La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó poco antes de las 11:30 de este jueves su actividad con el análisis del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el cual modificó la conformación del Consejo de la Magistratura. Es una de las causales por las cuales el oficialismo promovió la acusación contra los cuatro jueces del máximo tribunal.

La comisión, presidida por la legisladora oficialista Carolina Gaillard, inició con la discusión sobre el fallo que repuso la ley derogada en 2006 y posibilitó el retorno a la antigua composición de la Magistratura.

El análisis de esta cuestión comenzó luego de haber concluido la discusión acerca de la sentencia sobre coparticipación que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires, al otorgarle una cautelar a ese distrito. En esta ocasión, fueron citados la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort; el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo y Roberto Saggese, secretario letrado de la Corte.

El cuerpo legislativo analiza 14 expedientes de juicio político contra los ministros de la Corte -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, y Ricardo Lorenzetti-, a quienes acusa de mal desempeño de sus funciones por los fallos del 2x1 que benefician a represores de la dictadura, el de modificación de la Magistratura, el de coparticipación a favor del Gobierno porteño y el de funcionamiento de la Obra Social del Poder Judicial.

A dar inicio a la reunión, Gaillard observó que circularían entre los ministros el informe sobre el tema de obra social donde se acusa a Maqueda, y que se comenzará a elaborar un documento sobre el fallo de la coparticipación. En él, se señalará “la responsabilidad compartida” de los jueces de la Corte en esa decisión, detalló la diputada.

La legisladora consignó que esos informes formarán parte de los dictámenes que se analizarán en los próximos meses, ya que se emitirá uno por cada cortesano con la respectiva acusación.

Además, Gaillard anticipó que el fallo sobre el Consejo de la Magistratura se tratará en esta reunión y en la próxima se analizará el expediente impulsado por la Coalición Cívica contra Lorenzetti. Otro tema que volverá a estar presente en los debates son los chats filtrados entre el exministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, estrecho asesor de Rosatti. Se presume que se referían al fallo sobre la Magistratura, del cual el titular de la Corte también es presidente.

En el proyecto del oficialismo, se denuncia que los “chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D'Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura”.

En diciembre de 2021, la Corte declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura aprobada en 2006 -durante el Gobierno de Néstor Kirchner-, por la cual se redujo de 20 a 13 el número de integrantes del organismo encargado de seleccionar jueces, analizar su conducta y administrar el Poder Judicial.

En ese marco, se repuso la ley anulada, con lo cual se volvió a la composición de 20 miembros y se dejó la titularidad del Consejo en manos de Rosatti.

En el documento del oficialismo, se destaca que en el fallo sobre el Consejo se contó “con el voto favorable de los doctores Rosenkrantz y Maqueda, como así también del doctor Rosatti, quien de tal modo se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas le imponían, dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, abstenerse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa”.

Se afirma en el proyecto que Rosatti “manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas, en un franco alzamiento e invasión a las facultades propias y excluyentes del Congreso de la Nación”.

También se señala que se “avanzó indebidamente sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores, al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara. Ello implica una clara violación constitucional a la autonomía del Senado de la Nación y a su reglamento, el que goza de raigambre constitucional”.

LC con información de agencia Télam

La Presidencia del Senado solicitó este lunes ser querellante en la causa por el ataque a su despacho en el Congreso, cometido el 10 de marzo último, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados que debatió el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se informó oficialmente.

La presidencia del cuerpo, en manos de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, presentó esa solicitud ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 5, en un texto en el que remarcó que “entre los ataques con piedras y que tuvieran como claro objetivo las oficinas” que ella ocupa en el Senado “se realizaron marcas con pintura roja sobre la zona, circunstancia que podría haber oficiado de señalización”.

La Vicepresidenta hizo su presentación a través de su abogada y directora general de Jurídicos, Graciana Peñafort.

“El pasado 10 de marzo de 2022, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación que tuviera por objeto tratar el acuerdo de refinanciación de la deuda externa contraída con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018 por el entonces Gobierno argentino, se concentró en la Plaza de los dos Congresos una amplia movilización de diversos sectores sociales en rechazo a dicho proyecto”, señala el texto entre sus argumentos.

El escrito subraya que, “pese a la mayoría pacífica que se manifestó libremente, pudo verificarse un grupo de personas que, apostados sobre la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, de forma coordinada, comenzaron un violento ataque sobre el Congreso de la Nación, específicamente sobre las ventanas que dieran al despacho de la Presidencia del H. Senado de la Nación”.

Pone de manifiesto, también, que, “en aquel momento, se encontraban (allí) tanto la actual Vicepresidenta de la Nación, Cristina E. Fernández de Kirchner, la Senadora Anabel Fernández Sagasti, el Senador Oscar Parrilli y el Diputado Máximo Kirchner, entre otros colaboradores”.

“Los daños producidos en el frente del edificio, el despacho de la presidenta del Senado de la Nación y el peligro al que fueran sometidas las personas que se encontraban en su interior, recién pudieron ser evitados a partir de las 15.21hs aproximadamente, cuando un cordón policial avanzó sobre la zona y dispersó al grupo de manifestantes que, incesantemente, tuvo por objetivo atentar directamente contra dicho sector del Congreso Nacional”, agrega la presentación realizada por la letrada en representación de la Presidencia de la Cámara alta.

Con información de agencias.

IG