En Córdoba, el negocio de la limpieza se transformó en una de las principales fuentes de recursos del poder provincial. Las contrataciones para el mantenimiento de espacios verdes y el desmalezado muestran un patrón que se repite sin variaciones: las mismas empresas, los mismos funcionarios y los mismos resultados. Detrás de los pliegos y las adjudicaciones aparece una red de vínculos entre empresarios y dirigentes que, según denuncias y documentos oficiales, habría convertido los servicios públicos en una fuente sostenida de financiamiento político.

Durante los últimos meses, el gobierno de Córdoba adjudicó contratos por más de 80 mil millones de pesos a tres compañías que hoy concentran la mayor parte del mercado: Servicios Drill S.A., Euro Clean S.R.L. y Pulizia S.R.L., propiedad de Lucas Dagatti, presidente de la Cámara de Servicios Generales (CASEGE). En julio, Drill se quedó con las siete líneas de San Francisco, Euro Clean con dieciséis en Punilla y Alta Gracia, y Pulizia con todas las zonas de Río Cuarto, Bell Ville y el sur provincial. Dos meses antes, las mismas empresas ya habían sido beneficiadas en Carlos Paz, La Falda, Villa María, Río Ceballos, Alta Gracia y Argüello. En todos los casos, el patrón de adjudicación fue idéntico: los pliegos, las condiciones y los montos terminaron favoreciendo a los mismos actores.

Las contrataciones de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) repiten el mismo esquema. Drill, Pulizia y Euro Clean aparecen allí como proveedoras de servicios de espacios verdes y mantenimiento general. En conjunto, controlan la totalidad del negocio provincial vinculado a la limpieza y el desmalezado. Esa concentración explica el crecimiento vertiginoso de las tres compañías, que en menos de dos años pasaron de manejar contratos municipales de baja escala a dominar el sistema provincial. elDiarioAR intentó comunicarse con fuentes oficiales del gobierno de Córdoba, pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo con voces empresarias y políticas, la estructura tiene nombres propios. Néstor Rubén Alabi, exdirector de Guba SA, y Dagatti, en su doble rol de empresario y referente sectorial, son señalados como los principales articuladores del mecanismo. El esquema incluiría pliegos diseñados a medida, exclusión de oferentes y flexibilización de las condiciones laborales.

A ese entramado se suma una figura política: el legislador oficialista Juan Manuel Cid, uno de los operadores más cercanos al gobernador Martín Llaryora. Según denuncias internas y testimonios de contratistas, Cid sería quien garantiza el vínculo entre las empresas adjudicatarias y la estructura política, y quien canaliza parte de los retornos para financiar actividades partidarias y campañas electorales.

Un esquema que se repite

El esquema se replica en distintas áreas del Estado. Las licitaciones públicas Nº 01/2025 (Expte. Nº 0195-181510/2025) y Nº 02/2025 (Expte. Nº 0195-181500/2025) del Ministerio de Educación, destinadas a la limpieza de escuelas de la capital provincial y del interior, son un caso emblemático. En julio de este año se adjudicaron diez zonas de escuelas de Córdoba Capital y veintiocho zonas del interior. Los mayores beneficiarios fueron, nuevamente, Servicios Drill S.A., Pulizia S.R.L. y Euro Clean S.R.L.

Según los pliegos, Drill obtuvo las zonas III y V de Capital y las zonas III (Colón II), IV (Colón III), VIII (Gral. San Martín II), XIV (Punilla II) y XVI (Río Cuarto Norte) del interior. Pulizia fue adjudicataria de la zona II de Capital y de las zonas VI (Gral. Roca), XV (Río Cuarto Centro), XIX (Río Seco), XXIV (Santa María) y XXVII (Unión). Euro Clean ganó las zonas I, VI y X de Capital y las zonas V (Cruz del Eje), X (Juárez Celman), XII (Roque Sáenz Peña), XVIII (Río Primero), XXII (San Javier), XXVI (Totoral) y XXVIII (Minas-Pocho).

El resto de las zonas se asignó a Zemst S.A., Magic Clean S.R.L., GL Disarqs S.R.L. y Glosyc S.R.L., pero fuentes del sector señalan que esas firmas funcionaron como oferentes accesorios: no compitieron en todas las zonas y evitaron presentarse en aquellas donde ya prestaban servicio, lo que generó sospechas de una “bajada de línea” para despejar el camino a las empresas vinculadas al oficialismo.

