La Cámara Federal porteña confirmó este martes el sobreseimiento del exasesor de Mauricio Macri Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en una causa por amenazas iniciada por los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López del grupo Indalo y en la cual la fiscalía había reclamado procesamiento y prisión preventiva.

La decisión fue de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi con disidencia de Martin Irurzun y confirmó así el sobreseimiento que en esta causa dictó a Rodríguez Simón la jueza federal María Servini, según la resolución.

El fiscal federal Guillermo Marijuan había apelado esta decisión y reclamado el procesamiento por “amenazas coactiva” con prisión preventiva ante “riesgos procesales” debido a que Rodríguez Simón estuvo prófugo más de tres años en Uruguay hasta que logró ser eximido de prisión y volvió al país.

En esta causa se indagó al exasesor del expresidente Mauricio Macri por “haber amedrentado mediante amenazas” entre julio y agosto de 2019 “ a Carlos Fabián de Sosa y Cristóbal Manuel López, por intermedio de Ricardo Benedicto”.

A este último Rodríguez Simón dijo que, si los empresarios impulsaban una denuncia contra Macri por asociación ilícita conformada para presionar el grupo Indalo, también radicada en el juzgado de Servini, iban a sufrir “consecuencias negativas” en los negocios que “tenían quienes fueron socios de Cristóbal López en las empresas que explotaban el juego de azar”.

En su voto, el camarista Bruglia concluyó que en base a la prueba del caso “las manifestaciones efectuadas por Rodríguez Simón en la reunión mantenida con Ricardo Benedicto, no revisten entidad suficiente como para ser encuadradas en un ilícito penal” y que se trató de un hecho independiente de la otra causa en la que aún no se lo indagó.

Al momento de los hechos, Rodríguez Simón “no detentaba injerencia alguna en la adopción de medidas regulatorias respecto de las empresas dedicadas a la actividad de juegos de azar, toda vez que se desempeñaba como director de la firma YPF”, agrega la Cámara.

Esa circunstancia “no podía resultar desconocida para los destinatarios de la supuesta amenaza, en atención a la experiencia y participación que mantuvo el señor Cristóbal López, hasta años recientes, en el sector empresarial en cuestión, lo cual le permitía advertir la notoria imposibilidad de que Rodríguez Simón pudiera concretar lo anunciado”.

“En consecuencia, sus manifestaciones no pudieron razonablemente generar en ellos temor alguno, al carecer de toda posibilidad de concreción”, concluye el fallo.

“No puede sostenerse que los dichos vertidos por el imputado hayan tenido entidad suficiente como para atacar la libertad de determinación de los destinatarios de la frase atribuida”, sostiene por su parte el voto del juez Bertuzzi.

El tercer juez que intervino en la revisión del caso, Martín Irurzun, votó en disidencia por declarar nulo el sobreseimiento y ordenar a Servini el dictado de una nueva resolución.

Irurzun consideró que esta causa no puede analizarse de manera aislada del expediente principal por presiones al grupo Indalo, en el cual desde su vuelta al país Rodríguez Simón aun no fue indagado porque hay recursos pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Servini ordenó la captura internacional del exfuncionario del macrismo el 19 de mayo de 2021 luego de haberlo citado a indagatoria en estas investigaciones sin lograr que se presente porque Rodríguez Simón había viajado a Uruguay.7

Finalmente se pidió su extradición a ese país el 24 de mayo de 2021 en forma conjunta por ambas causas y “como parte de una hipótesis global”, remarcó Irurzun. El sobreseimiento había sido apelado por la fiscalía y por los abogados de la querella de DE Sousa Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

MM con información de la agencia NA.

El exfuncionario del macrismo Fabián “Pepin” Rodríguez Simón regresó este miércoles a Argentina procedente de Uruguay luego que la jueza federal María Servini levantó el pedido de captura en su contra y notificó al país vecino en la causa donde se investigan supuestas presiones a Fabián De Sousa y Cristóbal López, del grupo Indalo.

Rodríguez Simón llegó en ferry por la mañana, con su auto particular, procedente de Colonia, y deberá presentarse en las próximas horas en el juzgado para entregar su pasaporte, ya que tiene prohibición de salida del país, informaron fuentes judiciales.

El regreso fue tras culminar los trámites de la inscripción hipotecaria de una propiedad (del también exfuncionario José Torello) presentada como garantía de la fianza millonaria ($3.120.000.000) que se le fijó al exmiembro del Parlasur para la exención de prisión.

Además, deberá comparecer todos los meses del 1 al 5 e informar si se ausenta más de 24 horas del domicilio que declaró para vivir.

El próximo paso es la citación a declaración indagatoria en la citada causa penal que nunca se concretó porque Simón se fue a vivir a Uruguay y no regresó por temor a quedar detenido y por ello se lo declaró “rebelde” y se ordenó su captura internacional.

Este año la magistrada le concedió la eximición de prisión, algo que confirmó la Cámara Federal de Casación, pero las querellas y la fiscalía fueron en queja directa a la Corte Suprema, que todavía no se expidió al respecto.

Con información de agencias.

IG

La Cámara Federal ratificó a exención de prisión a favor de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor jurídico del ex presidente Mauricio Macri, previo depósito de una caución de más de tres mil millones de pesos.

La decisión fue adoptada por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, dos de los jueces que fueron trasladados a ese cargo por decreto del expresidente Macri.

El tercer integrante de la Cámara, Martín Irurzun, votó en disidencia.

Rodríguez Simón se encuentra prófugo en Uruguay desde 2021, cuando la jueza María Servini lo llamó a indagatoria en el marco de la causa conocida como “mesa judicial”.

Se trata de un grupo de asesores y allegados al ex presidente Macri acusados de diseñar una persecución política contra opositores, entre ellos los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López.

Rodríguez Simón pidió asilo en Uruguay, pero nunca lo obtuvo.

Bruglia y Bertuzzi justificaron la decisión de Rodríguez Simón de sustraerse a la acción de la Justicia argentina.

