Principales hallazgos:

En marzo de 2025, un bufete de abogados estadounidense firmó un acuerdo para representar al ciudadano ruso Sergei Chemezov en sus esfuerzos por levantar las sanciones en su contra. En una declaración pública sobre el acuerdo, presentada y divulgada en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos (Foreign Agents Registration Act, FARA), se describe a Chemezov como “un empresario y filántropo reconocido internacionalmente”.

El documento no menciona el hecho de que el conglomerado estatal ruso Rostec, que Chemezov ha dirigido durante 18 años, fabrica armas y desempeña un papel central en la maquinaria de guerra de Rusia. De hecho, Rostec suministra hasta el 80% de las armas utilizadas por el ejército ruso en su guerra contra Ucrania, incluidos aviones de combate, helicópteros de combate, misiles, drones, tanques y sistemas de artillería.

Chemezov y Vladímir Putin son amigos desde hace muchos años. Forjaron su amistad en la agencia de espionaje soviética, KGB. Chemezov parece contar con la confianza de su excamarada espía, como demuestra el hecho de que haya estado durante tantos años al frente del gigante armamentístico ruso Rostec.

Las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron a Chemezov en 2014, y que en 2022 se hicieron extensivas a su familia, guardan relación con su implicación en la guerra de Rusia en Ucrania y su posición dentro del entorno más próximo de Putin.

Las sanciones han afectado visiblemente a Chemezov. Tras la segunda ronda de medidas impuestas contra él y su familia en 2022, contrató abogados en Estados Unidos y en la Unión Europea —algunos de forma directa, otros a través de su hijastra y de una empresa offshore— para impugnar las restricciones.

Sin embargo, este paso ha tenido consecuencias inesperadas. Los intentos de descongelar el activo extranjero más caro vinculado a Chemezov, un lujoso yate de recreo, han revelado que el oligarca del sector de la defensa tiene activos de gran valor en el extranjero a través de testaferros.

El complejo entramado para ocultar la propiedad del superyate de Chemezov permite vislumbrar cómo la élite del poder en Rusia maniobra para preservar su patrimonio fuera del país y evadir las sanciones, con el asesoramiento de importantes bufetes de abogados de Occidente.

El yate que desveló el secreto

El superyate Valerie, de 85 metros de eslora, rebautizado en 2022 como Meridian A, fue construido para la navegación de recreo, pero lleva casi tres años y medio sin utilizarse. El barco, con un valor estimado de unos 121 millones de euros, no ha podido salir del puerto de Barcelona desde marzo de 2022. Las autoridades españolas inmovilizaron el yate poco después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, debido a la supuesta conexión del barco con Sergei Chemezov, una figura clave en la industria de defensa rusa.

En ese momento, Chemezov ya estaba sometido a las sanciones impuestas por la UE y Estados Unidos tras la invasión rusa del este de Ucrania y la anexión de Crimea en 2014, lo que implicaba que todos los activos que poseyera o controlara en territorio europeo o estadounidense debían permanecer congelados.

Aunque es muy probable que Chemezov sea el propietario real del yate, nunca ha figurado como titular legal de la embarcación. La propietaria formal era su hijastra, Anastasia Ignatova, cuya ocupación oficial —profesora de ruso— difícilmente justificaría los ingresos necesarios para adquirir un yate valorado en 121 millones de euros. Incluso así, su nombre aparecía solo al final de una red de empresas offshore.

El hecho de que el yate estuviera registrado a nombre de la hijastra de Chemezov a través de sociedades offshore se hizo público unos meses antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, cuando el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) publicó su investigación Pandora Papers, basada en una filtración de documentos fiduciarios procedentes de las Islas Vírgenes Británicas.

En la primavera de 2022, poco después de que el yate fuera inmovilizado, la Unión Europea y Estados Unidos incluyeron a la hijastra de Chemezov en sus listas de sanciones, reforzando así la prohibición de usar o vender la embarcación. Es el activo más valioso hasta ahora relacionado con Chemezov, lo que quizá explique la prontitud con la que sus abogados trataron de revertir las restricciones. Los abogados españoles, en representación de una sociedad offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas y propietaria del yate, intentaron impugnar la decisión de las autoridades de inmovilizar la embarcación. Además, recurrieron ante el Tribunal de la UE para solicitar que se eliminara de las decisiones de sanción toda referencia a la hijastra de Chemezov como propietaria del yate.

The Kyiv Independent ha analizado las sentencias de los tribunales españoles. El proceso judicial en España resultó revelador. Lejos de liberar el yate, puso de manifiesto información inédita sobre el modo en que Chemezov habría registrado sus bienes en el extranjero para ocultar su titularidad, sin ser objeto de cuestionamiento alguno en Rusia por su ostentoso nivel de vida en el exterior.

Las autoridades españolas se habían estado documentando a conciencia. La Agencia Tributaria española llevó a cabo su propio estudio sobre el entramado de sociedades propietarias del yate. La agencia descubrió que la propiedad del yate se transfirió a la hijastra de Chemezov el 17 de abril de 2018, después de que ella adquiriera la empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Sightview Consultants Limited. Esta empresa offshore poseía acciones en otra empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Linkpoint Services Limited, que era propietaria del yate en ese momento.

Además, las autoridades españolas hallaron indicios de que Chemezov podría haber sido el propietario real del yate desde su construcción en 2011, aunque figuraba a nombre de un ciudadano ucraniano que actuaba como testaferro.

