La licencia por paternidad en Brasil comenzará a ampliarse de forma progresiva tras la promulgación de una nueva ley impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La norma llevará el descanso para los padres desde los actuales cinco días hasta un máximo de veinte en 2029, con el objetivo explícito de promover la corresponsabilidad en las tareas de cuidado desde el nacimiento o adopción de un hijo.

La decisión vuelve a poner en evidencia el contraste con la Argentina, donde el régimen de licencias familiares prácticamente no cambió en décadas. La Ley de Contrato de Trabajo mantiene una licencia por paternidad de apenas dos días, mientras que la licencia por maternidad es de 90 días. El esquema se sostuvo incluso después del debate legislativo que acompañó la reciente reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La ampliación aprobada en Brasil reglamenta finalmente un derecho que ya estaba reconocido en la Constitución de 1988, pero que nunca había contado con una legislación específica que estableciera su duración.

Con la nueva norma, el Estado brasileño buscó consolidar un modelo de cuidado compartido desde el inicio de la vida familiar, una política que en la región viene ganando peso en los debates sobre igualdad de género y condiciones de trabajo.

Un esquema progresivo hasta 2029

El nuevo régimen brasileño establece un calendario gradual de ampliación de la licencia. Según la ley promulgada por Lula, el beneficio se extenderá de forma escalonada en los próximos años.

El cronograma previsto es el siguiente:

La ampliación alcanzará a los trabajadores en casos de nacimiento, adopción o guarda judicial, lo que incorpora también situaciones familiares diversas dentro del régimen de licencias.

Además, la norma introduce un mecanismo de financiamiento que busca evitar resistencias empresariales. El sistema crea el denominado “salario-paternidad”, mediante el cual los empleadores pagan inicialmente el salario durante el período de licencia y luego recuperan ese monto a través de compensaciones en sus aportes a la seguridad social.

De ese modo, el costo del tiempo de cuidado se traslada al sistema de seguridad social y no queda exclusivamente a cargo de las empresas, una decisión que busca garantizar la aplicación efectiva del derecho sin generar presiones económicas sobre la contratación laboral.

La ley también contempla situaciones excepcionales. Si la madre fallece, el padre accede a una licencia equivalente a la de maternidad. Además, el inicio del descanso puede postergarse cuando el recién nacido o la madre permanecen internados, y se prevén extensiones específicas en casos de discapacidad, prematuridad o complicaciones médicas.

El objetivo: repartir el cuidado desde el nacimiento

El fundamento político de la reforma se apoya en una discusión que se consolidó en los últimos años en el mercado laboral: la distribución desigual de las tareas de cuidado entre varones y mujeres.

Según explicó el propio Lula al presentar la ley, el objetivo central es evitar que la maternidad se transforme en un factor de discriminación en la contratación laboral. Cuando el cuidado recae exclusivamente sobre la madre, la inserción laboral femenina suele verse afectada por ausencias prolongadas o responsabilidades domésticas que el sistema productivo no reconoce.

En ese sentido, la ampliación de la licencia para los padres busca equilibrar la carga del cuidado desde el primer momento de la vida familiar, algo que distintos organismos internacionales y especialistas en políticas laborales vienen señalando como un paso clave para reducir brechas de género.

La reforma brasileña se inscribe así en una tendencia regional que comenzó a incorporar licencias parentales más amplias y flexibles, entendidas no sólo como un derecho familiar sino también como una política laboral.

El contraste con la Argentina

En la Argentina, el régimen de licencias familiares permanece prácticamente congelado desde hace décadas. El trabajador tiene derecho a dos días corridos de licencia por nacimiento de hijo, según establece la Ley de Contrato de Trabajo.

El plazo, además, no contempla mecanismos de extensión automática cuando el nacimiento ocurre en días no laborales. En la práctica, si el parto sucede durante un fin de semana, la licencia puede reducirse aún más.

Para las madres, en cambio, la ley fija una licencia de 90 días, dividida entre un período previo y posterior al parto. Ese esquema tampoco sufrió modificaciones durante el debate de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

La legislación aprobada mantuvo intacto el régimen histórico de licencias familiares, pese a que diversos especialistas y organizaciones laborales señalaron que el debate parlamentario era una oportunidad para actualizar el sistema.

El único capítulo del proyecto original que generó una discusión relevante sobre licencias fue el vinculado a las enfermedades o accidentes no laborales. En su versión inicial, la iniciativa proponía modificar el régimen salarial durante ese período y reducir la duración máxima de las licencias médicas.

Sin embargo, ese punto —conocido como artículo 44— generó una fuerte resistencia sindical y política durante el tratamiento parlamentario. Finalmente fue eliminado o modificado durante la negociación legislativa, lo que dejó sin cambios el esquema vigente de licencias médicas.

Un debate pendiente

Mientras Brasil avanza en la ampliación de derechos vinculados al cuidado, el régimen argentino continúa apoyado en un modelo laboral diseñado en un contexto social muy distinto.

Las transformaciones en la estructura familiar, la creciente participación de las mujeres en el mercado de trabajo y el reconocimiento de las tareas de cuidado como parte de la organización económica reabrieron en los últimos años la discusión sobre el sistema de licencias. Pero la Argentina de hoy parece no hacerse eco de las últimas tendencias, al menos en lo que respecta a los derechos de los trabajadores.

JJD

Siemens Healthineers, compañía especializada en tecnología médica, ha anunciado la implementación de una nueva política de licencias de maternidad, paternidad y parental en toda Latinoamérica. La medida, que entró en vigor en julio de este año, busca no solo ofrecer a los empleados más tiempo para compartir con sus hijos en momentos cruciales de sus vidas, sino también garantizar un entorno laboral que priorice el bienestar integral de sus empleados y sus familias.

La nueva política establece que las licencias de maternidad serán de 180 días corridos, las de paternidad de 30 días corridos y las licencias parentales ofrecerán 180 días para el primer cuidador/cuidadora y 30 días para el segundo. Estos permisos se otorgarán conforme a la normativa vigente.

Para los empleados en Argentina, la implementación de esta política implica cambios importantes. Si la licencia de maternidad o paternidad finalizó a partir del 15 de junio de 2024, se podrá ampliar el permiso según las nuevas normas hasta completar el número total de días establecidos. Adicionalmente, la práctica de “Retornos escalonados”, utilizada previamente para la lactancia, dejará de estar vigente, aunque la empresa mantendrá la flexibilidad de “Healthineers Way of Working”. Esta flexibilidad permitirá a los empleados alinear sus tiempos y formas de trabajo con sus líderes y equipos para cuidar del nuevo integrante de la familia sin comprometer sus responsabilidades laborales.