El patrón se repitió incluso en procesos recientes, como la subasta electrónica Nº 2025/000011 (Expte. Nº 0196-017251/2025) del Ministerio de Justicia y Trabajo, realizada el pasado 6 de octubre. Allí, Drill, Pulizia y Euro Clean volvieron a presentarse en conjunto. Los pliegos impusieron condiciones que, lejos de promover la competencia, parecen haber sido diseñadas para limitarla: una dotación mínima de 500 operarios registrados durante los últimos seis meses, certificaciones ISO, y libre deuda con la CASEGE, la cámara que preside Dagatti. La ausencia de alguno de estos requisitos es causal de exclusión.

Una práctica habitual

En la práctica, el negocio de la limpieza se transformó en una caja de recaudación política que combina rentabilidad empresarial y construcción territorial. Fuentes cordobesas consultadas por elDiarioAR señalan que el modelo no es nuevo: hereda prácticas instaladas durante los años de Juan Schiaretti, aunque bajo la gestión de Llaryora el circuito se volvió más concentrado y extendido. Lo que antes era un sistema de contratos municipales ahora funciona como una red provincial que financia parte del aparato político del oficialismo.

El escándalo estalla justo cuando Llaryora busca proyectarse a nivel nacional con el sello Provincias Unidas, un espacio que intenta mostrarse como alternativa “federal y de gestión” frente a Javier Milei y Axel Kicillof. El gobernador se define como un dirigente pragmático, pero las denuncias sobre favoritismos, sobreprecios y vínculos cruzados con empresarios amenazan con complicar su relato de eficiencia y transparencia.

El artículo 35.1 de los pliegos de Educación establece además que las empresas adjudicatarias deben absorber a todo el personal existente, reconociendo antigüedad y categoría, una cláusula que las tres compañías apuntadas no cumplieron. Los trabajadores describen una realidad dramática: salarios en negro, equipos deteriorados y subcontratación de cooperativas locales. Los servicios se mantienen con empleados precarizados mientras los montos adjudicados crecen cada trimestre. En el interior provincial incluso hubo denuncias despidos sin indemnización ni reubicación, pese a los compromisos asumidos. Aun así, las empresas siguieron siendo beneficiadas en nuevas licitaciones.

Es que detrás de los contratos de limpieza se esconde algo más que un negocio. Se trata de una estructura de poder que sostiene al oficialismo local y reproduce su lógica de control territorial. Córdoba convirtió un servicio básico en una fuente de financiamiento político, y ese modelo empieza a mostrar su cara menos prolija.

PL/MG

Las últimas 24 horas se volvieron un torbellino de reuniones, charlas y negociaciones cruzadas. El centro de gravedad del proceso lo ocupó Sergio Massa, quien asumió el papel de cardenal Samoré en el intento de acordar con el FMI. Se trata de un rol pacificador del que él mismo se jacta y se encarga de difundir, en el contexto de un internismo salvaje en el Frente de Todos. Así, el presidente de Diputados se presenta como una suerte de árbitro neutral un tanto ajeno a la crisis que atraviesa el Frente de Todos.

Tras reunirse con los jefes de bloque de la oposición, Massa tomó el argumento que le plantearon. Tanto el de los cambiemitas, como el de los bloque no alineados. Porque en las últimas horas se consolidó una retórica común entre Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y el de Provincias Unidas. La bancada de los federales está integrada por lavagnistas residuales, socialistas y cordobeses schiarettistas. Con matices, los ocho diputados federales coinciden con JxC y con los cinco legisladores de Provincias Unidas. ¿En qué punto? En la necesidad de simplificar el proyecto de ley hasta convertirlo en un texto simple que autorice una nueva financiación del FMI. 

Así, el Congreso se limitaría a pronunciarse sobre la reestructuración de la deuda, pero no sobre el programa ni las metas fijadas con el Fondo. Si en un principio la oposición exigía conocer la letra chica del arreglo, ahora JxC prefiere un texto lavado. Demanda una ley que habilite a Martín Guzmán a negociar (y cumplir) los pormenores del programa económico con el FMI. El principio de entendimiento con el Fondo fue anunciado por Alberto Fernández el 28 de enero pasado, en la quinta de Olivos. Desde ese momento, las discusiones técnicas sobre el acuerdo se mezclaron con pujas de poder puro entre el FdT y JxC.  

