Organizaciones docentes, diversos gremios y jubilados se movilizarán a lo largo de la semana en todo el país en rechazo al Gobierno Nacional. Además, diferentes agrupaciones llevarán a cabo la marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Este lunes comienza una gran movilización y paro internacional convocado por el colectivo Ni Una Menos para visibilizar la violencia de género y la brecha salarial, en el marco del Día de la Mujer. Se concentrarán a las 16.30 en Congreso y marcharán hacia Plaza de Mayo.

A partir del martes, gremios docentes realizarán movilizaciones en Bahía Blanca, convocadas por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Multicolor, para reclamar recomposición salarial y exigir la apertura del debate por las paritarias.

Otros gremios que agrupan a empleados estatales continuarán con medidas de fuerza y asambleas sectoriales en rechazo a las políticas salariales y a la Ley de Modernización Laboral impulsada por la gestión del presidente Javier Milei.

El miércoles se espera la habitual marcha de jubilados en defensa de sus derechos, donde exigirán nuevamente el aumento de haberes y rechazarán la reforma previsional que propone el oficialismo.

Los trabajadores ferroviarios nucleados en La Fraternidad realizarán este jueves 5 de febrero un paro nacional de 24 horas, en reclamo de una recomposición urgente del salario real, que según denunciaron, se deterioró un 56% desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei como presidente de la Nación. La medida fue ratificada por la conducción del gremio y afectará todos los servicios de pasajeros del país, tanto urbanos como de mediana y larga distancia, con unas pocas excepciones.

“Desde el 10 de diciembre hasta ahora perdimos un 56% de nuestro salario real, y en lo que va de 2025, otro 18%”, advirtió Omar Maturano, secretario general del gremio. En una entrevista con AM 650, el dirigente explicó que la última oferta paritaria presentada por las empresas del sector contempla apenas un 2% de aumento en diciembre y un 1% mensual para enero, febrero y marzo. “Es una suma miserable, que no se compara con ninguna de las inflaciones recientes”, afirmó.

La medida de fuerza es desde las 0 del jueves 5 y se extenderá hasta la medianoche, afectando las siguientes líneas: Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Tren de la Costa. También se verán interrumpidos los servicios metropolitanos y regionales en el interior del país.

Según confirmaron desde el sindicato, los únicos servicios que seguirán funcionando son los trenes de carga operados por las empresas privadas Nuevo Central Argentino (NCA), Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano, con las que La Fraternidad ya cerró una paritaria independiente.

En cuanto a los trenes de larga distancia, el gremio informó que los servicios a Mar del Plata y Junín no se verán interrumpidos, ya que las empresas mantuvieron la venta anticipada de pasajes para este fin de semana. Por el contrario, los trenes a Córdoba y Santiago del Estero fueron anulados por las propias empresas desde septiembre, por lo que no se verán afectados por la medida de fuerza.

El reclamo de La Fraternidad se inscribe en un contexto generalizado de retroceso salarial, en el que los ingresos formales no logran recuperar su poder adquisitivo frente a la inflación. Según datos del Indec, los salarios registrados del sector privado crecieron 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que el índice de precios acumuló un 27,9%. Esto implicó una pérdida real de más de 2 puntos porcentuales, incluso en los segmentos con mayor cobertura sindical.

“Nos ofrecieron una suba que ni siquiera compensa la inflación de diciembre, mucho menos la de enero o la que se espera para febrero. Queremos recuperar lo que perdimos y mantener una discusión paritaria real, no un ajuste por goteo que se desactualiza al mes siguiente”, explicó Maturano.

Además del deterioro salarial, el gremio expresó preocupación por el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que contempla modificaciones en los regímenes de indemnización, contratación y jornada laboral. La Fraternidad, al igual que otros sindicatos del transporte y de la industria, alertó sobre los efectos regresivos del proyecto sobre los derechos colectivos y la estabilidad del empleo ferroviario.

“Nos quieren llevar a una flexibilización general. La única forma de frenar esto es organizándonos y haciendo oír nuestros reclamos. No vamos a aceptar condiciones impuestas sin discutir con los trabajadores”, señaló el dirigente.

Pese a que se convocó una nueva reunión con autoridades del Gobierno para este miércoles, La Fraternidad aclaró que el paro no se suspende, y que solo una oferta superadora podría modificar esa decisión. “La oferta es la misma que el viernes. Si no traen algo más, no la vamos a aceptar”, anticipó Maturano en la entrevista radial.

Hasta ahora, el Estado no planteó una propuesta diferente a la ya rechazada, y las empresas tampoco han dado señales de mejorar los tramos ofrecidos. Mientras tanto, los ferroviarios enfrentan su segundo mes sin recomposición, en un escenario marcado por aumentos de tarifas, alimentos y transporte.

JJD

La construcción creció en promedio durante el año pasado, pero no todo lo que brilla es oro. Según el último informe del Indec, correspondiente a noviembre de 2025, la actividad de la construcción cayó 4,7% interanual, y 4,1% respecto a octubre en la serie desestacionalizada. Sin embargo, pese al alza acumulada del 6,6% en 2025, la desaceleración de los últimos meses pone en jaque al eslabón más vulnerable del sector: el empleo. En octubre, último dato disponible, había 392.130 puestos registrados en la construcción privada, apenas un 3,5% más que un año antes. Esa suba no alcanza a revertir la caída sostenida de 2024, el primer año de gobierno de Javier Milei, cuando el empleo formal en el sector tocó mínimos históricos.

El empleo registrado sigue lejos del nivel prepandemia y de los picos alcanzados en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, o 2011, durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, los trabajadores enfrentan condiciones cada vez más inestables, con obra pública paralizada y crecimiento moderado de la privada, según las encuestas cualitativas.

El panorama para el verano 2026 no es alentador. El 68,5% de las empresas privadas consultadas por el Indec prevé que la actividad se mantendrá estancada; solo el 13% cree que crecerá. En el caso de la obra pública, las perspectivas mejoran levemente, aunque el 24% de las firmas estima una caída en el próximo trimestre.

Las causas que señalan las constructoras son la caída general de la actividad económica (28,3%) y los altos costos del sector (21,7%), seguidos por la falta de crédito y atrasos en la cadena de pagos, especialmente en el caso de contratistas estatales.

En cuanto a la evolución del empleo para los próximos tres meses, el 70,7% de las empresas privadas prevé no hacer cambios, mientras que uno de cada cinco planea reducir personal. El 58,9% de las firmas públicas cree que mantendrá su plantel, aunque el 24,2% ya anticipa recortes.

Las obras de vivienda privada, los edificios industriales y los montajes industriales concentran buena parte de la actividad futura en el segmento privado. En el caso de la obra pública, el motor siguen siendo las obras viales, de pavimentación y de infraestructura básica (agua, cloacas, transporte).

A pesar de las dificultades, la construcción cerró octubre con una suba interanual del 4,1% en los permisos de edificación, lo que puede anticipar actividad futura. Se autorizó la construcción de 1,6 millones de m² en octubre, el nivel más alto del año.

