Es la primera vez en la historia que la Corte Penal Internacional (CPI) emite órdenes de arresto contra un primer ministro israelí, tras la solicitud presentada en mayo por el fiscal jefe de dicho organismo, Karim Khan.

Las presiones a la Corte Penal Internacional

Han transcurrido seis meses desde aquella petición, durante los cuales la propia oficina del fiscal jefe ha denunciado presiones y amenazas: “'Esta Corte fue construida para África y para matones como Putin', me dijo un destacado dirigente. Nosotros no lo vemos así. Este Tribunal es legado de Núremberg, esta Corte debería ser el triunfo de la ley sobre el poder y la fuerza bruta. No vamos a ser disuadidos por amenazas”, contó el propio fiscal Khan en mayo, en la CNN.

Ahora, a pesar de las presiones, la Corte señala que hay motivos razonables para considerar a Netanyahu y Gallant responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como “inanición como método de guerra”, “asesinato, persecución y otros actos inhumanos” contra la población de Gaza. Los tres jueces del panel que ha adoptado esta decisión consideran que Netanyahu y Gallant “privaron de modo intencionado y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia”.

Desde hace años Israel ha estado vigilando a altos funcionarios de la Corte y a trabajadores de derechos humanos palestinos, “como parte de una operación secreta para frustrar la investigación sobre presuntos crímenes de guerra”, según reveló el pasado mes de mayo la publicación israelí +972 Magazine.

Acá el tema central no es cuándo lo arrestan, sino qué van a hacer Trump, Biden, Alemania, España, etc, ante esta orden

Moreno Ocampo, exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional

De qué depende el cumplimiento de la orden

El ex fiscal jefe fundador de la Corte Penal, Luis Moreno Ocampo -en el cargo entre 2003 y 2012- contó recientemente, en una entrevista en elDiario.es, que Estados Unidos le pidió cerrar la investigación preliminar sobre Palestina en varias ocasiones, algo que detalla en su reciente libro.

Este jueves, en conversación con este medio, Moreno Ocampo subrayaba que estas órdenes de arresto “limitarán a Netanyahu, no va a poder viajar a 124 Estados”, en referencia a los países que forman parte del Estatuto de Roma.

La Corte no cuenta con policía propia ni con otros mecanismos para el cumplimiento, pero la importancia de estas órdenes es notable. Nunca antes se habían emitido mandatos de detención contra líderes israelíes.

“Hay una Corte Internacional existente que dictamina que Israel está cometiendo un crimen. Acá el tema central es qué hacemos con esa información, qué pasa con los demás líderes del mundo, qué van a hacer Trump, Biden, Alemania, España, etc”, señala Moreno Ocampo a este diario.

Los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma tienen el deber de cumplir si la persona afectada pisa su territorio

Joan Garcés, abogado de derecho internacional

“Donald Trump ya sancionó a Fatu Bensouda [exfiscal jefe del Tribunal cuando Trump era presidente] como si fuera una terrorista por investigar a EEUU, ¿España y otros países van a dejar que pase eso? Este es el tema central. No es cuándo lo arrestan, sino cómo reacciona el mundo cuando el Tribunal Penal Internacional dice que esto que está haciendo Netanyahu es un crimen”, añade el exfiscal jefe fundador de esta Corte.

Reed Brody, abogado estadounidense especializado en derechos humanos -con un papel importante en los juicios contra los exdictadores de Chad o de Haití, Habré y Duvalier- indica a elDiario.es que “estas órdenes refuerzan el creciente consenso internacional en torno a la naturaleza criminal de la guerra de Israel contra el pueblo de Gaza”.

“Suponen que el mundo de Netanyahu y Gallant se limita ahora a los países que no han ratificado el Tratado de la Corte Penal Internacional”, añade.

El profesor en Princeton y exdirector de Human Rights Watch, Keneth Roth, lo expone así: “Los países miembros de la CPI están obligados a detener a Netanyahu y Gallant si se atreven a poner un pie en su territorio. De repente, el mundo se ha vuelto mucho más pequeño para estos dos altos mandatarios israelíes”.

Esta orden refuerza el creciente consenso internacional sobre la naturaleza criminal de la guerra de Israel contra el pueblo de Gaza

Reed Brody, abogado de derechos humanos

El doble rasero y los obstáculos

En Israel, tanto los partidos que integran el Gobierno como los de la mayoría de la oposición han criticado duramente las órdenes de arresto de la CPI. “La decisión antisemita de la Corte Internacional de La Haya es un moderno juicio Dreyfus y terminará de la misma manera”, afirmó el primer ministro Netanyahu en la noche de este jueves.

Además de Israel, otros cinco países han criticado el anuncio del tribunal: Austria, República Checa, Estados Unidos, la Argentina de Milei y la Hungría de Orbán.

Washington defiende una la ley internacional de quita y pon, aplicada solo para sus adversarios, y no reconoce la jurisdicción de la Corte en el caso israelí. Así lo ha vuelto a resaltar este jueves el Gobierno estadounidense, a través de varios portavoces y del propio Biden, quien ha tachado de “escandalosa” la orden de la CPI.

El pasado 30 de abril el portavoz del Secretario de Estado de EEUU afirmó que Washington no cree que esta Corte Internacional “tenga jurisdicción sobre este asunto”, pero que sí trabaja “en estrecha colaboración con dicha Corte en una serie de áreas claves: Ucrania, Sudán, Darfur”. Estados Unidos acogió con celebración la orden de arresto contra Vladimir Putin en marzo de 2023.

Además de Israel, otros 5 países han criticado la orden de la Corte: Austria, Argentina, República Checa, EEUU y Hungría

Las presiones y este doble rasero afectan a la credibilidad de Washington en el escenario global y generan preocupación ante los intentos de debilitar la imagen de la Corte Penal. El mundo presencia un pulso entre la defensa del derecho internacional y el ataque de EEUU al papel de los tribunales de La Haya.

Ya en mayo, cuando el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitó estas órdenes de detención, el presidente Joe Biden calificó de “indignante” esa petición, y el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, planteó la posibilidad de sancionar al Tribunal de la Haya.

Michael Waltz, futuro asesor de Trump en Seguridad Nacional, anunció este jueves “una fuerte respuesta en enero [cuando Trump asuma la presidencia] al sesgo antisemita de la Corte Penal Internacional y de Naciones Unidas”, en referencia a posibles sanciones contra ese tribunal.

Además de las medidas contra Netanyahu y Gallant, la CPI también ha emitido una orden contra el comandante de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido como Deif, cuya muerte fue anunciada por Tel Aviv pero no ha podido ser comprobada por el tribunal. La solicitud de órdenes de arresto contra otros dos líderes de Hamás, Ismail Haniya y Yahia Sinwar, no ha prosperado, porque ambos fueron asesinados por el Ejército israelí.

