Cada 23 de febrero se celebra el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio, una fecha creada con la finalidad de dar a conocer las consecuencias negativas del comercio del mercurio en todo el mundo, así como del tratado aprobado por 140 países para hacer frente a esta problemática.

¿Cuáles son las consecuencias del uso indiscriminado del mercurio?

El mercurio es un elemento químico natural que se encuentra depositado en la roca de la corteza terrestre y que ha sido utilizado para la fabricación de muchos elementos útiles para la humanidad.

Se utiliza para la fabricación de bombillas, termómetros, termostatos, amalgamas en empastes dentales, interruptores automotrices, y otras aplicaciones.

Sin embargo, el mercurio está ocasionando graves problemas al medio ambiente, ya que provoca envenenamiento en el aire y en el agua.

Por otro lado, la quema constante de madera, carbón, combustible y petróleo provoca que partículas de mercurio permanezcan en el aire y luego se expandan por toda la atmósfera terrestre, precipitándose luego, por la acción de la gravedad, en forma de gotas de lluvia o polvo.

Una vez depositado en la Tierra ocasiona problemas de salud como enfermedades en el sistema nervioso, reproductivo, digestivo, además de dañar los ecosistemas, la fauna y la flora de todo el planeta.

El Convenio de Ninamata

Este convenio es un tratado mundial que tiene como objetivo proteger la integridad y bienestar del medio ambiente y de la especie humana de los efectos negativos provocados por el mercurio.

A través de este convenio, que fue una iniciativa del MINAM (Ministerio del Ambiente de Perú) y la firme decisión de 140 países alrededor del mundo se busca una regulación y control del comercio e impacto del mercurio.

Sin lugar a dudas, la población más afectada por este hecho es la que vive de la minería, ya que la explotación de los yacimientos en busca de oro y otros metales preciosos ha causado, que familias enteras sucumban ante los efectos tóxicos del mercurio.

Una de las graves consecuencias de este metal es la llamada enfermedad de Minamata, un daño neurológico permanente que causa alteraciones de los sentidos como la vista y el oído, parálisis e inclusive la muerte. En el año 1956 varias personas murieron por envenenamiento de mercurio en Minamata, una ciudad de Japón, por esta razón el síndrome lleva este nombre.

NB

Cada 23 de febrero se celebra el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio, una fecha creada con la finalidad de dar a conocer las consecuencias negativas del comercio del mercurio en todo el mundo, así como del tratado aprobado por 140 países para hacer frente a esta problemática.

¿Cuáles son las consecuencias del uso indiscriminado del mercurio?

El mercurio es un elemento químico natural que se encuentra depositado en la roca de la corteza terrestre y que ha sido utilizado para la fabricación de muchos elementos útiles para la humanidad.

Se utiliza para la fabricación de bombillas, termómetros, termostatos, amalgamas en empastes dentales, interruptores automotrices, y otras aplicaciones.

Sin embargo, el mercurio está ocasionando graves problemas al medio ambiente, ya que provoca envenenamiento en el aire y en el agua.

Por otro lado, la quema constante de madera, carbón, combustible y petróleo provoca que partículas de mercurio permanezcan en el aire y luego se expandan por toda la atmósfera terrestre, precipitándose luego, por la acción de la gravedad, en forma de gotas de lluvia o polvo.

Una vez depositado en la Tierra ocasiona problemas de salud como enfermedades en el sistema nervioso, reproductivo, digestivo, además de dañar los ecosistemas, la fauna y la flora de todo el planeta.

Qué es el convenio de Ninamata

Este convenio es un tratado mundial que tiene como objetivo proteger la integridad y bienestar del medio ambiente y de la especie humana de los efectos negativos provocados por el mercurio.

A través de este convenio, que fue una iniciativa del MINAM (Ministerio del Ambiente de Perú) y la firme decisión de 140 países alrededor del mundo se busca una regulación y control del comercio e impacto del mercurio.

Sin lugar a dudas, la población más afectada por este hecho es la que vive de la minería, ya que la explotación de los yacimientos en busca de oro y otros metales preciosos ha causado, que familias enteras sucumban ante los efectos tóxicos del mercurio.

Una de las graves consecuencias de este metal es la llamada enfermedad de Minamata, un daño neurológico permanente que causa alteraciones de los sentidos como la vista y el oído, parálisis e inclusive la muerte. En el año 1956 varias personas murieron por envenenamiento de mercurio en Minamata, una ciudad de Japón, por esta razón el síndrome lleva este nombre.

NB

En la primera cuadra de la calle Tarapacá –una bulliciosa zona comercial ubicada en la ciudad boliviana de La Paz, a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar– un puñado de tiendas ofrecen collares, anillos, aretes y otras joyas de oro. Sobre las paredes de algunos locales que las rodean se observan, además, pizarras o letreros de cartulina en los que se ofrece la venta de mercurio a menos de un dólar el gramo. Cualquier persona puede llegar hasta aquí y comprar sin ningún requisito ni medida de protección la cantidad de mercurio –o azogue, como también lo llaman– que necesite.

—Debo tener cuidado cuando peso, sino es difícil regresarlo a la botella—, advierte una vendedora, al mismo tiempo que coloca unos gramos de mercurio dentro de una bolsa transparente. La descarga del metal la realiza sin ningún implemento de seguridad y desde un diminuto envase blanco que lleva en su diseño letras negras con el título de ‘Mercurio El Español’. El frasco tiene impresa la silueta de un torero que agita su capa roja frente a un toro con los cuernos afilados.