Sin embargo, el consumo de insumos muestra una fuerte dispersión: subieron 33,2% los artículos sanitarios y 19,7% el hormigón elaborado, pero cayeron hasta 19,3% los ladrillos y 17,8% el yeso. Estos contrastes reflejan un mercado segmentado, con proyectos de alta gama que siguen en marcha y obras más accesibles paralizadas. La tendencia general no es de derrumbe, pero sí de ralentización con efectos directos sobre el trabajo. El empleo, la informalidad y la estabilidad de los ingresos se instalan, otra vez, en el centro de la escena.

JJD

La Plaza de Mayo fue más fuerte que el calendario parlamentario. Aunque el gobierno de Javier Milei había anunciado que su reforma laboral sería debatida y votada antes de fin de año, el Senado la postergó hasta febrero, luego de una jornada donde la presión sindical y las tensiones internas en el Congreso marcaron el pulso político.

El dictamen de comisiones se firmó el miércoles por la tarde, pero el tratamiento en el recinto se reprogramó para una próxima convocatoria a sesiones extraordinarias, a partir del 10 de febrero. La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, lo comunicó personalmente, tras un plenario que estuvo al borde del colapso político y que solo pudo destrabarse con gestos hacia la oposición dialoguista.

“Hubiese sido un desastre”, reconoció un senador radical. Las negociaciones estuvieron frenadas buena parte del día, y la decisión de demorar el debate —inédita para un oficialismo que hace bandera de la velocidad legislativa— fue el resultado de una relación de fuerzas que excede al recinto.

La CGT en la calle: advertencia y plan de lucha

A esa misma hora, en el centro de Buenos Aires, la CGT protagonizaba su primera gran marcha contra el Gobierno, con todo el Consejo Directivo presente, columnas de sindicatos, organizaciones sociales y partidos de izquierda. La consigna fue clara: rechazar una reforma que consideran “entreguista” y “a favor de las grandes empresas”.

“No se genera trabajo sacando derechos, ni con jornadas más largas”, advirtió Octavio Arguello, cosecretario general, ante una multitud. El mensaje fue directo al Senado: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los van a demandar”. La movilización cerró con una advertencia: si no hay marcha atrás, habrá paro nacional.

No fue una marcha testimonial, sino un gesto de fuerza y unidad. Estuvieron Hugo Moyano, Héctor Daer, Andrés Rodríguez, Jorge Sola, y dirigentes como Axel Kicillof, Juan Grabois y José Mayans. Hubo incidentes menores, pero el mensaje de fondo fue político: la reforma no pasará sin resistencia.

Qué propone el proyecto: entre la flexibilización y la transferencia de recursos

¿De qué se trata la reforma que el Gobierno busca sancionar? Según el análisis de Juan Manuel Telechea en una publicación del portal Cenital, el proyecto busca reducir cargas patronales, abaratar despidos, limitar la protesta sindical y favorecer la flexibilidad horaria. Pero no hay garantías de que eso genere más empleo formal.

Uno de los puntos clave es el fondo de cese laboral. Las empresas aportarían un 3% mensual del salario, que se usaría para pagar futuras indemnizaciones. A cambio, dejarían de aportar esa misma proporción a la seguridad social. “La indemnización, en los hechos, la financiaría el sistema jubilatorio”, advierte Telechea.

Además, el proyecto amplía de tres a seis meses el período de prueba, quita del cálculo indemnizatorio ítems como el aguinaldo y otros adicionales, y mantiene un blanqueo laboral con perdón de deudas y multas que, según los datos disponibles, no logró resultados significativos.

La reforma también introduce un “banco de horas”, que permite reorganizar la jornada laboral sin pagar horas extra. Pero, sin protección gremial efectiva, el control sobre el uso del tiempo quedaría en manos del empleador. Es un esquema que debilita la negociación colectiva y diluye uno de los pocos márgenes de autonomía que tienen los trabajadores sobre su vida cotidiana.

La informalidad, excusa o problema

El argumento central del Gobierno es que la rigidez del sistema laboral actual impide la creación de empleo formal. Pero el propio texto del proyecto omite que el 90% del empleo no registrado se concentra en micro y pequeñas empresas, y que la gran mayoría de las medianas y grandes ya cumple con las normas.

¿Por qué entonces se proponen reducciones de cargas para todas las empresas, sin segmentación? Telechea sostiene que eso convierte una reforma supuestamente técnica en una medida regresiva: “Se transfiere recursos del Estado y los trabajadores hacia las empresas, sin generar incentivos efectivos para el blanqueo”.

Tampoco se incluyen reformas básicas que podrían mejorar la calidad del empleo: licencias por nacimiento, por ejemplo, siguen igual que hace 50 años. Para el padre, dos días. Para la madre, trece semanas.

Derecho a huelga y libertades sindicales en jaque

Uno de los puntos más controvertidos es la limitación al derecho constitucional de huelga. El proyecto establece un “servicio mínimo” del 50% en casi todas las actividades —alimentación, bancos, comercio electrónico, medios de comunicación—, lo que en la práctica implica vaciar de fuerza la protesta gremial.

Es un salto cualitativo en la conflictividad estructural: el Gobierno intenta regular la protesta desde una lógica empresarial, desconociendo su función social y su resguardo legal. En este punto, la reforma no busca solo cambiar normas laborales: busca disciplinar políticamente al movimiento obrero.

Lo que se posterga (por ahora)

El tratamiento en el Senado quedó fijado para febrero, en un nuevo período de sesiones extraordinarias. La postergación fue un revés parcial para el oficialismo, que logró el dictamen gracias a un acuerdo con sectores del radicalismo, el PRO y algunos peronistas disidentes. Pero la grieta parlamentaria está abierta, y el conflicto social escalando.

La CGT anunció que el plan de lucha continuará, con protestas y posibles paros sectoriales. El Gobierno, por su parte, apuesta a ganar tiempo para acumular votos, mientras avanza con otras reformas paralelas, como el Presupuesto 2026 y la ley de “inocencia fiscal”.

¿Una reforma laboral sin trabajo?

El telón de fondo es más profundo que un proyecto de ley. Lo que se discute no es solo cómo despedir, contratar o registrar, sino quién define las condiciones del trabajo en la Argentina del siglo XXI: si el mercado, el Estado, o los trabajadores organizados.

La experiencia muestra que con este mismo régimen laboral, entre 2004 y 2011, la economía generó más de 2 millones de puestos formales y redujo la informalidad. No fue por una reforma laboral, sino por crecimiento económico sostenido y políticas públicas activas.

La reforma Milei puede terminar siendo un nuevo episodio de una vieja historia: flexibilizar sin crecer, ajustar sin incluir. Por ahora, la calle impuso un límite. Pero la disputa recién empieza.

JJD

El Gobierno formalizó el envío al Congreso de un proyecto de reforma laboral que propone una reestructuración profunda del sistema de relaciones laborales en Argentina. La iniciativa, anticipada este martes por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, se discutirá durante las sesiones extraordinarias y forma parte de los compromisos asumidos en el Consejo de Mayo. El texto final aún no fue difundido, pero el borrador que circula incluye cambios en el régimen de contratación, representación gremial, convenios colectivos, teletrabajo y nuevas formas de empleo.

