La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, inició una investigación para determinar si las autoridades nacionales cometieron presuntos delitos durante la licitación para el dragado y balizamiento de la estratégica hidrovía, confirmó a elDiarioAR una fuente directa con acceso al expediente. Por la hidrovía de los ríos Paraná, Paraguay y afluentes, se transporta el 75% de las exportaciones de Argentina y su concesión es uno de los negocios multimillonarios más cuestionados de los últimos años, como viene informando este medio.

El 24 de febrero último, la fiscalía especializada en delitos contra el Estado Nacional solicitó al administrador general de Puertos, José Carlos Mario Beni, que remita copia íntegra del expediente de la licitación, las ofertas realizadas por los distintos grupos económicos que participaron del concurso y las impugnaciones realizadas por los competidores del grupo ganador, ratificó la fuente consultada. 

La investigación se inició de oficio, tras las denuncias de uno de los grupos económicos que se disputa el negocio, según pudo constatar este medio de una fuente directa del expediente.

La licitación se encuentra en su tramo final, pero es la primera etapa de una licitación mucho más grande. Luego de dos años de indefiniciones, el Gobierno se encamina a ratificar la concesión por seis meses a las mismas dos compañías que durante el último cuarto de siglo manejaron la vía troncal a través del sello Hidrovía Sociedad Anónima: la belga Jan de Nul y Emepa, del argentino Gabriel Romero, como informó el periodista Diego Genoud en elDiarioAR. 

En una segunda etapa del proceso, la concesión se licitará por otros 10 años, clave de la disputa entre grupos económicos del sector. 

Luego de la apertura de sobres técnicos realizada por la Administración General de Puertos (AGP), dos de las dragadoras más grandes del mundo publicaron una solicitada para denunciar que quedaron descalificadas de “manera insólita” por “formalidades e interpretaciones arbitrarias” del Ejecutivo. Se trata de la compañía belga Dredging International (DEME Group) y la china Shanghai Dredging. El grupo también está integrado por la argentina ServiMagnus, con el 10%.

El director regional de Dredging International y representante de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) descalificada en la licitación, Tijs Jose Delaere, dijo a este medio: “Resulta inaudito que a un consorcio conformado por dos de las cinco empresas de dragado más importantes del mundo se les impute falta de capacidad técnica”.

En una solicitada en La Nación, el consorcio de DEME Group criticó el dictamen de la Administración Nacional de Puertos y dijo que el organismo llegó “a la conclusión de que un consorcio del que participan en un 90% dos de las cinco mayores contratistas de dragado del mundo carece de experiencia técnica para este proyecto”.

El Gobierno, sin embargo, sostiene que las compañías descalificadas durante la licitación habrían cometido al menos dos “errores administrativos y técnicos insalvables” en su proyecto. Ante la consulta de elDiarioAR dijeron en febrero que esos presuntos errores están relacionados con los antecedentes de dragado que las empresas debían acreditar; que la argentina ServiMagnus, socia minoritaria de los belgas y chinos, no calificaba; y que la información sobre lanchas y disponibilidad de equipos se presentó con los plazos vencidos. 

ED

El silencio sobre el tema es llamativo. Después de dos años de idas y vueltas, fuertísimas discusiones internas en el Frente de Todos y dilaciones recurrentes, la licitación del dragado y balizamiento de la vía troncal por la que salen el 75% de las exportaciones argentinas se encamina a ratificar a las dos compañías que se asociaron durante un cuarto de siglo bajo el sello de Hidrovía Sociedad Anónima para repartirse el negocio: la belga Jan de Nul y Emepa, del empresario argentino Gabriel Romero. Descalificadas en la apertura del sobre técnico por la Administración General de Puertos (AGP), dos de las dragadoras más grandes del mundo denunciaron en los últimos días a través de una solicitada que fueron apartadas de la competencia de “manera insólita” y acusaron al Gobierno de apelar para eso a “formalidades e interpretaciones arbitrarias”. Aunque se trata de una licitación millonaria por un período de seis meses -antesala ineludible de la concesión por 10 años que se otorgará después-, el poderoso consorcio que lideran los belgas de Dredging International (DEME Group) y los chinos de Shanghai Dredging no encontró eco por parte de un sistema de medios siempre dispuesto a magnificar cualquier escándalo por mínimo que sea. Tampoco los funcionarios del Gobierno nacional salieron a defender la decisión que tomó el organismo que dirige el santacruceño José Beni.

elDiarioAR entrevistó a Tijs Jose Delaere, el belga que es Director Regional de Dredging International y representante a la UT descalificada.