La compra e importación de mercurio está prohibida en varios países –entre ellos Perú, vecino de Bolivia– por su elevada toxicidad y su destructivo impacto en la salud y los ecosistemas, pero en Bolivia este metal se vende libremente. 

Este reportaje de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico –que analizó los datos globales de cinco años de exportaciones, accedió y revisó decenas de partidas de empresas importadoras, visitó sus direcciones, y recorrió cinco ciudades entre el altiplano y la Amazonía– expone cómo solo entre 2017 y 2021, tras la regulación del mercurio en Perú, la importación de mercurio a Bolivia casi se duplicó desde México con la participación de empresarios peruanos que registraron sus compañías en La Paz. 

La investigación periodística –que también tuvo acceso a expedientes fiscales– revela la ruta del contrabando y el mecanismo que permite que una parte importante del mercurio que llega a Bolivia formalmente desde un grupo de empresas de México, es enviado por contrabando hacia la Amazonía. Las propias autoridades bolivianas estiman que el 27% del mercurio importado se destina a la minería ilegal.

 A cinco años de la vigencia del Convenio de Minamata –el tratado internacional que entró en vigencia en 2017 y que busca frenar los usos del mercurio– el comercio global de este insumo tóxico continúa sin control entre los países exportadores, ingresa a Bolivia para luego ser enviado ilegalmente a Perú. El tráfico usa las mismas rutas que tienen otros insumos ilegales del contrabando.

La ruta México - Bolivia 

En los alrededores de la capital de Bolivia, en el corazón de La Paz –como ocurre con la calle Tarapacá– la venta de cada frasco que contiene un kilo de mercurio cuesta entre 1.600 a 1.800 bolivianos, lo que equivale a entre USD 231 y USD 260. Pero las personas pueden comprar menores cantidades: dos bolivianos por cada gramo. 

En todo Bolivia la comercialización de este elemento se realiza sin mayores restricciones. Los comerciantes entrevistados señalaron que sus principales clientes son mineros bolivianos y peruanos. La Paz se encuentra a solo cinco horas en auto de la ciudad peruana de Puno.

Con la vigencia del Convenio de Minamata en 2017, en Perú el ingreso de mercurio se prohibió y solo se autorizó para algunos casos muy excepcionales en los que se garantice que el metal pesado se gestionará con seguridad. Mientras, en Bolivia las importaciones de este metal tóxico comenzaron a aumentar.

Entre 2014 y 2022, según los registros de comercio global analizados en esta investigación, Bolivia importó más de 1.100 toneladas del insumo valorizado en más de USD 41’000.000. Más de la mitad de esta cantidad (55,5%) fue enviada desde México y el 44,5% restante desde Rusia, India, Vietnam, Tayikistán y otros países.

Del total de importaciones realizadas por Bolivia desde el 2014, el 70% corresponde precisamente a los años posteriores a la vigencia del Convenio de Minamata. Varias de las empresas que importaron mercurio en este tiempo están relacionadas a ciudadanos peruanos sedes fiscales se encuentran principalmente en La Paz, Cochabamba, El Alto y Santa Cruz. 

Bolivia es desde el 2015 el principal destino del mercurio exportado por empresarios mexicanos. El insumo es enviado en pequeños envases que llevan el nombre El Español, o en frascos más grandes de 30 kilos, que tienen una forma parecida a los balones de oxígeno medicinal.

Las propias autoridades de este país estiman que el 27% de todo el mercurio importado se destina a la minería ilegal.

Peruanos en Bolivia

Entre los principales importadores de mercurio en Bolivia, se identificó a un grupo de empresarios peruanos que a título personal o a través de empresas constituidas en este país importaron este producto entre 2014 y 2018. Desde ese año en adelante, la autoridad aduanera de este país decidió restringir la información, aunque los volúmenes de mercurio continuaron ingresando.

Se trata de las firmas Mercurio y Químicos S.R.L. (Merquim), Alvior Bolivia S.R.L. y Sociedad Química Potosí. También figuran como importadores, los ciudadanos peruanos Juan Orihuela Mamani y Elisa Huamán Chávez.

La primera de las cinco importadoras es Merquim S.R.L., con sede en La Paz, dedicada a la venta de sustancias químicas de uso industrial, y constituida por el ciudadano peruano Juan Sabino Tapia Huanca. La oficina declarada por la empresa se encuentra en el centro de la capital boliviana. 

Entre 2015 y 2018, según información de la aduana boliviana, esta empresa importó de México e India más de 34 toneladas de mercurio valorizados en poco más de USD 1’000.000. En sus redes sociales, Tapia Huanca publica una serie de fotografías con los envases de mercurio El Español y lingoteras, usadas como molde para fundir oro y otros metales.

Entre los peruanos con más importaciones de mercurio también aparece Juan Orihuela Mamani, quien como persona natural ingresó —entre 2016 y 2018— más de 60 toneladas del insumo provenientes de México. En Bolivia, Orihuela Mamani se encuentra registrado como una empresa unipersonal dedicada a las “importaciones de insumos mineros”, con domicilio en la zona de Ferropetrol, en la ciudad de El Alto. 

