El exdiputado José Luis Espert fue citado a indagatoria para el 30 de junio por el juez federal Lino Mirabelli, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.

La citación se produjo luego del pedido que realizó días atrás el fiscal federal Fernando Domínguez. La audiencia tendrá lugar el próximo martes y también fue citado a declarar su contador, Mariano Cosentino.

En esta causa, se investigan los nexos financieros entre el exdiputado libertario y el empresario aeronáutico Federico 'Fred' Machado, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico.

El punto de partida para esta investigación, de acuerdo a lo que considera la fiscalía, se centra en un depósito de 200.000 dólares que recibió Espert por parte de Machado, sin embargo, el exlegislador aseguró que se debía a un contrato de asesoría minera en Guatemala.

Posteriormente, la Justicia consideró que el documento presentado era falso y que se pretendió utilizar para blanquear dinero obtenido de manera ilegítima, ya que Espert nunca viajó a dicho país y que las minas a las que se refería no estaban operativas.

En la misma línea, la fiscalía sostiene que el exdiputado habría usado esos fondos presuntamente ilícitos para comprar autos de alta gama e integrar pagos en un fideicomiso inmobiliario. La investigación apunta a que Espert blanqueó ese dinero con la compra de un BMW 240i por más de US$90.000, un Lexus RX de US$130.000 y la adhesión a través de su esposa, María Mercedes González, a un fideicomiso para tener una casa de veraneo por la zona de Costa Esmeralda, una de las más cotizadas del Partido de la Costa.

Actualmente, el excandidato de La Libertad Avanza (LLA) mantiene la prohibición de innovar, además de tener congelado el total de sus bienes y sus cuentas financieras de forma preventiva.

Para el fiscal, Espert presentó un contrato falso para justificar US$200.000

De acuerdo a los argumentos en el pedido de la Fiscalía al juez Mirabelli, el documento de servicios profesionales que presentó Espert es falso y fue una simulación para blanquear los US$200.000 que recibió en su cuenta bancaria.

El exdiputado utilizó un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para justificar el ingreso de fondos ilegales. Sin embargo, la Justicia comprobó que Espert nunca viajó a dicho país para prestar los servicios que él mismo aseguraba y que las minas de la empresa no estaban operativas. 

Los fondos que investigan provienen de cuentas vinculadas a 'Fred' Machado. Por ese motivo, el fiscal realizó formalmente la semana pasada el pedido de indagatoria para Espert, bajo la imputación de presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A. por confeccionar informes contables ilícitos. 

Previamente, el juez federal Lino Mirabelli ordenó la inhibición general y prohibición de innovar sobre todos los activos financieros y propiedades tanto del ex diputado nacional como los de su esposa, María Mercedes González.

Hasta el mometo, se sabe que la relación entre Espert y Machado consistiría en el financiamiento logístico y económico por parte del empresario para la campaña presidencial de Espert en 2019 y que derivó en esta causa judicial por presunto lavado de dinero.

En abril de 2021, Machado fue detenido por Interpol en Argentina y enfrentó un pedido de extradición hacia los Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, proceso que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia. 

El hilo rojo que conecta a Espert y Machado

Un juez de Estados Unidos aceptó a fines de mayo la culpabilidad de Federico “Fred” Machado en los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico y la sombra alcanza a José Luis Espert, quien recibió del empresario financimiento para su campaña presidencial 2019 (un avión, una camioneta blindada y un contrato millonario), apenas años antes de saltar a lado de Javier Milei en La Libertad Avanza. 

La decisión judicial es un eslabón más de un caso que estalló en julio de 2025 con las revelaciones de elDiarioAR, derivó en la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional y abrió en los tribunales federal de San Isidro una causa por presunto lavado de activos que sigue en trámite.

La cita en el avión

Espert y Machado se conocieron en marzo de 2019, en el Golf Club de San Isidro, presentados por el empresario aeronáutico Sergio Mastropietro y por Pablo Deluca, ejecutivo de Infobae. Días después se reunieron a bordo del avión Bombardier Challenger N28FM, estacionado en el aeropuerto de San Fernando. 

