Un anuario oficial que habla de “estúpida carnicería humana”, el testimonio de una víctima directa y un sumario policial con el nombre de 20 sobrevivientes retenidos antes de poder emprender el doloroso camino del regreso; fueron la punta del ovillo para una investigación que permite hoy que la Justicia argentina se encamine a producir su segundo juicio penal por la verdad histórica de una masacre indígena.

Se trata de la “Masacre de El Zapallar” perpetrada por la policía de territorios nacionales el 7 de septiembre de 1933 contra población moqoit en territorio chaqueño e investigada desde hace 12 años por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco que en el plazo de dos meses tiene previsto interponer el pedido de elevación a juicio, según confirmó el fiscal adhoc Diego Vigay a elDiarioAR.

El fusilamiento de entre 50 y 70 personas tuvo lugar en lo que es hoy la localidad de General San Martín –antes denominada El Zapallar–, ubicada a 100 kilómetros del sitio donde en 1924 se había producido la “Masacre de Napalpí” –hoy Colonia Aborigen–, cuya investigación judicial dio lugar en 2022 a la primera sentencia penal contra el Estado Argentino por crímenes de lesa humanidad contra población originaria en el marco de un genocidio.

El último paso judicial importante dentro de este nuevo expediente se cumplió el pasado 6 de abril cuando la Fiscalía Federal de Chaco obtuvo los testimonios de 11 descendientes de los sobrevivientes registrados en el viejo sumario policial de 1933, quienes llegaron desde diferentes puntos de la provincia para reproducir ante los representantes del Ministerio Público la versión que sus abuelos o bisabuelos (ya fallecidos), les dieron sobre esa matanza grabada a fuego en la memoria colectiva.

“Fueron de 70 para arriba los asesinados, entre ellos niños, mujeres y ancianos”, dijo a los fiscales Héctor José (65), quien conoció la historia de boca de su abuelo Luis Salteño.

Por su parte, Sixto Lalecori (65), contó “la policía recibió con disparos de armas de fuego” al primer de grupo de moqoit en llegar a El Zapallar después de más de 20 días de caminata motorizada por la grave crisis alimentaria que asolaba sus comunidades.

“Pensaron que los moqoit habían ido a pelear, por eso los asesinaron a sangre fría”, dijo Alfredo Sateño (76) al repetir el relato de su abuelo Pedro Balquinta

 “Los que tiraban los tiros eran los policías y algunos civiles”, dijo Florencio Ruiz (55) que contaba su tatarabuela.

Las narraciones dan cuenta también de que muchas muertes se producen durante la huida, ya sea al intentar cruzar a nado el Río de Oro, ya sea por hambre o cansancio.

“En ese año, una persona mestiza que el ejército denomina ‘lenguaraz’ –pero que para nosotros era un ‘altemuy’–, anduvo recorriendo las comunidades (moqoit) para convencer a los caciques de que se había instalado la paz entre el blanco y el indígena, y los invitaba a asentarse en un lugar que se llamaba El Zapallar”, contó a elDiarioAR Juan Carlos Martínez, docente bilingüe que también ofreció testimonio como nieto de una sobreviviente.

“Les pidió que vendan sus cosas o que abandonen (sus territorios) porque allá iban a tener todo. Y mucha de la gente que estaba sufriendo sequía y hambruna, le creyó y se fueron”, agregó.

Por eso y porque no iban en actitud de guerrear, “no esperaban que los milicos –como le llamaban al ejército y la policía–, los recibieran a tiros”, como tristemente ocurrió.

“Algunos pudieron volver a las comunidades, pero cuando llegaron (a sus terrenos) ya estaban ocupados por los gringos, que estaban alambraban acompañados por policías”, dijo.

Un lugarcito donde amontonarse

Los grupos moqoit que lograron superar el intento de asesinato y la dura odisea del regreso, se encontraron con que sus tierras ya no les pertenecían y “se tuvieron que amontonar en algún lugarcito que quedaba en la zona rural”. 

“Todo eso me lo contó mi abuela, mis papás y mis tíos. Se lo contaba a escondidas, en voz baja, para que nadie sepa que la abuela estuvo porque fueron perseguidos y tenían miedo de que vuelva a pasar. La masacre de Zapallar quedó como último dolor para el pueblo moqoi”, dijo.

En diálogo con elDiarioAR, el fiscal Vigay explicó que “el grueso” de los 300 indígenas que marchaban a Zapallar “eran de la reducción Napalpí”, es decir, de uno de las cuatro reducciones estatales para indígenas –verdaderos centros concentracionarios– que funcionaron en los ex territorios nacionales de Chaco y Formosa entre 1911 y 1956, donde la población originaria era obligada a trabajar en condiciones muy cercanas a esclavitud.

Al llegar a las afueras de esa localidad, montaron un campamento “y tuvieron una instancia de negociación con el comisario”, como parte de la cual el funcionario “les acercó algo de comida” para evitar que siguieran avanzando, pero “que ni siquiera les alcanzó para todo el grupo”

Esas negociaciones no dieron resultado y movidos “por la desesperación, por la situación de hambre, deciden ingresar”, aunque dejando en claro su actitud pacífica por eso “disponen que vayan los niños y las mujeres primero, los ancianos después y, finalmente, los hombres”.

“Son recibidos por unos 40 efectivos de la policía de territorios nacionales y algunos civiles, que disparan repeliendo el ingreso: se estima que produjeron 50 muertes”, dijo.

Apegados a la idea de que se trataba de “un malón”, la policía detiene por algunas horas a 20 de los sobrevivientes cuyos testimonios asentados en el “Expediente N°926 del Juzgado Letrado del Territorio Nacional del Chaco” del año 1933, ofician hoy como una prueba fundamental, porque pusieron nombre y voz a las víctimas directas de la matanza.

“Hicimos una búsqueda a partir del listado de detenidos adultos varones: con esos apellidos como referencia, llegamos a estos 11 descendientes (que dieron testimonio), casi todos nietos”, explicó Vigay.

Dadas las barreras físicas y simbólicas, la tarea no fue fácil y rindió sus frutos casi dos años después de haberse realizado el pedido público de colaboración al pueblo moqoit para dar con quienes, “por el relato oral de sus mayores, puedan tener conocimiento de lo sucedido y brindar testimonio”, según puede leerse en la convocatoria fechada en agosto de 2024.

“Trabajamos con docentes moqoi para trasladar el mensaje a la comunidad y finalmente un referente nos propuso organizar reuniones en las diferentes comunidades, en las que fueron surgiendo los nombres de estos 11 familiares de sobrevivientes. Y así fue que llegamos a los testimonios, que es el paso que nos faltaba para pensar en la posibilidad de una audiencia de juicio y una sentencia”, dijo.

