La canadiense Kimberly Prost quedó en estado de shock cuando supo que el Gobierno de Donald Trump había impuesto sanciones contra ella. Tras años juzgando a personas acusadas de crímenes de guerra, genocidio, y delitos de lesa humanidad como jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), el nombre de Prost apareció ahora junto al de terroristas y personas involucradas en el crimen organizado. “No me lo creía”, dijo.

Las consecuencias fueron psicológicas y también materiales: le cancelaron las tarjetas de crédito y las cuentas de Amazon y Google. Prost se sintió sobrepasada por lo que describió como un “ataque directo y flagrante” contra el tribunal de La Haya, uno de las más importantes del mundo.

“Son medidas coercitivas diseñadas para atacar nuestra capacidad de desarrollar nuestro trabajo de forma independiente y objetiva”, dijo. “Queremos que la gente entienda que es una equivocación”.

Las trabas de Trump

El Gobierno de Donald Trump no dejó de dificultar la labor de la corte desde su regreso al poder hacer un año. Hasta la fecha, sancionó a 11 de sus funcionarios, entre los que figuran el fiscal jefe y ocho jueces, que tienen prohibido viajar a Estados Unidos mientras que las empresas estadounidenses que les presten servicios se exponen a multas y penas de prisión.

Trump acusó al tribunal en una orden ejecutiva de 2025 de participar en “acciones ilegítimas y sin fundamento contra Estados Unidos y contra Israel”, al que describió como “aliado cercano”, y dejó entrever que las sanciones son una represalia por haber investigado a altos cargos de EE.UU. y de Israel. Ninguno de estos dos países figuran entre los 125 firmantes del Estatuto de Roma que en 1988 dio origen al tribunal.

Son medidas coercitivas diseñadas para atacar nuestra capacidad de desarrollar nuestro trabajo de forma independiente y objetiva. Queremos que la gente entienda que es una equivocación

Kimberly Prost — Jueza de la CPI

Tras la orden, Canadá, Brasil, Dinamarca, México, Nigeria y otros 74 países dieron su apoyo de la corte en un comunicado conjunto. “(Las sanciones) aumentan el riesgo de impunidad por los delitos más graves y amenazan con erosionar el derecho internacional”, escribieron.

El impacto en la vida cotidiana y las familias

Antes de incorporarse a la CPI, Prost trabajó durante cinco años en el programa de sanciones de Naciones Unidas. Aun así, le sorprendió el alcance de las que se impusieron contra ella. “Tiene un impacto tan grave en la vida cotidiana, no es simbólico”, dijo. “Pierdes todas tus tarjetas de crédito, independientemente de dónde se hayan emitido”.

Cosas tan sencillas como reservar un taxi, un vuelo o una habitación de hotel se volvieron imposibles. Las transferencias bancarias ahora incluían la incertidumbre de si el sistema las aceptaría o no. Tras la cancelación de sus cuentas de Amazon y Google, Prost vivió con la preocupación constante de que desaparecieran también sus otras cuentas. “Todo se convierte en un gran desafío”, expresó.

En el caso de la jueza peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, la maniobra estadounidense es la segunda vez que una potencia carga contra ella por su trabajo en la CPI. En diciembre, un tribunal ruso la juzgó en ausencia a ella, al fiscal jefe de la corte, y a otros siete jueces, después de que la CPI emitió una orden de detención contra Vladímir Putin por la invasión de Ucrania. Les impuso penas de hasta 15 años de cárcel.

Pero las sanciones de Estados Unidos tienen mayor calado que las de Rusia, por el peso del país en el sistema financiero mundial. Ibáñez dijo que su banco en Países Bajos le canceló la tarjeta de crédito poco después de las sanciones. “¿Por qué? Es un banco europeo, no estadounidense”, se preguntó. “Estamos detectando un exceso de celo en el cumplimiento de las sanciones, algunos bancos están aterrorizados por sus relaciones con bancos o instituciones estadounidenses”.

Pero lo más doloroso fue ver cómo las sanciones afectaban a su hija, a la que le cancelaron el visado estadounidense y sus cuentas de Google. “Ella vive en otra parte del mundo, no tiene ninguna relación con la CPI”, dijo. “Es triste, es una clara represalia por algo que ella no ha hecho”.

Según la jueza, ese fue el procedimiento general contra la CPI: las parejas, los padres, y los hijos de los funcionarios terminan atrapados en la red de las sanciones. “Es el tipo de persecución que el mundo no debería permitir”, dijo Ibáñez. “Estamos al servicio de la humanidad, hacemos justicia a las víctimas más vulnerables del mundo, a millones y millones de mujeres y niños que no tienen voz”.

Hago un llamamiento al mundo entero para que defienda esta institución, cuya causa es la de la humanidad"

Luz Carmen Ibáñez — Jueza de la CPI

La jueza peruana defendió que la corte cumple una labor fundamental al aceptar casos de países que no pueden o no quieren juzgar delitos cometidos en su territorio. “Por eso hago un llamamiento al mundo entero para que defienda esta institución, cuya causa es la de la humanidad”, reclamó.

Un momento difícil

Las sanciones agravan un panorama que ya era complicado para la corte, meses después de que Karim Khan, su fiscal jefe, fuera acusado de conducta sexual inapropiada. Él niega las acusaciones.

Hasta ahora, las medidas se centraron en personas concretas, pero la corte teme que Washington pueda imponer sanciones al tribunal en su conjunto. “La preocupación es que las sanciones se utilicen para cerrar la corte, para destruirla, y no solo para atarla de manos”, alertó el año pasado a The Guardian un alto cargo de la CPI. Según Prost, la institución se puso a trabajar desde ese momento para que eso no ocurriera. “Fue tomado muy en serio y se adoptaron una serie de medidas de precaución”, indicó.

Tanto ella como Ibáñez se muestran convencidas de que las acciones del Gobierno de Trump, aunque difíciles a nivel personal, no afectan al trabajo de la corte. “Estas medidas son completamente inútiles”, dijo Prost. “En nombre de todos los jueces y fiscales de este tribunal, puedo decir que seguiremos desempeñando nuestras funciones con independencia; esto no afecta a la forma en que analizamos los casos ni a cómo los resolvemos”.

Traducción de Francisco de Zárate.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.

Los jueces también aprobaron la orden de arresto contra Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista, ni tampoco le ha sido posible hacerlo a la fiscalía del tribunal.

Horas después, desde la red social x, el presidente Javier Milei salió al cruce de la decisión de la CPI, fiel a su discurso en sintonía con los que el gobierno considera sus máximos aliados internacionales, Estados Unidos e Israel, y rechazó de plano la orden de arresto contra Netanyahu.

En un posteo con tintes de comunicado oficial, el Presidente aseguró que la Argentina “manifiesta su profundo desacuerdo con la reciente decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de arresto contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant. Esta resolución ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbolá”, comienza la declaración de Milei.

De acuerdo al mandatario, “Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana, y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población. Criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional”.

Para cerrar la comunicación, Milei manifestó que la Argentina “se solidariza con Israel, reafirma su derecho a proteger a su pueblo y exige la liberación inmediata de todos los rehenes. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para condenar las acciones de Hamas y Hezbolá, defender la soberanía de Israel y actuar con justicia e imparcialidad en la búsqueda de una paz duradera en la región”, concluyó.

Netanyahu: “No hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que “no hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza”, tras la orden de arresto emitida este jueves por la Corte Penal Internacional contra él y afirmó que “ninguna resolución antiisraelí impedirá que el Estado de Israel proteja a sus ciudadanos”.

“La decisión antisemita de la CPI equivale al moderno juicio a Dreyfus, y también terminará así”, indicó el primer ministro en alusión a la sentencia judicial en Francia contra el capitán Alfred Dreyfus en 1898, cuestionada por amplios sectores de la sociedad de la época por antisemitismo.

El primer ministro acusó a la corte de La Haya de ser un “organismo político parcial y discriminatorio” y tildó la acusación contra él de “absurda y falsa”.

La CPI emitió este jueves órdenes de arresto contra Netanyahu; el ex ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant; y contra el jefe militar de Hamas, Mohamed Deif -muerto según Israel, aunque no se ha podido confirmar de forma independiente-, después de que el fiscal de la corte lo solicitara el pasado mayo por supuestos crímenes de guerra.

El fiscal Karim Khan pidió órdenes de arresto entonces también para el jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh; y el jefe del grupo dentro de Gaza y cerebro de los ataques del 7 de octubre, pero ambos han sido asesinados por Israel, en junio y octubre, respectivamente.