Representantes gremiales y especialistas expusieron sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se crea el Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA) que propone la modificación de los regímenes de licencias maternales, paternales y parentales.

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (Frente de Todos), reconoció que se trata de “un debate que venimos planteando como histórico, un derecho todavía no consagrado en términos masivos y una demanda del movimiento de trabajadores y trabajadoras y feminista”.

“Esta es la última reunión informativa y la idea es poder avanzar con las reuniones de diputados y diputadas para poder dictaminar”, adelantó Macha.

La titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos), dijo que “hay un interés muy grande de esta Cámara de Diputados para que este tema sea tratado, hay un impulso desde la Comisión y hay un interés social para que las licencias sean un poco más igualitarias”.

Recordó además que existen 54 proyectos de ley que fueron presentados por todos los bloques parlamentarios y que persiguen el objetivo de “convertir al mundo laboral no solamente en un mundo más digno, sino también en un mundo más igualitario”.

A la hora de las exposiciones, María Orsenigo, Coordinadora de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación Alem, explicó que “el sistema de cuidados está relacionado con metas y desarrollos de la búsqueda de empleo genuino y el crecimiento y la inclusión de todas las trabajadoras dentro del sistema formal”.

“Llevamos mucho tiempo esperando que podamos incorporar monotributistas a esta discusión y felicito la búsqueda porque es muy importante saber con qué lo vamos a sostener”, añadió.

“Estamos en un país que no está generando empleo genuino y formal. Hay que tener mucho cuidado en cómo se trabaja las incorporaciones de días de licencia, sin estudiar esta transferencia de recursos directamente a los empleadores”, advirtió Orsenigo.

Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, también celebró la discusión del proyecto. “Hoy nos rige una ley que contemplaba la función social de la mujer como, básicamente, reproductora de la fuerza de trabajo. No podemos tolerar seguir manteniendo el régimen de licencias de la ley de Contrato de Trabajo”, dijo.

“No basta con un proyecto recortado: el punto de llegada debe ser necesariamente la corresponsabilidad”, reclamó. Benzion, asimismo, dijo que “las mujeres siempre, tanto en época de crecimiento económico como en las peores crisis, somos las que cargamos con el mayor peso de la tarea productiva y reproductiva”.

Yamile Socolovsky, Secretaria de Género de la CTA, manifestó que “la organización patriarcal de nuestra sociedad es determinante de un modo de inscripción de mujeres y diversidades en el mundo del trabajo que siempre nos coloca en los lugares de mayor desprotección y vulnerabilidad”.

En ese sentido, celebró que se está incluyendo “una noción basada en el reconocimiento de que recibir cuidados es un derecho, que cuidar es un trabajo y de que las licencias tienen que abordar una cantidad de situaciones donde las trabajadoras ´estamos cuidando´ y tenemos que disponer de tiempo y recursos para cuidar”.

“Este proyecto es un paso fundamental y no dudamos que tiene que inscribirse en una perspectiva política que profundice los debates y la toma de decisiones colectivas”, dijo Socolovsky.

Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), consideró a la iniciativa como “verdaderamente transformadora”.

“Inicia un recorrido para incorporar una dimensión de derecho al cuidado que promueve la igualdad entre personas trabajadoras más allá de las condiciones de empleo. Es un avance a la universalidad de cobertura que es indispensable en la consideración del cuidado desde un enfoque de DD.HH.”, sostuvo.

En tanto, Dina Sánchez, Secretaria General Adjunta de la UTEP, advirtió que “para que podamos discutir una Argentina con justicia social e igualdad, tenemos que empezar a discutir las realidades que se viven”. “Nosotras, en la economía popular, existimos y sostenemos silenciosamente el entramado social”, expresó.

Juan Camisassa, Coordinador del Programa de Protección Social de CIPECC, brindó un informe comparando la situación en la región y explicó que, en Argentina, “las licencias por paternidad y maternidad son las más cortas de Sudamérica”.

“Proponemos de máxima un sistema de licencias que sea universal, que incorpore a personas que no están registradas, inactivas, desocupadas y de la economía popular. Y, al mismo tiempo, que se puedan equiparar las licencias entre personas gestantes y las no gestantes”, planteó en nombre del CIPECC.

Noelia Ruiz, Secretaria de Género de la CGT, aseguró que “la Confederación General del Trabajo apoya este proyecto porque realmente simboliza que estamos caminando a un mundo distinto y que estamos dándonos cuenta de cuántas desigualdades tenemos que quitar”.

La Secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Curtidores, Claudia Lazzaro, también manifestó que “cuando hablamos de cuidados, hablamos de que primero se reconozca como un trabajo”. “Los cuidados son el nudo crítico que tenemos en el desarrollo de nuestros trayectos laborales”, alegó.

Por último, Alejandra Angriman, presidenta del Comité de Trabajadoras de las Américas y Secretaria Gremial de la CTA Autónoma, denunció que “no hay voluntad del sector patronal de ponerse a discutir las condiciones de trabajo, porque lo único que quieren discutir son salarios y flexibilización laboral”.

“Lo que estamos discutiendo es el conflicto entre el capital y la vida. Esta Cámara tiene una responsabilidad central en avanzar en derechos para los trabajadores y trabajadoras, porque las desigualdades son enormes en Argentina”, dijo.

Fue una promesa del presidente Alberto Fernández formalizada el 2 de mayo de 2021, hace dos años, en un acto público y televisado, con la Casa Rosada detrás y con funcionarios públicos a su izquierda y derecha. “Proyecto de ley Cuidar en igualdad” decían las pantallas gigantes. Cuidar en igualdad propone un sistema integral de cuidados que alcance a todas las edades y no sólo al recién nacido. Invita, además, a repartir la responsabilidad de las tareas, que recaen, sobre todo, en las mujeres y feminidades. El Estado pretendía tomar un rol activo en la redistribución de los roles y, por ende, de la economía. Pero en la comisión de Trabajo decidieron ir por la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo cuyo alcance se limita a la extensión de las licencias y deja afuera a los trabajadores informales y a los monotributistas.