No obstante, la causa contenía ya los testimonios de sobrevivientes directos de la masacre que fueron apareciendo en la investigación de la masacre de Napalpí: son los de Pedro Balquinta, Ramona Pérez –la abuela de Juan Carlos Martínez– y Justino Lalecori quienes declararon en su doble condición de sobrevivientes de Napalpí y Zapallar, pero no podrán participar de un eventual juicio de la verdad porque fallecieron en los años transcurridos desde entonces.

El expediente resultó muy prolífico también al mostrar cómo fue cambiando la calificación de los hechos a medida que avanzaban las pesquisas en 1933.

“Investigaban un malón, pero después resulta que de los testimonios indígenas se desprende que ellos sólo pedían trabajo o alimentos, y que lo que se describió inicialmente como armas, eran elementos de trabajo. Por eso terminan cerrando el expediente diciendo ‘bueno, fue todo un malentendido, fue un incidente’ y se le da la libertad a todas las personas”, contó Vigay

Queda pendiente, por otra parte, la localización de los cuerpos porque “todos los testimonios hablan de una fosa común, pero no nos dan dado ninguna ubicación que nos permita realizar una búsqueda” con antropólogos forenses por lo cual “es uno de los puntos” en los que podría avanzarse con el juicio. 

Sin embargo, el expediente judicial sí permitió identificar como sitio de la masacre el lugar donde se erige un centenario “tatané” –árbol de la flora local– y donde la comunidad qom local organiza cada año un homenaje a sus hermanos moqoit allí masacrados.

Allí se construyó allí un monolito como memorial que en noviembre pasado fue declarado “Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia” por una ley de la Legislatura chaqueña, que ya en 2014 ya había instituido por al 9 de septiembre de cada año como “día de duelo provincial, en conmemoración del suceso conocido como la Masacre del Zapallar”.

Además de los testimonios y el expediente judicial de época, fue clave la incorporación de la investigación realizada por el historiador, ex intendente de General San Martín y actual diputado provincial Rubén Guillón, volcada en un capítulo de su libro “El Zapallar, tenemos historia” (2012).

“Yo supe de la masacre por un artículo que publicó el profesor e investigador Eduardo Barreto en el diario El Norte. Cuando empiezo a indagar a nivel local, surge que ‘algo pasó’, pero no estaba a la vista. Es un tema que se hablaba por los pasillos de la comunidad, como algo prohibido. De hecho, después que publiqué el libro recibí el reproche de algunos vecinos mayorcitos que me increparon diciéndome ‘¿vos qué buscás? ¿Generar más odio, venganza?’”, contó a elDiarioAR Rubén Guillón.

Es que quienes siguen viviendo en General San Martín no son los moqoit sino los descendientes de aquellos policías y civiles que dispararon.

Lo primero que Guillón encontró tras entrevistarse con Barreto fue los certificados de defunción de los dos fallecidos oficiales de los que habló la prensa de la época, pero el documento “más categórico y contundente”, lo hallaría tiempo después, tras una revisión hoja por hoja de un ejemplar un libro la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios que encontró en el Instituto de Geohistoria de El Chaco donde aparecía “un informe oficial que redactó el inspector que mandó esa comisión El Zapallar” tras la masacre.

“El hambre y la miseria amenazaban con acabar la tribu. Desesperados, decidieron ir a pedir socorro al pueblo de El Zapallar situado a unas leguas. Divididos en tres grupos marchaban. Adelante, las mujeres y los niños; más atrás, a continuación, los viejos, y a cierta distancia un tercer grupo, constituido por adultos, queriendo significar que iban con carácter de paz y a pedir socorro”, puede leerse en ese libro.

“Al tener noticias en el pueblo de la marcha de esta columna, el movimiento fue malinterpretado y reunidos un grupo de pobladores armados a las órdenes del comisario, recibieron a tiros a la miserable columna haciendo, por incomprensión, una estúpida carnicería humana”, continúa el relato de 1933.

El legislador destacó la importancia de esta prueba por tratarse, otra vez, de documentación oficial.

“¿Qué más prueba podés pedir si el informe oficial dice eso? No era un malón que quería ingresar al pueblo para asesinar, para matar y destruir, porque quién va a querer invadir un pueblo enviado adelante a las mujeres y niños. Por otro lado, habla de ‘carnicería’ ¡Como habrá sido una carnicería en 1933!”, dijo.

Dudas sobre el número real de víctimas

Una punta para seguir investigando, en este caso sobre el número real de víctimas, la constituye un párrafo en el libro de Barreto –ya fallecido–, donde se menciona que si bien “la Comisión Investigadora de la cámara de Diputados de la Nación, sostiene que fueron varias decenas” los moqoit asesinados en El Zapallar. Dar con esa documentación e incorporarla al expediente es una tarea pendiente.

La realización de un nuevo juicio por la verdad histórica dependerá de la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger, la misma que habilitó el debate oral para el expediente Napalpí.

“(El historiador) Juan chico planteaba con mucha fuerza y claridad que no eran lógico tener víctimas delitos de lesa humanidad de primera y de segunda, que se juzgara la masacre de Margarita Belén de 1978 y no se investigara Napalpí. Ese pensamiento nos interpeló a quienes tenemos a cargo la investigación de crímenes de lesa humanidad en El Chaco y nos llevó a plantearnos qué herramientas y qué posibilidad cierta teníamos de investigar y juzgar algo que pasó hace 100 años”, dijo Vigay.

Y ahí apareció la herramienta de los juicios de la verdad “que es algo que ya había utilizado la justicia federal argentina en la década del ‘90 cuando estaban vigente las leyes de impunidad”, es así que “fuimos aplicando eso y dio sus resultados”.

“Como docente y descendiente directo de sobrevivientes que soy, me duele que haya habido tanta injusticia, tanta discriminación, pero lo más triste y doloroso es que eso aún hoy continua” reflexionó por su parte Martínez.

El referente moqoit explicó que, hoy como ayer, la discriminación opera a partir del desconocimiento.

“Por eso queremos hacer conocer a la sociedad que hay un pueblo viviente, sobreviviente y preexistente que tiene una sabiduría muy profunda. La sociedad argentina necesita más valores humanos, y los valores humanos los tienen los pueblos indígenas”, concluyó.

MAA/MG

Los nombres de 20 indígenas detenidos el 7 de septiembre de 1933 en lo que es hoy la localidad chaqueña de General

Las dos masacres indígenas por las que ya ha sido condenado el Estado argentino -la de Napalpí de 1924 y la de Rincón Bomba de 1947- tienen características comunes que dan cuenta de una particular metodología aplicada para el desarrollo de las prácticas genocidas que se continuaron más allá de las “campañas al desierto”.