“No ha permanecido oculto y con paradero desconocido sino que se ha trasladado a la República Oriental del Uruguay -fijando allí domicilio- a los efectos de ejercer un derecho que entendió legítimo, cual fue el de solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado político”, sostuvo el fallo de mayoría.

“Si los justificativos que esgrime aquí para ampararse en el derecho de refugio fueron reales y si Rodríguez Simón es responsable de los hechos que se le imputan en esta causa, lo sabremos y tendrá la respuesta jurisdiccional que corresponda -con todas las instancias de garantía- en el ámbito de este proceso y mediante su debida sujeción al mismo”, coincidieron.

“Aunque el imputado hubiera tenido intención de presentarse en estas actuaciones al margen de mantener su solicitud de refugiado, ello resultaba imposible de concretarse sin perder la protección de dicho status, en tanto la legislación uruguaya establece el cese de esa condición en el supuesto que el sujeto requirente voluntariamente se establezca en el país que ha abandonado”, justificó el fallo.

CRM con información de la agencia NA

La jueza federal María Servini concedió hoy la exención de prisión que había pedido en la víspera Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor del expresidente Mauricio Macri, en la causa en la que está acusado por la “mesa judicial” contra ex funcionarios kirchneristas.

No obstante, la jueza le fijó una caución de 3.120 millones de pesos para garantizar su sujeción al proceso y le impuso una serie de medidas de conducta, entre ellas la prohibición de salida del país.

Rodríguez Simón está prófugo desde 2021, cuando viajó a Uruguay ante un llamado a indagatoria de la misma jueza que hoy le concedió la exención de ser detenido.

Cuando regrese a la Argentina, Rodríguez Simón deberá presentarse ante Servini, quien finalmente podrá tomarle indagatoria y definir su situación procesal.

Pero además, tendrá “la obligación de comparecer ante estos estrados dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes”, según condicionó la jueza.

En el mismo sentido, deberá “solicitar autorización al tribunal cada vez que pretenda ausentarse más de 24 horas de su domicilio y dar aviso en el plazo de 24 horas en caso de modificar aquel”.

“Estaré a la prohibición de salida del país oportunamente dispuesta, imponiéndole la entrega inmediata de su pasaporte”, amplió Servini.

Para viajar a Uruguay, Rodríguez Simón no necesita su pasaporte, pero la presentación de su DNI invariablemente hará saltar en los registros la prohibición de salida.

Rodríguez Simón está acusado de haber formado parte de la denominada “mesa judicial” que supuestamente funcionó durante el gobierno de Macri y tuvo entre sus objetivos a los empresarios del Grupo Indalo, especialmente Fabián De Sousa y Cristóbal López.

Ambos son querellantes en este expediente.

CRM con información de la agencia NA

La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó al expresidente Mauricio Macri; a su exasesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón; al exministro de Justicia Germán Garavano y otros exfuncionarios en la causa conocida como “mesa judicial” del macrismo, ante sospechas que armaron causas contra la oposición.

Se trata de un caso de “lawfare” denunciado por el kirchnerismo en cuanto al supuesto complot para el armado de causas judiciales entre el macrismo y un sector de la Justicia. Para la jueza Capuchetti, no existen pruebas que haya existido tal maniobra. 

Además de no dar por probada la denuncia, la jueza resaltó en el fallo que quienes supuestamente fueron presionados para direccional las investigaciones, esto es magistrados y fiscales, nunca denunciaron en su momento los hechos ni tampoco cuando declararon.

“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, según la jueza.

También valoró que no puede considerarse como presión los comentarios en la prensa sobre esos magistrados. “Tampoco podía incluirse como parte de esas supuestas presiones la actividad de la prensa. ”Los magistrados y miembros del sistema judicial estamos sujetos a un escrutinio público y, frecuentemente, nuestras decisiones son objeto de debate y discusión en los medios de comunicación. Esto es esencial para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema democrático. En definitiva, el escrutinio mediático no necesariamente puede constituir una presión inapropiada“, se advirtió. 

“Transitada una extensa investigación que insumió más de cuatro años y relevado el itinerario procesal que aquí nos ha traído, la tarea que se impone no es un nuevo repaso de toda la prueba producida, sino, en primer lugar, el someter el objeto procesal de estos actuados al tamiz de la tipicidad, a fin de determinar si existe una verdadera sospecha susceptible de encuadre delictivo”, según la jueza para la cual las conductas denunciadas “no constituyen delito alguno”.

“La inexistencia de tal asociación ilícita no surge solo de la prueba recolectada (que mal conduce a corroborar una coordinación jerárquica, una distribución de roles y un plan con acuerdo previo y común para cometer delitos indeterminados), sino también de las propias conductas denunciadas”, concluyó.

El fallo fue firmado poco antes del inicio de la feria judicial de enero y ya fue apelado por el fiscal Franco Picardi. En cuanto a “Pepin” Rodríguez está prófugo aún en el marco de otra denuncia que le hicieron en su contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la cual conocida como Oil Combustibles. 

Con información de agencias.

IG

Este lunes, el Parlasur tenía previsto tratar el pedido de expulsión del exasesor judicial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, parlamentario de Juntos por el Cambio (JxC). Sin embargo, no pudo hacerlo por falta de quórum. Para expulsarlo, se necesitaban 77 votos afirmativos, pero como la cantidad de parlamentarios presentes fue inferior a ese número, el cuerpo solo pudo votar proyectos de declaración.

De todos modos, parlamentarios argentinos del Mercosur firmaron una solicitud para que Rodríguez Simón se presente ante la Justicia federal. Es por la causa que investiga el armado de una mesa judicial que presionaba a empresarios, entre ellos a los del Grupo Indalo, además de la supuesta persecución a jueces y fiscales durante la gestión de Cambiemos.

“Entró por secretaría parlamentaria un proyecto donde la mayoría de las fuerzas políticas de Argentina, con excepción de un parlamentario, está exhortando al parlamentario Rodríguez Simón a que se presente a la justicia de su país”, dijo la presidenta del Parlamento del Mercosur la diputada Cecilia Britto del Frente de Todos (FdT).