Hace quince días los diputados que integran la comisión de Trabajo se reunieron para poner en común los 47 proyectos que versan sobre tareas de cuidado, es decir, todo ese tiempo dedicado -sin reconocimiento económico alguno- a la atención de menores de edad, convivientes o familiares y adultos mayores. Más simple: llevar y traer a la escuela o al médico, limpiar, cocinar, cuidar en caso de enfermedad. Todas estas tareas recaen en las mujeres, que dedican el doble de tiempo que los varones en esas ocupaciones. El colectivo LGBTI+ también está afectado por el mismo problema.

Los diputados decidieron empezar a debatir las licencias que atañen a los empleados en blanco. Eso, además de hacer girar un borrador para que los asesores lo analicen y llegar a un proyecto unificado. Del borrador aún no hay noticias. En general, los proyectos buscar ampliar licencias laborales, modificar las especiales y crear otras, como las licencias en casos de violencia de género. Piden, por ejemplo, que la licencia para padres y personas no gestantes pase de 2 a 90 días.

En cuanto a las infancias, otros proyectos proponen más días por nacimiento de hijos con riesgo de vida o con discapacidad, o por adopción. Hay proyectos que modifican licencias por fallecimiento de familiares directos o las contemplan para cuidar a hijos, convivientes o adultos mayores a cargo que, por enfermedad o por haber sufrido un accidente, requieren atención. También crean licencias en casos de violencia de género y para personas en tratamiento de fertilidad.

El proyecto del Ejecutivo, en el que participó UNICEF y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, prevé que la licencia por gestación, parto y post parto pase de 90 a 126 días. También incluye a las personas no gestantes con licencias de 2 a 90 días. Y contempla la creación de licencias que hoy no existen, como el caso de adoptantes, y para personas gestantes y no gestantes que sean monotributistas o autónomos. Los empleadores no deberán cubrir las licencias, sino el Estado. Unas 8 millones de personas serían beneficiadas si el proyecto se convierte en ley. Pero, por lo pronto, no entró en el debate.

Tiempo, infraestructura y dinero

En la actualidad, no todas las personas tienen el mismo derecho a gozar de tiempo para cuidar: actualmente solo 1 de cada 2 personas que trabajan tienen acceso a licencias para el cuidado de personas de sus familias como consecuencia de los altos niveles de informalidad laboral y del empleo independiente (bajo la forma de monotributo o trabajadores autónomos). Hay aproximadamente 3,5 millones de personas trabajadoras independientes y 3,5 millones de personas que trabajan como asalariados no registrados, según la Encuesta Permanente de Hogares sobre datos recabados entre julio y septiembre del años pasado. Esas personas no tienen derechos vinculado con los tiempos para el cuidado de integrantes de sus familias ni para el autocuidado. Por otro lado, la Ley de Contrato de Trabajo quedó desactualizada. Esta a punto de cumplir medio siglo, tiempo en el que el mercado laboral y las formas de empleo se han transformado.

“Reformar el sistema de licencias es dar un primer paso importante en un horizonte que debe avanzar hacia un sistema integral de cuidados que contemple el conjunto de políticas públicas necesarias”, dice la carta enviada el 23 de mayo por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, cuyas integrantes participaron de la elaboración del proyecto del Ejecutivo. Fue un mensaje de preocupación a los diputados. Natalia Gherardi, directora de la organización, dijo a elDiarioAR que “si van a discutir las licencias, deberían incluir a los trabajadores informales y cuentapropistas” porque “si solo cubren empleados en relación de dependencia, significaría mantener la exclusión de gran parte de la población trabajadora mostrando un avance relevante pero también insuficiente e injusto”.

Gherardi habla de tres pilares que hacen a un sistema integral de cuidados. “El tiempo, cristalizado en la forma de licencia a atañe a un momento de la vida, por ejemplo el otorgado por nacimiento, pero ”las necesidades de cuidados se extienden a otros momentos de la vida“. El fortalecimiento de la infraestructura y los servicios, esto jardines maternales, escuela de jornada extendida, lugares de contención y recreación para adultos mayores, sistemas de apoyo que incluyan a personas con discapacidad. Y recursos: dinero a través de subsidios. ”Hay que colocar la conversación en términos más amplios“, sugiere Gherardi.

VDM/MG

Argentina necesita una política de desarrollo que permita superar la profunda crisis económica y social que ha sumido al 40% de la población en la pobreza, incluyendo más del 65% de los niños y niñas del país. Al mismo tiempo, es imprescindible acortar las brechas de género que impactan en el nivel y la calidad de la ocupación de las mujeres reflejadas también en la diferencia de ingresos. Entre las personas más pobres del país, las mujeres representan el 64% con una inserción laboral que se concentra en los empleos informales, peor remunerados y de tiempo parcial.

El país necesita una política de desarrollo y las mujeres necesitan alcanzar la autonomía económica porque de esto depende no solo la posibilidad de vivir libres de violencia sino también su bienestar presente y futuro. Hay un hilo conductor entre un objetivo y el otro: avanzar en una política de desarrollo económico que permita potenciar el empleo, generar riqueza y mover la economía requiere contar con políticas de cuidados que permitan a las mujeres ser protagonistas de esa fuerza de trabajo integrada a un modelo de desarrollo para el país.

A veces es difícil transmitir la importancia de implementar políticas que contribuyan a una mejor organización social del cuidado, a redistribuir entre las personas y las instituciones de la comunidad esa infinidad de pequeñas (y complejas) acciones que suceden cotidianamente, de manera rutinaria, para que la vida funcione. Procurar la alimentación, el descanso, la higiene, la educación, la atención de la salud, la contención emocional, los traslados y movimientos de las familias no es algo que suceda solo. No está dado. Requiere mucho más que dinero: requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. Pero es difícil transmitir la urgencia de generar políticas de redistribución del tiempo, de los recursos, de accesibilidad de los servicios y la infraestructura vinculados con estas actividades cuando lo cierto es que “de algún modo”, esto ya está pasando, ya está resuelto.

Lo que parece difícil de transmitir es que el modo en que se resuelven esas actividades cotidianas impacta distinto en mujeres y varones, y que las consecuencias de la sobrecarga por asumir ese trabajo se ven más en las vidas de unas que en las de otros. El costo se paga en esa inserción laboral desigual, en las mayores dificultades para acceder y sostener empleos de calidad, en menos oportunidades educativas, en menores ingresos, mayor vulnerabilidad a situaciones de violencias además de la sobrecarga emocional agravada por las condiciones de pobreza que tiene a los hogares de jefatura femenina. 

