinmann le preguntó a Francos “qué partidas podrían llegar a cortar” y el funcionario respondió: “Las que aparezcan, de todo tipo”.

El Congreso tiene la facultad de ratificar la ley si obtiene dos tercios de los votos en ambas cámaras, un objetivo que algunos creen alcanzable. El acuerdo político entre la oposición dialoguista y el peronismo permitió avanzar con la media sanción en Diputados. La nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, que reemplaza el mecanismo impuesto por decreto por Milei, se votó tras una intensa jornada de debate. El proyecto propone una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con una compensación extra del 8,1% para cubrir la inflación de enero.

El veto presidencial, un recurso usado por todos los presidentes desde la vuelta de la democracia, no significa necesariamente que una ley no pueda ser aprobada. Si ambas cámaras insisten en su sanción con dos tercios de los votos, el Ejecutivo debe aceptarla y reglamentarla. En la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza cuenta con 38 diputados, junto con otros aliados, sumando un total de 85 votos a favor del gobierno, dejando al resto con 172 legisladores. Desde la vuelta de la democracia, el veto presidencial se ha utilizado 390 veces, siendo ratificado por el Congreso en 39 ocasiones.

La posibilidad de que el Congreso ratifique la ley tras un veto presidencial añade una nueva capa de incertidumbre al ya complejo escenario político, subrayando los desafíos que enfrenta el gobierno en su intento de mantener el equilibrio fiscal y gestionar los recursos disponibles.

JJD