Pese a que era uno de los temas del orden del día de la 86ta. sesión ordinaria, Britto explicó que el pedido de expulsión quedó nuevamente postergado por no haber suficientes legisladores para tratarlo. “Logramos que firmen una solicitud para que se presente en 10 días ante la Justicia”, agregó sobre la jornada de hoy al mediodía en Montevideo.

Entre las firmas, se encuentra la de la diputada María Luisa Storani de JxC, quien remarcó en su disertación que la Justicia “no es buena para unos y mala para otros” sino que “todos” deben someterse a ella. “Nosotros pedimos que Rodríguez Simón se presente en la Justicia argentina”, dijo Storani sobre el operador judicial macrista prófugo en Uruguay desde diciembre del 2020.

La también vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) aseguró que “no había número” de parlamentarios para tratar su expulsión. Para hacerlo, se necesitaban 77 votos afirmativos, pero solo había 58 parlamentarios presentes y, en consecuencia, no pudo definirse una resolución.

Por su parte, el diputado Gastón Harispe (FdT) pidió que la destitución de “Pepín” Rodríguez Simón “sea tenida en cuenta para las próximas sesiones”. “Sobre él pesa un pedido de destitución que espera a ser tratado cuando se cuente con quórum de mayoría agravada”, publicó Harispe en sus redes.

Además, la parlamentaria peronista Julia Perié pidió la expulsión del exasesor. “Este Parlasur tiene que tener cada vez más institucionalidad, más representatividad por eso considero que denigran al Parlasur personajes como 'Pepín' Rodríguez Simón que debería ser expulsado”, afirmó.

Rodríguez Simón tiene un pedido de extradición solicitado por la jueza María Servini, quien en 2021 ordenó su detención para indagarlo por hostigamiento. A fines de marzo de este año, la Corte Suprema uruguaya rechazó un recurso de casación para ser reconocido como refugiado en ese país, a fin de eludir el correspondiente proceso de extradición.

En julio del 2022, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal uruguayo había ratificado la decisión de la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, en el sentido contrario a la condición de refugiado. En ese marco, el abogado defensor de Rodríguez Simón, Jorge Díaz -exfiscal y exprocurador general de Uruguay-, presentó un recurso de Casación que fue rechazado por la Corte.

El segundo pedido de condición de refugiado fue presentado en diciembre del 2022 y denegado, pero falta que la justicia del país vecino se expida en forma definitiva y, eventualmente, ordene su deportación.

El exasesor judicial de la gestión Cambiemos es investigado por formar parte de una asociación ilícita que durante esos años, mediante “hostigamiento y ahogo financiero”, tenía el fin de perseguir a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, propietarios del Grupo Indalo que opera varios medios de comunicación.

Rodríguez Simon actualmente reside en Uruguay, con su pasaporte secuestrado por las autoridades del país y con la disposición de un “cierre de fronteras” para su salida, por lo que deberá someterse a la Justicia argentina por la vigente alerta roja de Interpol en su contra.

LC con información de agencia Télam

El Parlasur volverá a tratar este lunes, en el marco de una reunión ordinaria, el pedido de expulsión del cuerpo del ex asesor judicial macrista Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón, quien se mantiene prófugo de la justicia en la causa que investiga el armado de una mesa judicial que presionaba a empresarios -entre ellos a los del grupo Indalo- y por la persecución a jueces y fiscales durante la gestión de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio.

La expulsión de Rodríguez Simón será tratada bajo la presidencia temporaria del Parlasur a manos de la argentina Cecilia Britto (FdT), quien ocupará ese cargo hasta junio, en virtud de que el titular del cuerpo, el senador uruguayo Gustavo Penadés (del Partido Nacional) solicitó licencia mientras se lo investiga por una denuncia de abuso sexual.

Britto sostuvo en diálogo con Télam que se mantiene “la voluntad de impulsar y sostener el cese del mandato de Pepín Simón, y será el primer punto en la orden del día” de la sesión de hoy.

“Lo hacemos con la expectativa de que haya una consideración de lo grave que es esta situación, que termina siendo un escollo dentro de nuestro parlamento”, definió.

Britto contó que, no obstante, el exasesor macrista “insiste en pertenecer al bloque” y que, incluso, el mes pasado “hizo un pedido de credenciales”.

“Es como si siguiera apegándose a su condición de parlamentario pese a que tendría otras alternativas como pedir una licencia. De hecho, hasta podría continuar en el bloque si estuviera procesado porque hasta que la justicia no se expida, goza de sus derechos, pero esta condición de prófugo es totalmente diferente”, puntualizó.

La parlamentaria sintetizó con que “es una contradicción que por un lado Rodríguez Simón pida credenciales para representar a la Argentina y, por otro, no asista cuando lo convoca la justicia”.

“El próximo paso será el de pedir a la justicia uruguaya que se expida sobre la cuestión de fondo respecto de la condición de refugiado porque, si bien hasta el momento se pronunciaron en forma negativa, aún queda pendiente una resolución final por parte de la Corte”, indicó.

En este punto, anunció entonces que instarán a la justicia uruguaya a que “contribuya con la institucionalidad de un parlamento en la que nos tiene como socios a los países del Mercosur”.

Según contó Britto, a la reunión ordinaria de hoy asistirá una delegación de Venezuela en calidad de invitada para que se inicie formalmente “el camino del diálogo hacia lo que debe ser nuevamente la representación de ese país en el bloque”.

El parlamentario Gastón Harispe (FDT) también deseó “poder tratar y aprobar la suspensión de Rodríguez Simón, porque si bien en la comisión de marzo pasado se aprobó el despacho de mayoría, el pedido de Penadés de que el tema sea enviado a la mesa directiva complicó un poco”.

“Ya en esa oportunidad había cierto consenso, así que ahora volveremos a tratar el tema para darle una resolución definitiva”, añadió.

Por su parte, el parlamentario Julio René Sotelo (FdT) recordó que ya en la 85ta. sesión ordinaria del Parlasur, que se llevó a el 27 de marzo pasado y se transmitió en vivo por el canal de YouTube del cuerpo, integrantes de la delegación argentina habían solicitado la expulsión inmediata del operador judicial macrista.