Hay un entramado complejo de regulaciones, de recursos y de políticas que componen eso que llamamos “sistema integral de cuidados” que debería ofrecer alternativas para las personas en sus distintas circunstancias y de acuerdo con las preferencias que correspondan a su sistema de valores. Construir de ese entramado un engranaje que involucre los tiempos para el cuidado (las licencias), el dinero (transferencias de ingresos) y los servicios (tales como espacios de cuidado infantil, escolaridad de jornada extendida, apoyos para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus vidas de manera independiente) y hacerlo de manera equitativa para todo el territorio, no es tarea sencilla.

El Congreso Nacional tiene finalmente la oportunidad de avanzar en alguna parte de este entramado: después de años de presentación de más de medio centenar de proyectos que sucesivamente iban perdiendo estado parlamentario, hace pocos días se comenzó en las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados el tratamiento de un conjunto de proyectos de ley que se enfocan en los tiempos para el cuidado: propuestas para mejorar algunas licencias que existen y reconocer otras que muestran desigualdades inaceptables como por ejemplo, que no haya días de licencia por adopción o que no se haya actualizado la legislación para reconocer ese derecho a las parejas del mismo sexo.

Entre los proyectos bajo análisis hay uno presentado por el Poder Ejecutivo que incorpora una propuesta integral de reforma de licencias en el marco de una iniciativa más amplia, que propone delinear las bases para un sistema integral de cuidados. Sin embargo, como explicó la Presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo se decidió comenzar por el tratamiento de las licencias para el cuidado reformando un régimen que involucra al sector privado formal en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que tiene más de 40 años. 

Aún si se mantiene esta decisión de comenzar por el régimen de licencias, una propuesta más cercana a la estructura actual del mercado de trabajo debería procurar incluir a los 3.5 millones de personas que trabajan de manera autónoma, bajo el régimen de monotributo, monotributo social y autónomos que hoy no tienen ningún derecho vinculado con los tiempos para el cuidado. Por el momento, la propuesta del proyecto de Dictamen se concentra en otorgar más derechos a quienes ya tienen algunos, ignorando a quienes no tienen nada. Por supuesto, de todos modos sería un avance muy significativo reformar la LCT para dejar de discriminar a las familias por adopción y aumentar la licencia de paternidad (que hoy es de solo 2 días, mientras que se reconocen 10 días de ausencias justificadas para rendir exámenes universitarios) pero la decisión de avanzar no debiera ser a expensas de los sectores con menos derechos.

El mensaje que hoy da la legislación a través de la regulación del empleo es que el acceso al cuidado es arbitrario, desigual, que depende del tipo de familia, del lugar y modalidad de empleo de las personas. Esto es lo contrario a pensar el cuidado desde un enfoque de derechos, que es el compromiso que ha firmado nuestro país hace apenas unos meses.

Crear un sistema integral de cuidados requiere disponerse a revisar y articular un entramado de regulaciones, de políticas y servicios, en distintos niveles sectoriales y jurisdiccionales. Es una propuesta imprescindible pero compleja. Es admisible empezar por tramos y proponerse objetivos intermedios. La reforma de la legislación sobre las licencias para el empleo bien puede ser una de esas etapas intermedias. Ahora, para hacerlo de un modo que permita honrar un compromiso con la igualdad y el desarrollo, es preciso hacerlo mirando el horizonte más amplio para alcanzar al mayor universo de personas posibles, con criterios razonables.

En un contexto de restricción fiscal evaluar los costos para el Estado es relevante: por eso acercamos a las Comisiones de la Cámara de Diputados el ejercicio de costeo que llevamos adelante junto a UNICEF que muestra que el costo fiscal de incorporar a quienes hoy no tienen acceso a ningún derecho es marginal. Financiar una asignación especial para monotributistas, autónomos y trabajadoras de casas particulares de acuerdo con la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo (que propone una implementación gradual e incremental) sería tan solo del 0.01% del PIB por cada año de ampliación. Si hay acuerdo en avanzar con la ampliación del régimen de licencias para quienes hoy ya tienen la protección de la LCT, reconocer estos derechos al grupo de trabajadoras y trabajadores independientes que actualmente no cuentan con ningún derecho representa menos del 10% del gasto total que se tendría que utilizar para cubrir todas las extensiones planteadas.

¿Por qué los cuidados deberían ser una prioridad en la agenda pública? Porque sin resolver el tema de los cuidados no podemos acompañar el desarrollo que Argentina necesita. La garantía de derechos requiere del compromiso político y económico del Estado. En un contexto de crisis económica y restricción fiscal estas decisiones implican la necesidad de priorizar, revisando la distribución de recursos del Estado a través de las exenciones y privilegios hoy contemplados en el presupuesto nacional.

La pregunta que debemos plantearnos es por qué resultaría aceptable elegir beneficiar sólo a una porción de la población cuando el costo adicional de ampliar ese derecho a los millones de personas que hoy no tienen reconocimiento de ningún derecho, es marginal. Toda decisión de política pública requiere un esfuerzo fiscal de un modo más o menos visible. El parámetro para decidir acerca de la priorización de los recursos públicos debería ser un criterio de justicia social para que las decisiones del Estado contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad, no a ampliarlas.

En una reunión conjunta, las comisiones de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad, trabajarán en el Proyecto de Ley de fecha 3 de mayo de 2022, por el cual se crea el Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina –SINCA–. Modificación de los regímenes de licencias maternales, paternales y parentales. Contrato de Trabajo - Ley N° 20.744-. Modificación de la denominación del Capítulo II del título V por la de Conciliación del Trabajo con la Vida Privada y Familiar.

La actividad se podrá seguir en los siguientes links:

Este martes se discutirán en la Comisión de Trabajo varios proyectos que buscan ampliar licencias laborales, modificar las especiales y crear otras, como las licencias en casos de violencia de género. Es un tema demorado, que atañe a la vida cotidiana de los y las ciudadanas. Son 47 los proyectos con estado parlamentario. La idea de la reunión es poner en común las propuestas y lograr un dictamen unificado. 

En cuanto a las infancias, algunos proponen ampliar las licencias por paternidad, que por lo pronto son de dos días; otros piden más días por nacimiento de hijos con riesgo de vida o con discapacidad, o por adopción. Hay proyectos que modifican licencias por fallecimiento de familiares directos o las contemplan para cuidar a hijos, convivientes o adultos mayores a cargo que, por enfermedad o por haber sufrido un accidente, requieren atención. También crean licencias en casos de violencia de género y para personas en tratamiento de fertilidad.