Netanyahu insistió en que “no hay nada más justo” que la actual guerra en Gaza, que ha causado más de 44.00 muertos; “después de que la organización terrorista Hamas lanzara un ataque asesino y llevara a cabo la mayor masacre cometida contra el pueblo judío desde el Holocausto”.

“Ninguna resolución antiisraelí impedirá que el Estado de Israel proteja a sus ciudadanos. No cederé a la presión, no retrocederé y no me retiraré hasta que se alcancen todos los objetivos bélicos fijados por Israel al inicio de la campaña”, aseveró.

“La decisión fue tomada por un fiscal jefe corrupto que intentaba salvar el pellejo de los graves cargos que se le imputan por acoso sexual, y por jueces parciales motivados por el odio antisemita hacia Israel”, afirmó el primer ministro sobre Khan, a quien se le abrió la semana pasada una investigación por “conducta sexual inapropiada”.

La Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular.

Con información de agencias.

IG

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves las órdenes de detención solicitadas en mayo por el fiscal del tribunal, Karim Khan, contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su antiguo ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra.

“Este es el día que tanto soñé. Como romántico abogado revolucionario creí en el Estado de derecho y en la dignidad del hombre. Haremos que los criminales israelíes rindan cuentas como se merece”, dice a elDiario.es Raji Sourani, abogado palestino y uno de los principales impulsores del caso en la Corte Penal Internacional. Durante años, Sourani se reunió en varias ocasiones con Khan y reprocha a la Corte no haber actuado antes.

Las órdenes de detención están clasificadas como “secretas”, sin embargo, el tribunal ha hecho pública parte de la información porque “al parecer, se están llevando a cabo conductas similares a las contempladas en la orden de detención”, sostiene la Corte Penal Internacional en un comunicado. “Además, la sala considera que redunda en interés de las víctimas y de sus familiares que se les ponga en conocimiento la existencia de las órdenes de detención”.

Los jueces también aprobaron la orden de arresto de Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí lanzado el pasado junio.

“Con respecto a los crímenes, la sala ha encontrado motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant tienen responsabilidad criminal por los siguientes crímenes: el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”, sostiene el comunicado.

Netanyahu ha dicho que las acusaciones contra él son “absurdas y falsas” y ha rechazado la orden emitida por la CPI. “La decisión antisemita de la CPI equivale al moderno juicio a Dreyfus, y también terminará así”, ha asegurado.

Los jueces también creen que hay “motivos razonables” para pensar que ambos líderes políticos israelíes tienen “responsabilidad criminal” como superiores civiles para crimen de guerra de “atacar directa y deliberadamente a la población civil”.

El tribunal considera que también hay motivos razonables para pensar que ambos “negaron a sabiendas e intencionadamente a la población civil de Gaza elementos indispensables para su supervivencia, incluida la comida, el agua y suministros médicos”. El comunicado del tribunal sostiene que cuando esa asistencia humanitaria se produjo “fue una respuesta a la presión de la comunidad internacional o solicitudes de EEUU”, no por cumplir sus obligaciones del derecho internacional humanitario.

Los jueces consideran que esa estrategia “creo las condiciones de vidas pensadas para acabar con parte de la población civil y resultó en la muerte de civiles, incluidos niños, por malnutrición y deshidratación”.

“La sala no ha podido determinar que se cumplieran todos los elementos del crimen de lesa humanidad de exterminio. Sin embargo, sí ha determinado que existen motivos razonables para creer que se cometió el crimen de lesa humanidad de asesinato”, señala la CPI, que recuerda que la falta de suministros médicos “obligaron a los doctores a operar a personas y llevar a cabo amputaciones, incluido en niños, sin anestesia”.

Lo Corte justifica el “crimen de persecución” argumentando que “la población fue atacada en base a razones políticas y/o nacionales”.

Más de 44.000 palestinos han muerto en Gaza desde octubre de 2023 y miles se encuentran bajo los escombros, según las autoridades locales, que denuncian que Israel ataca viviendas y edificios en los que se cobijan los desplazados, así como los campos de tiendas de campaña en los que se han reubicado.

La Sala de Cuestiones Preliminares también ha rechazado por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular.

El 1 de enero de 2015 el Estado de Palestina aceptó la jurisdicción de la CPI para hechos ocurridos desde junio de 2014 y en marzo de 2021 finalmente el fiscal anunció la apertura de una investigación.

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha criticado la decisión, calificándola de “hazmerreir universal”.  “La decisión ha elegido el lado del terror y el mal frente a la democracia y la libertad, y ha convertido el propio sistema de justicia en un escudo humano para los crímenes contra la humanidad de Hamás”, sostiene el presidente.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, también se ha referido al anuncio del tribunal, proponiendo una anexión ilegal de todo el territorio palestino: “La respuesta a las órdenes de detención: aplicar la soberanía sobre todas las zonas de Judea y Samaria [Cisjordania] y asentamientos judíos en todo el territorio”.

El anuncio del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitando órdenes de detención contra autoridades israelíes y de Hamas incluía una extraña advertencia. “Insisto en que debe cesar de inmediato todo intento de obstaculizar, intimidar o influir de manera indebida en los miembros de este tribunal”, dijo Karim Khan.

Sin dar detalles concretos de los intentos de interferencia en la labor de la Corte Penal Internacional (CPI), Khan hizo referencia a la cláusula del tratado fundacional de la Corte que tipifica como delito las injerencias de este tipo. Si se mantiene este comportamiento, añadió, “mi oficina no dudará en tomar medidas”.

El fiscal, sin embargo, no dijo quién había tratado de interferir en la administración de justicia ni de qué manera. Una investigación conjunta del periódico británico The Guardian y de las revistas +972 Magazine y Local Call, con sede en Israel, da a conocer ahora los detalles de la “guerra” secreta que Israel ha librado durante casi diez años contra la Corte. El país usó sus agencias de espionaje para vigilar, difamar, hackear, presionar y supuestamente amenazar a altos cargos de la CPI con el objetivo de ponerle fin a las investigaciones.

Los servicios de espionaje israelí vigilaron las comunicaciones de numerosos altos cargos de la CPI, entre ellos Khan y Fatou Bensouda, su predecesora como fiscal, interceptando llamadas, mensajes, correos electrónicos y documentación.

En estos últimos meses la vigilancia fue continua, lo que ha permitido a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, conocer de antemano las intenciones del fiscal. Por una comunicación interceptada recientemente se conoció la intención de Khan de emitir órdenes de detención contra israelíes y la “tremenda presión por parte de Estados Unidos” a la que estaba sometido, según el testimonio de una persona familiarizada con el contenido de esa comunicación.

Bensouda, la antecesora de Khan, había iniciado en 2021 la investigación como fiscal jefe de la CPI, allanando el camino para el anuncio de Khan de la semana pasada. A ella también la espiaron y, aparentemente, también fue amenazada.

Netanyahu ha mostrado mucho interés en las operaciones de espionaje contra la CPI. Según una persona de los servicios de inteligencia de Israel, el primer ministro estaba “obsesionado” con las informaciones obtenidas interceptando las comunicaciones. Coordinado por los asesores de Seguridad Nacional del Gobierno israelí, el espionaje implicó al Shin Bet (la agencia de espionaje nacional), al Aman (la dirección de inteligencia militar), y a la Unidad 8200 (la división de ciberataques).

Según las fuentes, la información obtenida al interceptar las comunicaciones se transmitía al Ministerio de Justicia, al de Asuntos Exteriores y al de Asuntos Estratégicos.

Como reveló este martes el periódico The Guardian, el estrecho aliado de Netanyahu y ex director del Mossad Yossi Cohen dirigió personalmente una operación secreta contra la fiscal Bensouda. En un momento dado, y como director de la agencia israelí de espionaje exterior, Cohen contó para ello con la ayuda del entonces presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Joseph Kabila.

El periódico The Guardian, la publicación palestino-israelí +972 Magazine y el medio en hebreo Local Call han desvelado los detalles de la campaña que durante nueve años desplegó Israel para frustrar las investigaciones de la CPI.

La investigación periodística conjunta se hizo a partir de más de una veintena de entrevistas a antiguos y actuales miembros del Gobierno y los servicios de espionaje israelíes, altos cargos de la CPI, diplomáticos y abogados con conocimiento de la investigación de la CPI y del intento israelí de socavarla.

Contactado por The Guardian, un portavoz de la CPI dijo ser consciente de “las actividades de recopilación de información de inteligencia desplegadas de manera proactiva por una serie de agencias estatales hostiles a la Corte”. También, que la CPI aplica contramedidas contra esas actividades de manera continua y que “ninguno de los ataques recientes por parte de agencias de espionaje estatales” había logrado acceder a las principales reservas de pruebas de la Corte, que siguen estando a buen recaudo.