“El proyecto propuesto por Guzmán no colabora en la búsqueda de consensos en el Congreso”, se quejó el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, jefe de los Federales. Fue en una conferencia de prensa realizada este miércoles pasado el mediodía. Lo acompañaron sus compañeros Graciela Camaño, Florencio Randazzo, Enrique Estévez y el cordobés Carlos Gutiérrez. “Nos quieren hacer cómplices del programa económico del que no estamos de acuerdo. Incluye, entre otras cosas, aumentos de impuestos y de tarifas. No los vamos a avalar sin una previa discusión”, objetó Randazzo.

El presidente de Provincias Unidas, el rionegrino Luis Di Giacomo, le planteó lo mismo a Massa el martes. Si bien es un espacio aliado del oficialismo, Di Giacomo condicionó el apoyo de su bloque. “Acompañaremos en la medida en que no nos comprometen a tener que bancar un programa que no sabemos qué fin tendrá, y que es absoluta responsabilidad del Ejecutivo”, opinó el diputado rionegrino ante Massa. 

Ante esa unanimidad, el presidente de la Cámara rumbeó hacia la Casa Rosada este miércoles al mediodía. Almorzó con Alberto Fernández, para pelotear modificaciones en el proyecto delineado por Guzmán. El motivo formal de la excursión massista a la Rosada fue la visita a la Argentina del presidente de la República Dominicana Luis Abinader. Massa tiene un trato fluido con Abinader. 

En el encuentro con Fernández, Massa le hizo un reporte sobre las propuestas de los tres bloques de la oposición. Y le comentó sobre la propuesta unificadora que preparó el jefe del bloque del FdT, el santafesino Germán Martínez. Tras ese intercambio, Massa volvió a la Cámara de Diputados. 

“Queremos acomodar el texto para lograr el consenso más amplio que se pueda. Además la función de Martín terminó cuando ingresó el proyecto”, afirman cerca de Massa. Así intentan minimizar fricciones entre el diputado y el ministro. Y a su vez desmienten la versión de que el FMI haya exigido incluir una suerte de programa económico en la ley que tratará el Congreso: “El Fondo lo único que pide es que se respete el trámite legislativo del país”.

En radio Mitre, Massa confirmó por la mañana: “Estamos dialogando con todas las fuerzas políticas del Parlamento buscando una herramienta que le de a la Argentina, no solo al Gobierno, un instrumento para no caer en default”.

En la escudería de Guzmán también buscan atemperar las diferencias. “Estamos en una zona de parlamentarismo puro y duro. Somos respetuosos de la división de poderes”, afirman. ¿El ministro que condujo la negociación con el Fondo aceptaría rediseñar la letra del arreglo? “Mientras se respete el espíritu…”, concede un guzmanista. Un massista le agrega pimienta al vínculo entre los dos dirigentes: argumenta que ahora la política está enmendando los errores que cometió un académico. 

En caso de reconvertir el proyecto en un simple aval al Ejecutivo para reestructurar la deuda tomada por Mauricio Macri a partir de un nuevo préstamo, el camino parlamentario quedaría allanado para el Gobierno. El oficialismo se garantizaría un apoyo robusto en Diputados. Y ya no quedaría expuesto a una aprobación ajustadísima, con el mero apoyo del albertismo. De ser así, este miércoles el FdT alcanzaría un dictamen amplio en las comisiones de Presupuesto y Finanzas. Y el jueves se sancionaría en Diputados. 

Mientras Massa gestiona cambios en el proyecto, Guzmán visita la ciudad Houston. El ministro de Economía participa en Estados Unidos de un evento de energía. En un contexto global bélico que empuja los precios del gas y el petróleo, el funcionario albertista mantendrá encuentros con los presidentes y CEOs de empresas energéticas.

El otro dirigente que está de gira estadounidense es el senador radical Alfredo Cornejo. El expresidente de la UCR tenía agendada una cita con funcionarios del FMI en Washington. Pero el Fondo le canceló la reunión a último momento. El viaje del senador fue organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham). El tour a Washington incluyó a otros funcionarios y legisladores.

AF