Para ejercer la jurisdicción de la Corte no hace falta ni la autorización, ni el permiso, ni el visto bueno de Israel

Almudena Bernabeu, abogada internacional

El abogado Joan Garcés, impulsor del juicio contra el dictador chileno Augusto Pinochet, explica a este diario que los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma tienen el deber de cumplir la orden del Tribunal si el primer ministro israelí o su exministro de Defensa pisan el territorio de alguno de ellos.

A su vez, Garcés reconoce las dificultades de la aplicación “frente a presuntos infractores que controlan los recursos de un Estado, que desafían la credibilidad de los tribunales nacionales e internacionales,”.

En sus veintidós años de existencia -con órdenes de arresto contra 59 personas-, la Corte Penal Internacional nunca había acusado a un líder aliado de la comunidad occidental. “De hecho, ningún tribunal internacional lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Es un hito en la historia de la justicia internacional, tan inédito como justificado y tardío”, señala Reed Brody.

Con ello, el abogado hace referencia al uso de los instrumentos de la justicia internacional usados casi exclusivamente “para abordar crímenes de enemigos derrotados, como en los tribunales de Núremberg y Tokio, parias sin poder, especialmente de África, u opositores a Occidente como Putin o Milošević.”

Este doble rasero está afectando a la credibilidad de EEUU en el escenario global

En conversación con elDiario.es, la abogada especializada en derecho internacional Almudena Bernabeu, destaca la importancia “de la legitimidad de la Corte Internacional” y señala que, “para ejercer la jurisdicción del Tribunal, no hace falta ni la autorización, ni el permiso, ni el visto bueno de Israel”.

Los dos tribunales de La Haya están dando herramientas a los Estados de la ONU para que apliquen el derecho internacional, en un momento en el que el Comité Especial de Naciones Unidas acaba de concluir que los métodos de Israel en Gaza son compatibles con las características de genocidio.

Las órdenes de arresto de la CPI refuerzan a su vez el marco de la otra Corte Internacional, la de Justicia, que en enero ordenó a Israel que no bloqueara la entrada a Gaza de la ayuda humanitaria necesaria, algo que Tel Aviv ha incumplido, como confirman ahora los jueces de la Corte Penal.

Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, destacan que las órdenes de arresto de la Corte de La Haya representan “un avance histórico para la justicia y deben señalar el comienzo del fin de la impunidad persistente y generalizada que está en el corazón de la crisis de derechos humanos en Israel y el territorio palestino ocupado”.

Estas órdenes rompen con la percepción de que ciertas personas están fuera del alcance de la ley

Human Rights Watch

“Estas órdenes rompen con la percepción de que ciertas personas están fuera del alcance de la ley”, ha subrayado la organización internacional Human Rights Watch.

A última hora de este jueves, el propio fiscal jefe de la Corte Internacional, Karim Khan, emitió un comunicado en el que anuncia que su oficina está impulsando “líneas de investigación adicionales en zonas bajo la jurisdicción del Tribunal, que incluyen Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este”, territorios todos ellos afectados por la ocupación ilegal israelí.

“He subrayado que la ley existe para todos, que su función es reivindicar los derechos de todas las personas”, resalta Khan en su declaración, en línea con su postura de estos meses de atrás. “Nadie está por encima de la ley, ningún pueblo”, señalaba en mayo.

Es un avance histórico para la justicia y debe señalar el inicio del fin de la impunidad persistente en Israel y territorios palestinos

Amnistía Internacional

El pasado mes de julio el máximo tribunal de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, emitió un dictamen en el que resalta el carácter ilegal de la ocupación de esos territorios y en el que pide a los Estados miembros de la ONU la suspensión del comercio e inversiones que puedan contribuir de algún modo a esa ocupación.

Al hilo de ese dictamen, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en septiembre -por 124 votos a favor, incluido el de España- una resolución que exige el fin de la ocupación ilegal israelí en un plazo de doce meses y pide el fin del comercio o las inversiones que puedan contribuir a la misma.

Desde octubre de 2023 más de 44.000 palestinos han muerto en Gaza por ataques israelíes, según cifras aportadas por las autoridades sanitarias. Israel está aplicando una operación de expulsión contra el norte de la Franja, forzando nuevos desplazamientos y bombardeando espacios donde se cobijan las personas refugiadas. Además, el bloqueo a la entrada de la ayuda necesaria ha provocado hambre y enfermedades que están causando un número indeterminado de muertes.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió este viernes una opinión consultiva no vinculante, a petición de la Asamblea General de la ONU, sobre las consecuencias legales de las prácticas y políticas de Israel en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. El presidente de la CIJ, Nawaf Salam, leyó la opinión consultiva, en la que los jueces del máximo tribunal de la ONU establecen que la política de asentamientos de Israel contraviene varias normas internacionales, como la IV Convención de Ginebra, y las prácticas de Israel en esos territorios constituyen de facto la “anexión” de amplias partes de los mismos.

Salam también afirmó que la ocupación de Cisjordania establece una “discriminación y segregación sistemáticas, y un apartheid”, debido a las prácticas de Israel, que mantienen separados a los palestinos de los israelíes, limitando sus movimientos, expulsándolos de sus tierras y confiscándolas.

El tribunal de Naciones Unidas con sede en La Haya contesta de esta forma a las preguntas formuladas por la Asamblea General en diciembre de 2022: “¿Cuáles son las consecuencias legales derivadas de la violación continua por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de legislación y medidas discriminatorias relacionadas?”. También preguntó: “¿Cómo afectan las políticas y prácticas de Israel mencionadas (…) al estatus legal de la ocupación, y cuáles son las consecuencias legales que surgen para todos los Estados y Naciones Unidas de este estatus?”.

La CIJ consideró que las políticas y prácticas de Israel atentan contra el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Además, pidió a todos los Estados de la ONU que no reconozcan ningún cambio sobre el terreno, porque la “continua presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal”, y les recordó que no deben prestar ayuda a Israel para mantener esa presencia. Asimismo, todos los Estados deben distinguir entre Israel y los territorios ocupados.

Los jueces de la CIJ concluyeron que Israel debe cesar su política de asentamientos y desmantelarlos, y retirarse de los territorios ocupados hace 57 años, además de reparar a los palestinos por los daños causados por la ocupación.

Para elaborar su opinión, los magistrados tuvieron en cuenta el derecho internacional humanitario, la Carta de Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo de Seguridad del organismo, entre otras normas; además escucharon el pasado febrero los argumentos de 52 países, incluidos Palestina, España y Estados Unidos –Israel no estaba entre ellos–, y de tres organizaciones internacionales (la Liga Árabe, la Unión Africana y la Organización para la Cooperación Islámica).

De esos países, cerca de la mitad alegó que Israel está llevando a cabo los crímenes de lesa humanidad de apartheid y de persecución contra los palestinos, en el marco de su ocupación.