Tanto en la matanza de población qom/mocoi en territorio chaqueño como de pilagás en la actual Formosa, se habló de un inexistente “malón” para justificar la represión, en ambas hubo fusilamientos masivos de personas sorprendidas reunidas y desarmadas, en ambas hubo persecución posterior que se prolongó por varias semanas, fosas comunes y quema de cuerpos, desalojo, complicidad de la sociedad civil, impunidad y silencio historiográfico.

Por si fuera poco, en los dos episodios se usó una aeronave para ametrallar desde las alturas a la población civil.

“Vinieron los milicos y empezaron a disparar. ¡Pobre gente! Caían niños, mujeres, ancianos... Me acuerdo que a un hombre le quebraron la pierna y a otro le dispararon en la boca (…) y a una mujer la balearon en la nuca”, testimonió el sobreviviente de la Masacre de Rincón Bomba (1947), Ni'daciye, para el libro “Octubre Pilagá” de la documentalista e integrante de la Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena, Valeria Mapelman.

En ambas matanzas hubo fusilamientos masivos de personas sorprendidas reunidas y desarmadas, en ambas hubo persecución posterior que se prolongó por varias semanas, fosas comunes y quema de cuerpos

“Todos los troncos de los árboles quedaron llenos de balas, por eso Gendarmería los volteó después. Sólo había 50 metros entre ellos y nosotros (…) Si no hubieran cortado el monte hubiéramos encontrado todas las balas incrustadas, pero pasaron las topadoras y se llevaron los ranchos y los árboles”, agregó sobre los fusilamientos perpetrados muy cerca de la localidad formoseña de Las Lomitas, a 300 kilómetros al oeste de Formosa capital.

Los relatos sobre la masacre de Napalpí ocurrida en el paraje El Aguará (138 kilómetros al noroeste de Resistencia) 23 años antes, en otra geografía y bajo otro gobierno igualmente constitucional, no difieren mucho.

“En El Aguará éramos como mil aborígenes cuando atacaron. En las tolderías no había armas de fuego. Y mataron más de 200: hombres, mujeres, ancianos y niños (…) Nunca hubo malones. Querían que trabajáramos a cambio de nada, querían eliminarnos”, testimonió Melitona Enrique en el libro “Crímenes en sangre” de Pedro Solans. 

“Los que corrieron al monte, dos días y dos noches estuvieron sin comer (…) Los cuervos nos volaban (alrededor) porque estaban comiendo de los muertos”, contó en un documental esta mujer que falleció en 2008 a los 107 años. 

Masacre de Rincón Bomba

Con la expresión “Masacre de Rincón Bomba” se conoce la represión llevada adelante por Gendarmería, la Fuerza Aérea y la Policía de Territorios Nacionales contra indígenas pilagás en el paraje La Bomba -próximo a la localidad formoseña de Las Lomitas y a 300 kilómetros al oeste de Formosa capital-, entre el 10 y el 30 de octubre de 1947 (primera presidencia de Juan Domingo Perón), que incluyó fusilamientos, desapariciones, torturas, violaciones, secuestro y reducción a trabajos forzados de cientos de personas.

Según los hechos que consideró probado el Juzgado Federal Nº1 de Resistencia en 2019 a cargo de Fernando Carbajal, la matanza sobrevino como consecuencia de la negativa de los indígenas tanto a desalojar el área donde se habían asentado, como a incorporarse a la reducción de San Bartolomé de las Casas de triste recuerdo por el nivel de explotación que allí se registraba.

Esta “decisión política de las autoridades civiles y militares asentadas en la región” fue la respuesta a “una tensión de base interracial e intercultural, alimentada por los prejuicios y la ignorancia de la población criolla y las autoridades blancas”

El ataque “fue realizado sin que mediara ataque alguno por parte de los pobladores originarios” y se ejerció contra “una población civil desarmada” y reunida en gran número en una actividad religiosa.

“A continuación y de manera aún más inexplicable, se produjeron un conjunto de actos de persecución y matanza indiscriminada de la población indígena en fuga (…) Todo ello con el objetivo de eliminar todo vestigio de reclamo y reducir la totalidad de la etnia Pilagá sometiéndola al control estatal y el trabajo forzado, lo cual fue conseguido en alto grado”, concluyó el juez.

Masacre de Napalpí

En la “Masacre de Napalpí” registrada el 19 de julio de 1924, los perpetradores fueron más de un centenar, entre efectivos de la Policía Nacional de Territorios, gendarmes y algunos civiles armados, actuando unos bajo las órdenes y otros con anuencia del gobernador Fernando Centeno que había sido designado por el presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear.

Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre y el frío, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados y asesinados

Zunilda Niremperger — Jueza

La matanza de entre 400 y 500 integrantes de las etnias qom y moqoit se produjo en el paraje El Aguará (a 19 kilómetros de la reducción de Napalpí, hoy Colonia Aborigen), después de varias semanas de que organizaciones de la población civil y los diarios exigieran a las autoridades tomar medidas contra los indígenas qom y moqoi que protagonizaban la primera huelga de peones indígenas en reclamo por la baja de sus jornales y la prohibición de salir del territorio para ir a trabajar a los ingenios salteños, como hacían cada año.

“En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los heridos que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. Los sobrevivientes que pudieron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frío, debieron esconderse durante mucho tiempo para evitar ser capturados y asesinados”, sostuvo la jueza Zunilda Niremperger en los fundamentos de su fallo dictado en mayo de 2022 en el marco del primer juicio de lesa humanidad por el genocidio indígena.

Dentro de los fundamentos, se hizo foco en que la ejecución de la masacre “fue un hecho premeditado y planificado con antelación para el cual se destinaron recursos públicos”.

“La perpetración de la masacre, por su propia complejidad, (…) supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación”, indicó la magistrada.

MAA/MG

Las memorias de muerte y despojo que permanecen vivas en muchas comunidades indígenas en procura de reparación, sumado a la experiencia nacional en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad está dando lugar en Argentina a un novedoso proceso de condenas al estado nacional por prácticas genocidas contra los pueblos originarios durante su constitución y consolidación, desde finales del siglo XIX hasta bien avanzado el siglo XX.

Así en 2019 el Estado Argentino fue responsabilizado en el fuero civil por la “Masacre de Rincón Bomba” de 1947 en la que fueron fusilados más de 400 pilagás en cercanías de la localidad formoseña de Las Lomitas; mientras que en 2020 y 2022 también fue sentenciado en el ámbito civil y penal –respectivamente- por la “Masacre Napalpí” de 1924 que le costó la vida a unos 500 pobladores qom y moqoi en el paraje chaqueño de El Aguará.