Entre los puntos centrales del proyecto figura la eliminación de la Ley de Teletrabajo, sancionada en pandemia. De aprobarse, quienes trabajen de manera remota pasarán a estar regulados por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), aunque con modificaciones que amplían el margen de decisión del empleador sobre la modalidad laboral.

Se limita también la ultraactividad de los convenios colectivos, permitiendo que al vencimiento de un acuerdo se mantengan solo las cláusulas referidas a condiciones de trabajo. Las cláusulas obligacionales o económicas perderán vigencia salvo acuerdo expreso entre las partes. Además, se establece la prelación de los convenios de empresa sobre los de actividad, lo que podría fragmentar la negociación colectiva y debilitar a los sindicatos de rama.

La iniciativa incluye un nuevo régimen para trabajadores de plataformas, como repartidores y mensajeros, que serán considerados “repartidores independientes”. Esta categoría los excluye de la LCT y los obliga a inscribirse como monotributistas, asumir sus propios aportes y contratar cobertura por accidentes. Las plataformas no asumirán responsabilidades como empleadores, y cualquier protección dependerá de acuerdos entre las partes.

El vínculo con los sindicatos también se redefine. Las asambleas gremiales en el lugar de trabajo requerirán autorización previa del empleador y no estarán contempladas como tiempo laboral pago. Se restringe la estabilidad sindical: solo los delegados titulares legalmente electos tendrán protección absoluta frente al despido, mientras que suplentes y congresales accederán a una tutela relativa.

En cuanto a las cuotas sindicales, los empleadores solo actuarán como agentes de retención si el trabajador expresa su conformidad por escrito, y cualquiera de las partes podrá dar por finalizado el acuerdo con 30 días de preaviso. El proyecto también amplía la lista de prácticas desleales de las organizaciones sindicales, incluyendo los bloqueos, la afiliación compulsiva y el desconocimiento de conciliaciones obligatorias.

El Gobierno plantea esta reforma como parte de una modernización laboral orientada a “liberar el potencial productivo” y “reducir la carga fiscal”, según palabras de Adorni. Sin embargo, múltiples sectores advierten que el efecto inmediato será una pérdida de derechos históricos para los trabajadores, con mayor exposición a la precarización, especialmente en sectores no organizados o con baja cobertura gremial.

El Consejo de Mayo, órgano consultivo impulsado por el Ejecutivo, sirvió como base para delinear este y otros proyectos. Participaron representantes del oficialismo, legisladores de la oposición, empresarios y un sector de la CGT. Gerardo Martínez (UOCRA) estuvo ausente en la última reunión por motivos personales, según informó el Gobierno.

Mientras se aguarda la presentación formal del proyecto completo, sindicatos y organizaciones de trabajadores evalúan medidas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya convocó a una jornada de protesta, y otras centrales podrían sumarse si la iniciativa avanza sin modificaciones sustanciales.

Según anticiparon desde el oficialismo, muchas de estas medidas fueron impulsadas por referentes del PRO, como el diputado Cristian Ritondo.

Desde la CGT todavía no hubo un pronunciamiento formal, pero la ausencia del jefe de la Uocra, Gerardo Martínez, en la última reunión del Consejo fue leída como una señal de desacuerdo. El Ejecutivo ya anticipó que otras reformas —como la previsional— quedarán para 2026.

Para millones de trabajadores, la discusión legislativa que se abrirá en las próximas semanas definirá el futuro de sus derechos laborales básicos: estabilidad, representación, cobertura, negociación colectiva. Y el impacto no será uniforme: los más vulnerables, como los repartidores o quienes teletrabajan sin contrato, serán los primeros afectados.

JJD

En octubre de 2025, la construcción creció 8% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del Indec. El acumulado anual también muestra una mejora del 7,9% respecto de 2024. Sin embargo, la recuperación no se traduce de forma lineal en la creación de empleo ni en una mejora estructural para quienes trabajan en el sector.

El trabajo registrado en la construcción privada alcanzó los 389.430 puestos en septiembre, un 3,3% más que el año anterior, pero aún con una caída acumulada de 0,4% respecto del mismo período de 2024. La diferencia evidencia la precariedad del repunte y el rezago en la recomposición del empleo. Los niveles actuales siguen lejos de los máximos alcanzados entre 2017 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos).

Por su parte, los insumos reflejan un aumento significativo del consumo en rubros como hormigón elaborado (+40,7%), artículos sanitarios (+35,7%) y asfalto (+33,6%), lo que da cuenta de un dinamismo renovado en ciertos frentes de obra. Aun así, otros insumos como el yeso (-11,2%) y los ladrillos huecos (-6,9%) mostraron caídas interanuales, lo que puede estar vinculado a una composición de obras más vinculada a infraestructura que a vivienda.

Las perspectivas empresariales no son optimistas. La mayoría de las firmas encuestadas por el Indec no planea aumentar su dotación de personal en el corto plazo. Entre las compañías que realizan obras privadas, el 69,2% anticipó que no habrá cambios en la cantidad de personal hasta enero de 2026, mientras que solo el 8,7% prevé aumentos. En el caso de las obras públicas, el 24,7% espera una reducción de personal.

Entre las principales causas mencionadas para una posible caída de la actividad figuran la caída general de la economía y los atrasos en la cadena de pagos. A esto se suma la falta de crédito accesible y la inestabilidad de los precios, que afectan especialmente a las pequeñas y medianas firmas subcontratistas.

En cuanto a la superficie autorizada para edificación, otro indicador clave, se registró una suba interanual del 6% en septiembre, sumando un total de 1,4 millones de metros cuadrados habilitados en 246 municipios. El incremento, aunque moderado, se mantiene constante desde comienzos de año, lo que indica cierta continuidad en la inversión, aunque aún lejos de un boom.

La recuperación sectorial está lejos de ser inclusiva o sostenible si no se acompaña de políticas públicas que garanticen estabilidad, crédito y mejoras laborales para quienes sostienen la actividad con su trabajo. Según las empresas encuestadas, las medidas más necesarias para incentivar el sector son las destinadas a aliviar la carga fiscal (23,4%), estabilizar precios (22,6%) y facilitar el acceso a créditos para la construcción (20,1%).

Mientras el ISAC marca subas mensuales y los despachos crecen, los cuerpos que cargan la mezcla todavía esperan señales más claras de reactivación. La obra está en marcha, pero las condiciones de quienes la hacen posible siguen en pausa.

JJD

“Se trata de una reforma promercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”, denunció el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. Con ese argumento, el gremio estatal convocó este viernes a un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre, cuando se espera que ingrese formalmente el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

La medida anticipa el tono del conflicto que se avecina. ATE es uno de los sindicatos más combativos frente al gobierno de Javier Milei y viene protagonizando movilizaciones junto a otras centrales. Esta vez, la protesta se centrará en rechazo al borrador de 182 artículos que circuló esta semana y que propone modificaciones estructurales al Régimen de Contrato de Trabajo, incluyendo la exclusión de sectores enteros de la legislación laboral, nuevas formas de contratación, cambios fiscales y derogaciones de normas históricas como el Estatuto del Periodista y la Ley de Jornada Legal .