España denunció un “sistema de fragmentación jurisdiccional en el contexto de una estructura de discriminación institucionalizada” y enumeró violaciones del derecho internacional de las fuerzas israelíes, como la detención de niños o los asentamientos.

Israel se hizo con el control de Cisjordania y Jerusalén Este en la Guerra de los Seis Días de 1967 y, desde entonces, mantiene una ocupación militar sobre este territorio palestino. Sin embargo, no aplica la ley de ocupación en esos territorios, ni cumple con sus obligaciones legales como poder ocupante.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció este jueves que su país se sumará al procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por genocidio. “Tomamos esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza”, señaló el ministro. “Esta decisión se sustancia en un documento, la memoria interpretativa, en el que España expresa su intención de intervenir en el procedimiento y suministrar apoyo a la labor del tribunal y muy especialmente a las medidas cautelares que tienen que aplicarse”, explicó el funcionario, quien además aclaró que esta decisión no significa apoyar a ninguna de las partes, sino asistir a los jueces a la hora de tomar una decisión.

Albares detalló que, al sumarse al caso contra Israel, España aportará elementos interpretativos para ayudar al tribunal a la hora de dictar sentencia. “Llevamos semanas meditando esta decisión”, afirmó. “Me consta que Irlanda y Bélgica dieron a conocer su intención de intervenir, pero no sé si ya han presentado el documento”, señaló el ministro en relación a otros países europeos. El último en sumarse al procedimiento fue Chile. “No tenemos dobles estándares”, dijo, y añadió que también participan en procedimientos legales relativos a la guerra en Ucrania.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también defendió el paso dado por España para sumarse a Sudáfrica en el procedimiento penal internacional contra la Israel por su masacre en Gaza. “Ante el incumplimiento del gobierno de Netanyahu de la petición del Tribunal Internacional de Justicia para detener la guerra, y en apoyo al respeto al derecho internacional de Naciones Unidas, intervenimos en el procedimiento iniciado por Sudáfrica”, remarcó el presidente durante un acto de la Confederación de Empresas de Economía Social.

Sánchez calificó de “urgente” el apoyo a los órganos de justicia internacionales que piden a Netanyahu parar el derramamiento de sangre. “Es urgente que todos apoyemos al tribunal para que se cumplan las medidas cautelares para detener cualquier operación militar. Y es fundamental que fortalezcamos entre todos el papel del tribunal como máximo órgano judicial de un sistema judicial basado en reglas”, agregó Sánchez, que reinvindicó que España siempre se mantendrá “en el lado correcto de la historia”.

Antes, durante su comparecencia, Albares denunció que las medidas cautelares dictadas por el tribunal “no se están cumpliendo” y que la asistencia humanitaria no está llegando. “España toma esta decisión para que la paz regrese a Gaza y Oriente Medio y es imprescindible que todos apoyemos al Tribunal, que se respeten sus medidas cautelares”, afirmó el ministro.

Hoy mismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sumó a otros líderes mundiales, como los de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Colombia, Brasil o Portugal, para pedir la liberación de los rehenes que permanecen en manos del grupo palestino Hamas. En un comunicado emitido por la Casa Blanca, los líderes se dicen preocupados por los rehenes, entre los que hay nacionales de esos países, y muestran su apoyo “al movimiento hacia un alto el fuego y al acuerdo para la liberación de rehenes que está ahora sobre la mesa, tal y como anunció el presidente [Joe] Biden el 31 de mayo”.

“Esta oferta que tenemos sobre la mesa es lo que necesitamos”, dijo el mandatario estadounidense la semana pasada, cuando detalló el contenido de una propuesta de Israel que incluye diferentes fases y desembocaría en la liberación de todos los rehenes y el fin de la guerra en Gaza. 

Sumar pide otras medidas

Minutos antes de la rueda de prensa de Albares, la vicepresidenta Yolanda Díaz, en el punto de mira de Israel por cerrar uno de sus discursos con la frase “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre” –considerado antisemita por Israel– denunció el “genocidio de Netanyahu”, en la red social X. “36.000 asesinados. 16.000 niños y niñas. Constantes bombardeos en campos de refugiados, hospitales y escuelas. El genocidio de Netanyahu ha traspasado todas las fronteras inimaginables. Tras el reconocimiento del Estado palestino debemos retirar inmediatamente a la embajadora”.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también reaccionó a la decisión. “España se suma a la demanda sudafricana ante la Corte Internacional de Justicia. Otro paso necesario por el que llevamos meses trabajando. Pero no es suficiente: debemos adoptar medidas de presión económica y comercial para poner fin al genocidio y el régimen de apartheid en Palestina”, publicó en la red social X (antes Twitter).

El Ministerio de Exteriores de Israel ordenó el pasado lunes al Consulado de España en Jerusalén dejar de prestar servicios consulares a partir del 1 de junio a los palestinos “residentes bajo la Autoridad Palestina”, es decir, en Cisjordania ocupada, en represalia por la decisión del Gobierno de reconocer el Estado palestino. “Aquellos que recompensan a Hamas e intentan estrablecer un Estado palestino terrorista no tendrán contacto con palestinos”, amenazó el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz. Albares ha señalado que el consulado en Jerusalén ha abierto con normalidad

“Estamos en el año 2024, se acabaron los días de la Inquisición. Hoy los judíos tenemos un Estado soberano e independiente y nadie nos obligará a convertir nuestra religión ni amenazará nuestra existencia. A quien nos haga daño, le haremos daño”, afirmó Katz en un comunicado en el que anunciaba formalmente las primeras “medidas punitivas contra España”.

El exjefe del Mossad supuestamente amenazó a la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) durante una serie de reuniones secretas en las que trató de presionarla para que abandonara una investigación por crímenes de guerra, según información exclusiva obtenida por el periódico The Guardian.

Los encuentros no declarados de Yossi Cohen, entonces responsable de la agencia israelí de espionaje exterior, con Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI, tuvieron lugar en los años previos a la decisión de Bensouda de abrir una investigación formal por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en los territorios palestinos ocupados por Israel. Iniciada en 2021, la investigación culminó la semana pasada cuando Karim Khan, sucesor de Bensouda, solicitó una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la guerra que está librando su país en Gaza.

La decisión de Khan de solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI órdenes de detención contra Netanyahu, contra su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres dirigentes de Hamas, es un acontecimiento que los dirigentes militares y políticos de Israel temían desde hace tiempo.

La implicación personal de Cohen en la operación contra la CPI se dio cuando era director del Mossad. Según un alto cargo del Gobierno israelí, las actuaciones de Cohen contaban con una autorización de alto nivel y se justificaban por la amenaza que la CPI representaba sobre un posible enjuiciamiento a personal del Ejército israelí. Según otra fuente israelí con conocimiento de la operación contra Bensouda, el objetivo del Mossad era comprometer a la fiscal o conseguir su cooperación para adaptarse a las exigencias de Israel.