Adicionalmente, la justicia federal de Reconquista está realizando la investigación preliminar preparatoria por la “Masacre de San Antonio de Obligado” de 1887 de cara a la realización de un juicio por la verdad –que sería el primero sobre un hecho del siglo XIX- y en una etapa más incipiente del mismo trámite se encuentra una segunda denuncia recibida por esos mismos tribunales en relación a la “Masacre de San Javier” de 1904, ambas registradas en la actual provincia de Santa Fe.

Además, en agosto del año pasado una referente mapuche-tehuelche hizo una presentación ante los tribunales de Comodoro Py para que se investigue como genocidio la persecución y matanza de pueblos originarios de la Patagonia durante las expediciones militares conocidas como “la Campaña del Desierto” (1878-1890).

“Se suele decir que hay un genocidio constituyente en todas las construcciones de los estados nación modernos, que en nuestro caso vendrían a ser las ‘campañas militares al desierto’, tanto a la Patagonia como a la región chaqueña”, dijo a elDiarioAR el sociólogo Marcelo Musante también integrante de la Red de Investigadores sobre Genocidio y testigo en el juicio de la verdad por la masacre de Napalpí.

“En este marco, estos juicios son muy importantes porque permiten dar cuenta de que las prácticas genocidas del estado sobre los pueblos originarios no terminaron con la conformación del estado nacional, sino que se continuaron en matanzas del siglo XX como la masacre de Napalpi y de La Bomba, dos casos que se dieron incluso en gobiernos democráticos”, agregó.

En ese sentido, el académico aclaró que “si bien uno no dice que haya gobiernos democráticos que son genocidas, sí decimos que hay prácticas de ese genocidio constituyente que todavía no se terminaron de resolver” en términos de verdad y justicia, actualizándose hasta el día de hoy al menos en el plano simbólico cuando, por ejemplo,  “el indígena ocupa el espacio público”.

“El indígena a cuidar, a proteger según una mirada paternalista, de repente se vuelve a transformar en ese otro negativo cuando ocupa el espacio público y otra vez aparece ahí esa imagen de indígena peligroso que construyeron los medios de comunicación tanto en la previa de Napalpí como de Rincón Bomba como en la represión que terminó con la muerte de Rafael Nahuel en Mascardi aunque ahora la figura del bárbaro malonero haya dado paso a la del terrorista o extranjero”, dijo.

Por su parte, la abogada de la Federación Pilagá y activista coya Paula Alvarado aseguró que si bien “es un avance súper grande lo que se está dando” con los juicios y las investigaciones judiciales “esto no tiene que ver con una política estatal sino con la autodeterminación de cada uno de los pueblos” que decidieron “empezar a recuperar memorias y a judicializarlas”.

“En muchas comunidades no es que la memoria estaba prohibida, pero había cosas que no se podían hablar (porque el miedo sigue hasta el día de hoy), pero a partir de hermanos y hermanas valientes que empezaron a contar qué pasó con sus primos, sus mamás, sus abuelos se está demostrando el verdadero trato que se dio en la construcción del estado argentino a quienes no entraban en el imaginario de lo que se pretendía construir”, agregó.

En virtud de esto, 60 años después de la masacre de Rincón Bomba se inició en 2005 una denuncia penal y una demanda civil contra el estado nacional por “daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y determinación de la verdad histórica”, con la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá entre sus impulsores.

En julio de 2019 hubo sentencia en el fuero civil que condenó al Estado instituir el 10 de octubre como efémeride nacional, a construir un monumento en homenaje a las víctimas y a otorgar 42 becas de estudio para el pueblo pilagá (reparaciones no patrimoniales). Además, el Estado deberá pagar a la Federación una indemnización y construir obras públicas en beneficio de esta comunidad (reparaciones patrimoniales).

La sentencia de Rincón Bomba admite las muertes, violaciones a la mujeres, la complicidad de la iglesia católica y la responsabilidad de muchas esferas estatales, no sólo la gendarmería

Paula Alvarado — Abogada de la Federación Pilagá y activista coya

“Este primer fallo es sumamente importante porque además demuestra que el reconocimiento del derecho a la verdad no sólo se puede dar en la justicia penal: la sentencia admite las muertes, violaciones a la mujeres, la complicidad de la iglesia católica y la responsabilidad de muchas esferas estatales, no sólo la gendarmería”, dijo.

En ese sentido, Alvarado destacó que “en sí este fallo es un fallo por la verdad” pero además “es el único que tiene un resarcimiento económico”, lo que demuestra que hubo después “una cuestión política de no avanzar” con este tipo de compensaciones, que son “válidas cuando te destruyen el territorio, cuando te causan dolor en la psiquis, cuando los pilagá tienen miedo todavía hoy de ver a la gendarmería”, con miras a “recuperar, reponer y prevenir”.

“No obstante, apelamos este fallo porque se habían calificado los hechos como delito de lesa humanidad y nosotros entendíamos se trata de genocidio, porque lesa humanidad es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil pero genocidio es la intención de exterminar a un pueblo y esto es lo que sucedió con los pilagá”, explicó Alvarado.

En octubre de 2021 la Cámara Federal de Resistencia confirmó la sentencia de primera instancia y, si bien incorpora el término genocidio para referirse a la masacre, la sentencia fue apelada nuevamente por los demandantes a través de un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque “no se ordenó el pedido de perdón del Estado y se mantuvieron los mismos montos de reparación económica que son desproporcionados en relación a los casos del terrorismo de estado” de la última dictadura.

En tanto, la causa penal fue archivada tras la muerte del único imputado sobreviviente –el copiloto Carlos Smachetti- cuando estaba procesado con prisión preventiva y a punto de ser llevada a juicio en 2016. La secretaría penal del mismo juzgado debe resolver ahora si hace lugar al pedido de que se realice un “juicio de la verdad” tal como fue solicitado en 2021.

Napalpí y la palabra de los sobrevivientes

En el caso de Napalpí, la demanda civil se presentó un año antes, en 2004, con similares reclamos de reparación patrimonial y no patrimonial aprovechando el impulso de la reciente derogación de las denominadas leyes del perdón –Obediencia Debida y Punto Final- y la reapertura de los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar.

El 25 de noviembre de 2019 se dictó un fallo adverso, porque si bien la jueza federal Zunilda Niremperger reconoció la existencia de la masacre y la responsabilidad estatal, hizo lugar al pedido de prescripción solicitado por la defensa.

El 14 de septiembre de 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó el fallo de primera instancia declarando la imprescriptibilidad resarcitoria y condenando al Estado a pagar una indemnización.

