Comenzó a ventilarse este miércoles en la Cámara Octava del Crimen de Córdoba el juicio contra 13 policías en el marco del crimen por Valentino Blas Correas ocurrido en agosto de 2020.

El presidente de la cámara Marcelo Jaime estimó que el proceso tendrá una duración mínima de 25 audiencias. “Por las características especiales del caso y sobre todo por la cantidad de personas que intervienen, se dispuso esta sala especial para las 100 personas que van a estar presentes. Y para garantizar la publicidad del proceso, en otras tres salas se transmitirá además el juicio”, explicó a Cadena 3. 

De mantenerse las acusaciones como hasta ahora, Lucas Gómez es el más complicado: el policía de 35 años fue quien asesinó a Blas Correas de un tiro en la espalda tras evadir un control policial. 

Javier Catriel Alarcón, de 31 años, está acusado de “homicidio calificado, agravado por el uso de armas” y “tentativa de homicidio”, cuya sentencia solo tiene pena de prisión perpetua. 

Hay otros 11 uniformados que llegan al banquillo acusados de los delitos de encubrimiento calificado y omisión de los deberes de funcionario público. 

La mamá de Blas Correas

Por su parte, la mamá de Valentino Blas Correas, dijo hoy que “se va a demostrar que hay más responsables” del hecho, al ingresar a los tribunales donde se lleva a cabo el juicio por jurados a 13 policías acusados del homicidio y posterior encubrimiento.

“Hoy están siendo juzgados 13 policías. Pero hay más. Las responsabilidades políticas llegan hasta el gobernador” Juan Schiaretti, sostuvo Soledad Laciar en la puerta del edificio judicial. Asimismo calificó como “deshumanizada” la fuerza policial provincial, al sostener que “luego de asesinar plantaron un arma”.

“Confío totalmente en que la justicia va a condenar. Es la única forma de que haya un cambio”, remarcó la mujer. Y agregó: “Hoy están aquí sus amigos. Ellos son mis hijos. Son los que trataron de salvar a Blas mientras la policía plantaba un arma”, añadió Laciar, quien ingresó a la sala de audiencia del juicio con su hijo Juan Segundo Correas.

Por su parte, el joven manifestó: “Es hora que se haga justicia. Es también hora de que el Gobierno (provincial) se haga cargo de la policía que tiene y que escuche a toda la gente que vino aquí a pedir que esto que le sucedió a mi hermano no vuelva a ocurrir”.

Con la presencia de los imputados, la audiencia comenzó cerca de las 10, en la sede de Tribunales II, donde se constituyó el tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen y los jurados populares para dar inicio al debate con la lectura del requerimiento de elevación a juicio. Familiares y amigos acompañaron a los padres de Blas hasta la zona de ingreso portando consignas de “justicia” por el asesinato. También estuvieron los representantes de Amnistía Internacional y de la Secretaría de Derechos Humanos de la nación.

Cómo murió Valentino Blas Correas el 6 de agosto del 2020

De acuerdo a la instrucción de la causa, la madrugada del 6 de agosto del 2020 Juan Cruz Camerano Echevarría (20) conducía un Fiat Argo junto a cuatro amigos compañeros de colegio, todos de 17 años, entre ellos Valentino.

Cuando circulaban por avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, se cruzaron con un control policial de prevención y los efectivos hicieron señas al conductor para que descienda la velocidad.

En su testimonio, Echeverría dijo que se asustó porque cuando estaba por detenerse observó que uno de los policías empuñaba un arma y lo apuntaba a la cabeza, por lo que aceleró.

En ese marco, el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el auto en el que se movilizaban los jóvenes “con intención de matarlos”, según la acusación fiscal.

Por su parte, el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), “en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo” efectuó dos disparos más “a sabiendas de que no había justificación legal para ello”.

Uno de los cuatro disparos efectuados por Gómez impactó en la escápula derecha de Valentino y le ocasionó lesiones mortales en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho.

Si bien los demás ocupantes del auto no sufrieron heridas,uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha de uno de los adolescentes a milímetros de su cráneo.

Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento, los policías 'plantaron' un arma en las cercanías donde luego fue interceptado el auto con los chicos, en Chacabuco y Corrientes.

Antes, los amigos llevaron a Valentino al sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo, y por ese hecho hay otra causa que fue elevada a juicio con tres empleados de ese sanatorio (Sergio Casalino Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo) imputados por 'abandono de persona' y 'omisión de auxilio'.

El juicio por el crimen de Valentino Blas Correas

Los suboficiales Gómez y Alarcón llegan al juicio como 'coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos“.

Los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Ellos enfrentan cargos por 'falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público'.

Durante el debate, serán los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo quienes buscarán probar estas acusaciones.

NB con información de agencia Télam.

Con más de media docena de allanamientos a oficinas y dependencias de la Policía de Córdoba, además de la detención de siete policías, una abogada y ex policía; y un contador; esta mañana, la Justicia cordobesa desbarató una banda de delincuentes que había montado desde 2019 un sistema de estafas piramidales.  