De acuerdo con una tercera persona que tuvo conocimiento de la operación, Cohen actuaba como el “mensajero no oficial” de Netanyahu. El exjefe del Mossad, que ahora está emergiendo con voz propia en la política de Israel, fue en otro momento uno de los aliados más estrechos de Netanyahu. Durante casi diez años dirigió personalmente la participación del Mossad en la campaña israelí contra la CPI.

Cuatro fuentes han confirmado que Bensouda informó a un pequeño grupo de altos cargos de la CPI sobre los intentos de Cohen de ejercer influencia sobre ella, así como de la preocupación de Bensouda por la persistencia y el cada vez más amenazante tono del entonces jefe del Mossad.

Tres de esas fuentes, con conocimiento de las comunicaciones formales que Bensouda hizo en el seno de la CPI sobre este asunto, dijeron a The Guardian que la fiscal detalló las varias ocasiones en las que Cohen la presionó para que el tribunal que presidía no siguiera adelante con una investigación penal en el caso de Palestina.

“Deberías ayudarnos y dejar que nos ocupemos de ti; deberías ayudarnos y dejar que cuidemos de ti; no querrás meterte en cosas que puedan comprometer tu seguridad o la de tu familia”, le habría dicho Cohen a Bensouda, de acuerdo con testimonios compartidos con autoridades de la CPI.

“Tácticas despreciables” y “acoso”

Una persona que supo de las actividades de Cohen dijo que éste había desplegado “tácticas despreciables” contra Bensouda en un intento de intimidarla y de ejercer presión sobre ella, aunque finalmente no logró su cometido. Relacionaron su comportamiento con el “acoso”.

Según dos fuentes con conocimiento directo de lo ocurrido, el Mossad también se interesó por miembros de la familia de Bensouda y se hizo con la transcripción de grabaciones secretas a su marido –un material que agentes israelíes trataron de usar entonces para desacreditar a la fiscal–.

Las informaciones sobre la operación de Cohen forman parte de una investigación publicada por el periódico británico The Guardian, la publicación palestino-israelí +972 Magazine y el medio de comunicación en hebreo Local Call, y en ella se explica la forma en la que varias agencias israelíes de espionaje libraron una “guerra” secreta contra la CPI durante casi diez años.

“Las preguntas que nos han sido remitidas están llenas de muchas acusaciones falsas e infundadas destinadas a perjudicar al Estado de Israel”, respondió un portavoz de la oficina de Netanyahu preguntado por The Guardian. Cohen no respondió y Bensouda declinó hacer comentarios.

En los intentos por presionar a Bensouda, Israel contó con el apoyo de un aliado inesperado que jugó un papel en la trama del Mossad: Joseph Kabila, expresidente de la República Democrática del Congo (RDC).

Las revelaciones sobre los intentos del Mossad de influir en Bensouda coinciden con la advertencia del fiscal Khan, quien ha dicho que no dudará en perseguir los “intentos de obstaculizar, intimidar o influir de manera indebida” sobre la CPI y su personal.

Según expertos en leyes y antiguos funcionarios de la CPI, los intentos del Mossad de amenazar o ejercer presión sobre Bensouda podrían constituir delitos contra la administración de justicia, en virtud del artículo 70 del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la corte –que Israel no ha suscrito–.

Un portavoz de la CPI no quiso revelar si Khan había revisado o no las declaraciones hechas por su predecesora Bensouda sobre los contactos con Cohen. Sí afirmó que Khan nunca se había reunido con el jefe del Mossad ni hablado con él. El portavoz se negó a comentar acusaciones concretas pero informó de que a la oficina del fiscal jefe habían llegado “varias formas de amenazas y comunicaciones que podrían considerarse como intentos de influir de manera indebida sobre sus actividades”.

Bensouda lanzó la investigación sobre Palestina en 2015

La decisión de Khan de solicitar órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant la semana pasada marca un antes y un después para la CPI, que hasta este momento no había tomado medidas contra dirigentes de un país estrechamente aliado de Europa y de Estados Unidos. Entre sus presuntos delitos, relacionados con estos ocho meses de guerra en Gaza, figuran dirigir ataques contra civiles y utilizar el hambre como arma de guerra.

Pero el caso de la CPI se remonta a 2015, cuando Bensouda inició un examen preliminar de la situación en Palestina. Sin ser una investigación completa, sus pesquisas se centraron en lograr una primera evaluación de las denuncias por crímenes perpetrados por particulares en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

La decisión de Bensouda desató la furia de Israel, que temía que sus ciudadanos pudieran ser procesados por operaciones en territorio palestino. Israel lleva tiempo manifestando abiertamente su oposición a la CPI y negándose a reconocer su jurisdicción. Los ministros israelíes intensificaron sus ataques contra el tribunal y llegaron a prometer que tratarían de desmantelarlo.

Poco después de comenzar ese examen preliminar, comenzaron las advertencias. Los servicios de espionaje israelí, decían, se estaban interesando mucho por el trabajo de Bensouda y de los otros fiscales principales.

Según dos fuentes, varios altos cargos de la CPI llegaron incluso a sospechar de que Israel tenía informadores dentro de la división de acusación de la corte, conocida como la Oficina del Fiscal. El Mossad “no dejó su firma”, dijo otra fuente, pero lo que se decía era que la agencia estaba detrás de algunas de las actividades que habían llegado al conocimiento de las autoridades.

Sólo un pequeño grupo de altos cargos de la CPI fue informado de las veces en las que el director del Mossad se dirigió personalmente a la fiscal jefe.

Espía de carrera, Cohen se ha labrado en la comunidad de inteligencia israelí una reputación de eficacia en el reclutamiento de agentes extranjeros. En su momento fue un poderoso y leal aliado del primer ministro Netanyahu, que en 2016 lo nombró director del Mossad tras varios años trabajando a su lado como asesor de Seguridad Nacional.

Entre 2013 y 2016, como jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Cohen estaba al frente del organismo que coordinaba el trabajo conjunto de varias agencias contra la CPI, después de que en 2015 Bensouda iniciara la investigación preliminar, de acuerdo con múltiples fuentes.

La primera interacción de Cohen con Bensouda tuvo lugar aparentemente en 2017, cuando se presentó a la fiscal durante un breve encuentro en la conferencia de seguridad de Múnich. Según múltiples fuentes con conocimiento del episodio, el año siguiente le tendió una “emboscada” a Bensouda durante un extraño incidente en la suite de un hotel de Manhattan. Era el año 2018. Bensouda estaba en Nueva York por una visita oficial y tenía un encuentro en su hotel con Kabila.