Conexión ucraniana; apartamento en las Torres Trump

Los expedientes judiciales de las autoridades españolas no revelan el nombre del hombre que fue, al menos formalmente, el primer propietario del superyate Valerie. Sin embargo, los expedientes mencionan tres detalles importantes sobre él. En primer lugar, trabajó en la gestión de una filial del conglomerado ruso Rostec, dirigido por Chemezov. En segundo, que tenía vínculos con MSA Marmara Yachting LLC, una empresa dedicada al mantenimiento de yates. Y por último, que falleció repentinamente a finales de 2017.

Estos detalles apuntan a Borys Kogan, un empresario de Odesa, ciudad ucraniana situada en la costa del mar Negro. Según la investigación de Kyiv Independent, Kogan falleció en octubre de 2017 supuestamente de un paro cardíaco, un día después de su 61 cumpleaños. Era cuatro años más joven que Chemezov.

Kogan era copropietario del Grupo Kaalbye, que en su día fue uno de los principales actores en el transporte marítimo de armas. Las empresas del Grupo Kaalbye estaban registradas en Ucrania y en jurisdicciones extraterritoriales. MSA Marmara Yachting, que proporcionaba tripulaciones para yates de lujo, también formaba parte del grupo.

El nombre de Kaalbye aparece en reportajes de medios de comunicación internacionales y se vincula con el transporte de armas fabricadas en Rusia. Además, la empresa declaró públicamente que había transferido cohetes de la NASA a Orbital Sciences Corporation. La página web del Grupo Kaalbye ya no está activa y algunas de sus empresas se han disuelto.

Pero, aunque dirigía un negocio de logística con sede en Ucrania, Kogan tenía vínculos con las altas esferas de Rusia. Formó parte del consejo de administración de RT-Logistika, una filial del conglomerado estatal ruso Rostec, dirigido por Chemezov. RT-Logistika también participó en el transporte de armas rusas.

Según las filtraciones de datos sobre ciudadanos rusos revisadas por el Kyiv Independent, Kogan tenía pasaporte ruso, además de ciudadanía ucraniana.

Kogan atrajo la atención de la prensa estadounidense por invertir casi dos millones de dólares (1,7 millones de euros) en un apartamento en una de las Torres Trump de Manhattan. Según los registros inmobiliarios de la ciudad de Nueva York revisados por el Kyiv Independent, en 2012 Kogan firmó una hipoteca a nombre de su hija, Julia Kogan, para que pudiera comprar el lujoso apartamento esquinero con vistas a la Quinta Avenida y al Crown Building. A principios de 2017, Julia Kogan vendió el apartamento.

Según descubrió el Kyiv Independent, esta no era la única propiedad en Estados Unidos en la que Kogan había invertido. En 2014 también firmó una hipoteca de 700000 dólares (605.000 euros) a nombre de su otra hija, Arina Kogan, para comprar un apartamento en Brooklyn. Tras la muerte de Borys Kogan en 2020, el apartamento se vendió.

Kogan era considerado el propietario del yate Lady K (antes Thunder B), de 50 metros de eslora, que, según se informa, compró a los descendientes del difunto oligarca ruso Boris Berezovsky. El yate fue visto en Odesa, donde vivía Kogan.

Una fuente cercana a Borys Kogan explicó al Kyiv Independent que le oyó decir que “lo compró por varios millones de dólares”. La fuente habló bajo condición de anonimato debido a las posibles repercusiones del caso.

Sin embargo, las nuevas revelaciones de las autoridades españolas sugieren que Kogan también era propietario del yate Valerie, de 85 metros y mucho más caro, en nombre del amigo de Putin, Chemezov.

Según la Agencia Tributaria española, citada en la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Kogan estaba detrás de las sociedades offshore Sightview Consultants y Linkpoint Services Limited que se utilizaron como entramado para ocultar la propiedad del yate.

Tras su muerte, la hijastra de Chemezov figuraba como nueva propietaria de las empresas y, con ellas, del yate. Según los materiales examinados en el tribunal español, Kogan “mantenía una relación de subordinación” con Chemezov en lo que respecta a la obtención de beneficios económicos. Los documentos judiciales también muestran que la familia de Chemezov utilizó el yate Valerie mientras Kogan fue el titular legal.

Nuevo propietario, posible falsificación de documentos

Las audiencias judiciales de 2023 revelaron que es probable que la hijastra de Chemezov ya no sea la propietaria formal del yate, aunque no está claro cuándo cambió la titularidad. El empresario ruso Albert Avdolyan la ha sustituido como titular legal.

Los abogados contratados por la empresa offshore Sulberg Services Limited afirman que Avdolyan compró el yate a la hijastra de Chemezov en julio de 2021, lo que significaría que tomó posesión antes de que se impusieran las sanciones a la hijastra.

Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se aportó al tribunal un contrato de compraventa de julio de 2021, documentos bancarios de pago fechados en enero de 2022 —previos a las sanciones impuestas a la hijastra— y un certificado de titularidad real de agosto de 2022, emitido cuando la hijastra ya figuraba en la lista de sancionados.

Las autoridades españolas señalaron la notable diferencia temporal —más de un año— entre la fecha de la firma del contrato de compraventa y la fecha del certificado de titularidad real. También encontraron otros detalles sospechosos. El contrato de compraventa se firmó entre dos partes privadas, por lo que su fecha es difícil de verificar de forma independiente.

Además, la sentencia judicial indica que la venta del yate se realizó mediante la venta de acciones de Delima Services Limited (ahora Sulberg Services Limited), registrada en las Islas Vírgenes Británicas, sucesora de Linkpoint Services. Sin embargo, no está claro por qué el acuerdo de venta de las acciones de Delima se firmó con la hijastra de Chemezov. Las acciones de Delima eran propiedad formal de Sightview Consultants, otra sociedad offshore propiedad directa de la hijastra. Sightview figuraba como la vendedora, y no la propia hijastra, que “no podía vender lo que no era de su propiedad”. El pago se realizó a través de un banco estatal ruso controlado por el Gobierno ruso y el documento no indica qué acciones pagó la sociedad offshore de Avdolyan a la hijastra de Chemezov. “Esto pone en duda la realidad o la autenticidad del pago de las acciones”, se afirma en los documentos judiciales.