Pero esta sentencia no fue bien recibida por la Fundación Napalpí por “beneficiar a personas que no pertenecen a las comunidades” involucradas, quienes en ese momento estaban impulsando la investigación penal preparatoria por la misma masacre que inició de oficio la Unidad Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia a cargo de Diego Vigay de cara a la realización del juicio por la verdad que se concretó el año pasado y también terminó en condena para el Estado argentino.

El juicio de la verdad por la masacre de Napalpí que se realizó entre abril y mayo de 2022 fue el primer debate oral sobre el genocidio cometido por el Estado Argentino contra los pueblos indígenas

El juicio de la verdad por la masacre de Napalpí que se realizó entre abril y mayo de 2022 fue el primer debate oral sobre el genocidio cometido por el Estado Argentino  contra los pueblos indígenas.

“La Argentina viene llevando adelante un proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en lo que hace a la última dictadura cívico militar que tiene más de 1.100 condenados y que es considerado de vanguardia a nivel mundial”, explicó a elDiarioAR el fiscal federal ad hoc Diego Vigay que encabezó la investigación preliminar y participó del juicio en representación del Ministerio Público Fiscal.

“Pero además en la década de los ‘90, previo a estos juicios orales penales convencionales, se llevaron adelante juicios de la verdad en distintas jurisdicciones del país mientras estuvieron vigentes las leyes de impunidad”, agregó

“Tomando ambos precedentes  es que nosotros en el caso de Chaco entendimos que, más allá de las demandas civiles donde no intervienen las fiscalías federales, era imprescindible la realización de un juicio oral y público porque el compromiso asumido en juzgar los crímenes de lesa humanidad debe abarcar todos los que ocurrieron en el transcurso de la historia nacional, no solo los de la última dictadura”, agregó.

Y a diferencia de los crímenes de la última dictadura durante las leyes del perdón, lo que impide aquí sentar a los responsables en el banquillo de los acusados de un debate oral convencional, es que todos ellos se encuentran ya fallecidos, lo cual “dificulta los juicios pero no los imposibilita” porque aún es posible realizarlos en los términos de un juicio por la verdad que en estos casos “tienen un montón de complicaciones extras”.

“Estamos hablando de 100 años atrás con lo cual la búsqueda de la prueba es mucho más compleja pero en el caso del Chaco hemos tenido la ventaja de que existía una tradición del relato oral en los sobrevivientes y sus comunidades a tal punto que venía a hablar un hijo o nieto de sobreviviente y hablaban en primera persona lo que le había pasado a su madre o padre y era impactante escucharlo”, dijo.

“Eso sumado a un montón de documentación que estaban en los pliegues de la burocracia del estado y al aporte hubo muchos investigadores científicos que habían trabajado la cuestión desde distintos lugares y habían producido tesis, libros, publicaciones. Todo eso nos llevó a la conclusión, siempre charlando con la comunidad, de que existía la posibilidad de un juicio oral y público”, aseguró.

Durante siete audiencias celebradas entre Resistencia, Machagai y la Ciudad de Buenos Aires, testificaron sesenta testigos, treinta  de ellos  de los pueblos indígenas qom y moqoit

Como en el caso del juicio civil Rincón Bomba, la investigación se sentó fundamentalmente en la palabra de los sobrevivientes y en el proceso de reconstrucción de la memoria histórica que llevaron adelante las comunidades víctimas, acompañado por los trabajos académicos de archivistas, antropólogos, sociólogos e historiadores. 

“Yo trabajo estudiando el sistema de reducciones estatales para indígenas que se dio en Argentina en los primeros 50 años del siglo XX desde hace 15 años y que todo esto te termine encontrando en un juicio por la verdad, sentado ante una jueza, testimoniando, y que lo que vos empezaste a hacer termine siendo utilizado en la sentencia fue realmente muy conmocionante”, dijo a elDiarioAR Musante.

En un veredicto que tuvo traducción simultánea a las lenguas qom y moqoit, la jueza federal Zunilda Niremperger de Resistencia, determinó que existió responsabilidad del Estado Nacional en la masacre y consideró que se trató de “crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio” de los pueblos indígenas.

Allí se declaró como probados los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre de entre 400 y 500 miembros de las comunidades Qom y Moqoit, y se dispusieron medidas de reparación entre las cuales se cuentan la incorporación en las currículas escolares, la constitución de un museo y sitio de memoria sobre el episodio, la capacitación de las fuerzas federales y provinciales sobre respeto a los pueblos indígenas, el fortalecimiento de las políticas públicas antirracistas, entre otras.

Durante los gobiernos justicialistas que se sucedieron en la provincia de Chaco desde 2007 a la actualidad, el estado provincial apoyó activamente el proceso de verdad y justicia sobre la masacre.

En 2008 y durante su primer mandato, Jorge Capitanich pidió perdón en nombre del estado provincial e hizo retirar el cuadro del gobernador radical que ordenó el ataque, Fernando Centeno, del salón de mandatarios de la casa de gobierno provincial

En 2008 y durante su primer mandato, Jorge Capitanich pidió perdón en nombre del estado provincial e hizo retirar el cuadro del gobernador radical que ordenó el ataque, Fernando Centeno, del salón de mandatarios de la casa de gobierno provincial.

En 2020 y en el marco de su tercer mandato, Capitanich erigió un memorial en reconocimiento a las víctimas y se constituyó como querellante en la causa.

Además, el lugar de la masacre se convirtió en el primer espacio identificado como Sitio de la Memoria por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación vinculado con una matanza indígena, con idéntica cartelería a la utilizada para señalizar los más de 800 centros clandestinos de detención de la última dictadura.

“En el caso Rincón Bomba no hubo acompañamiento estatal, a diferencia de la masacre de Napalpí que transcurrió en el ámbito penal y se resolvió en una primera instancia porque ahí hubo voluntad política, incluso con acompañamiento del estado (como querellante) pero el juicio por la verdad enmarcó los hechos como de lesa humanidad y en la sentencia no se manifiesta genocidio”, explicó Alvarado.

Al momento de producirse esta masacre, quien gobernaba el país era Juan Domingo Perón mientras que en 1924 lo hacía el radical Torcuato de Alvear.

“Es fundamental que estos juicios por la verdad que están empezando a realizarse no sean considerados como un cierre, un lugar de llegada. Por el contrario, esto tiene que ser un paso de partida para que el Estado empiece a asumir en serio una mirada intercultural que requiere incorporar indígenas en cargos público y hacerlos  parte en la toma de decisiones. De lo contrario, seguiremos igual y no es casual que hoy en la colonia Aborigen donde fue la Masacre de Napalpí  siguen sin agua, viviendo en las mismas penosas condiciones”, concluyó Musante.