Kabila ayudó al Mossad

Ya se había reunido en varias ocasiones con el entonces presidente de la RDC por la investigación que desarrollaba la CPI por presuntos crímenes cometidos en el país. Pero la reunión, al parecer, era una encerrona. Tras pedir al personal de Bensouda que abandonara la habitación, Cohen entró en ella, dijeron tres fuentes con conocimiento de los detalles del encuentro. La aparición sorpresa alarmó a Bensouda y al grupo de funcionarios de la CPI que viajaban junto a ella.

Aunque no se sabe el motivo por el que Kabila ayudó a Cohen, la publicación israelí TheMarker reveló en 2022 los vínculos entre los dos hombres cuando informó sobre varios viajes secretos que el director del Mossad había hecho en 2019 a la RDC. Según TheMarker, los viajes de Cohen fueron aprobados por Netanyahu casi con toda seguridad.

De acuerdo con la publicación, el objetivo de estos muy atípicos viajes, que habían asombrado a altos cargos de los servicios de espionaje, era pedir asesoramiento a Kabila respecto a “un asunto de interés para Israel”.

La emisora israelí Kan 11 informó en 2022 sobre esos encuentros en la RDC. Los viajes de Cohen estaban relacionados con un “plan extremadamente polémico” y constituían “uno de los secretos más sensibles de Israel”, según la emisora que citó a fuentes oficiales.

The Guardian ha recibido confirmación por parte de múltiples fuentes que los viajes tenían que ver parcialmente con la operación contra la CPI y que Kabila –quien en enero de 2019 dejó de ser presidente de la RDC–, había desempeñado un papel de apoyo crucial en el complot del Mossad contra Bensouda. Kabila no respondió a una solicitud del periódico británico.

Tras su reunión sorpresa con Kabila y con Bensouda en Nueva York, tres fuentes han confirmado que Cohen se puso a llamar por teléfono insistentemente a la fiscal jefe de la CPI para conseguir una reunión con ella. De acuerdo con dos personas familiarizadas con la situación, cuando Bensouda preguntó a Cohen cómo había conseguido su número, el entonces jefe del Mossad respondió: “¿Has olvidado a qué me dedico?”.

Fotos del marido de la fiscal y otras amenazas

Al principio, según las fuentes, Cohen “trató de entablar una relación” con la fiscal jugando al “poli bueno” en un intento de seducirla. Aparentemente, el primer objetivo era conseguir que Bensouda cooperara de manera voluntaria con Israel. Pero el tono de las comunicaciones fue cambiando con el tiempo, “amenazas y manipulación” entre las tácticas que Cohen comenzó a desplegar, según una persona con información de las reuniones. Tanto fue así que Bensouda decidió informar sobre el comportamiento de Cohen a un pequeño grupo de altos funcionarios de la CPI.

En diciembre de 2019, la fiscal anunció que tenía motivos suficientes para abrir una investigación penal completa por crímenes de guerra denunciados en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Pero en vez de iniciarla decidió solicitar antes un dictamen de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que confirmara la jurisdicción de la Corte sobre Palestina.

Según múltiples fuentes, fue en esta etapa de deliberación de la Sala cuando Cohen intensificó los intentos de convencer a Bensouda para que no procediera con una investigación completa si los jueces le daban luz verde.

Entre finales de 2019 y principios de 2021, según las fuentes, el jefe del Mossad propició y logró al menos tres encuentros con Bensouda. Para los funcionarios de la CPI, el comportamiento de Cohen era cada vez más preocupante. Según una fuente familiarizada con el relato de Bensouda en torno a las dos últimas reuniones, Cohen le habló a la fiscal sobre su seguridad y la de su familia de una manera que ella percibió como amenazante.

En una ocasión, Cohen le habría mostrado a Bensouda fotografías de su marido, tomadas sin que él se diera cuenta, durante un viaje de la pareja a Londres. En otra, según las fuentes, Cohen insinuó a la fiscal que abrir una investigación completa sería perjudicial para su carrera.

Cuatro personas con conocimiento de lo ocurrido dijeron que fue más o menos en esa época cuando Bensouda y otros funcionarios de la CPI descubrieron que en los canales diplomáticos se habían puesto en circulación informaciones relativas a su marido, consultor en asuntos internacionales.

Entre 2019 y 2020, el Mossad se interesó por los miembros de su familia y buscó de manera activa informaciones comprometedoras sobre la fiscal. Entre el material obtenido por la agencia de espionaje se incluían las transcripciones de una aparente operación encubierta contra su marido. No está claro quién llevó a cabo la operación ni lo que supuestamente decía su marido en esas grabaciones. Una posibilidad es que el marido fuera un objetivo de agencias de espionaje de otro país, o de agentes privados de otro país, que buscaban una manera de ejercer presión sobre la CPI. Otra posibilidad es que la información fuera falsa.

Pero lo cierto es que cuando el material llegó a manos de Israel, los diplomáticos del país lo usaron para tratar, sin éxito, de debilitar a la fiscal jefe. Según múltiples fuentes, Israel no logró convencer a sus aliados de la relevancia del material.

Tres personas con conocimiento de la información compartida por Israel en canales diplomáticos describieron el intento como parte de una infructuosa “campaña de desprestigio” contra Bensouda. “Fueron a por Fatou”, dijo una de esas personas, pero no lograron “ningún efecto” en el trabajo de la fiscal.

Esta operación diplomática formó parte de una política coordinada del gobierno de Netanyahu, en Israel, y el de Donald Trump, en Estados Unidos, para ejercer presión de forma pública y privada sobre la fiscal y su equipo.

En una decisión inédita, la Administración Trump impuso restricciones de visado y sanciones a la fiscal jefe entre 2019 y 2020. Una represalia por la decisión de Bensouda de iniciar una investigación aparte por presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán por los talibanes y por personal militar afgano y estadounidense.

Mike Pompeo, entonces secretario de Estado de EEUU, atribuyó las sanciones al caso de Palestina. “Está claro que la CPI solo está poniendo a Israel en su punto de mira con fines claramente políticos”, dijo. Meses después, Pompeo acusó sin pruebas a Bensouda de haber “participado en actos corruptos por su beneficio personal”.

Las sanciones de EEUU fueron retiradas con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. La Sala de Cuestiones Preliminares emitió en febrero de 2021 una resolución que confirmaba la jurisdicción de la CPI en los territorios palestinos ocupados. Un mes después, Bensouda anunciaba la apertura de la investigación penal.

“Nuestra preocupación principal, en última instancia, deben ser las víctimas de los crímenes, tanto palestinas como israelíes, por el largo ciclo de inseguridad y violencia que ha causado un sufrimiento y una desesperación profunda en todas las partes”, dijo entonces.

Tres meses después Bensouda terminó su mandato de nueve años en la CPI, dejando a su sucesor Khan la tarea de retomar una investigación que adquiriría una urgencia renovada, y que la semana pasada desembocó en la solicitud de órdenes de detención, tras los atentados perpetrados por Hamas contra Israel el 7 de octubre y la consiguiente guerra en Gaza.