Las autoridades españolas concluyeron que la primera fecha oficialmente acreditada de la venta del yate correspondía a agosto de 2022 y que se había intentado simular una operación anterior a la imposición de las sanciones.

La sentencia judicial afirma que las autoridades españolas dudan del entramado en torno a la titularidad del yate proporcionada por los abogados. En otras palabras, no creen que Avdolyan comprara realmente el yate para sí mismo y creen que él también es un testaferro de Chemezov.

Además, Avdolyan está estrechamente relacionado con Chemezov. Es un multimillonario ruso que era copropietario de la empresa rusa de telecomunicaciones YotaDevices junto con el conglomerado estatal ruso Rostec, dirigido por Chemezov.

Las autoridades españolas, citadas en la sentencia judicial, comparan el papel de Avdolyan en la fortuna de Chemezov con el que desempeñó en su día el fallecido Borys Kogan. Lo describen como una forma de fiducia cum amico, en la que Avdolyan actúa como “persona de confianza o representante” que figura formalmente como propietario del buque.

En febrero de 2025, la UE impuso sanciones a Avdolyan. La apelación contra la inmovilización del yate fue presentada en nombre de Sulberg Services Limited, representada ante los tribunales por el abogado español Héctor Sebastián Sbert Pérez, experto en litigación, fraude y recuperación de activos, quien no respondió a las preguntas enviadas por The Kyiv Independent por correo electrónico.

¿Puede España o Estados Unidos confiscar el yate?

Un cambio de propiedad del yate bajo sanciones podría interpretarse como un intento de eludir las restricciones. “Estas circunstancias apuntan a una de las formas más comunes de eludir las sanciones. El hecho de que el acuerdo se firmara entre dos partes privadas podría indicar que la venta del yate se fechó retroactivamente”, afirma Tetiana Khutor, directora del Instituto de Ideas Legislativas, un think tank de juristas ucranianos centrado en la corrupción y sanciones.

Curiosamente, el intento de eludir las sanciones podría haber tenido lugar no solo si la venta del yate se hubiera producido realmente en agosto de 2022, después de que se impusieran las sanciones a la hijastra de Chemezov.

Según los abogados, incluso si hubiera ocurrido en julio de 2021 podría considerarse una evasión de las sanciones. En ese momento, Chemezov ya estaba sujeto a sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos en relación con la invasión rusa de la península ucraniana de Crimea en 2014, que preveían la congelación de los recursos que controlaba, incluso de forma indirecta.

“El yate, en esencia, ya estaba congelado desde 2014”, ha afirmado Anatoly Yarovyi, socio principal del Colegio de Abogados Internacionales, con sede en Chipre. “Esto significa que, legalmente, no podría haberse vendido en 2021 ni en 2022, independientemente del hecho de que la hijastra de Chemezov aún no hubiera sido designada en ese momento”, concluye. Es decir, la venta del yate a Avdolyan no debería haberse producido ni en 2021 ni en 2022.

Según la legislación española, la evasión de sanciones aún no constituye un delito penal, ya que no se ha codificado formalmente, y las autoridades españolas no pueden actuar de manera autónoma para confiscar un yate únicamente por ese motivo.

“Hasta la fecha, la legislación española solo contempla responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las sanciones”, señala Tetiana Khutor. Sin embargo, según los expertos, las autoridades españolas sí podrían perseguir otros delitos, como la falsificación de documentos o el blanqueo de capitales. Además, Estados Unidos también podría intervenir en el caso.

“Un caso similar es la incautación en Mallorca del yate Tango, perteneciente al conocido oligarca ruso Viktor Vekselberg, realizada por las autoridades españolas en cooperación con el Grupo de Trabajo KleptoCapture del Departamento de Justicia”, afirma Yarovyi. “La declaración jurada presentada en Estados Unidos alegaba una conspiración para ocultar la propiedad mediante sociedades offshore, lo que constituía fraude bancario, blanqueo de capitales y evasión de sanciones. Estos hechos derivaron en una orden de incautación y en un procedimiento de decomiso de activos”.

En ese caso, se consideró que los tribunales de Estados Unidos eran competentes porque los pagos por el mantenimiento del yate se realizaron a través de cuentas bancarias de Estados Unidos. Por lo tanto, si Estados Unidos encontrara motivos para ello, podría solicitar la confiscación del yate vinculado a Chemezov.

Abogados con honorarios millonarios

Aunque los intentos de desbloquear el yate en España resultaron infructuosos, la familia Chemezov no se rindió.

En noviembre de 2024 se presentó ante el Tribunal de Justicia de la UE un recurso para impugnar las decisiones del Consejo relativas a las sanciones impuestas a la hijastra de Chemezov. A falta de una resolución publicada, todo indica que el tribunal aún no ha examinado el caso.

El letrado principal del Colegio de Abogados de Irlanda, Carsten Zatschler, que representa los intereses de Ignatova, la hijastra de Chemezov, se ha negado a hacer comentarios, amparándose en el código de conducta.

En marzo de 2025, Chemezov firmó un acuerdo con abogados estadounidenses para que lo representen e interpongan recursos extrajudiciales contra las sanciones de Estados Unidos. El acuerdo no solo beneficia a sus intereses, sino también a los de su mano derecha en Rostec, Vasily Brovko.

