El gasto en los servicios públicos para un hogar representativo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvo un salto al trepar un 10,6% en junio, de acuerdo a un reporte elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP a cargo de la UBA-Conicet.

El informe expuso que en junio un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, gasta $183.496 al mes en cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable, lo que implica un 10,6% más que en mayo, cuando se alcanzó un costo de $166.559 por el salto del 16,8% frente a abril.

Al argumentar la suba, el IIEP sostuvo que “lo explica tanto los incrementos en los cuadros tarifarios de todos los servicios públicos como un aumento en las cantidades consumidas de energía eléctrica y el consumo invernal de gas natural”.

Al detallar la realidad de cada servicio, precisó que en lo que respecta al agua “se incrementa el cuadro tarifario a la vez que el consumo se ajusta por cantidad de días del mes (junio tiene un día menos que mayo)”.

En cuanto al gas, especificó que “aumenta el cuadro tarifario (3,5% el cargo fijo y 2,5% el cargo variable) a la vez que se incrementan las cantidades consumidas por estacionalidad”, mientras que en el caso de la energía eléctrica, puntualizó que “crece el consumo respecto del mes anterior mientras se incrementaron los cuadros tarifarios, 3,3% el cargo fijo y 2,8% el cargo variable”.

Por el lado de los colectivos, el reporte indicó que “mientras el boleto de las líneas de la Ciudad aumenta con IPC+2% (esto arroja un 4,8% en junio) las líneas interjurisdiccionales a cargo de Nación se incrementaron 7%. Por esto, el costo promedio ponderado del boleto aumentó 5,8%”.

En la comparativa interanual, reflejó que el costo de la canasta total se incrementó 38% “en línea con el índice general de precios del período (la canasta aumentó 38% mientras el IPC incrementó 39%)”, indicando que “esto sugiere cierta convergencia entre el aumento de los servicios públicos en el AMBA y la inflación y es una tendencia ya observada en mayo”.

Al respecto, puntualizó que “es importante tener en cuenta que se trata del inicio del periodo invernal donde el efecto de las cantidades es significativo para explicar las variaciones en el valor de las facturas finales a los usuarios”.

En la desagregación interanual por servicio, el estudio manifestó que “se observa que el incremento interanual más importante fue en la factura de transporte con un aumento del 63% respecto a junio de 2024 y en agua con el 39%”. En tanto que la electricidad y el gas experimentan variaciones menores, del 24% cada uno.

En este marco, señaló que “el gasto en transporte aportó 19 puntos porcentuales, de los 38 totales del incremento interanual mientras que el gasto en energía eléctrica, agua y gas aportaron 6 puntos porcentuales cada uno”.

Por otro lado, aportó que “en los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 54% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 46% restante”, aunque aclaró que “esta cobertura es dispar entre segmentos de hogares y entre servicios”.

Al medir el comportamiento de las tarifas desde la asunción del presidente Javier Milei hasta la actualidad, el IIEP reveló que “desde diciembre de 2023 hasta el mes de junio de 2025 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 561% mientras que el nivel general de precios lo hizo en 150%”.

En dicho lapso, el incremento más fuerte se da en el gas natural que escaló 1482%, seguido por el transporte que trepó 729%. En tanto que por detrás, aparecen el agua con un alza de 343% y la energía eléctrica con un ajuste del 316%.

El informe también evaluó el peso de las tarifas en los sueldos puntualizando que “la canasta de servicios públicos del AMBA de junio representa el 12,7% del salario promedio registrado estimado del mes ($1.445.000)”.

En este sentido, afirmó que “el peso del transporte representa el 36% del gasto y es algo más elevado respecto de los restantes servicios explicado, mayormente, por los factores estacionales que afectan a estos últimos”.

MP con información de NA

El gobierno de Javier Milei definirá un nuevo esquema de subsidios para las tarifas de electricidad y gas natural para antes de fin de año, luego de haber cerrado el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La idea de reducir los subsidios, principalmente para la clase media, es acelerar el recorte del gasto público y avanzar en la desregulación del sistema energético. La intención es reemplazar la actual segmentación por ingresos en tres niveles por una única asistencia, que sea destinada exclusivamente a hogares vulnerables.

El nuevo sistema excluirá alrededor de 3 millones de usuarios de clase media en la tarifa de luz. Estos mismos son los que empezarán a pagar más cara el precio de la luz.