Lo particular de esta organización es que sus jefes son miembros o ex miembros de la Policía de Córdoba y las víctimas también. Según informó la secretaria penal de la fiscalía, María José López, hay más de 20 damnificados y el monto de la estafa llega a los $ 30 millones: “Tenemos la detención de nueve personas, siete son personal policial, algunos en actividad, otros agentes técnicos y otros ya retirados. Además están detenidos un contador y una abogada. Si bien hace meses que venimos trabajando, estamos en el inicio de la investigación y la estafa supera los $ 30 millones. Las víctimas también se encuentran en un número cercano de entre 20 y 30 personas, que fueron invitadas a invertir bajo este denominado sistema piramidal. Para ello, se aprovecharon de la condición de personal policial de los damnificados, para sumarlos a este negocio y estafarlos”.

El patrón de policías que integran estas organizaciones delictivas de guante blanco, ya sea como víctimas o victimarios ya se vio en la provincia de Córdoba con Organización Zoe, la asociación ilícita liderada por Leonardo Cositorto, que cayó en desgracia el pasado mes de febrero. En el caso de Zoe, fueron tres policías los primeros que denunciaron penalmente ante la fiscal de Villa María, Juliana Companys el funcionamiento de este sistema de estafas piramidales o esquema Ponzi. A raíz de esta denuncia, la funcionaria ordenó la captura internacional de Cositorto, quién se encuentra prófugo en República Dominicana, un país caribeño que no tiene tratado de extradición con Argentina si el sospechoso no tiene condena firme.

Mientras que la banda desbaratada en las últimas horas por la fiscalía del Distrito 1, Turno 3 a cargo de José Mana, venía siendo investigada desde 2019 en base a denuncias que fueron llegando a su fiscalía por goteo: “Los primeros denunciantes llegaban con vergüenza de haber caído en esta estafa, que es un cuento del tío refinado; pero a la vez, sentían temor de haber participado como estafadores sin saberlo, al reclutar a más policías”, detalló una fuente de la Justicia cordobesa a elDiarioAR.

Hoy a primera hora, efectivos de la Dirección de Delitos Económicos de la propia fuerza, comenzaron los allanamientos en domicilios particulares de los sospechosos, pero además coparon la Dirección de Transporte de la Policía, en Agustín Garzón y Río Primero, de barrio San Vicente; y en la propia Central de Policía, en el cruce de las avenidas Colón y Santa Fe, donde los operativos se centraron en el subsuelo, sede de la Dirección de Armamentos. También hubo allanamientos en el Cabildo.

Entre los detenidos destacan la abogada María Eugenia Zulberti y el comisario Héctor Juncos, quienes serían los líderes de la organización junto a un contador de apellido Moreno. Mientras que los otros seis detenidos, todos policías y ex policías ocupaban cargos intermedios y se encargaban de reclutar más socios.

La secretaria López informó a elDiarioAR que “la modalidad era el funcionamiento de una sociedad con inversores, quienes aportaban sumas de dinero en pesos o dólares y les daban una rentabilidad de entre el 30% y el 50% mensual. Como la investigación está en su comienzo, no descartamos que aparezcan más damnificados”.

Esta mañana, cuando los primeros policías detenidos comenzaron a llegar a la Guardia de Infantería, los mensajes se viralizaron en los grupos de Whatsapp de los agentes: “Che pasó algo, trajeron varios juanes presos hasta comisario acá a la guardia central”, decía un mensaje, y otro aclaraba: “Son todos de transporte”. 

Modus operandi

 Según reconstruyó el fiscal Mana, el modus operandi de los delincuentes consistía en sumar a la organización a nuevos socios, quiénes realizaban inversiones y fondeaban el sistema, como cualquier sistema piramidal o Ponzi. La condición que debían cumplir los nuevos socios era ser miembro de la fuerza, ex policía o familiar de algún efectivo: “Tenían pleno control de la organización, además, como los supuestos socios pertenecían a la fuerza, les daba confiabilidad y a la vez el temor de estar cometiendo algo impropio. Los policías que se sumaban aportaban grandes sumas e inmediatamente comenzaban a percibir los dividendos al mes siguiente, lo que generaba tranquilidad y a su vez, debido al éxito de los inversores, se sumaban todos los meses más inversionistas”, confió una fuente de la investigación.

En los Tribunales II de Córdoba aclararon que “si bien el modo de operar de esta organización y de la célula de Generación Zoe en Villa María son similares y en ambas hay policías involucrados, hasta este momento no se pudo determinar una conexión”. La misma versión fue confirmada a elDiarioAR desde la Fiscalía de Villa María, donde se concentra la mayor cantidad de estafados por Cositorto y sus socios cordobeses.

La secretaria penal María José López admitió que en el transcurso de los días podría haber más imputaciones y detenciones.