El pedido se produjo en sintonía con la decisión de la Corte Suprema de Uruguay, que rechazó un recurso de casación para ser reconocido como refugiado en ese país a fin de eludir el correspondiente proceso de extradición.

En julio del año pasado, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal uruguayo había ratificado la decisión de la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, en el sentido contrario a la condición de refugiado.

En ese marco, el abogado defensor de Rodríguez Simón, Jorge Díaz, presentó un recurso de Casación que fue rechazado por la Corte.

El segundo pedido de condición de refugiado fue presentado en diciembre del 2022 y denegado, pero resta que la justicia se expida en forma definitiva y, eventualmente, ordene su deportación.

Con información de agencias.

IG

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró “inadmisible” un último planteo del abogado argentino Fabián “Pepín” Rodríguez Simón para que le sea concedido el estatus de “refugiado” y ordenó que se reanude de inmediato el proceso de extradición impulsado por la jueza María Servini.

El fallo de la Corte uruguaya establece que la jueza de primera instancia Adriana Chamsarián, quien ya había denegado el asilo político, debe reanudar el “juicio de extradición” para enviar a Rodríguez Simón a la Argentina.

Rodríguez Simón no regresará de inmediato a la Argentina, puesto que la decisión del tribunal uruguayo abre la instancia de tramitación que tiene instancias de apelación y aún podría demorar un largo tiempo la concesión de la extradición.

La Corte no cerró definitivamente la posibilidad de que Rodríguez Simón obtenga finalmente el carácter de refugiado, pues explicó que es en el juicio de extradición donde debe determinarse tal situación. Y rechazó el planteo de Rodríguez Simón porque no se trata de una “sentencia definitiva”, ya que “justamente, la confirmatoria de la Sala, por la cual se desestimó la solicitud de refugio, permite su continuación”.

“Se trata de una sentencia interlocutoria que hace referencia a una cuestión conexa e incidental que el juez debía resolver dentro del proceso de extradición”, dijeron los jueces uruguayos Elena Martínez,  Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez Brignani.

El fallo recuerda que “no está prevista ninguna vía judicial autónoma para plantear la solicitud de refugio”, pues se trata de una decisión administrativa que, no obstante, podría obturar la extradición en caso de ser concedida.

“Va de suyo que la solicitud de refugio es una cuestión diferente de la cuestión principal, pero que su resolución -en gran medida- influye en la extradición, dado que, en caso de acogerse el pedido de refugio, clausura el proceso principal de extradición”, explicaron los jueces.

“Dicha sentencia interlocutoria lejos está de poner fin a la acción penal o de hacer imposible su continuación, dado que, por el contrario, saneada tal cuestión, corresponde dar trámite a la solicitud de extradición promovida por el Estado Argentino”, concluyeron.

La cronología del caso

Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, permanece en suelo uruguayo desde el 8 de diciembre del 2020 y la jueza Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa por escrito. El 25 de mayo del 2021 la justicia uruguaya recibió el pedido de detención y extradición de Rodríguez Simón por parte de la justicia argentina, en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Juntos por el Cambio.

Al día siguiente, Rodríguez Simón se presentó ante la justicia uruguaya para ponerse a disposición y, sobre todo, para anunciar que había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un “refugiado político”, algo que le sería esquivo. Desde junio del 2021, “Pepín” Rodríguez Simón debió entregar sus pasaportes ante la justicia uruguaya que, además, dispuso el cierre de fronteras para evitar que el acusado por la justicia argentina se fuera a otro país cuando ya tenía emitida una alerta roja de Interpol. En agosto de ese año, la CORE realizó el informe en el que se señaló que no había elementos para considerar que Rodríguez Simón fuera un perseguido político, sino que, por el contrario, podía evidenciarse que en la Argentina gozó de todas las garantías del debido proceso.

Con ese informe en su poder, el 23 de diciembre del 2021 la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarian, rechazó el planteo de Rodríguez Simón que busca que se le otorgue refugio político. En junio del año siguiente, ese fallo de primera instancia sería confirmado por el tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno de Montevideo, que luego sería recurrida por la defensa de “Pepín”. “Al momento, se coincide con la primera instancia y la CORE (Comisión de Refugiados), que de los dichos del apelante y la prueba documental incorporada -que incluye múltiples consultas y reportajes de la llamada prensa independiente- no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse”, sostuvieron los jueces del tribunal de apelaciones que rechazaron el planteo.

Cuando la jueza Servini lo declaró en rebeldía, remarcó que Rodríguez Simón “dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021” y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria. La jueza detalló que el imputado tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida. En la causa se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge de la imputación que obra en la causa.

DA con información de agencias

El juicio político contra los jueces de la Corte Suprema ingresará este jueves en la etapa de medidas de prueba y citación de testigos. Hasta bien entrada la tarde del miércoles, los diputados de la comisión parlamentaria a cargo de la investigación por el supuesto mal desempeño de Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían recibido siete archivos con ampliaciones de los pedidos de jury admitidos en la comisión el jueves 9 de febrero y diversas medidas de prueba propuestas por particulares y tres diputados, de acuerdo a los documentos a los que accedió elDiarioAR.

La Corte, en paralelo, mantendrá este jueves, a partir de las 10, su segunda reunión de acuerdo del año, en la que los magistrados se reunirán para la firma de sentencias y organización de su agenda, confirmaron voceros del tribunal a este medio.

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) solicitará este jueves que la comisión investigue las líneas telefónicas oficiales, los cruces de llamadas y correos electrónicos de Silvio Robles, vocero de Rosatti y director de su vocalía en la Corte. 

Robles está en la mira del oficialismo debido a una serie de chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En dichas conversaciones, que el funcionario porteño (ahora de licencia) afirmó que estaban adulteradas o falseadas, el asesor de Rosatti aparece intercambiando y adelantando información sobre el fallo de la Corte sobre la coparticipación de impuestos a favor de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Para ello, de acuerdo al escrito adelantado a sus pares, someterá a votación en la comisión que se le envíe oficios al Consejo de la Magistratura para que desclasifique los correos electrónicos enviados y recibidos en la cuenta oficial del asesor y para que identifique las líneas telefónicas oficiales que le fueron asignadas para someter a peritaje el cruce de llamadas entrantes y salientes.

