“Preferimos perder uno o varios días de sueldo antes que perder nuestra libertad, convencidos de que la libertad y la autonomía del servicio público es un valor de todos. Y la RAI es de todos”. Así, en un comunicado leído en las principales ediciones de los telediarios, los periodistas de la RAI, la televisión y radio públicas de Italia, explicaron las razones que les llevaron a mantener este lunes una huelga de 24 horas para “defender su autonomía e independencia” del “control de la política” y de “los intentos de censura” del Gobierno liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni.

El paro llega tras semanas de protestas de los trabajadores por lo que definen como un “control asfixiante” para que la información sirva de “megáfono” del Ejecutivo, una denuncia a la que se sumó la oposición política que acusa a la dirección de haber convertido la RAI en “Telemeloni”.

“Los periodistas de la RAI, por primera vez en muchos años, se abstienen totalmente de trabajar para protestar contra las decisiones de la cúpula directiva”, se indica en el comunicado leído esta mañana en la cadena.

Los periodistas denuncian que la dirección “no sustituye a los que se jubilan o están de baja por maternidad” o “no estabiliza a los trabajadores precarios”, pero también que “la RAI intentó censurar un monólogo el 25 de abril, para luego, con evidentes dificultades, intentar convertirlo en una cuestión económica”, en referencia al veto al escritor Antonio Scurati en víspera de la fiesta nacional en la que se recuerda la liberación de Italia del nazifascismo.

La empresa replica que “la decisión de ir a la huelga por motivos que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores se encuadra en motivaciones ideológicas y políticas”, en un duro comunicado, en el que pide a Usigrai, el sindicato convocante, “que deje de promover noticias falsas que dañan la imagen de la empresa”.

“No se ha puesto ninguna censura o mordaza sobre la información”, añade la dirección, que ha conseguido mantener de su lado al nuevo sindicato Unirai, para el que a la RAI “hay que relanzarla, no ensuciarla”.

La oposición denuncia el intento de crear “Telemeloni”

La Federación Nacional de Prensa Italiana (FNSI) considera “gravísima” la acusación de difundir “noticias falsas” para “desacreditar” a “cientos de colegas” y la considera en realidad “una operación de distracción masiva, pero ocultar lo que realmente está sucediendo en el servicio público”.

También la oposición considera “muy graves” los “intentos” de “desacreditar” a los periodistas de la RAI, que el Partido Demócrata ha rebautizado como “Telemeloni”, como con “el caso Scurati”.

Meloni justificó el veto a Scurati en sus redes sociales: “La izquierda grita al régimen, la RAI responde que simplemente se ha negado a pagar 1.800 euros (el salario mensual de muchos empleados) por un minuto de monólogo”, a lo que el escritor respondió: “Eso, señor presidente, es violencia. No física, por supuesto, pero siempre violencia. ¿Es el precio que se tiene que pagar hoy en su Italia por haber expresado el propio pensamiento?”.

El de Scurati es el último de varios casos en los que Meloni ha sido acusada de censura o de utilizar los medios públicos en su beneficio, como la marcha de la RAI del periodista Fabio Fazio, tras cuatro exitosas décadas en la cadena pública, o la modificación del reglamento de intervenciones en campaña electoral, que acaba con el límite de tiempo de las intervenciones televisivas de políticos con cargos institucionales. 

Otros dos casos han agitado las aguas del debate sobre la libertad de prensa en Italia en las últimas semanas. Por un lado, la posible adquisición de la agencia AGI, la segunda agencia del país —actualmente propiedad de la empresa energética ENI, controlada al 35% por el Estado— por parte de Antonio Angelucci, parlamentario de la Liga pero muy cercano a Meloni y ya propietario de tres periódicos afines al Gobierno, Il Giornale, Libero e Il Tempo. Por otro lado, la decisión de la Fiscalía de Perugia de incluir a tres periodistas del diario Domani en la lista de investigados por un caso de acceso a informaciones reservadas sobre políticos y famosos, en el que los dos principales acusados son un teniente de la Guardia de Finanza, la policía tributaria de Italia, y un magistrado. La investigación surgió después de una denuncia ante la fiscalía del actual ministro de Defensa, Guido Crosetto, después de que Domani publicara un artículo sobre posibles conflictos de intereses de Crosetto por algunas asesorías a empresas del sector armamentístico.