El proceso de modificación del régimen será gradual. La Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, aplicó una reducción progresiva en los descuentos que reciben los usuarios residenciales sobre el precio de la energía en sus facturas.

Según el esquema vigente, los usuarios están agrupados en tres niveles: Nivel (ingresos altos), Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (ingresos medios).

Hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios de electricidad con tarifa subsidiada (6,3 millones en el Nivel 2 y 3,2 millones en el Nivel 3), sobre un total de 16,2 millones. En el caso del gas, 5,3 millones de los 9,5 millones de usuarios residenciales recibían subvenciones (3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3), según datos del Registro de Acceso a los Subsisidios a la Energía (RASE).

Tettamanti estará a cargo del nuevo esquema. Según proyecciones del FMI, el gasto en subsidios energéticos pasará del 1,1% del PBI (en 2024) al 0,5% (en el 2025).

Desde la asunción de la administración libertaria, en diciembre del 2023, las tarifas de electricidad aumentaron un 264% y un 622% las de gas, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet.

Otra de las metas impuestas en el acuerdo con el FMI es avanzar en la reforma del mercado mayorista de electricidad para noviembre de este año, con el objetivo de mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos del sector energético.

En ese sentido, La Secretaría de Energía dictó la Resolución 21/2025, que habilita a las empresas energéticas a celebrar contratos sin la intermediación de la compañía CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), con la intención de recuperar un esquema de libre contratación.

MP con información de NA

La marcha verde hacia la neutralidad energética no será un camino de rosas. Ya lo advirtió desde el inicio de los problemas de suministro que provocó Vladimir Putin desde otoño de 2021, el experimentado estratega jefe de materias primas de Goldamn Sachs, Jeff Currie: a las tensiones geopolíticas del Kremlin se sumó “la revancha de la Vieja Economía”. Se trata del poder de influencia del “sistema de producción fósil”, que ha dominado todos y cada uno de los ciclos de negocios desde comienzos del Siglo XX y que es capaz de poner en liza “episodios de shocks exógenos” para alterar el valor de mercado del gas y del petróleo y cambiar el paso de los bancos centrales.

Los negros augurios de Currie se confirmaron. El espectro de la inflación resurgió como nunca en los últimos cuatro decenios, desde la crisis petrolífera de los setenta que encumbró a la OPEP como cártel con suficiente capacidad para dictaminar el curso de la economía global.

Su presagio constata que la hoja de ruta hacia modelos productivos sostenibles y de emisiones netas cero no solo debe superar barreras inversoras, tecnológicas, empresariales o políticas de primer orden, sino también la férrea dictadura que ejerce la industria fósil que denuncia Currie.

Shell y Chevron, dos de las históricas seis supermajors -junto a ExxonMobil, TotalEnergies, BP y ConocoPhillips- de capitales privados, no tienen reparos en alardear de sus negocios de gas. Para sus directivos, este combustible no solo llegó al ciclo post-Covid para quedarse, sino que su prevalencia está pensada para dominar la transición energética. Y, de paso, para engordar sus cuentas de resultados.

Al igual que sus rivales, las firmas estatales de los petroestados o economías que superan los 1.000 dólares per cápita de ingresos vinculados al oro negro o el gas, tanto del Golfo Pérsico (Aramco es la mayor del mundo) como de Noruega (Equinor, que acaba de reanudar sus prospecciones en el Ártico) también revelan beneficios récords.

Las dos multinacionales americanas aceleraron sus inversiones en gas. En un instante clave en el devenir de la transición energética, en la que el más limpio de los combustibles fósiles se había convertido en el comodín que debía garantizar el salto hacia las energías renovables, pese a las advertencias ecologistas sobre su alto efecto contaminante.

De repente, los cálculos sobre su inminente techo de demanda se extinguieron. Ben Cahill, del Center for Strategic and International Studies (CSIS) un think-tank de Washington, afirma que las empresas vendedoras de gas LNG “ven un mercado candente en el que confiar, porque la demanda de este carburante podría perdurar décadas”.

Es decir, que las gasistas, entre las que se encuentran las supermajors, “aprecian un futuro verde con surtidores de gas estancos que dominarán el tránsito a las emisiones netas cero y que este recorrido será más prolongado de lo que recomiendan los científicos”.