“Las preguntas que nos han sido remitidas están llenas de muchas acusaciones falsas e infundadas destinadas a perjudicar al Estado de Israel”, ha respondido un portavoz de la oficina de Netanyahu tras ser contactado por The Guardian. Un portavoz del ejército israelí ha añadido: “Las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] no llevaron ni llevan a cabo operaciones de vigilancia ni otras operaciones de espionaje contra la CPI”.

Desde que fue creada en 2002, la CPI ha actuado como un tribunal permanente de última instancia para someter a juicio a personas acusadas de las peores atrocidades. Entre ellas, el ex presidente de Sudán, Omar al-Bashir; el difunto presidente de Libia, Muamar Gadafi; y en los últimos tiempos, el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

La decisión de Khan de solicitar órdenes de detención contra Netanyahu y contra Gallant la semana pasada marca un antes y un después para la Corte, que hasta ese momento no había tomado medidas contra dirigentes de un país estrechamente aliado de Europa y de Estados Unidos.

Las acusaciones que Khan formuló contra Netanyahu y contra Gallant por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad están relacionadas con la guerra de ocho meses que Israel está librando en Gaza, donde según la autoridad sanitaria del enclave ha terminado con la vida de más de 35.000 personas.

Pero el caso de la CPI lleva prácticamente una década gestándose, en paralelo a la preocupación creciente de las autoridades israelíes por unas órdenes de detención que impedirían a los acusados viajar a cualquiera de los 124 países en los que podrían ser detenidos por estar bajo la jurisdicción de la Corte.

Según un exalto cargo de los servicios de espionaje de Israel, el temor a un procesamiento en La Haya llevó a “todo el estamento militar y político” del país a considerar la contraofensiva contra la CPI “como una guerra que había que librar y en la que había que defender a Israel: se hablaba de ella en términos militares”.

Esa “guerra” comenzó en enero de 2015 cuando se confirmó la incorporación de Palestina a la Corte tras su reconocimiento como Estado en la Asamblea General de la ONU. “Terrorismo diplomático”, dijeron entonces varias autoridades de Israel sobre la incorporación de Palestina a la CPI.

Un ex funcionario de Defensa de Israel, familiarizado con la lucha de Israel contra la CPI dijo que la adhesión al tribunal había sido “percibida como el cruce de una línea roja” y “tal vez el movimiento diplomático más agresivo” de la Autoridad Palestina, responsable del gobierno en Cisjordania. “Ser reconocido como Estado en la ONU está bien”, añadieron. “Pero la CPI es un mecanismo que puede hacer daño”.

Una amenaza entregada en mano

La adhesión de Palestina a la Corte implicó una decisión trascendental para Fatou Bensouda, la respetada abogada gambiana que en 2012 había sido elegida fiscal jefe de la CPI. Según el Estatuto de Roma, el tratado por el que se creó el tribunal, la CPI solo tiene jurisdicción sobre delitos cometidos en los Estados miembros o sobre nacionales de esos Estados miembros.

Aunque Israel, Estados Unidos, Rusia y China no sean miembros de la CPI, la incorporación de Palestina a la Corte dejó bajo la jurisdicción de Bensouda cualquier presunto crimen de guerra cometido por personas de cualquier nacionalidad en los territorios palestinos ocupados.

El 16 de enero de 2015, a pocas semanas de la incorporación de Palestina, Bensouda inició un examen preliminar de lo que en la jerga jurídica del tribunal se denominó “la situación en Palestina”. Un mes después, dos hombres que habían conseguido la dirección privada de la fiscal se presentaron en su casa de La Haya.

Según personas con conocimiento del incidente, los hombres se negaron a identificarse al llegar y dijeron que querían entregar en mano a Bensouda la carta de una mujer alemana desconocida que quería darle las gracias. El sobre contenía cientos de dólares en efectivo y una nota con un número de teléfono de Israel.

No fue posible identificar a los hombres ni terminar de determinar sus motivos, según fuentes conocedoras de la investigación que la CPI condujo sobre el incidente, pero la conclusión fue que probablemente Israel estaba haciendo saber a la fiscal Bensouda que tenía conocimiento de su domicilio. La CPI comunicó el incidente a las autoridades holandesas y puso en marcha medidas de seguridad adicionales, instalando cámaras de seguridad en la residencia de la fiscal jefe.

La investigación preliminar de la CPI en los territorios palestinos era una de las pesquisas que el tribunal tenía abiertas en ese momento, un primer paso antes de una posible investigación completa. Bensouda también se estaba encargando entonces de nueve investigaciones completas, entre ellas las relativas a la República Democrática del Congo (RDC), a Kenia, y a la región sudanesa de Darfur.

Creyendo que la Corte era vulnerable a intentos de espionaje, los trabajadores de la Fiscalía introdujeron medidas de contravigilancia para proteger el secreto de sus investigaciones.

En Israel, el Consejo de Seguridad Nacional del primer ministro puso en marcha una acción de respuesta que movilizó a sus agencias de inteligencia. Netanyahu y algunos de los generales y jefes de espionaje que las autorizaban tenían un interés personal en el resultado de las operaciones.

A diferencia de la Corte Internacional de Justicia de la ONU (CIJ), que se ocupa de la responsabilidad legal de los Estados miembros de Naciones Unidas, la CPI es un tribunal penal que procesa a personas centrándose en las consideradas como máximas responsables de las atrocidades.

Según múltiples fuentes en Israel, los altos cargos de las FDI querían que la inteligencia militar también formara parte de la operación, dirigida por otras agencias de espionaje, para asegurar la protección a oficiales de alto rango frente a posibles acusaciones. “Se nos decía que hay oficiales superiores con miedo a aceptar puestos en Cisjordania por temor a terminar siendo juzgados en La Haya”, dice una fuente.

Dos funcionarios de los servicios de inteligencia israelí implicados en las comunicaciones interceptadas de la CPI dijeron que la oficina del primer ministro se interesaba mucho por su trabajo. Según una de esas personas, la oficina de Netanyahu enviaba “áreas de interés” así como “instrucciones” de seguimiento a funcionarios del tribunal. Otra persona dijo que el primer ministro estaba “obsesionado” con comunicaciones interceptadas que desvelasen las actividades de la CPI.

Correos hackeados y llamadas pinchadas

Según cinco personas conocedoras de las actividades desplegadas por los servicios de inteligencia israelí, espiar las llamadas telefónicas que Bensouda y su personal hacían a palestinos era lo habitual. Con el bloqueo israelí de los accesos a Gaza y a Cisjordania, incluido Jerusalén Este, la CPI se vio forzada a hacer gran parte de sus investigaciones por teléfono, lo que la hacía más fácil de vigilar.

Según las fuentes, el acceso generalizado que los agentes de inteligencia de Israel tienen de la infraestructura de telecomunicaciones palestina les permitió interceptar las comunicaciones telefónicas sin necesidad de instalar programas espía en el teléfono de los funcionarios de la CPI.

“Si Fatou Bensouda hablaba con cualquier persona de Cisjordania o de Gaza, esa llamada entraba en los sistemas [para interceptar comunicaciones]”, dice una de las fuentes. Otra persona señala que, a nivel interno, no había ninguna duda sobre el espionaje a la fiscal. “Bensouda es negra y africana, así que, ¿a quién le importa?”, dice.

El sistema de vigilancia no interceptaba las llamadas entre funcionarios de la CPI y personas fuera de Palestina. Para números del extranjero, muchas de las personas entrevistadas explicaron que el sistema requería la selección activa de los números de teléfono en los que las agencias de espionaje israelí estaban interesadas, para así escuchar las llamadas que los funcionarios de la CPI hacían a esos números.

Según una fuente en Israel, un servicio de inteligencia israelí tenía una gran pizarra con los nombres de aproximadamente 60 personas bajo vigilancia. Una mitad de Palestina y la otra de otros países. Entre ellos había funcionarios de la ONU y personal de la CPI.

Bensouda y sus principales colaboradores en La Haya fueron alertados, por canales diplomáticos y por asesores de seguridad, de que Israel estaba vigilando su trabajo. “Nos hicieron saber que estaban tratando de obtener información sobre el punto en el que estábamos con el examen preliminar”, señala un ex alto cargo de la CPI.

Los funcionarios también supieron de amenazas concretas contra Al-Haq, una destacada ONG palestina que lucha por la defensa de los Derechos Humanos y solía enviar información a la CPI, a menudo en extensos documentos donde se daba el detalle de incidentes a tener en cuenta por la fiscal. La Autoridad Palestina también presentó expedientes similares.