El acuerdo establece que los abogados pueden solicitar a las autoridades estadounidenses autorizaciones especiales que permitan a las personas sancionadas realizar determinadas transacciones en el país, así como presentar peticiones de exclusión de la lista con el fin de que se levanten las sanciones.

“Existen formularios que las personas sancionadas pueden presentar para obtener autorización para determinadas actividades o solicitar que se les retire la sanción. Eso es exactamente lo que está ocurriendo”, explica Benjamin L. Schmitt, investigador principal de la Perry World House de la Universidad de Pensilvania.

Los abogados de los bufetes estadounidenses Rathmell Short LLP y Stryk Global Diplomacy, mencionados en el acuerdo, no han respondido a las preguntas de The Kyiv Independent sobre sus actividades ni sobre si habían tenido éxito.

Se desconoce el valor de los acuerdos con abogados europeos, celebrados en nombre de la sociedad offshore Sulberg Services y en nombre de la hijastra de Chemezov. Sin embargo, el valor del acuerdo revelado en virtud de la ley FARA con los abogados estadounidenses resulta extraordinariamente alto: asciende a 2,6 millones de dólares (2,25 millones de euros) para la representación de tan solo dos clientes: Chemezov y Brovko.

Yudisud Tjong Trading LLC, una empresa comercial con sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, realizó el pago. La empresa comercial se creó en julio de 2024, solo ocho meses antes de que se firmara el acuerdo con los abogados. Según los registros de comercio internacional, la empresa adquirió varios lotes de ropa masculina en India poco después de su creación, y eso es todo lo que se conoce sobre su actividad comercial.

Según los datos del Departamento de Economía y Desarrollo de Dubái facilitados al Kyiv Independent por el Diligencia Group, con sede en Reino Unido —que recopila datos del registro mercantil de Oriente Medio y África—, el propietario de la empresa pagadora figura como el ciudadano indonesio Yudisud Tjong.

¿Por qué una empresa de los Emiratos Árabes Unidos propiedad de un ciudadano indonesio pagaría millones de dólares a abogados estadounidenses para ayudar a ejecutivos sancionados de un conglomerado armamentístico ruso? Yudisud Tjong Trading LLC no ha respondido a un correo electrónico de The Kyiv Independent.

Una pregunta igualmente interesante es por qué Chemezov decidió impugnar las sanciones estadounidenses contra él, dado que sus activos extranjeros conocidos, como villas y un yate, se encuentran en la UE.

“Hay diversos motivos por los que personas como Chemezov pueden buscar el levantamiento de las sanciones en Estados Unidos, aun cuando la mayor parte de sus activos sancionados esté en Europa”, señala Anastassia Fedyk, profesora adjunta de Finanzas en la Haas School of Business de la Universidad de California en Berkeley. Según la experta, además de permitirles realizar ciertas operaciones en Estados Unidos —como transacciones bancarias—, este tipo de gestiones también podría tener un efecto estratégico en Europa. “Si perciben que la Administración estadounidense es más receptiva a levantar determinadas restricciones en este momento, pueden aprovecharlo como una oportunidad y tratar de usarlo más adelante como precedente para impugnar las sanciones de la UE”, explica.

Aun así, no ha habido señales de avance en el levantamiento de las sanciones internacionales contra Chemezov y su familia. Y los intentos por liberar el yate solo han servido para arrojar más luz sobre las personas que podría haber utilizado para ocultar su propiedad.

Esta investigación fue publicada anteriormente en The Kyiv Independent.

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia abrió una investigación contra oligarcas rusos cercanos al presidente Vladímir Putin por varios delitos relacionados con la corrupción en su país y el blanqueo de fondos en suelo francés.

La investigación comenzó el 1 de julio tras una demanda de la ONG Transparencia Internacional por los posibles delitos de corrupción, desvío de fondos públicos, fraude fiscal agravado y blanqueo en banda organizada de los fondos obtenidos, señaló este martes a EFE la Fiscalía.

Añadió que la investigación está en manos de la Oficina Central para la Represión de la Gran Delincuencia Financiera (OCRGDF).

La investigación se lanzó después de que Transparencia Internacional, una ONG que lucha contra la corrupción, presentó en mayo pasado una demanda contra personas no identificadas por los supuestos delitos de blanqueo y no justificación de recursos.

La sección francesa de la organización presentó con su denuncia una serie de informaciones obtenidas a través del catastro y de otras fuentes abiertas que permitían “establecer un inventario del patrimonio inmobiliario en Francia de varios oligarcas del régimen ruso”, según indicó entonces.

También aportó datos sobre “el origen ilícito de los recursos que permitieron la adquisición de esos patrimonios”.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania, las autoridades francesas congelaron los bienes de varios oligarcas rusos objeto de sanciones internacionales, sobre todo en París y en las zonas de turismo playero de la Costa Azul (sureste) y Biarritz (suroeste).

Con información de EFE.

IG

En una de las famosas reuniones de Vladimir Putin con el pleno de la oligarquía rusa previas a la guerra en Ucrania, de esas que sirvieron de mensaje visual sobre cómo es la pirámide de poder en Rusia (el presidente sentado a una mesa frente a un enorme vacío, con sus empresarios amalgamados y desenfocados al fondo) asistieron 37 personas. Todos hombres, todos dirigentes de empresas estratégicas, todas participadas en mayor o menor media por el Kremlin. Vladímir Kiriyenko y Herman Gref eran dos de ellos. Son los dos más importantes en la estrategia de Putin para separar la Red rusa del Internet global y la pinza para censurarla.