¿Cómo se conformó el consorcio entre Dredging International, Shanghai Dredging Company y la argentina Servimagnus?  

Las tres partes optaron por trabajar juntos en este proyecto luego de compartir durante los últimos años su visión, definir objetivos, unificar criterios, alinear métodos de trabajo y compatibilizar expectativas. La integración de las tres partes del consorcio nos permitió alcanzar una propuesta técnica y económica superadora de la situación actual, apoyándonos en el convencimiento que luego de 26 años de continuidad del mismo operador, luego de tres extensiones contractuales sin compulsa de precio y luego de varios aumentos en la tarifa de peaje en dólares, la principal vía de navegación troncal de Argentina y sus usuarios merecen algo distinto, algo mejor, donde la transparencia deje una huella imborrable en la vía navegable, para el beneficio de las generaciones presentes y el desarrollo de las generaciones futuras.

¿Es la primera vez que trabajan con Shangai Dredging o ya se habían presentado a otras licitaciones juntos?

Es la primera vez que las tres partes de la UTE trabajamos juntos. Seguramente no sea la última, dado que conseguimos un grado de entendimiento que nos volverá a unir para nuevos proyectos.

¿Cuál es para ustedes, a nivel global, la importancia del canal fluvial conocido como Hidrovia? Es un contrato de dragado de 33 millones de metros cúbicos, lo que según los especialistas lo convierte en uno de los más grandes del planeta, solo comparable al del Río Mississippi que hacen los militares norteamericanos o al del Río Amarillo que realiza el gobierno chino. ¿Es así?

No hay duda que en términos económicos y sociales la vía navegable tiene una importancia suprema para Argentina, dado que cerca del 75 % de las exportaciones se viabilizan a través de ella. Pero en términos técnicos este proyecto no representa un desafío mayúsculo para las dos principales empresas del grupo, Dredging International y CCCC Shanghai Dredging Company. Actualmente, en el canal troncal se dragan alrededor de 30 millones de metros cúbicos de sedimentos por año para su mantenimiento, pero Dredging International tiene varios contratos vigentes de una magnitud superior. Tan sólo como un ejemplo, Dredging International está actualmente ejecutando un proyecto en Egipto en donde ha dragado 130 millones de metros cúbicos únicamente en el último año. Por otro lado, CCCC Shanghai Dredging es la empresa encargada de mantener el canal navegable más importante del mundo en términos de tráfico de buques, la vía navegable del río Yangtzé, donde se dragan cerca de 80 millones de metros cúbicos por año solo en el tramo entre el Puerto de Shanghái y la desembocadura del río Yangtzé en el Mar de la China Oriental. Entonces, lo que en el imaginario colectivo se considera como uno de los proyectos de dragado más complejos en el mundo, para nuestro consorcio no lo es.

¿Por qué dicen que fueron descalificados de “manera insólita” y cuestionan las arbitrariedades de la licitación?