La pobreza tiene cara de mujer

Todo tiene que ver con el tiempo, el tiempo que le dedicamos a cuidar, entendiendo por “cuidados” todo ese conjunto de acciones que tienen que ver con llevar y traer, cocinar, limpiar, administrar el hogar... Y que recae en las mujeres. En la Argentina, el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es muy desigual. Las mujeres dedican casi seis horas por día al trabajo de cuidado no remunerado mientras que los varones dedican en promedio sólo 2 horas diarias, según un relevamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicado en 2014. Esa feminización del trabajo gratuito de cuidado impacta en la vida económica de las mujeres al punto de explicar el desempleo y la informalidad en el mercado de trabajo, además de producir pobreza y desigualdad en las familias. 

Ese es parte del enfoque de uno de los proyectos que será debatido. Fue enviado por el Poder Ejecutivo. Se trata de Cuidar en Igualdad y lo redactó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. El proyecto prevé que la licencia por gestación, parto y post parto pase de 90 a 126 días. Para personas no gestantes, de 2 a 90 días. El proyecto pide crear licencias que hoy no existen, como el caso de adoptantes, y para personas gestantes y no gestantes que sean monotributistas o autónomos. Los empleadores no deberán cubrir las licencias, sino el Estado. Unas 8 millones de personas serían beneficiadas si el proyecto se convierte en ley.

Quieren extender la licencia por paternidad

Otro de los proyectos lleva la firma de varios diputados del Frente de Todos, fue impulsado por Itai Hagman y habla de “corresponsabilidad parental”. El mandato de Hagman coincidió con su paternidad. “Mi primer hijo nació en julio de 2020 y probablemente el contacto con la experiencia de ver lo que implican los cuidados, sobre todo en los primeros meses, me hizo tomar conciencia de lo irrisorio que implica tener un régimen de licencias de dos días para las personas no gestantes”, dice a elDiarioAR. En la Argentina, la licencia por paternidad es de dos días. 

Sigue Hagman: “En la práctica eso implica o que muchísimas mujeres tengan que arreglárselas solas en un momento muy complejo o recurrir a otras personas si tienen la posibilidad y un entorno familiar que lo permita. Es injusto e inhumano que no exista licencia por paternidad”. En su proyecto, como en el de la mayoría, no están incluidos los trabajadores informales. El diputado cree que el debate en comisión es la oportunidad de plantearlo.

Un cambio social que se pone en evidencia

La ley de Contrato de Trabajo es de 1974, pero desde mucho antes, la cultura determinó que el cuidado es predominantemente femenino. “Ya sea en el hogar con las madres, como también en el mundo laboral: las docentes, las enfermeras, las niñeras, empleadas domésticas. Estas características marcan las licencias laborales. Las mujeres tienen que dedicarse al cuidado, están destinadas desde el mundo laboral para eso, entonces tienen 90 días de licencia. Mientras los varones, asociados a lo productivo, a lo laboral, a lo específicamente económico, tenemos dos días. Porque con dos días solamente alcanzaba para ir a registrar a tu hijo o a tu hija y ya volvías a tu trabajo normalmente”, explica Matías Criado, psicoanalista y fundador, junto a Diego Pins, de la ONG Paternando.

En casi medio siglo pasaron muchas cosas. Hubo un gran avance en términos de derechos -aborto, matrimonio igualitario, identidad de género- pero el mercado laboral todavía no es equitativo para las mujeres y diversidades. De acuerdo al grupo de estudio Ecofeminita, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 24%, y al ritmo actual, serán necesarios 170 años para cerrarla. El 19,9% de las mujeres no se desempeñan en el mercado laboral ni estudian debido a que se dedican al trabajo del cuidado, mientras que para los hombres ese porcentaje es del 1,2%. 

El 19,9% de las mujeres no se desempeñan en el mercado laboral ni estudian debido a que se dedican al trabajo del cuidado, mientras que para los hombres ese porcentaje es del 1,2%.

“La legislación actual no contempla los casos de inseminación, adopción, nacimientos múltiples, pretérmino o de hijos, hijas e hijes con discapacidad; sostiene preceptos que no tienen en cuenta siquiera las leyes de Matrimonio Igualitario o de Identidad de Género, la existencia de hogares monoparentales, las necesidades especiales de cuidado ante familiares con discapacidad y/o adultos/as mayores. Tampoco contempla la situación de quienes son víctimas de la violencia de género, ya sea dentro como fuera del ámbito laboral”, advierte el proyecto presentado por el Frente de Izquierda, que intenta otorgar licencias ahí donde no hay porque la ley quedó vieja. Hasta ahora, las licencias por agresiones de género sólo son contempladas en algunos ámbitos, como por ejemplo la administración pública.

Las violencias hacia las mujeres fueron especialmente tenidas en cuenta en la elaboración de proyectos. Algunos prevén una licencia de tres a diez días, sin afectación de la remuneración ni de otros beneficios que corresponden a la empleada. Esta licencia puede ser extendida en el caso de que un especialista lo indique. 

La Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Producción y Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres señaló, en 2018, que el 65% de los casos son mujeres las que denuncian situaciones de violencia o acoso en el lugar de trabajo. De acuerdo con este informe, el tipo de violencia que padecen es de tipo psicológica (87%), seguidos por la sexual (10%) y la física (3%) y por lo general los casos son producidos por un acosador varón. El año pasado se produjeron cuatro femicidios por semana. Según el informe del Observatorio de la Defensoría del Pueblo se registró un total de 242 femicidios, que además reveló que 200 hijos e hijas se quedaron sin su madre como consecuencia de los crímenes.

VDM/MG

El 1 de mayo del año pasado, el presidente Alberto Fernández presentó en el Día del Trabajador el proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, una iniciativa que apuntaba a ampliar las licencias por maternidad, paternidad y adopción y al mismo tiempo establecer un sistema integral de cuidados evitar que estas tareas recayeran siempre sobre las mujeres. El proyecto nunca fue tratado. Por eso, desde UNICEF junto con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), lanzaron una campaña para pedir su tratamiento en el Congreso.

“Existe una deuda, necesitamos que se resuelva”, reclamaron desde ELA y UNICEF. En noviembre del año pasado se realizó el primer foro entre el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y las comisiones de la Cámara de Diputados que lo tratarán, pero aún no hay confirmación sobre su debate en el recinto.