Dichos documentos solían contener información sensible, como los testimonios de posibles testigos. También se sabe que las presentaciones de Al-Haq incorporaban acusaciones concretas por delitos tipificados en el Estatuto de Roma contra altos cargos de Israel, entre los que había jefes de las FDI, directores del Shin Bet y hasta ministros de Defensa como Benny Gantz.

Años más tarde, cuando la CPI ya había abierto una investigación completa por Palestina, Gantz declaró “organizaciones terroristas” a Al-Haq y a otros cinco organismos de defensa de los derechos palestinos, una etiqueta que varios países europeos rechazaron y que la CIA consideró después que se había tomado sin pruebas suficientes. Las organizaciones dijeron que la clasificación representaba un “ataque selectivo” contra los organismos que se habían comprometido de manera más activa con la investigación de la CPI.

Según el testimonio de varios funcionarios y exfuncionarios de los servicios de inteligencia, tanto las unidades militares de ciberataque como el Shin Bet vigilaban de manera sistemática a los miembros de ONG palestinas y de la Autoridad Palestina que mantenían una relación con la CPI. Según dos fuentes en dichos servicios, los operativos israelíes hackearon los correos electrónicos de Al-Haq y de otros grupos que se comunicaban con la oficina de Bensouda.

Una de las fuentes dijo que el Shin Bet había llegado a instalar el programa espía Pegasus, de la empresa privada NSO Group, en el teléfono de varios empleados de ONG palestinas, así como en el teléfono de dos altos cargos de la Autoridad Palestina.

Tener controlada la información que llegaba desde Palestina para la investigación de la CPI se consideraba parte del mandato del Shin Bet. Pero a algunos oficiales del ejército les preocupaba que espiar a una organización civil extranjera fuera una línea roja, por la escasa relación que tenía con las operaciones militares. “No tiene nada que ver con Hamas, no tiene nada que ver con la estabilidad en Cisjordania”, dice una fuente militar sobre la vigilancia a la CPI. “Utilizamos nuestros recursos para espiar a Fatou Bensouda; no es algo legítimo para una inteligencia militar”, dice otra.

Reuniones secretas con la CPI

Legítima o no, la vigilancia a la CPI y a los palestinos que pedían el procesamiento de israelíes fue una baza para el gobierno de Israel en el canal secreto que había abierto con la Fiscalía.

El tema de las reuniones de Israel con la CPI era muy delicado: si se daban a conocer, podían debilitar la postura oficial del gobierno israelí de no reconocimiento a la autoridad del tribunal.

Según seis fuentes con conocimiento de las reuniones, una delegación de abogados y diplomáticos gubernamentales de alto nivel viajaba a La Haya para celebrarlas. Dos de las fuentes dijeron que las reuniones tenían la autorización de Netanyahu.

En la delegación israelí viajaba gente del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Oficina del Abogado General Militar. Las reuniones tuvieron lugar entre 2017 y 2019 bajo la dirección del conocido abogado y diplomático israelí Tal Becker.

“Al principio era tenso”, cuenta un ex miembro de la CPI. “Entrábamos en detalles de incidentes concretos, les decíamos 'nos están llegando denuncias de estos ataques, de estos asesinatos', y ellos nos daban información.”

Según una persona con conocimiento directo de los preparativos que hacía Israel para las reuniones a puerta cerrada, los funcionarios del Ministerio de Justicia recibían información de inteligencia obtenida gracias a las comunicaciones interceptadas por el gobierno de Israel antes del viaje de la delegación a La Haya: “Los abogados que llevaban el tema en el Ministerio de Justicia estaban ansiosos por los informes del espionaje”.

Aunque fuera un tema delicado, las reuniones a puerta cerrada representaron una oportunidad única para la delegación israelí, que de esa forma pudo presentar directamente argumentos jurídicos cuestionando la jurisdicción de la fiscalía de la CPI sobre el territorio palestino.

En La Haya también trataron de convencer a la fiscalía de que contaban con procedimientos fiables para exigir responsabilidades a sus fuerzas armadas, a pesar del muy cuestionable historial del ejército israelí investigando irregularidades en sus propias filas. Era una cuestión clave para Israel, ya que el principio de complementariedad de la CPI impide a su fiscal investigar o juzgar a personas cuando en sus propios países son objeto de investigaciones y procesos penales creíbles.

Según múltiples fuentes, los agentes de la vigilancia israelí tenían la misión de averiguar qué incidentes concretos podrían integrar un futuro enjuiciamiento por parte de la CPI. El objetivo era permitir que los organismos de investigación israelíes abrieran “investigaciones con carácter retroactivo” en esos mismos casos.

“Si la CPI estaba recibiendo materiales, teníamos que saber exactamente qué eran, para asegurarnos de que las FDI lo investigaba de forma independiente y suficiente, de manera que fuera posible reclamar [el principio de] complementariedad”, explicó una fuente.

Las reuniones secretas que Israel celebró con la CPI terminaron en diciembre de 2019, cuando Bensouda anunció el final de su examen preliminar y dijo que tenía una “base razonable” para concluir que Israel y los grupos armados palestinos habían cometido crímenes de guerra en los territorios ocupados.

Un importante revés para los dirigentes israelíes que podía haber sido peor, ya que Bensouda no llegó a iniciar una investigación formal.

En el gobierno israelí, algunos interpretaron la decisión como un logro parcial de los intentos de presión ejercidos por Israel. En vez de iniciar la investigación formal, Bensouda dijo que pediría a un grupo de jueces de la CPI un pronunciamiento sobre el polémico tema de la jurisdicción de la Corte sobre los territorios palestinos, debido a una serie de “cuestiones jurídicas y tácticas muy polémicas y únicas”.

Pero Bensouda también dejó claro que estaba dispuesta a iniciar una investigación completa si los jueces le daban luz verde. Fue en ese contexto en el que Israel intensificó su campaña contra la CPI, pidiendo a su principal jefe de servicios de espionaje que se encargara personalmente de aumentar la presión sobre Bensouda.

Amenazas y “campaña de desprestigio”

Entre finales del año 2019 y principios del 2021, mientras la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI estudiaba el tema de la jurisdicción, el entonces director del Mossad, Yossi Cohen, intensificaba los esfuerzos para convencer a Bensouda de que no siguiera adelante con la investigación.

Iniciados varios años antes, los contactos de Cohen con Bensouda fueron descritos al periódico The Guardian por cuatro personas que escucharon el relato sobre ellos hecho por la fiscal, así como por personas con conocimientos de la operación del Mossad.

En uno de los primeros encuentros, Cohen sorprendió a Bensouda al aparecer de manera inesperada en la suite de un hotel de Nueva York a la que la fiscal había acudido para reunirse oficialmente con el entonces presidente de la RDC, Joseph Kabila.

Según fuentes con conocimiento de aquel encuentro, tras pedir al personal de Bensouda que abandonara la suite el director del Mossad apareció de manera repentina detrás de una puerta en una “emboscada” cuidadosamente coreografiada.

Tras ese incidente en Nueva York, Cohen siguió insistiendo en establecer contacto con la fiscal, presentándose sin previo aviso y sometiéndola a llamadas no deseadas. Según las fuentes, el comportamiento de Cohen pasó de ser amistoso, en un principio, a tener un tono cada vez más intimidatorio y amenazante.

Estrecho aliado de Netanyahu en aquel entonces, Cohen era un veterano jefe de espionaje del Mossad, con reputación de eficacia para el reclutamiento de agentes extranjeros y experiencia en el trato con altos cargos de gobiernos extranjeros.

El relato de sus reuniones secretas con Bensouda sugiere que buscaba “construir una relación” con la fiscal a la vez que trataba de disuadirla de seguir adelante con una investigación que, de mantenerse, podía afectar a funcionarios israelíes.

Según tres fuentes con conocimiento de sus actividades, Cohen estuvo tratando de convencer a Bensouda para que se aviniera a las peticiones de Israel mientras duró la deliberación de la Sala de Cuestiones Preliminares. Se volvió más amenazador, dijeron, cuando comenzó a darse cuenta de que no convencería a la fiscal para que abandonara la investigación. En un momento dado, hizo comentarios sobre la seguridad de Bensouda y pronunció amenazas apenas veladas sobre las consecuencias que tendría para su carrera proseguir con la investigación.

El periódico The Guardian ha intentado contactar con Cohen y con Kabila, pero no ha obtenido respuesta. Bensouda no ha querido hacer comentarios.