Nuestro consorcio cumplió cabalmente con los requisitos de la licitación. En el dictamen de precalificación la AGP invoca la mera formalidad de haber omitido la certificación notarial en dos cartas de disponibilidad de lanchas de apoyo argentinas. El pliego indica claramente que este tipo de formalidades son subsanables y que la Comisión de Preadjudicación debió haber otorgado un plazo de cinco días para su subsanación antes de emitir su dictamen. Sin embargo, en forma totalmente arbitraria, la AGP no nos dio la posibilidad de subsanar esta omisión, que desde ningún punto de vista puede ser considerado esencial. Se nos descalificó por una aparente falta de capacidad técnica, pero sin indicar con claridad los motivos de la descalificación. Resulta inaudito que a un consorcio conformado por dos de las cinco empresas de dragado más importantes del mundo se les impute falta de capacidad técnica, y más aún, que no se expliquen con claridad los motivos de dicha decisión en el dictamen técnico. Solo una interpretación antojadiza y contraria a la letra del pliego puede fundar una conclusión que lleve a desconocer la capacidad técnica que hemos demostrado. Mientras que se nos descalifica injustamente por los motivos mencionados, la oferta de Compañía Sudamericana de Dragados (N de la R., la empresa Jan De Nul) fue aceptada aun habiendo transgredido abiertamente los principios más elementales de la licitación. El propio nombre de la licitación la identifica como de “Etapa Múltiple”. Esto significa que primero se presentan las ofertas técnicas (Sobre 1) y luego las ofertas económicas (Sobre 2). Ellos presentaron el precio de su oferta en el Sobre 1, alterando todo el proceso. Sin embargo, en vez de haber sido descalificados, su oferta fue salvaguardada por la AGP, aduciendo motivos insólitos que cualquier jurista especializado en Licitaciones Públicas puede rebatir en cuestión de segundos. La importancia del principio de concurrencia en las licitaciones públicas fue aplicado sólo respecto a Compañía Sudamericana de Dragados. Lamentamos profundamente la falta de equilibrio y paridad en la evaluación de las propuestas por parte de la AGP.

Desde el Gobierno dicen que la oferta del consorcio tenía errores insalvables, entre ellos que no cumplían con los antecedentes de dragado exigidos. ¿qué pueden responder?

Es lo que decíamos antes. El dictamen no es claro. Una vez más, insistimos en que resulta inaudito que a un consorcio conformado por dos de las cinco empresas de dragado más importantes del mundo se les impute falta de capacidad técnica, y más aún, que no se expliquen con claridad los motivos de esa decisión en el dictamen. Trascendió que el motivo estaba vinculado con no haber demostrado 1.300.000 metros cúbicos para el caso de Servimagnus. Sin embargo, toda la opinión pública debe saber que dicha conclusión no fue invocada en el dictamen. Debe resaltarse que ninguna disposición del Pliego de Condiciones Particulares ni sus Circulares Aclaratorias exigían que cada una de las sociedades integrantes de un consorcio debía cubrir un mínimo de antecedentes técnicos en forma individual, sino que los antecedentes de los socios debían sumarse ponderando su porcentaje de participación en la unión de las empresas, es decir, en el oferente. Esto fue debidamente demostrado: la capacidad del consorcio en su conjunto, independientemente de la capacidad acreditada por Servimagnus, es más del doble de lo requerido por la AGP.

¿Por qué sostienen que la oferta de Jan De Nul es 40% más cara que sus números?

En primer lugar, porque conocemos el precio que cotizó Compañía Sudamericana de Dragados para la licitación: como dijimos, el mismo fue erróneamente incorporado en el Sobre N° 1, cuando estaba claro que toda mención a la Oferta Económica, debía hacerse sólo en el Sobre 2. Lamentablemente no podemos adelantar nuestro precio, dado que nosotros sí somos profundamente respetuosos del proceso. Pero tenemos un elemento de comparación, que es público. Este porcentaje se desprende de comparar la propuesta hecha por Dredging International y CCCC Shanghai Dredging a la AGP el 13 de agosto de 2021, en la que también se ofreció absorber al personal de la Hidrovía S.A., antes de convocarse la licitación, con los datos financieros que Compañía Sudamericana de Dragados incluyó en su presentación técnica para esta licitación, de manera improcedente. Aun cuando se trate de distintos contextos, la abismal diferencia de precios no puede ser ignorada. De hecho, es inexplicable que habiendo formulado el consorcio esa propuesta en agosto del año pasado, unos días después, el 9 de septiembre 2021, la AGP haya contratado en forma directa a Compañía Sudamericana de dragados S.A. a un precio considerablemente superior sin siquiera haberle pedido una cotización a nuestro consorcio. No es extraño pensar que dicha diferencia de precios pueda mantenerse, en un orden de magnitud, para la presente Licitación, porque las condiciones del trabajo son las mismas.

Según publicó La Nación, en la última renovación del contrato, el gobierno le pagó a Jan De Nul US$76 millones por un contrato de seis meses, mientras que el consorcio de chinos y belgas ofreció el mismo servicio de manera pública US$108 millones pero por un lapso de un año.

DG