La reforma que modifica indemnizaciones, aportes sindicales y reglas de negociación colectiva ya superó el Senado con 42 votos afirmativos y quedó en manos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirla en ley en las próximas semanas. El proyecto modifica más de 40 leyes y reconfigura aspectos centrales del régimen laboral.

Según el régimen aprobado, los empleadores que ingresen al esquema de formalización aportarán un 2% de contribuciones patronales y un 3% con destino a subsistemas de la Seguridad Social. Hasta hoy, esas contribuciones patronales a la Seguridad Social se liquidaron con alícuotas generales del 18% o del 20,40%, según el encuadre del empleador, de acuerdo con ARCA/AFIP.

Y en obras sociales, el proyecto mantuvo la contribución patronal del 6% prevista en la Ley 23.660, un punto que el dictamen original buscó reducir al 5%.

En paralelo, el Senado aprobó el capítulo de aportes compulsivos. El texto con media sanción estableció un tope del 2% de las remuneraciones para los aportes a favor de asociaciones de trabajadores, que hasta ahora variaron según cada convenio colectivo (por ejemplo, hubo acuerdos homologados con aportes solidarios del 1,5% o del 2,5%).

El proyecto también modificó alícuotas del Impuesto a las Ganancias, que pasaron del 30% al 27% y del 35% al 31,5%. Sin embargo, tras negociaciones con gobernadores, el oficialismo aseguró que no habrá recortes en Ganancias coparticipables, lo que preservó recursos provinciales . Sobre el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se resolvió postergar hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación de asignaciones específicas que nutren su presupuesto .

Desde el sindicalismo y sectores académicos cuestionaron el alcance de la reforma. En un hilo publicado el 9 de febrero, el centro de estudios Fundar —organización dedicada al análisis y diseño de políticas públicas— advirtió que la ley habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas, permite fraccionar vacaciones a criterio del empleador, debilita la negociación colectiva al trasladarla al ámbito de empresa y limita el derecho a huelga . También señaló que se creará un fondo para pagar indemnizaciones con recursos de la seguridad social .

El jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “una ley abiertamente inconstitucional, que va a traer alta litigiosidad” . En el recinto sostuvo que “no va a generar trabajo esto. Este modelo no funciona, no le echen la culpa a los trabajadores” y cuestionó el tratamiento legislativo y la conformación de comisiones .

El impacto sobre quienes trabajan aparece como el núcleo del debate. La reforma habilita mecanismos de blanqueo sin sanción, reduce el cálculo de indemnizaciones y promueve esquemas como el banco de horas que, según dirigentes sindicales, trasladan poder de decisión al empleador. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo que el banco de horas “lo decide el patrón, no el trabajador” y que el esquema “pone al trabajador en igualdad con el empleador, y eso es inconstitucional” .

La discusión se dio en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó el 27,9%, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales . En ese escenario, la Federación de Aceiteros advirtió que convocará a medidas de fuerza si la ley avanza .

Mientras se desarrollaba la sesión, en las inmediaciones del Congreso hubo represión y momentos de tensión con manifestantes. El Gobierno porteño informó que hubo alrededor de 40 demorados y una docena de detenidos, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria afirmó que fueron 60. También se registraron heridos.

¿Y cómo está la Cámara baja para la batalla final?

En la Cámara de Diputados el oficialismo intentará acelerar el tratamiento del proyecto, con la intención de sancionarlo antes del inicio del período ordinario. Según pudo saber trabajAR, La conducción libertaria ya organizó un cronograma acotado en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, lo que le permitiría llevar el dictamen al recinto en la última semana de febrero.

El Gobierno apuesta a consolidar una mayoría con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. El poroteo que circula en el oficialismo proyecta un número suficiente para alcanzar el quórum, aunque esa suma depende de acuerdos todavía abiertos con legisladores vinculados a gobernadores que plantearon reparos sobre el capítulo fiscal y sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Ese fondo —que se financiaría con una retención del 3% del salario— aparece como uno de los puntos sensibles en la negociación. Algunos diputados plantearon interrogantes sobre su administración y sobre el impacto que tendría en empresas que no realicen despidos, lo que podría introducir tensiones en el tramo final del trámite parlamentario.

La definición en Diputados no sólo será política. De su votación dependerá si el esquema de indemnizaciones, aportes y reglas de negociación colectiva aprobado en el Senado se mantiene sin cambios o si se incorporan modificaciones que obliguen a devolver el texto a la Cámara alta, con el consiguiente retraso en su sanción definitiva.