Según fuentes con conocimiento de las revelaciones, Bensouda describió formalmente a un pequeño grupo de la CPI sus encuentros con Cohen para que quedara constancia de que creía haber sido “amenazada personalmente” durante su trabajo como fiscal.

No fue la única presión que Israel trató de ejercer sobre la fiscal. Casi al mismo tiempo, funcionarios de la CPI descubrieron lo que las fuentes describen como una “campaña de difamación” diplomática relacionada con un familiar cercano.

Según múltiples fuentes, el Mossad se había hecho con un paquete de materiales que incluía transcripciones de una aparente operación encubierta contra el marido de Bensouda. El origen del material sigue sin estar claro, lo mismo que su supuesta autenticidad.

En un intento fallido de desacreditar a la fiscal jefe, las fuentes explicaron que Israel hizo circular elementos de ese material entre miembros del cuerpo diplomático occidental. Una persona con información sobre esa campaña dijo que entre los diplomáticos tuvo poca repercusión y que se veía como un intento desesperado de “ensuciar” la reputación de Bensouda.

Trump contra la CPI

En marzo de 2020, tres meses después de que Bensouda remitiera a la Sala de Cuestiones Preliminares el caso de Palestina, una delegación del gobierno israelí viajó supuestamente a Washington para hablar con altos cargos del gobierno estadounidense sobre “una lucha conjunta israelí-estadounidense” contra la CPI.

Según un funcionario de los servicios de inteligencia israelí, la Administración Trump era percibida como más colaboradora con Israel que la de su predecesor demócrata. Los israelíes se sintieron lo suficientemente cómodos como para pedir información sobre Bensouda a los servicios de espionaje de EEUU. Una solicitud que, según la fuente, habría sido “imposible” durante el gobierno de Barack Obama.

Días antes de esas reuniones en Washington, Bensouda había sido autorizada por los jueces de la CPI para proseguir con otra investigación sobre crímenes de guerra cometidos en Afganistán por los talibanes, por miembros del ejército afgano, y por miembros del ejército estadounidense.

Ante el temor de un posible procesamiento a las fuerzas armadas de EEUU, la Administración Trump emprendió su propia campaña de ataques a la CPI, que en el verano de 2020 culminó con la imposición de sanciones económicas a Bensouda y a uno de sus altos cargos.

La impresión entre los funcionarios de la CPI es que las sanciones financieras y restricciones de visados que Estados Unidos había impuesto al personal de la Corte tenían que ver tanto con la investigación sobre Palestina como con el caso de Afganistán. Según dos ex funcionarios de la CPI, fueron altos cargos de Israel los que les dijeron expresamente que Israel y Estados Unidos estaban trabajando juntos.

En una rueda de prensa celebrada en junio de ese año, autoridades de la Administración Trump anunciaron su intención de sancionar a funcionarios de la CPI tras recibir unos supuestos informes no especificados sobre “corrupción financiera y prevaricación en los más altos niveles de la fiscalía”.

Mike Pompeo, entonces secretario de Estado de EEUU, atribuyó las sanciones al caso de Palestina. “Está claro que la CPI solo está poniendo a Israel en su punto de mira con fines claramente políticos”, dijo. Meses después, Pompeo acusó sin pruebas a Bensouda de haber “participado en actos corruptos en su beneficio personal”.

EEUU nunca aportó información pública para corroborar esas acusaciones y Joe Biden retiró las sanciones a pocos meses de llegar a la Casa Blanca. Pero lo cierto es que Bensouda enfrentaba entonces presiones cada vez mayores de los dos poderosos aliados, aparentemente coordinados entre bastidores. Como ciudadana de Gambia, no gozaba de la protección política que otros colegas en la CPI sí tenían como ciudadanos de países occidentales. Como dijo una persona que antes trabajaba en la CPI, eso la dejaba “aislada y vulnerable”.

Según las fuentes, la fiscal estaba especialmente preocupada por el accionar de Cohen, llegando incluso a temer por su seguridad personal. Cuando en febrero de 2021 la Sala de Cuestiones Preliminares confirmó por fin la jurisdicción de la CPI sobre Palestina, algunos en la Corte llegaron a creer que Bensouda debía dejar a su sucesor la decisión final de iniciar la investigación completa.

Pero el 3 de marzo, a pocos meses de que terminara su mandato de nueve años, Bensouda anunció el inicio de una investigación completa en el caso de Palestina, poniendo en marcha un proceso que podría llevar a acusaciones penales.

“Cualquier investigación que lleve a cabo la oficina se realizará de forma independiente, imparcial y objetiva, sin miedo ni favoritismos”, dijo entonces Bensouda, advirtiendo del tiempo que podría llevar. “Les pedimos paciencia, tanto las víctimas palestinas e israelíes como a las comunidades afectadas”.

Khan anuncia las órdenes de detención

En junio de 2021, cuando Khan tomó las riendas de la fiscalía de la CPI, heredó una investigación “en la falla de San Andrés de la política internacional y los intereses estratégicos”, como él mismo la describiría después.

Cuando asumió el cargo, investigaciones relacionadas con sucesos en Filipinas, en la RDC, en Afganistán y en Bangladesh competían por su atención. En marzo de 2022, días después de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, Khan abrió una muy conocida investigación por los crímenes de guerra presuntamente cometidos por Moscú.

Según fuentes conocedoras del caso, en un principio el equipo del fiscal británico no consideró prioritaria la investigación sobre Palestina, un tema políticamente delicado. De hecho, estaba “en la estantería”, dijo una de esas fuentes. Una afirmación que es desmentida por la oficina de Khan, donde dicen haber formado un equipo de investigación específico para llevarla a cabo.

Mientras tanto en Israel, los principales abogados del gobierno veían en Khan a un fiscal más prudente que Bensouda. Según un ex alto funcionario israelí, a diferencia de lo que ocurría con su predecesora, había “mucho respeto” por Khan, que antes había defendido a señores de la guerra como Charles Taylor, ex presidente de Liberia. Su nombramiento para la CPI había sido un “motivo de optimismo” , dijeron, hasta que el atentado del 7 de octubre “cambió esa realidad”.

El atentado de Hamas en el sur de Israel, donde los milicianos palestinos mataron a casi 1.200 israelíes y secuestraron a unas 250, fue claramente un crimen de guerra descarado. En opinión de muchos expertos jurídicos, también lo ha sido la guerra posterior de Israel en Gaza, donde se calcula que ha matado a más de 35.000 personas, llevando al territorio al borde de la hambruna al obstruir la ayuda humanitaria.

Khan se encontraba en el paso fronterizo de Rafah cuando terminaba la tercera semana del bombardeo israelí sobre Gaza. Posteriormente viajó a Cisjordania y al sur de Israel, donde lo invitaron a reunirse con supervivientes del ataque del 7 de octubre y con familiares de personas muertas durante el atentado.

En febrero de 2024, Khan difundió una enérgica declaración que los asesores jurídicos de Netanyahu interpretaron como una mala señal. Publicó en X una advertencia a Israel, para que no lanzara un ataque contra Rafah, la ciudad más al sur de la Franja de Gaza y en la que un millón de desplazados del enclave habían buscado refugio.

“Estoy profundamente preocupado por los bombardeos y por la posible incursión por tierra de fuerzas israelíes en Rafah”, escribió. “Quienes no cumplan con la ley no deben quejarse después cuando mi oficina tome medidas”.

En el gobierno israelí saltó la alarma por un comentario de Khan que era muy diferente a sus declaraciones anteriores sobre la guerra, interpretadas por los funcionarios israelíes como tranquilizadoramente prudentes. “Ese tuit nos sorprendió mucho”, dijo un alto cargo del gobierno de Israel.

La preocupación en Israel por las intenciones de Khan aumentó en abril, cuando el gobierno del país informó a los medios de que el fiscal estaba contemplando la posibilidad de pedir órdenes de detención contra Netanyahu y contra otras autoridades de su gobierno, como Yoav Gallant.

La inteligencia israelí había llegado a esa conclusión tras interceptar correos electrónicos, archivos adjuntos y mensajes de texto de Khan y de otros funcionarios de su oficina. “El tema de la CPI ascendió dentro de la escala de prioridades de la inteligencia israelí”, dijo una persona de los servicios de espionaje del país.

Las comunicaciones interceptadas permitieron a Israel averiguar que Khan se había planteado entrar en Gaza a través de Egipto solicitando ayuda urgente para hacerlo “sin el permiso de Israel”.