Tailhade también solicitará las líneas privadas de Robles entre 2016 y 2022. Además, pedirá que se remita un oficio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que informe los datos de la líneas oficial asignada al ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro; que se identifiquen sus líneas privadas; y que se libre oficio al juzgado federal de María Servini para requerir a la jueza “copia certificada de los informes sobre entrecruzamientos de llamadas telefónicas elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) en la causa nro. 16.850/2019 ‘Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”', en referencia al expediente iniciado por el empresario Fabian De Sousa, socio de Cristóbal López, contra el expresidente y en el que constan los registros telefónicos de Macri y funcionarios del área judicial de su gobierno. Se trata de la investigación por la que Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se encuentra prófugo en Uruguay. 

Una vez identificadas las líneas telefónicas, el diputado del Frente de Todos requerirá que Dajudeco -que depende de la Corte- identifique a su vez a los titulares de los abonados telefónicos que registran comunicación con las líneas informadas; los abonados telefónicos frecuentes; y los diez números con los que el asesor Robles (mano derecha del presidente del máximo tribunal) entabló comunicación antes y después de haberse comunicado con D´Alessandro. Lo mismo pedirá sobre las líneas del ministro porteño.

También solicitará que se investigue si existió intercambio de información o datos entre Robles y D’Alessandro a través de redes sociales o plataformas de chats.

Testigos

En la lista de testigos propuestos por Tailhade que se someterá a votación en la comisión se encuentran desde Elisa Carrió -principal denunciante de Lorenzetti y supuesta madrina de Rosatti para asumir en la Corte- hasta Robles, los exfuncionarios de Macri Rodríguez Simón y José María Torello; y los secretario de la Corte y todos los secretarios letrados de Rosatti.

Además, el diputado del Frente de Todos planteó citar a María Burdín, vocera de Lorenzetti; a la contadora, a empleados y ex empleados de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación; y a afiliados de la misma.

Lorenzetti y Rosenkrantz

Los diputados Paula Oliveto y Juan Manuel López (Coalición Cívica) también presentaron un documento este miércoles ante la presidenta de la comisión parlamentaria para incorporar a la investigación contra el juez Lorenzetti, contra quien solicitaron juicio político. Los archivos están vinculados a la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación durante las presidencias del juez de Rafaela, de acuerdo al documentos al que accedió elDiarioAR.

Los aliados de la opositora Elisa Carrió solicitarán que se investiguen resoluciones firmadas por Lorenzetti  y Héctor Daniel Marchi, administrador de la Corte, entre 2009 y 2018. Incluyen licitaciones, contrataciones y prórrogas, liquidaciones de horas horas, adquisición de sistema de seguridad por monitoreo, contratación de personal, de seguros y servicios.

Tailhade también solicitó que se solicite a la Corte y al Banco Ciudad copia certificada del contrato por el cual se acordó que los depósitos judiciales de diferentes fueros del Poder Judicial de la Nación deben efectuarse en dicho banco; como así también toda

modificación, anexos, adendas que se hayan podido haber efectuado respecto de ese contrato. Pidió citar a declarar como testigos a Marchi y al apoderado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación sobre Lorenzetti ha dividido al oficialismo, como adelantó elDiarioAR el domingo último, ya que el juez de Rafaela cuenta con aliados poderosos tanto en la oposición como en el kirchnerismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, incluso pidió no avanzar en contra del magistrado a los diputados de la comisión, según afirmaron fuentes parlamentarias a este medio. Hasta el momento, ninguno de los diputados de la comisión de juicio político ha solicitado que se presenten a declarar los gobernadores que acompañaron el pedido de jury del presidente Alberto Fernández contra los cuatro ministros de la Corte, otra sugerencia de Zamora, también de acuerdo a las mismas fuentes.

En el caso del juez Rosenkrantz, Tailhade propuso solicitar a documentación sobre el rol del magistrado en expediente vinculados a empresas que fueron clientes de su estudio jurídico antes de su asunción en la Corte, entre ellos, los referidos a la empresa Supercanal; AMX (Claro); Clínica Estrada; YPF; Supermercados DIA; Grupo América; Pan American Energy; y Piero.

ED

El presidente Alberto Fernández le contestó a través de una carta pública al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien le envió una misiva el pasado jueves “a fin de poner en su conocimiento la profunda preocupación que desde el punto de vista institucional han provocado sus expresiones en el programa A Dos Voces, emitido por la señal TN en la noche de ayer, acerca de la actuación del doctor Diego Luciani, Fiscal General”.

En la carta que tuvo acceso elDiarioAR, el Presidente señala que sus declaraciones sobre una “persecusión judicial y mediática” contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso”. Sin embargo, remata: “No obstante, es oportuno señalar que el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrán estar exentos de críticas y opiniones de una sociedad democrática”.

Fernández toma el ejemplo de Brasil, “donde el dirigente político Inácio Lula da Silva fue condenado y encarcelado injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones presidenciales”. Este caso lo lleva a mencionar que “tal como concluyó el Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue en verdad una persecusión judicial, mediática y política que tuvo como finalidad impedir que Lula fuera candidato a presidente y condujera los destinos del país por el voto popular.”

El proceso penal que había encarcelado a Lula fue declarado nulo, pero para ese entonces las elecciones ya habían ocurrido con uno de los principales candidatos en prisión y sin posibilidad de participar de la contienda electoral.

Alberto Fernández — Presidente de la Nación Argentina

El Presidente se defendió diciendo “me he expresado en el marco de la libertad de expresión garantizado en la Constitución Nacional y sin infringir los límites establecidos en el artículo 109”, resaltando que “resulta de suma importancia que las opiniones que alertan sobre los peligros que pueden acechar a las democracias sean formuladas a tiempo y en forma pública porque el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial”. “Incluido el Presidente de la Nación puede dar voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional”, añadió.