“Por otro lado, el hecho de que no esté visibilizado  el genocidio indígena en la dimensión que tuvo, no esté juzgado y no esté responsabilizado el gobierno nacional permite que se sigan reproduciendo actos de racismo y de violencia institucional en los pueblos indígenas por parte del Estado. Avanzar en el juzgamiento del genocidio en la dimensión que tuvo sería claramente un aporte a neutralizar acciones como la que tuvo lugar en la legislatura de Mendoza”, aportó Vigay.

MAA/MG

Rosa Grillo, la última sobreviviente de la Masacre de Napalpí y testigo en el juicio por la verdad que el año pasado analizó la matanza perpetrada en 1924 contra integrantes de las etnias Qom y Moqoit que habitaban un paraje rural de Chaco, falleció este miércoles a los 115 años, anunció el gobernador Jorge Capitanich, quien declaró tres días de duelo provincial.

De acuerdo a medios locales, el deceso de Grillo se produjo anoche en la Zona Rural Lote 40 de “El Martillo”, ubicada a unos 30 km de la Planta Urbana de la localidad de Colonia Aborigen.

“Queremos manifestar nuestro profundo dolor por el fallecimiento de Rosa Grillo, anciana del pueblo Qom, última sobreviviente de la Masacre de Napalpí y testigo del Juicio por la Verdad”, escribió Capitanich anoche en las redes sociales a poco de conocerse la noticia de la muerte.

Capitanich añadió que “Rosa ha sido una mártir y testimonio personal de las heridas del pasado que se generaron en uno de los capítulos más crueles de nuestra provincia pero también un gran ejemplo de reivindicaciones de los derechos de nuestras comunidades originarias, dejando un legado muy grande”.

“Tras el fallecimiento de Rosa Grillo, última sobreviviente de la Masacre de Napalpí, hemos decretado duelo provincial por tres días, izamiento de la bandera a media asta y asueto administrativo para trabajadores del sector público pertenecientes nuestras comunidades originarias”, anunció hoy el gobernador a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El histórico juicio oral por la verdad sobre la Masacre de Napalpí culminó el 19 de mayo de 2022, cuando la jueza federal Zunilda Niremperger dictaminó “como hecho probado que existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre” y calificó esas acciones “como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.

La Masacre de Nalpalpí tuvo lugar el 19 de julio de 1924, durante la presidencia del radical Marcelo T. De Alvear, cuando una formación de 130 policías, gendarmes y grupos de paramilitares reprimieron con armas de fuego las protestas de integrantes de los pueblos Qom y Mocoi, que formaban una comunidad en el paraje El Aguará, en los departamentos Quitilipi y 25 de Mayo, en la zona central del Chaco.

La orden dada por el gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, pasó por acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que residían en las inmediaciones y que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón, como también poder salir a trabajar hacia los ingenios de Salta y Jujuy, donde se ofrecía una mejor paga.

Según la información recabada por historiadores, sumada al expediente por la Unidad Fiscal, durante 45 minutos la policía tiró más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpí. Se estima que hubo más de 400 muertos entre integrantes de comunidades originarias y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque el 90% de todos los asesinados pertenecían a las etnias Qom y Mocoit.

El mensaje de CFK en Twitter

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó sus condolencias por la reciente muerte de Rosa Grillo.“Hasta siempre Rosa Grillo”, escribió la expresidenta en su cuenta de Twitter.

Cristina Kirchner destacó que “su testimonio fue fundamental durante los juicios por la Verdad de la Masacre de Napalpí cometido por el Estado”. Y agregó que “gracias a una fuerte política de derechos humanos se reconoció como genocidio y se pidió perdón a las comunidades. Envío mis condolencias a familiares”.

Con información de Télam.

IG

El histórico juicio oral por la verdad sobre la Masacre de Napalpí culminó este jueves con la sentencia en la cual la jueza federal Zunilda Niremperger dictaminó “como hecho probado que existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.

Asimismo se ordenaron una serie de medidas reparatorias entre las que destacan continuar con el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense en la zona para delimitar ubicación de fosas comunes y constituir un sitio de memoria en el edificio que fuera sede de la administración de la Reducción de Napalpí.

Pasadas las 12.20, en la sala de convenciones Gala de la ciudad de Resistencia, la jueza Niremperger leyó el dictamen del juicio oral por la Masacre de Napalpí, como se conoce el fusilamiento de más de 400 integrantes de etnias Qom y Moqoit por parte de fuerzas estatales y colonos del entonces territorio nacional de Chaco el 19 de julio de 1924.

Si bien la parte resolutiva de la sentencia será dada a conocer luego, en el dictamen se dio por hecho probado que existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de “homicidio agravado y reducción a la servidumbre como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.

También se exhortó al Congreso de la Nación a establecer “al 19 de julio como el Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí”.

De este modo culmina el primer juicio por la verdad por crímenes de lesa humanidad contra una comunidad originaria en su tipo en nuestro país, proceso de juicio oral iniciado el 19 de abril de este año Día de la reafirmación de los derechos de Pueblos Originarios y que contó con el acompañamiento de organizaciones sociales, de comunidades originarias y de derechos humanos.

La audiencia de la fecha comenzó pasadas las 8 de hoy, cuando fiscales y querellantes realizaron la formulación de la acusación y la valoración de la prueba reproducida a lo largo del juicio, documentos y testimonios y por último se pronunciaron respecto del tipo penal verificado.

Repartidos en seis jornadas desarrolladas semanalmente declararon casi una treintena de personas, con registros grabados de entrevistas a sobrevivientes, testimonios de familiares y descendientes, referentes e investigadores de las comunidades, periodistas, historiadores, antropólogas y juristas.

Los testimonios reunidos a lo largo del juicio dejaron en evidencia que la Masacre de Napalpí no fue un hecho aislado, sino que se inscribe en una trama histórica de explotación y represión sistemáticas a las comunidades originarias por parte del Estado y del poder económico.

Secundada por integrantes de etnias originarias que oficiaron de traductores a las lenguas qom, moquoit y wichi y con la bandera argentina, la bandera de la provincia de Chaco y la bandera Wiphala a un lado de su estrado la magistrada procedió a “declarar como hecho probado que el sábado 19 de julio de 1924 por la mañana un aproximado de efectivos de fuerzas de seguridad y civiles llegaron a la zona conocida como El Aguará en cercanías a la reducción de Napalpí donde aproximadamente mil personas de las etnias moqoit y qom y colonos santiagueños y correntinos realizaban una huelga en las tolderías en reclamo por las condiciones a las que estaban sometidos.