Esta era la conclusión que temían en Israel los estamentos políticos, militares y de espionaje. “Elegir al jefe del Mossad como mensajero oficioso del primer ministro ante Bensouda fue, por definición, un intento de intimidación”, dijo una persona con información sobre las maniobras de Cohen. “Fracasó”.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, ordenó este viernes a Israel que detenga “inmediatamente” su ofensiva militar en Rafah, después de que Sudáfrica solicitara hace dos semanas que la corte dictara medidas cautelares urgentes ante el ataque israelí contra esa localidad, que dio comienzo el 6 de mayo y provocó desde entonces el desplazamiento de unos 800.000 palestinos que se habían refugiado en el extremo sur de Gaza.

El presidente de la CIJ, el libanés Nawaf Salam, leyó y argumentó la decisión de los jueces (13 de un total de 15 votaron a favor) que consideran que la situación humanitaria en Gaza ha degenerado en los pasados meses y es ahora “desastrosa”, y que las medidas tomadas por Israel en Rafah –las órdenes de evacuación de varios barrios de la ciudad y la designación de una “zona humanitaria”– no son suficientes para “reducir el riesgo al que está expuesta la población palestina debido a la ofensiva”.

Áreas designadas por el Ejército israelí en Gaza

Jerusalén

N

Área

ampliada

2 km

ISRAEL

“Zona humanitaria” extendida

Deir al Balah

“Zona humanitaria” de Al Mawasi

Franja

de Gaza

Jan Yunis

Rafah

EGIPTO

Paso

de Rafah

Áreas de Rafah que Israel ha ordenado evacuar

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ISW

Áreas designadas por el

Ejército israelí en Gaza

Jerusalén

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Área

ampliada

2 km

Deir al Balah

“Zona humanitaria” extendida

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“Zona humanitaria” de Al Mawasi

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de Gaza

Jan Yunis

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EGIPTO

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Áreas de Rafah que Israel ha ordenado evacuar

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ISW

Por ello, el tribunal con sede en La Haya insta a Israel a “detener inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en Rafah” y “mantener abiertos los pasos fronterizos terrestres, en particular el cruce de Rafah” para que pueda entrar la asistencia humanitaria y los servicios básicos que los gazatíes “necesitan urgentemente”. A través de ese cruce entre Gaza y Egipto llega a la Franja la mayor parte de la ayuda internacional (alimentos, agua potable, combustible, suministros y personal médicos, etc.) pero muy pocos camiones han podido cruzarlo desde que Israel se hizo con el control del lado palestino del paso fronterizo el pasado día 7, tal y como han denunciado las agencias de la ONU.

La CIJ ya había instado a finales del pasado mes de enero a Israel a que permitiera la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, una orden que reiteró a finales de marzo. También había pedido a Israel que tomara “todas las medidas que están en su poder para evitar actos de genocidio” en la guerra de Gaza y presentara un informe con todas las medidas adoptadas para aplicar las órdenes dictadas por el tribunal en un plazo de un mes, algo que no ha ocurrido hasta el día de hoy.

Israel hace oídos sordos a las órdenes del tribunal

Este viernes, el tribunal de La Haya también recordó que Israel debe “garantizar el acceso sin obstáculos” a la Franja de cualquier comisión o misión de investigación, o de otro organismo de Naciones Unidas para “investigar las alegaciones de genocidio”, en el marco de la demanda presentada por Sudáfrica el pasado diciembre contra Israel denunciando un “patrón de conducta de intención genocida” en su ofensiva en Gaza, que ha dejado casi 36.000 muertos –incluidos más de 15.000 niños– desde el pasado 7 de octubre. Los jueces de la CIJ consideraron que existe riesgo de genocidio en Gaza.

Las decisiones de la CIJ son legalmente vinculantes, pero depende de la voluntad de los países aplicarlas y, en el caso de Israel, ha demostrado anteriormente que no tiene ninguna voluntad. Sin ir más lejos, en el caso de Rusia, el máximo tribunal de la ONU pidió a Moscú suspender “inmediatamente” sus operaciones militares en Ucrania menos de un mes después del comienzo de la guerra pero, más de dos años después, el Ejército ruso continúa su ofensiva.

Desde el primer dictamen de la CIJ, Sudáfrica ha pedido al tribunal que ordene medidas cautelares adicionales para detener la masacre en Gaza, pero Israel hizo oídos sordos una y otra vez.

Durante las audiencias celebradas la semana pasada en La Haya, el embajador de Sudáfrica en Holanda, Vusimuzi Madonsela, pidió a los 15 jueces de la CIJ que ordene a Israel retirarse “de forma total e incondicional” de Rafah y del paso fronterizo homónimo. El equipo legal israelí, como ya hizo en otras ocasiones, aseguró ante la corte que “Israel toma medidas extraordinarias para minimizar el daño a los civiles en Gaza”.

El Gobierno israelí, que en general rechaza el mandato de Naciones Unidas y considera que el organismo favorece a los palestinos, hdecidió participar en el proceso de la CIJ y defenderse ante las acusaciones de genocidio, pero no aplicó los dictámenes del tribunal. Según Sudáfrica, “la condición necesaria para la implementación efectiva de las medidas cautelares de la corte es un alto el fuego permanente en Gaza”, algo que hasta el momento Israel rechazó en el marco de las negociaciones indirectas con Hamas.

Este jueves y viernes se celebran las primeras vistas en el caso por genocidio abierto por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia a raíz de la ofensiva en Gaza, que deja ya cerca de 23.000 muertos en tres meses. El caso representa el mayor desafío legal al que se ha enfrentado Israel en los últimos años y la primera decisión del organismo puede llegar en cuestión de semanas.

La justicia internacional no siempre es lenta

En su demanda contra Israel, Sudáfrica solicita medidas cautelares, lo que quiere decir que los jueces deben decidir en cuestión de semanas si ordenan a Israel que detenga su ofensiva de manera temporal hasta que tomen una decisión definitiva sobre el fondo del proceso por genocidio.

Con esta estrategia, la acusación se asegura una pronta respuesta y, además, aumenta las posibilidades de una resolución favorable porque se rebajan los estándares mínimos para ello. El tribunal no tiene que demostrar que Israel ha violado el Convenio para la Prevención y el Castigo del Genocidio, sino que hay bases razonables para dudar del cumplimiento del tratado.

Sudáfrica refuerza este punto con las declaraciones de múltiples expertos y organismos de la ONU que han advertido frente al riesgo de genocidio.

“Dados los niveles de violencia y destrucción sin precedentes que continúan existiendo sobre Gaza y dadas las declaraciones públicas de oficiales israelíes empleando un lenguaje genocida, creo que es probable que el tribunal dicte medidas cautelares”, dice a elDiario.es Sonia Boulos, profesora en la Universidad Antonio de Nebrija, experta en derecho internacional y que ha ejercido como abogada en la Asociación de Derechos Civiles en Israel, donde ha litigado durante seis años numerosos casos frente al Tribunal Superior de Justicia.