El telón de fondo: salario mínimo congelado y pérdida de poder adquisitivo

El anuncio de ATE se dio un día después de que el Gobierno convocara a sindicatos y empresas a una reunión del Consejo del Salario, que llevaba cuatro meses sin actividad. El salario mínimo actual es de $322.200 y no se actualiza desde agosto. En ese tiempo, la inflación acumulada —según estimaciones del Banco Central— provocó una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023.

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó el dirigente Hugo “Cachorro” Godoy, también de ATE, al señalar que la canasta básica supera los $600.000. Para el gremio, el congelamiento no solo afecta a quienes están fuera de convenio, sino que deprime toda la economía de ingresos, desde los programas sociales hasta las paritarias. Por eso, la crítica al congelamiento salarial y a la reforma laboral comparten raíz: un modelo que, según los sindicatos, busca reconfigurar el mundo del trabajo debilitando las instituciones colectivas.

Sin negociación ni consenso: otro frente abierto

El contraste entre la convocatoria al Consejo del Salario —una instancia institucional de diálogo tripartito— y el impulso unilateral de la reforma laboral deja al descubierto una doble vara del Ejecutivo. Mientras una parte del Gabinete (como la Secretaría de Trabajo) busca canalizar demandas por cauces formales, el proyecto de reforma ingresaría al Congreso sin participación sindical ni mesas de discusión.

ATE lo advirtió con claridad: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo Aguiar. En línea con otras organizaciones gremiales, el sindicato sostiene que la verdadera intención del Gobierno es fragmentar, flexibilizar y debilitar la capacidad organizativa del movimiento obrero.

La jornada de lucha del 9 de diciembre será un nuevo termómetro de la calle. Coincidirá con las protestas de las CTA en la Secretaría de Trabajo y con la movilización de jubilados al Congreso, lo que anticipa una semana de alta tensión en el centro porteño. Con el proyecto en camino y sin señales de retroceso por parte del Ejecutivo, la reforma laboral podría convertirse en el eje central de la conflictividad social durante el verano.

JJD

La amenaza de paro lanzada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) logró su objetivo inmediato: asegurar el pago completo de los salarios de noviembre. Sin embargo, el conflicto con las cámaras empresarias del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue abierto, con un nuevo foco en el medio aguinaldo que debe abonarse en las próximas semanas.

El sindicato había advertido que los servicios de colectivos se paralizarían este viernes 5 de diciembre si las empresas, como anticiparon hace dos semanas, concretaban el pago de los sueldos en cuotas. Anoche, tras horas de negociación, se alcanzó un principio de acuerdo con la mayoría de las líneas. Aun así, algunas no funcionan, y persisten incertidumbres entre trabajadores y usuarios.

“El Gobierno será responsable de que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado”, advirtió el gremio en su comunicado, que también incluyó un rechazo al posible fraccionamiento del aguinaldo.

La respuesta oficial no se hizo esperar. A través de la Resolución 86/2025, publicada ayer en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte autorizó un aumento en los subsidios para las empresas urbanas y suburbanas del AMBA y también para las del interior del país. La actualización, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, será válida hasta tanto se apruebe un nuevo esquema de costos.

Entre los factores contemplados en la nueva matriz de subsidios se incluyen la paritaria firmada en julio, los aumentos en insumos clave como gasoil, repuestos y seguros, y el ajuste de ítems como viáticos y premios estímulo, en especial para las líneas que operan en la zona del Gran La Plata. El financiamiento saldrá de fondos nacionales, provinciales y del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), según el ámbito geográfico.

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) comunicaron que “la gran mayoría de las empresas acordaron, con lo cual el panorama está bastante controlado. Salvo alguna empresa puntual, la gran mayoría va a estar funcionando mañana sin problema”.

No obstante, en la práctica persisten interrupciones en algunos servicios, por lo que se recomienda a los usuarios consultar la web parodebondis.com.ar, donde se actualiza en tiempo real el estado de las líneas.

La tensión salarial en el transporte expone una vez más la fragilidad del sistema de subsidios, dependiente del Tesoro nacional y de decisiones políticas que suelen llegar sobre el filo de los conflictos. La amenaza de un nuevo paro, si no se abona el aguinaldo completo, sigue vigente. Y el riesgo de colapso en el servicio de colectivos permanece latente, en un contexto de inflación sostenida y ajuste fiscal.

JJD

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció que el ciclo lectivo 2026 no comenzará si el Gobierno no implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, votada recientemente por el Congreso. La decisión fue adoptada por el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales, con la participación de 30 gremios de base de todo el país.

“La situación de la universidad es sumamente crítica y si el Gobierno no ofrece una solución, las consecuencias de este desfinanciamiento histórico llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, sostuvo el secretario general Carlos De Feo. Según la federación, la norma fue elaborada de forma conjunta por el Frente Sindical Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la FUA.

El plenario evaluó también el deterioro salarial del sector y las medidas implementadas durante el año para resistir el ajuste del Gobierno nacional sobre las universidades públicas. CONADU participó de jornadas de visibilización, paros y movilizaciones en reclamo de mejoras salariales, estabilidad laboral y presupuesto educativo.

El documento emitido por la federación gremial ratificó además el rechazo a la censura en la Universidad Nacional de San Luis, donde se eliminaron contenidos sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos y los derechos humanos en una materia de Biología Molecular.

Finalmente, CONADU expresó sus condolencias por la muerte de dos militantes del campo popular y solidaridad con las personas heridas en un siniestro vial ocurrido cuando se dirigían al 1° Encuentro Internacional de Hábitat Popular.

JJD

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, en vísperas de una nueva sesión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se reúne este miércoles 26 de noviembre a las 12.30 de forma virtual. El encuentro, convocado por el Gobierno a través de la Resolución 6/2025, tiene como objetivo fijar un aumento del sueldo mínimo, congelado desde agosto, y actualizar también las prestaciones por desempleo.

El salario mínimo actual es de $322.200, un monto que lleva cuatro meses sin cambios. En ese lapso, la inflación erosionó su poder adquisitivo de forma severa. De acuerdo con estimaciones basadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el haber mínimo acumula una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023, antes de la asunción del presidente Javier Milei. Incluso en la comparación interanual más reciente, contra noviembre de 2024, la caída real fue del 1,9%.

En paralelo a la sesión virtual del Consejo, las dos CTA —la Autónoma y la de los Trabajadores— convocaron a una movilización desde las 11 hacia la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero. Coincidirá con la marcha semanal de jubilados en las inmediaciones del Congreso, lo que anticipa una jornada de protesta con alta tensión en el centro porteño.

“La convocatoria llega tarde”, denunció Godoy, quien explicó que su central tuvo que recurrir a la Justicia para forzar al Gobierno a reactivar el Consejo, luego de tres meses de inacción. “Para nosotros el Consejo del Salario es una institución tripartita que debe funcionar a pleno y garantizar un ingreso por encima del nivel de pobreza en la Argentina”, afirmó.