A las palabras del Procurador, quien dijo que las expresiones de Fernández representan “un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal”, el mandatario contestó: “Lejos de importar un 'menoscabo' a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso, mis declaraciones constituyen una expresión de lo que se observa en gran parte de la ciudadanía: que, a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos que a las normas vigentes”, en una clara referencia a los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, a quienes apuntó también el miércoles pasado en el programa A Dos Voces.

En esta línea, Fernández acusa al Procurador, quien “expresa su preocupación por una supuesta injerencia por parte del Presidente de la Nación en un proceso penal, pero no ha preocupado, ni visto injerencia alguna cuando el ex Presidente Mauricio Macri, estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la Casa Rosada y, mientras transcurría el juicio en el que este terminó condenado, publicó en su cuenta de Twitter que 'lo acompañamos y que confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía'.”

Alberto Fernández continúa su carta remarcando “un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal”, haciendo alusión al ex Presidente Macri, quien “directamente instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara un juicio político al juez Alejo Ramos Padilla”. Para Fernández, esto “tampoco llamó la atención del Sr. Procurador” Eduardo Casal.

Además, el mandatario le recordó a Casal que “fue convocado por el Congreso Nacional por su complacencia con un fiscal que le permitió mantenerse en rebeldía por casi nueve meses y que luego resultó procesado en varias instancias”, referenciando pero sin mencionar al fiscal Carlos Stornelli, imputado en la causa por presunta asociación ilícita y extorsión a cargo del juez federal interino de Dolores, Martín Bava. Sí menciona a “el rol que tuvo el prófugo ”Pepín“ Rodríguez Simón y otros ex funcionarios en la llamada 'Mesa Judicial'”.

Teniendo en cuenta esto, Fernández dice que “el celo que muestra en su carta el Sr. Procurador Adjunto respecto del cuidado de los procesos penales hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes”. Destaca “esta doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados y funcionarios de la Justicia Federal e incluso del Sr. Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos”.

El Presidente de la Nación concluyó su carta al Procurador General diciendo: “La democracia se nutre y se fortalece con las opiniones críticas, las que deben ser defendidas aún en fuerte disidencia. Nadie exige que se compartan esas opiniones, pero sí que puedan expresarse con libertad. Esta situación permitirá que no repitamos experiencias tan dolorosas como la que vivió el querido pueblo brasileño y que, en cambio, podamos vivir en libertad en el marco de una democracia fuerte y sana.”-

LC

En un mensaje de una hora y media emitido desde su despacho en el Senado de la Nación, la expresidenta realizó un racconto de la causa judicial que investiga la obra pública en Santa Cruz. Apuntó, entre otros, a los fiscales Luciani y Mola, al expresidente Mauricio Macri, a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y a Nicolás Caputo.

Las principales frases de Cristina:

LC

La Justicia uruguaya rechazó este miércoles el pedido realizado por el operador judicial del macrismo, Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón, para quedar bajo la figura de refugiado político y la defensa del acusado apeló la decisión judicial.

Así lo señaló en diálogo con Télam el diputado del Parlasur (Parlamento del Mercosur) Gastón Harispe (FdT-PJ) y lo confirmaron fuentes judiciales.

“Fue denegada la condición de refugiado político y apeló el abogado” de Rodríguez Simón, dijo a esta agencia el secretario General del Movimiento Octubres y parlamentario del bloque regional.

Según fuentes judiciales, por sentencia de fecha 23/12/2021, la jueza Letrada en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, resolvió no hacer lugar a la solicitud de refugio efectuada por Rodríguez Simón.

La sentencia fue recurrida por el interesado y el expediente se encuentra en el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno a efectos de su resolución, señalaron las mismas fuentes.

La jueza uruguaya el año pasado había solicitado la opinión de la Comisión de Refugiados (CORE) sobre el caso, y la CORE, en esa instancia, había rechazado su pedido.

En consonancia con ello, esa magistrada le denegó la condición de refugiado político al exasesor del gobierno de Mauricio Macri.

Rodríguez Simón, legislador del Parlasur, exasesor del presidente Mauricio Macri, está en Uruguay desde diciembre de 2020, país al que viajó mientras se lo investigaba en una causa judicial por presuntas presiones al Grupo Indalo.

En ese expediente se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”.

En mayo de 2021, la jueza María Servini declaró en rebeldía a Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional, además de disponer la inhibición general de sus bienes.

Hoy hay dos expedientes que involucran a Rodríguez Simón en el Uruguay: el trámite de extradición y la pieza que se formó posteriormente para tramitar la solicitud de refugiado (esta última fue declarada reservada por la magistrada actuante).

El trámite de extradición está en suspenso “hasta la resolución firme sobre la calidad de refugiado invocada, por así corresponder”, según lo resolvió la jueza Chamsarián en junio de 2021.

Con información de agencias.

IG

La diputada del Parlasur y vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) María Luisa Storani reiteró este jueves el pedido a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón para que se presente ante la justicia argentina, tras haber sido declarado en rebeldía por no presentarse a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo acusa por supuesta extorsión.

“Siempre le voy a pedir que se presente en la Justicia argentina”, dijo Storani en declaraciones a Radio 10, luego de que este miércoles la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur, reunida de manera virtual, votara un dictamen de mayoría que propone expulsar de ese cuerpo al parlamentario de Cambiemos, declarado en rebeldía por la justicia argentina.

Storani recordó que, a principios de este mes, Rodríguez Simón se presentó sorpresivamente en la sesión del Parlasur en Montevideo, momento en el que fue abucheado por la gran mayoría de los parlamentarios presentes.

“Yo pido la palabra. Soy vicepresidente de la UCR a nivel nacional, y le pido encarecidamente que se presente a la justicia Argentina”, contó sobre ese día y agregó: “Le hemos reclamado que pida licencia hasta tanto su situación se esclarezca y que no nos someta a todos nosotros a una situación tan irregular”.

La dirigente radical recordó además que “tenemos estado de derecho” en el país, “que nos ha costado mucho conseguirlo” y no hay excusa para estar fuera de la ley.

También, explicó que no tuvo oportunidad de hablar con el parlamentario macrista en forma privada ese día porque “se retiró de la sesión en ese momento”, luego de las palabras de la radical. “Fue sorpresivo que apareciera después de tanto tiempo”, remarcó.