Precedentes de medidas cautelares

No sería la primera vez que la Corte Internacional de Justicia dicta medidas cautelares en casos sobre genocidio. El 26 de febrero, dos días después del inicio de la invasión rusa, Ucrania presentó un caso en la CIJ relativo a una disputa en el marco de la Convención sobre el Genocidio.

Rusia justificaba la invasión como una protección de la población rusoparlante de Donetsk y Lugansk ante un supuesto genocidio y Ucrania solicitaba a la corte emitir un fallo sobre esa premisa, que Kiev considera falsa. En su argumentación, Ucrania solicitaba también medidas cautelares ordenando a Rusia detener la ofensiva.

Rusia no participó en la vista oral y envió una carta al tribunal defendiendo que el organismo no tenía jurisdicción para abordar el asunto. El 16 de marzo, menos de tres semanas después, el tribunal decidió (por 13 votos a 2) imponer medidas cautelares ordenando a Rusia “suspender inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero”. Aunque las medidas son vinculantes, Rusia no ha cumplido y está violando el fallo del máximo tribunal de la ONU.

En 1993 Bosnia inició un procedimiento contra Yugoslavia por genocidio. En este caso, Bosnia acusaba a Yugoslavia de violar el tratado contra la población bosnia y el tribunal dictó medidas cautelares. 14 años después, la CIJ emitió el fallo final y concluyó que “Serbia no había cometido genocidio a través de sus órganos o personas cuyos actos comprometen su responsabilidad”. Sin embargo, si concluyó que “Serbia violó la obligación de prevenir el genocidio respecto a lo ocurrido en Srebrenica en julio de 1995” y lo hizo, en parte, por no cumplir con las medidas cautelares ordenadas al inicio del proceso, destacaron los jueces.

En 2019, Gambia abrió otro proceso alegando que Myanmar no había cumplido sus obligaciones para prevenir y castigar actos de genocidio cometidos contra la población rohingya. El tribunal también ordenó medidas cautelares solicitando al país detener las muertes y el daño físico o mental a miembros del grupo.

Las pruebas de Sudáfrica

En su demanda, Sudáfrica acusa a Israel de cometer “actos genocidas contra la población palestina en Gaza”. “Esos actos incluyen matanzas, causar daños mentales y físicos graves e imponer deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física como grupo”. 

Aunque la acusación se centra exclusivamente en los actos de Israel desde el pasado 7 de octubre que comenzó la ofensiva tras el ataque de Hamas, la acusación señala que “es importante situar los actos de genocidio en el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante su largo apartheid de 75 años, su larga ocupación beligerante de 56 años del territorio palestino y su bloqueo de 16 años sobre Gaza, incluidas graves violaciones del derecho internacional asociado con todo ello”. 

La demanda divide en ocho apartados lo que describe como “actos genocidas” de Israel, cada uno de ellos apoyado con datos y referencias a organismos de la ONU y ONG: matanza de palestinos en Gaza; daños físicos y mentales graves; expulsión masiva de hogares y desplazamiento; privación de acceso a alimentos y agua adecuados; privación de acceso a refugio, ropa e higiene adecuada; destrucción de la vida civil; privación de asistencia médica adecuada; y, por último, imposición de medidas destinadas a prevenir nacimientos.

Frente a la defensa de Israel, que asegura que ha protegido en todo momento la vida de los civiles ordenando evacuaciones y creando un área humanitaria, Sudáfrica se remite al Comité Internacional de la Cruz Roja, que dijo que las órdenes de evacuación no son compatibles con el derecho internacional humanitario. También denuncia bombardeos israelíes sobre zonas de evacuación y destaca que la denominada “zona humanitaria” declarada unilateralmente por Israel en Al Mawasi no es segura, tal y como han declarado ONG y organismos de la ONU.

Además de los datos más evidentes sobre la cifra de muertos y el porcentaje de niños y mujeres (70%), los ataques a refugios, centros médicos y el bloqueo de ayuda humanitaria, la acusación denuncia que Israel ha bombardeado todo el sistema civil de Gaza: el palacio de Justicia, el complejo legislativo, el archivo central (con documentos de hasta un siglo de antigüedad), la principal librería pública, todas y cada una de las cuatro universidades “destruyendo así los campus para la educación de generaciones futuras de palestinos”, museos, lugares arqueológicos como un cementerio romano de 2.000 años y alrededor de 318 lugares religiosos.

Expresiones genocidas de sus mandatarios

“Las pruebas de la intención específica ('dolus specialis') de los funcionarios del Estado israelí de cometer y persistir en la comisión de actos genocidas o de no impedirlos han sido significativas y manifiestas desde octubre de 2023”, señala el documento de Sudáfrica. Junto a todos los actos “genocidas” recogidos anteriormente, la acusación reúne una serie de declaraciones de líderes políticos y militares que pretenden demostrar la comisión intencionada del crimen de todos los crímenes. 

Del primer ministro Benjamín Netanyahu se destacan, entre otras declaraciones, sus varias referencias a la historia bíblica de la destrucción total de los amalecitas. Dicho pasaje bíblico afirma: “Vayan y ataquen a los amalecitas y proscriban todo lo que les pertenece. No perdonéis a nadie. Mátenlos a todos, hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos”.

También se recogen las declaraciones del presidente, Isaac Herzog, sobre la distinción entre civiles y militantes. “Hay una nación entera ahí que es responsable. No es cierta esta retórica de civiles que no son conscientes y no están involucrados. No es cierta… y lucharemos hasta romper su espina dorsal”. Del mismo modo se hace referencia al anuncio del asedio por parte del ministro de Defensa, Yoav Gallant, y la expresión “animales humanos”. “Gaza no volverá a lo que era antes. Lo eliminaremos todo”, dijo el ministro, que también informó de que había “liberado todas las restricciones” a los soldados.

“Se ordena a toda la población civil de Gaza salir inmediatamente. Ganaremos. No recibirán una gota de agua o una sola batería hasta que abandonen el mundo”, dijo el ministro de Energía e Infraestructuras. “Ahora de hecho estamos llevando a cabo la Nakba de Gaza”, dijo el ministro de Agricultura en referencia al desplazamiento forzoso del 80% de la población palestina que vivía en el territorio de Israel cuando se creó el Estado en 1948. Por su parte, el portavoz adjunto del Parlamento tuiteó: “Ahora todos tenemos un objetivo común: borrar la Franja de Gaza de la faz de la tierra”.