Además de la creación del Sistema Integral de Cuidados de Argentina con perspectiva de género (SINCA), el proyecto elaborado en conjunto entre los ministerios de Género y Trabajo, modifica el régimen de licencias. Amplía la cobertura para personas gestantes y no gestantes y para eso extiende la licencia por maternidad de 90 a 126 días y por paternidad de 2 a 90. Además, crea una licencia por adopción y una asignación por maternidad a monotributistas. Para el caso de los padres, propone aumentar de manera progresiva: de los dos días corridos a partir del nacimiento que rigen actualmente a 15 días, en el primer año de vigencia de la ley. 

“Buscamos señalar la urgencia que tiene este tema en términos de desigualdad social”, le dijo Delfina Schenone Sienra, responsable del Área de Políticas de ELA, a elDiarioAR. En coincidencia con el inicio del año legislativo, las dos organizaciones harán una activación con legisladoras y legisladores para pedir el tratamiento urgente de la creación de un sistema integral de cuidados. “No podemos pensar en un desarrollo verdaderamente inclusivo si no atendemos la crisis de cuidado que existe en la Argentina. Tenemos la oportunidad histórica de avanzar con un debate abierto, participativo y plural para resolver un nudo central de la desigualdad social. Y como creemos que las mejores decisiones se toman de manera informada, hemos enviado un material con evidencia que describe las 9 razones que explican por qué es clave para el desarrollo del país, para la autonomía de las mujeres y para el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes”, agregó Sienra. 

Este diario hizo consultas en las comisiones Género, presidida por la diputada del Frente de Todos Mónica Macha, y en la de Legislación del Trabajo y de Previsión y Seguridad Social, a cargo de Vanesa Siley, y aún no hay una fecha establecida para el tratamiento de esta ley. Desde ambos sectores indicaron que debido al contexto político no pueden precisar una fecha. Se espera que para fines de marzo se retomen los foros. El año pasado se firmó el Compromiso de Buenos Aires en la Conferencia Regional de la Mujer de CEPAL en la que la ministra Ayelén Mazzina se comprometió a impulsar la agenda de cuidados. Según la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, si se suma el tiempo de trabajo remunerado y no remunerado las mujeres trabajan semanalmente 7 horas más que los varones.

La oficial de Política Social de UNICEF Argentina, Carolina Aulicino, explicó el impacto que esto tiene en la vida de las mujeres. “Es muy importante poder contar con un Sistema Integral de Cuidados. Hoy, las tareas de cuidado están distribuidas de forma muy inequitativa y recaen principalmente sobre las familias y, dentro de ellas, sobre las mujeres. Esto tiene consecuencias negativas sobre su permanencia en el mercado laboral y sus ingresos y, por ende, sobre las condiciones de vida de los hogares con niñas y niños”, le dijo a elDiarioAr. 

Según la última encuesta del organismo, solo el 19% de los niños y niñas de 0 a 3 años acceden a servicios de educación y cuidado en la primera infancia. “Solo 1 de cada 2 padres y madres tienen acceso a licencias de maternidad o paternidad y, específicamente las de paternidad, son de las más bajas de la región: solo 2 días corridos en el empleo privado”, agregó Aulicino.

“Buscamos señalar la urgencia que tiene este tema en términos de desigualdad social pero también ponernos a disposición del Congreso para aportar mayor evidencia y argumentos”, explicó Sienra. La Encuesta Anual de Hogares Urbanos muestra la brecha en el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado: las mujeres ocupan 5,7 horas por día mientras que los varones dedican en promedio solo 2 horas diarias. 

Además de modificar el régimen por maternidad, paternidad y adopción, el proyecto establece, por ejemplo, cambios en la licencia especial para cuidado por enfermedad de persona a cargo, conviviente o cónyuge, que actualmente es de 2 días, a un máximo de 20 días por año. En Argentina, el 10% de las personas mayores de 60 años tienen dependencia básica por lo que no pueden alimentarse, bañarse o vestirse por sus propios medios. Según datos del INDEC, en el 77%  de los casos el cuidado recae sobre las familias y, en particular, sobre

las mujeres. Una desigualdad que se profundiza en distintas regiones del país: 4 de cada 10 departamentos del país no tienen ninguna residencia para personas mayores.

CDB/MG

El Gobierno nacional presentó hoy el proyecto de ley Cuidar en Igualdad para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina, que extiende las licencias por maternidad, paternidad, crea nuevas por adopción y modifica otras, cambios cuyos costos estarán a cargo de la seguridad social y no de empleadores.

Se trata así de reconocer el derecho de todas las personas a recibir y brindar cuidados, así como también al autocuidado, para lo cual se estipula un conjunto de políticas y servicios y modifica el régimen de licencias público y privado.

El proyecto no implica ningún incremento de costos para empleadores dado que se prevé que las nuevas licencias y la extensión de las vigentes sean financiadas por la seguridad social.

En concreto, se propone extender la licencia para personas gestantes de 90 a 126 días y ampliar licencias para personas no gestantes, de 2 a 90 días.

La iniciativa utiliza los términos “licencia para persona gestante” (reemplaza licencia por maternidad) y “licencia para persona no gestante” (reemplaza licencia por paternidad) para incluir a todas las identidades de género y composiciones familiares.

El aumento de las licencias para personas no gestantes se prevé progresivo: a partir de la entrada en vigencia de la ley se elevará la licencia a 15 días; luego de dos años, a 30; luego de cuatro, a 45; luego de seis, a 60 días, y al cumplirse ocho años de la ley, la licencia será de 90 días.

Además, el proyecto crea la licencia para quienes decidan adoptar y por adopción.

La licencia será de 2 a 12 días por año para quienes estén por adoptar para facilitar trámites y encuentros con niñas, niños o adolescentes en situación de adopción.

En caso de adopción, se considera una licencia de 90 días.

La iniciativa incluye la creación de una licencia de 2 a 6 días para cuidar o acompañar al cónyuge o conviviente que realiza técnicas de reproducción médicamente asistida, y la extiende de 3 a 10 días en el caso que tuviesen hijos e hijas menores de edad a cargo.

Asimismo, incorpora extensiones de las licencias para hijas e hijos con discapacidad, ante nacimientos o adopciones múltiples, nacimientos prematuros o con enfermedades crónicas.