Allí acudieron Nazareno Etchepare y Gonzalo Díaz Córdoba, armadores del Frente Despertar. La charla duró menos de una hora. Machado prometió un avión King Air con piloto, una Jeep Cherokee blindada y fondos en dólares. Espert pidió US$5 millones; el piso comprometido fue de US$ 2,5 millones.

Entre el 21 y el 24 de marzo de aquel año, Espert viajó a Miami invitado por Machado. El empresario le organizó reuniones con argentinos de Florida para sumar aportes. El 18 de abril presentó su libro La Sociedad Cómplice en el Hotel Austral de Viedma. Cerró el acto con un agradecimiento “a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”.

El contrato y la transferencia

El 17 de junio de 2019, dos semanas antes del lanzamiento formal de su candidatura presidencial, Espert firmó con Machado un contrato por US$1.000.000 para asesorar a Minas del Pueblo, una empresa minera del empresario radicada en Guatemala. El acuerdo preveía pagos mensuales durante un año. Solo se supo que se concretó uno.

El 22 de enero de 2020, el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, vinculado a Machado y a su socia estadounidense Debra Mercer-Erwin, transfirió US$200.000 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley. 

La operación quedó registrada en una contabilidad clandestina que se incorporó después al expediente de Texas. Dos meses más tarde, Espert compró un BMW 240i por más de US$90.000. En noviembre adquirió una casa en Beccar. Consignó ambas operaciones como fondos propios en su declaración jurada.

El arresto y el silencio

El 15 de abril de 2021, la policía detuvo a Machado en el aeropuerto de Neuquén a pedido de un tribunal del distrito Este de Texas. Lo acusaron de narcotráfico, lavado de dinero y fraude por unos US$350 millones. 

Cumplió prisión domiciliaria durante cuatro años en una casa a veinte kilómetros de Viedma. En noviembre de 2023, Mercer-Erwin recibió en Texas una condena de 16 años. Espert minimizó el vínculo. Dijo que solo había compartido un vuelo a Viedma y denunció una “operación” en su contra.

El destape y la renuncia

Pasaron los años y el 27 de julio de 2025, Sebastián Lacunza publicó en elDiarioAR la reconstrucción de la cita en San Fernando. Comenzó a conocerse el préstamo del avión y los WhatsApps entre armadores de la campaña.

El 28 de septiembre, un hallazgo del equipo de Juan Grabois sumó al expediente la transferencia de US$200.000. La exjefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, lo contradijo en público: “Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba”. Un documento del Bank of America ratificó la operación.

El 5 de octubre, Espert renunció a la candidatura. Dos días después, la Corte Suprema habilitó la extradición de Machado. En un allanamiento a la casa del empresario en Viedma, la Policía Federal encontró el contrato por US$ 1.000.000 roto y abollado en un tacho de basura. El 11 de octubre, la Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabezara la lista de La Libertad Avanza.

La culpabilidad por lavado y fraude

El 5 de noviembre de 2025, Machado partió extraditado desde Ezeiza en un vuelo de United Airlines, escoltado por agentes de US Marshals. Declaró su inocencia ante el juez federal Bill Davis. Pero el 12 de mayo de 2026 cambió de estrategia: firmó un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de lavado y fraude. El convenio excluyó los cargos por narcotráfico, los más graves del expediente.

En mayo pasado, el juez de instrucción de Texas Don D. Bush aceptó el acuerdo. La trama que armó Machado supone una sofisticada estafa a nivel internacional montada sobre la venta de aeronaves que, en realidad, no estaban en venta. En esa cadena de operaciones Espert sería un eslabón más, con pata en la Argentina, por lo que se lo sigue investigando.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, homologó este lunes el acuerdo suscripto por el presidente Alberto Fernández y la fiscalía para el pago de una compensación económica como “reparación del daño”, en la causa por el festejo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, en la quinta de Olivos durante el aislamiento por la pandemia de Covid-19.