En sus declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, el dirigente apuntó también contra las cámaras empresariales: “Vienen actuando en tándem con el oficialismo para seguir decidiendo por decreto el valor del salario mínimo”. Según el referente sindical, esa estrategia permite “planchar toda la economía de ingresos”, afectando también a los programas sociales y a los convenios colectivos.

El reclamo cobra mayor peso si se considera que una canasta básica de alimentos para una familia supera ampliamente los $600.000, según estimaciones privadas. Esto implica que el salario mínimo vigente no cubre ni siquiera la mitad de ese valor. Además, miles de trabajadores no registrados o con empleos informales tienen como única referencia el monto del SMVM, ya que sus ingresos no están regidos por convenios.

El Consejo está integrado por 16 representantes de empleadores y 16 de los trabajadores, más un presidente designado por el Estado nacional. Las deliberaciones se darán en el marco de la ley 24.013, que también vincula al salario mínimo con las prestaciones por desempleo, cuyos montos mínimo y máximo serán discutidos en la Comisión específica del organismo a partir de las 10.

Además del marco constitucional y normativo local, la discusión está amparada por el Convenio 131 de la OIT, que indica que el salario mínimo debe contemplar las necesidades básicas de las familias, el desarrollo económico, la productividad y el pleno empleo. No se trata solo de un número: el SMVM define el piso de ingresos legales en Argentina y repercute en múltiples esferas sociales.

Para el sindicalismo, el debate de este miércoles es una oportunidad para volver a poner en agenda la situación crítica de los sectores más vulnerables del mercado laboral, tras un año marcado por la aceleración inflacionaria y la recesión. “Vamos a participar de la reunión virtual, pero los principales dirigentes estaremos en las calles”, advirtió Godoy, anticipando el tono de la jornada.

JJD

“El sistema está al borde del colapso”, alertaron las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros del AMBA. En una carta dirigida a los secretarios de Transporte, Luis Pierrini, y de Trabajo, Julio Cordero, anunciaron que pagarán los salarios de noviembre en tramos y el aguinaldo en seis cuotas. Atribuyen la decisión a una “gravísima coyuntura económica, financiera y operativa” que, afirman, atraviesa a todo el sector en el país.

El documento lleva la firma de los titulares de las cinco cámaras del sector: AAETA, CEAP, CETUBA, CEUTUPBA y CTPBA. Las entidades empresarias afirman que les resulta “imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal”. El comunicado no menciona la reacción de los gremios, aunque se espera una respuesta en los próximos días.

El anuncio coincidió con un aumento del 9,7% en las tarifas de los colectivos que operan en jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que empezó a regir este lunes. El boleto mínimo pasó a costar $494,75, tras estar congelado desde julio. Sin embargo, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) aseguraron que el ajuste no mejora la situación financiera de las empresas, ya que se compensa con una reducción proporcional de los subsidios estatales.

“En modo alguno, este ajuste implica una mejora en la economía de las empresas”, señalaron desde AAETA, y advirtieron que el sector perdió un tercio de sus ingresos en la última década. Según el nuevo cuadro tarifario, los pasajes para tramos medios y largos se ubican entre $551,16 y $636,11.

A pesar de los aumentos, persisten fuertes brechas tarifarias entre las líneas nacionales y las provinciales, que desde noviembre aplican un boleto mínimo de $573,09 en la provincia de Buenos Aires.

La decisión empresarial de fraccionar los pagos podría tensionar aún más las relaciones laborales en un sector históricamente conflictivo. Por ahora, el Gobierno no emitió una respuesta oficial al anuncio de las cámaras.

JJD

Maximiliano Bandin es un licenciado en comunicación y magíster en ciencia política despedido de Corredores Viales. Estaba enojado cuando lo echaron, pero reconoce que otros jóvenes echados de sus empleos como él se lo toman de otra manera, sueñan con invertir su indemnización en un emprendimiento propio: “Entiendo que lo ven como una salida rápida para sostener la situación económica en la que estaban. Yo, en cambio, tengo una visión más crítica: depende de con cuánto capital contás para tener un inicio más o menos próspero porque puede haber muchísimos proyectos que nacen así, pero se esfuman por falta de recursos, de conocimiento o de gente que te puede dar una mano”.

El fenómeno de los despedidos de sus empleos que ahora sueñan con el emprendimiento propio parece tener un revival con los años 90. Porque en la época de Carlos Menem en pueblos enteros como Cutral Có (en Neuquén) fueron despedidos de YPF trabajadores de larga trayectoria que terminaron como remiseros. Y años después, ante la sobreoferta de choferes, muchos terminaron como piqueteros reclamando trabajo genuino. ¿La situación actual tendrá las mismas consecuencias?

Uno de los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) admite la situación: “Hay muchachos jóvenes a los que despiden y, en vez de iniciar un reclamo, en el mismo sindicato nos cuenta que no les interesa, que prefieren dejar de levantarse a las 4 de la mañana para ir a la fábrica, agarran la indemnización y ponen un emprendimiento, pero a veces son pibes que viven en un pueblo donde hay muchas perspectivas de que les vayan bien así”.

Son jóvenes varones muchas veces guiados por el espíritu libertario del emprendedurismo que promovió Javier Milei, a quien ese sector votó en masa en 2023, pese a que en algunas plantas industriales los mismos patrones llamaban a votar en su contra por temor a la apertura económica que finalmente instauró. Tampoco es que ganan bien sus empleos, con un 80% de las paritarias por debajo de la inflación, según la consultora CP.

En el último año, de enero de 2024 al mismo mes de 2025, se perdieron 112.000 puestos de trabajo asalariados registrados, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política. (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y los jóvenes varones, baluarte de la victoria de Milei, fueron las principales víctimas de la caída del empleo y la suba de la desocupación.

Otro presidente de una cámara empresarial también advierte el fenómeno de jóvenes que quieren irse de la fábrica para iniciar su proyecto propio, pero aclara que no es generalizado. “Lo del microemprendimiento se llama Uber o Rappi. Son pibes que no ven la protección social de un trabajo registrado, no se valora ni una jubilación futura, ni una obra social. Por dos razones fundamentales: la jubilación les queda lejísimo y la obra social no atiende en donde viven generalmente o el servicio es malísimo, ergo su salud termina en la salita del barrio”, apunta la fuente. Y agrega: “Para eso no hace falta obra social. Las pocas veces que he tenido un tema así, no fue por despido originado desde la empresa sino que el operario se quiere ir, inventa una causa de despido, hace juicio y siempre sacan algo. Una pyme nunca gana un juicio laboral infundado. Ergo se hacen de la indemnización y luego por excompañeros te enterás que esta haciendo Uber”.

En los gremios también reconocen la tendencia. “Es tal cual, es una preocupación constante de todas las organizaciones gremiales... ¿cómo encontramos una solución a este problema?”, se plantea José Luis Lingeri, líder del sindicato de Obras Sanitarias.