“Por impacto de la balacera cayeron muertos entre 400 y 300 integrantes de estas etnias, varones, mujeres, niños y ancianos. Los y las heridos y heridas fueron ultimados y ultimadas de las formas más crueles posibles, con entierros en fosas comunes”, dijo y remarcó que el hecho preciso de “un grado de preparación que supuso una distribución de roles, traslado de tropas, gran cantidad de armamento y alimentación durante le acampe, además del auxilio de una avioneta previa del hecho”.

“Tales hechos ocurrieron en la Reducción de Napalpí con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio con la explotación de las comunidades indígenas en condiciones de vida deplorables, sin educación, ni paga, siendo obligados y obligadas a trabajar extensas jornadas para la reducción. Eran frecuentes los abusos en condiciones análogas a la esclavitud, lo que originó la protesta”, agregó.

Y concluyó: “Los hechos se presentaron como un enfrentamiento entre grupos de las comunidades, con cuatro muertos, en un proceso en el que declararon sólo los efectivos y civiles que participaron en la agresión, pero ningún indígena. En paralelo el oficialismo obstruyó la investigación a nivel nacional y las generaciones posteriores sufrieron el desarraigo, la pérdida de su cultura y de su idioma”.

En el punto número 2 de la sentencia la jueza declaró “como hecho probado que existió responsabilidad del Estado Nacional argentino de en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en los delitos de homicidio agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal”.

Asimismo, como tercer punto del dictamen calificó a los hechos “como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.

También estableció que “la presente sentencia y alegatos son un acto de reparación” y ordenó “su traducción a las lenguas moqoit y wichi”. En el punto cinco reconoció como medidas de reparación el pedido de disculpas del gobernador Jorge Capitanich en 2008 a los pueblos originarios, los diseños curriculares de educación bilingüe, normativas referentes a la temática, y la construcción del memorial Napalpí del año 2021.

Como punto seis ordenó establecer las siguientes medidas de reparación: la publicación de la sentencia traducida en la página oficial de la Secretaría de DDHH de Nación y de Chaco, y ordenar la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en el boletín oficial de la Nación , ordenar la proyección del juicio por la televisión pública.

También se ordenó continuar con el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense en la zona para delimitar ubicación de fosas comunes y la restitución de restos óseos encontrados y constituir un sitio de memoria en el edificio que fuera sede de la administración de la Reducción de Napalpí y la conformación de un archivo digital de toda documentación relacionada que deberá ser financiado por el Estado nacional y organizado por el Instituto del Aborigen Chaqueño y por el Registro único por la Verdad de la Comisión Provincial por la Memoria de Chaco.

La Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, representada por el abogado Duílio Ramírez, se constituyó como una de las querellas, acompañada por la querella del Instituto del Aborigen Chaqueño, representado por el abogado Emiliano Núñez, en tanto que la acusación del Ministerio Público Fiscal es cursada por la Unidad Federal de Derechos Humanos, integrada por los fiscales Federico Carniel y Diego Vigay.

En 2014 la Unidad Fiscal de DDHH inició una investigación sobre la Masacre de Napalpí y en 2021 se presentó un pedido formal ante el Juzgado Federal n 1 para la realización de este juicio. La jueza Zunilda Niremperger resolvió catalogar los crímenes como de lesa humanidad y por ello imprescriptibles y ordenó la realización del proceso.

Por Gonzalo Torres, para la agencia Télam.

IG

“Durante días los cuervos no volaron, ocupados en sacarse el hambre con los cadáveres”, le dijo Pedro Balquinta a la justicia penal sobre lo ocurrido en la Masacre de Napalpí. Balquinta, con 107 años, era uno de los pocos sobrevivientes de la matanza. Murió poco tiempo después de declarar, en 2014, pero su testimonio forma parte de la causa que hoy llega a un juicio por la verdad para juzgar como crímenes de lesa humanidad el fusilamiento por parte de la policía chaqueña a integrantes de las comunidades qom y moqoit en 1924.

El debate oral y público se desarrollará a partir de hoy con audiencias dos veces por semana, con presencia de público, y  transmitidas por medios digitales. El juicio será en las ciudades chaqueñas de Resistencia y Machagai, y también en el en el espacio por la Memoria de la exESMA, en la ciudad de Buenos Aires.

Durante el debate, se escucharán las voces de sobrevivientes, descendientes directos de las víctimas como así también profesionales que realizaron investigaciones sobre la masacre.

La fecha para dar comienzo al juicio tiene un motivo particular, fue elegida por el “Día del Indígena Americano”, decretado en México en 1940 en el Primer Congreso Indigenista Interamericano.

Se estima que los alegatos finales serán el 19 de mayo.

La matanza

Durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, el gobernador del entonces Territorio Nacional de Chaco, Fernando Centeno, prohibió a la comunidad de Napalpí emigrar más allá de sus límites territoriales. Las condiciones de trabajo en los algodonales y estancias agrícolas eran de esclavitud y sometimiento. Como mecanismo de defensa, la comunidad inició una huelga con la intención de migrar hacia los ingenios azucareros de Salta y Jujuy en busca de mejores condiciones de vida, motivo que desencadenó la masacre.

La Masacre de Napalpí ocurrió el 19 de julio de 1924 en la reducción indígena ubicada en el entonces Territorio Nacional del Chaco, cuando las poblaciones moqoit y qom llevaron adelante una huelga en reclamo por las condiciones de vida y trabajo infrahumanas que padecían en los obrajes madereros y de algodón. 

Según la información recabada por historiadores y sumada al expediente por la Unidad Fiscal, se estima que durante 45 minutos la policía tiró más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpí.

Más de 400 personas, desde niñas y niños hasta viejas y viejos fueron asesinados, mutilados y enterrados en fosas comunes. Quienes lograron huir fueron perseguidos durante días por el monte, la cacería pretendía no dejar ningún testigo con vida. Muy pocos lograron sobrevivir.

El largo camino por la memoria, verdad y justicia

Impulsada por el investigador e historiador Juan Chico, la Fundación Napalpí trabaja desde 2006 en relación a la causa. Su rol ha sido fundamental en el proceso de reconstrucción de memoria como así también en el acompañamiento de testigos de cara al proceso judicial.

“El juicio va a plantar un antecedente muy importante a nivel nacional ya que hay muchas comunidades que están en conflicto con el territorio, siendo despojadas junto con otras situaciones que perjudican a la comunidades, desde la discriminación, la invisibilización, la perdida de la lengua y de aspectos culturales”, comenta Gabriela Morinigo, integrante de la fundación.

Desde 2014 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco investiga la masacre como crimen de lesa humanidad, cuya imprescriptibilidad posibilita que a pesar del tiempo transcurrido se pueda investigar y procurar su reconstrucción desde una perspectiva histórica. 