En otra resolución el magistrado avaló también un acuerdo similar que el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez suscribió con Yáñez para el pago de una compensación económica, informaron fuentes judiciales.

En ambos casos los montos acordados serán destinados al Instituto Malbrán y deberán ser depositados en diez días hábiles, luego de lo cual el magistrado emitirá una resolución de sobreseimiento.

En el caso del Presidente, la donación será de 1,6 millones de pesos mientras que Yáñez acordó donar 1,4 millones.

En el acta de homologación del acuerdo del primer mandatario, el magistrado de San Isidro sostuvo que no hay razones para “sostener que el ofrecimiento” sea “inadecuado desde el punto de vista de los requisitos legales”.

“Se admitirá el acuerdo alcanzado entre la defensa y el titular de la acción penal pública”, resolvió el magistrado en la causa penal en la que el Presidente está patrocinado por los abogados penalistas Marcelo Sgro y Fabián Musso.

Mirabelli remarcó que en el municipio del norte bonaerense la reparación económica fue la vía que se encontró para tramitar causas por infracción al artículo 205 del Código Penal, violación de medidas adoptadas para evitar la propagación de una epidemia.

Esto permitió “mitigar el impacto que sobre el sistema de Justicia ha generado el gran caudal de casos expuestos, brindando, a la vez, una respuesta eficaz y vinculada a la protección de los intereses supraindividuales en juego”, remarcó.

En el acta destacó, además, que el hecho investigado, la fiesta de cumpleaños de la Primera Dama en Olivos durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio por Covid-19, no puede catalogarse como inherente “de la función o vinculado con el ejercicio de ella”.

“No se juzga la gestión de un Gobierno, ni siquiera la gestión de una pandemia. Se evalúa la realización de una conducta antinormativa”, puntualizó el juez.

Por su parte, el abogado del Jefe de Estado en otras causas, Gregorio Dalbón, confirmó que ya existe “resolución de homologación del acuerdo” propuesto judicialmente.

“Una vez que el Presidente pase bancariamente el dinero ofrecido al Instituto Malbrán, se dictará su sobreseimiento definitivo”, señaló en diálogo con Télam.

Respecto de la causa, Dalbón destacó que el presidente Alberto Fernández “termina haciéndose cargo de su error, poniéndose a Derecho, y saliendo con una salida alternativa de la causa”.

“Alberto se hizo cargo. En mi opinión es el primer Presidente que se hace cargo de una causa penal. Eso es lo rescatable. Cualquier otro hubiera buscado la prescripción o alguna espuria salida”, remarcó.

La justificación del Presidente

El presidente Alberto Fernández insistió días atrás en que fue “un error que no debió haber ocurrido” la realización del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en Olivos durante la pandemia, y señaló que el dinero resultante de la causa judicial “será donado”, luego de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, expresó su acuerdo esta semana con la donación propuesta por el mandatario.

“Eso fue algo que nunca debió haber pasado. Lo dije el primer día, fue algo producto del inconsciente colectivo con el que funcionaba Olivos en esa época, donde estaba repleto de gente, porque se había trasladado el trabajo allí”, recordó el mandatario el pasado viernes en una entrevista con la FM Radio Con Vos.

“Yo no escondí nada”, añadió luego, y sostuvo que en cuanto tomó “conciencia de que pasó algo que no debió haber pasado me presenté en la justicia como un ciudadano común”.

“Debo ser el primer Presidente que se presentó en la justicia ejerciendo su defensa personalmente”, remarcó Fernández; y recordó que ofreció una “reparación en ese momento por las dudas que no aceptaran el planteo que yo había hecho”.

Fernández reseñó que luego no apeló “la decisión que no aceptó mi propuesta”, y dijo: “No cuestioné a ningún juez” cuando “los jueces se pelearon por quien tenía la causa”.