Apuesta americana, europea y china por el gas

A Cahill y a Currie no les falta razón. Las tres superpotencias económicas apuestan por la variante licuada del gas. China está forjando planes energéticos con contratos de futuros que alcanzan el ecuador del siglo, como el que le une, durante 27 años, con Qatar y que contiene salvaguardas de abastecimiento. Mientras, Alemania suscriben pactos en EEUU hasta 2046 y otros miembros del club europeo negocian garantías similares con los emiratos del Golfo de hasta 20 años.

Entretanto, EEUU acelera la construcción de nuevas plantas de gas para preservar su liderazgo futuro como exportador neto. A razón de “60.000 millones de metros cúbicos de gas de nueva producción” desde la invasión de Ucrania, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), con clientes sumamente fieles en Europa, Japón, Australia o Corea del Sur.

Dentro de un contexto en el que la UE trata de reemplazar el flujo energético de Rusia a largo plazo y los mercados emergentes buscan fórmulas que eviten interrupciones de abastecimiento. De igual modo, el gas “encuentra sentido entre los inversores”, afirma Saul Kavonic, de Credit Suisse AG en Sídney, por su “beneficiosa cotización” de los últimos ejercicios; antes y después del boom de las carteras bajo criterios ambientales, sociales y de buen gobierno o ESG.

Shell encontró en el gas su negocio más fructífero. De ahí que haya decidido elevar sus líneas de capital en un 25%, hasta los 5.000 millones de dólares, y mantener este nivel inversor hasta 2025. Incluso rebajando los márgenes sobre sus fuentes renovables, admitió en enero su CEO, Wael Sawan. “El gas licuado jugará un papel esencial en el sistema energético futuro de la firma; mucho más que en la actualidad”, señaló antes de justificar esta medida en que su transporte “es sencillo, incluso a lugares recónditos” y en que, “de media, emite casi un 50% menos de CO₂ que el carbón [otro combustible fósil] que se emplea para producir electricidad”.

Esta petrolera se unió el año pasado a ExxonMobil y ConocoPhillips en una joint-venture a través de la cual comprometieron 30.000 millones de dólares a la expansión industrial del gas catarí, el mayor desembolso de capital del sector en plantas productivas. Mientras, TotalEnergy acelera la construcción de terminales de gas en puertos estadounidenses y negocia tareas de exploración en Arabia Saudí y BP sigue la estela inversora en gas. Exxon y Chevron refuerzan sus plantillas de trading en Londres y Singapur, los dos hubs financieros del negocio gasístico global.

Tampoco se debe olvidar que la séptima supermajor, Eni, la italiana Ente Nazionale Indrocarburi, acaba de adquirir por 4.400 millones de dólares la firma francesa de exploración de gas Neptune Energy Group. Demasiadas fichas al negro en una ruleta, la de la descarbonización que, según la AIE, no alcanzará las emisiones netas cero en 2050 sin un “dramático retroceso de los actuales niveles de demanda de gas”. En 2021 -recuerda Bloomberg-, esta institución precisó que el reto climático “no se cumplirá si se ponen en marcha nuevas instalaciones de petróleo, de gas y de carbón”.

“Nos encaminamos hacia el desastre con los ojos abiertos”, alertó hace unas fechas el secretario general de la ONU, António Gutèrres, en alusión a la falta de compromiso de petroleras y bancos para “poner fin a la financiación y a las inversiones” en labores de sondeos y prospecciones de combustibles fósiles; en especial, del gas, uno de cuyos componentes, el metano, emite 80 veces más calor que el CO₂ en sus primeras dos décadas en la atmósfera, avisa el estudio de la National Academy of Sciences.

Los pingües beneficios de las petroleras

Estas alertas científicas y multilaterales no parecen hacer mella en las supermajors. ExxonMobil declaró 59.100 millones de dólares de beneficios en 2022, un ejercicio en el que Shell registró 39.900 millones; Chevron, 36.500 millones, TotalEnergies, 36.200 millones, BP, otros 27.700 millones, ConocoPhillips, más de 18.700 millones y ENI 16.600 millones de ganancias. Mención aparte merece la saudí Aramco, la mayor del mundo, que pulverizó su récord de beneficios netos, hasta elevarlos a los 161.000 millones de dólares -cifra similar al PIB de Kuwait-, mientras que la noruega Equinor los duplicó: 26.772 millones.