“Se debe considerar que existe un mandato acentuado de debida diligencia que pesa sobre el Estado Argentino, ya que quienes serían víctimas de los hechos en cuestión son integrantes de las comunidades indígenas qom y moqoit. En base a ello, considero necesario transitar un proceso que establezca la verdad de lo acontecido por su valor simbólico, histórico y humano, buscando la determinación judicial de tales hechos”, detalló a Telám la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger. 

Se espera que en la audiencia de hoy más de 100 referentes indígenas de todo el país asistan a Chaco para acompañar un hecho inédito e histórico. 

Tras el rastro de los huesos

Por primera vez en Argentina el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se involucra en un caso de violación de derechos contra comunidades originarias.

Silvana Turner, integrante del equipo, explica en relación al trabajo de campo: “Lo importante en este caso fue realizar un análisis de las características del área en términos ambientales ya que hubo muchos cambios desde el momento en que sucedió la masacre a la actualidad, es una zona que ahora está deforestada y alambrada, cosa que no existía en aquel momento. Por eso resultó importante hacer un análisis de los cambios ambientales porque es fundamental ubicarse en los sitios para valorar cuales son las áreas máximas de búsquedas. Son lugares de mucho campo y poca zona poblada. Es un trabajo de búsqueda extenso, que lleva tiempo y recursos”.

Rastrear el suelo, cavar, fondear con palas, buscar en la tierra alteraciones. Arqueología paciente en busca de pruebas para aportar a la verdad. En 2020 dieron con el hallazgo de restos óseos humanos incompletos, aunque no se pudo determinar con certeza que correspondía a una víctima de la masacre por la falta de elementos científicos suficientes, “pero en base a lo testimonial y a toda la información hallada por la Fundación, todo nos hace inferir que estos restos pertenecen a una persona que puede haber fallecido en el contexto de una masacre. Ya que en los relatos aparte de los entierros en fosas comunes también hay relatos de gente que en el momento de la huida se dispersó y que fueron alcanzados por las balas y algunos de esos casos se enterraron de forma individual”, explica Turner.

Luego del juicio, el EAAF pretende continuar el trabajo de excavación con nuevas estrategias de búsqueda para dar con las fosas comunes. Sobre las expectativas del juicio la antropóloga señala. “Me parece sumamente importante entender estos casos de violencia del Estado como hechos que tienen que constituirse en memoria y en la medida de lo posible, que se reparen simbólicamente y materialmente. Son casos que han quedado de alguna manera a oscuras y que las comunidades han luchado justamente por visibilizar los hechos y reclamar justicia y reparación.  Lo que apuntan estos procesos es a que se visibilicen, se haga memoria y se reparen los hechos de violencia. Creo que le cabe la misma intención y se asimilan a los procesos que conocemos en Argentina sobre violaciones de Derechos Humanos y delitos de lesa ocurridos durante la dictadura”.

TF

Mañana, 19 de abril, comenzará el juicio por la Masacre de Napalpí, según lo determinó la jueza a cargo del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, en la audiencia preliminar que se realizó esta mañana en el marco de la Acordada 1/12 de la Cámara Federal de Casación Penal, que contiene reglas prácticas para la organización de procesos complejos, como los juicios por crímenes de lesa humanidad.

En el debate intervendrá la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay. En la audiencia preliminar de hoy estuvieron presentes el fiscal Carniel y el fiscal ad hoc Vigay; la secretaria de Derechos Humanos de Chaco, Silvana Pérez; los abogados querellantes Duilio Ramírez y Emiliano Nuñez; y el presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), Miguel Iya Gómez.

La fecha elegida para el comienzo del debate coincidirá con el “Día del Aborigen Americano”, debido a la realización del 1° Congreso Indigenista Interamericano en México en 1940, cuando los estados americanos suscribieron al Documento de Pátzcuaro.

Por otro lado, se acordó que las audiencias se llevarán a cabo en un auditorio de la ciudad de Resistencia que permita la presencia de público con las medidas sanitarias de prevención que exige la pandemia, dos días por semana de 8.00 a 12.00, en fechas a fijar, y la realización de una audiencia en otro lugar de la provincia.

Además, se analizaron los ofrecimientos de pruebas y el listado de testigos. En tal sentido, se estableció un orden para recibir las declaraciones de los sobrevivientes, sus descendientes y luego de los investigadores.

Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco, querellante en el juicio, propuso garantizar la transmisión del debate a través de redes sociales como Facebook o Youtube para permitir que todas las comunidades y la sociedad toda puedan asistir a las audiencias.

Los testimonios que se escucharán en el juicio 

A lo largo del debate se escucharán 40 testimonios entre los que se encuentran los sobrevivientes como Rosa Grilo, de 114 años, y los registros audiovisuales de entrevistas a Melitona Enrique, Rosa Chara y Pedro Balquinta.

También se recibirá declaración a Sabino Irigoyen, Felipa Lalecori, Hilaria Cristina Gómez, Lucia Pereira, Cristian Fernando Enríquez, Ramona Pinay y Ortega Guillermo, todos hijos y nietos de distintos sobrevivientes Qom y Moqoit, que contarán lo revelado por sus padres, madres y abuelas, según la tradición indígena del relato oral.

Finalmente, serán citados diversos investigadores indígenas que trabajaron en la reconstrucción histórica y en el relevamiento de las voces de los abuelos sobrevivientes, investigadores chaqueños, la mayoría pertenecientes al CONICET y a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), quienes han trabajado en la reconstrucción histórica, e investigadores del orden nacional que trabajaron en investigaciones científicas históricas de reconstrucción de la masacre o de cuestiones directamente vinculadas o de contexto, entre ellos historiadores, sociólogos, antropólogos, periodistas y archivistas.

La masacre

La denominada Masacre de Nalpalpí fue perpetrada el 19 de julio de 1924. Según los registros históricos y la prueba recabada en la investigación preliminar desarrollada por la Unidad Fiscal, unos 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpí por orden del gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno, para acallar el reclamo de integrantes de pueblos originarios y de criollos que exigían una justa retribución por la cosecha de algodón o salir a trabajar del territorio chaqueño hacia los ingenios de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.

De acuerdo con los relevamientos de diferentes historiadores recabados por la fiscalía en el inicio de esta pesquisa, durante 45 minutos la policía descargó más de 5 mil balas de fusil sobre la población de Napalpí. Las víctimas fueron estimadas en 400, entre aborígenes y cosecheros de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa, aunque un 90 por ciento de todos ellos pertenecían a comunidades originarias. Unos 38 niños lograron escapar de la matanza, pero luego al menos la mitad fue entregado como sirvientes en las localidades de Quitilipi y Machagai, mientras que el resto murió en el camino. Sólo quince adultos lograron sobrevivir.

PP