“Fui el primer Presidente de la historia de la democracia que se presentó a la justicia ante un error que se asumió como error, porque no hubo dolo”, puntualizó.

“Me presenté como un ciudadano más”, insistió tras aclarar que “los funcionarios tienen los mismos derechos que los ciudadanos, no tienen menos derechos. Y los ciudadanos en estos casos tienen derecho a proponer una reparación económica, y lo hice”.

El lunes pasado, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez expresó su acuerdo con la donación de 1,6 millones de pesos a una institución vinculada al ámbito de la Salud ofrecida por el mandatario para que se cierre la causa por la celebración del cumpleaños de la primera dama en la Quinta de Olivos, en 2020, cuando las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del coronavirus no lo permitían.

El fiscal presentó su conformidad ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien deberá decidir si homologa el acuerdo, tras lo cual el presidente tendrá 10 días hábiles para depositar el dinero en el banco que le sea indicado, informaron fuentes judiciales.

“Considero razonable la propuesta efectuada en tanto habrá de destinársela a la adquisición de recursos para la investigación científica en materia de salud”, sostuvo Domínguez en el dictamen, en el que además postuló que la donación fuera destinada a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán.

Con información de agencias.

IG

El fiscal federal Fernando Domínguez aceptó el segundo ofrecimiento del presidente Alberto Fernández para saldar la causa judicial en su contra por la celebración del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos, durante las restricciones del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), según el dictamen al que accedió elDiarioAR.

La fiscalía consideró “razonable” el último ofrecimiento de reparación integral presentado por el mandatario de $1.600.000 y solicitó al juez federal Lino Mirabelli, de San Isidro, que homologue el acuerdo. Antes deberá establecerse a qué institución médica será destinado el dinero. El fiscal Domínguez propuso en el dictamen que la donación sea para la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor Carlos G. Malbrán”, como había ofrecido Fernández.

El monto ofrecido por el Presidente equivaldría al costo de un respirador y cuatro días de internación para pacientes en cuidados intensivos (UCI) con atención respiratoria motora (ARM), estimó la fiscalía, en base al nomenclador del Ministerio de Salud de la Nación y del Plan de Servicios de Salud del Programa Sumar del ministerio de la provincia de Buenos Aires y del Hospital Central de San isidro. La cifra también equivale a 40 días de internación en un módulo de atención de UCI con ARM de pacientes con Covid-19, según dichos nomencladores oficiales.

La “razonabilidad” de la oferta se basó en el patrimonio del mandatario, según las declaraciones juradas de Fernández ante la Oficina Anticorrupción (OA), estableció el fiscal.

Difícil es mensurar (monetariamente) el daño causado en este tipo de casos a los fines de su reparación.

Fernando Domínguez — Fiscal federal de San Isidro.

La primera dama, Fabiola Yáñez, ofreció donar otros $1.400.000 como reparación por el daño causado por la comisión del delito que plantea el artículo 205 del Código Penal de la Nación.

La pareja podría entonces acordar su sobreseimiento con el pago de un total de $3.000.000 (Fernández deberá donar $1,6 millón y Yáñez, $1,4 millón).

“Entiendo que las características del evento del que participó el imputado, la trascendencia y el impacto institucional que adquirió el suceso, el cargo de su autor y la fecha en la que tuvo lugar (vigencia del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) son circunstancias que ubican a Fernández en el umbral máximo de responsabilidad penal ponderable a los fines de la reparación”, determinó Domínguez.

“Difícil es mensurar (monetariamente) el daño causado en este tipo de casos a los fines de su reparación; sin embargo, sí se puede intentar fijar algún criterio que permita tornar operativo el instituto conciliando los intereses en juego”, agregó el fiscal. “Entendí que anclar la reparación al costo de insumos hospitalarios permitiría, de algún modo, objetivar la propuesta reparadora analizada, buscar alguna equivalencia entre el reproche penal inherente al hecho imputado, el ‘perjuicio’ causado y la capacidad económica del justiciable”, concluyó Domínguez.