Otra información de los servicios del espionaje israelí, que fue muy difundida entre la comunidad de inteligencia, vino por la escucha de una llamada entre dos políticos palestinos. Uno de ellos decía que Khan había hablado de una inminente petición de órdenes de detención contra dirigentes israelíes, y había dicho que estaba “bajo una presión tremenda de Estados Unidos”.

Fue en ese contexto cuando Netanyahu salió a decir en público que la petición de órdenes de detención podía ser inminente, pidiendo a “los líderes del mundo libre que se opongan firmemente a la CPI” y que “utilicen todos los medios a su alcance para detener esta peligrosa medida”. “Calificar a los dirigentes y soldados de Israel de criminales de guerra echará gasolina al fuego del antisemitismo”, dijo.

En Washington, un grupo de importantes senadores republicanos ya había enviado una carta a Khan, amenazándolo con una advertencia clara: “Apunta Israel y te apuntaremos a ti”.

La CPI ha reforzado sus medidas de seguridad haciendo barridos periódicos a las oficinas del fiscal, controlando la seguridad de los dispositivos electrónicos, dejando zonas libres de teléfonos, introduciendo equipos especializados y haciendo una evaluación semanal de las amenazas.

Según un portavoz de la CPI, la oficina de Khan había sido objeto de “varias formas de amenazas y comunicaciones que podrían considerarse como intentos de influir de manera indebida sobre sus actividades”.

Entrevistado por la CNN, Khan dijo hace poco que algunos dirigentes electos habían sido “muy bruscos” con él antes de su decisión de pedir las órdenes de detención. “'Este tribunal se hizo para África y para matones como Putin', fue lo que me dijo un alto dirigente”, contó.

A pesar de las presiones, Khan siguió la línea de su predecesora en la fiscalía y decidió seguir adelante solicitando, la semana pasada, órdenes de detención contra Netanyahu y contra Gallant, además de contra tres dirigentes de Hamas, por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad.

Acusó al primer ministro y al ministro de Defensa de Israel de ser responsables de exterminio, hambruna, denegación de ayuda humanitaria y ataques deliberados contra civiles.

De pie ante un atril y flanqueado por dos de sus principales fiscales (uno estadounidense y otro británico), Khan dijo que en repetidas ocasiones había dicho a Israel que tomara medidas urgentes para cumplir con el derecho humanitario.

“Subrayé específicamente que la inanición como arma de guerra y la denegación de ayuda humanitaria constituyen delitos tipificados por el Estatuto de Roma; no pude ser más claro”, dijo. “Como también subrayé en mis declaraciones públicas repetidamente, los que no cumplan con la ley no deben quejarse después, cuando mi oficina tome medidas; ese día ha llegado”.

Traducción de Francisco de Zárate

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó hoy órdenes de detención contra los máximos responsables políticos y militares del Gobierno israelí y del grupo islamista Hamas, por crímenes cometidos en Israel y los territorios palestinos a partir del 7 de octubre de 2023, cuando los milicianos palestinos perpetraron un ataque sorpresa contra comunidades judías en el que dejaron más de un millar de fallecidos, al que Israel respondió con una ofensiva de castigo a gran escala contra la Franja de Gaza, que continúa a día de hoy y causó más de 35.000 víctimas mortales.

Los líderes de Hamas contra los que Khan pidió órdenes de detención son Yahya Sinwar, jefe del movimiento islamista en Gaza; Ismail Haniye, su líder político en el exilio; y Mohammed Diab Ibrahim Al Masri, conocido como Mohammed Deif, jefe del brazo armado de Hamás, las Brigadas de Al Qassam. En cuanto a los israelíes, Khan pidió que la corte actúe contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, “en base a las evidencias recogidas y examinadas por su oficina”. 

Khan explicó hoy en un extenso comunicado los crímenes de los que cree que son culpables los tres palestinos y los dos israelíes, en base a esas evidencias recogidas por la Fiscalía en el marco del caso abierto en 2021 para investigar la situación en Israel y los territorios palestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza.

¿Qué razones alega el fiscal para pedir el arresto de los principales líderes de Hamas?

El fiscal jefe considera que Sinwar, Haniye y Deif son responsables de los siguientes crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos desde el 7 de octubre de 2023, algunos de los cuales continúan hasta día de hoy:

“Hay motivos razonables para creer que Sinwar, Haniye y Deif son penalmente responsables de la muerte de cientos de civiles israelíes en ataques perpetrados por Hamas (en particular su ala militar, las Brigadas de Al Qassam) y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023 y la toma de al menos 245 rehenes”, afirmó el fiscal jefe. “Estos individuos planearon e instigaron los crímenes del 7 de octubre de 2023 y, a través de sus propias acciones, incluidas visitas personales a rehenes poco después de su secuestro, reconocieron su responsabilidad por esos crímenes”, agregó Khan.

Respecto a la violencia sexual, la oficina del fiscal también considera que “hay motivos razonables para creer que los rehenes tomados en Israel fueron mantenidos en condiciones inhumanas y que algunos fueron objeto de violencia sexual, incluida la violación, mientras permanecían en cautiverio”. En el comunicado explica que la oficina llegó a esa conclusión basándose en “registros médicos, videos y pruebas documentales, y entrevistas con víctimas y supervivientes”.

¿Qué motivos alega el fiscal para la detención de Netanyahu y de su ministro de Defensa?

El fiscal aseguró en su comunicado que tiene “motivos razonables” para creer que Netanyahu y Gallant son responsables de los siguientes crímenes de guerra y contra la humanidad, cometidos a partir del día 8 de octubre:

La oficina de Khan sostiene que, como se explica en el comunicado, “las pruebas recopiladas, incluidas entrevistas con supervivientes y testigos presenciales, material de video, fotografías y audio, imágenes de satélite y declaraciones del presunto perpetrador, muestran que Israel privó intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”.

“Los efectos del uso del hambre como método de guerra, junto con otros ataques y castigos colectivos contra la población civil de Gaza, son agudos, visibles y ampliamente conocidos, y fueron confirmados por múltiples testigos entrevistados por mi oficina, incluidos médicos locales e internacionales”, argumentó Khan. Entre esos efectos se encuentra “la desnutrición, la deshidratación, el sufrimiento profundo y un número cada vez mayor de muertes entre la población palestina, incluidos bebés”.

Khan explicó que “Israel tiene derecho a tomar medidas para defender a su población. Sin embargo, ese derecho no exime a Israel ni a ningún Estado de su obligación de cumplir el derecho internacional humanitario”. Según Khan, los medios que eligió para lograr sus “objetivos militares” en Gaza son “criminales”.

¿Cuáles son las pruebas más evidentes de la matanza en Gaza?

En un análisis publicado recientemente por The Guardian, el exdirector de la ONG Human Rights Watch, Kenneth Roth, predecía que Khan podía empezar su actuación contra los dirigentes israelíes acusándolos de haber “matado deliberadamente de hambre a los palestinos de Gaza”, porque esa era la “acusación más fácil” ya que existen más evidencias. “A Khan le llevará un tiempo completar la investigación detallada necesaria para demostrar otros posibles crímenes de guerra de Israel, como los bombardeos indiscriminados de zonas civiles y como los ataques a objetivos militares con daños a civiles previsiblemente desproporcionados. Pero los hechos en torno a la obstrucción israelí de la ayuda humanitaria son fácilmente accesibles”, escribía Roth. 

Además, el veterano defensor de los derechos humanos recordaba que la primera acusación de Khan contra Vladímir Putin y contra su comisaria de los derechos de la infancia fue por secuestrar a niños ucranianos; después llegó la preparación del caso por los bombardeos contra los civiles, más complicada desde el punto de vista factual, que Khan comenzó con la persecución de los ataques a la infraestructura eléctrica ucraniana. 

“El Gobierno de Netanyahu podría argumentar que Israel tiene un sistema legal bien desarrollado y es capaz de procesar a sus propios criminales de guerra. El principio de complementariedad prevé que la Corte Penal Internacional no intervenga si el sistema jurídico del país hace un esfuerzo concienzudo para que se haga justicia. Pero Israel no tiene antecedentes de enjuiciamiento a altos funcionarios por crímenes de guerra. Y en el país no se presentó ninguna acusación contra Netanyahu por la estrategia del hambre en Gaza”, explicaba Roth a principios de mayo. También aseguraba que Khan presentaría acusaciones contra los líderes de Hamás por “la matanza y el secuestro de civiles israelíes del 7 de octubre” que, según Roth, “son claros crímenes de guerra”. Y subrayaba en su análisis: “Una premisa básica del derecho internacional humanitario es que los crímenes de guerra de un bando nunca justifican los crímenes de guerra del otro. La obligación de cumplir es absoluta, no recíproca”.