Kiriyenko, de 39 años, es uno de los más jóvenes del círculo. Es el consejero delegado de VK Company Limited, que posee las tres redes sociales más importantes de Rusia: VKontakte, Odnoklassniki y Moi Mir. La primera, conocida como VK, es el llamado Facebook ruso. La corporación también tiene páginas web que alcanzan al 90% de los usuarios rusos y uno de los servicios de correo electrónico más importantes del país. Vladímir Kiriyenko es un hombre de máxima confianza para Putin, tanto por sus actos como por los de su padre, Serguéi Kiriyenko, director adjunto del Gabinete Presidencial. La UE considera a Kiriyenko Sr la mano derecha del presidente ruso en política interior, una misión en la que la corporación de redes que maneja su hijo juega un papel fundamental.

Las redes sociales de VK no solo están atadas al Kremlin por vínculos de sangre. VK Company está controlada por Gazprom, la empresa rusa que se encarga de la extracción, producción transporte y venta de gas natural. Lo hace a través del conglomerado Gazprom Media, que gestiona e invierte en numerosos medios de comunicación rusos. Kiriyenko Jr fue alcanzado por la segunda ronda de sanciones de la UE por “apoyar de forma activa, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania”. Bruselas también denuncia su papel clave en “el objetivo de Vladímir Putin de reforzar el control sobre Internet”.

Herman Gref ha conseguido escapar a las sanciones, al contrario que el Sberbank, el banco que dirige. Es la mayor entidad financiera de Rusia y como en el caso de Gazprom, tiene al Estado ruso como accionista mayoritario. Gref está considerado uno de los miembros liberales del círculo de empresarios-altos funcionarios más próximo a Putin; ha defendido la salida del capital estatal de los bancos rusos y forma parte del consejo internacional de entidades como JP Morgan, que ahora esconde su relación con él.

Bajo el mando de Gref, el Sberbank se convirtió en Sber, compañía tecnológica. Lanzó productos en todos los ámbitos: creó la SberCloud para dar servicios en la nube; el SberMarket como plataforma de comercio electrónico; el SberAuto como el Uber ruso; el SberFood para el delivery de comida y servicios de café y restaurant o el SberHealth, un servicio de salud online. También lanzó “Salut”, un asistente virtual del estilo de Alexa o Siri.

Organizaciones como la Sociedad de Defensa de Internet, fundada por uno de los colaboradores del líder opositor Alekséi Navalni, denuncian que el Kremlin y las fuerzas de seguridad rusas tienen vía libre para acceder a los datos tanto de VK y de los nuevos servicios de Sber. De hecho, el papel de Kiriyenko Jr y Gref para subyugar la red rusa ha incluido desplazar a los fundadores de las tecnológicas rusas, empresarios de perfil más occidental y reacios a someter sus plataformas al control de Moscú.

Hasta el exilio

El hecho de que Vladimir Kiriyenko comparta siglas con la corporación de redes sociales VK es mera coincidencia. Su fundador es Pável Dúrov, el mejor ejemplo de la práctica de presionar a los dueños de las tecnológicas hasta que se rindan al control del Kremlin. Conocido como 'el Mark Zuckerberg ruso' por la juventud con la que llevó al éxito a su red social (la creó con 22 años y en seguida la convirtió en un fenómeno en su país), tuvo que abandonar su empresa y autoexiliarse de Rusia en 2014 al negarse en repetidas ocasiones a borrar publicaciones de los opositores a Putin o dar datos a las fuerzas de seguridad sobre los participantes en manifestaciones.

Tras abandonar VK, Dúrov fundó Telegram, app de mensajería que ahora dirige. “Algunas personas se preguntan si Telegram es menos seguro para los ucranianos porque una vez viví en Rusia. Permítanme contarles cómo terminó mi carrera en Rusia”, ha escrito en su canal de Telegram esta semana sobre las dudas de seguridad de su nuevo servicio, que han provocado que Signal se convierta en la app de mensajería más usada entre los ucranianos.

“Hace nueve años era el director general de VK, que era la mayor red social en Rusia y Ucrania. En 2013, la agencia de seguridad rusa, el FSB, me exigió que les proporcionara los datos privados de los usuarios ucranianos de VK que protestaban contra un presidente prorruso. Me negué a cumplir estas exigencias”, rememora Dúrov. La decisión le costó el puesto de CEO de la red social y pudo costarle algo más si no llega a abandonar inmediatamente el país. “Perdí mi empresa y mi casa, pero volvería a hacerlo, sin dudarlo. Sonrío con orgullo cuando leo mi post en VK de abril de 2014, que muestra las órdenes escaneadas del FSB y mi respuesta característica a ellas: un perro con capucha”.   

Dúrov se fue de Rusia con 30 años. Hoy es uno de los versos sueltos entre los grandes millonarios rusos. Con una fortuna estimada de unos 14 mil millones de euros está entre las 10 personas más ricas de Rusia y ocupa el puesto 112º en el ranking mundial, según Forbes. “Han pasado muchos años desde entonces. Muchas cosas han cambiado: ya no vivo en Rusia, ya no tengo empresas ni empleados allí. Pero una cosa sigue siendo la misma: defiendo a nuestros usuarios pase lo que pase. Su derecho a la privacidad es sagrado. Ahora, más que nunca”, dice refiriéndose a la seguridad de Telegram.

VK pasó a estar controlada por empresarios afines al Kremlin y en 2021 llegó a manos de Kiriyenko Jr. La UE lo acusa de “participar en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia” y colaborar en la financiación de la guerra en Ucrania. elDiario.es se ha puesto en contacto tanto con VK como con el Grupo Sber para incluir su posicionamiento en esta información, sin recibir respuesta.