Con el gas a pleno rendimiento, el calentamiento achacable a la industria energética sigue en fase ascendente. Así lo atestigua otro informe, del Energy Institute, que establece en el 82% el consumo de energía mundial emplea combustibles fósiles.

“A pesar del fuerte crecimiento de las fuentes solares y eólicas, las emisiones del sector crecen sin remedio”, explica Juliet Davenport, presidenta de este centro de investigación de ingenieros y otros profesionales de la energía con sede en Londres. A su juicio, “vamos en dirección opuesta a los requerimientos de París”. La radiografía, compartida con KPMG y la consultora Kearney, se hace eco de que las renovables, excluidas las fuentes hídricas, acapararon el 7,5% de la demanda global el pasado año, apenas un 1,1% de incremento respecto a 2021 y lejos del 5,5% del registro anual precedente, pese al repunte del 25% de producción solar y del 13,5% de la eólica.

Ante esta compleja tesitura, la esperanza surge de la reactivación de las inversiones ESG y de la evolución que tomen las empresas de supresión del carbono, las llamadas CDR o Carbon Dioxide Removal, desde cuyas cúpulas ejecutivas se reclama a las autoridades regulaciones exigentes y precisas y que, en los últimos tiempos, empiezan a recibir esfuerzos inversores significativos. Un buen botón de muestra son los 200 millones de dólares destinados a tecnologías de eliminación de CO2 de JP Morgan Chase. O el anuncio de Richard Manley, responsable de Sostenibilidad del fondo de pensiones canadiense CPP Investments, de invertir parte de esta cifra destinada a los retiros privados de sus conciudadanos a firmas CDR. En el orden político, destacan los 3.500 millones de dólares del Regional Direct Air Capture Hubs de la Casa Blanca destinados a la investigación en innovaciones tecnológicas para esta incipiente industria.  

IJD

A diferencia de enero, que llega con ajustes por la temporada de verano, y de marzo, momento en el que se relanza el año escolar y laboral, febrero no es un mes de alta estacionalidad inflacionaria. Sin embargo, viene acompañado con importantes aumentos, focalizados sobre todo en los servicios. En febrero habrá un nuevo ajuste de tarifas y también subas en las cuotas de prepagas y telecomunicaciones, entre otras.   

1. Gas y electricidad

En el primer mes del año se realizaron audiencias públicas con el fin de definir las subas tarifarias para los servicios de transporte y distribución, que son parte del precio final de las boletas de gas y luz. Los aumentos definidos serán aplicados a partir de febrero, pero todavía no fue comunicado oficialmente el porcentaje. De todos modos, los usuarios recibirán el impacto concreto cuando lleguen las facturas de febrero, a partir del mes siguiente. 

2. Medicina privada 

A partir de febrero comenzará a regir la nueva metodología de ajuste de prepagas definida por el Gobierno a fines de 2022, año en que este servicio escaló por encima de la inflación y superó el 100%. La nueva fórmula de aumento para las cuotas toma como referencia la variación salarial (la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino, conocido como Ripte). 

Por un plazo de 18 meses el incremento de las cuotas no podrá ser mayor al 90% del índice Ripte del mes anterior. Pero esto se aplicará solo a los clientes que tengan ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, vitales y móviles ($406.458 en febrero). Para los titulares que superen ese tope, en cambio, las prepagas aplicarán incrementos mensuales que se regirán de acuerdo al Índice de Costos de Salud, de 8,21% para febrero.

3. Telefonía, cable e internet 

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó incrementos de hasta 9,8% en febrero y 7,8% en abril para los servicios de telecomunicaciones. Desde 2020, año en que se definió a las telecomunicaciones como un servicio esencial, el Gobierno debe controlar y autorizar las subas en este sector, algo que en los hechos sucede en pocos casos. Las grandes compañías proveedoras del servicio judicializaron la decisión oficial y están protegidas por medidas cautelares que les permiten continuar disponiendo de sus propias tarifas y aplicar aumentos por encima de los definidos por el ente regulador. 

4. Combustibles

El Ministerio de Economía acordó a fines de 2022 con las empresas petroleras un esquema de subas para la nafta y el gasoil según el cual tendrán un incremento de 4% en febrero, aunque no se confirmó todavía qué día. Para marzo hay otra suba prevista, que es del 3,8% en un intento por mostrar un sendero de desaceleración de la inflación. 