Para Sonia Boulos, profesora en la Universidad Antonio de Nebrija y experta en derecho internacional, la decisión del fiscal de la CPI de solicitar órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad “sin duda es un paso histórico”. “Es la primera vez que líderes occidentales pueden enfrentarse a la justicia internacional desde los Tribunales de Nuremberg, incluso sin ser derrotados. Pero lo más importante es que esto podría simbolizar el fin de la impunidad de que Israel ha gozado durante décadas”, dijo.

A su juicio, esto explica por qué el fiscal convocó a un panel de expertos en derecho internacional “para apoyar la revisión de pruebas y el análisis legal en relación con estas solicitudes de órdenes de arresto”. “Aunque el fiscal solicitará también órdenes de arresto para tres líderes de Hamas, las consecuencias son más significativas para Israel”.

La abogada de reconocido prestigio internacional Amal Clooney informó que ella y otros expertos en derecho internacional elaboraron un informe a petición del fiscal de la CPI sobre los posibles crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en Israel y Gaza, después de cuatro meses de “un extensivo proceso de revisión de evidencias y análisis legal”. Clooney explicó que el grupo de expertos llegó a unas “conclusiones legales unánimes”.

“Concluimos que hay motivos razonables para creer que los líderes de Hamas cometieron crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluidos la toma de rehenes, el asesinato y crímenes de violencia sexual”, dijo a través de la red social X. De la misma forma, el equipo legal concluyó exactamente lo mismo respecto al primer ministro israelí y el ministro de Defensa, entre cuyos crímenes destaca “el hambre como método de guerra, el asesinato, la persecución y el exterminio”. Clooney aseguró que apoya el “paso histórico” que dio este lunes el fiscal jefe de la CPI “para que se haga justicia para las víctimas de atrocidades en Israel y Palestina”.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

La solicitud de orden de detención pasa ahora a una de las salas de cuestiones preliminares de la CPI, y sobre ella decidirá un grupo de tres jueces. De momento, la sala está formada por magistrados de Rumania, Benín y México.

Los jueces del tribunal con sede en La Haya tendrán que decidir si aprueban o no la solicitud de Khan, quien afirmó que “los jueces independientes de la Corte Penal Internacional son los únicos árbitros que determinan si se cumplió el estándar necesario para la emisión de órdenes de arresto”.

“Si aceptan mis solicitudes y emiten las órdenes solicitadas, trabajaré para detener a las personas nombradas. Cuento con que todos los Estados miembros del Estatuto de Roma tomen estas solicitudes y la posterior decisión judicial con la misma seriedad que demostraron en otras situaciones, cumpliendo con sus obligaciones bajo el Estatuto. También estoy dispuesto a trabajar con los Estados que no son miembros en nuestra búsqueda común de rendición de cuentas”, prometió el fiscal jefe.

El Estatuto de Roma es el tratado fundacional de la CPI, que fue suscrito por 124 países, pero Israel no está entre ellos, así como tampoco lo está su principal aliado, Estados Unidos. Sin embargo, algunos de sus socios más destacados, como Reino Unido y Alemania, y todos los países de la Unión Europea ratificaron ese tratado, por lo que técnicamente tendrían que arrestar y entregar al mandatario israelí al tribunal si pisa su territorio en algún momento.

Por otro lado, Boulos señala que, sin restar importancia a la decisión de Khan, “las órdenes no abordan acusaciones de genocidio, al menos por el momento”. “Además, las órdenes se centran únicamente en el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas y sus consecuencias, y no cubren eventos o situaciones más antiguas, como la política de asentamientos de Israel y rondas anteriores de violencia en Gaza”, dice la profesora, que ejerció como abogada en la Asociación de Derechos Civiles en Israel, donde litigó durante seis años numerosos casos frente al Tribunal Superior de Justicia. Y agrega: “El lenguaje utilizado por el fiscal también intenta crear una simetría entre Israel y los palestinos, cuando tal simetría no existe. Por ejemplo, el fiscal se refiere al derecho de Israel a la autodefensa, pero no hace ninguna referencia a la ocupación a pesar de que el panel de expertos se refiere a la ocupación, aunque sea marginalmente”.

FC/CRM

Luis Moreno Ocampo, exfiscal general y fundador de la Corte Penal Internacional (CPI), lleva toda una vida dedicada a la justicia internacional. A los 32 años fue el fiscal adjunto del Juicio a las Juntas en 1985, donde se juzgó por primera vez a los máximos responsables de la última dictadura, un hecho relatado por el filme Argentina,1985. Ya como primer fiscal jefe de la CPI abrió investigaciones en siete países y logró el procesamiento por crímenes de lesa humanidad contra tres jefes de Estado y otras veintiocho personas.

En la actualidad sigue trabajando para fomentar la aplicación del derecho internacional. elDiario.es le entrevista mientras se encuentra en la Universidad de Sao Paulo (Brasil), como ponente en una cátedra sobre innovación para el orden mundial.

¿Puede la Corte Penal Internacional investigar el ataque contra el hospital Al Ahli de Gaza, donde han muerto cientos de palestinos?

Sí, la Corte Internacional tiene la facultad para hacerlo.

¿Cómo valora lo que está ocurriendo en Gaza e Israel?

Observo que hemos entrado en un tiempo en el que los políticos creen que pueden cometer crímenes y no pasa nada. Me parece que es un tema muy grave para la humanidad.

Esta clase de crímenes tienen consecuencias horribles, no solo en la matanza de gente, sino para el futuro de nuestros hijos. La humanidad está en riesgo, el cambio de clima, guerras y terrorismo internacional, armas nucleares, son riesgos que antes no había y no estamos sabiendo enfrentarlos.

¿Por qué cree que desde la comunidad internacional se pide un corredor humanitario para Gaza pero no el fin inmediato de los bombardeos?

Es una muy buena pregunta. Se está discutiendo un cordón humanitario, cuando lo que hay que plantear es que no pueden bombardear civiles en Gaza. La estrategia de controlar Hamas tiene que ser distinta. Israel no puede matar a miles de personas para acabar con el liderazgo de Hamás. La historia muestra que los líderes son reemplazados por otros nuevos.

Hamas cometió crímenes de guerra y contra la humanidad, no hay duda. El tema es cómo controlamos Hamas, no cómo damos ayuda humanitaria a los civiles mientras al mismo tiempo les encerramos y les sitiamos. Porque el sitio de Gaza es ordenado, provocado.

¿Qué puede hacer Israel ahora y qué no puede hacer, qué no es legal?

Israel tiene derecho a defenderse en su territorio y también en Gaza, en la medida en que desde ahí se disparen cohetes contra Israel. Israel lo que no puede hacer es matar civiles en Gaza y no puede forzar el desplazamiento de civiles en Gaza y no puede someterlos a hambre para obligarles a moverse. Todo eso no debe hacerlo, es un crimen.

La comunidad internacional debe dejar de apoyar las guerras y promover la paz a través de la justicia

¿Estos crímenes podrían ser investigados por la Corte Penal Internacional?

Sí. La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre Palestina. En 2021 los jueces de la Corte determinaron que Palestina incluía Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Los crímenes cometidos en esos territorios están bajo jurisdicción de la Corte, por eso también los crímenes cometidos desde Gaza hacia Israel pueden ser investigados, eso incluye los crímenes cometidos por Hamas hacia Israel.

Y por supuesto la Corte tiene facultad para investigar el asesinato de civiles en Gaza como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, al igual que el bloqueo total de Gaza, que podría considerarse un crimen contra la humanidad.

Y ¿es eso posible? Porque ha comenzado esta entrevista diciendo que estamos retrocediendo.

Sí, porque los políticos consideran que los límites legales no existen. Hemos vuelto a la Guerra Fría, es un problema serio. Pareciera que la premisa es que los crímenes cometidos por mis amigos no importan.

La comunidad internacional debe dejar de apoyar las guerras como mecanismo para proteger a las personas y promover la paz a través de la justicia. Es un momento crucial para la humanidad. Necesitamos líderes globales que acojan tanto a israelíes como a palestinos.

Hay algunos crímenes del pasado reciente que no se han investigado ni condenado, por lo que vuelven a ocurrir una y otra vez. ¿Considera que hay un doble rasero dependiendo de quiénes sean los perpetradores?

Hay un problema y es que el Estado político responde a un modelo antiguo. El Estado político tiene que ajustarse, no hay acuerdo posible para cometer crímenes de guerra. Hamás no puede ser un grupo apoyado, Israel no puede cometer crímenes contra los civiles de Gaza. No puede y no debe.