A menos de cinco minutos en auto del terminal terrestre y a unas cuadras de la primera estación del teleférico que conecta El Alto y La Paz, OjoPúblico recorrió toda la calle N° 6 pero no encontró la dirección reportada por el importador. Las personas entrevistadas en la zona tampoco reconocieron el nombre de Orihuela Mamani o sabían sobre alguna empresa importadora de mercurio. 

Este medio detectó que el mismo correo electrónico declarado por Orihuela Mamani en Bolivia, también se encuentra reportado como contacto en el registro especial de comercializadores de oro del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Además, el empresario aparece inscrito como un minero en proceso de formalización, aunque en estado suspendido. Esta situación, en Perú, le impide realizar actividades hasta cumplir los requisitos solicitados por el sector.  

En Perú, Orihuela Mamani se desempeñó como gerente en las empresas J y JP Constructores S.R.L, Planta Concentradora Sagitario S.R.L. y Reyrex International E.I.R.L, todas dadas de baja entre 2014 y 2016. Cuando estaban vigentes, las firmas se dedicaban al rubro de explotación de minerales así como venta de metales. 

Otra de las empresas importadoras es Alvior Bolivia S.R.L., con domicilio en La Paz, que tiene entre sus fundadores a la pareja peruana Luis Orlando Torres Vega y Olga Violeta Rojas de Torres; y a su hijo Aldo Orlando Torres Rojas. Importó desde México, entre 2014 y 2015, más de diez toneladas de mercurio.

Elisa Huamán Chávez es otra representante peruana e importadora de mercurio a Bolivia. De acuerdo a los registros de la aduana boliviana, importó en 2016 más de una tonelada del insumo, proveniente de México. En Perú, Huamán Chávez figura como gerenta general de las empresas G & S Omni E.I. R.L. y Dimeprom e Inversiones S.A.C., ambas con actividades suspendidas a la fecha.

En 2012, antes de que Huamán Chávez realice sus actividades económicas en Bolivia, Dimeprom estuvo implicada en una incautación de mercurio a proveedores que, según la hipótesis fiscal, tenía como destino a la minería ilegal en Puno.

Dentro del grupo de peruanos con operaciones en Bolivia aparece también la firma Sociedad Química Potosí S.R.L., constituida por los ciudadanos peruanos Leopoldo Santiago Rosas Cervantes, Víctor Teobaldo Toribio Tamara, Pastor Pachacútec Apaza y Percy Aguilar Chila; junto al boliviano Pavel Gorki Valencia Barrenechea. En 2015, esta firma importó desde México 345 kilos de mercurio.

Leopoldo Rosas Cervantes, uno de los fundadores de la empresa, fue detenido a inicios del 2016 por integrar la presunta organización criminal La grifa, que según las indagaciones fiscales desviaba insumos químicos a zonas cocaleras en el Valle del Río Apurímac, Ene y Marañón (Vraem) y el Huallaga, a través de las compañías Aqua Mamacocha, Verpe y Adhemax. El 2018, el Poder Judicial peruano lo absolvió del caso.  

OjoPúblico visitó el domicilio declarado por la empresa en los registros bolivianos, pero al llegar señalaron que no funcionaba ninguna empresa que respondiera al nombre de Sociedad Química Potosí. En el lugar, rodeado de vendedores ambulantes así como negocios mayoristas de ropa, juguetes y otros productos, solo funcionaba una agencia de viajes instalada en un edificio comercial del centro de La Paz.

De La Paz a Desaguadero

En la frontera entre Bolivia y Perú hay puestos de control oficiales, pero al mismo tiempo un extenso territorio con nula fiscalización. El punto de cruce más conocido es Desaguadero, pero hay personas que prefieren atravesar la frontera cruzando el río que lleva el mismo nombre y que nace en el lago Titicaca. En el lugar también se ubica un puente fronterizo cuyo tránsito no cuenta con algún impedimento, por parte de los efectivos policiales de ambos países.

Las pequeñas embarcaciones fluviales que recorren el río Desaguadero tampoco tienen algún tipo de revisión a los productos que transportan. Los fiscales ambientales entrevistados en Perú señalan que a través de esta ruta algunas personas trasladan ilegalmente mercurio en mochilas o camuflados en equipajes. 

Atravesar esta frontera no demora más de 15 minutos. Los cargamentos de los comerciantes se descargan en la orilla y luego son colocados en camiones con dirección a las ciudades de Puno y Juliaca (en el altiplano peruano) o en la región amazónica de Madre de Dios, el epicentro de la minería ilegal peruana.

El año pasado, el ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia alertó que el 26,9% (unas 52 toneladas) de todo el mercurio que se importa a este país tiene como destino la minería ilegal y el contrabando hacia Perú. Pero esta cifra es bastante conservadora respecto a los cálculos realizados en años anteriores para el caso peruano, que tasaron hasta en 15 veces más el azogue que ingresa de forma ilegal por la frontera. 

En Perú, las autoridades no tienen estimados sobre el ingreso ilegal de este metal pesado, pero en un reporte preparado por el Consejo de Oro Artesanal de Canadá en 2018 –en el que también participó el Ministerio del Ambiente– calcula que entre 410 a 795 toneladas de mercurio no formal ingresan cada año a Perú desde Bolivia.