Segunda oferta

En 2021, Fernández había realizado un primer ofrecimiento para donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán, a modo de reparación, lo que implicaba un total de $630.518. Sin embargo, en diciembre esta oferta fue rechazada por el juez Mirabelli.

El segundo ofrecimiento de Fernández fue a principios de mayo. El Presidente mejoró su oferta, elevando el monto a donar a $1.600.000, “equivalente a 40 días de internación en una Unidad de Cuidados Intensivos”, según la defensa de Fernández, y que cubriría también el costo de adquisición de un respirador. El dinero, propuso Fernández, se destinará al establecimiento de salud pública estatal que decida la fiscalía o disponga el juzgado.

El Presidente no está imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público, como habían solicitado algunos denunciantes. “No se juzga aquí la gestión de un gobierno, ni siquiera la gestión de la pandemia. Se evalúa en esta causa la realización de una conducta antinormativa”, determinó el fiscal. “El reproche no es moral, ni ético, ni político.; es un reproche jurídico por un hecho antijurídico”, por “la realización de una conducta prohibida por la norma vigente al momento de su concreción”.

“Frente al derecho penal, el doctor Alberto Fernández no tiene menos derechos que el resto de las personas por ser presidente de la Nación”, afirmó Domínguez, quien entendió que el Presidente no está siendo juzgado en esta causa por hechos cometidos en el ejercicio de su función, sino en su vida privada. A pesar de las numerosas denuncias por incumplimiento del ASPO y DISPO, en la Justicia, las causas por hechos similares se resolvieron con reparaciones económicas o fueron diretamente desestimadas por “inexistencia de delito”, explicó ua fuente de la causa.

Uno de los parámetros que se tuvo en cuenta, agregó la fuente con acceso al expediente, fue que una de las penas económicas más altas por este tipo de casos fue por 500.000 pesos impuestos al dueño de la propiedad de Nordelta donde se había desarrollado una fiesta clandestina para unas 70 personas durante las restricciones de 2021.

El fiscal Domínguez explicó en su dictamen las distintas normas de la legislación nacional y provincial y la jurisprudencia a favor de “los mecanismos de solución alternativa del conflicto”, que también “resultaron altamente beneficiosos” para “afrontar la problemática suscitada tras el establecimiento del ASPO y DISPO”, “en tanto ofrecieron una alternativa preferible para reafirmar la vigencia de la norma”, frente a penas de prisión de seis meses a dos años y de 15 días a un año. Se busca, dijo el fiscal, “una respuesta que sea acorde al hecho concreto”.

La resolución alternativa de conflicto no es “optativo” sino “imperativo”, sostuvo Domínguez para explicar por qué aceptaba llegar a un acuerdo con ambos imputados y no imponer una pena de prisión o un juicio.

ED

Carolina Marafioti, estilista de vestuario de Fabiola Yáñez y una de las participantes la fiesta de cumpleaños de la primera dama en Olivos durante el aislamiento por la pandemia, consiguió que el juez Lino Mirabelli, quien investiga la violación de las disposiciones del Poder Ejecutivo en la quinta presidencial de Olivos por el propio presidente Alberto Fernández, homologue el acuerdo al que había llegado la semana pasada con el fiscal del caso y donará $200.000 a un hospital a cambio de su sobreseimiento.

La fiesta de cumpleaños fue en plena cuarentena estricta -14 de julio de 2020- cuando estaba prohibida la circulación en el país por la pandemia de coronavirus. Fernández está acusado de violar la cuarentena y de incumplimiento de deberes de funcionario público.

En su presentación, según relata Mirabelli en la resolución de este miércoles, la defensa señaló que “las medidas alternativas de solución del conflicto, no implican otra cosa que la disponibilidad de la acción penal pública, cuyo ejercicio compete, desde la óptica de un sistema adversarial, al Acusador Público”, puesto que “compete al Ministerio Público Fiscal la potestad de fijar prioridades en materia de persecución penal, y de analizar en el caso concreto la solución del conflicto mediante el acuerdo de partes”.