Ha recordado usted en la red social X –antes Twitter– unas palabras del general estadounidense Stanley A. McChrystal, que emplea el término “la matemática insurgente”.

Es muy interesante lo que él dice, porque no lo dice una ONG, lo dice alguien que coordinó comandos en Irak y dirigió la guerra en Afganistán. Y él concluye que la guerra contra el terror, que consiste en matar y bombardear poblaciones, resulta contraproducente. Matas a dos y tenés veinte nuevos insurgentes, y eso es lo que va a pasar, eso pasó en Afganistán y por eso se tuvieron que retirar y eso es lo que va a pasar en Gaza.

No puede matar a dos millones de personas en Gaza. No puede. Matar sólo destruirá la moderación y promoverá más violencia. Porque además va a ocurrir que a los dos millones de personas en Gaza no les quede otra alternativa que odiar a Israel, porque ha matado al padre o al abuelo delante de su casa.

Y eso puede provocar también que Hezbollah y otros grupos también ataquen a Israel. Vamos a una catástrofe de dimensiones que no estamos viendo. Esto no es solo un tema de Medio Oriente, es un tema de la humanidad entera que afecta a nuestros hijos.

Hemos vuelto a la Guerra Fría, pareciera que la premisa es que los crímenes cometidos por mis amigos no importan

En su opinión, ¿se está a tiempo de parar esto, se puede dar la vuelta a esta situación?

Yo creo que sí, lo que pasó ayer evitemos que se repita hoy. Lo que ocurre es que necesitamos países europeos con una postura más firme y países del resto del mundo diciendo que esto no puede ocurrir. No solo contra Israel, con Hamas también.

Hamas no puede hacer lo que hace. Tienen que ser apresados. Y los derechos de la gente de Cisjordania tienen que ser respetados. Israel tiene que aceptar que la gente de Gaza y de Cisjordania tiene derecho a existir, no puede estrangularlos.

Tenemos que terminar con los crímenes y eso no es solo un tema de la Corte Penal Internacional, es un tema de toda la comunidad internacional. Cometer crímenes masivos y después apelar a la Corte para que vea casos es ridículo. Las reglas tienen que ser las mismas para los jueces que para los políticos.

Hay una ocupación ilegal de territorio palestino desde hace muchos años, ¿a través de la Corte Penal Internacional se podría hacer algo al respecto?

Sí. Hay un crimen, que es un crimen de guerra, que es transferir la población del Estado ocupante a la zona ocupada, que es exactamente lo que hace Israel consistentemente y ese crimen se podría investigar y castigar.

Depende del fiscal, que es el que tiene las facultades para decidir cuándo y en qué crímenes se mete a investigar.

Tanta vida y dedicación a la justicia y al desarrollo de la aplicación del derecho internacional, ¿qué aprendizajes le deja?

Estuve trabajando hasta el mes pasado sobre lo sufrido por los armenios que fueron víctimas de un genocidio en Nagorno Karabaj, de lo que ya no se habla. Hay que proponer nuevos mecanismos para resolver problemas. Trabajamos todavía con sistemas institucionales diseñados en el siglo XVIII o XIX, o con la Carta de Naciones Unidas, que está muy basada aún en los sistemas nacionales. Tenemos que seguir avanzando. Yo quiero invitar a todo el mundo desde esta cátedra de la Universidad de Sao Paulo a trabajar en estos temas.

Yo aprendí en estos temas que nunca ganas. Cuando yo litigaba contra los militares argentinos, pensaba en transformar Argentina en Suecia. No, Argentina no es Suecia. Pero no hubo más dictaduras militares, no hubo más crímenes masivos. Fue una victoria, pero nunca terminamos de arreglar un país, hay nuevos problemas.

Los problemas siempre van a existir. El tema es cómo los manejamos y cómo los enfrentamos. Y cómo inventamos soluciones ante cuestiones que requieren creatividad, no solo institucional, sino también inteligencia artificial, que hoy se usa para marketing y para matar. Usémosla para la paz.

Nunca vas a ganar del todo porque siempre va a haber problemas, pero nunca perdés: si te levantás, nunca pierdés. El día que dejás de actuar, el día que dejás de ocuparte, ese día perdiste. Nunca dejemos de hacer lo que tenemos que hacer.

Rusia anunció este lunes que abrió una investigación penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan después de que el tribunal con sede en La Haya emitiera una orden de detención contra el presidente Vladimir Putin.

“El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Ahmad Khan” y contra varios otros magistrados, dijo este órgano en un comunicado, en el que explicó que tomó la iniciativa para enfrentar la decisión “ilegal” de la CPI de solicitar el arresto de Putin.

El comité ruso argumenta que Khan “inició un procedimiento penal contra una persona notoriamente inocente, combinado con la acusación ilegal de haber cometido un delito grave o especialmente grave”, reprodujo la agencia de noticias AFP.

El fiscal también es acusado de “preparar un ataque contra un representante de un Estado extranjero”, precisa el documento.

La CPI, con sede en La Haya, emitió el viernes una orden de captura contra Putin por la presunta deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó la decisión de “histórica” y el de Estados Unidos, Joe Biden, de “justificada”.

Rusia, en cambio, consideró que la decisión era jurídicamente “nula” ya que Moscú no es miembro de la Corte, y en las últimas horas China se sumó al rechazo a la decisión del tribunal.

Moscú no reconoce la competencia del tribunal, insistió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Según el Comité de Investigación ruso, “el procedimiento penal es claramente ilegal ya que no hay motivos de responsabilidad penal” y consideró la orden “indignante” e “inadmisible”.

“Rusia, como otros países, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho”, dijo Peskov.

Mientras, el jefe de la Duma o Cámara Baja de Rusia, Viacheslav Volodin, aseguró que “cualquier ataque” contra el presidente Vladímir Putin es considerado una “agresión” contra el país. Estados Unidos, Ucrania, la Unión Europea (UE) y organizaciones como Amnistía Internacional apoyaron la orden de arresto.

Por su parte, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, destacó este lunes que Putin puede ser arrestado “inmediatamente” en “más de 130 países”.

China, cuyo líder, Xi Jinping, comenzó este lunes una visita de Estado a Rusia, criticó la orden de arresto contra el jefe del Kremlin, con el que se reunirá el mismo lunes.

La CPI considera a Putin “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos, lo que ha sido denunciado en numerosas ocasiones por las autoridades de Kiev.

Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.

Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señaló la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.

Con información de agencias.

IG

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, llegó este miércoles a Ucrania y comenzó a trabajar en su investigación para determinar si Rusia cometió crímenes de guerra en el país de Europa del Este.

“Tuve una conversación con Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya. Ya está en Ucrania. Ya comenzó a trabajar, anunció este miércoles el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en un mensaje de video.

Agregó que llegó junto a un grupo de investigadores de la CPI y que ya están trabajando junto con agentes del orden ucranianos para recopilar pruebas sobre los presuntos crímenes cometidos por las tropas rusas en en territorio ucraniano, informó la agencia de noticias Interfax.

“Los ocupantes rusos responderán por todos los crímenes de guerra cometidos contra los ucranianos. Intensificaremos el trabajo para llevarlos ante la justicia. Debe haber un tribunal internacional. Y lo habrá”, expresó el presidente.

Añadió que la Oficina del Fiscal General de Ucrania también está trabajando en ese sentido y reiteró que Moscú deberá responder “por todo lo que han hecho contra Ucrania, por cada acto de terrorismo de las fuerzas rusas en el territorio de nuestro estado”.

A fines de febrero, Khan anticipó que “lo antes posible” se iniciaría una investigación sobre posibles “crímenes de guerra” y “crímenes de lesa humanidad” en Ucrania, en el contexto del conflicto que mantienen este país y su vecino Rusia.

“Estoy convencido de que existe una base razonable para creer que se cometieron supuestos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania” desde 2014, dijo Khan en referencia a la anexión que hizo Moscú de la península de Crimea y el conflicto en las regiones separatistas del este ucraniano.

“Dada la expansión del conflicto en los últimos días, es mi intención que esta investigación incluya también cualquier nuevo presunto delito que sea competencia de mi oficina y que sea cometido por cualquiera de las partes del conflicto en cualquier parte del territorio de Ucrania”, agregó.

Ucrania no firmó el Estatuto de Roma, el tratado internacional que creó la CPI, pero reconoció formalmente la competencia del tribunal para crímenes cometidos en su territorio.

La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, afirmó en diciembre de 2020 que desde 2014 se cometió en Ucrania una “amplia gama de conductas constitutivas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad” y pidió una investigación completa.

Con información de agencias.

IG