La minería ilegal e informal en Bolivia es un asunto complejo. “Esta actividad se encuentra realizada en su mayoría por cooperativas que reciben ”condiciones sociales favorables, incluso sin haber terminado los trámites de constitución mientras desarrollan su actividad“, sostiene Oscar Campanini Gonzales, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), una de las organizaciones que más ha investigado los impactos de la contaminación por mercurio en este país. 

“Eres legal porque la ley te lo permite pero [en la práctica] no lo eres porque no has cumplido con todos los requisitos. La ilegalidad en Bolivia es una figura bien rara”, dice. 

Puno y Juliaca

A poca distancia de la plaza de armas de Juliaca, en las primeras cuadras de la calle San Martín, la venta de joyas se encuentra resguardada por la atenta mirada de los vendedores que comentan sobre el aumento de robos a sus negocios. 

Para proteger su mercadería han optado por colocar productos de cobre en sus mostradores en lugar de metales originales. Esta ciudad del sur del Perú, ubicada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, también se caracteriza por ser destino y tránsito de productos de contrabando, como el mercurio.

Algunas tiendas de esta vía comercial de Juliaca, además, ofrecen la compra de oro para mineros que pueden llegar de zonas de extracción como la ciudad de La Rinconada, capital del distrito puneño de Ananea, ubicada a más de 5.000 metros de altura y una de las principales sedes históricas de la minería ilegal.

—Si me das tu contacto en media hora te puedo conseguir alguien que te venda mercurio. Pero está prohibido, así que esta persona te dirá dónde encontrarse—, responde una persona que dice llamarse Raúl, casi susurrando, y agrega que el frasco de un kilo de El Español tiene un precio de S/920.00 (USD 235.00).

En Juliaca, el insumo solo se vende por envase con previa coordinación y no al peso ni de manera libre como en Bolivia.

En Suche, ubicado en el distrito peruano de Cojata, también frontera con Bolivia, el ambiente se caracteriza por el intenso frío, con temperaturas que en la madrugada descienden a menos un grado centígrado. En este punto, cada jueves o viernes —entre las cuatro y siete de la mañana— se instala una feria llamada La Perla, donde camiones que llegan de Perú y Bolivia ofrecen en carpas sencillas diferentes productos, entre ellos insumos para la minería.

Las transacciones comerciales en la feria se realizan con la vigilancia de una pequeña camioneta de la policía boliviana que permanece inmóvil y cuyos efectivos prefieren permanecer dentro del auto oficial. Los vendedores aseguran que en algunos de los puestos se vende mercurio.

Una parte importante del mercurio que no se vende en Puno continúa su ruta hacia La Pampa, en la región amazónica Madre de Dios, donde —además de la extracción ilícita de oro— los registros sobre la destrucción de los bosques no se han detenido.

Destino Madre de Dios

La carretera Interoceánica acortó los tiempos que unen a la frontera de Bolivia con la Amazonía peruana y brasileña. El mercurio es trasladado a través de camiones de carga o transporte privado. En julio de este año, Madre de Dios registró una producción de 98.000 gramos de oro fino, según el boletín estadístico del Ministerio de Energía y Minas. 

Además, las cifras oficiales del sector minero indican que, entre enero y julio de este año, el oro extraído en esta región se redujo en 16,7% respecto al año pasado. Sin embargo, al no haber una obligación en el reporte de la información, Madre de Dios es la única región de la Amazonía que declara datos de su actividad extractiva, que en varios puntos se desarrolla de forma ilegal sobre los ríos.

En la capital de la región, Puerto Maldonado, OjoPúblico comprobó que también hay lugares donde el mercurio continúa siendo vendido ilegalmente.

En los jirones Puno e Ica, a unos 15 minutos a pie desde la plaza central y a menos de tres cuadras del mercado principal de la ciudad, se ubican algunos locales de venta y compra de oro que —por su reducido tamaño y al no contar con letreros visibles— se confunden entre restaurantes, casas de cambio y ferreterías que también funcionan en estas calles. Los responsables de los sitios consultados mencionaron que habían puntos para acceder a frascos de mercurio, pero que solo era para mineros que ya tenían a sus proveedores en la zona.

Los comerciantes de oro entrevistados en Puerto Maldonado señalaron que el mercurio también se continúa vendiendo en La Pampa, un territorio dominado por la minería ilegal que no ha podido ser controlado a pesar de las múltiples intervenciones militares.

¿Qué hace el Estado?

Este año los gobiernos regionales en Perú culminan su mandato y ni ellos ni los gobiernos de Perú y Bolivia tienen medidas concretas para enfrentar el contrabando de mercurio usado en la extracción ilegal de oro. 

Martín Arana Cardó, ingeniero forestal y parte del equipo que inició la implementación del Convenio de Minamata desde el Ministerio del Ambiente en Perú considera que “si se quiere controlar el mercurio, tiene que haber una adecuada trazabilidad de la producción de oro”. 

Sin embargo, hasta ahora ni el Minem ni la Sunat han podido definir con claridad una propuesta. El análisis de Arana recuerda que recién desde fines de este año será obligatorio que los mineros en proceso de formalización reporten su producción aurífera de forma semestral, aunque esta medida todavía no cuenta con otra que evite la comercialización de oro de origen ilegal.

Es tan grande la minería ilegal en Perú que una evaluación de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) del 2021 la calificó como el segundo delito vinculado a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) reportadas entre 2012 y 2020, solo superado por los delitos contra la administración pública.