Aldo Luque, secretario de prensa del gremio de la carne, coincide: “En mi zona los jóvenes no quieren trabajar en el frigorífico. La rotación de personal es bastante alta”. Lo mismo advierte el vicedirector de la escuela del sindicato de pasteleros, Lorenzo Benítez: “Es una preocupación y un problema”. Y también lo confirma Esteban Sargiotto, director del Observatorio del Trabajo Informático del gremio del sector.

“Realmente lo veo como una gran preocupación”, coincide el secretario general de la Juventud Sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sebastián Maturano. El vocero de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Ricardo Camaño, cuenta que “lo que efectivamente pasa es que muchos jovenes que acceden a cursos gratuitos de capacitación en nuestra fundación de educación, formación en electricidad, instalación de aires acondicionados, plomería, gasista, lo terminan y tienden al emprendimiento propio, al trabajo autónomo”. Y agrega: “También entran y salen de la industria. Alternan entre el trabajo formal en la industria y el autónomo particular. Eso se viene dando desde hace unos años”.

En otros gremios de altas remuneraciones, en cambio, no registran el fenómeno. Es el caso de los aceiteros o de los bancarios. “Al contrario, vienen al sindicato cuando los presionan para irse con retiro en algunos bancos”, cuenta el secretario general de la Asociación Bancaria y diputado, Sergio Palazzo. En el gremio aceitero agregan otros factores además del salario: las condiciones de trabajo como, por ejemplo, la seguridad laboral para evitar accidentes.

El consultor de recursos humanos Matías Ghidini, CEO de Ghidini Rodini, observa la tendencia pero no generalizada: “Tiene una parte de mito eso”. En tanto, el sociólogo Luis Campo, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, reflexiona: “No sé cuán generalizado es eso, pero si lo es no me quiero imaginar el impacto social que va a tener el fracaso generalizado de esos proyectos”.

Ya en los 90 los trabajadores, no jóvenes, despedidos de empresas privatizadas como YPF se pusieron de remiseros y después, cuando ya no tenían a quién transportar, devinieron piqueteros en reclamo de trabajo.

“Aquellos eran jóvenes o eran trabajadores que venían con alguna experiencia laboral, muchos de ellos con familias”, cuenta Campos. “Acá estás hablando de pibes que nacieron después de 2001. ¿Qué impacto demográfico puede tener eso? ¿Qué impacto en términos de su psiquis? Pienso en 'El suicidio' de (Emile) Durkheim, cuando padecimientos que a priori se identifican como cuestiones individuales en realidad constituyen hechos sociales”, dice el sociólogo de la CTA Autónoma en la semana del Día del Trabajador. Y remata: “No era lo mismo fracasar en los 90, cuando el mandato social estaba lejos de incluir una necesidad de mostrar tu éxito cotidiano en las redes sociales. Obvio que el fracaso en aquella época tenía impacto en las personas, pero me pregunto por las diferencias que tiene con la actualidad, donde si no posteás en Instagram que la vida te sonríe todos los días en realidad no merecés vivir, nuevamente llevando al extremo el análisis”.

AR/MC

Los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados buscarán debatir este martes en comisión un proyecto para terminar con el aporte obligatorio de empresarios y trabajadores a los gremios, como parte de la reforma laboral que se discute en el Congreso.

Tras haber fracasado la iniciativa de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica de avanzar con una amplia reforma sindical, ahora estas fuerzas volverán a la carga con proyectos para limitar los recursos de los gremios.

La discusión se instala nuevamente este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside el radical Martín Tetaz, y donde se pondrán sobre la mesa cuatro proyectos que son impulsados por diputados de bloques dialoguistas.

A días del paro general que la CGT realizará el 10 de abril, los bloques cercanos al Gobierno buscan tratar los proyectos del radical “con peluca” Luis Picat; de la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y de Gerardo Milman del PRO, además del propio Tetaz.

El proyecto de Picat propone que “las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros, pero no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales o convencionales respecto de aquellos trabajadores afiliados a la entidad gremial respectiva durante su permanencia en la misma”.

Por su parte, Tetaz propone que los gremios “no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros”.

“Tampoco podrán establecer, exigir ni imponer, aportes a los empleados de manera obligatoria”, agrega el texto.

En tanto, el proyecto de Campagnoli señala que la convención colectiva podrá contener “cláusulas que acuerden beneficios especiales en función de la afiliación a la asociación profesional de trabajadores que la suscribió”.

La CGT, en plan de lucha

La CGT convocó el pasado 20 de marzo a un paro nacional para el 10 de abril, en la que será la tercera huelga general durante el gobierno de Javier Milei.

La central obrera también definió participar de la marcha de los jubilados del miércoles 9 de abril y movilizar en conmemoración del Día del Trabajador el 1 de mayo.

“Queremos transmitirle al pueblo argentino que confirmamos los rumores sobre el paro para el 10 de abril”, dijo Héctor Daer, titular de la central obrera. “Habrá una acción sindical de 36 horas, comenzando con movilizaciones a partir del día 9 de abril al mediodía, y a partir de las 00 hs del día 10, un paro de 24 horas”.

Con información de agencias.

IG

El oficialismo y los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados buscarán este martes emitir un dictamen de la ley de Democracia Sindical para limitar la reelección indefinida en los gremios, eliminar la obligatoriedad de la cuota solidaria y establecer la ficha limpia para los sindicalistas, entre otros puntos.

La Comisión de Legislación del Trabajo, que preside el radical porteño Martín Tetaz, fue citada para las 13 luego de concluir una ronda de consultas con empresarios, abogados y sindicalistas de la CGT y las CTAs, que expresaron su firme rechazo a la propuesta.

El despacho que se buscará emitir fue consensuado en base a una treintena de proyectos presentados por la UCR, el PRO, LLA, Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

En tanto, Unión por la Patria (UxP) y la izquierda presentaron su propio despacho en contra de estas propuestas al considerar que tienen como objetivo la destrucción del sindicalismo, como ya lo expresaron los diputados de UxP de extracción sindical Sergio Palazzo, Hugo Yasky, y Mario Manrique, en las diversas reuniones que tuvo la comisión.

Además, durante la reunión de este martes, desde el kirchnerismo también se planteará que se convoque a los gremialistas aeronáuticos para que expongan sobre el conflicto que mantienen las autoridades por demandas salariales, y previo a que se comience a debatir en un plenario de comisiones la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Los proyectos fueron presentados por Tetaz; Roxana Reyes (UCR); Mónica Frade (CC); Luis Picat (UCR); Soledad Carrizo (UCR); Verónica Razzini (Pro); María Eugenia Vidal (PRO); Fernando Iglesias (PRO); Ricardo López Murphy (EF), Rodrigo de Loredo (UCR); Gerardo Huesen (LLA) y Gabriel Chumpitaz (PRO), entre otros.

El despacho de mayoría que promoverán LLA y bloques dialoguistas prohíbe el descuento obligatorio de las cuotas solidarias, uno de los puntos que más rechazan los gremios porque afecta la recaudación de esas organizaciones sindicales.

Qué dice el proyecto

El borrador de ese despacho fija que “no se podrá exigir ni imponer aportes a los trabajadores de manera obligatoria” y que cualquier descuento deberá tener la “autorización expresa del trabajador”, la cual podrá ser revocada en cualquier momento a través de un telegrama o cualquier otro medio de comunicación fehaciente.