Acoso y derribo al 'Google ruso'

Si VK es el Facebook ruso, Yandex sería el Google ruso. Aunque en realidad es mucho más. Tiene buscador, correo electrónico, mapas y plataforma de vídeo como su pariente lejano de EEUU, pero también es un Amazon, un Spotify y un Uber. Arkady Volozh, su fundador, suele decir que Yandex es un Silicon Valley en sí misma. Se llevó su sede a Holanda y cotiza en el Nasdaq, el índice bursátil de EEUU para empresas tecnológicas. Eso la puso en el punto de mira de las autoridades rusas, que desde hace 15 años tratan de controlarla a través del Sberbank. Prácticamente los mismos que Herman Gref lleva al frente del banco, que dirige desde 2007.

El primer encontronazo llegó en 2008, también a raíz de la invasión de Rusia a un país vecino. Fue en la guerra de Georgia, poco después de que se pusiera en marcha Yandex News, el agregador de noticias de la empresa. Este destacó artículos desde ambos ángulos de la contienda, que solo duró cinco días. Como recoge el libro The Red Web sobre la historia del Internet ruso, al mes siguiente dos funcionarios del Kremlin se presentaron en sus oficinas para averiguar cómo funcionaba el nuevo servicio. “¡Esto es lo que no necesitamos!”, exclamó uno de ellos mientras el director de Yandex News les mostraba la captura de pantalla de uno de los medios que daban puntos de vista fuera de la línea oficialista de Moscú.

Ese mismo año un oligarca vinculado al Kremlin intentó comprar Yandex, que resistió el envite. Sin embargo tuvo que ceder ante la presión de Moscú y concederle al Sberbank la capacidad de veto de cualquier transacción que superara el 25% de las acciones.

La supervisión del Sberbank bastó para apaciguar al Kremlin una temporada, pero el miedo a la interferencia extranjera a través de Yandex resurgió. Cuando el Banco filtró su intención de comprar un 30% de la compañía esta se desplomó en la Bolsa, perdiendo 1.000 millones de dólares. Con la aprobación de la Ley de Soberanía de Internet en 2019, que permite a Moscú censurar partes de la red y controlar lo que los usuarios ven en la red, se dejó otros 1.000. Putin lo aprovechó para aumentar la presión para que Volozh cediera un pedazo más de la independencia de la compañía y tras un año de negociaciones, Yandex aceptó someterse a una supervisión aún más intensa de Moscú.

Como resume Evan Gershkovich, periodista del Moscow Times, Yandex ahora está controlada por una “fundación de interés público con estrechos vínculos con el gobierno”. “Aunque la nueva fundación tiene 11 puestos en su consejo, sólo tres pertenecen a Yandex; el resto se reparte entre influyentes grupos empresariales y universidades afiliadas al Estado. Tal vez lo más importante desde la perspectiva del Kremlin sea que la nueva fundación podría bloquear a Yandex para que no pueda firmar acuerdos con ningún gobierno extranjero”.

La guerra en Ucrania puede haber sido lo que faltaba para acabar con Yandex como empresa independiente. Las operaciones militares de las tropas rusas le hizo perder el 65% de su valor en horas, antes de que el Nasdaq suspendiera indefinidamente su cotización. La posibilidad de que el gobierno ruso nacionalice las empresas con capital extranjero en respuesta a las sanciones finalizaría su periplo como única gran tecnológica rusa asimilable a las occidentales.

“Aunque no tenemos conocimiento de ningún plan en este sentido, la mayoría de nuestras operaciones y activos se encuentran en Rusia y, por lo tanto, cualquier acción de este tipo tendría un impacto material adverso en el valor del grupo Yandex en su conjunto”, reconoció en un comunicado. Si Yandex pasa a estar controlada completamente por el Kremlin, todo el panorama tecnológico ruso estaría directamente vinculado a Putin. Es uno de los motivos por los que ONGs de derechos digitales y expertos avisan de que la retirada de las tecnológicas occidentales del país puede facilitar su objetivo de mantener Internet bajo su control.

AGB

Manifestantes tomaron este lunes de forma ilegal una mansión en el centro de Londres que pertenece a uno de los multimillonarios rusos sancionados por el Gobierno del Reino Unido, en respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania, para entregarla a los refugiados de ese país.

Se trata de un inmueble valuado en 50 millones de libras (65 millones de dólares) ubicada en Belgrave Square, un lujoso barrio en el centro de Londres que pertenecería a Oleg Deripaska, un oligarca vinculado al presidente Vladimir Putin.

“Esta propiedad ha sido liberada, Putin vete a la mierda. El poder engendra parásitos”, decía una de las pancartas colgadas en los balcones de la propiedad por los ocupantes ilegales.

La casa de ocho habitaciones, ubicada en uno de los barrios más caros de la capital británica, también tiene un cine, un gimnasio y un sauna de vapor turco.

La propiedad se compró por 25 millones de libras esterlinas en 2003, a través de una sociedad de cartera de las Islas Vírgenes Británicas, y ahora es probable que tenga un valor cercano a los 100 millones de libras esterlinas (130 millones de dólares).

Los manifestantes dijeron a la emisora británica BBC, que la ocupación es para “hacer el trabajo” de la ministra del Interior, Priti Patel.

Pidieron además a la funcionaria que enviara refugiados ucranianos a vivir en la propiedad de Belgrave Square.

Deripaska de 54 años, nieto del ex líder ruso Boris Yeltsin, poseedor de un patrimonio de 3.000 millones de libras (3.914.80 millones de dólares), es dueño de la empresa de metales e hidroenergía EN+ Group, negó las acusaciones que pesan sobre él acerca de la idea de que es un “agente del Kremlin”.