El incremento de estas operaciones alrededor de la minería ilegal guarda una relación con el aumento en el precio de la onza de oro.

Las operaciones vinculadas a esta presunta actividad ilícita involucraron a países como India, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Hong Kong y Suiza. En el periodo analizado, la SBS detectó por lo menos a 3.907 personas en los 1.950 reportes sospechosos con posible delito proveniente de la minería ilegal. 

Desde 2012, el Ministerio de Producción preside un grupo de trabajo binacional para reducir el ingreso de mercadería ilícita en las fronteras de Perú y Bolivia. Tres años después de su conformación, este grupo instaló una mesa para adoptar medidas contra el contrabando de oro.

OjoPúblico accedió a todas las actas de las reuniones realizadas y desde 2018 no hay una mención sobre un compromiso para el control en el uso del mercurio. Las actividades para enfrentar el contrabando de este insumo también han chocado con los límites de las fiscalías ambientales y las aduanas.

Los entrevistados en el despacho fiscal de Puno dijeron a OjoPúblico que uno de los problemas no solo es la falta de presupuesto para el desarrollo de las investigaciones sino también los procedimientos para el almacenamiento y destrucción del insumo tóxico intervenido. “No tenemos dónde guardar el mercurio que decomisamos y sabemos que es peligroso también para nosotros”, indicó el personal entrevistado. 

Para César Ascorra Guanira, director nacional del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia), el control del mercurio en Perú presenta una falta en el desarrollo tecnológico para el proceso de almacenamiento del insumo. 

“A veces las botellas de mercurio decomisadas están en la misma oficina del fiscal. No tenemos la capacidad para almacenamiento que debería ser en frío y bajo agua para poder asegurar que no haya evaporación a temperatura ambiente”, comenta.

Las cifras oficiales en Perú muestran que, entre 2015 y 2022, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) realizó en Puno tres decomisos de mercurio equivalentes a una tonelada de este insumo, mientras que en la región Madre de Dios se decomisó cerca de cinco toneladas en 47 intervenciones realizadas en los últimos siete años. Ambas regiones representaron cerca del 50% del total incautado desde 2015.

Como parte del cumplimiento del Convenio de Minamata, la Sunat se encuentra a cargo de la autorización final, previa aprobación del Ministerio del Ambiente, de importadores y exportadores de mercurio. Desde la vigencia del tratado, el organismo ha otorgado consentimiento a tres compañías para que importen el insumo: Quimpac S.A., Minera Cambio S.A. y Triveño Mining Company del Perú S.A.C. 

Este año, Triveño Mining Company solicitó al sector ambiental un nuevo consentimiento para ingresar 12 toneladas de mercurio desde México pero el pedido fue denegado. 

Como informó OjoPúblico en un reportaje anterior, entre 2018 y 2021, esta empresa importó tres toneladas de azogue. En 2016, el presidente y director ejecutivo del Grupo Triveño, que integra a esta empresa, Adolfo Triveño Torres tuvo una sentencia en primera instancia por tráfico de mercurio destinado a la minería ilegal.

La implementación del Convenio de Minamata, a cinco años de su vigencia en más de 120 países, ha representado un reto para los gobiernos de Perú y Bolivia. Si bien hay mayores avances para el caso peruano, todavía no se cuenta con un plan de acción nacional para la minería de oro artesanal y de pequeña escala. 

Para el caso boliviano, las conclusiones del primer informe del observatorio andino de mercurio a cargo de la Comunidad Andina (CAN) indican que la coyuntura política no ha permitido que se aprueben medidas para reforzar el control y fiscalización del mercurio y “se congeló sus posibles avances”.

El reporte también recomienda que se genere una herramienta para integrar la información de los países miembros de la CAN con el objetivo de “identificar el movimiento del mercurio” y poder “cruzar información con datos oficiales complementarios”. Pero mientras las intenciones políticas persisten, el paso del mercurio continúa extendiéndose sobre los ríos y bosques de la Amazonía peruana. 

Esta investigación es parte de Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico

Con una extensión de 1,8 millones de hectáreas en el Departamento de La Paz, en el noroeste de Bolivia, y fronterizo con Perú, el Parque Nacional de Madidi es considerado por especialistas como uno de los paraísos naturales que el orbe todavía preserva, según lo atestigua la diversidad de flora y fauna descubierta en los últimos años

Las cooperativas mineras son un sector influyente en el actual gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que preside Luis Arce Catacora. Ya antes lo habían sido en las tres presidencias de Evo Morales Ayma (2006-2019). Hoy están ocupando áreas superpuestas a los territorios de las naciones originarias que el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce en su Constitución Política del Estado (CPE) de 2009. Desde entonces, han surgido contradicciones entre la norma constitucional que protege esas zonas y la presión extractivista de recursos naturales, que busca legitimar institucionalmente su actividad, como lo reclama a las autoridades. Existen disposiciones legales del Estado hoy vigentes que toleran los asentamientos mineros, y estos arriesgan la vida de la población de las naciones originarias asentadas en el Madidi.

La fiebre del oro

El fondo del problema es la 'fiebre del oro' que vive esa región debido a los altos precios del metal precioso, que lo convirtieron  en el principal producto de exportación del país. En 2021, las exportaciones de oro bolivianas sumaron  2.557 millones de dólares, por encima de la venta de los hidrocarburos.