Para el magistrado, en este caso específico, el patrocinante de la estilista de Yáñez argumentó que los hechos que se le atribuyen a Marafioti “no han generado contagio alguno, ni perjuicio, ni consecuencias en la salud, ni de ningún tipo, para persona alguna”, agregando, en torno a su situación patrimonial, que se trata de “una profesional estilista independiente que monotributa, alquila su vivienda y sostiene su grupo familiar, con hijos menores”.

Luego, añadió que “los hijos asisten a una escuela privada, que se encarga de pagar el padre, con quien no convive”, como así también que la encausada “no tiene propiedad ni otros bienes registrables y alquila un departamento de tres ambientes en el barrio porteño de Belgrano”.

Según el juez, “desde esa posición, ofreció reparar el perjuicio mediante la donación de $200.000 en favor de un hospital u otra unidad de atención médica de la jurisdicción, señalando que dicho importe equivale al costo de varios días de internación en las unidades de terapia intensiva que han sido tan necesarias en la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19”.

“El representante del M.P.F. consideró satisfactoria la propuesta y solicitó la homologación judicial del acuerdo para que Carolina Marafioti repare el perjuicio que habría generado con su comportamiento, prestando conformidad para que este proceso penal se resuelva ulteriormente de esa manera alternativa, en la medida en que la encartada acredite haber efectuado aquella donación (cf. art. 59, inc. 6° del C.P.)”, continuó en sus argumentos Mirabelli.

Y agregó: “Para ello, manifestó que, ante el crecimiento exponencial de casos penales derivados de las presuntas transgresiones a las medidas instrumentadas con relación a la pandemia de COVID-19, en esta jurisdicción, ‘los mecanismos adoptados para atender esta problemática que presentaban dichas conductas fueron, en general, los institutos de la reparación integral del perjuicio y la suspensión del juicio a prueba, ambos considerados como soluciones alternativas al conflicto, pues dan una respuesta desde el derecho penal sin la necesidad de recurrir a la prisionización del imputado’”.

A la hora de dar su resolución, el magistrado sostuvo que “dejando a un lado cualquier consideración ajena al ámbito del derecho penal en orden a la repercusión de los sucesos, la solución propuesta para el caso no aparece arbitraria o ilegal, y sin duda importa un reconocimiento y compromiso activo frente al conflicto por parte de la acusada”.

“En definitiva, examinadas las características del suceso endilgado a Carolina Marafioti, su entidad a la luz del bien jurídico supraindividual involucrado, y las condiciones particulares y socioeconómicas de la nombrada, analizadas por el Sr. Fiscal, no puede concluirse fundadamente que el ofrecimiento realizado y acordado conforme las pautas señaladas por el acusador público, sea inadecuado para reparar el perjuicio que habría conllevado su comportamiento”, sostuvo.

“Por consiguiente, dado que no existe controversia alguna entre las partes en orden a la calificación legal del hecho, la operatividad del instituto invocado, la extensión del perjuicio y la proporcionalidad del ofrecimiento, se admitirá el acuerdo alcanzado entre la defensa y el titular de la acción penal pública, pues la solicitud de homologación supera el control de legalidad y razonabilidad reservado legalmente a los jueces”, resolvió el juez.

Finalmente, Mirabelli dispuso que, por los fundamentos desarrollados, “corresponde y así resuelvo homologar el acuerdo propuesto por la defensa y consentido por el representante del Ministerio Público Fiscal, para que la encausada, Carolina Marafioti, repare integralmente el perjuicio ocasionado, mediante el pago de la suma de doscientos mil pesos ($200.000), importe que deberá integrar, dentro del término de cinco (5) días, destinado al Hospital Provincial Petrona V. de Cordero, sito en la localidad de San Fernando”.

La resolución del juez

IG