El Gobierno británico, congeló también cinco cuentas bancarias de su propiedad.

Otro de los oligarcas sancionados es Román Abramovich, propietario del Club de Fútbol Chelsea y dueño de 70 propiedades en el Reino Unido, con un valor de alrededor de 500 millones de libras (650 millones de dólares).

Entre ellas se incluye una mansión de 15 habitaciones en Kensington Palace Gardens con un valor estimado de 150 millones de libras (195 millones de dólares).

La ocupación se produce luego que el ministro de Vivienda, Michael Gove, sugirió que las propiedades de los oligarcas rusos, como el dueño del Chelsea, Román Abramovich, podrían ser utilizadas para albergar a los refugiados.

En una ronda de entrevistas por los medios británicos durante el fin de semana Gove, confirmó que estaba presionando para que las mansiones pertenecientes a aliados súper ricos del Kremlin fueran confiscadas con fines “humanitarios”.

Con información de agencias.

IG

Desde hace años, si no décadas, el mercado inmobiliario de lujo de Londres y del sureste de Inglaterra se ha dado un festín con las inversiones procedentes de Rusia y de los antiguos estados soviéticos. Las mansiones de los oligarcas, con interiores ostentosos y varios pisos que contienen piscinas, galerías de arte y colecciones de coches de época, son material de película. Agentes inmobiliarios, abogados, contables, instituciones financieras, empresas inmobiliarias, agencias de relaciones públicas, arquitectos y diseñadores de interiores se han beneficiado de este abundante flujo de dinero.

Mientras tanto, activistas y periodistas hacen sonar las alarmas. Hace tiempo que señalan que Londres parece ser un lugar especialmente atractivo para la “riqueza sospechosa” ―en palabras de la organización anticorrupción Transparency International UK― procedente de todas partes del mundo, y de la antigua Unión Soviética en particular. Estas alarmas habían sido ignoradas en su mayor parte hasta ahora, cuando de repente parece problemático haber sido cómplice del funcionamiento de élites cuyo líder ha iniciado la guerra más peligrosa en Europa desde 1945.

La única justificación posible (e insuficiente) es que esta afluencia de dinero se “derramaría” hasta alcanzar a los ciudadanos de a pie, pero ha resultado de dudoso beneficio para la mayoría de los londinenses. Ha añadido aún más presión a las famosamente inasequibles viviendas de Londres. Ha promovido la exclusión y la división en una ciudad entre cuyos puntos fuertes solían contarse la apertura y la accesibilidad.

La mayoría de las personas, sin duda, nunca buscaría una propiedad en las áreas donde a los oligarcas y cleptócratas les gusta comprar, como Knightsbridge, Kensington, partes de Highgate y en comunidades suburbanas cerradas como St George's Hill, cerca de Weybridge, Surrey. Sin embargo, como argumenta Transparency International, se ha producido un efecto dominó: si los multimillonarios compran en Kensington, los banqueros un poco menos acaudalados empiezan a buscar en distritos un poco más baratos, lo que impulsa a los profesionales más exitosos que residan allí a irse más lejos. Y así sucesivamente, hasta que los compradores primerizos de los barrios periféricos se topan con que sus pisos se han vuelto más caros.

Esta riqueza ha contribuido a fenómenos tan desagradables como las “casas iceberg”, en las que sótanos colosales maximizan la cifra de metros cuadrados en zonas de gran valor, y las “calles fantasma”, en las que propietarios de todo el mundo residen solo de vez en cuando. También ha hecho que bloques enteros de apartamentos estén casi siempre a oscuras, dado que sus propietarios están en otra residencia. El dinero sospechoso distorsiona el mercado, al fomentar las viviendas voluminosas en una ciudad donde el espacio siempre escasea.

Mansiones, palacios y rascacielos

En el imaginario popular, la casa de un oligarca bien podría ser algo como la propiedad de 15 dormitorios de Roman Abramovich, valorada en al menos 150 millones de libras (unos 181 millones de euros), en Kensington Palace Gardens, una de las calles más caras del mundo. O la casa de Belgrave Square que, según se cree, pertenece a Oleg Deripaska, uno de los aliados de Putin que está sometido a sanciones en Estados Unidos. En Londres el valor de una casa de estuco de estilo clásico, tan típica de la ciudad que el osito Paddington podría vivir en ella, se infla hasta proporciones inimaginables, tanto que su espíritu cambia por completo.

Otro tipo es la vivienda cuya escala se aproxima a la de una casa señorial, pero que por algún motivo se encuentra en Londres. Una de ellas es Athlone House, una fantasía de estilo jacobino con torretas y frontones en Highgate que fue comprada por 65 millones de libras (78 millones de euros) en 2016 por Mikhail Fridman, un hombre sancionado por la UE, que lo describió como un “facilitador del círculo íntimo de Putin”.

O una casa de campo histórica, como Sutton Place, un edificio Tudor de 72 habitaciones en Surrey que se cree que pertenece a un minero multimillonario, el recientemente sancionado Alisher Usmanov, antiguo accionista principal del club de fútbol Arsenal e inversor en el Everton.

Están las mansiones suburbanas en comunidades cerradas, como la casa palladiana llena de obras de arte, la Ingliston House en Virginia Water, Surrey, que pertenece al socio comercial de Fridman, Petr Aven, también sancionado; o Hamstone House, un palacio art decó en St George's Hill que solía pertenecer a Deripaska y puede que siga siendo suya. La mansión más espectacular de todas es Witanhurst, en el norte de Londres, propiedad del magnate de los fosfatos Andrey Guryev. Se la describe a menudo como la segunda casa familiar más grande de la capital, después del Palacio de Buckingham; y a sus amplias proporciones se le ha añadido un sótano gigante.