Por primera vez en la historia, las exportaciones bolivianas de oro superaron a las ventas de hidrocarburos. En 2021 ascendieron a un total de 2.557 millones de dólares, impulsadas por el alto precio internacional del metal precioso.

Desde el pasado año hasta la fecha, comunarios y guardaparques denunciaron actividades mineras asentadas a orillas del río Tuichi en zonas como Charopampa, Santa Rosa, Glorioso, San José, Santa Clara, Pintata Mohima, Suyo Suyo Pavo Real, Suyo Suyo Ubito y Asariama Recina, entre otras.

Los Quispes, Montalván y Virreira son algunos apellidos que pasan de boca en boca entre los comunarios. Son los nombres que identifican a las familias que se adjudicaron concesiones o áreas para la explotación del oro en el Madidi.

La minería originó el traslado de verdaderas masas humanas a la Amazonia, mano de obra de familias y cooperativas orientadas a la la exploración y explotación del  oro. El dragado en los ríos Beni y Tuichi, sistemático pero desordenado, y el uso en estas operaciones del mercurio, metal líquido altamente tóxico y contaminante,  provoca que pueblos como el de San José de  Uchupiamonas, que viven del ecoturismo comunitario, vean destruidas sus propias opciones de vida.

 “Es preocupante ver que estos grupos de mineros están tomando el control de territorios indígenas y áreas protegidas y todo se va poniendo cada vez más violento”, denunció la dirigente Ruth Alipaz, del grupo étnico Uchupiamonas

“Se supone que este territorio está titulado para los Uchupiamonas, pero cualquiera llega con un título minero y dice ‘esta parte del río y esta concesión son mías’ y se instalan ahí y la ley los protege”, protestó la lideresa de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos (Contiocap), que en marzo llevó su queja a la Corte Interamericana de DDHH (CIDH).

La explosión de la minería aurífera no sólo incide en la progresiva pobreza de las comunidades. El empleo de dragas y maquinarias pesadas por empresas chinas y colombianas amenaza la vida de las etnias locales, entre las que también están los pueblos ancestrales Tacana y Leco.

El Gobierno boliviano negó haber entregado nuevos permisos para operar en áreas protegidas y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que rechazó 97 peticiones de empresas. Pero reconoció la existencia de derechos mineros anteriores a 2014.

En los hechos, y con o sin derecho, según indígenas y legisladoras que visitaron el Madidi, en el Parque Nacional las cooperativas mineras legales e ilegales siguen instalándose. No hay quien controle la actividad minera, y se suceden escenarios de cada vez más intensa confrontación.

El envenenamiento de vidas y aguas por el mercurio

El Estado Plurinacional de Bolivia ocupa el primer lugar como importador de mercurio de Sudamérica y el segundo en el mundo. Según el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entre 2015 y febrero del 2022, se importaron 1.292 toneladas de mercurio, que costaron 45 millones de dólares.

El éxito importador tiene su contrapartida letal en el nivel alarmante de mercurio detectado en los indígenas a partir de su consumo del pescado contaminado con ese metal, usado en los ríos para explotar el oro.

El Centro de Documentación e Investigación de Bolivia (CEDIB) constató a fines del 2021 que en 350 muestras de cabellos de los indígenas de la zona se detectó  en promedio la presencia de 7 partes por millón (ppm) de mercurio, cuando lo tolerable, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es solo 1ppm. La investigación incluso detectó el extremo de una persona con 27ppm.

El director del CEDIB, Oscar Campanini, informó que el estudio se complementará en agosto con un análisis sobre el sector etario más afectado, las actividades económicas y el consumo de alimentos, “aunque todos los indicios dan cuenta de que el pescado es el canal de contaminación con mercurio”.

Campanini, quien participó en la audiencia de la CIDH, dijo que ve “muy poca o nula voluntad política” en el Estado para reducir o eliminar el mercurio, pese a que el país firmó el convenio de Minamata - adoptado en la Conferencia de Plenipotenciarios de 2013 en Kumamoto, Japón y en vigor desde agosto de 2017- con el  objetivo de proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio. Bolivia enfrenta plazos perentorios para presentar sus planes regulatorios y de acción.

En la audiencia de marzo en la CIDH, el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, advirtió que la exposición al mercurio genera discapacidades graves y “puede ser letal” y recordó que se han comunicado las preocupaciones sobre el aumento de las importaciones y aun el “tráfico ilícito de mercurio desde Bolivia a otros países” como Perú y Colombia.

Durante la sesión de la CIDH, el director de medio ambiente del Ministerio de Minería y Metalurgia , Fausto Vélez, admitió que el tema del mercurio es “preocupante”. Aunque “es difícil sustituirlo en la minería aluvional”, se comprometió a que se trabajará en la contención del comercio del producto.

La violencia se extiende ante la vulnerabilidad 

Cuando la senadora Cecilia Requena, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Medioambiente, visitó este mes la zona, su delegación sufrió agresiones. Supuestamente, de mineros, quienes con explosiones y luego con piedras que lanzaron desde tierra, impidieron que la autoridad senatorial desembarcara y bajara de una lancha .

Requena pretendía visitar la localidad de Chushuara donde se habían producido conflictos violentos y confusos que implicaban a mineros, campesinos e indígenas y que se saldaron con la detención de 18 personas y un herido de bala.