JJD

Armenia y Azerbaiyán se acusaron el miércoles de romper mutuamente el alto al fuego en la región del Nagorno Karabaj, cuyo control está en las manos de separatistas armenios bajo la autoproclamada República de Arzaj. El enclave en disputa, ubicado en la Cordillera del Cáucaso, está bajo la tutela de fuerzas de paz rusas. Ambas partes reportaron víctimas mortales por los enfrentamientos, en una nueva escalada de violencia desde la guerra de 2020.

“En las últimas 24 horas, se detectaron cuatro violaciones del alto el fuego por parte de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán (...) lo que provocó dos muertos y 14 heridos entre los miembros de las formaciones armadas de Nagorno Karabaj”, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. El comunicado difundido por la agencia Sputnik precisó que no se detectaron violaciones de las partes en la línea de contacto.

Estos incidentes ponen en riesgo las conversaciones de paz que desde hace meses mantienen Azerbaiyán y Armenia, dos exrepúblicas soviéticas rivales, con la mediación de la Unión Europea. 

Un largo conflicto postsoviético

En septiembre de 2020, estos países volvieron a enfrentarse en la región de población mayoritariamente armenia, foco de conflicto desde que esta decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Las hostilidades cesaron en noviembre del 2020, tras una declaración adoptada por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia. Más de 6.500 personas murieron en la contienda bélica, perdida por Armenia.

A partir del acuerdo entre las partes, Rusia emplazó en la zona un contingente de paz, mientras que las fuerzas armenias se retiraban de los distritos de Agdam, Kelbecer (Kalbajar) y Lachín, los cuales le fueron arrebatados a Azerbaiyán durante la guerra de 1992 a 1994. Sin embargo, en noviembre de 2021 las tensiones en la frontera se agudizaron de nuevo, con ambos lados denunciando ataques.

Negociaciones de paz truncas

En mayo pasado, los presidentes de ambos países acordaron comenzar los preparativos para unas negociaciones de paz, y en el mismo mes los vice primeros ministros se reunieron en una comisión para delimitar y determinar la seguridad de las fronteras. Pese a ese proceso de normalización de las relaciones bilaterales, continúan acusándose mutuamente de ataques en la frontera.

La Cancillería rusa llamó a la moderación: “estamos sumamente preocupados por la escalada de las tensiones (...) y hacemos un llamamiento a las partes para que den muestras de moderación y respeten el alto el fuego”. Moscú, que auspició y es garante del alto el fuego que puso fin a las mayores hostilidades en la región en décadas, aseguró que estaba en “estrecho contacto” con ambos países.

El acuerdo, una humillación para Armenia

El tratado fue visto como una vergüenza para Armenia, ya que varios partidos de la oposición piden desde entonces la dimisión del primer ministro, Nikol Pashinian, al que acusan de haber hecho demasiadas concesiones. Este jueves, el primer ministro pidió ayuda al personal de mantenimiento de la paz ruso, y dijo que la operación de mantenimiento de la paz debe “aclararse”, porque Azerbaiyán se niega a firmar “un documento sobre el mandato” de las fuerzas rusas desplegadas.

“En Nagorno Karabaj hay una línea de contacto en la que se despliegan efectivos de mantenimiento de la paz (rusos), y este territorio está bajo su responsabilidad. Esperamos que el contingente de mantenimiento de la paz impida cualquier intento de violarla”, subrayó en una reunión de Gobierno. También pidió a Azerbaiyán que reconozca “la existencia de Nagorno Karabaj”, respetar la línea de contacto y reconocer el “corredor de Lachin”, que une el enclave separatista con Armenia.

LC con información de agencia Télam

El barco 'Razoni' partió este lunes desde Odesa, un puerto a las orillas del mar Negro en el sur de Ucrania, cargado de 26 mil toneladas de cereales con destino al Líbano, donde llegará tras ser inspeccionado este martes en Estambul, Turquía. Esto es en cumplimiento del acuerdo internacional, firmado el mes pasado con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las autoridades turcas.

El gobierno ucraniano, presidido por Volodimir Zelenski, declaró que la reanudación de las exportaciones era “un alivio para el mundo” y un momento prometedor para la economía de su país, mientras que el vocero del Kremlin y de su par ruso, Vladimir Putin, la calificó de “muy positiva, una buena oportunidad para probar la eficacia” del acuerdo.