Si se tratara de nacimientos o adopciones múltiples, la licencia se extenderá por 30 días por cada hija o hijo a partir del segundo.

En nacimientos prematuros la licencia se ampliará a 30 días.

En caso de nacimiento o adopción de niñas, niños o adolescentes con discapacidad o con enfermedad crónica, la licencia será de 180 días.

El proyecto reconoce el derecho a cuidar a monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, a través de la creación de una asignación para personas gestantes, no gestantes y por adopción. El monto de la asignación consistirá en el pago mensual del salario mínimo vital y móvil.

El mismo régimen se establece para personal de casas particulares, personal temporario de trabajo agrario y para toda la Administración Pública Nacional.

Para el personal de casas particulares, crea una asignación para personas gestantes, no gestantes y por adopción de, como mínimo, un salario mínimo vital y móvil.

Se reconoce también el derecho a personas no gestantes y adoptantes al período de excedencia de la misma manera que se le reconoce a personas gestantes.

Además, elimina la presunción de renuncia si el personal gestante, no gestante y adoptante no se reincorpora a su empleo luego de vencidos los plazos de licencia. El empleador deberá cursar intimación y ya no podrá asumir que la persona renunció.

El proyecto del Ejecutivo modifica las licencias especiales previstas en la Ley de Contrato de Trabajo para ampliar el derecho a cuidar.

Por otra parte, propone ampliar la licencia por fallecimiento de cónyuge o conviviente -esta figura se agrega- y por hijas e hijos, que pasa de 3 a 5 días, en tanto amplía la licencia por fallecimiento de hermanas y hermanos de de 1 a 3 días.

Crea la licencia especial para cuidado por enfermedad de persona a cargo, conviviente o cónyuge, que actualmente es de 2 días, a un máximo de 20 días por año.

También crea la licencia por violencia de género que será de hasta un máximo de 20 días por año.

Otra novedad es que se incluyen los meses de licencia en el cálculo previsional como meses aportados.

En los considerandos de la iniciativa se destaca que las políticas “deben asegurar la provisión, la socialización, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado, entre el sector público, el sector privado, las familias y las organizaciones comunitarias y entre todas las identidades de género”.

El proyecto obliga al Ministerio de Obras Públicas a destinar anualmente al menos el 8,5% de su presupuesto a la ampliación de la infraestructura pública de cuidados del país.

Establece que el Poder Ejecutivo debe crear un registro nacional de trabajadoras y trabajadores del cuidado remunerado con el fin de facilitar la instrumentación de las políticas y también un registro de espacios comunitarios de cuidado.

El proyecto se gestó en la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado que reunió a 15 organismos del Poder Ejecutivo, coordinada por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD).

En noviembre de 2020 se creó comisión redactora para un anteproyecto de ley del Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género.

También el MMGyD realizó parlamentos territoriales para abordar la temática, hizo el Mapa Federal del Cuidado con el apoyo de la Cepal y la campaña Cuidar en Igualdad.

El proyecto presentado hoy para concretar el Sinca “pone a Argentina a la vanguardia” de las políticas de cuidado “porque se hizo de forma participativa y tomando todas las recomendaciones de la OIT”, dijo una vocera gubernamental a Télam.

En América, Argentina es de los países más atrasados en legislación de cuidados.

El trabajo de cuidado comprende actividades destinadas al bienestar cotidiano de las personas, en diversos planos: material, económico, moral y emocional. Incluye desde la provisión de bienes esenciales para la vida, como la alimentación, el abrigo, la limpieza, la salud y el acompañamiento, hasta el apoyo y la transmisión de conocimientos, valores sociales y prácticas mediante procesos relacionados con la crianza, según la definición de Cepal.

Todas las estadísticas e informes sobre el tema ubican a las mujeres como las principales cuidadoras, trabajo en general no remunerado que les impide acceder a oportunidades laborales rentables y refuerza las desigualdades.

ONU Mujeres ha destacado que la pandemia de covid 19 “ha subrayado la dependencia” que la sociedad tiene de las mujeres como cuidadoras.

DA

El presidente Alberto Fernández remarcó este lunes que “es hora de igualar a las mujeres y todas las diversidades con los hombres”, para que todos tengan mejores derechos, al presentar el proyecto de ley “Cuidar en Igualdad” para la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de la Argentina. La propuesta oficialista busca ampliar la licencia para personas gestantes y no gestantes, crea una licencia por adopción y una asignación por maternidad a monotributistas. La licencia por maternidad se ampliará de 90 días a 126 días y, por paternidad, pasará de 2 a 90 días.

En su alocución en el Parque Colón de Casa de Gobierno, Fernández aseguró que esa ley es para que “se vuelva un derecho permanente en la Argentina y gobierne quien gobierne esto sea respetado”.

El mandatario sostuvo que la ley es necesaria “para que la suerte de las mujeres y los derechos de la igualdad no queden en una declamación política”.

“Este proyecto sigue la senda que planteamos, la necesidad de seguir ampliando derechos, de reconocerle a la mujer que cuida lo que representan para el desarrollo social ese cuidado”, señaló Fernández, y subrayó que “es avance en la ampliación de derechos”.

En su discurso, Fernández destacó que el país “se diferenció de otros países por la forma que ha dado derechos” y ejemplificó a “la educación pública, que tuvo en dos buenos liberales, como (Juan Bautista) Alberdi, como (Domingo Faustino) Sarmiento, centrales para que esa educación publica se concretara, y la Argentina empezó a ser distinta porque todos podían acceder a la educación”.

Reseñó que “pasaron los años y en 1918 la reforma universitaria tener libertad de cátedra” y luego Juan Domingo Perón “un día dijo que los hijos de los trabajadores pudieran ir a la universidad” y la “hizo gratuita”.

También remarcó que la Argentina “se caracterizo por la salud pública” y destacó durante el gobierno de Perón la gestión del primer ministro de Salud de la historia del país, Ramón Carrillo, quien “llevó a la salud pública a todos los rincones de la Argentina”.

Para Fernández, “cada vez que la sociedad argentina tuvo derechos fue una mejor sociedad” y reseñó que desde el día que asumió la idea fue “ampliar derechos” porque “tendrá más facilidades para acceder a sus proyectos”.

El proyecto de ley fue presentado esta tarde en Casa Rosada, para ser enviado el Parlamento, y promueve la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina, una iniciativa que surge para reconocer esta tarea como una necesidad, un trabajo y un derecho.