“Se ha visibilizado la vulnerabilidad extrema de las personas y la violencia que se está volviendo cada vez más común en la región del norte del departamento de La Paz y que en muchos casos está relacionada con la minería”. declaró la senadora. Para concluir que este episodio ilustra la existencia del riesgo de un mayor e incluso más extendido descontrol por la falta de una presencia del Estado en las zonas del Madidi.

AGB con información de diarios, agencias y fuentes

La intensidad del sol y la tranquilidad en esta comunidad amazónica del norte boliviano hacen que el tiempo se detenga. El sitio está lleno, aunque a ratos parece vacío, pues muchos se refugian en sus casas mientras hablamos con el representante de la comunidad bajo la sombra de unos árboles, entre perros cansados y niños desnudos. La autoridad comunitaria habla del peligro que acecha a la población y que baja por el río desde el sur. A más de 100 kilómetros de aquí, se extrae oro con el uso de uno de los metales más tóxicos para el ser humano: el mercurio. 

“Mi esposa me dice: ‘Si estoy enferma, estoy enferma, igual me tengo que morir de cualquier enfermedad. No puedo dejar de comer’. Cuando comenzó esto de la minería, ella tuvo más dolores. Tal vez es esto del consumo de pescado, antes no había eso”, dice Óscar Lurici, capitán grande de Eyiyo Quibo, una esse ejja de la comunidad al norte de La Paz, en la frontera con Beni y al ingreso del Parque Nacional Madidi, en Bolivia.

Los indígenas esse ejja, antiguamente de cultura nómada, fueron conocidos desde siempre como gente del río. Ese era su territorio, las extensas riberas en el norte boliviano y el sur del Perú, para ir y venir como les diera la gana. Pero, eso cambió hace casi 30 años. Forzados por la cultura sedentaria, algunos se asentaron en un área de ocho hectáreas al borde del río Beni, municipio paceño de San Buenaventura. Esto es Eyiyo Quibo.

Límite saludable

A principios de 2021, llegó aquí un grupo de investigadores para conocer si el uso de mercurio en la extracción de oro río arriba tenía algún impacto en la población. Los especialistas tomaron muestras de cabello a las mujeres en edad reproductiva y se sorprendieron al encontrar el elevado nivel en sus cuerpos de metilmercurio (compuesto neurotóxico derivado del mercurio, el cual puede concentrarse en el organismo humano y adquirirse por el consumo de pescado contaminado, entre otros). 

El límite “saludable” para metilmercurio en el cuerpo humano es de una parte por millón (1 ppm), pero el 94% de estas indígenas tenía niveles de metilmercurio por encima de ese límite; un caso incluso llegó a las 32 ppm. 

Este estudio, de la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN), se hizo en Brasil, Venezuela y Colombia, pero el caso de Bolivia fue el más preocupante. “Los niveles de la carga corporal del mercurio entre las mujeres en la comunidad son los más elevados que se hayan hallado en este estudio”, concluyó, en junio pasado.

Contaminados

El mercurio se usa para extraer oro del río. Pero, como los esse ejja no son mineros, se concluyó que fueron contaminados por consumir pescado, el cual a su vez se contamina por los desechos que la minería aurífera expulsa en los ríos. 

Con ese nivel de contaminación, existe un riesgo alto de desarrollar problemas neurológicos, renales, disfunción cognitiva y motriz, ceguera, discapacidad del habla y daño cerebral, entre otras enfermedades. Pero, la principal preocupación es el daño que el mercurio en una mujer en etapa de gestación puede ocasionar en el feto. 

“Mi sobrino me dijo que me voy a enfermar si sigo comiendo pescado contaminado. No sé como será, yo sigo comiendo nomás”, dice una mujer, mientras cocina plátanos a la leña.

Ella prefiere el anonimato. Le detectaron 9.1 ppm de mercurio en su cuerpo. Al igual que el resto de los entrevistados en Eyiyo Quibo, recibió con resignación los resultados. ¿Qué pueden hacer al respecto? Están conscientes de que la minería aurífera río arriba no se detendrá porque está en manos de aliados del Gobierno boliviano y no pueden dejar de consumir pescado, pues es la base de su alimentación. 

En las poblaciones de Mapiri, Teoponte, Guanay, Tipuani y otras que están hacia el sur, y cuyos ríos desembocan en el río Beni, los cooperativistas mineros operan con poco o nulo control gubernamental, y lo hacen de la mano de capitales chinos. 

Entre estas reflexiones de resignación, esta mujer de 58 años recuerda el pasado como mejor. “Nuestros padres iban de un lado a otro a lo largo del río. Un año en un lugar y, cuando se cansaban, subían a la canoa para irse a otro sitio. Yo iba con ellos”, cuenta. 

Entonces, el pescado abundaba. Ahora, hay pocos peces en un río cada vez más enfermo. 

Nadie sabe nada 

Parado al lado del río Beni, en la orilla de Rurrenabaque, Osmilder Bedregal —pescador y dirigente de su gremio, además de heredero y empresario de un famoso restaurante— asegura que la pesca se redujo hasta en 60% desde que él entró al rubro, hace casi 20 años. Ahora tiene 45 y le echa la culpa de esta carencia a la minería río arriba, donde se usa mercurio sin ningún control para facilitar la recolección de oro.