A largo del despacho se prohíbe que los gremios puedan recibir ayuda económica de empleadores, organismos públicos nacionales o extranjeros.

Otro punto clave es que elimina la posibilidad de la reelección indefinida, como existe en la actualidad, y dispone una sola reelección. En ese sentido, fija que los “mandatos no podrán exceder de cuatro años, teniendo derecho a ser reelegido por un nuevo período consecutivo de cuatro años. Al finalizar este, deberá transcurrir un intervalo de tiempo de un periodo completo para ser electo nuevamente”, añade.

Además, establece que la dirección será ejercida por un órgano que tenga al menos cinco miembros, elegidos en forma que asegure la voluntad de la mayoría y de la minoría.

También se fija que se deberán garantizar las minorías en los cuerpos deliberativos y directivos cuando las mismas hubieran obtenido más del 25% de los votos válidos emitidos de sus afiliados.

Además, dispone que para los órganos deliberativos se aplicará el sistema D´Hont, mientras que en la mesa directiva de la conducción el ganador tendrá las dos terceras partes y la primera minoría el tercio restante.

También establece que para ocupar un cargo en la conducción no se podrán tener inhibiciones civiles o penales, ni condena penal firme, en las mismas condiciones que se establezca en la legislación vigente.

En ese contexto será clave si se aprueba la ley de Ficha Limpia promovida por el oficialismo y bloques dialoguistas, donde se establece que con condena de segunda instancia no se puede ser candidato a un cargo electivo.

Otro punto del borrador permite la libre elección de obra social del trabajador, luego de haber cumplido con tres meses de permanencia en la misma desde que inició la relación laboral. Así, los trabajadores “podrán ejercer el derecho de opción, luego de permanecer tres meses en la Obra Social correspondiente a la rama de su actividad”.

Con información de NA.

IG

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) acordó paritarias por el último cuatrimestre del año con incrementos de más del 4% mensual mientras que el Gobierno promueve incrementos del 2% en el último tramo del año.

De acuerdo a lo firmado, serán los trabajadores de la rama civil, una de las principales del rubro, quienes recibirán un aumento del 5% en septiembre, 4,8% en octubre, 4,6% en noviembre y 4,4% en diciembre.

Esto supera ampliamente el tope que trató de establecer el Ministerio de Economía no mayor al 2% para septiembre y de apenas el 1% para octubre.

Utedyc, liderado por Carlos Bonjour, tiene 160 mil afiliados en todo el país y 39 convenios colectivos diferentes.

MM

Distintos gremios del transporte multimodal del país, que integran las centrales sectoriales como la CATT y la UGATT, mantuvieron esta mañana un encuentro en la sede de Aeronavegantes, en el barrio de Congreso, donde conformaron una “Mesa Nacional del Transporte” con el objetivo de defender los derechos laborales y garantizar la no precarización de la actividad. Expresaron un duro rechazo a cualquier regulación del derecho a huelga.

Según información del portal especializado Infogremiales, la mesa conformada lanzó el “Estado de Alerta y Movilización” frente a la política de ajuste que impulsa el gobierno para la actividad ferroviaria, aerocomercial, de transporte de carga y pasajeros, marítima y fluvial. También expresó su total solidaridad con la lucha que llevan adelante los gremios aeronáuticos y cualquier otro modo de transporte que se vea atacado sistemáticamente en detrimento del mismo.

“Hoy establecimos la unidad del transporte en acción. Nuestro eje es la defensa de la soberanía del país, que está representada en las rutas nacionales, en los trenes, mares, ríos y cielos, frente al atropello cotidiano que vemos implementar al gobierno de Javier Milei en cada modo de transporte. El derecho a huelga está garantizado por la Constitución y los organismos internacionales que regulan el trabajo, como el Convenio 87 de la OIT”, sostuvieron los sindicalistas en un comunicado difundido hoy.

El cónclave definió una nueva reunión que se llevará a cabo la semana que viene, con el objetivo de establecer un “Plan de Lucha General”, que no descarta medidas de fuerza de alcance nacional.

Este primer encuentro convocó a los dirigentes Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Mario Caligari (UTA), Pablo Moyano y Omar Pérez (Camioneros), Juan Carlos Schmid (Fempinra), Pablo Biró (APLA) y Raúl Durdos (SOMU).

La mesa está conformada por distintos sindicatos que integran la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT). “Estamos unidos por encima de nuestras centrales de transporte porque así lo demanda la situación política que atravesamos y que dio lugar a esta Mesa Nacional del Transporte”, finalizó el documento.

JJD

“No hay plata”. Con esa frase, ya convertida en eslogan por La Libertad Avanza, podría resumirse el engorroso ida y vuelta que protagonizaron este jueves el gobierno de Javier Milei con las cámaras empresariales del transporte y los trabajadores agrupados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA), el gremio comandado por Roberto Fernández. El día en que la CGT confirmó un nuevo paro general para el 9 de mayo, la maratónica reunión convocada por la Secretaría de Trabajo para destrabar el conflicto salarial alcanzó finalmente una tregua hasta el 25 de abril y se levantó la medida de fuerza que paralizó durante toda la jornada a la mayoría de las líneas de colectivos que operan en el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires.

El cónclave, que recién estaba previsto para el próximo lunes 15 pero que se adelantó por la magnitud del conflicto, comenzó a las 12.30 en la sede Callao de la cartera laboral y se extendió por más de seis horas. Desde anoche, la UTA llevó adelante una “retención de tareas” en reclamo por la falta del pago de $250.000 que formarían parte del acuerdo paritario firmado en febrero, algo que las empresas rechazan. Ayer, cuatro de las cinco cámaras que agrupan a los empresarios del sector y que agrupan a más de 400 líneas que circulan por la ciudad de Buenos Aires y alrededores, aseguraron en un comunicado que el sindicato difunde números “equivocados” y que sólo “aporta a la confusión general”. Desde el oficialismo, en tanto, se alineaban con las empresas en torno de la interpretación del acta paritaria firmada hace dos meses y que, según explican, no fijaría un salario base en torno de los $987 mil como demandan en la UTA.

“Como entidad gremial, ratificamos que no nos corresponde entender cuestiones que hacen a la relación entre la Secretaria de Transporte y sector empresarial”, señaló el gremio a través de un comunicado una vez finalizada la reunión. En la UTA sostienen que la situación corresponde que la solucionen tanto las cámaras como el Gobierno. Por eso, a partir de ahora y hasta el 25 de abril, la intención de los empresarios será buscar persuadir al Estado para que otorgue los fondos necesarios y así evitar un eventual aumento del pasaje, cuyo precio, según aduce la propia patronal, debería rondar los $1.000.

“Lo que cuesta el servicio que demanda la gente es $1.200 promedio. ¿Se puede tener menos? Sí, pero es a costa de un peor servicio y de menos colectivos en la calle”, sostuvo este mediodía el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, antes de ingresar a la reunión.