Acompañaron en el estrado a Fernández los ministros de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la titular del PAMI, Luana Volnovich.

Gómez Alcorta señaló que ese proyecto de ley propone modificar “licencias para madres o gestantes de 90 a 126 días, y licencias para padres o personas no gestantes, de dos a 15 días, y a lo largo de ocho años hasta 90 días”, además de otras licencias especiales, como “90 días para adoptantes”.

“Este proyecto amplia derechos, tanto en el sector privado como en la administración pública, agrario y de casas particulares; y los crea para monotributistas, monotributistas sociales y autónomos”, para “un universo de ocho millones de personas”, resumió la ministra.

Con información de agencias.

IG

Alejandro Nielsen y Florencia Di Croche son la cara visible de una lucha que nuclea a muchos padres. Es que, tras el nacimiento de su hijo Milo y el diagnóstico de un síndrome sin diagnóstico preciso, la búsqueda de una mejor calidad de vida y la seguridad de madres y padres se convirtió en una bandera, primero individual y después, colectiva.

Cuando Milo nació, el síndrome lo obligó a permanecer internado bajo cuidados intensivos durante sus primeros cinco meses de vida, en primera instancia en Mar del Plata, donde residían, y luego en la ciudad de Buenos Aires, lejos de su casa y de sus progenitores.

“Milo nació con discapacidad, asfixia e hipotonía total. Su estado de salud era muy crítico y requirió estar internado casi cinco meses en terapia intensiva. El pronóstico de Milo era muy difícil, mi mujer y yo estábamos en shock”, relata Alejandro y agrega: “En ese contexto, no nos alcanzaron ni los dos días de licencia por paternidad, ni los tres meses por maternidad” expresó en una entrevista concedida a la revista Oh la lá.

Cuando se estaban por cumplir los tres meses de su licencia, Florencia acudió a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para gestionar que se la extendieran y así poder permanecer junto a Milo, cuidándolo y acompañándolo, allí fue que se enteró que, como Milo no tenía síndrome de Down no podía estirar mi licencia, aun teniéndolo internado en terapia intensiva, con una traqueotomía, alimentándose con sonda nasogástrica y severas apneas. Sin alternativas, Florencia renunció.

Mientras tanto, Alejandro continuó en Mar del Plata, tampoco había opciones: se trataba no solo de poder mantener su trabajo como sostén económico para la familia, sino también de garantizar la obra social, tan crucial para la atención médica del pequeño Milo.

En diversas entrevistas a los medios, Alejandro resalta la injusticia de solo tener dos días de licencia para los padres, sobre todo aquellos que requieren cuidados especiales y hospitalización, así como también tres meses para la madres.

Actualmente, la familia reside en Necochea e iniciaron una lucha para que los niños y niñas que nacen con discapacidad o con alguna condición que requiera de cuidados intensivos, puedan ser acompañados por sus padres por un período de seis meses.

Con ese objetivo, crearon una petición en la plataforma de Change.org en la Argentina (se llama Licencia extendida), que lleva reunidas más de 46.000 firmas en reclamo de que las licencias laborales parentales sean ampliadas a ese plazo cuando se trata de padres y madres de bebés que requieren de internación al nacer.

Plantean en la petición: “En nuestro país sólo las madres que tienen un hijo con Síndrome de Down tienen una licencia laboral extendida de seis meses. Parece ser que al Estado no le importa cualquier otra situación grave que pueda padecer un hijo al nacer, ya sea provocada por un sufrimiento fetal, una patología o un síndrome, y mucho menos en aquellos casos en los que no hay un diagnóstico claro, aunque su estado sea crítico, como fue el caso de nuestro hijo”.

Presentación del proyecto

Este jueves 21, en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, se desarrollará una charla en la que, además, serán presentadas las firmas reunidas por la petición y se expondrá un proyecto de ley. “Tiempo para cuidar: igualando derechos. Licencias para el cuidado de hijos/as con discapacidad”, es el título de la mesa de debate que, a partir de las 16:30 en la Sala 2 del Edificio Anexo de la Cámara de Diputados, tendrá como protagonistas a los papás de Milo junto a especialistas de Unicef, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), de la Asociación Síndrome de Down (Asdra), de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Asociación de Padres y Familias con Sordoceguera y Discapacidad Múltiples (Appsma) y de Accenture.

LG.

En el marco del inicio de la Asamblea Legislativa, el Presidente Alberto Fernández anunció que enviará un proyecto de ley de licencias parentales igualitarias y otro para implementar un sistema integral de cuidados con perspectiva de género.

“Ampliaremos días por maternidad, paternidad y adopción, e incluiremos a trabajadores monotributistas y autónomos sin generar mayores erogaciones a los empleadores”, dijo Fernández.

En este sentido, recordó que la Argentina “es uno de los países latinoamericanos más retrasados” en regímenes de licencias parentales.

En relación al cuidado de niñas, niños, personas mayores, con discapacidad y ante situaciones de enfermedad, tarea que mayoritariamente hacen las mujeres, el Presidente consideró que esa “desigual distribución del trabajo de cuidado, es el corazón de las desigualdades entre los géneros”.

Explicó que el proyecto de ley prevé un sistema integral de cuidados con perspectiva de género que permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo “para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidados”.

En ese contexto, puntualizó que este año se avanzará en “la construcción de 326 nuevos espacios de Primera Infancia” y se finalizarán “otras 200 obras de mejora edilicia para 50 mil niños y niñas de hasta 4 años de edad”.

En relación a las situaciones de violencia de género resaltó que se está construyendo una Red de 30 Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad en todas las provincias.

“Estamos creando 80 equipos interdisciplinarios que asistan en casos de violencias de género y promuevan derechos en todo el territorio nacional”, resaltó Fernández.

Además, destacó que el Programa Acompañar -que brinda ayuda económica inmediata a mujeres y LGBTI en situación de violencia de género extrema- ha llegado hasta ahora a 130 mil personas.

Fernández dijo que se va a fortalecer la Educación Sexual Integral: “Queremos que los niños, niñas y adolescentes sepan cuidar de sus cuerpos y de su salud reproductiva y sean responsables y tengan respeto con sus pares y, en particular, con las mujeres y las personas de las diversidades sexuales”.

“Queremos un país respetuoso de todos y todas. De todas las diversidades y de todas las diferencias”, enfatizó el presidente.

LG con información de Télam