De visita en la Alcaldía de Rurrenabaque, un funcionario que está cerca a la puerta de ingreso expresa: “¡Uuuu, aquí estamos jodidos con eso!, no sé si sabes del estudio que ha salido recién y que los indígenas de aquí al frente están contaminados por mercurio. Yo no dejo que mi familia coma pescado. En unos años, toda esa gente tendrá cáncer, y nadie dice nada ni sabe nada. Pero, dejá que te lleve donde la persona a cargo”. 

No obstante, en la Unidad de Medioambiente y Áridos no escucharon del estudio. Los alcaldes de Rurrenabaque y San Buenaventura, Elías Moreno y Luis Alberto Alipaz, respectivamente, tampoco se enteraron del informe del IPEN, que alerta sobre la posibilidad de que la contaminación por mercurio en otras poblaciones aledañas al río Beni sea similar.

La mala noticia tampoco llegó a los hospitales de ambos municipios, donde los médicos reportan que los casos más frecuentes que atienden son infecciones estomacales. Sin bien trataron pacientes con síntomas que pueden ser a causa de la alta exposición al mercurio, no hay certeza de ello. 

“La gente sabe de esta contaminación, pero mientras no los mate al rato o no les haga daño al momento creen que es mentira”, explica el alcalde Alipaz, y reconoce que es hora de tomar acciones, porque el problema va en aumento.

Gobierno con pocas respuestas

El representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIACAP), Álex Villca —quien acompaña este recorrido—, lleva una lucha constante contra la contaminación por la minería en el norte boliviano. 

Recuerda que desde 2016 comenzó a escuchar las consecuencias que traería para el norte de Bolivia la explotación de oro. En 2019, en una travesía por el río Kaka, afluente que desemboca en el río Beni, encontró 12 dragas chinas y colombianas. Para 2021, el número subió a 60, afirma Villca. Y alerta: “Si bien este problema se visibiliza, no hay una respuesta de las autoridades competentes. Las instituciones llamadas por ley para hacer algo brillan por su ausencia”. 

El responsable del Programa Nacional de Gestión Ambiental del Ministerio de Salud, Alfredo Laime, dice estar consciente de la situación y que se trabaja al respecto. Cree que a partir de este diagnóstico general ahora se debe intervenir, aunque esto no sea tarea sencilla. 

“Nuestra lucha al final es que se rechace el uso de mercurio en la minería”, afirma, consciente de que en esta decisión intervienen otros actores. Entre los principales están los cooperativistas mineros del norte paceño, aliados del Gobierno, que, en marzo de este año, se opusieron a intentos legislativos para controlar y reducir el uso de mercurio en la minería aurífera.

El secretario General de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz, Rolando Zambrana, asegura que su sector está abierto a reemplazar el metal pesado por otras sustancias o técnicas para extraer oro que sean menos dañinas para el medioambiente y la salud. Sin embargo, admite que este reemplazo no será a corto plazo.

En 2013, Bolivia suscribió el Convenio de Minamata, que insta a los Estados firmantes a aplicar un Plan Nacional de Acción para reducir el uso de mercurio en sus territorios. Bolivia aún no concluyó su plan, porque el Gobierno no destinó recursos para este propósito. 

Miroslava Castellón, responsable del Programa Nacional de Contaminantes Orgánicos Persistentes, dependiente del Ministerio de Medioambiente, explica que están en proceso de conseguir financiamiento externo para cumplir con esta obligación. Si todo sale según lo esperado, el plan para reducir el uso de mercurio debería implementarse en 2025.

Impotencia ante la fiebre del oro

“¿Acaso nosotros nomás consumimos pescado? Son cientos de comunidades a la orilla del río. Hace un tiempo, una madre quiso matar a su bebé porque se asustó al ver como nació, con una malformación en la cabeza. Más allá, hay una niña que no puede mantenerse de pie. Antes no habían estas cosas”, cuenta Óscar Lurici, el líder de Eyiyo Quibo, antes de llevarnos donde un anciano tendido en el suelo. 

Ramuel Apolice, de 70 años, estaba rodeado de sus hijas y nietos, quienes desaparecieron ni bien nos vieron, dejándolo solo al lado de su silla de ruedas. Lo visible en él son dos protuberancias debajo de las rodillas y su incapacidad de mover las piernas, pero no se sabe qué tiene. Y ni en este ni en ninguno de los otros casos mencionados por  Lurici se puede asegurar que las enfermedades sean por contaminación con mercurio. Lo único seguro es que el riesgo está presente.  

Frente a Eyiyo Quibo está la isla donde hace tiempo solían vivir los esse ejja en sus constantes viajes nómadas por el río Beni. Eso fue hace 30 años, antes que un extranjero les comprara el terreno que ahora ocupan, donde el Gobierno les construyó casas de ladrillo y cemento pintado de azul en lugar de las de palo y hojas de plátano.

En una de estas casas vive Elva Roca, de 34 años, con 10 ppm de mercurio en su cuerpo. Sentada en el patio de arena, observa a sus hijos desnudos bañarse en la pileta de agua. Resignada, dice: “Sabemos que, por los mineros, los pescados se infectan más y con el tiempo será peor, pero sólo Dios sabe qué pasará, pues”.

Este artículo es parte de Comunidad Planeta, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.  En el caso del presente artículo, este también fue producido con el apoyo de Climate Tracker - América Latina.

SM