Storani insistió en su pedido de esa sesión: “Siempre le voy a pedir que se presente en la Justicia argentina”, aseguró.

En tanto, consideró que la clase política “tiene que tener una conducta ejemplar, sino son caldo de cultivo para los Milei”, en referencia al economista liberal devenido en político, Javier Milei.

“Nadie tiene coronita”, dijo por último y sostuvo que “la cuestión es que se respeten las instituciones”.

El tema deberá ahora ser tratado por el plenario del parlamento regional donde, para poder materializarse, el dictamen de mayoría deberá reunir las dos terceras partes de los votos, según explicaron a Télam fuentes de ese órgano.

Con siete firmas de los diez parlamentarios presentes en la reunión de Comisión de ayer, el dictamen impulsado por el Frente de Todos se impuso sobre el dictamen en minoría -que obtuvo solo dos firmas- que proponía su permanencia en el cuerpo, mientras hubo una abstención.

Con información de agencias.

IG

La Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur, reunida de manera virtual, votó este miércoles un dictamen de mayoría que propone expulsar de ese cuerpo al parlamentario Fabián “Pepín” Rodríguez Simón (Cambiemos), quien fuera declarado en rebeldía por la justicia argentina tras no presentarse a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo acusa por supuesta extorsión.

El tema deberá ahora ser tratado por el plenario del parlamento regional donde, para poder materializarse, el dictamen de mayoría deberá reunir las dos terceras partes de los votos, según explicaron a Télam fuentes de ese órgano.

Con siete firmas de los diez parlamentarios presentes en la reunión de Comisión de hoy, el dictamen impulsado por el Frente de Todos se impuso sobre el dictamen en minoría -que obtuvo solo dos firmas- que proponía su permanencia en el cuerpo, mientras hubo una abstención.

El dictamen que finalmente resultó más votado sostiene que Rodríguez Simón debería perder su mandato como parlamentario del Mercosur porque incurrió en “graves actos de falta de decoro”, al haber sido declarado en rebeldía por parte de la jueza María Romilda Servini, quien lo convocó a indagatoria en la causa en la que se investigan la supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo.

El texto suscripto por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos repasa el camino elegido por Rodríguez Simón a la hora de no presentarse a prestar declaración indagatoria y remarca que el Parlasur “no es juez ni parte para meritar los hechos ilícitos que se le endilgan” a Pepín, pero “tiene el deber de velar por una conducta decorosa de sus miembros”.

“La conducta desplegada por el denunciado en cuanto revela un menosprecio por la Justicia de su país una vez que su partido político ya no detenta el poder público atenta contra los principios y valores básicos que deben caracterizar a la institución y al comportamiento de sus miembros”, se indicó en el dictamen.

En ese sentido, el dictamen señaló que “la conducta basada en los principios éticos y morales que respondan a los valores de transparencia, integridad y honestidad entre otros, hacen al respeto y la confianza que la sociedad deposita en sus Representantes y en la Institución de la cual forman parte”.

Pepín había sido llamado a indagatoria por la jueza Servini en mayo de 2021 y nunca se presentó, pese a haber sido notificado debidamente y haber avisado que se presentaría.

“El Sr. Rodríguez Simón sabía que debía presentarse en la causa donde se lo investigaba por la posible comisión de delitos de asociación ilícita, amenazas, extorsión y tráfico de influencias contra el Grupo Indalo y sus accionistas, sin embargo, decidió fugarse de la Justicia Argentina con el fin de entorpecer la investigación, hasta tanto la causa se encuentre prescripta o un Gobierno le garantice impunidad”, se sostuvo en el dictamen de mayoría.

Los parlamentarios del Mercosur que realizaron el informe que dio lugar al dictamen de mayoría señalaron que si bien Rodríguez Simón asegura estar siendo víctima de una persecución y que en la Argentina peligra su libertad ambulatoria, “a la fecha del presente informe no hay un solo funcionario u operador judicial del Gobierno anterior con prisión preventiva en la República Argentina, tampoco hasta el momento del llamado a indagatoria había indicios de su posible detención, puesto la orden de detención decretada por la Juez Servini de Cubría se produce ex post de la fuga del aquí denunciado”.

“Contrariamente a lo que manifiesta el denunciado, si hubiera existido la intención de detenerlo de manera arbitraria, primero se libraría la orden de detención y una vez encarcelado si se le tomaba declaración indagatoria. Circunstancia que no ocurrió en el presente caso en estudio”, remarcaron.

Asimismo, señalaron que “la persecución política no puede ser una condición subjetiva de quien se siente perseguido, sino que deben concurrir situaciones objetivas que hagan inminente el auxilio de un país a un ciudadano extranjero para salvaguardar la integridad física de este último” y manifestaron que “como por ejemplo durante un Golpe de Estado de los que lastimosamente, Latinoamérica fue víctima en reiteradas oportunidades, pero que no es la realidad actual de los países parte del Mercosur”.

El dictamen de mayoría propuesto por el Frente de Todos fue acompañado por las firmas de los argentinos Jorge Cejas, Julio Sotelo y Elena Corregido, las legisladoras paraguayas Edith Benítez (Asociación Nacional Republicana) y Blanca Mignarro (Partido Liberal Radical Auténtico) el brasileño Arlindo Chinaglia (Partido de los Trabajadores ) y el uruguayo Daniel Caggiani (Frente Amplio).

En el dictamen de minoría, en cambio, sostiene que Rodríguez Simón no debe ser expulsado del Parlasur porque no llevó a cabo ninguna conducta que denotara falta de decoro “al ejercer el derecho a solicitar la protección internacional que la Convención sobre el Estatuto del Refugiado (Ginebra, 1951) y restante normativa internacional e interamericana de Derechos Humanos, así como la ley uruguaya 18.076 le otorgan como a cualquier ciudadano del Mercosur”.