El 22 de julio, los representantes de ambos países firmaron tratados separados en Estambul, los cuales permitirían la partida de 22 millones de toneladas de granos y otros productos agrícolas, los cuales se encontraban bloqueados en los puertos ucranianos del mar Negro, debido a la invasión militar rusa iniciada el 24 de febrero pasado. Estas negociaciones también le permiten a Rusia exportar productos agrícolas y fertilizantes, más allá de las sanciones impuestas por Occidente debido al conflicto.

El acuerdo establece la salida de barcos desde Odesa, Chornomorsk y Pivdenny, a través de corredores seguros. Los cargamentos serán inspeccionados por un “centro de coordinación” compuesto por funcionarios rusos, ucranianos, turcos y de las Naciones Unidas en la ciudad de Estambul, ubicada en el pasaje desde el Mar Negro al Mediterráneo.

La ONU y Turquía pretenden que estos dos acuerdos ayuden a aliviar una creciente crisis alimentaria mundial, provocada por la salida de los mercados de dos de los mayores exportadores de trigo, cebada y girasol, así como una ola inflacionaria global resultante de un severo aumento del precio de los alimentos.

Oleksandr Kubrakov, el ministro de Infraestructura ucraniano quien firmó el acuerdo, tuiteó un video del 'Razoni' haciendo sonar su sirena al navegar mar adentro: “El primer barco con granos desde que comenzó la agresión rusa ha salido del puerto”. Agregó: “Gracias al apoyo de todos nuestros países asociados y a la ONU fuimos capaces de implementar de manera plena el Acuerdo firmado en Estambul. Es importante para nosotros ser uno de los garantes de la seguridad alimentaria mundial”.

Para el ministro, las exportaciones serán un bálsamo para la devastada economía de Ucrania. Otros 16 buques, todos bloqueados por la guerra, están amarrados en Odesa a la espera de su turno para partir.

Los cereales se dirigirán al puerto libanés de Trípoli, en la costa oriental del Mar Mediterráneo. Según el Banco Mundial, el país árabe del Líbano se encuentra inmerso en una de las peores crisis financieras del mundo. En 2020, el puerto de Beirut sufrió una explosión catastrófica que afectó también al resto de la ciudad capital y devastó varios silos de granos ubicados en la zona portuaria, parte de los cuales colapsaron ayer luego de incendios que persistieron por una semana.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, saludó “calurosamente” a través de su vocero la salida del barco desde Odesa. El líder de Naciones Unidas “espera que este sea el primero de muchos buques comerciales que se desplacen en conformidad con el acuerdo firmado, y que aporte la indispensable estabilidad y asistencia a la seguridad alimentaria mundial, especialmente en los contextos humanitarios más frágiles”.

La Presidencia ucraniana dijo hoy que al menos tres civiles perdieron la vida y otros 16 resultaron heridos en las últimas 24 horas de ataques rusos en la provincia oriental de Donetsk, donde se están llevando a cabo las hostilidades más intensas. Decretaron la evacuación obligatoria de la población de dicha provincia, y el gobernador Pavlo Kirilenko enfatizó la necesidad de evacuar a unos 52.000 niños que permanecen allí.

Las autoridades declararon que en Jarkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, dos personas resultaron heridas hoy por un bombardeo ruso, y en Mikolaiv, al sur del país, también denunciaron ataques rusos que desataron un incendio cerca de un establecimiento médico y destruyeron un cargamento de ayuda humanitaria.

LC con información de Agencia Télam

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió este jueves con autoridades de los diferentes bloques parlamentarios para definir el cronograma de trabajo que tendrá el tratamiento del memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ingresará al Parlamento en las próximas horas. El lunes comenzará la rueda de exposiciones durante tres días de funcionarios, empresarios, sindicatos y organizaciones sociales. Se busca que el dictamen llegue al recinto de la Cámara Baja el jueves 10 de marzo. Más tarde, el Gobierno difundió el texto completo que anuncia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Este es el comunicado oficial del Gobierno:

“El Gobierno Nacional enviará este jueves al Congreso de la Nación el acuerdo alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda récord de aproximadamente USD 45.000 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio. Se eleva de esta forma al Poder Legislativo un proyecto que incluye como anexos la totalidad de los documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico.

Luego de intensas negociaciones, el Gobierno nacional logró cerrar con el FMI un acuerdo que permitirá al país refinanciar los compromisos asumidos en el fallido programa Stand By de 2018 que presentaba vencimientos concentrados principalmente en los años 2022 y 2023.