El jefe del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) –organismo encargado de las iniciativas humanitarias en Gaza–, Ghassan Alian, dijo en una declaración grabada en vídeo que “Hamas se ha convertido en ISIS y los ciudadanos de Gaza lo celebran en lugar de estar horrorizados. A los animales humanos se les trata como tal. Queríais el infierno, tendréis infierno”. El jefe adjunto del grupo también publicó un vídeo desde Beit Lahia, en Gaza: “El que vuelva aquí, si es que vuelve, encontrará tierra quemada. Sin casas, ni agricultura ni nada. No tienen futuro”.

“El objetivo es claro: destruir todo lo que ha sido tocado por la mano de Hamas”, afirmó el jefe de las operaciones aéreas del Ejército.

Posición de Israel en la CIJ

Israel, que normalmente ha criticado los tribunales internacionales como tendenciosos, ha decidido defenderse en el tribunal y no boicotear el proceso, lo que refleja el alcance y la preocupación del asunto. Israel ha lanzado fuertes críticas contra el organismo en el pasado y boicoteó la publicación de una opinión en 2004 sobre la construcción del muro en Cisjordania en la que la corte abogaba por su destrucción y declaraba ilegales los asentamientos.

Como parte en el caso, Israel tiene el derecho a enviar a uno de los 15 jueces que decidirán sobre el caso de genocidio y para ello ha elegido a un exjuez del Tribunal Supremo superviviente del Holocausto. Tel Aviv asegura que se trata de una guerra en defensa propia, que está protegiendo a la población civil palestina y que está respetando el derecho internacional humanitario.

Su participación en el caso judicial le hará más complicado ignorar las medidas cautelares, si es que el alto tribunal decide imponerlas.

“Aunque Israel no cumpla inmediatamente, el mero hecho de que ignore las medidas dictadas por el tribunal socavaría gravemente la legitimidad de sus afirmaciones de que acata el derecho internacional”, dice Boulos. “Las medidas provisionales movilizarían aún más a la opinión pública contra la guerra en todo el mundo, podrían legitimar las campañas para exigir responsabilidades a Israel, también legitimarían el movimiento BDS (boicot, desinversión y sanciones) y podrían servir de catalizador para empujar a las organizaciones regionales o incluso a países individuales a adoptar diferentes medidas para presionar a Israel para que detenga o al menos minimice su operación. También podría presionar al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para que avanzara con mayor celeridad en su investigación”.

Diferencias con el proceso en la CPI

El proceso abierto por Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia por genocidio es un proceso totalmente independiente al actual caso de Israel en la Corte Penal Internacional que, además de genocidio, tiene jurisdicción sobre crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

Mientras la Corte Penal Internacional juzga a personas físicas, la Corte Internacional de Justicia puede establecer la responsabilidad civil de un Estado por genocidio. En este sentido, el tribunal puede declarar culpable a Israel por violar el tratado sobre genocidio sin que haya ni un solo mandatario o soldado israelí condenado previamente por este delito.

El convenio sobre genocidio, del que Israel es parte, establece que las controversias entre los miembros (en este caso Sudáfrica e Israel) serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia. 

En el caso de la CPI, aunque Israel no es parte del tratado que lo rige, el tribunal tiene competencia porque Palestina está considerado Estado miembro y solicitó la apertura de una investigación. El organismo abrió su investigación en 2021 y está estudiando posibles crímenes cometidos en Palestina o por palestinos desde 2014. Netanyahu calificó la apertura del caso de “puro antisemitismo y el colmo de la hipocresía”.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigió este miércoles a Rusia, por trece votos a dos, “suspender de forma inmediata las operaciones militares” en Ucrania.

“La Federacion rusa debe asegurarse de que cualquier unidad militar o grupo armado irregular que apoye (…) evite tomar pasos que fomenten las operaciones militares” en Ucrania, dijo la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, en la lectura pública de la orden judicial.

Asimismo, los jueces decidieron de forma unánime hacer un llamamiento a Moscú y a Ucrania para que se “abstengan de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante la corte”.

Para llevar el conflicto armado al alto tribunal de la ONU, Kiev argumentó que Rusia ha malinterpretado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países, debido a que Moscú ha justificado la invasión a Ucrania en base a un presunto genocidio de la población rusoparlante en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk.

El tribunal se alineó así con la hipótesis de Ucrania y dictaminó que “en principio” es competente para juzgar el caso, aunque Rusia tendrá más adelante el derecho de presentar una moción para disputar la jurisdicción de la corte.

Las órdenes dictadas este miércoles por los jueces son medidas cautelares que, en teoría, se deberían aplicar hasta que se juzgue el fondo del caso. Es decir, hasta que la CIJ analice si Moscú ha malinterpretado la convención contra el genocidio, un proceso judicial que llevaría años.

No obstante, está por ver si Rusia obedecerá la orden del tribunal, pues aunque sus decisiones son vinculantes, la CIJ no dispone de una fuerza policial que haga cumplir sus sentencias, sino que depende de la voluntad de los Estados implicados.

Cuando un país ignora las órdenes de la CIJ, el Estado afectado puede recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para “hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben adoptarse para dar efecto a la sentencia”, se dice en el artículo 94 de la carta de la ONU.

Sin embargo, Rusia podría usar su derecho a veto como miembro permanente y bloquear cualquier iniciativa que se presente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Con información de EFE.

IG

Rusia no se presentó este lunes al juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el que Ucrania ha demandado a Moscú por violar presuntamente la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la invasión iniciada el pasado 24 de febrero.

“El tribunal lamenta la no comparecencia de la Federación Rusa en este juicio oral”, dijo la jueza presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, al inicio del juicio.

El representante de Ucrania, Anton Korynevych, también lamentó la no presencia de la delegación de Moscú en el Palacio de la Paz, la sede del tribunal en La Haya.

“El hecho de que los asientos de Rusia estén vacíos habla por sí mismo. No están aquí en este tribunal de justicia, están en un campo de batalla librando una agresiva guerra”, añadió Korynevych.

Ucrania asegura que Rusia está malinterpretando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países, debido a que Moscú ha justificado la invasión en base a un presunto genocidio de la población rusoparlante en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk.

“Es una mentira horrible”, explicó el representante de Kiev, pues “no es Ucrania quien comete genocidio, sino Rusia y su liderazgo político y personal militar los que cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, dijo Korynevych.

El representante de Kiev recordó el más de millón y medio de refugiados que han abandonado el país desde el pasado 24 de febrero y las miles de personas que se esconcen en los refugios de la capital.

“Hay bebés que están naciendo en el metro y en túneles mientras los hospitales están siendo bombardeados. Todo esto es una realidad terrible a la que el pueblo de Ucrania se enfrenta ahora mismo”, añadió Korynevych.

Kiev ha reclamado al tribunal que le exija a Moscú “que no tome medidas que puedan agravar o extender la disputa” y que Rusia proporcione a la corte informes periódicos sobre las eventuales medidas cautelares impuestas por los jueces.

Con información de EFE.

IG