“El parlamentario Rodríguez Simón no se encuentra prófugo, sino que solicitó refugio en el Uruguay, lo informó a la Mesa Directiva del Parlamento del Mercosur señalando que al solicitar refugio no había invocado su carácter de parlamentario, sino que había solicitado la misma protección que cualquier perseguido político”, se indicó en el dictamen impulsado por el parladiputado Humberto Benedetto, del Frente Cívico de Córdoba y acompañado por el uruguayo Conrado Rodríguez (Partido Colorado).

El único parlamentario que se abstuvo de acompañar cualquiera de los dictámenes emitidos hoy en relación a la situación de “Pepín” fue el brasileño Celso Russomanno (Republicanos), según indicaron a Télam fuentes del parlamento regional.

Consultado por Télam, el diputado del Parlasur Oscar Laborde remarcó que “es interesante ver que la propuesta de separación (de Rodríguez Simón) es acompañada parlamentarios de los cuatro países y diferentes sectores políticos”.

Además explicó que “seguramente el 16 de mayo” el dictamen estará en condiciones de tratarse en el pleno, donde se necesitarán dos tercios (77 votos) para conseguir su separación, pero resaltó que “lo importante del día de hoy es la voluntad claramente mayoritaria de separarlo”.

Con información de Télam.

IG

El abogado y dirigente del PRO, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, actualmente prófugo de la Justicia argentina, se presentó en la primera sesión presencial del Parlamento del Mercosur en Montevideo, como representante por Juntos por el Cambio, y su participación generó malestar en medio de la sesión.

La parlamentaria María Luisa Storani, vicepresidenta del radicalismo, al tomar la palabra, remarcó que la Unión Cívica Radical, “que conforma la coalición con su partido político (Pro), solicitamos al señor parlamentario Fabián Rodríguez Simón que se presente ante la Justicia argentina”. Y agregó: “Nuestro país tiene Estado de derecho y él tiene la posibilidad de defenderse. Mientras no se lo suspenda aquí, él puede hablar, pero le pido encarecidamente, en nombre de la UCR, que se presente en la Justicia argentina”, al tiempo que señaló que su compañero de bancada debe “abstenerse de votar”.

A su turno, el dirigente Oscar Laborde, también integrante de la bancada argentina y vicepresidente del Parlasur, reclamó que no le dieran la palabra a Rodríguez Simón. “Es un fugitivo”, planteó. Sin embargo, el representante de Juntos por el Cambio intentó tomar la palabra, pero Laborde, exintendende Avellaneda y referente de la bancada que representa al Frente de Todos, reiteró que debía inhibirse. Entonces, el presidente del cuerpo deliberativo, Tomás Bittar, concedió la palabra a otro parlamentario y allí fue cuando Rodríguez Simón se retiró.

En el mismo sentido, en un discurso más extenso, la también representante del Frente de Todos y exsenadora por el Chaco, Elena Mercedes Corregido, hizo un relato de la situación:  “Nos acabamos de dar cuenta que está sentado en este recinto el señor Fabián Rodríguez Simón. En la República Argentina rige el principio de presunción de inocencia. El parlamentario Rodríguez Simón fue llamado a indagatoria en una causa penal, por un delito común, que consiste en amenaza y extorsión a los accionistas de la empresa Indalo. Causa en la que también está incluido el expresidente Mauricio Macri”, sostuvo.

Corregido también detalló que Rodríguez Simón “decidió no presentarse a indagatoria, que es un recurso para defenderse en la Argentina. Él podría haberse presentado, haberse defendido, y haber demostrado su inocencia de los delitos que allí se investigan. Pero decidió profugarse y pidió refugio en Uruguay. Y faltó a sus obligaciones como ciudadano argentino, que tiene la obligación de presentarse a la indagatoria y declarar”.

Entonces, la parlamentaria chaqueña contó que la jueza de la causa, María Servini de Cubría, “pidió entonces la alerta roja Interpol”. Y agregó: “Me indigna y me duele que Rodríguez Simón recurra a la figura del refugiado. Todos los que estamos acá tenemos compañeros que tuvieron que apelar al asilo de otros países durante las dictaduras militares. Que Rodríguez Simón apele a la condición de refugiado, por un delito común, por extorsión y amenazas, la verdad que es indignante y es inadmisible. Hace pocos días, el 24 de marzo, recordamos el Golpe de Estado del ’76, con 30 mil desaparecidos, aunque quieran negarlo, con miles de exiliados y cientos de niños apropiados. Que un miembro de este parlamento incumpla sus obligaciones y se profugue, da vergüenza ajena”, sentenció.

Además, volvió a apuntarle a Macri: “Es más, el expresidente, involucrado en la misma causa, se presentó en la Justicia y puede entrar y salir del país a jugar al bridge sin problemas. Yo pido que el parlamentario Rodríguez Simón, hasta que esta comisión de presupuesto y asuntos internos termine con el trámite que estamos haciendo para ver si permanece en el Parlasur, no pueda votar. No puede viciar el parlamento con su presencia y con sus acciones. No corresponde. No podemos consentir que un prófugo de la Justicia esté sentado aquí decidiendo sobre cuestiones vitales para los países de la región. Nos hace un daño enorme, nos quita credibilidad y nos van a faltar el respeto. No podemos permitir que un prófugo decida por todos nosotros, concluyó Corregido.

Aunque la Justicia uruguaya aún no se expidió sobre su extradición, para varios de los parlamentarios presentes en la sesión, la irrupción de Rodríguez Simón fue un desafío a la Justicia y a Interpol. 

El exasesor de Mauricio Macri es representante ante el Parlasur, donde ya intentó defenderse en una sesión remota el año pasado. En ese cuerpo, la comisión de Presupuesto y Asuntos Internos que preside el uruguayo Conrado Rodríguez discutió si deben perder el mandato aquellos miembros que tengan denuncias en proceso y hay un pedido expreso para que se excluya al argentino, aún sin definición. 

El pedido de desafuero contra “Pepín” es por “por su manifiesta inhabilidad moral y falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido” por no presentarse ante el Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado que él representa en el Parlamento del Mercosur. El proyecto ya tiene siete firmas mientras que otra iniciativa, basada en la defensa del parlamentario cuestionado, tiene dos, según informa El Cronista. La suspensión aún no se trató en el pleno.

La sesión del Parlasur

IG