El nuevo programa busca seguir generando condiciones de estabilidad necesarias para abordar los desafíos estructurales existentes y fortalecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo.

El acuerdo alcanzado se basa en lo que se conoce como Servicio Ampliado del FMI (Acuerdo de Facilidades Extendidas; EFF, por sus siglas en inglés) que incluye 10 revisiones que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio. El primer desembolso se realizará luego de la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. El resto de los desembolsos se hará luego de completarse cada revisión. El período de repago de cada desembolso es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034.

Durante los meses de negociaciones se ha logrado llegar a entendimientos con el staff del FMI acerca de la importancia de alcanzar un programa acorde a las necesidades y desafíos de la Argentina y que no implique una inhibición en la recuperación económica.

En este sentido, hay coincidencia en que la inflación es un fenómeno multicausal -siendo uno de los principales desafíos de la política macroeconómica- que debe ser abordado desde un enfoque integral. La condición necesaria para consolidar la desinflación es mantener un proceso de acumulación de reservas que le otorgará al Estado mayor autonomía en la ejecución de políticas públicas. El programa refuerza el compromiso de estabilidad cambiaria, descartando movimientos bruscos y estableciendo que la administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas. Al mismo tiempo, se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. También este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales.

Asimismo, se apunta a una reducción gradual del déficit fiscal, consistente con un crecimiento moderado del gasto en términos reales con el objetivo de apuntalar la recuperación económica en curso, al tiempo que se fortalecen el crédito y la moneda nacional. “Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024”, define uno de los Memorándum.

Este sendero hace posible un paquete equilibrado de medidas de gastos e ingresos para sostener una política expansiva que permita aumentar la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, promover la generación de empleo, seguir impulsando la actividad económica y fortalecer la asistencia social enfocados “en abordar la pobreza infantil y reorientando el apoyo para promover la inclusión en el mercado laboral, particularmente de las mujeres y las personas con menor calificación laboral”.

En relación a las jubilaciones, el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional, por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609. Dicha fórmula permite que las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios de la economía.

Atendiendo la gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía, el Gobierno está comprometido en procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios. En el marco de sus objetivos de estrategia energética, está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso. Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales.

Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (anteriormente denominado CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior. Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago.  

La segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles, conforme los parámetros que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de su competencia según el servicio público de que se trate: a) usuarios que dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago; b) usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del CVS del año anterior, c) para el resto de los usuarios el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior. Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c). Para el año 2022 se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario.

La propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), y para el resto se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.

Se desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a: (i) incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable; (ii) reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación, y la cobranza; (iii) mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; (iv) fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y (v) asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales y no residenciales reflejen mejor, y de manera más predecible, los costos mayoristas del gas y la electricidad.

También hay entendimiento en la importancia de impulsar políticas de crecimiento y resiliencia para abordar los cuellos de botella de largo plazo y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo.

Estas políticas tratarán de potenciar el crecimiento y la diversificación de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral que incluya perspectiva de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético; las políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el desarrollo más amplio de los mercados de capitales.

El proyecto ingresará al Congreso de la Nación en los términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública -impulsada por el Gobierno Nacional- que establece que, entre otras, que todo programa realizado con el FMI requerirá de una Ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente“.

Con información oficial.

IG

Las delegaciones rusa y ucraniana se han sentado este lunes a negociar en la región de Gomel, cerca del río Pripiat, en la frontera ucraniano-bielorrusa, en un intento de lograr un alto el fuego por parte de Rusia y que retire sus tropas del país tras cinco días de guerra. La primera ronda de la negociación se ha dado por concluida tras casi cinco horas de conversaciones en las que se han identificado “posibles posiciones comunes”.

Según informa la agencia rusa RIA Novosti, citando al asesor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak, ambas delegaciones regresarán a sus respectivos países para realizar nuevas consultas antes de participar en una segunda ronda de conversaciones.

“Las partes han esbozado unos temas prioritarios sobre los que se vislumbran ciertos avances”, asegura por otra parte un vídeo difundido en Telegram y recogido por la agencia EFE.

“Las delegaciones de Ucrania y Rusia celebraron la primera ronda de conversaciones, cuyo objetivo principal era discutir asuntos relacionados con un alto el fuego en el territorio de Ucrania y el cese de hostilidades”, afirma en el vídeo. Y añade: “para que estas decisiones tengan alguna oportunidad de implementación y una solución logística, las partes se retiran para consultas a sus respectivas capitales. Las partes discutieron la posibilidad de un segundo encuentro en los próximos días para dar un desarrollo concreto a los temas (abordados)”.