5. Alquileres

Quienes deban renovar sus contratos de alquiler en febrero y estén regidos por la ley vigente tendrán subas en torno al 86%. Ese porcentaje surge del índice de actualización establecido por la Ley de Alquileres vigente, que contempla en partes iguales las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de los salarios (Ripte). De esta manera, un alquiler de $70.000 pasaría a $130.200. 

Además de estos cinco aumentos, a partir de marzo se sumarán otros ya previstos, también en servicios: transporte público, agua y colegios privados, entre otros. En esta línea, un informe de la consultora Focus Market asegura que una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) que a septiembre de 2022 gastaba $179.000 necesitará casi $320.700 en marzo –un 79% más– por mes solo para pagar los servicios. 

El informe toma gastos promedio a septiembre de 2022 y contempla los aumentos derivados de la quita de los subsidios a las tarifas y también las subas en internet, cable y telefonía. Además, suma el alquiler, los gastos en combustible de automóvil particular, seguro de auto, transporte público y uso esporádico de un traslado en taxi. Por otra parte, asume que los dos menores asisten a un colegio privado, con una cuota mensual que pasaría de $20.000 a $55.000, incluyendo a los dos.

De acuerdo con el ejercicio teórico, esta familia testigo que pagaba por su canasta de servicios $178.928 en septiembre 2022 (fecha en que comenzó el sendero hacia la normalización del precios de los servicios públicos) deberá desembolsar en marzo $320.683 por exactamente lo mismo. Es decir, tendrá un incremento de un 79,2% de su canasta de servicios en solo un semestre.                                                                                                                                                                                                 

“Es importante considerar que hay servicios que aún no aumentaron en relación al nivel de la inflación acumulada en los últimos años o quedaron retrasados frente a los porcentajes de aumento determinados a principios de 2022, cuando se proyectaba una inflación anual de 33%, que terminó siendo casi tres veces superior”, apunta Damián Di Pace, director de Focus Market. “Esto dejará precios de servicios retrasados frente a la inflación pasada y futura por lo cual a lo largo de 2023 se proyectan más aumentos que lo estimado en el informe”, advierte.  

Si a los servicios se sumara la canasta básica de alimentos, los gastos mensuales de esta familia tipo se elevarían a $402.983 en marzo. El informe considera una inflación en alimentos moderada del 4% para los próximos meses, lo que llevaría la canasta a $82.300 en marzo. Si tomamos en cuenta que el salario mínimo vital y móvil a marzo de 2023 que será de $69.500, está familia requerirá 5,8 salarios para cubrir su costo de vida. 

DT

“La Unión Europea (UE) se ha preparado para este escenario”. Es la primera reacción de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras el corte de gas ruso a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos en el contexto de la invasión rusa de Ucrania y las sanciones aplicadas por la UE. La de las autoridades polacas y búlgaras es la posición generalizada en Europa, salvo algún país, como la Hungría de Viktor Orban, el mayor aliado del presidente ruso, Vladímir Putin, entre los 27.

“El anuncio de Gazprom es otro intento ruso de chantajearnos con el gas”, ha dicho Von der Leyen: “Estamos preparados para este escenario. Estamos trazando nuestra respuesta coordinada de la UE. Los europeos pueden confiar en que estamos unidos y en solidaridad con los Estados miembros afectados”.

En efecto, el gigante ruso Gazprom ha anunciado a primera hora de este miércoles que procedía a cortar el gas a Polonia y Bulgaria, ambos países hoy miembros de la UE y de la OTAN, pero antes repúblicas populares de la órbita de la URSS y ex integrantes del Pacto de Varsovia. En el caso del polaco, es uno de los gobiernos más duros en su posición con Rusia.

“Hemos estado trabajando para garantizar entregas alternativas y los mejores niveles de almacenamiento posibles en toda la UE”, ha dicho Von der Leyen: “Los Estados miembros han puesto en marcha planes de contingencia para tal escenario y trabajamos con ellos en coordinación y solidaridad. En este momento se está llevando a cabo una reunión del grupo de coordinación de gas. Estamos trazando nuestra respuesta coordinada de la UE”.

Y ha añadido: “Continuaremos trabajando con socios internacionales para asegurar flujos alternativos. Y seguiré trabajando con los líderes europeos y mundiales para garantizar la seguridad del suministro energético en Europa”.

AGB