Según apuntó el representante empresarial, luego de la reunión de este jueves en Trabajo, la AAETA espera que se constituya otra “mesa” de negociación con el Ministerio de Economía y la secretaría de Transporte. ¿El objetivo? Intentar saber con qué recursos van a poder contar ya que “el costo de transporte se financia con tarifa o con subsidio”. “Porque si no tenemos esa información, ¿qué vamos a ofrecer a UTA?”, se sinceró Fusaro ante la prensa. Y le pidió “tiempo” a los sindicalistas para acordar con el Gobierno y “negociar algo de manera responsable”.

Sin embargo, desde la Casa Rosada presionan a los empresarios para alcanzar un punto de consenso con el gremio. En una audiencia que se llevó adelante el martes, las cámaras patronales habían recibido de parte de los funcionarios del área de Transporte la información de que no habrá “refuerzo” de partidas presupuestarias. “No tenemos ni la posibilidad de analizar un aumento”, sostuvo el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien explicó que no hay posibilidades de que envíen más fondos ya que los montos de subsidios están calculados en base a la paritaria cerrada de febrero. Y desligó a su cartera de la negociación que lleva adelante la Secretaría de Trabajo al puntualizar que se trata de “una interna gremial de la UTA” ya que “el motivo del paro es una pretensión del sindicato de cobrar una suma que es solo una expectativa, es decir, no es obligatoria, no es exigible”.  

“Toman de rehenes a los usuarios y no estamos dispuestos a ceder ante las extorsiones. La gente votó a nuestro Gobierno para combatir estos métodos extorsivos”, añadió Mogetta. En esa línea, el vocero presidencial Manuel Adorni también responsabilizó a los dirigentes gremiales por la parálisis del servicio. “Es horroroso, la termina pagando la gente”, planteó en su conferencia matutina. El portavoz se desmarcó de los reclamos de mayores fondos que hicieron las empresas del sector, que señalan que no tendrán espalda para pagar el incremento de casi 35% que el sindicato reclama para los salarios de los choferes, que fueron depositados el lunes de esta semana. Ahora, con los colectivos nuevamente en actividad, el tire y afloje entre el Gobierno y las cámaras empresarias continuará intacto, solo resta ver quién dará el brazo a torcer en esa pulseada.

PL/JJD

Gremios docentes realizarán un nuevo paro general el próximo lunes en reclamo por un aumento salarial y ponen en jaque el inicio del ciclo lectivo en varias jurisdicciones. Así lo confirmó Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) para quien “la falta de aportes y reflexión” de parte de las autoridades nacionales “obliga” a adoptar esta medida de fuerza.

“Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas, pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por la falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación”, planteó.

Durante la conferencia de prensa, el dirigente sindical estuvo acompañado por representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Todas estas entidades exigen una actualización del salario frente a la escalada inflacionaria y la restitución del Fondo de Incentivo Docente que no fue renovado por la administración libertaria.

Ayer, el Poder Ejecutivo Nacional se reunió con los gremios del sector para discutir un nuevo aumento, pero no hubo acuerdo entre las partes. “No ofrecieron nada. Fue un diálogo de sordos. Hasta en un momento determinado quisieron negar el ámbito paritario. Nos vamos muy tristes porque tenemos docentes con el salario mínimo en Argentina en $250.000”, había expresado este martes por la noche Romero.

Hoy, desde la sede de la CGT, el dirigente volvió a detallar la situación económica de los docentes y el consecuente reclamo. “El Estado Nacional debe garantizar el financiamiento educativo en Argentina. El Gobierno les tira la responsabilidad a las provincias y retiró el aporte del Incentivo Docente, que significa un 15% y 20% del salario de los trabajadores. No nos hicieron propuestas en la reunión, no hemos tratado la mejora del salario inicial que está en $250.000 y con la quita del incentivo se reduce a $220.000 aproximadamente”, explicó.

Esta misma demanda había motivado la última huelga docentes, que tuvo lugar el pasado lunes 26 de febrero y estuvo a cargo de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Al igual que Romero, Sara García, en representación de AMET, manifestó su preocupación por la falta de respuesta del Estado nacional para el sistema educativo. “Estamos muy preocupados porque el discurso que dice tener el Gobierno de preocupación por la educación está vacío de contenido”, aseguró.

ACM

Con información de agencias.

El Gobierno nacional se reunió, este martes, con los gremios docentes para discutir la actualización salarial, pero no se alcanzó un acuerdo. Los dirigentes de los cinco sindicatos del sector ahora evalúan realizar un nuevo paro nacional luego de la medida de fuerza de CTERA de este lunes, que dificultó el inicio del ciclo lectivo en algunas provincias.

“No ofrecimos nada. Fue un diálogo de sordos. Hasta en un momento determinado quisieron negar el ámbito paritario. Nos vamos muy tristes, porque tenemos docentes con el salario mínimo en Argentina en $250.000. Muchos de ellos son jefes de familia”, explicó el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero. El gremialista también cuestionó la suspensión del pago del incentivo docente.

En tanto, la titular de la Confederación de Trabajadores dela Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, adelantó que su Congreso ya decidió avanzar con nuevas medidas de fuerza. Mañana a las 17:00, los gremios docentes agrupados en la Confederación General del Trabajo podría anunciar una nueva huelga nacional.

Los dirigentes sindicales habían exigido una recomposición salarial, el pago de la deuda vinculada al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y que se mantenga el Fondo Compensador. El Gobierno Nacional confirmó, tras la reunión, que cumplirá con este último pedido, pero que no renovará el FONID. “Se buscará reorientar los fondos a políticas vinculados con aprendizajes efectivos y al sistema de información escolar”, expresaron.

Sin acuerdo, ambas partes volverán a reunirse el próximo martes para intentar destrabar el conflicto docente.

ACM con información de NA.

El lunes 26 de febrero, en el inicio del ciclo lectivo, habrá paro docente de cuatro gremios que integran la Confederación General del Trabajo (CGT). Así lo confirmaron esta tarde la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). La razón por la que toman la decisión de parar tiene que ver con que hasta ahora no han sido convocados por el Gobierno a negociaciones paritarias.

“Esperábamos una reflexión por parte del Gobierno Nacional a que convoque a los trabajadores para construir un sistema educativo en conjunto que dignifique la tarea del docente, pero parece que no es interés del Gobierno”, dijo Sergio Romero, Secretario General de UDA, en declaraciones al canal de noticias TN. “Vamos a esperar al día jueves, pero ya tenemos la idea de hacer un paro nacional el primer día de clases”, agregó.

Esto se da mientras el Gobierno, a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que evalúa declarar la educación como un servicio esencial, tal y como estaba contemplado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que fue suspendido por la Justicia. La intención de la administración libertaria es exigir una prestación mínima en los días de paro y se enmarca en pleno conflicto salarial docente tras la decisión del Ejecutivo de no convocar a una paritaria nacional.

El funcionario nacional se quejó también de la “saña” de los sindicatos contra el Gobierno del presidente Javier Milei. En ese sentido, también se refirió al paro que realizará La Fraternidad este miércoles en todo el país y consideró que es “un absoluto despropósito”.

MM

Con información de agencias.