Crosetto no se querelló contra Domani por difamación ni desmintió las informaciones, pero presentó una denuncia para investigar cómo habían accedido a esa información, es decir una investigación sobre la fuente de los periodistas. Ahora los tres periodistas —Stefano Vergine, Giovanni Tizian y Nello Trocchia, los últimos dos coautores de una investigación sobre el padre de Meloni, publicada el pasado mayo por elDiario.es— son investigados por acceso abusivo y revelación de secretos a pesar de que la Constitución y las leyes italianas amparan a los periodistas en la publican de cualquier información que sea de interés público en el ejercicio del derecho de crónica. La acusación a la que se enfrentan los tres cronistas —que han recibido apoyos de decenas de medios europeos y de las principales organizaciones en defensa de la libertad de prensa— acarrea una condena de hasta nueve años de cárcel.

El canal de noticias CNN y la agencia Bloomberg interrumpirán temporalmente su emisión en Rusia, tras la aprobación de una nueva ley en Rusia que prevé penas de hasta 15 años de cárcel por diseminar “información falsa”.

A la decisión se sumaron en las últimas horas las dos cadenas nacionales de la televisión pública alemana, ARD y ZDF y la televisión pública italiana, la RAI.

La medida sigue a las adoptadas por la televisión canadiense CBC y la británica BBC.

El periodista de la CNN Oliver Darcy aseguró en su cuenta de Twitter: “Un portavoz de la CNN ha dicho que la cadena 'dejará de transmitir en Rusia mientras continuamos evaluando la situación y nuestros próximos pasos'”, aunque no ofreció más detalles.

Asimismo, en un comunicado, Bloomberg justificó esta medida por la nueva ley rubricada este viernes por el presidente ruso, Vladímir Putin, “que criminaliza la información independiente en el país”. “Con gran pesar, hemos decidido suspender temporalmente nuestro acopio de informaciones dentro de Rusia”, dijo el editor jefe de Bloomberg, John Micklethwait, citado en la nota.

La aprobación de esta norma, que prevé penas de cárcel de hasta 15 años por diseminar “información falsa”, ha llevado también a paralizar la labor de sus empleados en Rusia hasta que haya analizado en profundidad “todas las implicaciones” de esa legislación

La primera de esas grandes cadenas internacionales en tomar esa decisión fue la BBC, cuya dirección paralizó ayer la labor de su equipo en Rusia a la espera de poder analizar en profundidad las implicaciones que comportará esa legislación para sus empleados. Ha suspendido por el momento el trabajo de sus corresponsales en Rusia y ofrecerá información de la zona elaborada por profesionales de la cadena en otros países. “La seguridad de nuestros trabajadores es primordial y no estamos preparados para exponerlos al riesgo de un proceso criminal simplemente por hacer su trabajo”, indicó el director general de la BBC, Tim Davie en una nota divulgada por la cadena.

Fake news

La Duma, Cámara Baja del Parlamento ruso, anunció el miércoles la presentación de una serie de enmiendas al Código Penal para endurecer las penas por difundir “información falsa” sobre las actividades de las Fuerzas Armadas. El jefe del Comité de Seguridad y Anticorrupción de la Duma Estatal, el diputado de Rusia Unida Vasili Piskarev, explicó ante los medios que al tratarse de modificaciones a una ley ya vigente, esas enmiendas pueden adoptarse de manera inmediata siempre y cuando pasen el control de la Duma.

La modificación contempla ampliar las penas de prisión, con máximas de hasta quince años, “por la difusión deliberadamente falsa de información” sobre las actividades de las Fuerzas Armadas “durante el desempeño de sus funciones para proteger a los ciudadanos y al Estado”, informa la agencia Interfax.

Así, la condena mínima sería de tres años de cárcel. En caso de difundir esa desinformación a través de redes sociales e Internet, la pena podría ser de entre cinco y diez años, mientras que si el contenido “ha tenido consecuencias socialmente peligrosas”, puede suponer hasta 15 años de prisión.

Con información de EFE y Europapress