En las próximas semanas se debatiría en la Legislatura de Tucumán un proyecto para la expropiación del terreno en el que se encuentra el Pozo de Vargas, la fosa común en donde se han identificado hasta ahora a 116 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. El predio de 14 hectáreas se encuentra en el Departamento Tafí Viejo, en el límite sureste con San Miguel de Tucumán.

La iniciativa, que ingresó por mesa de entradas el 4 de febrero, le pertenece al legislador peronista Julio Silman, ex intendente del municipio de Alderetes, y surgió tras las publicaciones en el elDiarioAR sobre la mora de dos años en el pago de honorarios a los peritos que trabajan en el pozo, que aún no se ha resuelto. En sus considerandos, la propuesta destaca el valor histórico del predio para “consolidar en el país las políticas de Derechos Humanos y contribuir así a los procesos de Memoria, Verdad y Justicia”.

El proyecto del parlamentario también hace hincapié en las tareas de excavación y peritaje que desarrollaron y desarrollan el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), integrado por profesionales de distintas especialidades. Señala, además, que a la fecha se recuperaron 38.000 segmentos óseos, enteros y fragmentados, que corresponden a 148 personas, que serían 120 hombres y 28 mujeres.

“Por el estado público de la situación y debido a que el senador Pablo Yedlin se había puesto en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para interceder para que se pague la deuda con los profesionales, lo llamé para felicitarlo y ofrecer mi apoyo. De esa charla surgió la iniciativa y al senador le pareció razonable avanzar, le compartí un borrador y estuvo de acuerdo”, señaló Silman en diálogo con elDiarioAR.

En otro de los párrafos del proyecto el legislador tucumano señala que en el Pozo de Vargas fueron identificados los restos del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, quien fue visto por última vez el 24 de marzo de 1976, el día el golpe. Por ello, pidió que su par Gerónimo Vargas Aignasse, hijo del ex senador secuestrado, acompañe la iniciativa con su firma. El parlamentario no dudó en hacerlo.

En diciembre de 2011 la familia Vargas Aignasse recibió la notificación de parte del Juzgado Federal que encabeza Fernando Poviña, de que el análisis de ADN realizado al segundo metatarsiano de un pie derecho completo del senador secuestrado, encontrado en una media, adentro del pozo, coincidió en un 99,9 % con el perfil genético de la sangre extraída a los hermanos Guillermo, María Marta y Mariana, sus hijos. Así lo estableció en un informe el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

De concretarse la expropiación, se proyectará la construcción de un museo y que el Estado nacional destaque al lugar como Sitio de la Memoria. Por ahora, inaugurado en 2018, allí existe un memorial en donde están los nombres de los detenidos desaparecidos identificados hasta entonces (107).     

De las 14 hectáreas que tiene el terreno en donde está el pozo, sólo en una superficie de 6.000 metros cuadrados se encuentran la fosa y el laboratorio que se montó para la clasificación del material que se extrae. Por ello, Silman no descartó una instancia de diálogo con los Vargas, los propietarios, para encontrar un punto de acuerdo que agilice la gestión de la expropiación.

“Daño moral y económico”

elDiarioAR dialogó con Alfredo Vargas (68 años) y Rodolfo Vargas (59), que por primera vez hablaron con un medio de comunicación desde que se inició la investigación en abril de 2002. Ambos son hijos de Antonio Manuel Vargas, quien falleció en marzo de 2005, dueño de la finca, razón por la cual la investigación se denominó “Pozo de Vargas”. En 2004 el fiscal federal de entonces, Emilio Ferrer, había solicitado que se lo cite para que preste declaración indagatoria como partícipe necesario de la desaparición forzada de personas durante la década del 70 pero murió antes que se concrete esta acción judicial.

“Nos oponemos a que se nos expropie el terreno, somos conscientes que eso podía pasar con el espacio en donde están el pozo y el laboratorio, pero no con el resto de las 14 hectáreas. Haremos todo lo que sea necesario para que eso no suceda si avanza el proyecto sobre todo el terreno”, expresó Alfredo. Su hermano Rodolfo agregó: “por una causa judicial no podemos hacer uso desde hace cuatro años de 10 hectáreas, esto nos provoca un enorme daño moral y económico porque ahí sembrábamos soja y eso se perdió”.  

La causa a la que hace referencia se inició en 2017 por un testigo de identidad reservada, en la que se asevera que junto al actual pozo y en el mismo predio existiría otro sitio en donde se habrían ocultado restos de detenidos desaparecidos. La causa es conocida como “Pozo de Vargas II”. En 2018 la Justicia Federal ordenó iniciar los trabajos de búsqueda en 10 de las 14 hectáreas, tareas que comenzaron en marzo de ese mismo año y se realizaron de manera discontinua hasta junio de 2021.

Fuentes consultadas confirmaron que durante la primera quincena de febrero el EAAF elevó el informe sobre el trabajo de campo que se hizo para determinar la existencia o no de una nueva fosa. La documentación ya fue elevada al Fiscal Federal Agustín Chit, quien subroga en la Fiscalía 2 a Pablo Camuña, que ahora forma parte de Tribunal Oral Federal, y las partes ya fueron notificadas. El análisis técnico deberá ser evaluado por Chit y por el Juez Federal Poviña y de sus conclusiones dependerá la decisión de si se avanza en la causa “Pozo de Vargas II” o se da por finalizada ante la supuesta falta de pruebas.

Josefina Molina, hija del ex vicegobernador de Tucumán Dardo Molina, quien fuera secuestrado en 1976 y sus restos identificados en el pozo en 2014, en diálogo con elDiarioAR sobre el proyecto de expropiación, expresó: “sería importante que llegara a concretarse pero la Legislatura debe tomar las precauciones de consultar ante la Justicia Federal sobre el estado procesal de las causas Pozo de Vargas I y II. Del estado de ellas dependerá en gran medida que la iniciativa avance”.

El lugar de la investigación era un viejo pozo que está ubicado a metros de las vías del tren y que fue construido a fines del siglo XIX para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor. Durante la dictadura se arrojaron adentro los cuerpos de detenidos desaparecidos y se tapó, en un intento por esconder el destino final de hombres y mujeres previamente torturados y asesinados.

La ubicación del predio era marginal pues estaba en una zona de montes y fincas de limones. Con los años la zona se revalorizó por encontrarse en un punto tripartito que conecta a las ciudades de Tafí Viejo, San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. Esto elevó de manera exponencial su valor inmobiliario, a lo que se sumó la construcción de barrios privados en loteos que están pegados a las 14 hectáreas de la finca Vargas.

WC