La agencia rusa RIA cita al asesor presidencial Vladimir Medinsky y asegura que “se han encontrado puntos por los cuales es posible predecir posiciones comunes”. Medinsky agregó que en los próximos días tendrá lugar una nueva reunión en la frontera entre Polonia y Bielorrusia.

Leonid Slutsky, jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma, ha declarado al canal de televisión ruso Rossiya 24 que “las partes se escucharon mutuamente” y las conversaciones han dado “resultados”, algo que se mostrará en los próximos días.

Podolyak, por su parte, habría declarado que ambas partes han identificado temas “prioritarios” sobre los que “se han esbozado soluciones específicas”, que se desarrollarán en una segunda ronda de conversaciones.

Las negociaciones de Gomel no han significado sin embargo el cese de los ataques, por el momento, y el ejército ruso continúa la ofensiva intentando hacerse con el control de varias ciudades, entre ellas la capital, Kiev. El Ejecutivo ucraniano ha dicho que este mañana han muerto decenas de personas y un centenar han resultado heridas en los ataques con misiles de las fuerzas rusas contra la ciudad de Járkov, la segunda más poblada del país.

La delegación ucraniana, por cuestiones logísticas y de seguridad, llegó poco antes de las 12.00 hora local (09.00 GMT) en un helicóptero polaco, según BELTA. Esta delegación incluye al ministro de Defensa, Oleksii Réznikov, al líder de la fracción del partido oficial “El Siervo del Pueblo”, David Arakhamia, el asesor presidencial Mykhailo Podoliak, al jefe adjunto de la delegación ucraniana en el Grupo de Contacto Trilateral para la paz en el Donbás, Andriy Kostin, el diputado Rustem Umerov y el viceministro de Exteriores, Mykola Tochytsky.

Del lado ruso han acudido al encuentro Vladímir Medinski, asistente del presidente de Rusia, el viceministro de Exteriores Andréi Rudenko, un viceministro de Defensa y el presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma (Cámara Baja) Leonid Slutski.

Conversación Macron-Putin

En paralelo a estas conversaciones, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha hablado con Putin, y ha asegurado que este se ha mostrado dispuesto a poner fin a los ataques a la población civil, preservar las infraestructuras civiles y mantener los accesos por carretera.

Putin por su parte, habría insistido en poner como condición para frenar los ataques la desmilitarización de Ucrania y el reconocimiento occidental a la soberanía rusa sobre Crimea, según fuentes del Kremlin citadas por AFP.

Ucrania aceptó empezar negociaciones sin expectativas aunque, según dijo el Gobierno, logró que estas se celebren “sin condiciones”, después de que el Kremlin le exigiera deponer antes las armas, según la versión de Kiev.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peksov, afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria que no quiere comentar las perspectivas de un acuerdo en la cita, y urgió a todos a dejar que los negociadores trabajen sin ruido desde el exterior. “En realidad, sugiero que esperemos a las conversaciones. Prefiero no anunciar ninguna exigencia (nuestra). Las negociaciones deben llevarse a cabo en silencio”, dijo. Según informa la agencia Reuters citando al negociador ruso Vladimir Medinsky, Rusia está dispuesta a llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Ucrania considera cómplice de la invasión a Bielorrusia

Los responsables ucranianos accedieron finalmente a viajar a Bielorrusia, aunque no a Minsk como había propuesto inicialmente Rusia, dado que considera que Lukashenko no es neutral al haber acogido a más de 30.000 soldados rusos y equipamiento militar para unos ejercicios conjuntos que han servido a Moscú para cruzar la frontera sur de ese país para atacar a Ucrania.

Fue en Minsk donde se firmaron los Acuerdos de Paz para el Donbás en 2015, pactos que por la guerra se han quedado en papel mojado y que, en opinión de Moscú, en ocho años no se han implementado por parte de Kiev.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski​, explicó que aceptaba este encuentro “para que más tarde ni un solo ciudadano de Ucrania tenga la menor duda de que yo, como presidente, no traté de detener la guerra, cuando había una pequeña, pero aún así una oportunidad”.

El ministro de Exteriores bielorruso, Vladimir Makei, envió un mensaje a ambas delegaciones asegurando que podían sentirse “completamente seguros” durante el encuentro.

Con información de agencias y elDiario.es

PP