El estatus

Un aspecto esencial de estas propiedades es su escala. Robert Adam, de una firma de arquitectura clásica que diseñó la remodelación de Witanhurst, dijo en una ocasión a The New Yorker que “las casas son una expresión importante del estatus, la ambición y los sueños de la gente... No se puede aplicar la palabra ‘necesitar’ en esto. La palabra es ‘querer’”.

Una superficialidad similar puede verse en la decisión del ucraniano Dmytro Firtash, afín a Putin, de comprar la estación de metro de Brompton Road, en desuso, a pesar de que ya poseía una magnífica y moderna casa cerca.

Otros aspectos fundamentales son la seguridad, la privacidad y la desconexión. Todos estos factores se materializaron en un lugar: One Hyde Park, un bloque de apartamentos en Knightsbridge que, aunque diseñado por el estudio moderno Rogers Stirk Harbour and Partners, ofrece una seguridad y una exclusividad extremas. Entre sus residentes se encuentran el magnate ruso Vladislav Doronin y el multimillonario ucraniano Rinat Akhmetov, que a principios de la década pasada pagó la cifra récord de 136,4 millones de libras (164,3 millones de euros) por un ático situado allí.

La transparencia literal de sus paredes de cristal desmiente la opacidad real de su vida interior. Poco aporta a la vivacidad de las calles que lo rodean. Su altura rompe el horizonte de Hyde Park de una manera que, comparada con edificios posteriores y más altos de Londres, casi parece modesta. En la zona de Nine Elms, alrededor de la embajada estadounidense, se pueden ver torres más grandes, más altas y similarmente excluyentes. No parece que los rusos tengan una preferencia particular por ellas, pero es probable que algunas de las adquisiciones que allí se realizan estén financiadas por fuentes sospechosas.

Fridman, Deripaska y Doronin han, en distinta medida, cuestionado la guerra de Putin, y Deripaska ha desafiado las sanciones que se le han impuesto. También lo han hecho Fridman y Aven, calificándolas de “falsedades maliciosas y deliberadas”. Es imposible rastrear la financiación de la compra de cualquiera de las propiedades mencionadas y establecer con certeza si alguna de ellas fue obtenida de forma corrupta.

Lo que sí sabemos es que, tal y como ha dicho Transparency International, desde 2016 se han invertido 6.700 millones de libras (8.000 millones de euros) de origen dudoso en propiedades en Reino Unido, de los cuales al menos 1.500 millones “han sido comprados por rusos acusados de corrupción o de tener vínculos con el Kremlin”. Según Transparency International, dado el secretismo de muchas transacciones, el verdadero total seguramente sea muchas veces mayor.

Como explica Oliver Bullough en su libro de 2018 Moneyland, la titularidad de una vivienda puede quedar oculta mediante el uso de empresas fantasma, negocios que hacen poco o nada excepto guardar y mover activos en países ―San Cristóbal y Nieves, Bermudas, Liechtenstein― cuyas leyes los convierten en “una fortaleza formidable para quien busque proteger sus activos”.

¿Por qué Londres?

Los atractivos de Londres incluyen el hecho paradójico de que su sistema jurídico se considera sólido y fiable y su política, al menos por ahora, estable. En otras palabras, cuenta precisamente con aquellas instituciones cuya ausencia ayuda a los cleptócratas a extraer riqueza de sus propios países. Una vez que su botín se ha convertido en tierra y mampostería, tras una fachada victoriana de estuco color crema, el proceso es difícil de revertir.

Todo ello requiere facilitadores. Como revelaron los Papeles de Panamá, el bufete de abogados londinense Child & Child ayudó a las hijas del presidente de Azerbaiyán de una forma que, según el Tribunal Disciplinario de Abogados (SDT, por sus siglas en inglés), “supuso un riesgo de blanqueo de grandes cantidades de dinero”.

En el documental de Channel 4 From Russia With Cash (desde Rusia con dinero), unos reporteros que se hacían pasar por compradores rusos y hablaban con agentes inmobiliarios de Londres para invertir en propiedades con dinero que, según dejaban claro los falsos inversores, provenía de fuentes poco limpias. Los agentes se mostraban muy complacientes y en varios casos les recomendaban abogados que podían ayudar a los compradores a ocultar sus identidades.

Esto fue en 2015, y ya entonces no era una sorpresa que estas cosas pudieran ocurrir. Sin embargo, la respuesta del Gobierno británico ha sido limitada. En 2017, se introdujeron las órdenes de enriquecimiento inexplicable, por las que los tribunales británicos pueden exigir a sus objetivos que revelen los orígenes de su dinero, pero el coste de utilizarlas contra demandados bien asesorados y cubiertos por sus abogados hace que rara vez se emitan.

David Cameron prometió en 2015 cerrar el paso al “dinero sucio” y en 2016 el Gobierno británico prometió crear un registro público de las propiedades con dueños extranjeros. Seis años más tarde, Boris Johnson sigue prometiendo impulsar dicho registro. “No hay lugar para el dinero sucio en Reino Unido”, dijo recientemente. “Aquellos que apoyan a Putin han sido avisados: no habrá ningún lugar donde esconder sus ganancias de dinero sucio”, aseguró.

La ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, dice que tiene una “lista negra” de oligarcas cuyas propiedades serán objeto de investigación. El secretario de Exteriores, Dominic Raab, sugiere que las casas de las élites rusas podrían ser entregadas a los refugiados ucranianos. Dado que el Gobierno ha sido acusado de estar demorando el asunto, estas declaraciones políticas, hasta que se demuestre lo contrario, suenan a palabrería.

Traducción de Julián Cnochaert.